Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05827-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05827-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-05827-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
13 de diciembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05827-00
Demandante: Wilmar Reyes Moreno y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-05827-00
Demandante WILMAR REYES MORENO Y OTROS
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A Y
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas Acción de tutela contra providencia judicial de una alta Corporación.
Causales de procedibilidad. Desconocimiento del precedente judicial.
Violación directa a la Constitución. Medio de control de reparación
directa-privación injusta de la libertad. Régimen de responsabilidad
aplicable.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia, la acción de tutela incoada por Wilmar Reyes Moreno y otros, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 29 de septiembre de 20231, por conducto de apoderado judicial, los señores
Wilmar Reyes Moreno, Leyda Milena Moreno de Reyes, Nelson Reyes Arteaga y
Harrison Reyes Moreno interpusieron acción de tutela contra la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado y contra el Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia y el principio de seguridad
jurídica, con ocasión a las sentencias del 28 de marzo del 2014 y del 31 de mayo
de 2023 proferidas en el proceso de reparación directa Nro. 76001-23-31-000-2011-
00490-00/01 (52268). En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Sírvanse señor Juez Constitucional, amparar los derechos fundamentales al
DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
JURISPRUDENCIAL (Sentencias de Unificación). A LA SEGURIDAD JURIDICA Y ACCESO
A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior déjese sin efectos las sentencias del 28 de
marzo de 2014 del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca y la sentencia del
27 de abril de 2023 del Consejo De Estado Sección Tercera Subseccion “C” (sic) dictadas
dentro del radicado 76001-23-31-000-2011-00490-00 y 01 primera y segunda instancia y se
dicte sentencia de remplazo en la que se acceda a las pretensiones de la demanda inicial con
especial aplicabilidad al Derecho a la Igualdad.
TERCERA: ordénese al CONSEJO DE ESTADO, SECCION TERCERA; SUBSECCION “C”
(sic) que en el término que este lo disponga, se dicte un nuevo fallo teniendo en cuenta la
SENTENCIA DE UNIFICACION. – del CONSEJO DE ESTADO. - SECCION TERCERA. –
Magistrado ponente: MARTIN BERMUDEZ MUÑOZ del 29 de noviembre de 2021 dentro del
radicado: 18001-23-31-000-2006-00178-01(46681) (sic). Demandante: JOSE DIDIMO Y
OTROS. –Demandados: NACION – FISCALIA GENERAL DE LA NACION Y OTROS La cual
tiene en cuenta las reglas de unificación vigentes, adoptadas en la sentencia de unificación
del 28 de agosto 2014.
1 Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de Estado: Samai (índice 2).
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Demandante: Wilmar Reyes Moreno y otros
CUARTA: Que se dé aplicabilidad al derecho a la igualdad.
QUINTA: Lo que en derecho corresponda para que se le restablezcan los derechos.»2
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El señor Wilmar Reyes Moreno y algunos de sus familiares promovieron medio
de control de reparación directa contra la Nación, Rama judicial, la Fiscalía
General de la Nación y el extinto Departamento Administrativo de Seguridad
DAS, representado por la Fiduprevisora SA, para que se declarara su
responsabilidad administrativa y patrimonial por la privación de la libertad
expuesta en los hechos de la demanda y se les condenara al pago de
perjuicios materiales e inmateriales.
En los antecedentes del caso se lee que, con ocasión a la investigación penal
que se adelantó en contra del señor Wilmar Reyes Moreno por los delitos de
falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento
público y concierto para delinquir, la Fiscalía General de la Nación le impuso
medida de aseguramiento de detención preventiva en su residencia, el 23 de
junio de 2007. Al procesado se le imputó por presuntamente pertenecer a una
red de funcionarios del DAS que vendía citas a los ciudadanos para alterar la
información sobre antecedentes judiciales que aparece en la base de datos de
esa entidad. Al final, fue acusado solo por el delito de falsedad material en
documento público.
Posteriormente, el 14 de diciembre de 2007 el Juzgado 14 Penal del Circuito
de Cali ordenó la libertad inmediata del actor, por vencimiento de términos y el
2 de septiembre de 2009, el Juzgado 13 Penal del Circuito de Cali, a solicitud
de la Fiscalía, decretó la preclusión a favor del actor, por imposibilidad de
desvirtuar su presunción de inocencia.
El señor Wilmar Reyes Moreno permaneció privado de la libertad en su
residencia desde el 23 de junio hasta el 14 de diciembre de 2007.
2.2. El conocimiento del asunto, en primera instancia, correspondió al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca bajo el radicado 76001-23-31-000-2011-
00490-00.
En sentencia del 28 de marzo de 2014, la autoridad judicial declaró probada la
excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del extinto DAS y
negó las pretensiones de la demanda.
Como fundamento de su determinación indicó que la causa petendi relativa a
la privación injusta de la libertad solo se podía atribuir a las autoridades
judiciales, sin que el DAS tuviera tal calidad. En todo caso, precisó que en el
marco de la Ley 906 de 2004 solo el juez con funciones de control de garantías
puede imponer medida de aseguramiento y, en este caso, se acreditó que esa
autoridad contaba con la evidencia física que le permitía inferir la participación
del actor en los delitos por los cuales se le investigó.
2.3. La parte actora apeló la sentencia de primera instancia. Destacó que el a quo
desconoció los medios de convicción que acreditaban la falla en el servicio al
momento de imponer la medida de aseguramiento y que el archivo del proceso
penal en favor del señor Wilmar Reyes Moreno configuró el daño antijurídico,
consistente en la privación injusta de la libertad que no estaba en la obligación
de soportar.
2 Páginas 2 y 3 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.
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2.4. En sentencia del 31 de marzo de 2023, la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado confirmó la decisión de primera instancia. La autoridad
judicial argumentó que la medida de aseguramiento de detención preventiva
estuvo ajustada a derecho y fue proporcional y razonable, lo que descarta la
concreción de una falla en el servicio atribuible al ente investigador.
Aclaró que la declaratoria de preclusión en el proceso penal no conlleva una
falla al momento de decretar la medida de aseguramiento, pues la decisión
obedeció a la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia del actor,
pero no a que los hechos no hubieran existido.
La sentencia se notificó a través de edicto electrónico que se registró el 28 de
abril de 20233.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora considera que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
desconoció el precedente judicial fijado en la sentencia de unificación del 17 de
octubre de 2013 (Exp. 23354) y en la sentencia de unificación del 29 de noviembre
de 2022 (Exp. 46681).
Los tutelantes alegaron que las autoridades de instancia desconocieron su derecho
a la igualdad debido a que otras personas que fueron investigadas por los mismos
hechos y cuyo proceso penal terminó por preclusión, sí fueron indemnizados por el
Estado con ocasión a la privación injusta de la libertad de la que fueron objeto.
Relacionaron los siguientes procesos en los que se emitió decisión a favor de los
demandantes en idéntico escenario fáctico:
(i) Proceso nro. 76001-23-31-000-2011-01364-00 (53969), sentencia del 15
de febrero de 2018, con ponencia de la magistrada Marta Nubia
Velásquez Rico, actora: Renata Andrea Prado.
(ii) Proceso nro. 76001-23-31-000-2011-01359-01 (51543), sentencia del 19
de junio de 2020, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico (e), actor: Alexander
Horacio Ojeda Canchala.
(iii) Proceso nro. 76001-23-31-000-2011-01229-01 (49.684), sentencia del 6
de febrero de 2023. M.P. Alberto Montaña Plata, actor: Luz
Esperanza Vargas Muñoz
(iv) Proceso nro. 76001-23-31-000-2011-00928-01 (51627), sentencia del 14
de diciembre de 2022. M.P. Nicolás Yepes Corrales.
Invocaron otras providencias en las que se conoció el mismo escenario fáctico, pero
fueron revocadas en segunda instancia por la Sección Tercera del Consejo de
Estado por considerar que la medida de aseguramiento impuesta fue razonable.
Destacaron que la decisión de casos con igual escenario fáctico garantiza el
principio de seguridad jurídica, pues la previsibilidad de las decisiones judiciales da
certeza sobre el contenido de los derechos y su garantía.
Reprocharon que los procesos de reparación directa por privación injusta de la
libertad dentro de la denominada «Operación Sultana» sean resueltos de manera
disímil. En suma, insisten que se está teniendo un entendimiento desbordado del
principio de autonomía y del arbitrio judicial para decidir los casos.
3 Samai, índice 45. Proceso nro. 76001233100020110049001
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4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 9 de octubre de 2023, el despacho sustanciador requirió a la parte
demandante para que subsanara la acción de tutela en los siguientes
aspectos: (i) identificar las providencias judiciales acusadas, señalar quien las
profirió y aportarlas en copia simple; (ii) argumentar cómo se acreditan los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales en cada caso; (iii) y hacer algunas precisiones sobre los accionantes
y su legitimación y representación para actuar en el proceso constitucional.
4.2. El requerimiento se cumplió en memorial del 17 de octubre de 2023, por lo que
el despacho ponente admitió la acción de tutela interpuesta por Wilmar Reyes
Moreno, Leyda Milena Moreno de Reyes, Nelson Reyes Arteaga y Harrison
Reyes Moreno, quienes actúan a través de apoderado judicial, contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.
Además, vinculó, en calidad de terceros, a la Nación, Rama Judicial, a la
Fiscalía General de la Nación, a la Fiduprevisora S.A. (vocera de la defensa
jurídica del extinto DAS), y a las señoras Yesika Reyes Moreno y Evelyn Reyes
Moreno. Esta vinculación obedeció al interés que les asiste dada su calidad de
sujetos procesales en el medio de control de reparación directa nro. 76001-23-
31-000-2011-00490-01 (52268).
4.3. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
conducto del magistrado Jaime Enrique Rodríguez Navas, solicitó que esa
Sala de decisión sea desvinculada de la acción de tutela. Advirtió que el actor
se equivocó al mencionar en la demanda que la sentencia acusada fue
proferida por esa Subsección, pues en realidad la sentencia del 31 de marzo
de 2023 dentro del expediente 52268 fue proferida por la magistrada Marta
Nubia Velásquez Rico, quien hace parte de la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
4.4. Por auto del 30 de octubre de 2023, el despacho corrigió un error de digitación
del radicado del proceso ordinario de reparación directa objeto de análisis y
vinculó a la acción de tutela a la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado comoquiera que fue la autoridad que profirió sentencia de
segunda instancia dentro del proceso 76001-23-31-000-2011-00490-00/01.
4.5. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por
conducto de la magistrada Marta Nubia Velásquez Rico, solicitó que se declare
la improcedencia de la acción de tutela porque no se acreditó un escenario de
vulneración ius fundamental ni la configuración de los defectos por
desconocimiento del precedente judicial o violación directa a la Constitución.
Precisó que el marco jurídico para decidir la segunda instancia del proceso de
reparación directa estaba determinado por las sentencias SU072 de 2018 y
SU363 de 2021, cuyos efectos son retrospectivos. Las reglas de decisión en
estas sentencias establecen que no existe un régimen de responsabilidad
específico que deba aplicarse a casos de privación injusta de la libertad, sino
que corresponde al juez en cada caso determinarlo en aplicación del principio
iura novit curia, pero aclararon que, en cada asunto debe estudiarse si la
medida restrictiva de la libertad fue manifiestamente irrazonable y
desproporcionada, pues no puede predicarse como regla general una
responsabilidad objetiva.
Sobre los casos con supuesta identidad fáctica en la que se declaró la
responsabilidad del Estado, la magistrada advirtió que en el curso del proceso
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penal hubo un rompimiento de la preclusión, de manera que con ese hecho se
desvirtúa la similitud entre los eventos y se justifican las decisiones disímiles.
4.6. La Fiscalía General de la Nación, por conducto de profesional especializada
de la Dirección de Asuntos Jurídicos, expuso que el asunto no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, porque lo que pretende la parte actora
es retrotraer las actuaciones procesales de un asunto que ya surtió su trámite,
lo cual desconoce la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela.
En la misma línea de improcedencia, advirtió que la acción de tutela no supera
el presupuesto de subsidiariedad, dado que los accionantes cuentan con
recursos ordinarios y extraordinarios para cuestionar la decisión judicial y
procurar la protección de sus derechos, pero no los incoaron. Agregó que,
tampoco se expuso un perjuicio irremediable que justifique la intervención del
juez constitucional.
Finalmente, dijo que de la providencia acusada se extracta que el juzgador
fundamentó su decisión en el marco jurídico y jurisprudencial pertinente y
vigente, y realizó la debida y motivada valoración de los medios de prueba del
proceso, por lo que no se acreditó la ocurrencia de los defectos invocados.
4.7. El Patrimonio Autónomo PAP Fiduprevisora S.A. Defensa Jurídica del Extinto
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y su Fondo Rotatorio, cuyo
vocero es la Previsora S.A., en adelante PAP Fiduprevisora S.A., por
conducto de apoderado judicial, en primera medida, precisó que a quien le
corresponde asumir la representación jurídica del DAS por este caso es a la
Fiscalía General de la Nación.
Acto seguido, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela
porque no supera los requisitos generales de procedibilidad. Dijo que la
cuestión discutida no tiene relevancia constitucional en razón a que no existe
un escenario de violación de derechos fundamentales. Agregó que se superó
el término de inmediatez comoquiera que han transcurrido más de 7 meses
desde que cobró ejecutoria la sentencia acusada. Finalmente destacó que no
se acreditó la configuración de una irregularidad procesal ni se supera el
requisito de subsidiariedad debido a que no se interpuso el recurso
extraordinario de revisión ni la solicitud de extensión de jurisprudencia.
4.8. El Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, por conducto de abogado de la División de
Procesos, solicitó que se analice la posible temeridad entre la acción de tutela
objeto de análisis y la incoada por el señor Hader Hernán Ramírez, identificada
con la radicación Nro. 11001-03-15-000-2023-04902-00.
De otra parte, advirtió que las decisiones judiciales acusadas se emitieron de
conformidad con el marco jurídico aplicable y el análisis de las pruebas del
proceso, premisas que permitieron concluir a la accionada que la medida de
aseguramiento no fue ilegal ni injusta, sino más bien razonable.
También destacó que la acción de tutela no se interpuso en un plazo razonable
debido a que transcurrieron más de siete meses desde la notificación de la
sentencia cuestionada. Manifestó que la acción de tutela se interpuso para
reabrir el debate jurídico debidamente clausurado en el proceso ordinario por
el juez contencioso, sin que de su decisión pueda predicarse el
desconocimiento del precedente vigente.
Indicó que las sentencias que fueron relacionadas como precedente en la
acción de tutela no tienen vocación unificadora como las citadas por la
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accionada en su decisión, sino que se trata de providencias con efectos inter-
partes.
4.9. Yesika Reyes Moreno y Evelyn Reyes Moreno, terceras vinculadas,
manifestaron su adhesión a la acción de tutela por considerar que las
sentencias acusadas vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La contra providencias judiciales de altas corporaciones
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5
y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional7 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la Corte
Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la acción de
amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las encargadas de
4 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo que los principios
de autonomía e independencia judicial adquieren mayor relevancia. Es así como, la
Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto adicional para admitir la
procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial atacada debe contener un
error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de manera directa con la
Constitución Política y que justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una Alta Corporación, corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias causales
especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en la providencia
judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con la Constitución
Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
3.1. Previo a plantear el problema jurídico, debe la Sala señalar que se encuentran
cumplidos en este caso todos los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, comoquiera que la petición de
amparo: (i) comporta relevancia constitucional en tanto se alega la
configuración de defectos por desconocimiento del precedente y violación
directa a la Constitución en una sentencia judicial de una alta Corporación; (ii)
se hizo una descripción clara de los hechos y pretensiones de la demanda de
tutela; (iii) contra la providencia no proceden recursos ordinarios ni
extraordinarios a través de los cuales puedan procurar la protección de sus
derechos; (iv) la petición de amparo se hizo en un plazo razonable si se
considera que la sentencia acusada se notificó a través de edicto electrónico
que se registró el 28 de abril de 2023; y (v) no se discute una sentencia de
tutela.
Relativo a la relevancia constitucional, conviene agregar que la acción de
tutela no se toma como una tercera instancia, pues en el proceso ordinario la
apelación se fundamentó en la indebida valoración de los medios de prueba
que en consideración de la actora acreditaban los elementos del daño
antijurídico e imputación. De otra parte, en este mecanismo constitucional se
discute la aplicación de varias sentencias de unificación al caso particular y la
vulneración del derecho a la igualdad de los accionantes en relación con
sentencias emitidas en procesos con identidad fáctica en las que la Sección
Tercera del Consejo de Estado sí condenó a las demandadas.
3.2. También se precisa que el análisis de los argumentos de la acción de tutela se
restringirá a la sentencia de segunda instancia proferida en el curso del
proceso de reparación directa nro. 76001-23-31-000-2011-00490-01 (52268).
Esta delimitación del problema jurídico obedece a que las inconformidades
contra la sentencia de primera instancia se deben presentar ante la autoridad
competente en ejercicio del recurso idóneo, para este caso, el de apelación.
En esa medida, es en la segunda instancia donde se define la controversia y
en la que corresponde al juez de tutela concentrar el análisis de la alegada
vulneración ius fundamental.
3.3. Adicional a lo anterior, conviene en este punto aclarar que no se encuentra
configurada la actuación temeraria alegada por la Rama Judicial en su
respuesta al auto admisorio, pues la acción de tutela nro. 11001-03-15-000-
2023-04902-00 y la que ahora se estudia son diferentes en cuanto a sujeto,
objeto y pretensiones. En el proceso constitucional citado por la Rama Judicial
obra como demandante el señor Hader Hernán Ramírez, como demandada la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado y se pretende que
se deje sin efectos la sentencia del 31 de octubre de 2022, proferida dentro del
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proceso de reparación directa nro. 76001-23-31-000-2011-00411-01 (exp. 51981).
Lo que observa es que algunos errores de digitación en los que incurrió el
señor Wilmar Reyes Moreno en el escrito de tutela pudieron haber generado
confusión a la vinculada, pero aunque son casos que tienen similitudes fácticas
no se trata de un caso de temeridad.
3.4. Dicho lo anterior, corresponde ahora a la Sala establecer si al proferir la
sentencia del 31 de marzo de 2023, en el marco del medio de reparación
directa nro. 76001-23-31-000-2011-00490-01 (52268), la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado incurrió en desconocimiento del
precedente judicial y en violación directa a la Constitución.
La Sala advierte que estudiará los defectos de manera conjunta porque tienen
origen en la misma inconformidad: el desconocimiento del precedente judicial
que afecta el derecho fundamental a la igualdad. De una parte, porque se
omitió la aplicación al caso particular de las reglas de decisión de varias
sentencias de unificación y, de otra, porque el caso particular desconoce
sentencias previas con identidad fáctica en las que se declaró la
responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.
4. Análisis del caso particular
4.1. Previo al análisis de los cargos expuestos en la acción de tutela, se hará una
breve referencia a los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia del 31
de marzo de 2023, para definir el contexto a partir del cual se originaron las
inconformidades de los accionantes:
La autoridad judicial accionada centró su análisis en el artículo 90
constitucional y en las sentencias C-037 de 1996 y SU072 de 2018 en lo
relativo al régimen de responsabilidad, elementos y título de imputación para
los eventos de privación injusta de la libertad. En relación con los presupuestos
para analizar la razonabilidad de la medida de aseguramiento se precisó que
debía atenderse a lo que al respecto reguló la Ley 906 del 2004, aplicable al
evento de privación de la libertad que se analiza.
Establecido lo anterior, procedió con el análisis de las pruebas del proceso y
concluyó que la medida acogió el artículo 308 de la Ley 906 de 2004 en tanto
de la evidencia física y elementos materiales de prueba se podía inferir
razonablemente la coautoría del procesado en los hechos delictivos por los
cuales se le investigó. Esa evidencia sugería que el señor Wilmar Reyes
Moreno hacía parte de un grupo que se concertó para cometer varios ilícitos
por lo que se requería vigilancia estricta y tomar las medidas para evitar que
en su calidad de funcionario continuara con las prácticas imputadas. Al
respecto, en la sentencia acusada, se indicó:
«(…) de la audiencia celebrada el 23 de junio de 2007 ante el Juzgado 2 Penal de Control de
Garantías de Cali11 para la legalización de captura, formulación de imputación e imposición
de medida de aseguramiento se extrae lo siguiente:
En agosto de 2006, una ciudadana denunció por correo electrónico dirigido a la Presidencia
de la República, el que luego fue remitido al grupo Anticorrupción del DAS, que no era posible
realizar el trámite del certificado de antecedentes judiciales en la Seccional Valle del Cauca
de esa entidad, dado que las líneas telefónicas “siempre” permanecían ocupadas, pero que sí
era posible a través de tramitadores que cobraban $20.000, en connivencia con funcionarios
del DAS.
Esta situación fue verificada por investigadores del DAS, quienes lograron hablar con varios
tramitadores, obtener algunos números de teléfono y hacer interceptaciones, de ahí que fuera
puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que adelantó el programa
metodológico de investigación y encontró varias irregularidades por parte algunos funcionarios
del Área de Identificación del DAS Seccional Valle del Cauca, relacionadas con la asignación
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de citas para la obtención del certificado de antecedentes judiciales y con el manejo del
sistema de información SIFDAS, base de datos que administraba esa entidad.
Al realizar auditoría al sistema de identificación del cual el señor Wilmar Reyes Moreno era
uno de los responsables, la Fiscalía 100 Seccional de Cali encontró que el entonces
funcionario realizó modificaciones con el propósito de ocultar anotaciones judiciales de
personas con antecedentes penales, cuyos nombres el fiscal presentó ante el juez de control
de garantías, así como también la verificación que hizo con diferentes establecimientos
carcelarios para determinar que los beneficiados sí tenían antecedentes, esto con el fin de que
pudieran obtener certificados judiciales y salir del país, entre otras prerrogativas. (…) »
También se argumentó en la sentencia que al menos dos de los delitos
(falsedad ideológica y falsedad material en documento público) tenían una
pena superior a los cuatro años de prisión por lo que era procedente la
detención preventiva en centro carcelario, pero el juez con funciones de control
de garantías encontró proporcional que la medida se cumpliera en su lugar de
residencia, pues se probó el arraigo, la carencia de antecedentes penales y la
imposibilidad de continuar con la práctica reprochada en un lugar diferente a
su sitio de trabajo.
La sentencia acusada destacó que el señor Wilmar Reyes Moreno no objetó
la medida de aseguramiento.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró que la medida de
aseguramiento impuesta al señor Wilmar Reyes Moreno «se ajustó a derecho,
pues no desbordó los criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad
inherentes a la adopción de este tipo de decisiones.»
Finalmente, la autoridad judicial hizo la siguiente precisión sobre los motivos
que fundamentaron la decisión de preclusión de la investigación penal:
«Se observa que la preclusión decretada en audiencia del 2 de septiembre de 2009 no se
basó en elementos de juicio que demostraran una actuación irregular al momento de
imponerse la medida de aseguramiento y obedeció a que no se pudo desvirtuar la presunción
de inocencia del actor8 .
En síntesis, a pesar de que se hubiese proferido la preclusión a favor del acusado, a la
Subsección no le corresponde determinar si esa decisión fue acertada o no, sino que el
análisis se debe limitar a los requisitos para la imposición de la medida de aseguramiento9, los
cuales, en criterio de la Sala, se cumplieron y justificaban la decisión proferida por el juez de
control de garantías.»
4.2. Relativo al alcance del cargo por desconocimiento del precedente judicial, se
recuerda que alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado y
8 «En la audiencia del 2 de septiembre de 2009 el Juzgado 13 Penal del Circuito de Cali señaló que (se
trascribe de forma literal): “(…) en el caso concreto no es posible que todas las preclusiones deban
despacharse bajo el argumento de que el hecho no existió, ya que hay hechos que existieron, solo que no
se pueden probar, otros que son atípicos o que simplemente los aquí investigados no son responsables,
son estas las razones que llevan a este funcionario a realizar un rompimiento de esta preclusión (…) Wilmar
Reyes Moreno CC (…), por imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia (…)”. (Se destaca) (Fls.
9 a 12 del cuaderno 1).»
9 «La Corte Constitucional dictó la sentencia SU-072 de 2018, a través de la cual precisó que ningún cuerpo
normativo -a saber, ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ni la
sentencia C-037 de 1996- estableció un régimen de responsabilidad específico aplicable en los eventos de
privación de la libertad, por lo que al operador judicial le corresponde determinar si la privación fue apropiada,
razonable y proporcionada. su vez, mediante sentencia del 15 de agosto de 2018, la Sala Plena de la
Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su criterio frente a este tipo de casos; sin embargo, dicha
providencia quedo sin efectos por vía de tutela, por lo que el 6 de agosto de 2020 se profirió el
correspondiente fallo de reemplazo, este último que, si bien no se adoptó como determinación de unificación,
recogió de manera enunciativa la más reciente jurisprudencia sobre la materia, particularmente la definida
por la Corte Constitucional, en la sentencia C-037 de 1996, en la que se sostuvo que en los casos de
privación injusta de la libertad debía examinarse la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este
derecho fundamental, pues, en su criterio, no resulta viable la reparación automática de los perjuicios en
dichos eventos, con lo que se descarta, en este caso, el régimen objetivo que puso de presente el Ministerio
Público en segunda instancia.»
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sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese
precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento
de decidir el nuevo caso.
Esta Sala ha precisado que es posible plantear la transgresión del precedente
si se demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones judiciales que
guardan identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita su aplicación;
(ii) que tales decisiones sean vinculantes para la autoridad judicial demandada,
tanto por ser el precedente vigente, como por tener la fuerza vinculante
suficiente; (iii) que la decisión judicial que se cuestiona en sede de tutela sea
contraria al precedente vinculante; y (iv) que el juez de instancia no presente
una justificación razonable para apartarse del precedente vinculante.
La Corte Constitucional ha distinguido dos tipos de precedente: el horizontal y
el vertical. El primero, refiere a las reglas de decisión fijadas por autoridad
judicial de igual jerarquía. De otra parte, el vertical se relaciona con los
lineamientos establecidos por instancias superiores, es decir, por los órganos
de cierre de cada jurisdicción o por la Corte Constitucional10.
En la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el órgano de cierre es el
Consejo de Estado. Esta Corporación en pleno o sus secciones están
facultadas para emitir providencias de unificación por razones de importancia
jurídica, económica y/o social o para sentar una postura en torno a un
determinado asunto que genera discrepancias. Esta labor se hace a través de
los mecanismos internos de unificación consagrados en el artículo 271 del
CPACA y la providencia derivada del ejercicio de esta potestad unificadora se
erige como precedente horizontal en relación con las secciones y
subsecciones del Consejo de Estado, según sea al caso, y como precedente
vertical respecto de los jueces y tribunales administrativos.
4.3. Establecido lo anterior, se tiene que la sentencia acusada se fundamentó en
el marco jurisprudencial pertinente y vigente, esto es: en la SU072 de 2018 de
la Corte Constitucional que retomó la ratio de la sentencia C-037 de 1996.
Estas providencias tienen efectos retrospectivos lo que implica que, por regla
general, su contenido debe ser aplicado de manera inmediata a los procesos
que se encuentren en curso. Como fundamento de esta afirmación se puede
consultar la sentencia SU406 de 2016.
Por tal motivo, se descarta el alegato según el cual el caso debió decidirse en
aplicación del régimen objetivo de responsabilidad, conforme al precedente
vigente al momento de interposición de la demanda (sentencia del 17 de octubre
de 2023), pues se trata de una tesis jurisprudencial que ya no estaba vigente y
que fue expresamente recogida en la sentencia SU072 de 2018 (que sirvió
como premisa fáctica para fundamentar la decisión cuestionada) y cuyos efectos,
se recuerda, son generales e inmediatos.
Al respecto en la sentencia SU072 de 2018, se lee:
«120. Definir, una fórmula rigurosa e inflexible para el juzgamiento del Estado en los casos de
privación injusta de la libertad contraviene el entendimiento del artículo 68 de la Ley 270 de
1996 y de paso el régimen general de responsabilidad previsto en el artículo 90 de la
Constitución Política.
121. Determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga la absolución
por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia –aplicación del principio in dubio pro
reo-, o incluso en otros eventos, por ejemplo, cuando no se acreditó el dolo, es decir, operó
una atipicidad subjetiva, el Estado debe ser condenado de manera automática, esto es, a partir
de un título de imputación objetivo, sin que medie un análisis previo que determine si la
decisión a través de la cual se restringió preventivamente la libertad fue inapropiada,
10 Cfr. Corte Constitucional de Colombia. SU113 de 2018; T-309 de 2015 y T-794 de 2011.
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irrazonable, desproporcionada o arbitraria, transgrede un precedente constitucional con
efecto erga omnes, concretamente la sentencia C-037 de 1996.»
Conforme a lo anterior, considera la Sala que no se concreta el defecto por
desconocimiento del precedente judicial al haber aplicado las reglas de
decisión de las sentencias SU072 de 2018 y C-037 de 1996, por el contrario,
como ya se indicó ese era el marco jurisprudencial aplicable y vigente al
momento en que se adoptó la decisión cuestionada.
4.4. Relativo a la aplicación de la sentencia del 29 de noviembre de 2001 ( exp.
46681), debe precisarse que en ésta la Sección Tercera del Consejo de Estado
unificó su postura en relación con el reconocimiento y tasación de los perjuicios
morales en casos de privación injusta de la libertad, pero no frente al régimen
de responsabilidad bajo el cual deben estudiarse estos casos.
Ahora, si bien en ese caso se indicó que los medios de convicción que
soportaron la imposición de la medida de aseguramiento no eran suficientes
para construir los dos indicios graves de responsabilidad exigidos en la Ley
600 del 2000 para tal fin, ello fue porque el juicio de valoración permitió a la
autoridad concluir que las declaraciones y el informe del DAS carecían de
soporte y eran contradictorias. Es claro que se trata de hechos y medios de
convicción diferentes a los que tuvo que estudiar la autoridad judicial
accionada, incluso, el estándar de prueba para la imposición de la medida de
aseguramiento cambió, pues la privación de la libertad que ahora se analiza
tuvo fundamento en medida privativa impuesta en virtud de la Ley 906 de 2004.
Luego, la mencionada sentencia no constituía precedente exigible en el caso
particular dado que no tienen similitud fáctica ni jurídica.
En consecuencia, tampoco se encuentra acreditado el cargo de
desconocimiento del precedente judicial frente a la sentencia de unificación
mencionada.
4.5. De otra parte, los accionantes alegaron la vulneración de su derecho a la
igualdad porque la Sección Tercera del Consejo de Estado en otros casos con
identidad fáctica, ya que se trata de otros funcionarios del DAS que fueron
procesados junto al señor Reyes Moreno, sí declaró la responsabilidad del
Estado por privación injusta de la libertad.
Al respecto debe aclarar la Sala que las sentencias relacionadas en la acción
de tutela como precedente desconocido no tienen vocación unificadora ni se
crean en ella reglas de decisión con vocación de ser extendidas a casos
futuros. Más bien se trata de providencias judiciales emitidas por diferentes
Subsecciones de la Sección Tercera del Consejo de Estado con hechos en
común que se decidieron atendiendo al marco jurídico aplicable según el
derecho vigente y a las pruebas del proceso aportadas en cada caso. Aunque
la investigación penal se adelantó de manera conjunta, la imposición de la
medida de aseguramiento y la declaración de preclusión dependió de los
medios de convicción que respaldaron esta determinación en cada caso y de
la estrategia de defensa desplegada por los procesados.
Así por ejemplo, en el caso particular se tiene que el apoderado del señor
Reyes Moreno en el proceso penal no recurrió la medida de aseguramiento
que le fue impuesta, mientras que otros procesados sí lo hicieron. También se
tiene acreditado que se materializó la ruptura en torno a las causales por las
que se precluyó la investigación frente a los distintos procesados. Sobre este
asunto se retomará más adelante.
Adicional a lo anterior, se advierte que, aunque varias de las providencias
relacionadas en la acción de tutela tienen escenario fáctico similar al caso sub
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examine, lo cierto es que fueron proferidas por Salas de Decisión diferentes a
la aquí accionada, por lo que no eran vinculantes para decidir el caso objeto
de estudio, en tanto se trata de providencias emitidas por jueces de la misma
categoría y sin vocación unificadora.
En esa medida se descarta que puedan tenerse como precedente las
siguientes providencias relacionadas por el actor:
▪ Sentencia del 6 de febrero de 2023, emitida en el proceso nro. 76001-23-
31-000-2011-01229-01 (49.684), M.P. Alberto Montaña Plata, actor: Luz
Esperanza Vargas Muñoz.
▪ Sentencia del 14 de diciembre de 2022, emitida en el proceso nro. 76001-
23-31-000-2011-00928-01 (51627), M.P. Nicolás Yepes Corrales.
▪ Sentencia del 11 de noviembre de 2022, emitida en el proceso nro. 76001-
23-31-000-2011-00817-01 (52189), M.P. Martín Bermúdez Muñoz.
Al tratarse de funcionarios de igual categoría, en principio, no es dable exigirles
que acojan sin más las tesis o posturas de otra Sala, pues podría afectar su
autonomía e independencia en la decisión razonable de los casos. Es
comprensible que entre jueces de la misma categoría y jerarquía confluyan
criterios diferentes frente a escenarios fácticos similares y esa autonomía de
decisión está amparada por el artículo 228 de la Constitución Política. Luego,
las Salas de Decisión del Consejo de Estado deben atender en virtud del
principio de coherencia y el derecho a la igualdad a su propio precedente
judicial.
Como se indicó, asunto diferente es cuando la Sala de decisión desconoce su
propio precedente, pues en ese escenario es posible exigir coherencia en las
posturas para decidir los casos puestos en su consideración y su impacto en
el derecho a la igualdad.
En línea con lo anterior, la Sala también descarta el alegato de
desconocimiento del precedente (horizontal) con fundamento en las dos
sentencias citadas en la acción de tutela que fueron proferidas por la misma
magistrada que emitió la sentencia acusada. Lo anterior, porque, aunque
fueron emitidas todas por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, cierto es que en cada una de ellas se evidencian particularidades
que desvirtúan la alegada identidad fáctica o jurídica.
Relativo a la sentencia del 15 de febrero de 2018, emitida en el proceso nro.
76001-23-31-000-2011-01364-00 (Exp. 53969), se advierte que no hay
identidad jurídica con el caso de marras, debido a que fue proferida cuando
estaba en vigencia la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 (Exp.
23354), la cual defendía la aplicación preferente del régimen objetivo de
responsabilidad en casos de privación injusta de la libertad. Ese marco
jurisprudencial no estaba ya vigente al momento en que se profirió la sentencia
accionad. Luego, se reitera, se trata de asuntos decididas em virtud de
diferentes reglas jurídicas.
De otra parte, la sentencia del 19 de junio de 2020, emitida en el proceso nro.
76001-23-31-000-2011-01359-01 (51543), donde fue demandante el señor
Alexander Horacio Ojeda Canchala tampoco se erige como precedente para
el caso particular en tanto que el escenario fáctico en que se fundamenta es
diferente al que se analizó en la sentencia del 31 de marzo de 2023 (Exp.
52268).
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Tal y como lo manifestó la magistrada ponente en el informe de respuesta a
esta acción de tutela, en el proceso penal del que fueron objeto el hoy
accionante y sus compañeros del DAS hubo una ruptura en torno a las
causales de preclusión.
De modo que el juez penal declaró la preclusión del proceso seguido en contra
del señor Wilmar Reyes Moreno por la imposibilidad de desvirtuar la
presunción de inocencia ante la falta de pruebas de su responsabilidad. En el
caso del señor Ojeda Canchala la preclusión obedeció a que el hecho no
existió.
La anterior diferencia es del todo relevante a efectos de analizar el caso
particular, pues incluso tiene efectos en la determinación del régimen de
responsabilidad a aplicar, de manera que no se encuentra fundamentada la
vulneración al derecho a la igualdad en tanto que se trató de asuntos con
características diferentes. A más de lo anterior, se destaca que la decisión de
cada asunto dependerá del acervo probatorio que se aporte y de la valoración
razonable que el juez adelante en ejercicio de su autonomía e independencia.
5. Conclusión
Por todo lo expuesto, la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela al
considerar que la sentencia del 31 de marzo de 2023 (Exp. 52268), proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado fundamentó la decisión
de negar las pretensiones de la demanda en el estudio razonable de los hechos de
la demanda, en las pruebas del proceso y en una premisa jurídica que atiende al
desarrollo jurisprudencial contencioso y constitucional relativo al régimen de
responsabilidad aplicable a los casos de privación injusta de la libertad.
De otra parte, la Sala accederá a la solicitud de desvinculación presentada por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado debido a que no fue la
autoridad que profirió la sentencia acusada.
Su vinculación obedeció a un error de digitación contenido en las pretensiones de
la acción de tutela y de su subsanación, pero verificado el radicado del proceso de
reparación directa cuestionado, proceso nro. 76001-23-31-000-2011-00490-01
(52268), se pudo constatar que la autoridad judicial que profirió la sentencia del 31
de marzo de 2023 fue la Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por Wilmar Reyes
Moreno y otros, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
2. Desvincular del presente trámite constitucional a la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en este
fallo.
3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
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5. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
14
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