Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03080-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-03080-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-03080-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
27 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación número: 110010315000202303080 01
Accionante: LEIDY JOHANA MOSQUERA ZULETA
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (IMPUGNACIÓN)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA / DEFECTO FÁCTICO – No
existió una valoración indebida de pruebas / DEFECTO PROCEDIMENTAL – No se
configura por no decretar pruebas de oficio / POR DESCONOCIMIENTO DEL
PRECEDENTE – No se configuró, porque se aplicó la postura vigente para el momento en
que se dictó la decisión cuestionada.
Corresponde a la Sala resolver la impugnación interpuesta por la parte tutelante
contra la sentencia de 7 de septiembre de 2023, mediante la cual la Sección
Cuarta del Consejo de Estado negó el amparo solicitado1.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 9 de junio de 2023, la señora Leidy Johana Mosquera Zuleta, por conducto de
apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, así como los
principios de confianza legítima, seguridad jurídica, prevalencia del derecho
sustancial sobre el formal, presunción de inocencia, cosa juzgada y juez natural.
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Que ingresó al despacho para fallo el 24 de octubre de 2023.
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Radicación número: 110010315000202303080 01
Accionante: Leidy Johana Mosquera Zuleta
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
2. Hechos relevantes
En ejercicio del medio de control de reparación directa, la señora Leidy Johana
Mosquera Zuleta y su grupo familiar demandó a la Nación – Fiscalía General de la
Nación y a la Rama Judicial, con el fin de que se les declarara patrimonialmente
responsables por los daños y perjuicios causados con ocasión de la privación
injusta de la libertad de la que fue objeto.
Mediante sentencia de 12 de noviembre de 2019, el Juzgado 23 Administrativo de
Medellín accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Esa decisión fue apelada por la parte demandada ante el Tribunal Administrativo
de Antioquia, el que, por medio de fallo del 7 de diciembre de 2022 –notificado el 9
de junio de 2023–, revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda de reparación directa, tras considerar que “la parte
demandante no acreditó que no tenía el deber jurídico de soportar el daño
alegado…”.
3. Fundamentos de la demanda
La parte tutelante afirmó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
fáctico por “valoración defectuosa, inexacta y deficiente del material probatorio que
obró en el plenario del referido medio de control, pues, el órgano accionado dio
por no probado un hecho o circunstancia que emergía de manera clara y objetiva
de los elementos de juicio que obraron en el plenario”.
Precisó que se desconoció que las pruebas allegadas al proceso, en especial la
copia del proceso penal y la boleta de libertad, demostraban el daño reclamado,
dado que la ahora tutelante estuvo privada de la libertad entre el 8 de abril y el 16
de septiembre de 2016, en virtud de la medida preventiva de detención en
establecimiento carcelario impuesta por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal
con Funciones de Control de Garantías de Bolívar – Antioquia.
En línea con lo anterior, afirmó que se configuró un defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, por “la existencia de problemas de hecho y en la
apreciación de pruebas que llevan a una conclusión errada al juez…”.
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Radicación número: 110010315000202303080 01
Accionante: Leidy Johana Mosquera Zuleta
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
Explicó que el tribunal accionado precisó que desconocía los motivos por los
cuales no se allegaron al proceso los audios de la audiencia preliminar de
legalización de la captura, de formulación de imputación y de imposición de
medida de aseguramiento, pero no tuvo en cuenta que el artículo 213 de la Ley
1437 de 2011, faculta al juez a decretar de oficio las pruebas que considere
necesarias para el esclarecimiento de la verdad.
Agregó que al medio de control fundamento de la presente actuación se allegaron
las pruebas que, según el criterio jurisprudencial vigente al momento de radicación
de la demanda -régimen objetivo-, acreditaban los supuestos de hecho y de
derecho necesarios para que se accediera a las pretensiones de la demanda, bajo
el entendido de que la carga probatoria en aquel entonces giraba en torno a la
demostración de que quien reclamaba la reparación estuvo privado de la libertad y
que existió sentencia absolutoria a su favor.
En ese sentido, precisó que no fue por desidia o descuido que no se allegó al
proceso el registro de las audiencias, sino que “ello obedeció a la sentencia de
unificación vigente a la época de radicación de la demanda”.
Insistió en que, si el tribunal accionado consideraba que esas audiencias eran un
elemento esencial para el estudio de fondo del caso, “este estaba en la facultad de
decretar de manera oficiosa la práctica e incorporación de esta prueba al plenario”.
Finalmente, planteó la existencia de un defecto por desconocimiento del
precedente, porque no se tuvieron en cuenta las sentencias del 11 de noviembre
de 2022 (radicación 41001-23-31-2011-00492-01) del 9 de diciembre de 2022
(radicación: 05001-23-31-000-2010-02161-01) y del 6 de febrero de 2023
(radicación: 76001-23-31-000-2011-01229-01), en las que se estableció que “los
títulos de responsabilidad objetiva son residuales, reservados para aquellos casos
en que el régimen subjetivo es insuficiente para resolver la situación determinada”.
Añadió que en el caso radicado bajo el número 76001-23-31-000-2011-01229-01,
tampoco se contaba con los registros de audios de las audiencias preliminares,
pero ello no impidió que el Consejo de Estado estudiara el asunto bajo el título de
imputación del daño especial.
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Radicación número: 110010315000202303080 01
Accionante: Leidy Johana Mosquera Zuleta
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
4.1. Mediante providencia de 15 de junio de 2023, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado admitió la demanda de tutela, ordenó notificar a la autoridad judicial
accionada y vinculó al Juzgado 23 Administrativo de Medellín, a la Nación – Rama
Judicial – Fiscalía General de la Nación y a los señores Emiliano Mosquera Zuleta,
María Lilia Álvarez Ríos, María Andrea Vélez Zuleta, Ángela María Zuleta Álvarez
y Claudia Patricia Zuleta Álvarez.
4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia indicó que la sentencia del 7 de
diciembre de 2022 se encuentra suficientemente sustentada.
Dijo que se efectuó el análisis legal, probatorio y jurisprudencial correspondiente,
solo que se concluyó que el material probatorio allegado al expediente no permitía
verificar las circunstancias que dieron lugar a la detención de la ahora tutelante,
“base para analizar los elementos referentes a la captura, su legalización, la
imputación y la procedencia de la medida de aseguramiento, por lo que se está
frente a la ausencia de demostración del daño”.
Refirió que los argumentos en los que se soportó la decisión cuestionada no son
ilegales ni apartados del ordenamiento jurídico, sino que, por el contrario, son
acordes con la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado.
En ese sentido, solicitó que se niegue el amparo solicitado, máxime si lo que
pretende la tutelante es que “nuevamente se le estudie su caso ya resuelto en vía
ordinaria, lo que evidentemente no es propio de la acción constitucional incoada”.
4.3. La Fiscalía General de la Nación dijo que el amparo solicitado es
improcedente porque la tutelante no explicó las razones por las que, a pesar de
existir otros mecanismos judiciales idóneos para ventilar la controversia objeto de
esta acción -sin mencionar cuáles-, no hizo uso de ellos para controvertir el fallo
objeto de tutela.
De otra parte, refirió que la tutelante no demostró la configuración del defecto
fáctico alegado y tampoco de un defecto sustantivo, dado que no se efectuó una
interpretación irregular de las normas aplicables, ni de la Constitución Política ni
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Accionante: Leidy Johana Mosquera Zuleta
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
de la jurisprudencia, pues se verificó que la medida preventiva de la libertad fue
razonada y proporcional. Por lo que concluyó que la sentencia atacada no puede
ser tildada de irrazonable, desproporcionada o arbitraria, dado que respetó las
reglas jurisprudenciales de la sentencia SU-072 de 2018.
De otra parte, sostuvo que la parte actora pretende “retrotraer, a través del
amparo, etapas procesales de un asunto que ya surtió su trámite, para establecer
confusión y proyectar que se transgreden derechos fundamentales, lo cual es
inconcebible por el carácter subsidiario que acompaña tan especial mecanismo
constitucional y por cuanto en ningún momento en el escrito de tutela se
demuestra vulneración a derecho fundamental alguno”.
5. La sentencia de primera instancia
Mediante sentencia de 7 de septiembre de 2023, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado negó el amparo solicitado.
En primer lugar, se precisó que el estudio de los defectos alegados -fáctico,
procedimental y desconocimiento del precedente- se efectuaría bajo las reglas del
desconocimiento del precedente judicial, porque los otros defectos “se derivan de
la decisión contenida en la sentencia objeto de tutela de estudiar el caso bajo el
régimen de falla en el servicio y no el de daño especial, aspecto sobre el que se
refieren las providencias supuestamente desconocidas y que es la base de la
vulneración iusfundamental alegada”.
Dicho esto, mencionó que no se configuró dicho defecto porque sí se tuvo en
cuenta la jurisprudencia alegada como desconocida, según la cual: i) el régimen
de imputación de falla en el servicio es preferente y ii) corresponde al juez en cada
caso determinar qué título de imputación aplica, por lo que el defecto por
desconocimiento del precedente judicial alegado no se configura.
Adujo que en la sentencia cuestionada se tuvo en cuenta la sentencia SU-072 de
2018 y, por ello, se efectuó el estudio del caso bajo el régimen de falla en el
servicio, en el que determinó que con las pruebas allegadas al proceso no era
posible determinar la antijuricidad del daño alegado (privación injusta de la
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Radicación número: 110010315000202303080 01
Accionante: Leidy Johana Mosquera Zuleta
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
libertad), lo que no puede considerarse vulnerador de los derechos fundamentales
decisión porque obedeció a “la falencia probatoria endilgable a la demandante”.
En ese sentido, mencionó que “para la autoridad judicial accionada no estaba en
discusión la existencia del daño -privación de la libertad-, lo que no encontró
acreditado fue que mismo hubiera sido antijurídico -es decir que fuera injusta- y
que la afectada no estuviera en el deber jurídico de soportar”.
Afirmó que no se desconoció la regla jurisprudencial contenida en el precedente
judicial obligatorio, consistente en que el juez sea el que defina en cada caso el
título de imputación que se adapte mejor, pues la solución se adoptó con base en
la consideración de que el título aplicable era el de falla probada del servicio, en la
medida en que la absolución devino de la aplicación del principio del in dubio pro
reo, el cual no se encontró configurado por la falta de prueba del daño antijurídico.
A su vez, concluyó que, para la época en que se profirió la sentencia censurada (7
de diciembre de 2022), el precedente aplicable era el contenido en la sentencia
SU-072 de 2018, acogida por la mayoría de las Subsecciones de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, la cual fue tenida en cuenta por la autoridad
judicial accionada en la resolución de la controversia.
Indicó que el anterior planteamiento descartaba la configuración del defecto fáctico
alegado porque, conforme con la jurisprudencia constitucional vigente sobre la
materia, la autoridad judicial accionada, “escogió el régimen de imputación de falla
en el servicio, el cual es preferente, para resolver la controversia, frente al cual la
prueba de la ilegalidad de la captura y privación de la libertad soportada por la
actora era fundamental para declarar probada la antijuridicidad del daño alegado,
misma que no fue posible determinar por la orfandad probatoria al respecto en el
expediente”.
Agregó que la carga de la prueba frente a las decisiones que ordenaron la
privación de la libertad correspondía a la parte demandante.
Por último, se descartó la existencia de un defecto procedimental ante el decreto
de una prueba de oficio para acreditar la antijuricidad del daño reclamado, debido
a que “la carga de la prueba en los procesos de privación injusta de la libertad
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Radicación número: 110010315000202303080 01
Accionante: Leidy Johana Mosquera Zuleta
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
exige la comprobación de la detención y de las condiciones antijurídicas en que
ésta se presentó, y no se concreta en la demostración de la absolución o
preclusión de la investigación, por lo que no puede el juez suplir en su totalidad las
obligaciones probatorias de las partes”.
6. La impugnación
La parte tutelante impugnó la anterior decisión e insistió en que sí se incurrió en
los defectos alegados porque, si bien es cierto que la autoridad judicial accionada
tenía la posibilidad de escoger un régimen jurídico de imputación -eligiendo la falla
del servicio-, también lo es que el medio de control de reparación directa tuvo su
génesis antes de la sentencia SU-072 de 2018.
Insistió en que, con anterioridad al cambio de precedente, los casos de privación
de la libertad se analizaban bajo un título de imputación objetivo basado en el
daño especial y, por ende, “resultaba procedente desplegar el medio de control de
reparación directa sin haber allegado el material probatorio exigido por el juzgado
de segunda instancia referente a las audiencias preliminares con el fin de
determinar la antijuricidad del daño”.
Mencionó que debía tenerse en cuenta que, para el momento en que cambió el
precedente jurisprudencial, las etapas para solicitar pruebas ya habían precluido,
por lo que era imposible aportar la prueba requerida por el tribunal, quedando en
cabeza del juzgador desplegar las facultades oficiosas para decretar las pruebas
que estimara necesarias.
En línea con lo anterior, reiteró los argumentos por los que consideró que se
configuraron los defectos fáctico y procedimental.
Finalmente, hizo referencia a unos pronunciamientos en los que el Consejo de
Estado2 y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca3 aplicaron el título de
imputación de daño especial en casos de privación injusta de la libertad.
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Sentencia de 7 de octubre de 2019, radicación: 20001-23-31-000-2009-00105-01.
3
Sentencias de 15 de junio de 2023, radicados: 11001-33-43-064-2018-00261-01 y
11001-33-36-034-2018-00229-01.
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Radicación número: 110010315000202303080 01
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Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
II. C O N S I D E R A C I O N E S
Se procede a verificar si se configuran o no los defectos alegados por la parte
actora, al proferirse la sentencia del 7 de diciembre de 2022, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la decisión de primera instancia y, en
su lugar, denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa, bajo los
siguientes argumentos (trascripción de forma literal):
2. Responsabilidad del Estado derivada de la privación injusta de la
libertad.
La Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la Administración de Justicia- fue objeto de
estudio por parte de la Corte Constitucional, la que mediante sentencia C-037
de ese mismo año efectuó el análisis, entre otros, del artículo 68 ibídem, en
relación con los presupuestos para la privación injusta de la libertad y señaló
la necesidad de examinar la actuación que dio lugar a la medida
restrictiva de este derecho fundamental, por lo que la Sala, considera
necesario establecer si las entidades demandadas incurrieron en conductas
constitutivas de falla del servicio de la Administración de Justicia, que
conllevaran a que se causara un daño a los demandantes.
Además, la Corte Constitucional, al estudiar el artículo 68 de la Ley 270 de
1996, indicó que en Colombia no existe la reparación automática de
perjuicios a favor de personas involucradas en procesos penales en los
que se afectaron sus derechos a la libertad. Sobre el particular, esa
Corporación consideró: (…)
El Máximo Órgano de la Jurisdicción Constitucional, en la sentencia
SU072/18, manifestó que ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni el
artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la sentencia C-037 de 1996- instituía un
régimen de responsabilidad delimitado aplicable en los eventos de privación
de la libertad, entonces, será el juez el que, en cada caso, TENDRÁ LA
OBLIGACIÓN de efectuar un examen para establecer si la privación de la
libertad fue legal, razonable y proporcionada.
3. De la demostración de los presupuestos de la responsabilidad
El Daño
(…) En el sub-judice, el hecho material que mueve la reclamación, se enmarca
en el excesivo e injustificado resultado que debieron soportar los
demandantes, con la privación de la libertad de la señora LEIDY JOHANA
MOSQUERA ZULETA, el cual consideró el Juez de Primera Instancia quedó
demostrado a través de la revisión de los elementos probatorios allegados al
expediente.
En tal virtud, al momento de realizar el análisis frente a la ocurrencia del daño
alegado, la Sala advierte la ausencia de material probatorio allegado por la
parte demandante, especialmente en la demostración de la ocurrencia del
daño.
Es así como, una vez verificado el soporte probatorio obrante en el plenario
como respaldo de la privación de la libertad alegada, únicamente se
encuentran los que se relacionan a continuación:
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Radicación número: 110010315000202303080 01
Accionante: Leidy Johana Mosquera Zuleta
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
-Registros Civiles de los demandantes (Fl. 51 -56)
-Copia del acta de registro de allanamiento realizado el 8 de abril de 2016 (Fl.
57-77).
-Copia de entrevista – FPJ-14 recibida el 18 de marzo de 2016 a la señora
FLOR MARÍA RESTREPO LEÓN (Fl. 78).
• Copia de la constancia de ejecutoria del auto por el cual se precluyó la
investigación de la demandante (fl. 79).
• Copia de la boleta de libertad de la demandante (fl. 80).
• Copia del Proceso Penal (fls. 81-190) que contiene entre otros:
-Copia del Escrito de Acusación presentado por la Fiscalía (fls. 82-89).
-Copia de Certificación Laboral de la demandante, suscrito por el señor
Andrés Augusto Galeano (fl. 102).
-Copia del Acta de la Audiencia de la Formulación de Acusación, celebrada el
16 de septiembre de 2016, en la cual se solicita la preclusión de la
investigación frente a la demandante (fl. 107).
-Copia del Informe Ejecutivo -FPJ-3- del 8 de abril de 2016 (fls. 160-165),
sobre el allanamiento realizado.
Audios de las Audiencias realizadas dentro del proceso penal (fl. 191):
07/07/2016 Formulación de acusación
11/08/2016 Continuación Formulación de acusación
16/09/2016 Continuación Formulación de acusación
16/09/2016 Preclusión de la Investigación
• Copia de la Historia Clínica del menor EMILIANO MOSQUERA ZULETA
204-253).
De las pruebas referenciadas, se desprende que la parte demandante para
demostrar la ocurrencia del daño alegado únicamente aportó el cd que
contiene las audiencias de acusación y preclusión de la investigación dictada
al interior del proceso penal surtido en contra de la señora MOSQUERA
ZULETA, bajo el rito de la Ley 906 de 2004, en las que se mencionan como
hechos causantes de la privación de la libertad que:
Audio 7/07/2016 (minuto 4:45): (…)
De dicha prueba se observa que, el 8 de abril de 2016 fue capturada la señora
LEIDY JOHANA MOSQUERA ZULETA y llevada ante el Juzgado Primero
Promiscuo Municipal de Bolívar con Funciones de Control de Garantías
(según se informó en el hecho 9 de la demanda y en el escrito de acusación
obrante a folio 86), quien declaró legal su captura.
Se dice en la audiencia de Acusación, que la demandante fue vinculada al
proceso por los delitos de CONCIERTO PARA DELINQUIR y TRÁFICO,
FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES EN LA MODALIDAD DE
CONSERVAR. Y en la solicitud de preclusión, indica la Fiscalía, que si bien es
cierto, su sola presencia en el inmueble’ hizo inferir cierto grado de
participación con relación al estupefaciente incautado y que sirvieron de
fundamento para que se convalidaran las audiencias preliminares de
legalización de captura y medida de aseguramiento, lo cierto es que realizado
un análisis por este delegado más objetivo, con miras a un eventual juicio,
solo contaría, con su presencia objetiva en el inmueble pero sin contar con
elementos materiales probatorios para desvirtuar en juicio que frente a este
hallazgo del estupefaciente incautado en el inmueble, la imputada tenía
conocimiento y había encausado su voluntad a su conservación’.
Así las cosas, se desconocen PORQUE NO SE ALLEGARON AL PROCESO
CONTENCIOSO, los audios de la audiencia preliminar de legalización de la
captura, de formulación de imputación y de imposición de medida de
aseguramiento, sin que fueran objeto de solicitud probatoria en la oportunidad
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Radicación número: 110010315000202303080 01
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
procesal pertinente y que son la base de la decisión respecto a la toma de la
medida de aseguramiento, conforme la Ley 906 de 2004, que dispone: (…)
De las normas transcritas queda claro que, de la medida de aseguramiento
que se solicita ante un Juez de Control de Garantías, quien luego de verificar
el cumplimiento de los requisitos para su procedencia, es quien decide sobre
su imposición.
En tal sentido, se hace necesario para acreditar la injustificada detención que
se alega, allegar la actuación que dio lugar a ella, es decir, las audiencias
surtidas ante el Juez de Control de Garantías, que, en el caso de marras,
brillan por su ausencia, carga que obligatoriamente correspondía a los
actores.
Al respecto, esta Sala de decisión con ponencia de la Magistrada Dra. Liliana
P. Navarro Giraldo, en sentencia proferida el 27 de julio de 2022, en el
radicado No.05837 33 33 001 2017 00982 01, indicó: (…)
En consecuencia, para la Sala es evidente que no existe material probatorio
que permita verificar las circunstancias que dieron lugar a la detención de la
señora LEIDY JOHANA MOSQUERA ZULETA, que como se ha dicho, es la
base para analizar los elementos referentes a la captura, su legalización, la
imputación y la procedencia de la medida de aseguramiento, por lo que se
está frente a la ausencia de demostración del daño.
Aunado a lo anterior, se tiene que conforme lo dispone el artículo 146 de la
Ley 906 de 2004, los medios de registro y reproducción de las audiencias,
debido a la oralidad que prima en el sistema, son magnéticos y en ellos se
almacena el desarrollo de cada audiencia procesal, garantizando su
originalidad y autenticidad.
Por lo anterior, la parte actora no aportó las pruebas que permitieran
determinar la ocurrencia del daño, ya que como lo ha indicado la
jurisprudencia, el Juez de conocimiento del medio de control incoado en el
presente caso, debe determinar si la medida de aseguramiento fue
desproporcionada o violatoria de los procedimientos legales, para lo cual se
hace necesario analizar detallada y minuciosamente los motivos que llevaron
a la vinculación de la señora LEIDY JOHANA MOSQUERA ZULETA, al
proceso penal, su captura, la decisión de imponer la medida de aseguramiento
de detención preventiva, y la imputación.
Así las cosas, al no contar con el registro de las audiencias preliminares, no
puede establecerse por la Sala, si las entidades demandadas contaban con
los elementos probatorios necesarios para adoptar las decisiones que
originaron la pretensión del proceso que se discute.
Se concluye que, la parte demandante no acreditó que no tenía el deber
jurídico de soportar el daño alegado, puesto que la PRECLUSIÓN por sí sola
no conlleva la reparación de los daños causados hipotéticamente por la
privación de la libertad, sino que se debe comprobar que la detención de la
que fue víctima se presentó de manera irregular.
4. Carga de la prueba
Frente a la carga de la prueba en procesos en los que se reclama la
responsabilidad del Estado por Privación Injusta de la Libertad, esta Sala de
decisión ha reiterado que se trata de un acto complejo que no se concreta en
simplemente demostrar que hubo una absolución o preclusión de la
investigación, ya que la decisión por medio de la cual se da por terminado el
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Radicación número: 110010315000202303080 01
Accionante: Leidy Johana Mosquera Zuleta
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
proceso penal, ordenando la libertad del procesado, demuestra la terminación
de la ejecución de la medida, pero no permite conocer las razones que dieron
origen a la misma. En reciente providencia con ponencia de la Magistrada Dra.
Liliana Patricia Navarro Giraldo, manifestó la Sala: (…)
Entonces, en el caso bajo estudio la Colegiatura no evidencia la existencia del
daño antijurídico alegado por la parte actora, por lo que es procedente revocar
la sentencia de instancia (negrilla del original).
La tutelante afirma que la corporación accionada incurrió en los siguientes
defectos:
1. Defecto fáctico porque tuvo por no probado el daño reclamado -privación de la
libertad de la que fue objeto la señora Mosquera Zuleta-, pese a que era “un
hecho que emergía de manera objetiva como claro a partir del acervo probatorio
del medio de control”.
2. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, porque no tuvo en cuenta
que la ley le permitía decretar de oficio las pruebas que considerara necesarias
para aclarar puntos oscuros de la litis.
3. Desconocimiento del precedente porque no aplicó el precedente de la Sección
Tercera del Consejo de Estado4 según el cual “los títulos de responsabilidad
objetiva son residuales, reservados para aquellos casos en que el régimen
subjetivo es insuficiente para resolver la situación determinada” y porque aplicó
“de manera incorrecta” la sentencia SU-072 del 5 de julio 2018.
Pues bien, en primer lugar, la Sala precisa que para establecer si la privación de la
libertad de la tutelante fue injusta o no, la autoridad judicial accionada debía tener
en cuenta lo establecido en la sentencia SU-072 de 20185, bajo el entendido de
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Sentencias del 11 de noviembre de 2022 (radicación 41001-23-31-2011-00492-01) del 9 de
diciembre de 2022 (radicación: 05001-23-31-000-2010-02161-01) y del 6 de febrero de 2023
(radicación: 76001-23-31-000-2011-01229-01).
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En esa oportunidad la Corte Constitucional sostuvo:
“En el caso de la privación injusta de la libertad la Corte, ciñéndose exclusivamente al texto normativo
y teniendo en cuenta las dos premisas señaladas, esto es, que el artículo 90 de la Constitución no
define un título de imputación y que, en todo caso, la falla en el servicio es el título de imputación
preferente, concluyó en la sentencia C-037 de 1996 que el significado de la expresión ‘injusta’
necesariamente implica definir si la providencia a través de la cual se restringió la libertad a una
persona mientras era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación de
su conformidad a derecho …
“(…) De esta manera, dependiendo de las particularidades del caso, es decir, en el examen individual
de cada caso, como lo han sostenido el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el juez
administrativo podrá elegir qué título de imputación resulta más idóneo para establecer que el
daño sufrido por el ciudadano devino de una actuación inidónea, irrazonable y
desproporcionada y por ese motivo, no tenía por qué soportarse.
“105. Esta Corporación comparte la idea de que en dos de los casos deducidos por el Consejo de
Estado -el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica- es posible predicar que la
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Radicación número: 110010315000202303080 01
Accionante: Leidy Johana Mosquera Zuleta
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
que, como lo ha establecido la Corte Constitucional, los pronunciamientos de las
Altas Cortes “tienen valor vinculante por emanar de órganos diseñados para la
unificación de la jurisprudencia”6.
En ese sentido, resultaba acertado que el tribunal accionado considerara que era
su obligación verificar si la medida restrictiva de la libertad impuesta a la señora
Mosquera Zuleta fue razonada y proporcionada o si, por el contrario, fue una
decisión “injusta”, para lo que es necesario examinar las condiciones en que se
produjo la captura, su legalización y la medida de aseguramiento. Al respecto, esta
Subsección7 ha sostenido:
… para el análisis de responsabilidad bajo el título de imputación de privación
injusta de la libertad, no basta con allegar las decisiones absolutorias o las
que finalicen el proceso en favor del sindicado, en la medida en que es
necesario examinar las condiciones en que se produjo la captura, su
legalización y, fundamentalmente, la medida de aseguramiento, con el fin de
establecer si se presentaron irregularidades o arbitrariedades con la
virtualidad de lesionar ese derecho.
Dicho de otra manera, la sola existencia de una decisión absolutoria no resulta
suficiente para edificar la responsabilidad patrimonial de la Rama Judicial,
puesto que no se puede perder de vista que cada etapa del proceso penal
tiene particularidades y exigencias de índole legal y probatoria, cuyo análisis
resulta indispensable para emitir decisión frente a la configuración o no de un
daño antijurídico.
Lo anterior para concluir que la parte demandante no cumplió con su carga
probatoria, en la medida en que se abstuvo de incorporar a la actuación las
decisiones relacionadas con la restricción de su libertad, documentos que
resultan determinantes para establecer si la autoridad judicial incurrió o no en
falla del servicio al imponerle medida de aseguramiento8.
decisión de privar al investigado de su libertad resulta irrazonable y desproporcionada, luego, para
esos eventos es factible aplicar un título de atribución de carácter objetivo en el entendido de que el
daño antijurídico se demuestra sin mayores esfuerzos. (…)
“106. Así las cosas, los otros dos eventos definidos por el Consejo de Estado como causas de
responsabilidad estatal objetiva -el procesado no cometió la conducta y la aplicación del in dubio pro
reo- exigen mayores esfuerzos investigativos y probatorios, pues a pesar de su objetividad, requiere
del Fiscal o del juez mayores disquisiciones para definir si existen pruebas que permitan vincular al
investigado con la conducta punible y presentarlo como el probable autor de la misma”.
6
C–621 de 2015.
7
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de mayo de 2023,
Radicación número: 76001-23-31-000-2010-00668-01 (53.925).
8
Cita del original “En la sentencia del 21 de noviembre de 2022, expediente 68.941, esta
Subsección expuso un razonamiento similar al sostener que ‘en la demanda de reparación directa
se endilgó responsabilidad a las entidades accionadas por una supuesta falla en el servicio,
situación que para la Sala sí fue analizada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
distinto es que al no haberse aportado la medida de aseguramiento impuesta a la señora
Carmen Elena Obregón Lasso, no era posible establecer si esa decisión cumplió con los
criterios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad’ (se destaca). De manera más reciente,
en la sentencia proferida el 3 de marzo del año en curso, expediente 54.944, se reiteró ese
criterio”.
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Radicación número: 110010315000202303080 01
Accionante: Leidy Johana Mosquera Zuleta
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
En las condiciones analizadas, ante la imposibilidad de examinar la medida de
aseguramiento impuesta al demandante, a efectos de establecer si fue
razonable y ajustada a la ley, la Sala solamente puede constatar que el
proceso penal seguido en su contra finalizó por absolución derivada de la
aplicación del principio de in dubio pro reo y esa circunstancia por sí sola no
resulta suficiente para sostener que se presentó una privación injusta de la
libertad que pueda ser imputada a la entidad demandada, especialmente si se
tiene en cuenta la gravedad del delito investigado y la existencia del hecho, al
margen de que no se hubiese proferido condena por el juez penal.
En otras palabras, no es posible establecer la responsabilidad patrimonial de
la Rama Judicial, motivo por el cual su cargo de apelación prospera y, por
ende, se revocará la sentencia de primera instancia.
A juicio de la Sala, no se le puede atribuir al Tribunal Administrativo de Antioquia la
configuración un defecto fáctico por exigir los audios de la audiencia preliminar de
legalización de la captura, de la formulación de imputación y de la imposición de la
medida de aseguramiento, porque estos eran elementos probatorios necesarios
para determinar si la medida impuesta a la demandante fue razonable y ajustada a
la ley.
En otras palabras, el hecho de que la autoridad judicial accionada concluyera que
no contaba con los elementos probatorios necesarios para “comprobar que la
detención de la que fue víctima se presentó de manera irregular”, no implica que
se dejaron de valorar las pruebas allegadas al proceso de reparación directa, sino
que éstas no permitían examinar la medida de aseguramiento y establecer si se
presentó una privación injusta de la libertad que pudiera ser imputada a las
entidades accionadas.
En ese contexto, la Sala estima que la determinación de negar las pretensiones de
la demanda al considerar que a las entidades demandadas no se les podía atribuir
responsabilidad por la privación de la libertad de la ahora accionante devino de un
análisis con una carga argumentativa válida y completamente razonable, propia de
la autonomía del operador judicial frente a la apreciación de las pruebas y, que
además, se fundamentó en pronunciamientos del Consejo de Estado en los que
se ha establecido que se requiere conocer las razones de la medida de
aseguramiento para entrar a establecer si cumple o no los presupuestos
establecidos en el Código de Procedimiento Penal para su imposición.
En línea con lo anterior, la Sala precisa que tampoco es procedente predicar la
configuración del defecto procedimental por no decretarse, como prueba de oficio,
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Radicación número: 110010315000202303080 01
Accionante: Leidy Johana Mosquera Zuleta
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Referencia: Acción de tutela (impugnación)
los audios de la audiencia preliminar de legalización de la captura, de la
formulación de imputación y de la imposición de la medida de aseguramiento.
Lo anterior, porque si bien la ley faculta al juez a decretar las pruebas que sean
necesarias para esclarecer los hechos objeto de controversia, lo cierto es que esta
facultad no puede ser empleada como un mecanismo para suplir las falencias
probatorias de las partes, que es lo pretendido por la accionante -que era a quien
le incumbía demostrar que la detención fue ilegal-, tal y como lo indicó la Sala en
providencia del 4 de julio de 2023, en la que se lee:
… si bien el artículo 169 del CCA establece la facultad de decretar pruebas de
oficio para esclarecer los hechos del proceso, lo cierto es que, tal como lo ha
considerado esta Subsección9, el eventual ejercicio de la facultad oficiosa no
sustituye a la parte actora en el deber de probar los supuestos de hecho en
los que se basan las pretensiones de la demanda, cuestión que no sucedió en
el sub judice, pues no se allegó la medida de aseguramiento impuesta en
contra del actor, aspecto que el demandante no echó de menos, pues, cuando
el a quo declaró que todas las pruebas decretadas obraban en el expediente y
corrió traslado para alegar10, la parte actora no formuló objeción alguna.
Esto, aunado al hecho de que al juez de la causa no puede exigírsele que
supla la carga probatoria de los interesados en el litigio, pues en ese caso
estaría asumiendo el rol de parte y, en esa medida, desconocería la garantía
de imparcialidad11.
En cuanto al defecto por desconocimiento del precedente, la Sala estima que este
no se configuró, en primer lugar, porque las sentencias del 9 de diciembre de 2022
(radicación: 05001-23-31-000-2010-02161-01) y del 6 de febrero de 2023
(radicación: 76001-23-31-000-2011-01229-01) -que se alegan como
desconocidas- se dictaron con posterioridad del fallo cuestionado y, por ende, no
pueden ser consideradas un precedente aplicable.
En segundo lugar, porque la sentencia del 11 de noviembre de 2022 (radicación
41001-23-31-000-2011-00492-01) solo exhibe la postura de una de las
Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado y, en ese sentido, no
constituye una sentencia de unificación.
9
Original de la cita: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2021, expediente No. 53.870”.
10
Original de la cita: “Auto del 8 de abril de 2015 (Fls. 393 y 394 del cuaderno principal)”.
11
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 4 de julio de 2023, Radicación
número: 15001-23-31-000-2012-00164-02 (56.998).
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Radicación número: 110010315000202303080 01
Accionante: Leidy Johana Mosquera Zuleta
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela (impugnación)
En ese sentido, para la Sala resultaba adecuado que, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, tal como lo anunció en la decisión cuestionada, aplicara la sentencia
SU-072 de 2018 y verificara si la medida restrictiva de la libertad impuesta a la
ahora accionante fue razonada y proporcionada o si por el contrario fue una
decisión “injusta”, otra cosa es que eso no hubiese sido posible dado que no se
tenían elementos para ello al no conocerse detalladamente las razones de la
imposición de la medida de aseguramiento.
De conformidad con lo anterior, la Sala confirmará la decisión de primera instancia
que negó el amparo solicitado, por no configurarse los defectos alegados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 7 de septiembre de 2023, proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con las razones
expuestas en la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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