Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00490-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Injusta de la libertad: no se configuró – la medida restrictiva de la libertad estuvo
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 76001-23-31-000-2011-00490-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 76001-23-31-000-2011-00490-01
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
31 de marzo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo dos mil veintitrés (2023)
Radicación número: 76001-23-31-000-2011-00490-01 (52268)
Actor: LUIS ALFREDO BOLAÑOS BURBANO Y OTROS
Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA
Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRIVACIÓN
INJUSTA DE LA LIBERTAD - no se configuró – la medida restrictiva de la libertad estuvo
ajustada a derecho; además, la preclusión decretada a favor del actor no se sustentó en
que el hecho no existió, sino porque no se pudo desvirtuar la presunción de inocencia.
La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia del 28 de marzo de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual declaró la falta de legitimación
en la causa por pasiva del Departamento Administrativo de Seguridad DAS y negó
las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Se afirma que el exdetective del DAS Wilmar Reyes Moreno fue privado
injustamente de su libertad porque supuestamente formaba parte de una red de
funcionarios de esa institución que vendía citas a los ciudadanos para que
pudieran tramitar su certificado de antecedentes judiciales y alteraba información
en la base de datos de dicha entidad.
II. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 5 de abril de 20111, el señor Wilmar Reyes Moreno y otros, por conducto de
apoderado judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación
directa en contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación, la Rama Judicial y el
Departamento Administrativo de Seguridad DAS, con el fin de que se les declarara
patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados con la privación
1 Así consta en el sello de presentación personal en la oficina de apoyo judicial de Cali visible a
folio 97 del cuaderno 1.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00490-01 (52268)
Actor: Wilmar Reyes Moreno y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y
otros
Referencia: Reparación directa
injusta de la libertad de la cual habría sido víctima el mencionado señor2.
En síntesis, los hechos narrados fueron los siguientes:
El 15 de agosto de 2006, por orden de la Fiscalía 100 Seccional de Cali, el DAS
Seccional Valle del Cauca comenzó las pesquisas para investigar a una red de
funcionarios de esa entidad que al parecer estaban vendiendo citas a los ciudadanos
para que pudieran tramitar su certificado de antecedentes judiciales y que, además,
alteraba información en la base de datos de dicha entidad.
El 22 de junio de 2007, el señor Wilmar Reyes Moreno y otros funcionarios del DAS
fueron capturados e imputados de varios delitos, en su caso, por los de falsedad
material en documento público, falsedad ideológica en documento público y
concierto para delinquir, dado que modificó la anotación de antecedentes penales en
el certificado judicial de una persona.
El 23 de junio de 2007, por solicitud de la Fiscalía 100 Seccional de Cali, el juez de
control de garantías decretó medida de aseguramiento consistente en detención
preventiva en contra del actor y, posteriormente, fue acusado del delito de falsedad
material en documento público. Finalmente, el 2 de septiembre de 2009, el Juzgado
13 Penal del Circuito de Cali dictó la preclusión a favor del señor Reyes Moreno.
Finalmente, el DAS declaró insubsistente al actor en su cargo de detective y le abrió
una investigación disciplinaria que luego fue archivada.
A juicio de la parte actora, el señor Wilmar Reyes Moreno fue privado injustamente
de la libertad, pues la Fiscalía General de la Nación cometió un error investigativo,
dado que solo se basó en sospechas para solicitar la medida de aseguramiento.
2. Contestación de la demanda
El entonces DAS3 señaló que solo realizó labores de investigación en apoyo a las
autoridades judiciales y no le competía tomar la decisión de privar de la libertad al
demandante, razón por la cual carecía de legitimación en la causa por pasiva4.
La Nación-Fiscalía General de la Nación sostuvo que para proferir la medida de
aseguramiento se aportaron los elementos de prueba que permitían inferir la
2 Folios 75 a 97 del cuaderno 1. Igualmente, la demanda fue adicionada para allegar pruebas por
parte de los demandantes a folios 155 y 156 del cuaderno 1.
3 El Das fue suprimido mediante Decreto-Ley 4057 del 31 de octubre de 2011.
4 Fls. 112 a 118 del cuaderno 1.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00490-01 (52268)
Actor: Wilmar Reyes Moreno y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y
otros
Referencia: Reparación directa
responsabilidad del actor, los cuales fueron admitidos por el juez de control de
garantías, razón por la cual no existió falla en el servicio5.
La Nación – Rama Judicial señaló que sus actuaciones estuvieron soportadas en
las normas sustantivas y procesales vigentes y que se limitó a aceptar la solicitud de
preclusión presentada por la Fiscalía General de la Nación6.
3. La sentencia de primera instancia
El a quo, mediante sentencia del 28 de marzo de 20147, declaró la falta de
legitimación en la causa por pasiva del DAS, con fundamento en que la causa
petendi era la privación injusta de la libertad del señor Wilmar Reyes Moreno, en
los términos del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, razón por la cual solo podía ser
atribuible a las autoridades judiciales, entre las cuales no se encontraba ese
organismo.
Igualmente, negó las pretensiones de la demanda, con base en que la Fiscalía
General de la Nación perdió su función jurisdiccional con la entrada en vigencia de la
Ley 906 de 2004, de ahí que solo el juez de control de garantías podía tomar la
decisión de imponer o no la medida de aseguramiento y, en el sub judice, aquel
contaba con la evidencia para inferir la participación del actor en los delitos
imputados, sin que la decisión de preclusión implicara que se causó un daño
antijurídico.
El fundamento completo de la decisión del Tribunal será plasmado en la parte
considerativa de la presente providencia.
4. El recurso de apelación
La parte demandante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia
por lo siguiente: (i) el a quo desconoció las pruebas que demostraron la falla en el
servicio al momento de decretar la medida de aseguramiento (ii) el archivo del
proceso penal en favor del señor Wilmar Reyes Moreno configuró el daño
antijurídico, consistente en la privación injusta de la libertad que no estaba en la
obligación de soportar8.
Los argumentos específicos de la impugnación serán abordados en las
consideraciones de esta providencia.
5 Folios 123 a 129 y 192 del cuaderno 1.
6 Folios 135 a 141 y 190 del cuaderno 1.
7 Folios 418 a 434 del cuaderno del Consejo de Estado.
8 Fls. 337 a 391 del cuaderno del Consejo de Estado.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00490-01 (52268)
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otros
Referencia: Reparación directa
4.1. El Ministerio Público rindió concepto y solicitó que se revocara la sentencia
impugnada para que se accediera a las pretensiones de la demanda, puesto que
la responsabilidad del Estado en este caso era de carácter objetivo, dado que el
proceso penal culminó con una decisión a favor de la víctima9.
III. C O N S I D E R A C I O N E S
Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, la Sala10 procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia.
Adicionalmente, se evidencia el cumplimiento de los presupuestos procesales:
competencia, oportunidad de la acción y legitimación en la causa.
1. El objeto del recurso de apelación y el esquema que se propone para
resolver el asunto
De acuerdo con los reparos concretos de la apelación, la Sala determinará si el a
quo desconoció las pruebas que demostraron la falla en el servicio al momento de
decretar la medida de aseguramiento, en el sentido de verificar si esta fue
ajustada a derecho o si, finalmente, las demandadas resultarían responsables
patrimonialmente, dado que se dictó la preclusión a favor del actor.
Se observa que el a quo declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del
DAS, sin que la apelante haya propuesto argumento alguno en contra de dicha
decisión, razón por la cual la Sala no se pronunciará al respecto.
2. Caso concreto
2.1. Si la medida de aseguramiento fue ajustada a derecho
El a quo señaló que el Juzgado 2° Penal de Control de Garantías de Cali impuso la
medida de aseguramiento contra el actor al determinar que cumplía los requisitos
establecidos en los artículos 308 y 313 de la Ley 906 de 2004, pues existían
evidencias que permitían inferir razonablemente su participación o autoría en los
delitos imputados.
9 Fls. 532 a 539 del cuaderno del Consejo de Estado.
10 Mediante auto del 20 de enero de 2023, la ponente de esta providencia avocó el conocimiento
del asunto de la referencia con fines de descongestión, de acuerdo con lo dispuesto por la Sala
Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en el Acuerdo No. 303 de 12 de diciembre de
2022.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00490-01 (52268)
Actor: Wilmar Reyes Moreno y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y
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Referencia: Reparación directa
La apelante señaló que el a quo desconoció las pruebas que demostraron la falla
en el servicio al momento de decretar la medida de aseguramiento, estas son: la
audiencia de legalización de captura y la imputación e imposición de la medida de
detención preventiva; los testimonios de los señores Julio César Barón Coral y
Orly María Posada Ruiz; el escrito de acusación; la decisión de preclusión, la
declaratoria de insubsistencia, historia laboral, certificación salarial y referencia
laboral del actor y la publicación del diario El País del 23 de junio de 2007.
En primer lugar, cabe precisar que, para determinar la existencia de una falla en el
servicio por parte del juez de control de garantías al momento de imponer la
medida de aseguramiento, no resultan conducentes las pruebas antes
mencionadas, salvo el examen de la audiencia de legalización de captura y la
imputación e imposición de la medida de detención preventiva.
Lo anterior, por cuanto los testimonios de los señores Julio César Barón Coral y
Orly María Posada Ruiz fueron escuchados por el a quo en este proceso, no por el
juez de control de garantías. Igualmente, hay que decir que la acusación de la
Fiscalía General de la Nación y la decisión de preclusión son actuaciones posteriores
a la medida restrictiva de la libertad y los documentos laborales y el recorte de
prensa aludidos no tiene relación alguna con la decisión del juez, pues no fueron
presentados por el ente acusador para solicitar el decreto de la medida de
aseguramiento consistente en detención preventiva.
En segundo lugar, de la audiencia celebrada el 23 de junio de 2007 ante el
Juzgado 2 Penal de Control de Garantías de Cali11 para la legalización de captura,
formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento se extrae lo
siguiente:
En agosto de 2006, una ciudadana denunció por correo electrónico dirigido a la
Presidencia de la República, el que luego fue remitido al grupo Anticorrupción del
DAS, que no era posible realizar el trámite del certificado de antecedentes
judiciales en la Seccional Valle del Cauca de esa entidad, dado que las líneas
telefónicas “siempre” permanecían ocupadas, pero que sí era posible a través de
tramitadores que cobraban $20.000, en connivencia con funcionarios del DAS.
Esta situación fue verificada por investigadores del DAS, quienes lograron hablar
con varios tramitadores, obtener algunos números de teléfono y hacer
interceptaciones, de ahí que fuera puesta en conocimiento de la Fiscalía General
11 DVD adjunto a la carátula del cuaderno 1.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00490-01 (52268)
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Referencia: Reparación directa
de la Nación, que adelantó el programa metodológico de investigación y encontró
varias irregularidades por parte algunos funcionarios del Área de Identificación del
DAS Seccional Valle del Cauca, relacionadas con la asignación de citas para la
obtención del certificado de antecedentes judiciales y con el manejo del sistema de
información SIFDAS, base de datos que administraba esa entidad.
Al realizar auditoría al sistema de identificación del cual el señor Wilmar Reyes
Moreno era uno de los responsables, la Fiscalía 100 Seccional de Cali encontró que
el entonces funcionario realizó modificaciones con el propósito de ocultar
anotaciones judiciales de personas con antecedentes penales, cuyos nombres el
fiscal presentó ante el juez de control de garantías, así como también la verificación
que hizo con diferentes establecimientos carcelarios para determinar que los
beneficiados sí tenían antecedentes, esto con el fin de que pudieran obtener
certificados judiciales y salir del país, entre otras prerrogativas12.
Con base en lo anterior, el Juzgado 2° Penal de Control de Garantías de Cali, por
solicitud de la Fiscalía 100 Seccional de Cali, legalizó la captura, imputó como
supuesto coautor de los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en
documento público y falsedad ideológica en documento público e impuso medida de
aseguramiento consistente en detención preventiva en lugar de residencia al señor
Wilmar Reyes Moreno, para lo cual tuvo como fundamento que se cumplían los
requisitos de los artículos 307, literal a), numeral 2, y 308,en armonía con el 313,
numeral 2 de la Ley 906 de 2004.
Dicha medida fue confirmada por el Juzgado 5 Penal del Circuito de Cali mediante
auto del 26 de julio de 200713, ante recursos de apelación presentados por la Fiscalía
General de la Nación y por algunos imputados, pero no por el señor Wilmar Reyes
Moreno, quien no objetó la decisión.
Luego, el 12 de octubre de 200714, la Fiscalía 100 Seccional de Cali acusó al señor
Wilmar Reyes Moreno del delito de falsedad material en documento público, toda
vez que, el 4 de mayo de 2006, desde la dirección IP 10.39.1.56, modificó el
registro del señor Orlando Tovar García, porque le aparecía una sentencia
condenatoria de 10 años y 1 día de prisión.
12 Se advierte que, si bien a este expediente se allegó copia del proceso penal adelantado contra el
actor, prueba decretada por el a quo a solicitud de la parte demandante (auto del 30 de noviembre
de 2012, folios 195 y 196 del cuaderno 1), las evidencias presentadas por el fiscal en la audiencia
de legalización de captura, imputación e imposición de medida de aseguramiento no fueron
allegadas al expediente de la reparación directa de la referencia.
13 Fls. 15 a 18 del cuaderno 9.
14 Fls. 13 a 57 del cuaderno 1.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00490-01 (52268)
Actor: Wilmar Reyes Moreno y otros
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Referencia: Reparación directa
El 14 de diciembre de 200715, el Juzgado 14 Penal del Circuito de Cali ordenó la
libertad inmediata del actor, por vencimiento de términos.
Finalmente, el 2 de septiembre de 200916, el Juzgado 13 Penal del Circuito de Cali,
a solicitud de la Fiscalía 97 Seccional de Cali, decretó la preclusión a favor del actor,
por imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia.
Se observa que el Juzgado 2 Penal de Control de Garantías de Cali decretó la
medida de aseguramiento con fundamento en el artículo 308 de la Ley 906 de
200417 -vigente para la época de los hechos-, al inferir razonablemente la
coautoría del hoy demandante en los delitos imputados con las pruebas aportadas
por la Fiscalía General de la Nación y, dado que formó parte de un grupo de
indiciados que al parecer concertó para cometer varios delitos, requería estricta
vigilancia para no obstruir la justicia y podía representar un peligro para la
sociedad por su preparación y calidad de funcionario público. A ello se suma el
modus operandi, el bien jurídico tutelado, la afectación a la comunidad y a la
administración pública y por tratarse de un funcionario, quien debía ser ejemplar.
Adicionalmente, dos de los delitos imputados –falsedad ideológica y falsedad
material en documento público- tenían una pena superior a 4 años18, lo cual hacía
procedente la detención preventiva en establecimiento carcelario, solo que el juez
de control de garantías impuso la medida en lugar de residencia con fundamento
15 Fls. 324 a 327 y 331 del cuaderno 7.
16 Fls. 8 a 12 del cuaderno 1.
17 “Artículo 308. Requisitos. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la
Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos
materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos
legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la
conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes
requisitos:
1. Que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado
obstruya el debido ejercicio de la justicia.
2. Que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad o de la víctima.
3. Que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la
sentencia”.
18 “Ley 599 de 2000. Artículo 286. Falsedad ideológica en documento público. El servidor público
que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba,
consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de sesenta y
cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y
funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses”.
“Artículo 287. Falsedad material en documento público. El que falsifique documento público que
pueda servir de prueba, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.
Si la conducta fuere realizada por un servidor público en ejercicio de sus funciones, la pena será de
sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de
derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses”.
Según el artículo 313 numeral 2 de la Ley 906 de 2004, la medida de detención preventiva
resultaba procedente cuando “En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena
prevista por la ley sea o exceda de cuatro (4) años”. Los delitos de falsedad ideológica y falsedad
material en documento público no son de los querellables enlistados en el artículo 74 de la misma
ley.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00490-01 (52268)
Actor: Wilmar Reyes Moreno y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y
otros
Referencia: Reparación directa
en el artículo 307, literal a), numeral 2) de la Ley 906 de 2004 19, pues tuvo en
consideración que el imputado tenía un probado arraigo, carecía de antecedentes
penales y no podía continuar la actividad reprochada por la Fiscalía, pues ello solo
era posible en el lugar de trabajo.
Igualmente, se advierte que la imputación con base en la cual la Fiscalía solicitó la
medida de aseguramiento en contra del actor, decretada por el juez de control de
garantías, solo exigía que se expresaran los hechos jurídicamente relevantes y las
pruebas que comprometían su situación jurídica, pues se trataba de un acto
preliminar del proceso penal, de comunicación de unos cargos, mas no de un
juicio de responsabilidad20.
De manera que la medida de aseguramiento que se le impuso al aquí demandante
se ajustó a derecho, pues no desbordó los criterios de legalidad, necesidad,
proporcionalidad y razonabilidad inherentes a la adopción de este tipo de
decisiones.
2.2. Que el archivo del proceso penal en favor del señor Wilmar Reyes
Moreno configuró el daño antijurídico, consistente en la privación injusta de
la libertad, el cual no estaba en la obligación de soportar
El a quo señaló que el hecho de que se decretara la preclusión no significaba que
se hubiera cometido una anomalía al decretar la medida de aseguramiento y
agregó que la principal razón de la decisión fue la imposibilidad de desvirtuar la
presunción de inocencia, no porque los hechos no hubieran existido.
La apelante señaló que el actor no estaba en la obligación de soportar el daño,
dado que no fue vencido en juicio, pues la preclusión de la investigación y archivo
del proceso daba lugar a la antijuridicidad del daño.
19 “Artículo 307. Medidas de aseguramiento. Son medidas de aseguramiento:
A. Privativas de la libertad
(…).
2. Detención preventiva en la residencia señalada por el imputado, siempre que esa ubicación no
obstaculice el juzgamiento (…)”.
20 “Ley 906 de 2004. Artículo 286. Concepto. La formulación de la imputación es el acto a través
del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado, en
audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control de garantías”. (Se resalta).
“Artículo 288. Contenido. Para la formulación de la imputación, el fiscal deberá expresar
oralmente:
(…).
2. Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible,
lo cual no implicará el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, evidencia física ni
de la información en poder de la Fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de
medida de aseguramiento”. (Se resalta).
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00490-01 (52268)
Actor: Wilmar Reyes Moreno y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y
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Referencia: Reparación directa
Se observa que la preclusión decretada en audiencia del 2 de septiembre de 2009
no se basó en elementos de juicio que demostraran una actuación irregular al
momento de imponerse la medida de aseguramiento y obedeció a que no se pudo
desvirtuar la presunción de inocencia del actor21.
En síntesis, a pesar de que se hubiese proferido la preclusión a favor del acusado,
a la Subsección no le corresponde determinar si esa decisión fue acertada o no,
sino que el análisis se debe limitar a los requisitos para la imposición de la medida
de aseguramiento22, los cuales, en criterio de la Sala, se cumplieron y justificaban
la decisión proferida por el juez de control de garantías.
Todas las actuaciones aquí analizadas tienen relación con la Rama Judicial (la
medida de aseguramiento impuesta por el juez de control de garantías y la
preclusión ordenada por el juez de conocimiento) y no con la Fiscalía General de
la Nación, entidad esta última respecto de la cual, al igual que lo concluyó el
Tribunal a quo, no le asiste responsabilidad porque, en virtud de que el proceso
penal se adelantó de acuerdo con las reglas de la Ley 906 de 2004, era el juez de
control de garantías y no la Fiscalía la autoridad a la que le correspondía proferir o
no la medida de aseguramiento.
Por último, cabe señalar que, pese a que el juez de conocimiento en la audiencia
de preclusión expresó que no debió imputarse ni presentarse acusación en contra
de los procesados, se observa que se trató de una apreciación genérica, pues no
hizo precisión alguna respecto del señor Wilmar Reyes Moreno que informara
21 En la audiencia del 2 de septiembre de 2009 el Juzgado 13 Penal del Circuito de Cali señaló que
(se trascribe de forma literal): “(…) en el caso concreto no es posible que todas las preclusiones
deban despacharse bajo el argumento de que el hecho no existió, ya que hay hechos que
existieron, solo que no se pueden probar, otros que son atípicos o que simplemente los aquí
investigados no son responsables, son estas las razones que llevan a este funcionario a realizar un
rompimiento de esta preclusión (…) Wilmar Reyes Moreno CC (…), por imposibilidad de
desvirtuar la presunción de inocencia (…)”. (Se destaca) (Fls. 9 a 12 del cuaderno 1).
22
La Corte Constitucional dictó la sentencia SU-072 de 2018, a través de la cual precisó que
ningún cuerpo normativo -a saber, ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni el artículo 68 de la
Ley 270 de 1996, ni la sentencia C-037 de 1996- estableció un régimen de responsabilidad
específico aplicable en los eventos de privación de la libertad, por lo que al operador judicial le
corresponde determinar si la privación fue apropiada, razonable y proporcionada. su vez, mediante
sentencia del 15 de agosto de 2018, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado
unificó su criterio frente a este tipo de casos; sin embargo, dicha providencia quedo sin efectos por
vía de tutela, por lo que el 6 de agosto de 2020 se profirió el correspondiente fallo de reemplazo,
este último que, si bien no se adoptó como determinación de unificación, recogió de manera
enunciativa la más reciente jurisprudencia sobre la materia, particularmente la definida por la Corte
Constitucional, en la sentencia C-037 de 1996, en la que se sostuvo que en los casos de privación
injusta de la libertad debía examinarse la actuación que dio lugar a la medida restrictiva de este
derecho fundamental, pues, en su criterio, no resulta viable la reparación automática de los
perjuicios en dichos eventos, con lo que se descarta, en este caso, el régimen objetivo que puso de
presente el Ministerio Público en segunda instancia.
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Radicación: 76001-23-31-000-2011-00490-01 (52268)
Actor: Wilmar Reyes Moreno y otros
Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y
otros
Referencia: Reparación directa
sobre alguna irregularidad cometida cuando se le decretó la medida de
aseguramiento23.
Por todo lo expuesto, la Sala confirmará la decisión apelada.
3. Costas
Dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá
de condenar en costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del
CCA, subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de marzo de 2014, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por las razones expuestas en esta
providencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
23 En la audiencia del 2 de septiembre de 2009 el Juzgado 13 Penal del Circuito de Cali señaló que
(se trascribe de forma literal): “(…) no debió haber imputación ni mucho menos escrito de acusación,
cuando ni siquiera la imputación se tenía ni los cotejos de voces, entre otros elementos probatorios
que más adelante iban a sustentar el juicios”. Aquí el juez hace referencia a las pruebas
consistentes en las interceptaciones telefónicas a quienes fueron imputados por suministrar citas
para el certificado judicial a través de líneas no oficiales, hecho que no fue atribuido al hoy actor,
pero el juez de conocimiento no hace referencia alguna a las pruebas con que se imputó y decretó
la medida de aseguramiento al aquí demandante.
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