Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-01229-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-01229-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2011-01229-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
6 de febrero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 6 de febrero de 2023
Radicación: 76001-23-31-000-2011-01229-01 (49.684)
Actor: Luz Esperanza Vargas Muñoz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa (Decreto 1 de 1984)
Temas: Reparación directa – Responsabilidad extracontractual del Estado por privación
injusta de la libertad – Ley 906 de 2004 – Daño especial
Síntesis del caso: La demandante principal fue privada de la libertad con ocasión del proceso
penal adelantado en su contra por la presunta comisión de los delitos de concierto para
delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y
omisión, revelación de secreto, abuso de función pública, cohecho por dar u ofrecer, así
como de falsedad personal y material en documento público. Dicha actuación finalizó con
preclusión de la investigación a su favor
Conoce la Sala los recursos de apelación interpuestos por la parte actora, la
Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial en contra de la Sentencia
proferida el 29 de abril de 2013 por el Tribunal Administrativo de Valle del
Cauca, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda1.
La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un
recurso de apelación en contra de una sentencia emitida por un Tribunal
Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones
solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73
de la Ley 270 de 19962.
1En el resuelve de la sentencia se dispuso lo siguiente (se trascribe): “1. DECLARAR no probadas las excepciones
propuestas por la entidad demandada. 2. DECLARAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios causados a los demandantes, por la
privación injusta de la libertad de que fue objeto la señora LUZ ESPERANZA VARGAS MUÑOZ. 3. CONDENAR a la
NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a la señora LUZ ESPERANZA VARGAS MUÑOZ
por concepto de daño emergente la suma de veintiún millones ciento treinta y dos mil seiscientos cuarenta y un
pesos ($21.132.641,00) Mc/te, y por concepto de lucro cesante la suma de dos millones trece mil setecientos cinco
pesos ($2.013.705,00). 4. CONDENAR a la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a pagar a
los demandantes por concepto de perjuicios morales, el equivalente en pesos, las siguientes sumas: A la señora LUZ
ESPERANZA MUÑOZ VARGAS (afectada directa), una suma equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales
legales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Al señor GELBERSSON JHOAN CASTRO (compañero
permanente afectada directa), la suma equivalente a quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la
fecha de ejecutoria de esta sentencia. A la señora JUDITH MUÑOZ MUÑOZ (madre de la afectada directa), la suma
equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. A las
señoras ANA XIMENA Y LILIANA CONSTANZA VARGAS MUÑOZ (hermanas de la afectada directa) para cada una la
suma equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia.
5. NEGAR las demás pretensiones de la demanda. 6. Se dará cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177
del C.C.A., de conformidad con la S.C.-188 de 1996, Corte Constitucional. 7. Ejecutoriada esta sentencia se
archivará, realizándose las desanotaciones del libro radicador. 8. Sin costas en esta instancia”
2 De acuerdo con lo expuesto por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Auto de Unificación
de 9 de septiembre de 2008, radicación No. 11001-03-26-000-2008-00009-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 76001-23-31-000-2011-01229-01 (49.684)
Actor: Luz Esperanza Vargas Muñoz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia apelada
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Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación; 1.5. Trámite relevante en segunda
instancia
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 16 de agosto de 2011, Luz Esperanza Vargas Muñoz, con su grupo
familiar, presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa,
en contra de la Nación – Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial,
para obtener la reparación de los perjuicios sufridos con ocasión de la
privación de su libertad. La medida de aseguramiento de detención
preventiva fue decretada dentro del proceso penal adelantado en su contra
por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir, concusión,
falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y
omisión, revelación de secreto, abuso de función pública, cohecho por dar u
ofrecer, así como de falsedad personal y material en documento público3.
2. En la demanda se formuló la siguiente pretensión declarativa (se
trascribe):
“Declárese a LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL
–DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
ADMINISTRATIVAMENTE RESPONSABLE por los graves perjuicios morales,
materiales y daño a la vida de relación ocasionados a LUZ ESPERANZA VARGAS
MUÑOZ (afectada), GELBERSSON JHOAN CASTRO (compañero permanente de
la afectada), JUDITH MUÑOZ MUÑOZ (madre de la afectada), ANA XIMENA y
LILIANA CONSTANZA VARGAS MUÑOZ (hermanas de la afectada), con motivo
de la privación injusta de la libertad de que fue objeto la señora LUZ ESPERANZA
VARGAS MUÑOZ”4.
3. Por lo anterior, solicitó que se condenara a la parte demandada a pagar
los siguientes montos:
Perjuicio Demandante Calidad Monto
Luz Esperanza Vargas Muñoz Víctima directa 100 SMLMV5
Compañero 100 SMLMV
Gelbersson Jhoan Castro
Perjuicios permanente
morales Judith Muñoz Muñoz Madre 100 SMLMV
Ana Ximena Vargas Muñoz Hermana 100 SMLMV
Liliana Constanza Vargas Muñoz Hermana 100 SMLMV
Daño
Perjuicios Luz Esperanza Vargas Muñoz Víctima directa emergente:
materiales $20.000.000
3 Folios 228 al 252 del cuaderno No. 1 del tribunal.
4 Folio 229 del cuaderno No. 1 del tribunal.
5 La expresión “SMLMV” se refiere a salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-01229-01 (49.684)
Actor: Luz Esperanza Vargas Muñoz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia apelada
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Lucro cesante:
lo probado en el
proceso6
Daño a la Luz Esperanza Vargas Muñoz Víctima directa 200 SMLMV
vida de
relación A favor de cada uno de los demás demandantes 100 SMLMV
4. Finalmente, pidió que se diera cumplimiento a lo previsto por los artículos
176 y siguientes del C.C.A.
5. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en
síntesis, los siguientes hechos:
6. 1) El 22 de junio de 2007, Luz Esperanza Vargas Muñoz, quien para la
época se desempeñaba como detective del DAS, fue capturada en las
instalaciones de dicha entidad, junto con 16 funcionarios más, por la presunta
comisión de los delitos de concierto para delinquir, concusión, falsedad
ideológica en documento público, prevaricato por acción y omisión,
revelación de secreto, abuso de función pública, cohecho por dar u ofrecer
y falsedad personal y material en documento público.
7. 2) El 23 de junio de 2007, el Juzgado 2º penal municipal con función de
control de garantías legalizó la captura, formuló imputación en su contra y le
impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad.
8. 3) El 22 de febrero de 2008 se realizó la audiencia de formulación de
acusación ante el Juzgado 13 penal del circuito de conocimiento.
9. 4) El 2 de septiembre de 2009 se precluyó la investigación a su favor, “por
solicitud elevada por la fiscalía al no existir elementos materiales probatorios y
evidencias físicas en su contra”.
1.2. Posición de la parte demandada
10. El 15 de noviembre de 2011, la Rama Judicial presentó escrito de
contestación a la demanda, en el que se opuso a las pretensiones
formuladas7. Lo anterior, toda vez que la medida de aseguramiento se
impuso de conformidad con la normativa penal vigente para el momento
6 En la demanda se señaló lo siguiente: “(…) correspondiente a la suma que dejó de producir en razón de la privación
de su libertad, habida cuenta la actividad laboral que realizaba como Detective del D.A.S. para el momento de su
captura. En igual forma, serán reconocidos en la estimación de los perjuicios las mesadas correspondientes a primas,
cesantías, vacaciones o por lo menos el aumento del 30% que por este concepto ha ordenado el Honorable Consejo
de Estado. Como salario base se tendrá en cuenta la suma de $934.484, suma que obtenía por la labor desarrollada
como Detective del D.A.S. Así mismo se tendrá en cuenta el tiempo de privación de libertad más el tiempo promedio
en que una persona tarda en conseguir un empleo en Colombia, según información brindada por el OBSERVATORIO
LABORAL Y OCUPACIONAL COLOMBIANO del SENA y la sumatoria de las prestaciones sociales”. Folio 232 del
cuaderno No. 1 del tribunal.
7 Folios 269 al 275 del cuaderno No. 1 del tribunal.
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Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia apelada
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de los hechos y los elementos probatorios suficientes que comprometían la
responsabilidad penal de Luz Esperanza Vargas. Además, indicó que había
falta de legitimación pasiva en la causa de la Rama Judicial, dado que fue
la fiscalía quien solicitó la preclusión de la investigación. Finalmente, propuso
como excepciones la “inexistencia de perjuicios” y la “innominada o genérica”.
11. La Fiscalía General de la Nación presentó contestación a la demanda
de manera extemporánea8. Sin embargo, en los alegatos de conclusión de
primera instancia sostuvo que no era la llamada a responder, toda vez que,
según la Ley 906 de 2004, si bien correspondía a la fiscalía solicitar la
imposición de la medida restrictiva de la libertad, el juez de control de
garantías era la autoridad que adoptaba dicha decisión9.
1.3. Sentencia de primera instancia
12. El 29 de abril de 2013, el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca
profirió Sentencia de primera instancia, en la que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda10. Como fundamento de la decisión señaló que,
la privación de la libertad de Luz Esperanza Vargas Muñoz, ocurrida entre el
25 de junio y el 6 de agosto de 2007, fue injusta. Lo anterior, toda vez que tuvo
como fundamento el proceso penal adelantado en su contra en el que no
fue posible desvirtuar su presunción de inocencia, lo que le generó un daño
que no estaba en el deber jurídico de soportar. En consecuencia, declaró
solidariamente responsables a la Fiscalía General de la Nación y la Rama
Judicial, dado que ambas entidades contribuyeron en la causación del
daño, por lo que las condenó a pagar los perjuicios ocasionados.
1.4. Recursos de apelación
13. El 23 de septiembre de 2013, la parte demandante interpuso recurso de
apelación, únicamente en lo relativo a la liquidación de perjuicios11. En ese
sentido, indicó que, con los testimonios rendidos en este proceso, estaba
probado el daño a la vida en relación y la grave afectación moral sufrida por
los demandantes, por lo que debía reconocerse el primero y aumentarse las
sumas concedidas por el segundo, dado que eran “irrisorias en comparación
con la magnitud del perjuicio moral causado”. En relación con el lucro cesante,
afirmó que debía tenerse en cuenta la jurisprudencia del Consejo de Estado
que reconocía el período adicional de reincorporación laboral, esto es, 35
semanas.
8 En el Auto proferido el 10 de febrero de 2012 por el Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, no se decretaron
las pruebas solicitadas por la fiscalía, dado que la contestación de la demanda fue presentada de manera
extemporánea. Folio 288 del cuaderno No. 1 del tribunal.
9 Folios 326 al 333 del cuaderno No. 1 del tribunal.
10 Folios 370 al 389 del cuaderno del Consejo de Estado.
11 Folios 390 al 399 del cuaderno del Consejo de Estado.
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Decisión: Modifica sentencia apelada
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14. El 24 de septiembre de 2013, la Rama Judicial interpuso recurso de
apelación, en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda12. Al
respecto, indicó que el presente asunto debía analizarse bajo un régimen
subjetivo de responsabilidad. Por tanto, como actuó conforme a derecho,
porque existían indicios serios que involucraban a la entonces procesada con
la comisión de las conductas punibles investigadas, no había lugar a declarar
su responsabilidad patrimonial. En todo caso, ante una eventual sentencia
condenatoria, la llamada a responder era la fiscalía, dado que, según la Ley
906 de 2004, dicha entidad es la que solicita la imposición de la medida de
aseguramiento y la preclusión de la investigación.
15. El 25 de septiembre de 2013, la Fiscalía General de la Nación interpuso
recurso de apelación, en el que también solicitó que se negaran las
pretensiones de la demanda13. En su escrito indicó que, de acuerdo con la
Ley 906 de 2004, la función de imponer la medida de aseguramiento
correspondía al juez de control de garantías, por lo que la llamada a
responder por el presunto daño alegado era la Rama Judicial. Además, la
detención no fue injusta porque se cumplieron los requisitos exigidos por la ley
para su decreto.
1.5. Trámite relevante en segunda instancia
16. Mediante Auto de 14 de julio de 2021, este despacho requirió a la
Secretaría de la Sección para que expidiera una certificación, con el fin de
decidir sobre una posible acumulación del presente proceso al expediente
No. 51.65814, que cursaba en el despacho del Magistrado Jaime Enrique
Rodríguez Navas. Sin embargo, ese despacho, en providencia de 14 de enero
de 2022, resolvió no acumular los procesos15.
17. El 4 de agosto de 2022, la Sala profirió un Auto en el que requirió al
Juzgado 13 penal del circuito con función de conocimiento de Cali, al Centro
de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales de la misma ciudad y a la
parte demandante, para que informaran el tiempo y tipo de reclusión a la
que fue sometida Luz Esperanza Vargas Muñoz16. El 14 de octubre de 2022, la
Secretaría del Centro de Servicios del Valle del Cauca allegó memorial
mediante el cual dio respuesta al requerimiento, del cual se corrió traslado a
las partes17.
12 Folios 400 al 411 del cuaderno del Consejo de Estado.
13 Folios 412 al 425 del cuaderno del Consejo de Estado.
14 Folio 521 del cuaderno del Consejo de Estado.
15 Índice Samai No. 47 del expediente No. 51.685.
16 Índice Samai No. 28.
17 Índice Samai No. 32 y 33.
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Decisión: Modifica sentencia apelada
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2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación
del daño; 2.3. Análisis de la existencia de un daño especial; 2.4. Entidad a la que se le
atribuye el daño; 2.5. Liquidación de perjuicios; 2.6. Costas
2.1 Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán
18. La parte demandante pretende la indemnización de los perjuicios que
le fueron causados, con ocasión de la privación de la libertad de Luz
Esperanza Vargas Muñoz, materializada dentro del proceso penal que se
siguió en su contra. De otro lado, la Fiscalía General de la Nación y la Rama
Judicial sostienen que no se debe declarar su responsabilidad patrimonial en
este caso, debido a que actuaron conforme a derecho.
19. Se encuentra probado en el expediente que, la víctima directa estuvo
privada de la libertad, desde el 23 de junio hasta el 6 de agosto de 200718,
con ocasión del proceso penal que se adelantó en su contra por los delitos
de concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento
público, prevaricato por acción y omisión, revelación de secreto, abuso de
función pública, cohecho por dar u ofrecer, así como de falsedad personal
y material en documento público, el cual finalizó con sentencia preclusión
de la investigación a su favor19.
20. En esta providencia, la Sala estudiará el fondo del asunto porque están
reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la presentación
de la demanda dentro del término legal. En efecto, la decisión que precluyó
la investigación quedó ejecutoriada el 2 de septiembre de 200920 y el 16 de
agosto de 201121 se presentó la demanda, es decir, dentro del término de 2
años previsto por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A.22
21. Así las cosas, se modificará la Sentencia de primera instancia, dado que
se confirmará la declaratoria de responsabilidad únicamente de la Rama
18 De acuerdo con la constancia suscrita por la directora de la reclusión de mujeres de Jamundí (Valle), en la que se
indicó que, Luz Esperanza Vargas Muñoz estuvo privada de la libertad en la cárcel de mujeres de Cali, desde el 25
de junio hasta el 6 de agosto de 2007 (folio 222 del cuaderno No. 1 del tribunal). Asimismo, obra en el expediente el
acta de la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de
aseguramiento, celebrada el 23 de junio de 2007, en la que se señaló lo siguiente: “Como quiera que en el día de
hoy sábado 23 de junio/07, las directivas de las cárceles no atienden esta clase de diligencias (admisión de
detenidos y reseña), se libra por parte de este Despacho oficio de custodia ante el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE SEGURIDAD “DAS”, para que mantenga en custodia temporal a los imputados durante los días 23 y 24 de junio
de 2007 (…)” (folios 42 al 46 del cuaderno No. 1 del tribunal).
19 Según el acta de la audiencia de preclusión celebrada el 2 de septiembre de 2009, ante el Juzgado 13 penal del
circuito. Folios 217 al 221 del cuaderno No. 1 del tribunal.
20 De conformidad con el acta de la audiencia de preclusión, en la que consta lo siguiente: “se comunica esta
decisión en estrados anunciando que contra esta proceden los recursos de ley, por lo que se notifica a las partes en
estrados judiciales, las partes no interpusieron recurso por lo que esta decisión queda en firme (…)”. Folio 221 del
cuaderno No. 1 del tribunal.
21 De acuerdo con el sello visible a folio 252 del cuaderno No. 1 del tribunal.
22 Además, el término de caducidad se suspendió con la presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial,
radicada el 7 de abril de 2011 y declarada fallida el 12 de julio del mismo año. Folio 224 del cuaderno No. 1 del
tribunal.
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Decisión: Modifica sentencia apelada
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Judicial, porque si bien en el expediente no obra el archivo de la audiencia
en la que se le impuso la medida de aseguramiento a la entonces
procesada, lo que impide determinar si se configuró una falla en el servicio,
lo cierto es que Luz Esperanza Vargas Muñoz sufrió un daño especial que no
estaba en el deber jurídico de soportar. Por tanto, se liquidarán los perjuicios
de conformidad con los criterios desarrollados por esta Sala de Subsección
en casos similares y se ordenará restablecer el buen nombre de la víctima
directa.
22. Con este fin, la Sala abordará los siguientes asuntos: primero, identificará
que, en este caso, se acreditó un daño derivado de la afectación del
derecho a la libertad. Luego, profundizará en las razones anunciadas por las
cuales se causó un daño especial. Ante la ausencia de la culpa de la víctima,
como causal eximente de responsabilidad posible en estos casos, atribuirá el
daño únicamente a la Rama Judicial, liquidará la indemnización de los
perjuicios y, finalmente, declarará improcedente la condena en costas.
2.2. Identificación del daño
23. El hecho generador del daño deriva de la privación de la libertad de
Luz Esperanza Vargas Muñoz, que se extendió desde el 23 de junio hasta el 6
de agosto de 2007. Sin embargo, la Sala tendrá como fecha inicial de
detención el 25 de junio de 2007, dado que desde ese día se computó el
período de privación en la sentencia de primera instancia y la parte
demandante no recurrió dicha determinación. En consecuencia, se
reconocerá el período comprendido entre el 25 de junio y el 6 de agosto de
2007, que corresponde a 1 mes y 13 días.
24. En el acta de la audiencia de imposición de medida de aseguramiento
celebrada el 23 de junio de 2007, se señaló que la medida a imponer era
detención domiciliaria23 y, según el oficio expedido por la Secretaría del
Centro de Servicios de Valle del Cauca, dicha decisión fue confirmada el 26
de julio de 2007. Finalmente, la medida restrictiva de la libertad fue revocada
el 6 de agosto del mismo año24.
25. No obstante, la detención en el lugar de residencia no se hizo efectiva,
pues está probado que la víctima directa fue recluida en un centro
carcelario. En efecto, según la constancia expedida por el INPEC, Luz
Esperanza Vargas Muñoz estuvo detenida entre el 25 de junio y el 6 de agosto
de 2007 en la cárcel de mujeres de Medellín25. Por lo tanto, se tendrá en
23 Folios 42 al 46 del cuaderno No. 1 del tribunal.
24 En dicho oficio se señaló que, el 6 de agosto de 2007 se revocó la medida de aseguramiento de detención
domiciliaria y “en consecuencia se le [impuso] la establecida en el artículo 307 literal B, numerales 3,4 y 5, en
concordancia con el artículo 315 del C.P.P.”, que corresponde a medidas no privativas de la libertad. Índice Samai
No. 32.
25 Folio 222 del cuaderno No. 1 del tribunal.
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cuenta el período de detención reconocido como privación de la libertad
intramural.
2.3. Análisis de la existencia de un daño especial
26. Mediante la Sentencia de unificación de 5 de julio de 2018 26, la Corte
Constitucional precisó que, los artículos 90 de la Constitución Política de
Colombia y 68 de la Ley 270 de 1996 no establecen un título específico de
imputación, sino que, por el contrario, prevén la posibilidad de que el juez
adecúe la situación específica al título pertinente27. Asimismo señaló que, “la
posibilidad que tienen los administrados de ser resarcidos cuando el Estado les
ocasione un daño que no estaban en el deber de soportar en el marco de la
privación injusta de la libertad es un derecho que se deriva de la efectividad de los
derechos, la igualdad y la libertad, al paso de estar previsto en el artículo 90 de la
Constitución y, en tal virtud, el criterio de sostenibilidad fiscal no se erige en una
barrera para ofrecer la protección efectiva de tales derechos”.
27. A partir de dichas consideraciones y como lo ha definido la Sala en
pronunciamientos anteriores, el juez de la responsabilidad tiene el deber de
analizar, en primera medida, si el Estado actuó o no conforme a derecho. Por
tanto, si su actuación no estuvo ajustada al ordenamiento jurídico, el asunto
deberá abordarse bajo la óptica de la falla del servicio. En caso contrario, el
juzgador deberá determinar si el perjuicio que sufre la víctima debe ser
reparado bajo la consideración de que es un daño especial -no lo sufre la
generalidad de la población- y, por su gravedad, no podría considerarse que
debe soportarlo o tolerarlo por el solo hecho de vivir en sociedad. Bajo este
título de imputación denominado por la jurisprudencia como “daño especial”,
debe considerarse que, a partir de la gravedad y anormalidad del daño,
debe establecerse el derecho a la indemnización.
28. En el presente asunto, la Sala advierte que, si bien obra en el expediente
el acta de la audiencia mediante la cual se legalizó la captura de Luz
Esperanza Vargas, se formuló imputación en su contra y se le impuso medida
de aseguramiento, no se cuenta con el archivo magnético de esa diligencia,
por lo que no es posible realizar un análisis de dicha decisión, con el fin de
constatar si se profirió de manera legal o no. Lo anterior, toda vez que en el
acta no constan las razones por las cuales se decretó la medida. Sin
26 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018.
27 En la providencia se afirmó: “Es necesario reiterar que la única interpretación posible –en perspectiva judicial- del
artículo 68 de la Ley 270 de 1996 es que el mismo no establece un único título de atribución y que, en todo caso, le
exige al juez contencioso administrativo definir si la decisión que privó de la libertad a un ciudadano se apartó de
los criterios que gobiernan la imposición de medidas preventivas, sin que ello implique la exigencia ineludible y para
todos los casos de valoraciones del dolo o la culpa del funcionario que expidió la providencia, pues, será en
aplicación del principio iura novit curia17, aceptado por la propia jurisprudencia del Consejo de Estado, que se
establezca cuál será el régimen que ilumine el proceso y, por ende, el deber demostrativo que le asiste al
demandante” (subrayas fuera del texto).
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Actor: Luz Esperanza Vargas Muñoz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia apelada
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embargo, ante la posibilidad de que haya ocurrido un daño especial, se
analizará este caso bajo un régimen objetivo de responsabilidad.
29. Según los hechos consignados en el escrito de acusación, en agosto de
2006, con ocasión de la denuncia formulada por una ciudadana, “se puso de
presente las posibles ilicitudes cometidas en los trámites para la obtención de citas
del certificado judicial en los alrededores de la Seccional DAS Valle del Cauca,
ubicada en la ciudad de Cali (…) agrega que solo sobornando a los guardas del
DAS o comprando en los alrededores del DAS las citas, es posible tramitar el
certificado judicial”28. Por lo anterior, la fiscalía procedió a realizar las
correspondientes labores de investigación, lo que llevó a la captura de varios
funcionarios del DAS, entre los que se encontraba Luz Esperanza Vargas.
30. De acuerdo con el acta de la audiencia realizada el 2 de septiembre
de 2009 ante el Juzgado 13 penal del circuito, en la que se precluyó la
investigación a favor, entre otros, de la aquí demandante, “no debió haber
imputación ni mucho menos un escrito de acusación, cuando ni siquiera para la
imputación se tenía los cotejos de voces, entre otros elementos materiales
probatorios que más adelante iban a sustentar el juicio”29. Sin embargo, por esa
circunstancia, la víctima directa estuvo detenida 1 mes y 13 días. Es decir, el
Estado, con independencia de que su actuación fuere legítima, rompió el
principio de igualdad de las cargas públicas que debe soportar todo
ciudadano, al generársele a Luz Esperanza Vargas un daño anormal,
especial y grave.
31. En efecto, la entonces procesada estuvo privada de la libertad debido
a un proceso penal en que el Estado no logró desvirtuar su presunción de
inocencia. De manera que, la antijuridicidad del daño se deriva de la
imposibilidad que surgió dentro del proceso de justificar definitivamente la
restricción de su derecho a la libertad, lo que le generó un daño especial
que debe ser indemnizado.
2.4. Entidad a la que se le atribuye el daño
32. En el presente asunto, la Sala no advierte la configuración de la culpa
exclusiva de la víctima, causal eximente de responsabilidad posible en
materia de privaciones injustas de la libertad. De las pruebas que obran en el
expediente, no se observa que el demandante hubiese desplegado ninguna
actuación de la cual se pudiese predicar su incidencia en la causación del
daño.
28 Escrito de acusación. Folios 48 al 132 del cuaderno No. 1 del tribunal.
29 Folios 217 al 221 del cuaderno No. 1 del tribunal.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-01229-01 (49.684)
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Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia apelada
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33. Ahora bien, la Subsección encuentra que el proceso penal fue
adelantado bajo el régimen de la Ley 906 de 2004, normativa procesal penal
vigente para la época de los hechos. De acuerdo con los artículos 114, 153 y
154 de dicha legislación, la Fiscalía General de la Nación debe “[s]olicitar al
juez de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la
comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y
la protección de la comunidad, en especial de las víctimas”, entre ellas, la petición
de medida de aseguramiento. Además, según el artículo 306 de la misma
normativa, en la audiencia preliminar “[e]l fiscal solicitará al juez de control de
garantías imponer medida de aseguramiento [y una vez] escuchados los
argumentos del fiscal, Ministerio Público y defensa, el juez emitirá su decisión (…)”.
34. De lo anterior se desprende que, si bien el delegado de la fiscalía debe
presentar la petición de imposición de medida de aseguramiento, al juez de
control de garantías le corresponde proferir, de manera autónoma e
independiente, la respectiva decisión, tal y como lo manifestó el ente
acusador en el recurso de apelación. En consecuencia, como la
determinación de imponer dicha medida cautelar, de carácter personal, es
una función del ámbito de competencia de un juez de la República, se
modificará la sentencia apelada y se le atribuirá únicamente a la Rama
Judicial el daño generado por la privación injusta de la libertad de la víctima
directa.
2.5. Liquidación de perjuicios
2.5.1. Perjuicios inmateriales
35. En relación con los perjuicios morales, la Sala considera que toda
privación de la libertad causa una afectación de índole moral, así como
sentimientos de angustia, zozobra e incertidumbre, entre otros, los cuales se
presumen respecto a la persona que sufre la detención, así como también
respecto a su núcleo familiar más cercano, de acuerdo con las experiencias
generalizadas en nuestro entorno.
36. En la Sentencia de unificación de 29 de noviembre de 202130, la Sección
Tercera estableció que los perjuicios morales pueden inferirse para la víctima
directa, a partir de la prueba de la privación de la libertad. Para su cónyuge
o compañero/a permanente y para sus parientes hasta el primer grado de
consanguinidad, con la prueba de tal condición. Para las demás víctimas
indirectas, aunque la prueba del parentesco puede ser apreciada como
indicio de la existencia de relaciones estrechas con el detenido, los perjuicios
morales deben ser acreditados con otros medios de prueba.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de noviembre de
2021, exp. 18001-23-31-001-2006-00178-01 (46681).
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37. Además, se establecieron unos criterios para el cálculo de la
indemnización, según el tiempo de privación de la libertad del afectado
directo. Así, si la privación de la libertad tiene una duración igual o inferior a
un mes, se debe indemnizar con una suma fija equivalente a 5 SMLMV. De ahí
en adelante, por cada mes adicional transcurrido, se suma un monto de 5
SMLMV, y por cada día adicional al último mes transcurrido se debe sumar
una fracción equivalente a 0,166 SMLMV, la cual se obtiene de dividir 5
SMLMV entre los 30 días que generalmente tiene un mes. Lo anterior, hasta
llegar a un tope de 100 SMLMV, correspondiente a las privaciones de la
libertad con una duración igual o mayor a 20 meses.
38. Asimismo, se explicó que la indemnización no debía ser igual para todos
los demandantes, dado que la afectación que sufre quien es privado de la
libertad tiene una intensidad distinta a la afectación que padecen sus
familiares. Por tal motivo, se planteó que para los parientes en el primer grado
de consanguinidad del detenido, su cónyuge o su compañero o compañera
permanente el tope de indemnización es de 50% de lo que le corresponda a
la víctima directa. Y para los demás demandantes, cuando acrediten los
perjuicios morales, el tope máximo es del treinta por ciento 30% de lo que le
corresponda a la víctima directa.
39. Por otra parte, la Sección Tercera precisó la forma en que debían
implementarse las reglas establecidas en la Sentencia de unificación de 29
de noviembre de 2021, según lo cual, en las demandas presentadas a partir
de la ejecutoria de la Sentencia de unificación, la aplicación de las reglas
para el reconocimiento y la liquidación del perjuicio moral será inmediata. Sin
embargo, en las demandas presentadas desde el 28 de agosto de 201331
hasta la fecha de expedición de la Sentencia de unificación, en las cuales
no se solicitaron pruebas para acreditar los perjuicios morales de los parientes
en segundo grado de consanguinidad, sobre quienes no existe una
presunción, fundándose en la jurisprudencia existente en ese momento, el
juez puede hacer uso de las facultades probatorias que le otorga la ley para
garantizar su derecho al debido proceso.
40. Además, en las demandas presentadas antes de 28 de agosto de 2013,
al no existir reglas jurisprudenciales que crearan expectativa sobre el
reconocimiento del derecho, las reglas contenidas en la Sentencia de
unificación deben ser aplicadas sin ninguna reserva. Por otra parte, en
relación con la determinación de los topes máximos por perjuicios morales y
la forma de calcularlos, la sentencia será aplicada de inmediato, dado que
31 Es decir, a partir de la expedición de la anterior sentencia de unificación que estableció los criterios para reconocer
una indemnización por perjuicio moral, en la cual, la prueba del parentesco del demandante con la víctima directa
de la privación injusta de la libertad se consideraba prueba suficiente para acceder al reconocimiento del perjuicio.
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sobre ese aspecto no puede considerarse que exista una expectativa
legítima de un derecho.
41. Así las cosas, la Sala procede a liquidar los montos a reconocer por este
concepto. Debido a que no se desvirtuó la presunción de perjuicios morales
sufridos por Luz Esperanza Vargas Muñoz, con ocasión de la privación de su
libertad, ocurrida entre el 25 de junio y el 6 de agosto de 2007, se concederá
la suma de 7,16 SMLMV a su favor.
42. Por otra parte, está acreditado que, Judith Muñoz Muñoz es su madre32,
y Ana Ximena y Liliana Constanza Vargas Muñoz son sus hermanas33. Sin
embargo, no está probado que Gelbersson Jhoan Castro fuese su
compañero permanente para el momento de los hechos. Si bien obra en el
expediente una declaración extrajudicial en la que se señaló que convivían
en “unión libre” desde hace 6 años34, esta no puede valorarse porque no fue
ratificada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del CPC.
43. Además, aunque los testigos que declararon en este proceso afirmaron
que él era “su esposo”35, en el escrito de acusación se señaló que su
“compañero sentimental” era el también procesado Martín Alberto Riascos
García36. En consecuencia, como no hay certeza de la condición alegada
por Gelbersson Jhoan Castro, no se reconocerá monto alguno a su favor por
este concepto.
44. La presunción de la existencia de perjuicios morales en relación con la
madre de la víctima directa no fue desvirtuada. Respecto a la intensidad de
los perjuicios sufridos por ella, los testigos afirmaron, en términos generales,
que la familia era muy unida y que quedó “destrozada” por la detención de
Luz Esperanza Vargas, pero no señalaron de manera particular cual fue la
afectación moral padecida por la madre de la entonces sindicada37. En
consecuencia, se reconocerá a su favor, el 40% del perjuicio que por el mismo
concepto fue concedido a la víctima directa, lo que equivale a 2,86 SMLMV
a favor de Judith Muñoz Muñoz.
45. En relación con las hermanas de la demandante principal, no hay
prueba en el expediente que dé cuenta, de manera concreta, de la
existencia de relaciones estrechas de solidaridad o afecto con la víctima
directa, ni tampoco su afectación específica con la privación de la libertad
32 De conformidad con el registro civil de nacimiento de Luz Esperanza Vargas Muñoz, visible a folio 6 del cuaderno
No. 1 del tribunal.
33 Según los registros civiles de nacimiento que obran a folios 8 y 9 del cuaderno No. 1 del tribunal.
34 Folio 10 del cuaderno No. 1 del tribunal.
35 De acuerdo con lo manifestado por Johanna Torres Berrio (folio 55 del cuaderno No. 2 del tribunal). En el mismo
sentido, Sabydonaty Bustos Tafur afirmó que, Jhoan Castro era el “compañero sentimental” de la víctima directa
(folio 57 del cuaderno No. 2 del tribunal).
36 Folio 88 del cuaderno No. 1 del tribunal.
37 Folios 54 al 61 del cuaderno No. 2 del tribunal.
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de Luz Esperanza Vargas. Como se señaló en precedencia, los testigos
hicieron alusiones genéricas al sufrimiento de la familia, pero no señalaron, de
manera particular, cuál fue el perjuicio moral sufrido por cada una de sus
hermanas. Por esta razón, y en la medida en que la simple prueba del
parentesco no se estima como un elemento suficiente para dar por
demostrados los perjuicios morales reclamados, no se concederá ningún
monto a favor de Ana Ximena y Liliana Constanza Vargas Muñoz.
46. De otro lado, la Sala observa que, en el recurso de apelación, la parte
actora solicitó que se reconocieran los montos solicitados en la demanda a
título de perjuicios por daño a la vida de relación. Esta Subsección precisa
que esta categoría ya no se reconoce en esta jurisdicción, sin embargo, se
tendrá en cuenta la tipología vigente en la jurisprudencia para indemnizar los
perjuicios que resulten acreditados en el expediente y hayan sido alegados.
47. En efecto, esta Corporación ha definido dos categorías autónomas de
perjuicio inmaterial, distintas al perjuicio moral, que son el daño a la salud y la
vulneración relevante a bienes o derechos convencional y
constitucionalmente protegidos . En relación con la primera, se ha explicado
38
que esta se refiere “a la afectación de la integridad psicofísica del sujeto”39. Sin
embargo, en el presente caso no obra ninguna prueba que acredite que los
demandantes sufrieron una alteración de sus condiciones psicofísicas con
ocasión de la privación de la libertad de la víctima directa.
48. No obstante, la Sala sí advierte una afectación del derecho al buen
nombre de Luz Esperanza Vargas. Según lo manifestado por Johanna Torres
“después de lo que pasó que ella fue señalada, se hicieron comentarios en el barrio
mal intencionados (…)”40. Así mismo, los testigos afirmaron que la noticia se
difundió en los medios de comunicación, lo que encuentra respaldo en los
recortes de prensa aportados con la demanda41.
49. El ejercicio del poder punitivo del Estado se sustenta en la confianza
legítima de toda la población, que lo acata porque presume su corrección.
De manera que, una decisión de este tipo, en ausencia de un título jurídico
que justifique la restricción del derecho a la libertad, conlleva
necesariamente un menoscabo en la reputación de quien la soporta, como
38 Así lo ha explicado esta Corporación: “La tipología del perjuicio inmaterial se puede sistematizar de la siguiente
manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o
interés legítimo constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño
corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización a través de las
tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o
mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la
honra; el derecho a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea
preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta Corporación”. Consejo
de Estado, Sala Plena. Sentencia de 14 de septiembre de 2011, rad. 19031 y 38222.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencias de 14 de septiembre de
2001, Exp. 19.031 y 38.222, reiterada en la Sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 31.170.
40 Folio 55 del cuaderno No. 2 del tribunal.
41 Folios 32 al 41 del cuaderno No. 1 del tribunal.
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ocurrió en el presente asunto.
50. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, de la vulneración al
buen nombre se deriva siempre y necesariamente un perjuicio sobre “la
reputación, o el concepto que de la persona tenían los demás”42, un deterioro de
la apreciación que se tenía del sujeto por la conducta que observaba en su
desempeño dentro de la sociedad43. Este asunto, ha sido considerado en la
jurisprudencia un “factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona
debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad”44. De ahí la
gravedad del perjuicio que debe repararse con ocasión de la afectación al
buen nombre de la demandante principal.
51. Así las cosas, se ordenará a la Rama Judicial que emita un comunicado
en el que se disculpe con Luz Esperanza Vargas Muñoz por el perjuicio
causado. De acuerdo con el principio según el cual este tipo de reparaciones
integrales debe concertarse con la víctima, dicha demandante deberá
informar a esa entidad, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta
providencia, si ese documento solamente le será entregado en físico o si,
además, desea que se publique en las plataformas de comunicación y
difusión de la Rama Judicial, por lo que así procederá esta entidad una vez
tenga conocimiento de esa decisión. De no hacerse ninguna manifestación
durante ese lapso, se entenderá que la víctima directa opta porque las
disculpas se expresen de forma privada y así se cumplirá de manera
inmediata.
2.5.2. Perjuicios materiales
52. A título de daño emergente, el tribunal reconoció a favor de Luz
Esperanza Vargas, la suma de $21.132.641, por concepto de honorarios
profesionales que, según afirmó, tuvo que pagar al abogado que intervino
en su defensa dentro del proceso penal. En la Sentencia de 18 de julio de
201945, la Sala Plena de la Sección definió como requisitos para el
reconocimiento de este perjuicio, los siguientes: 1) la prueba de la real
prestación de los servicios del abogado y 2) la factura o documento
equivalente que registre el valor de los honorarios y la prueba de su pago.
Como no se aportaron al expediente las facturas o documentos equivalentes
en los términos previstos por la sentencia de unificación señalada, al igual que
en los artículos 615 y 617 del Estatuto Tributario, se revocará esta
determinación, por lo que no se reconocerá monto alguno por ese concepto.
42 Corte Constitucional. Sentencia C-489 de 2002.
43 Corte Constitucional. Sentencia C-452 de 2016.
44 Corte Constitucional. Sentencia T-977 de 1999.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 18 de julio de 2019, Exp.
44572.
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53. A título de lucro cesante, en la sentencia apelada se reconoció la suma
de $2.013.705, correspondiente a los salarios que dejó de percibir la víctima
directa con ocasión de la privación de su libertad. En efecto, está acreditado
que, para la época de los hechos, Luz Esperanza Vargas se desempeñaba
en el cargo de “Detective” en el D.A.S, Seccional Valle del Cauca, y que fue
retirada “del servicio por insubsistencia” mediante Resolución No. 683 de 21 de
junio de 2007, la cual se hizo efectiva el 23 del mismo mes y año46.
54. La Sala no reconocerá este perjuicio porque no se demostró que la
decisión administrativa que la desvinculó del cargo sobrevino como
consecuencia de la medida de aseguramiento adoptada dentro del
proceso penal –pues aquella fue anterior, incluso, a su captura- y, en todo caso,
dicho acto estaba sujeto al control judicial ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo con el fin de que se restablecieran sus derechos
laborales, no siendo procedente esta acción para el pago de esas sumas. Por
lo tanto, se revocará esta determinación de la sentencia apelada y no se
reconocerá monto alguno por concepto de lucro cesante.
2.6. Costas
55. En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la
actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en
costas, de conformidad con lo previsto por el artículo 171 del C.C.A.,
modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución y la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: MODIFICAR la Sentencia proferida el 29 de abril de 2013 por el
Tribunal Administrativo de Valle del Cauca, de conformidad con las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: DECLARAR a la Nación – Rama Judicial responsable por los
perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de la privación injusta
de la libertad de Luz Esperanza Vargas Muñoz, por el período comprendido
entre el 25 de junio y el 6 de agosto de 2007.
TERCERO: CONDENAR a la Nación – Rama Judicial a pagar, por concepto de
46 De acuerdo con la certificación suscrita por el coordinador del grupo de administración de personal del DAS. Folio
29 del cuaderno No. 1 del tribunal.
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Actor: Luz Esperanza Vargas Muñoz y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otro
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: Modifica sentencia apelada
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perjuicios morales, las siguientes sumas expresadas en salarios mínimos legales
mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia:
Demandante Monto
Luz Esperanza Vargas Muñoz 7,16 SMLMV
Judith Muñoz Muñoz 2,86 SMLMV
CUARTO: ORDENAR a la Nación – Rama Judicial que emita un comunicado
en el cual ofrezca disculpas a Luz Esperanza Vargas Muñoz por la afectación
de su derecho al buen nombre, en los términos expuestos en esta decisión.
QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
SEXTO: NO CONDENAR en costas.
SÉPTIMO: EJECUTAR esta sentencia en los términos establecidos en los artículos
176 y 177 del C.C.A.
OCTAVO: Para el cumplimiento de esta providencia, EXPEDIR copia de la
sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115
del Código de Procedimiento Civil. Para tal efecto, el tribunal de instancia
cumplirá lo previsto por el artículo 362 del C.P.C.
NOVENO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriado este
proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su
competencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Salva voto Aclara voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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