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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2013-00350-01

Contrato realidad: contrato de prestación de servicios

Fecha
11 de abril de 2018
Consejero ponente
Carmelo Darío Perdomo Cuéter
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2013-00350-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1. Confírmase parcialmente la sentencia proferida el 29 de enero de 2015 por el Tribunal Administrativo del Huila (sala tercera de decisión), que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda incoada por el señor John Jairo Medina Cabrera, en los términos indicados en la parte motiva. 2. Modifícanse los ordinales primero y tercero de la providencia apelada, en los siguientes términos: 2.1 Declárase que la vinculación laboral entre el señor John Jairo Medina Cabrera y el extinguido DAS estuvo vigente desde el 1.° de enero de 2004 hasta el 15 de noviembre de 2011. 2.2 Ordénase, a título de restablecimiento del derecho, a la Unidad Nacional de Protección [UNP] (i) efectuar los pagos correspondientes a las prestaciones sociales originados de la aludida relación laboral, en proporción a cada período trabajado, en virtud de las órdenes de prestación de servicios 20 de 2009, 6, 17 y 26 de 2010 y 11, 18, 24 y 32 de 2011 (incluidas sus prórrogas), debido a que operó la prescripción trienal respecto de los derechos laborales reclamados frente a los demás contratos; (ii) tomar (durante el tiempo comprendido entre el 1.º de enero de 2004 y 15 de noviembre de 2011) el ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante (el salario legalmente sufragado a quienes desempeñaban el empleo de agente escolta o los honorarios pactados, si estos son superiores a aquel), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para efectos de lo anterior, se deberán tener en cuenta las cotizaciones que realizó el actor al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador; y (iii) devolver los dineros cancelados por el accionante en razón a la cuota parte legal que el organismo demandado no trasladó al correspondiente fondo de pensiones y empresa prestadora de salud durante la ejecución de los precitados […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2013-00350-01

Consejero ponente: Carmelo Darío Perdomo Cuéter

11 de abril de 2018

CONTRATO REALIDAD - Contrato de prestación de servicios / CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - Marco normativo / CONTRATO REALIDAD - Relación laboral. Elementos / SUBORDINACION - Demostrada / PRESCRIPCION EXTINTIVA - Operó / APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - Imprescriptibles

El contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales. se encuentra claramente demostrado con la copia de los contratos de prestación de servicios, la existencia de dos de los elementos de la relación laboral como son, por un lado, la prestación personal del servicio, en atención a que en efecto el demandante fue contratado por el DAS como escolta, lo que implica que fue quien prestó el servicio, y por otro, la remuneración por el trabajo cumplido, comoquiera que en dichos contratos de prestación de servicios se estipuló un valor del contrato con cargo a los recursos presupuestales de la entidad, es decir, la suma de dinero que tenía derecho a recibir y la modalidad del pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de su denominación (honorarios o salario), que le era pagada de manera mensual, según lo acordado en cada contrato, lo cual se comprueba también con la certificación de 14 de junio de 2014, emanada de la subdirección financiera del extinguido DAS, que da cuenta de ello y de los descuentos que se le hacían por concepto de retención en la fuente. si bien es cierto que el accionante se vinculó al extinguido DAS a través de sucesivos contratos de prestación de servicios durante el interregno de 1.º enero de 2004 a 15 de noviembre de 2011, también lo es que se desdibujaron las características propias de este tipo de vínculos, por lo que es aplicable a la presente controversia el principio de «la primacía de la realidad sobre formalidades», pues es indudable que el demandante se encontraba en las mismas condiciones de los escoltas nombrados en planta, en tanto desempeñaba personalmente la labor y con implementos que le suministraba el extinguido DAS para tal fin, en un cargo que revestía la característica de permanente, motivo por el cual estaba sujeto a subordinación y dependencia. comoquiera que el último contrato celebrado por las partes, antes del 20 de 2009, fue el 13 de ese año con vigencia de 2 meses, cuyo inició aconteció el 29 de septiembre de esa anualidad y culminó el 29 de noviembre siguiente y la respectiva petición solo se presentó, como se dijo, hasta el 19 de febrero de 2013, esto es, por fuera de los tres años establecidos como término de prescripción extintiva, no es factible conceder los emolumentos prestacionales derivados tanto del aludido acuerdo como de los anteriores, por lo que no resulta ajustada a derecho la determinación del juez de primera instancia, consistente en que no ha operado el referido fenómeno, puesto que se debe tener en consideración para su contabilización, no la finalización del último contrato, sino la de cada uno, en razón a que la ocurrencia de los tres elementos de la relación laboral se estudia respecto de la ejecución de cada acto bilateral.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCION B

Consejero ponente: CARMELO PERDOMO CUETER

Bogotá, D.C., once (11) de abril de dos mil dieciocho (2018).

Radicación número: 41001-23-33-000-2013-00350-01(1913-15)

Actor: JOHN JAIRO MEDINA CABRERA

Demandado: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION- UNP, COMO SUCESORA PROCESAL DEL EXTINGUIDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. CONTRATO REALIDAD.

Demandado: UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION- UNP, COMO SUCESORA PROCESAL DEL EXTINGUIDO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia de 29 de enero de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila (sala tercera de decisión), mediante la cual accedió parcialmente a las súplicas de la demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 El medio de control (ff. 4 a 29). El señor John Jairo Medina Cabrera, a través de apoderada, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el entonces Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), para que se acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio de 6 de marzo de 2013, suscrito por la jefe de la oficina asesora jurídica del DAS, que negó la petición formulada por el demandante el 8 de febrero del mismo año, en relación con el reconocimiento de sus derechos laborales.

Como consecuencia de lo anterior, solicita «[…] se declare la existencia de una verdadera relación laboral entre LA NACIÓN - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD - DAS - (EN SUPRESION [sic]) y [él] […], desde el mes de [e]nero de 2004 hasta [n]oviembre de 2011 […]», y, a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la entidad demandada (i) el «[…] pago […] de […] la totalidad de las prestaciones sociales a que tiene derecho, dejadas de cancelar durante […] el tiempo que se mantuvo la relación laboral […]», esto es, auxilio de cesantía, primas de navidad, servicios, vacaciones y riesgo, vacaciones y bonificación por servicios prestados, asimismo, el reconocimiento «[…] de las horas extras y trabajo suplementario, y su incidencia salarial y prestacional […]», (ii) devolver los aportes realizados al sistema general de seguridad social y los dineros descontados por concepto de retención en la fuente de los contratos de prestación de servicios que suscribió, y (iii) pagar los intereses corrientes sobre los valores a que se refieren los conceptos anteriores e indexar todas las sumas a la que fuese condenada la demandada.

Como pretensiones subsidiarias, en caso de que se considere la ilegalidad de los contratos de prestación de servicio celebrados con el DAS, pide que se declare su nulidad y reitera las demás súplicas.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata el actor que se «[…] vinculó como contratista (escolta) al [extinguido] DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS- a través de CONSTANTES Y PERMANENTES contratos de prestación de servicios […]», desde el 1.° de enero de 2004 hasta el 15 de noviembre de 2011.

Que prestó sus servicios «[…] de manera personal y subordinada, cumpliendo un estricto horario de trabajo, presentando informes, y bajo las órdenes [de los señores] Jefe del Área de protección, […] Subdirector Seccional y […] Director Seccional de la entidad [demandada], quienes expedían las correspondientes misiones de trabajo, y en el caso de no existir estas, por no haberse asignado un protegido, eran los que establecían los turnos que debía prestar […] dentro de las instalaciones del DAS […] de la ciudad de Neiva».

Dice que los contratos que celebró con la entidad accionada «[…] ocultan y disfrazan la verdadera relación laboral existente entre estos, no solo por las características de la relación (personal, subordinada y remunerada) sino también por que [sic] dicha relación fue permanente, continua e ininterrumpida, no ocasional ni temporal, dando como consecuencia la existencia de una sola relación laboral».

Que «[…] no desempeñó ningún cargo científico ni [que] […] requirier[a] conocimientos especializados, tampoco laboró con autonomía e independencia». Además, su empleo «[…] existe dentro de la planta de personal del […] DAS, conforme a lo dispuesto por el Decreto 644 de 2004».

Aduce que el 8 de febrero de 2013 presentó reclamación ante el DAS orientada a obtener «[…] el reconocimiento […] de todos los emolumentos laborales a que tiene derecho y la devolución de los descuentos y pagos indebidamente realizados […]», lo que le fue negado a través de oficio de 6 de marzo de esa anualidad.

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas violadas por el acto administrativo demandado los artículos 1, 2 (inciso 2.º), 6, 11, 13, 53, 83, 88, 90, 216, 221 y 223 de la Constitución Política; y los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1042 y 1045 de 1978, 451 de 1984 (artículo 3), 1933 de 1989 y 643 y 644 de 2004.

Asevera que ejercía funciones propias del DAS, es decir, que el objeto de los contratos de prestación de servicios era similar a las funciones establecidas por el Decreto 643 de 2004, y para el desarrollo de aquellas existía el cargo, en el área operativa, de agente escolta, código 205, grado 5, «[…] que pas[ó] de un número de (277) empleos en el Decreto 2759 de 2000 a tan solo (2) en el [aludido] Decreto 644 […]», de lo que se colige que «[…] de manera premeditada, se disminuyó la planta de personal para de esta manera realizar contrataciones estatales de prestación de servicios, con el argumento de no existir el personal necesario para desarrollar las funciones de seguridad y protección a cargo del DAS».

Que el acto administrativo desconoce la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y con ello, la primacía de la realidad sobre las formas, pues desdibujó la verdadera relación contractual al pactar por medio de contratos de prestación de servicios, la ejecución permanente de las mismas funciones que desempeñaba un empleado de planta.

Concluye que «[…] fue contratado por el DAS para realizar labores propias del personal de planta, realizó dichas funciones de manera personal, estuvo subordinado a un horario de trabajo, al cumplimiento de órdenes, a la presentación de informes y en general a todas las obligaciones inherentes de un empleado de planta de dicha entidad y por último recibió una remuneración por dichos servicios, los cuales le fueron cancelados mes a mes por la entidad demandada». Aunado al hecho de que «[…] la contratación se prolongó por un periodo […] demasiado extenso, tan así, que […] estuvo vinculado contractualmente con el DAS […] un […] tiempo aproximado de OCHO (8) AÑOS, lo cual desconfigura el contrato de prestación de servicios, el cual es eminentemente ocasional y esporádico».

1.5 Contestación de la demanda (ff. 258 a 275). El extinguido DAS, a través de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones; respecto de los hechos dice que algunos son ciertos y otros no. De igual modo, propuso las excepciones de (i) inexistencia de causa jurídica para demandar, (ii) falta de interés jurídico para obrar, (iii) absoluta legalidad en la celebración y desarrollo de los contratos de prestación de servicios suscritos con el demandante y (iv) ausencia de configuración del contrato de trabajo.

Afirma que «[…] los contratos de prestación de servicios señalados por el actor, se efectuaron por el Departamento Administrativo de Seguridad en concordancia con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 […], pues para desempeñar la actividad requerida, se consideró en su momento […], que [ese organismo] no contaba con personal suficiente de planta que pudiera cumplir con el programa, siendo esta situación uno de los requisitos legales para la realización de contratos de prestación de servicios con personas naturales».

Que en la relación contractual que el actor sostuvo con el extinguido DAS no se configuró el elemento de subordinación, toda vez que (i) las misiones de trabajo a las que alude aquel, demuestran el «[…] desarrollo del contrato de prestación de servicios para efectos de las obligaciones contractuales que debía cumplir […]»; (ii) frente al cumplimiento de órdenes, se debe tener en cuenta que este «[…] es uno de los deberes de los contratistas, previsto en el numeral 2 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 […]», por lo que «[…] el hecho de que recibiera órdenes por sí solo no lleva a inferir que exista una relación laboral, ni un trabajo subordinado y dependiente»; y (iii) en lo concerniente al establecimiento de horarios «[…] y la utilización de las instalaciones y recursos de la entidad contratante […]», aclara que esto no configura una relación laboral, en atención a que, para el caso particular, ello era necesario, ya que «[…] los contratistas encargados de la protección deben someterse a las pautas de esta y la forma como en ella se encuentran coordinadas las distintas actividades, pues ser[í]a absurdo que los escoltas contratistas desarrollen el objeto del contrato como ruedas sueltas y [a] horas en que no se les necesita».

Afirma que «[…] el DAS acordó una obligación contractual con el contratista accionante en razón de la experiencia y formación del citado en los temas de protección, por lo cual se pactaron obligaciones contractuales de tipo netamente técnico, motivo por el cual, previas las etapas precontractuales de rigor, se celebraron los contratos. Adicionalmente, es claro inferir que en [aquellos] […], siempre se estipuló una duración específica en atención al cumplimiento del objeto contractual, y el pago de unos honorarios […]», lo cual no puede confundirse con salario «[…] siendo estas características esenciales de los contratos de prestación de servicios. Además, cualquier contrato debe tener quien lo supervise, por cuanto el contratista independiente se le debe exigir cumplir con el objeto del contrato de prestación de servicios».

Que «[…] en el caso presente […] no se desvirtúan las características del contrato de prestación de servicios, pues el demandante no cumplía una función que podía ser desempeñada por personal de planta del DAS, las […] responsabilidades que se le habían asignado, eran temporales, y estaban supeditadas a la ejecución de[l] Programa de Protección liderado por el Ministerio del Interior y de Justicia, contaba con autonomía e independencia para realizar el objeto contractual; aclarando que las instrucciones que le eran impartidas eran necesarias para el cabal cumplimiento del objeto contratado, teniendo en cuenta que se trata de brindar protección y/o seguridad a determinadas personas, con lo que de suyo no se puede inferir que era dependiente y sometido a la subordinación […]».

1.6 Providencia apelada (ff. 946 a 956). El Tribunal Administrativo del Huila (sala tercera de decisión), mediante sentencia de 29 de enero de 2015, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al estimar que «[…] el actor desempeñó las labores de Escolta, al servicio de la entidad demandada y cuyo objeto era prestar los servicios de protección, con sede principal en la ciudad de Neiva (Huila) y eventualmente en la ciudad donde se le asignara el esquema de protección. Así mismo que el servicio fue prestado y pagado exclusivamente al actor, probándose de esta manera que en efecto existió prestación personal del servicio y remuneración por el trabajo prestado, como la subordinación, pues pese a ser contrato de prestación de servicios, no existía la más mínima autonomía para la ejecución del mismo».

Que «[…] en el presente caso se desvirtúan las características del contrato de prestación de servicios, pues el demandante cumplía una función que podía y debía ser desempeñada por personal de planta, las funciones o responsabilidades que se le habían asignado, no eran temporales, pues basta con observar que permaneció prestando sus servicios desde enero de 2004 hasta el 4 de diciembre de 2011 […]; entre otras cosas, no contaba con autonomía e independencia para realizar las labores encomendadas, ya que permanentemente debía estar atento a las instrucciones que se le impartieran, además de cumplir un horario de trabajo, es decir era dependiente y sometido a la subordinación, elementos propios de la relación laboral […]».

Por lo anterior, accede a las pretensiones de la demanda, en el sentido de (i) anular el acto administrativo acusado, (ii) declarar la existencia de una relación laboral entre el demandante y el extinguido DAS de enero de 2004 al 4 de diciembre de 2011 y (iii) ordenar a la Unidad Nacional de Protección, «[…] dado que a partir del 27 de junio de 2014 esta entidad asumió el conocimiento de estos procesos […]», el reconocimiento y pago, «[…] a favor del [actor] […], [de] las prestaciones sociales, tomando como base para liquidarlas, los salarios que devengaba otro funcionario en un cargo equivalente o, el valor de lo pactado en los contratos y órdenes de trabajo, si aquél es inferior; o el equivalente al de Oficial de Protección en la Unidad Nacional de Protección UNP, correspondientes a los períodos en los cuales se demostró la existencia de la relación laboral, es decir, desde el mes de enero de 2004 hasta [el] 4 de diciembre de 2011. Así como al pago de los aportes por dichos períodos a las entidades de Seguridad Social en su debida proporción […]».

Por otra parte, negó lo relacionado con (i) la devolución de los dineros descontados por retención en la fuente de todos los contratos suscritos, dado que «[…] dichos dineros no ingresaron propiamente a las arcas patrimoniales del -DAS-. Además porque por más que se desnaturalice el contrato de prestación de servicios suscritos entre las partes, la vinculación del actor nunca va a llegar a ser legal y reglamentaria, es decir, nunca va a adquirir la calidad de empleado público», y (ii) el pago de los intereses corrientes, puesto que estos solo surgen a partir de la sentencia que declara la existencia de la relación laboral deprecada.

Por último, en cuanto a las costas, en la parte motiva de la sentencia, se anota que se condenará a ellas al accionante, pero en la dispositiva se imponen a la demandada.

1.7 Recursos de apelación:

1.7.1 La parte demandante (ff. 962 a 964). Sus inconformidades respecto de la decisión de primera instancia, radican en que esta no tuvo en cuenta (i) la necesidad de «[…] que se reconozcan en su totalidad todos los derechos laborales que tiene el demandante, sin limitarlo al solo reconocimiento de las prestaciones sociales, ya que si lo que se configura es el principio de la primacía de la realidad, no se entiende como se excluyen prestaciones sociales extraordinarias o el pago de trabajo suplementario y de horas extras, siendo estos derechos irrenunciables que nacen del trabajo realizado por el demandante», (ii) los intereses pedidos «[…] son completamente coexistentes con la indexación […]», por lo que es dable su reconocimiento, y (iii) el tiempo real que duró la relación laboral, esto es, del 1.º de enero de 2004 al 15 de noviembre de 2011, conforme al material probatorio adosado al expediente; por lo que solicita su adición bajo esos parámetros.

1.7.2 La demandada (ff. 965 a 969). Arguye que no comparte la determinación judicial adoptada por el a quo, para lo cual expuso similares argumentos a los de la contestación y agregó que «[…] el hecho que el DAS facilitara el desarrollo de la labor del escolta - contratista, correspondía esto más a la órbita de una COORDINACION [sic] DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES, que al sometimiento subordinado del contratista a la Entidad demandada (DAS) […]», por ende, la relación entre ese organismo y el demandante «[…] fue eminentemente contractual […] mediante la existencia y suscripción de cada uno de los contratos de prestación de servicios que acreditan […] que es el resultado de actividades debidamente coordinadas con el quehacer diario correspondiente al objeto del contrato y demostrando que el demandante realizó sus tareas y compromisos como lo haría cualquier contratista eficiente […]».

II. TRÁMITE PROCESAL.

Los recursos de apelación fueron concedidos mediante proveído de 15 de abril de 2015 (ff. 975 y 975 vuelto) y admitidos por esta Corporación a través de auto de 16 de julio siguiente (f. 988), en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201 del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitidos los recursos de apelación, se continuó con el trámite regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio Público, con auto de 21 de enero de 2016 (f. 995), para que aquellas alegaran de conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por la accionada.

2.1.1 Parte demandada (ff. 999 a 1002). Alega que «[…] el ser ESCOLTA CONTRATISTA de líderes sindicales o defensores de derechos humanos, no era una misión que le correspondiera al entonces DAS, pues este solo ejecuto [sic] la función, en virtud del apoyo que le ofreció al ente o dependencia encargada de la misma (Programa de Protección MIJ), significando a su vez que dicha actividad dependía de la demanda de protección que proponían las personas diferentes a los dirigentes señalados con anterioridad, es decir era una contingencia», por lo que al no constituir lo anterior su misión «[…] se vio en la obligación de suscribir contratos de prestación de servicios para cumplir con el apoyo que debía prestar y así mismo con la protección de las personas enlistadas en el artículo 81 de la ley 418 de 1997, con lo que se satisfizo la condición exigida por el numeral 3º del artículo 332 de la ley 80 de 1993 […]».

Reitera los argumentos expuestos en sus escritos de contestación de la demanda y alzada, en cuanto a la inexistencia de subordinación y que los honorarios pagados no constituyen, de ninguna manera, salario.

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta Corporación le corresponde conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. Corresponde en esta oportunidad a la Sala determinar si al demandante le asiste razón jurídica o no para reclamar del DAS el pago de las prestaciones salariales y sociales no devengadas durante el tiempo que permaneció vinculado como escolta - contratista, en aplicación del principio de «primacía de la realidad sobre formalidades», o por el contrario, si los contratos de prestación de servicios que celebró con dicha entidad se ajustan a la normativa legal vigente, por cuanto no se configuraron los elementos de subordinación y continua dependencia que alega, propios de una relación laboral; y en caso de despachar de manera favorable lo anterior, establecer si resulta dable reconocer (i) que tuvo vínculo laboral del 1.º de enero de 2004 al 15 de noviembre de 2011, (ii) intereses corrientes, y (iii) trabajo suplementario y horas extras.

3.3 Marco normativo y jurisprudencial. En punto a la resolución del problema jurídico planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta del caso concreto.

En principio cabe precisar que respecto de los contratos estatales de prestación de servicios la Ley 80 de 1993, en su artículo 32 (numeral 3), dispone:

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Es decir, que el contrato de prestación de servicios es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta y que no admite el elemento de subordinación por parte del contratista, toda vez que debe actuar como sujeto autónomo e independiente bajo los términos del contrato y de la ley contractual.

Por su parte, la honorable Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «En ningún caso […] generan relación laboral ni prestaciones sociales» contenidas en el precitado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80, en sentencia C-154 de 19 de marzo de 1997, precisó las diferencias entre el contrato de prestación de servicios y el de carácter laboral, así:

Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación del mismo. En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor contratada.

Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.

En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente.

Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo.

Ahora bien, el artículo 2 del Decreto 2400 de 1968, «Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil […]», dispone:

Se entiende por empleo el conjunto de funciones señaladas por la Constitución, la ley, el reglamento o asignadas por autoridad competente que deben ser atendidas por una persona natural.

Empleado o funcionario es la persona nombrada para ejercer un empleo y que ha tomado posesión del mismo.

Los empleados civiles de la Rama Ejecutiva integran el servicio civil de la República.

Quienes presten al Estado Servicios ocasionales como los peritos obligatorios, como los jurados de conciencia o de votación; temporales, como los técnicos y obreros contratados por el tiempo de ejecución de un trabajo o una obra son meros auxiliares de la Administración Pública y no se consideran comprendidos en el servicio civil, por no pertenecer a sus cuadros permanentes.

Para el ejercicio de funciones de carácter permanente se crearán los empleos correspondientes, y en ningún caso, podrán celebrarse contratos de prestación de servicios para el desempeño de tales funciones.

La parte subrayada de la precitada disposición fue declarada exequible por la Corte Constitucional, en sentencia C-614 de 2009, al señalar la permanencia, entre otros criterios, como un elemento más que indica la existencia de una relación laboral. Frente al tema, expuso:

La Corte encuentra que la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para el ejercicio de funciones de carácter permanente se ajusta a la Constitución, porque constituye una medida de protección a la relación laboral, ya que no sólo impide que se oculten verdaderas relaciones laborales, sino también que se desnaturalice la contratación estatal, pues el contrato de prestación de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de planta o se requieran conocimientos especializados. De igual manera, despliega los principios constitucionales de la función pública en las relaciones contractuales con el Estado, en tanto reitera que el ejercicio de funciones permanentes en la administración pública debe realizarse con el personal de planta, que corresponde a las personas que ingresaron a la administración mediante el concurso de méritos.

De lo anterior se colige que el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se comprueban los tres elementos constitutivos de una relación laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la remuneración y la continuada subordinación laboral, de lo que surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas en las relaciones laborales, consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, con el que se propende por la garantía de los derechos mínimos de las personas preceptuados en normas respecto de la materia.

En otras palabras, el denominado «contrato realidad» aplica cuando se constata en juicio la continua prestación de servicios personales remunerados, propios de la actividad misional de la entidad contratante, para ejecutarlos en sus propias dependencias o instalaciones, con sus elementos de trabajo, bajo sujeción de órdenes y condiciones de desempeño que desbordan las necesidades de coordinación respecto de verdaderos contratistas autónomos, para configurar dependencia y subordinación propia de las relaciones laborales.

De igual manera, en reciente decisión la subsección B de esta sección segunda recordó que (i) la subordinación o dependencia es la situación en la que se exige del servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, y se le imponen reglamentos, la cual debe mantenerse durante el vínculo; (ii) le corresponde a la parte actora demostrar la permanencia, es decir, que la labor sea inherente a la entidad, y la equidad o similitud, que es el parámetro de comparación con los demás empleados de planta, requisitos necesarios establecidos por la jurisprudencia, para desentrañar de la apariencia del contrato de prestación de servicios una verdadera relación laboral; y (iii) por el hecho de que se declare la existencia de la relación laboral y puedan reconocerse derechos económicos laborales a quien fue vinculado bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios que ocultó una verdadera relación laboral, no se le puede otorgar la calidad de empleado público, dado que para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión, elementos de juicio que enmarcan el análisis del tema y que se tendrán en cuenta para decidir el asunto sub examine.

3.4 Hechos probados. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en tal virtud, se destaca:

a) Contratos de prestación de servicios, con algunas actas de liquidación, suscritos por el demandante con el extinguido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre los años 2004 y 2011, que dan cuenta de que aquel se comprometió con este a prestar sus servicios de protección, la mayoría con sede principal en Neiva y los otros en Bogotá, «[…] y eventualmente en la ciudad donde se asigne el esquema protectivo, dentro del componente seguridad a personas, del programa de protección a Dirigentes Sindicales, Organizaciones Sociales y Defensores de Derechos Humanos, conforme a las medidas de seguridad aprobadas por el Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos del Ministerio del Interior y de Justicia», como se relaciona en el siguiente cuadro:

Contrato No.
Período
Desde
Hasta
Folios
24 de 2003
4 meses
01/01/2004
30/04/2004
51 a 55, 392 y 393
6 de 2004
8 meses
01/05/2004
31/12/2004
56 a 60. 387 y 388
Adición 1 al contrato 6 de 2004
2 meses
01/01/2005
28/02/2005
61 y 62
8 de 2005
3 meses y 27 días
04/03/2005
30/06/2005
168 a 173 y 382
49 de 2005
2 meses
01/07/2005
30/08/2005
176 a 181 y 378
81 de 2005
6 meses
01/09/2005
28/02/2006
63 a 69 y 374
31 de 2006
9 meses
01/03/2006
30/11/2006
70 a 73, 370 y 371
106 de 2006
7 meses
01/12/2006
30/06/2007
184 a 188 y 366
28 de 2007
6 meses
01/07/2007
31/12/2007
74 a 79 y 362
28 de 2008
1 año
01/01/2008
31/12/2008
195 a 201, 357 y 358
4 de 2009
6 meses
01/01/2009
30/06/2009
80 a 85, 349 y 350
Prórroga 1 al contrato 4 de 2009
2 meses
01/07/2009
29/08/2009
346 y 347
Prórroga 2 al contrato 4 de 2009
1 mes
30/08/2009
28/09/2009
86 y 87
13 de 2009
2 meses
29/09/2009
29/11/2009
88 a 94
20 de 2009
3 meses
18/12/2009
31/03/2010
95 a 101, 341 y 342
6 de 2010
3 meses
01/04/2010
30/06/2010
330 a 333, 335 y 336
Prórroga 1 al contrato 6 de 2010
1 mes
01/07/2010
30/07/2010
102 y 103
17 de 2010
5 meses
31/07/2010
27/12/2010
104 a 111 y 329
26 de 2010
3 meses
28/12/2010
31/03/2011
112 a 118, 322 y 323
Prórroga al contrato 26 de 2010
1 mes
01/04/2011
30/04/2011
119 a 121
11 de 2011
1 mes
01/05/2011
31/05/2011
122 a 128, 314 y 315
18 de 20011
1 mes
01/06/2011
30/06/2011
130 a 138
24 de 2011
2 meses
01/07/2011
31/08/2011
140 a 148
Prórroga 1 al contrato 24 de 2011
1 mes
01/09/2011
30/09/2011
149 a 151
32 de 2011
1 mes
01/10/2011
31/10/2011
152 a 160
Prórroga 1 al contrato 32 de 2011
15 días
01/11/2011
15/11/2011
163 y 164

b) Órdenes de trabajo dadas por los señores jefe del área de protección y el subdirector seccional del DAS en el Huila y dirigidas al actor (ff. 46 a 50), en las que se precisan el objetivo de su misión, duración, elementos de juicio e instrucciones, como se sintetiza en el siguiente cuadro:

Órdenes de trabajo
Objetivo
Término
Medios logísticos
Elementos de juicio
6 de 1 de enero de 2008 (f. 46).
Prestar servicio de seguridad al representante de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), regional Huila.
Permanente.
Armas de dotación oficial y camioneta Ford Explorer, placas COA 052.
Orden de la dirección seccional del DAS, Huila, «[…] basad[a] en atención al programa de protección especial del Ministerio del Interior y de Justicia, implementando el esquema protectivo en […] Neiva […]».
51 de 1 de enero de 2008 (f. 47).
Prestar servicio de seguridad al representante de la CUT, regional Huila.
Según solicitud escrita del protegido.
Armas de dotación oficial y camioneta Ford Explorer, placas COA 052.
Orden de la dirección seccional del DAS, Huila, «[…] basad[a] en atención al programa de protección especial del Ministerio del Interior y de Justicia, y previa solicitud de desplazamiento escrita y firmada por el Protegido».
42 de 29 de septiembre de 2009 (f. 50).
Prestar seguridad al presidente de la asociación campesina primavera.
Del 29 de septiembre al 31 de octubre de 2009.
Camioneta Ford Explorer, placas COA 052
Medidas establecidas por la junta del CRER, oficina de derechos humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, y orden del director seccional del DAS.
50 de 1 de noviembre de 2009 (f. 49).
Prestar seguridad al presidente de la asociación campesina primavera.
Del 1 al 27
de noviembre de 2009.
Vehículo Ford Explorer, placas COA 052.
Medidas establecidas por la junta del CRER, oficina de derechos humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, y orden del director seccional del DAS.
36 de 24 de junio de 2010 (f. 48).
Acompañamiento al presidente de la asociación sindical campesina primavera «[…] Y MIEMB[RO] DEL P.C.C.-U.P DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, A LA CIUDAD DE IBAGUÉ […]».
1 día (25 de junio de 2010).
Vehículo Rodeo, placas CSV 032, color rojo.
Solicitud realizada por el protegido. Medidas establecidas por la junta del Comité de Reglamentación y Evaluación de Riesgos (CRER), oficina de derechos humanos del Ministerio del Interior y de Justicia, y orden del director seccional del DAS.

Respecto de las instrucciones, en todas las órdenes de trabajo relacionadas, hacen referencia a que debía estar en contacto con el responsable del área de protección, por ser este el coordinador de los esquemas de seguridad, rendir informe de las novedades que surjan durante la prestación del servicio, registrar su permanencia en los libros asignados para ello ante las instalaciones del DAS, y, en caso, de no existir oficinas de ese organismo, ante el comando de policía más cercano, así como diligenciar en la minuta de control la iniciación y terminación del servicio diario, y presentarse ante el responsable de protección o el inspector diario en turno

c) Certificación emitida el 2 de septiembre de 2005 por la coordinadora administrativa, financiera y talento humano del DAS (f. 663), según la cual para esa fecha el demandante tenía «[…] Contrato de Prestación de Servicios como ESCOLTA CONTRATADO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN LIDERADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA, para brindar protección a personas que se encuentran en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia política o con el conflicto armado interno, con vigencia del 31 [de a]gosto [de] 2005 al 28 de [f]ebrero [de] 2006», por lo que «[…] porta armamento de propiedad del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DAS, para la prestación del servicio de escolta».

d) Constancias de cumplimiento (ff. 544 a 549, 575 a 599, 626 y 635) que dan cuenta de que el accionante (i) cumplió, durante los meses de marzo a junio y agosto a noviembre de 2006, agosto a diciembre de 2007 y enero a diciembre de 2008, el objeto de los contratos de prestación de servicios que suscribió, (ii) generó gastos de viaje en esos lapsos, y (iii) aportó copia de los respectivos comprobantes de pago a seguridad social, lo cual «[…] acredita el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de seguridad social en pensión y salud, conforme lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de [d]iciembre de 2002, en concordancia con el Artículo 27 de los Decretos 2170 de 2002 y 510 de 2013», y certificaciones «[…] de permanencia generadas de las órdenes de trabajo».

e) Escrito de 19 de febrero de 2013 (ff. 301 a 307), mediante el cual el actor, por medio de apoderado, pidió del extinguido DAS: (i) el reconocimiento de «[…] las sumas correspondientes a la totalidad de las prestaciones sociales a que tiene derecho […]», tales como auxilio de cesantía, primas de navidad, servicios, vacaciones y riesgo, vacaciones y bonificación por servicios prestados, «[…] dejadas de cancelar durante todo el tiempo que se mantuvo la relación contractual, [esto es,] desde el mes de [e]nero de 2004 hasta [n]oviembre de 2011 […]», junto con «[…] las horas extras y trabajo suplementario […]», lo anterior, con su correspondiente reliquidación; (ii) devolver los aportes realizados al sistema general de seguridad social y los dineros descontados por concepto de retención en la fuente de los contratos de prestación de servicios que suscribió; y (iii) pagar los intereses corrientes sobre los valores a que se refieren los conceptos anteriores e indexar todas las sumas que se le cancelen.

f) Oficio de 6 de marzo de 2013 (ff. 42 a 45), con el que el DAS niega la petición del accionante relacionada en la letra precedente, bajo el argumento de que «[…] el ingreso al servicio público está suficientemente regulado en la Constitución Política y la ley, y la celebración de contratos de prestación de servicios no tienen la capacidad para crear una relación laboral reglada, en virtud [de] que [e]stos […] se rigen por la ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007 y sus respectivos decretos reglamentarios».

g) Documento de 14 de junio de 2014 emanado de la subdirección financiera del extinguido DAS (ff. 904 a 907), en el que se evidencian los «[…] pagos y descuentos de ley [retención en la fuente], por concepto de Prestación de Servicios en el Programa de Protección del Ministerio del Interior y de Justicia […]», realizados al actor durante el período de enero de 2004 a diciembre de 2011.

h) Relación de pagos efectuados por el demandante al sistema de seguridad social (ff. 909 y 910), expedida por la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), con la que se demuestra que aquel realizó aportes desde enero de 2004 hasta noviembre de 2011.

i) Audiencia de pruebas celebrada el 19 de junio de 2014, en la que se recaudaron las siguientes declaraciones (ff. 463 a 468 y CD en folio 469):

(i) El señor Alejandro Montaña Cedeño dijo que él trabajó en el DAS desde el 1.° de enero de 2005 hasta noviembre de 2011 y presentó demanda contra ese organismo, con el mismo propósito del demandante en este asunto, por lo que se conoce con él en razón al ámbito laboral, pues fueron compañeros de trabajo, ya que los dos cumplían allí funciones como escolta-contratista.

Sostiene que el actor debía prestar sus servicios de seguridad personal a sujetos de alto riesgo, en la ciudad de Neiva, pero podía ser en cualquier parte del territorio nacional, para lo cual cumplía un horario establecido (la mayoría de las veces por el protegido, el cual era asignado por el DAS), las reglas que imponía la entidad, rendir informes mensualmente al jefe inmediato de protección y acatar las mismas funciones de los agentes-escoltas que eran de planta del DAS.

Que el accionante suscribió contratos de prestación de servicios para tales efectos del 2004 al 2011, en forma consecutiva, sin interrupción, pues aunque habían contratos de 2 meses, inmediatamente se cumplía ese término, firmaban el otro para continuar con su labor, hasta que les cancelaron los contratos, debido al inicio del proceso de liquidación del DAS, sin embargo, inmediatamente los vincularon a la Unidad Nacional de Protección, que tiene a su cargo la prestación del servicio de seguridad a personas.

Indica que ellos ingresaron al DAS por haber hecho un curso de escolta y superar algunas pruebas, la cual, una vez contratados, les pagaba un salario integral que no superaba el $1.500.000, pero de ese monto tenían que hacer los aportes correspondientes a seguridad social.

Que nunca tuvieron los mismos derechos prestacionales que tenían los escoltas que estaban directamente vinculados con el DAS, pese a que no existía ninguna diferencia con aquellos, dado que realizaban las mismas funciones y les suministraban armamento y vehículos oficiales iguales, los cuales estaban a nombre de esa dependencia. Además, no les era dable ausentarse de su labor ni prestarla en un horario diferente al establecido, ya que no tenían autonomía para ello, pues esa eventualidad debía ponerse en conocimiento del jefe inmediato, para que les otorgara permiso.

(ii) El señor Juan Manuel Perdomo declaró que trabajó con el extinguido DAS entre los años 2005 y 2011, en calidad de escolta, a través de contratos de prestación de servicios y actualmente tiene en trámite demanda contra ese organismo bajo similares argumentos fácticos y jurídicos que el actor, pues fue su compañero de trabajo desde el 2006 hasta el 2011.

Que al demandante le correspondía prestar los servicios de protección a personas, en particular, al señor Mario de Jesús Castañeda, cuyas funciones eran reclamar el armamento en el DAS (entregado por el inspector que estaba de turno), firmar el libro de minuta que reposaba en la guardia, sacar el vehículo que tenía asignado y cumplir el servicio para el que había sido contratado.

Sostiene que la remuneración era una parte sueldo y la otra se cubría con viáticos, de lo cual debían cancelar ellos salud y pensión. Además, nunca les reconocieron bonificación especial por sus servicios, es decir, la entidad solo les cancelaba lo que estaba estipulado en el contrato, y solo cuando viajaban a desarrollar su labor fuera de la ciudad les consignaban a la cuenta los gastos en que incurrieron.

Que el accionante tenía unos jefes, quienes eran los que le daban las misiones de trabajo, y prestaba un servicio las veinticuatro horas, porque tenía que estar disponible a la hora que llamara el protegido y cuando no se requería de su servicio de protección debía estar disponible en las instalaciones del DAS, pendiente de atender cualquier directriz que diera el jefe de protección, por lo que considera que existía discriminación hacía ellos, en relación con el personal del planta que estaba vinculado al DAS como escolta, pues aunque desempeñaban las mismas funciones no les otorgaban los beneficios que a ellos sí.

(iii) El señor Lisandro Salazar Molina aduce que laboró para el extinguido DAS en la época del 2000 al 2009, en condición de escolta contratista, y fue compañero de trabajo del accionante, pues también prestaba sus servicios en la entidad demandada, desde el 2004 hasta el 2011, como escolta, lo cual consiste en brindar protección las 24 horas a un protegido, quien era el que les manejaba el horario, por lo que no les era dable disponer libremente de su tiempo, tan es así que en caso de enfermedad debían presentar incapacidad médica, pese a que ellos eran los que efectuaban los pagos a seguridad social, ya que era necesaria la presentación de los respectivos comprobantes para obtener su remuneración mensual.

Que rendían informes al extinguido DAS y nunca hubo interrupción entre un contrato de prestación de servicios y otro, aunque algunos se suscribieron por unos términos de 2 o 6 meses, nunca se dejó de trabajar, condiciones similares a las de los funcionarios de planta en los cargos de escolta, quienes sí disfrutaban de vacaciones, primas y dotaciones, entre otras prerrogativas laborales, a pesar de que desarrollaban la misma labor, bajo idénticos parámetros, razón por la que también instauró un proceso contra ese organismo.

Manifiesta que el DAS con la planta de personal que tenía no cumplía los programas de protección que estaban a su cargo, razón por la cual fue necesaria la vinculación de más personas (más o menos 60 en Neiva), bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios.

(iv) El señor Nelson Fernando Iriarte Vergara informó que prestó sus servicios para el DAS desde abril de 2005 hasta finales de abril de 2010, en calidad de escolta-contratista, por lo que bajo similares presupuestos a los del actor, a quien conoció en desarrollo de esas labores, para las cuales tenían que estar disponibles las 24 horas, pues los protegidos eran los que determinaban sus horarios de trabajo, y si aquellos viajaban sin ellos, su deber era acudir a las instalaciones del DAS para continuar con las tareas encomendadas.

Que debían pagar salud y pensión de su sueldo y aportar el comprobante cada mes a la entidad para que les cancelaran el salario, por lo que si se enfermaban y la incapacidad era por un término prolongado, este se les descontaba de su asignación.

Dice que entre la firma de un contrato y el siguiente nunca hubo interrupción de labores, toda vez que suscribían el siguiente con uno o dos días antes de que se terminara la duración del vigente.

Que no existía diferencia entre los escoltas de planta y ellos (contratistas), porque tenían que formar con ellos, prestar guardia con el uniforme del DAS, manejar la minuta, brindar el servicio cuando llegaban altos dignatarios a la ciudad, hacer uso de vehículos y de armas de dotación que eran propiedad de la entidad y reportarse en sus respectivos turnos, independientemente de la ciudad en la que estuvieran.

3.5 Caso concreto. De las pruebas relacionadas en el acápite anterior, se colige que el accionante (i) prestó de manera personal e ininterrumpida sus servicios como escolta del DAS desde el 1.º de enero de 2004 hasta el 15 de noviembre de 2011, para lo cual hacía uso de armamento y vehículos de propiedad de ese organismo; (ii) se vinculó mediante contratos de prestación de servicios, que tenían por objeto que este proporcionara sus servicios de protección, «[…] dentro del componente seguridad a personas, del programa de protección a Dirigentes Sindicales, Organizaciones Sociales y Defensores de Derechos Humanos […]», por cuya actividad recibía una contraprestación económica mensual; (iii) se le asignaban instrucciones a través de «órdenes de trabajo», que consistían en el deber de estar en contacto con el responsable del área de protección, por ser este el coordinador de los esquemas de seguridad, rendir informe de las novedades que surgieran durante la prestación del servicio, registrar su permanencia en los libros asignados para ello ante las instalaciones del DAS, y, en caso de no existir oficinas de ese organismo en un lugar, ante el comando de policía más cercano, así como diligenciar en la minuta de control la iniciación y terminación del servicio diario, y presentarse ante el responsable de protección o el inspector diario en turno, de lo que se concluye que no actuaba de manera independiente en el desarrollo del objeto contractual, sino por el contrario estaba sujeto a las instrucciones y órdenes impartidas por la entidad; y (iv) durante la ejecución de los referidos contratos efectuó los aportes correspondientes al sistema de seguridad social en salud y pensión, ya que debía presentar dichos soportes para obtener su pago.

Así las cosas, se encuentra claramente demostrado con la copia de los contratos de prestación de servicios, la existencia de dos de los elementos de la relación laboral como son, por un lado, la prestación personal del servicio, en atención a que en efecto el demandante fue contratado por el DAS como escolta, lo que implica que fue quien prestó el servicio, y por otro, la remuneración por el trabajo cumplido, comoquiera que en dichos contratos de prestación de servicios se estipuló un valor del contrato con cargo a los recursos presupuestales de la entidad, es decir, la suma de dinero que tenía derecho a recibir y la modalidad del pago, lo que se entiende como la remuneración pactada por el servicio o el trabajo prestado, independientemente de su denominación (honorarios o salario), que le era pagada de manera mensual, según lo acordado en cada contrato, lo cual se comprueba también con la certificación de 14 de junio de 2014, emanada de la subdirección financiera del extinguido DAS, que da cuenta de ello y de los descuentos que se le hacían por concepto de retención en la fuente.

En relación con la subordinación, como último elemento de la relación laboral, resulta procedente examinar la naturaleza de las funciones desempeñadas por el actor en el ente demandado y su verdadero alcance, con el fin de establecer si existió o no.

El extinguido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), creado mediante el Decreto 2872 de 31 de octubre de 1953, tenía por objeto «[…] la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos del Sector Administrativo […]», para lo cual debía producir «[…] la inteligencia que requiere el Estado, como instrumento de Gobierno para la toma de decisiones y la formulación de políticas relacionadas con la seguridad interior y exterior del Estado […]», y entre sus funciones, de conformidad con el artículo 2.º (numeral 14) del Decreto 643 de 2004, se encontraba la de brindar protección a altos dignatarios, así:

14. Brindar seguridad al Presidente de la República y su familia, Vicepresidente y su familia, Ministros y ex Presidentes de la República; la información relacionada con su seguridad tiene reserva legal.

[…]

Parágrafo. Para los efectos de la seguridad que deba darse a personas y dignatarios, distintas de los previstos en el numeral 14 de este artículo, que requieran la protección del Estado, deberá concertarse la asunción de dicha función por parte de otros organismos estatales que desarrollen funciones de protección. El Departamento Administrativo de Seguridad continuará prestando tales servicios hasta que sean asumidos por otras entidades, de acuerdo con los estudios de riesgo correspondientes.

Por su parte, el Decreto 2816 de 2006 estableció que «El Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia tiene por objeto apoyar al Gobierno Nacional en la salvaguarda de la vida, integridad, libertad y seguridad de la población objeto del Programa que se encuentre en situación de riesgo cierto, inminente y excepcional, como consecuencia directa y en razón del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias», del cual hacía parte para su desarrollo el extinguido DAS, y según su artículo 3, está dirigido a:

1. Dirigentes o activistas de grupos políticos y especialmente de grupos de oposición.

2. Dirigentes o activistas de organizaciones sociales, cívicas y comunales, gremiales, sindicales, campesinas y de grupos étnicos.

3. Dirigentes o activistas de organizaciones de Derechos Humanos y miembros de la misión médica.

4. Testigos de casos de violación a los Derechos Humanos y de infracción al Derecho Internacional Humanitario, independientemente de que no se hayan iniciado los respectivos procesos disciplinarios, penales y administrativos, en concordancia con la normatividad vigente.

5. Periodistas y comunicadores sociales.

6. Alcaldes, Diputados, Concejales y Personeros.

7. Dirigentes de organizaciones de población en situación de desplazamiento.

8. Funcionarios responsables del diseño, coordinación o ejecución de la Política de Derechos Humanos o de Paz del Gobierno Nacional.

9. Ex funcionarios que hayan tenido bajo su responsabilidad el diseño, coordinación o ejecución de la Política de Derechos Humanos o de Paz del Gobierno Nacional.

Visto lo anterior, colige la Sala que el servicio de protección era una función permanente y obligatoria del DAS, con soporte normativo, la cual se relacionaba directamente con las labores que desempeñaba el demandante, por ende, se tiene que este no ejerció actividades temporales durante su vinculación al DAS como contratista de prestación de servicios sino de naturaleza permanente.

Agrégase a lo anterior, que en la planta global de personal del extinguido DAS había cargos de escolta, tal como se deduce del Decreto 644 de 2004, que modificó el Decreto 2759 de 2000, cuya función, de acuerdo con el Decreto 1951 de 1993, consistía en «[p]restar los servicios de protección a personas, contra riesgos, peligros o amenazas que puedan generar perturbaciones de orden público», para lo que se desarrollaban actividades idénticas a las asignadas al actor, las cuales implicaban subordinación en el ejercicio de dichas tareas.

Lo anterior, también encuentra sustento en las declaraciones rendidas por los excompañeros laborales del actor, señores Alejandro Montaña Cedeño, Juan Manuel Perdomo, Lisandro Salazar Molina y Nelson Fernando Iriarte Vergara, quienes se desempeñaron, al igual que él, como escoltas - contratistas, y coincidieron en afirmar que (i) las actividades que desarrollaron como agentes escoltas en el DAS implicaba una disponibilidad de 24 horas y el cumplimiento de un horario, por lo que para ausentarse debía mediar justificación y poner en conocimiento de tal situación al jefe de protección; (ii) las funciones asignadas eran las mismas que realizaba el personal de planta de ese organismo, a quienes les eran reconocidas prestaciones laborales, mientras que a ellos no, pese a que también hacían uso de vehículos y armas de dotación oficial; y (iii) estaba a su cargo el pago de los aportes a seguridad social, con el propósito de adosar los correspondientes soportes para recibir su pago como contraprestación de sus servicios, lo cual era mensualmente.

La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que cuando el objeto del contrato versa sobre el desempeño de funciones de carácter permanente y en el proceso se demuestra que hubo subordinación o dependencia respecto del empleador, surge el derecho al pago de prestaciones, porque de lo contrario se afectan los derechos del trabajador.

Por lo tanto, si bien es cierto que el accionante se vinculó al extinguido DAS a través de sucesivos contratos de prestación de servicios durante el interregno de 1.º enero de 2004 a 15 de noviembre de 2011, también lo es que se desdibujaron las características propias de este tipo de vínculos, por lo que es aplicable a la presente controversia el principio de «la primacía de la realidad sobre formalidades», pues es indudable que el demandante se encontraba en las mismas condiciones de los escoltas nombrados en planta, en tanto desempeñaba personalmente la labor y con implementos que le suministraba el extinguido DAS para tal fin, en un cargo que revestía la característica de permanente, motivo por el cual estaba sujeto a subordinación y dependencia.

Cabe anotar que pese a que se encuentran probados los elementos configurativos de una relación laboral en virtud del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades (prestación personal del servicio, contraprestación y subordinación o dependencia), tal como lo determinó el a quo, destaca la Sala que ello no implica que la persona obtenga la condición de empleado público, ya que no median los componentes para una relación de carácter legal y reglamentaria en armonía con el artículo 122 superior.

No obstante lo anterior, resulta oportuno aclarar que la existencia de la relación laboral tuvo lugar entre el 1.º de enero de 2004 y el 15 de noviembre de 2011, y no como quedó en la parte dispositiva de la sentencia impugnada, esto es, desde enero de 2004 hasta el 4 de diciembre de 2011, conforme al material probatorio allegado, en particular, los contratos de prestación de servicios, motivo por el cual se modificará en tal sentido.

Por otra parte, en sentencia de unificación CE-SUJ2 5 de 25 de agosto de 2016, que aunque no se había emitido para la fecha en la que el fallo de primera instancia fue emitido, es la posición jurisprudencial vigente respecto de controversias relativas al reconocimiento de la relación laboral con el Estado (contrato realidad) y el consecuente pago de las prestaciones derivadas de esta, la sección segunda de esta Corporación precisó:

[R]especto de las controversias relacionas con el contrato realidad, en particular en lo que concierne a la prescripción, han de tenerse en cuenta las siguientes reglas jurisprudenciales:

i) Quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual.

ii) Sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión, en atención a la condición periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales y los principios de in dubio pro operario, no regresividad y progresividad.

iii) Lo anterior, no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el derecho pensional como tal (que se busca garantizar), sino en relación con las cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones, que podrían tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional.

iv) Las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad, por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas, también están exceptuadas de la caducidad del medio de control (de acuerdo con el artículo 164, numeral 1, letra c, del CPACA).

v) Tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de controversias (contrato realidad) derechos laborales irrenunciables (cotizaciones que repercuten en el derecho a obtener una pensión), que a su vez comportan el carácter de ciertos e indiscutibles, no son conciliables.

vi) El estudio de la prescripción en cada caso concreto será objeto de la sentencia, una vez abordada y comprobada la existencia de la relación laboral, pues el hecho de que esté concernido el derecho pensional de la persona (exactamente los aportes al sistema de seguridad social en pensiones), que por su naturaleza es imprescriptible, aquella no tiene la virtualidad de enervar la acción ni la pretensión principal (la nulidad del acto administrativo que negó la existencia del vínculo laboral).

vii) El juez contencioso-administrativo se debe pronunciar, aunque no se haya deprecado de manera expresa, respecto de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo laboral entre el demandante y la agencia estatal accionada, sin que ello implique la adopción de una decisión extra petita, sino una consecuencia indispensable para lograr la efectividad de los derechos del trabajador.

De igual modo, se unifica la jurisprudencia en lo que atañe a que (i) el consecuente reconocimiento de las prestaciones por la nulidad del acto administrativo que niega la existencia de la relación laboral y del tiempo de servicios con fines pensionales proceden a título de restablecimiento del derecho […].

Con base en la citada jurisprudencia, se tiene que en atención a que el actor laboró para el extinguido DAS por medio de contratos de prestación de servicios del 1.º de enero de 2004 al 15 de noviembre de 2011 y presentó reclamación ante su empleador el 19 de febrero de 2013, las prestaciones sociales que se le reconocerán son las derivadas de los siguientes contratos, pues los anteriores se encuentran prescritos:

Contrato No.
Período
Desde
Hasta
20 de 2009
3 meses
18/12/2009
31/03/2010
6 de 2010
3 meses
01/04/2010
30/06/2010
Prórroga 1 al contrato 6 de 2010
1 mes
01/07/2010
31/07/2010
17 de 2010
5 meses
30/07/2010
27/12/2010
26 de 2010
3 meses
28/12/2010
31/03/2011
Prórroga al contrato 26 de 2010
1 mes
01/04/2011
30/04/2011
11 de 2011
1 mes
01/05/2011
31/05/2011
18 de 20011
1 mes
01/06/2011
30/06/2011
24 de 2011
2 meses
01/07/2011
31/08/2011
Prórroga 1 al contrato 24 de 2011
1 mes
01/09/2011
30/09/2011
32 de 2011
1 mes
01/10/2011
31/10/2011
Prórroga 1 al contrato 32 de 2011
15 días
01/11/2011
15/11/2011

Lo anotado, comoquiera que el último contrato celebrado por las partes, antes del 20 de 2009, fue el 13 de ese año con vigencia de 2 meses, cuyo inició aconteció el 29 de septiembre de esa anualidad y culminó el 29 de noviembre siguiente y la respectiva petición solo se presentó, como se dijo, hasta el 19 de febrero de 2013, esto es, por fuera de los tres años establecidos como término de prescripción extintiva, no es factible conceder los emolumentos prestacionales derivados tanto del aludido acuerdo como de los anteriores, por lo que no resulta ajustada a derecho la determinación del juez de primera instancia, consistente en que no ha operado el referido fenómeno, puesto que se debe tener en consideración para su contabilización, no la finalización del último contrato, sino la de cada uno, en razón a que la ocurrencia de los tres elementos de la relación laboral se estudia respecto de la ejecución de cada acto bilateral.

Estima la Sala que dado que para la época en que el actor prestó sus servicios existía el cargo de agente escolta, tiene derecho a que se le reconozcan y paguen las correspondientes prestaciones sociales devengadas por los servidores de planta, por lo que se debe tener como base para su liquidación, el salario legalmente sufragado a quienes desempeñaban el mencionado empleo (en la medida en que no sea inferior a los honorarios, pues en caso contrario se recurrirá al valor de estos), como lo concluyó el a quo, pero en proporción a cada período trabajado, en virtud de las órdenes de prestación de servicios 20 de 2009, 6, 17 y 26 de 2010 y 11, 18, 24 y 32 de 2011 (incluidas sus prórrogas).

Pese a lo expuesto, en atención a que los aportes al sistema de seguridad social en pensiones son imprescriptibles, tal como se explicó en la precitada sentencia de unificación de la sección segunda de 25 de agosto de 2016, el accionado deberá tomar (durante el tiempo comprendido entre el 1.º de enero de 2004 y 15 de noviembre de 2011) el ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante (el salario legalmente sufragado a quienes desempeñaban el empleo de agente escolta o los honorarios pactados, si estos son superiores a aquel), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para efectos de lo anterior, se deben tener en cuenta las cotizaciones que realizó el accionante al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador.

En lo concerniente a la pretensión de devolución de los dineros cancelados por concepto de aportes al sistema general de seguridad social, se tiene que solo es procedente tal petición respecto de la cuota parte legal que la entidad demandada no trasladó al correspondiente fondo de pensiones y empresa prestadora de salud, pues dicha carga fue asumida por el actor como da cuenta la relación de pagos que emitió Colpensiones en ese sentido, durante la ejecución de los contratos de prestación de servicios 20 de 2009, 6, 17 y 26 de 2010 y 11, 18, 24 y 32 de 2011 (incluidas sus prórrogas), ya que frente a los demás, como se anotó en párrafos anteriores, operó la prescripción trienal, lo cual se hace extensivo al deprecado reintegro, toda vez que, de acuerdo con la pluricitada sentencia de unificación, este es un beneficio puramente económico para el demandante.

Pese a lo dicho, resulta oportuno declarar en este fallo que el tiempo trabajado por el actor bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios durante el período comprendido entre el 1.º de enero de 2004 y el 15 de noviembre de 2011, se debe computar para efectos pensionales.

En relación con la pretensión de reintegro de las sumas descontadas por concepto de retención en la fuente, no es dable acceder a ella, ya que esta Corporación ha sostenido que el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no es el mecanismo idóneo para ventilar tal súplica, dado que esa figura reviste un cobro anticipado de un impuesto, esto es, un concepto tributario, que desborda el objeto de la controversia laboral del epígrafe. Además, la desnaturalización de la vinculación del actor a través de contratos de prestación de servicios, no implica el reintegro de dineros que se hayan erogado para su celebración.

En cuanto a la pretensión de pago de los intereses legales que se hayan causado desde el momento en que tenía derecho a recibir sus prestaciones sociales, tampoco se accede, pues estos operarían, en este caso, a partir de la declaración de la existencia de relación laboral, y como tal circunstancia tuvo lugar en este fallo, será entonces desde su ejecutoria que se generan, en los términos del artículo 192 del CPACA.

En lo atañedero al reconocimiento de horas extras y trabajo suplementario, resulta menester precisar que no se tiene certeza del horario que cumplía el demandante, puesto que si bien es cierto que los testigos afirmaron que su jornada de trabajo era extensa, no se allegó medio probatorio que la determinara. En todo caso, en el evento en que estas hubieran sido demostradas, no es procedente acceder a ello, toda vez que no comportan la naturaleza de prestaciones sociales sino factores salariales, devengados por los empleados públicos (artículo 45 del Decreto 1045 de 1978), condición que, como se expuso en líneas anteriores, carece el actor.

Por otra parte, en lo atinente a la condena en costas impuesta y las agencias en derecho que corresponde a los gastos por concepto de apoderamiento dentro del proceso, la Sala estima que el a quo aplicó de manera restrictiva lo dispuesto en el artículo 392 del CPC, hoy 365 del CGP, por remisión expresa del artículo 188 del CPACA, a la parte vencida, pues no estudió aspectos como la temeridad o mala fe en la que esta pudo incurrir, sino que adoptó esa decisión con el único fundamento de que la norma en mención preceptuaba de manera inexorable la imposición de tal condena.

En este sentido, se pronunció esta Corporación en sentencia de 1.º de diciembre de 2016 así:

En ese orden, la referida norma especial que regula la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo dispone:

Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la sentencia sobre la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo 366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil, comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).

Así las cosas, frente al resultado adverso a los intereses del demandante, se tiene que ejerció de forma legítima el reclamo por la vía judicial del derecho que le asistía de acceder a la pensión gracia, pues con base en el ordenamiento que la rige y los lineamientos jurisprudenciales en la materia, así lo consideró.

Por lo tanto, esta Sala considera que la referida normativa deja a disposición del juez la procedencia o no de la condena en costas, ya que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida y comprobar su causación y no el simple hecho de que las resultas del proceso le fueron desfavorables a sus intereses, pues dicha imposición surge después de tener certeza de que la conducta desplegada por aquella adolece de temeridad o mala fe, actuación que, se reitera, no desplegó el a quo, por lo que, al no predicarse tal proceder de la parte demandada, no se impondrá condena en costas.

3.6 Síntesis de la Sala. Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se (i) confirmará parcialmente la sentencia de primera instancia, que accedió de manera parcial a las súplicas de la demanda, (ii) modificará el fallo apelado, en los siguientes términos: 1) declarar que la vinculación laboral entre el actor y el extinguido DAS estuvo vigente desde el 1.° de enero de 2004 hasta el 15 de noviembre de 2011, término que se debe computar para efectos pensionales, y 2) ordenar a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que 2.1) efectúe los pagos correspondientes a las prestaciones sociales originados de la aludida relación laboral, en proporción a cada período trabajado, en virtud de las órdenes de prestación de servicios 20 de 2009, 6, 17 y 26 de 2010 y 11, 18, 24 y 32 de 2011 (incluidas sus prórrogas), debido a que operó la prescripción trienal respecto de los derechos laborales reclamados frente a los demás contratos; 2.2) tome (durante el tiempo comprendido entre el 1.º de enero de 2004 y 15 de noviembre de 2011) el ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante (el salario legalmente sufragado a quienes desempeñaban el empleo de agente escolta o los honorarios pactados, si estos son superiores a aquel), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para efectos de lo anterior, se deberán tener en cuenta las cotizaciones que realizó el actor al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador; y 2.3) devuelva los dineros cancelados por el accionante en razón a la cuota parte legal que el organismo demandado no trasladó al correspondiente fondo de pensiones y empresa prestadora de salud durante la ejecución de los precitados contratos, y (iii) revocará la condena en costas, que incluye las agencias en derecho, impuesta a la parte demandada.

Por último, en atención a que el abogado de la Unidad Nacional de Protección (UNP) sustituyó el poder que le fue conferido (f. 1004), se reconocerá personería al profesional del derecho destinatario de dicha sustitución.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confírmase parcialmente la sentencia proferida el 29 de enero de 2015 por el Tribunal Administrativo del Huila (sala tercera de decisión), que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda incoada por el señor John Jairo Medina Cabrera, en los términos indicados en la parte motiva.

2. Modifícanse los ordinales primero y tercero de la providencia apelada, en los siguientes términos:

2.1 Declárase que la vinculación laboral entre el señor John Jairo Medina Cabrera y el extinguido DAS estuvo vigente desde el 1.° de enero de 2004 hasta el 15 de noviembre de 2011.

2.2 Ordénase, a título de restablecimiento del derecho, a la Unidad Nacional de Protección [UNP] (i) efectuar los pagos correspondientes a las prestaciones sociales originados de la aludida relación laboral, en proporción a cada período trabajado, en virtud de las órdenes de prestación de servicios 20 de 2009, 6, 17 y 26 de 2010 y 11, 18, 24 y 32 de 2011 (incluidas sus prórrogas), debido a que operó la prescripción trienal respecto de los derechos laborales reclamados frente a los demás contratos; (ii) tomar (durante el tiempo comprendido entre el 1.º de enero de 2004 y 15 de noviembre de 2011) el ingreso base de cotización (IBC) pensional del demandante (el salario legalmente sufragado a quienes desempeñaban el empleo de agente escolta o los honorarios pactados, si estos son superiores a aquel), mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para efectos de lo anterior, se deberán tener en cuenta las cotizaciones que realizó el actor al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de completar, según el caso, el porcentaje que le incumbía como trabajador; y (iii) devolver los dineros cancelados por el accionante en razón a la cuota parte legal que el organismo demandado no trasladó al correspondiente fondo de pensiones y empresa prestadora de salud durante la ejecución de los precitados contratos 20 de 2009, 6, 17 y 26 de 2010 y 11, 18, 24 y 32 de 2011 (incluidas sus prórrogas).

2.3 Declárase que el tiempo laborado por el señor John Jairo Medina Cabrera al extinguido DAS, desde el 1.º de enero de 2004 hasta el 15 de noviembre de 2011, se debe computar para efectos pensionales.

3. Revócase el ordinal séptimo de la parte decisora de la providencia de primera instancia, que condenó en costas, con la inclusión de las agencias en derecho, a la parte demandada, en atención a las razones dadas en las consideraciones.

4. Reconócese personería al abogado Jeyson Eduardo Vargas Suárez, con cédula de ciudadanía 4.119.957 y tarjeta profesional de abogado 205.168 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la Unidad Nacional de Protección (UNP), en los términos de la sustitución de poder conferida.

5. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase.

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

CARMELO PERDOMO CUÉTER

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Relatoría: JORM/Lmr. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 1303 de 11 de julio de 2014, «por el cual reglamenta el Decreto 4057 de 2011», los procesos judiciales en que fue parte el DAS, al cierre de la supresión de dicha entidad, serán notificados a los organismos que hayan asumido sus funciones, de acuerdo con la naturaleza, objeto o sujeto procesal. De la parte demandante en folios 962 a 964 y de la demandada en los folios 965 a 969. No obstante, de conformidad con los documentos allegados al plenario, se evidencia que esa petición se formuló el 19 de febrero de 2013. Sentencias C-555 de 1994, C-157 de 1997, T-500 de 2000 y T-1058 de 2007. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. (i) C. P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente 2152-06, (ii) C. P. Alejandro Ordoñez Maldonado, expediente 4798-02, (iii) C. P. Jesús María Lemos Bustamante, expediente 0370-2003, (iv) C. P. Jaime Moreno García, expediente 2776-05, (v) C. P. Jesús María Lemos Bustamante, expediente 4312, y (vi) C. P. Jesús María Lemos Bustamante, expediente 3530-2001. Corte Constitucional, sentencia de 19 de marzo de 1997, M. P. Hernando Herrera Vergara. Modificado por el Decreto 3074 del mismo año. En similares términos, se pronunció el Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, en sentencia de 27 de enero de 2011, consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, expediente: 5001-23-31-000-1998-03542-01(0202-10). Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve, sentencia de 4 de febrero de 2016, expediente: 81001-23-33-000-2012-00020-01 (0316-2014), actora: Magda Viviana Garrido Pinzón, demandado: Unidad Administrativa Especial de Arauca. CD en folio 469, minutos 05:02 a 21:11. CD en folio 469, minutos 21:15 a 30:56. CD en folio 469, minutos 30:58 a 44:02. CD en folio 469, minutos 44:04 a 56:22. Artículo 1.º del Decreto 643 de 2004, «Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de Seguridad y se dictan otras disposiciones». Ibidem.
«Por el cual se diseña y reglamenta el Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de Justicia y se adoptan otras disposiciones».
«Por el cual se modifica la planta de personal del Departamento Administrativo de Seguridad».
«Por el cual se adopta la Planta de Personal del Departamento Administrativo de Seguridad y se dictan otras disposiciones».
«Por el cual se adiciona la nomenclatura de los empleados del Departamento Administrativo de Seguridad, se describe la naturaleza de una denominación, se fijan los requisitos mínimos para su desempeño y se dictan otras disposiciones». Consejo de Estado, sala plena de lo contencioso administrativo, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda, sentencia de 18 de noviembre de 2003, expediente: IJ-0039, actora: María Zulay Ramírez Orozco.
«No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente. Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben. Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas. Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público.
[…]». Expediente 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter. Sentencia de 13 de junio de 2013, expediente: 05001-23-31-000-2003-03741-01 (42-13), C.P. Luis Rafael Vergara Quintero. Expediente: 68001-23-31-000-2009-00636-01 (1230-14), C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. En similar sentido se pronunció esta sección (subsección A) en sentencia de 6 de octubre de 2016, expediente:

68001-23-31-000-2009-00146-01 (1773-15), C. P. William Hernández Gómez. Que pese a que en la motiva del fallo se habló de imponerse al actor, lo cierto es que en la decisoria se condenó a la accionada como parte vencida en el proceso.
«En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. Además, se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la temeridad o mala fe.
[…]».
«Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil». Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 70001-23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014), C. P. Carmelo Perdomo Cuéter, actor: Ramiro Antonio Barreto Rojas, demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

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