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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2013-00365-01

Fecha
24 de marzo de 2022
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernandez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2013-00365-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- CONFI RMA R la sentencia proferida el 29 de junio de 2018 por el Tribunal Administrativo del Huila , que accedió parcialmente a las pretensiones, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el señor Alejandro Montaña Cedeñ o en contra de la Unidad Nacional de Protección, sucesora procesal del Departamento Administrativo de Seguridad - DAS-, de conformidad con lo señalado en la parte motiva. SEGUNDO.- Sin condena en costas de segunda instancia de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia. www.consejodeestado.gov.co 24 Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 41001-23-33-000-2013-00365-01 (6183-2018) Demandante: Alejandro Montaña Cedeño TERCERO.- Efect uar las anotacio nes correspondientes en el sistema de gestión judicial SA MA I y una vez en firme esta providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2013-00365-01

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez

24 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓ N A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ

Bogotá, D.C. veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 41001-23-33-000-2013-00365-01 (6183 -2018)
Demandante : Ale jandro Montaña Cedeño
Demandado: Unidad Nacional de Protección -UNP- sucesora
procesal del De partamento Administrativo de
Seguridad -DAS-
Temas: Relación laboral e ncubierta o subyacente

SENTENCIA DE SEGUNDA I NSTANCIA / LEY 1437 DE 2011

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
decide el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la
Unidad Nacional de Protección contra la sentencia del 29 de junio
de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila 1, que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho del epígrafe.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda 2
2.1.1. Pretensiones

2. El señor Alejandro Montaña Cedeño, a través de apoderada,
formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrado en el artícu lo 150 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en contra de la Unidad Nacional de Protección -
UNP- como sucesora procesal 3 del Departamento Administrativo de
Seguridad DAS –, para lo cual solicitó la nulidad del Oficio de 6

1 Con ponencia del magistrado Dr. Jorge Alirio Cortés Soto.
2 Ff. 3 y s.s. y 265 y s.s. El cuaderno principal se divide en varios tomos de
foliatura consecutiva.
3 Según auto del 30 de septiembre de 2014 dictado por el Tribunal
Administrativo del Huila ( ff - 392- 393).

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Demandante: Alejandro Montaña Cedeño

de marzo de 2 013 , por medio del cual el Departamento
Administrativo de Seguridad -DAS- en supresión, le negó su
petición de reconocimiento de una relación laboral , surgida entre
las partes desde e nero de 2005 hasta el mes de noviembre de 2011
y, el consecuente pago de los haberes laborales generados en
virtud de dicho reconocimiento.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se declare
la existencia de una relación laboral entre las partes, sin solución
de continuidad, en el periodo comprendido entre el mes de enero
de 2005 hasta noviembre de 2011, durante el cual labo ró a través
de contratos de prestación de servicios.

4. Así mismo formuló como pretensión c ondenar a la demandada a
reconocerle y pagarle la totalidad de las prestaciones sociales
dejadas de cancelar durante todo el tiempo que se mantuvo la
relación laboral, como son: el auxilio de cesantías, las primas de
navidad, de servicios, de vacaciones, de riesgos, las vacaciones y
la bonificación por servicios , las horas extras, el trabajo
suplementario, el reajuste salarial, la devolución de los aportes al
sistema de seguridad social cancelados por el demandante, la
devolución de los dineros descontados por retención en la fuente,
junto con los intereses corrientes, mes a mes, y la indexación de
las sumas generadas .

5. Como pretensión subsidiaria solicitó que se condene a la
demandada al pago de los anteriores valores, a título de
indemnización.

2.1.2. Hechos

6. En síntesis, los hechos relevantes son los siguientes:

7. El señor Alejandro Montaña Cedeño laboró en el Departamento
Administrativo de Seguridad -DAS -, cumpliendo funciones de
protección a personas a través de contratos de prestación de
servicios desde el 31 de diciembre de 2004.

8. Las funciones que realizó fu eron ejecutadas de forma
subordinada en cumplimiento de un horario de trabajo, tiempo en el
que laboró bajo las órdenes del jefe del área de protección, el
subdirector y el director seccional de la entidad convocada , quienes
expedían las correspondientes misiones de trabajo y en el caso de
no existir estas , po r no haberse asignado un protegido debía prestar
turnos dentro de las instalaciones de l DAS en la ciudad de Neiva.

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Demandante: Alejandro Montaña Cedeño

9. Según la demanda los citados contratos de prestación de
servicios celebrados con el DAS ocultaron una verdadera relación
laboral no solo porque se le remuneró la labor prestada , sino porque
ésta se ejecutó de forma personal , subordinada, perm anente e
ininterrumpida por siete años.

10. El señor Montaña Cedeño atendió a las funciones establecidas
en el manual de funciones y requisitos para el cumplimiento de la
actividad de escolta, cargo que existe dentro de la planta de
personal de la entidad conforme a lo dispuesto en el Decreto 644
de 2004, bajo las órdenes y directrices impartidas por sus
superiores.

11. El 8 de febrero de 2013 el accionante solicitó al DAS el
reconocimiento y pago de todos los emolumentos laborales a que
tiene derecho y la devolución de los descuentos y pagos
indebidamente realizados, petición que fue resuelta de forma
negativa a través del acto administrativo demandado.

2.1.3. Dis posiciones violadas y concepto de violación.

12. En la demanda se invocaron como normas violadas los artículos
1.°, 2.°, 6.°, 11, 13, 83, 88, 90, 216, 221 y 223 d e la Constitución
Política , los Decre tos 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1042 de 1978,
1045 de 1978, 451 de 1984 y 1933 de 1989 .

13. En el concepto de violación la apoderada del accionante,
manifestó que tanto el precedente de la Corte Constitucional 4 como
el del Consejo de Estado 5 han mantenido uniforme s las condiciones
del reconocimiento d el principio de la realidad sobre las formas en
una relación laboral, de tal manera que las entidades no pueden
escudarse en contratos de prestación de servicios p ara ocultar
relaciones en donde se aprecia la s ubordinación como un elemento
constante, entre el DAS como empleador y el poderdante.

14. Sostuvo que una de las funciones del DAS es brindar protección
al personal al qu e se le haya asignado, situación que permite
demostrar que el demandante realizó fun ciones asignadas a dicha
entidad según lo dispuso el art. 2.º del Decreto 643 de 2004, por lo

4 Citó la sentencia C – 386 de 2000, T- 159 de 2000,
5 Se refirió a la sentencia de la Subsección B de 16 de julio de 2009, con
ponencia del Dr. Gerardo Arenas Monsalve, dentro del proceso radicado
interno 1258 de 2007.

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tanto, las funciones no fueron de carácter temporal, pues los
sucesivos contratos perduraron durante 7 años continuos.

15. Según la apoderada, las pruebas aport adas al proceso
demostraron que la relación que se mantuvo entre las partes se
constituyeron los tres elementos que conforman un contrato de
trabajo, como son la ejecución personal del servicio, la retribución
económica como contraprestación y la subordina ción; por tales
razones se le deben liquidar todos los emolumentos laborales a que
tiene derecho el accionante por ejecutar sus servicios en las
mismas condiciones que los empleados que pertenecen a carrera
administrativa .

2.2. Contestación de la demanda.

2.2.1. El Departamento Administra tivo de Segurida d -DAS- en
supresión, contestó la demanda 6 a través de apoderado, quien se
opuso a las pretensiones formuladas por el señor Alejandro
Montaña Cedeño.

16. Según la contestación, en este caso no existe alguna obligación
que se le pueda endilgar a dicha entidad por cuanto la vinculación
del demandante con el DAS ocurrió a través de co ntrato s de
prestación de servicios debidamente autorizado s por la Ley 80 de
1993 cuando no se disponía de personal de planta para ejercer la
actividad , sino que se dio con ocasión de un program a de protección
del Ministerio del Interior y por ende su contratación dependía del
mismo.

17. Sostuvo el apoderado que las órdenes que le eran impartidas al
accionante eran necesarias para el cabal cumplimiento del objeto
contratado, teniendo en cuenta que consistía en brindar protección
y/o seguridad a determinadas personas, sin que con ello se pueda
inferir que era depen diente y sometido a subordinación.

18. Propuso como excepciones las de « inexistencia de causa
jurídica para demandar », «falta jurídica para demandar», «absoluta
legalidad en la celebración y desarrollo de los co ntratos de
prestación de servicios suscritos con el demandante» y «ausencia
de configuración del contrato de trabajo» .

2.3. Sentencia de primera instancia 7

19. El Tribunal Administrativo del Hu ila , profirió fallo el 29 de junio
de 2018, en el cual accedió parcialm ente a las pretensiones de la

6 Escrito visible a folios 303 y s.s .
7 Ff. 431 y s.s.

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demanda y le impuso c ondena en costas a cargo de la Unidad
Nacional de Protección.

20. En primer lugar, se refirió al contrato de prestación de servicios
consagrado en la Ley 80 de 1993, según el cual, versa sobre una
obligación de hacer, frente a la ejecu ción de labores en razón de la
experiencia, capacitación y formación profesional de una persona
en determinada materia y el objeto co ntractual tiene que ver con la
realización temporal de activid ades inherentes al funcionamiento de
la entidad con autonomía e independencia del contratista, lo cual
dijo, es un elemento fundamental.

21. Posteriormente se refirió a la s sentencia s del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B , de 26 de enero de 2012
dentro del proceso radicado interno 1094 -2010 8, y de la Su bsección
A de 21 de abril de 2016 dentro del proceso radicado interno 3147 -
2014 9, así como de la Corte Constitucional 10 de las cuales extrajo
que, a pesar de la existencia de un contrato de prestación de
servicios, si el in teresado logra demostrar la subordinación o
dependencia para la prestación personal de la labor y la
remuneración, tendrá derecho al pago de prestaciones sociales en
aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las
formas.

22. Por ende, para acreditar la verdadera existencia de una relación
laboral se necesita probar que el contratista se desempeñó en
igualdad de condiciones que cualquier otro servidor público, que las
actividades que realizó para desarrollar el contrato no eran de
coordinación entre las partes, que lo s accionantes se encontraron
en situaciones de subordinación de la entidad, cumpliendo con
funciones, que no fueron temporales y que no se co ntaba con
autonomía e independencia pues se encontraban sometidos a
horarios, todo lo cual conduce a determinar que se está en
presencia de una relación laboral y no de un contrato de prestación
de servicios.

23. Explicó que de acreditarse la existencia del contrato realidad,
no implica inferir la condición de empleado público al cont ratista
pues dicha calidad no se concede por el solo hecho de trabajar para
el Estado sino que se deben cumplir cada uno de los requisitos
señalados en el artículo 122 de la Constitución y en la ley para

88 C o n ponencia del Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve.
9 Con ponencia de quien se ocupa de esta providencia.
10 C - 154-1997,

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acceder a un cargo público, tales como la existenci a del cargo, la
asignación de funciones al mismo y de recursos para el pago de sus
emolumentos, junto con el nombramiento y posesión en legal forma.

24. Posteriormente, se refirió a las pruebas aportadas, a partir de
las cuales concluyó que los contratos de prestación de servicios,
suscritos entre el señor Alejandro Montaña Cedeño y el
Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- en el periodo
comprendido de l 1.° de enero de 2005 hasta el 15 de noviembre de
2011 correspondieron a la prestación de los se rvicios de protección
en la ciudad de Neiva , de acuerdo con las necesidades del servicio
y los esquemas protectivos a los que fue asignado , y además en los
contratos se le prohibió la cesión, con lo cual se aseguró que la
labor fuera prestada de forma pers onal.

25. Asimismo, se le realizaron pagos, por concepto de prestación
de servicios, con lo cual se probó la remuneración mensual y en
desarrollo de los contratos la entidad demandada emitía órdenes de
trabajo donde señalaba la persona que habría de ser escoltada, el
término de duración, los medios lo gísticos (vehículo y arma de
dotación oficial) , lo cual se surtió de manera ininterrumpida, por 7
años donde se configuraron los supuestos planteados por la
jurisprudencia cita da.

26. Por tanto, estimó que, entre el demandante y el DAS en
supresión, existió una relación lab oral toda vez que aquel se
encontraba subordinado a las órdenes e instrucciones impartidas
por el DAS para el cumplimiento del objeto de protección pactado
en los contratos y el mismo cumplía similares funcione s a las
asignadas a dicha entidad como dieron cuenta las órdenes de
trabajo señaladas, que se mantuvieron por 7 años, de forma
continua, con lo cual prestó sus servicios personalmente y recibió
una remuneración como contraprestación, elementos todos ellos
constitutivos de la relación laboral, razón por la cual resultaba
procedente la declaratoria del contrato realidad en virtud de la
aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las
formalidades de conformidad con el artículo 53 Superior.

27. Por lo anterior, consideró que le asistía derecho al de mandante,
y en consecuencia accedió parcialme nte a las pretensiones de la
demanda y en cuanto a la prescrip ción consideró qu e ésta no
ocurrió toda vez que el último contrato de prestación de servicios
feneció el 15 de noviembre de 2011, momento en el cual comenzó
a correr el término prescriptivo de lo s 3 años, que se interrumpió
con la petición que elevó ante la entidad el 8 de febrero de 2013 y

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la interposición de la demanda sucedió el 13 de septiembre del
mismo año .

28. La decisión adoptada por el Trib unal Administrativo del Huila ,
consistió en lo sig uiente:

(i) Declaró no probadas las excepciones propuestas por la
entidad demandada.

(ii) Declaró la nulidad del Oficio de 6 de marzo de 2013
mediante el cual el Departamento Administrativo de
Seguridad -DAS- le negó su solicitu d de existencia de la
relación laboral y reconocimiento de los derechos laborales
y prestacionales derivados de la misma.

(iii) Declaró la existe ncia de una relación laboral e ntre el
accionante y la Unidad Nacional de Protección como
sucesora procesal del DAS, desde el 1.° de enero de 2005
hasta el 15 de noviembre de 2011.

(iv) Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho condenó a la Unidad Nacio nal
de Protección a:

«CUA RT O . - CO NDENAR a l a Un idad Na ciona l de Pr ot ección –
UNP- sucesor pr oc esal de l Dep ar t am ent o Adm inist r at ivo de
Segur idad - D AS- a pagar al dem andant e , Alej andr o M ont aña
Cedeño, a t í t ulo de r est ablecim ie nt o del der echo, l as
pr est aciones soci al es causadas en e l t iem po que se di o la
r elación labor a l a quí declar ada ( va caciones, pr im as de
ser vicios, pr im as de navidad, pr im a de vacaciones, y dem á s)
t om ando com o base par a li quid ar las, el salar io q ue deve nga ba
ot r o f uncionar io e n un car go equivale nt e o los honor ar ios
pact ados en los cont r at os de pr est ación de ser vicios, si aquél
es inf er ior .

Q UI NTO . - O RDENAR a la ent idad dem andada t om ar el ingreso
base de cot ización pensiona l a ef ect os de det er m inar , m es a
m es, si exist e dif erencia ent r e los apor t es que se debier on
ef ect uar y los r ealizad os por el cont r at ist a y cot izar al
r espect ivo f ondo de pensiones y EPS cor r espondient e , la su m a
f alt ant e por concepto de apor t es a pensión y s alud solo en el
por cent aj e que le cor r espondí a com o empleador .

SEXT O : O RDENAR que las sum as de diner o que r esult en a
f avor del dem andante sean aj ust adas o act ualizad as conf or m e
se señaló en la par t e m ot iva de la pr esent e decisión , apl ican do
la f ór m ula all í ind ica da» .

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29. Finalmente negó las demás pretensiones de la demanda y
condenó en costas a la entidad demandada.

2.4. Recurso de apelación 11.

30. El apoderado de la Unidad Nacional de Protección interpuso
recurso de apelación en el cual sostuvo lo siguiente:

31. En primer lugar, indicó que en este caso el Tribunal desconoció
la procedencia de todos los requisitos exigidos para poder dar
aplicabilidad al p rincipio constitucional de la prevale ncia de la
realidad sobre las formas, toda vez que la prestación personal del
servicio no conllevaba per se el elemento subordinación.

32. Precisó que toda actividad contractual requiere de vigilancia y
control por parte del contratante, máxime porque en este caso la
labor contratada es especialísima pu esto que de ella depende la
vida de quienes son beneficiarios del programa y por ende existen
ciertos e lementos, órdenes y misiones que se dan por p arte de un
supervisor para h acer efectiva dich a función sin que implique
subordinación , sin o que cada escolta tuvo total independencia. Al
igual el pago que se le realizó al demandante no fue a título de
salario, sino que se trató del valor estipulado por las partes en cada
contrato. Además, el DAS no contaba con suficiente personal de
planta que pudiera cumplir con esas f unciones, y ello hizo parte de
un programa del Ministerio del Interior y de Justicia y fue p or ello
que dicha entidad se vio obligada a suscribir co ntratos de
prestación de servicios.

33. Luego dijo que el Juzgador desconoció la aplica ción de la
prescripción de las prestaciones sociales de acuerdo con el
precedente de la sentencia de unificación CE - SUJ2 de 25 de
agosto de 2016 porque e l actor « […] tuvo como última fecha
contractual 15 de noviembre de 2011 (contrato 029 -2011 adición
No. 1), que presentó reclamación administrativa el 8 de febrero de
2013, al dar aplicabilidad a la pre scripción extintiva a los derechos
prestacionales según pre cedente del Consejo de Estado, el fallado r
de instancia únicamente debió tener en cuenta y reconocer el
derecho al pago de las prestaciones sociales por el periodo
comprendido desde el 01 de julio de 2010 hasta el 31 de mayo de
2011 dando aplicación a la tesis exp uesta por la Sección Segunda
Subsección B del Honorable Consejo de Estado y no como qued ó
en el numeral tercero de la sentencia que reconoció la existencia

11 f . 596 y s.s.

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de la relación labo ral y condenó al pago de todos los valores por
concepto de prestaciones sociales desde el 1 de enero de 2005
hasta el 15 de noviembre de 2011, sin dar aplicación a la
prescripción trienal» 12.

34. Finalmente indicó en este caso no debió condenársele en costas
puesto que no se analizó si actuó con temeridad o mala fe, con lo
cual se aplicó de manera restrictiva el artículo 365 del CGP y por
ello debe revocarse el numeral 8.° de la parte decisoria.

2.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

2.5.1. Tanto las partes como el Ministerio Público se abstuvieron
de presentar alegatos y concepto, respectivamente, en esta etapa
procesal según se advierte en la constancia obrante al folio 628 del
expediente.

III. CONSIDERACI ONES

3.1. Competencia

35. Es competente esta Subsección para decidir dentro del proceso
del epígrafe, de acuerdo con lo dispuesto en el artíc ulo 150 del
CPACA 13.

36. Asimismo, conforme con lo consagrado en el artículo 328 14 del

12 F o l i o 598 vto.
13 C P A C A , a r t . 1 5 0 : « C o m p e t e n c i a d e l C o n s e j o d e E s t a d o e n s e g u n d a i n s t a n c i a

y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instanci a por los tribunales administrativos y
de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así
como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte
de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que cor responda, o
no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de
jurisprudencia […]».
14 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado
toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelac ión de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo
que en razón de la modificación fuera indispensable re formar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»

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Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda
instancia está circunscrita a los a rgumentos expuestos por el
apelante. En el presente caso, la parte demandada Unidad Nacional
de Protección es apelante única, razón por la cual la compet encia
de la Sala de Subsección A se encuentra limitada por el objeto
mismo del recurso, cuyo marco está definido en el escrito de
apelación.

3.2. Problemas jurídicos

37. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, debe la Sala det erminar (i) ¿si en este caso se
configuraron los elementos que la ley y la jurisprudencia exigen
para que se declare la existencia de un contrato realida d entre las
partes? (ii) De ser afirmativa la resp uesta a l anterior interrogante
deberá determinarse si ¿ocurrió el fe nómeno de la prescripción de
los derechos laborales reclamados y si debió condenarse en costas
a la entidad demandada ?

38. Para resolver lo anterior, la Sala se referirá al marco jurídico y
jurisprudencial del contrato realida d y lo contras tará con las
pruebas allegadas, para verificar si le asiste razón a la parte
apelante.

3.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

39. En primer lugar, debe señalarse que existe una clara línea
jurisprudencial de esta Corporación 15 en la que ha considerado que
el contrato de prestación de servicios se desfigura cuando se
comprueban los tres elementos constitutivos de un a relación
laboral, esto es, la prestación personal del servicio, la
remuneración y la continuada subordinación lab oral, de lo que
surge el derecho al pago de prestaciones sociales a favor del
contratista, en aplicación del principio de la primacía de la realidad
sobre las formalid ades establecidas en las relaciones laborales,
consagrado en el artículo 53 de la Constit ución Política, con el que
se propende por la garantía de los derechos mínimos de las
personas, preceptuados en normas respecto de la materia.

15 V e r
sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia
del consejero dr. Carmelo Perdomo Cuéter, de 25 de agosto de 2016, dentro
del proceso radicado 23001233300020130026001 (00882015).

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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2013-00365-01 (6183-2018)
Demandante: Alejandro Montaña Cedeño

40. De acuerdo con lo anterior, para acreditar la existe ncia de una
relación laboral es necesario probar los tre s elementos referidos,
especialmente que el contratista desempeñó una actividad de la
entidad en las mismas condiciones de subordinación y dependencia
continuada que sujetan a un servidor público.

41. Contrario sensu , se constituye una relación contract u al, que se
rige por la Ley 8 0 de 1993, cuando se pacta la pre stación de
servicios relaciona dos con la administración o funcionamiento de la
entidad pública, caso en el cual el contratista es autónomo en el
cumplimiento de la labor contratada, recibe el pag o de honorarios
por los se rvicios p restados por una labor convenida que no puede
realizarse con personal de planta o requiere co nocimientos
especializados.

42. Cuando se logra desvirtuar el contrato de prestación de
servicios, inexora blemente se impone el reconocimiento de las
prestaciones sociales generadas, atendiendo a la causa jurídica
que sustenta verdaderamente dicho restablecimiento, que no es
otra que la relación laboral que se ocultó bajo el ro paje de un
contrato administrativo estatal.

43. Ello en aplicación de los principios de igua ldad y de
irrenunciabilidad de derechos en materia laboral, consagrados
respectivamente en los artículos 13 y 53 de la Carta Fundamental.
De tal manera se superó esa prolongada tesis que prohijaba la
figura indemniz atoria como resarcimiento de los derechos laborales
conculcados 16.

44. Al respecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia de 25 de agosto de 2016, unificó su
jurisprudencia y señaló que el pago de las prestaciones que se
reconocen como consecuencia de la nulidad del acto administrativo
que negó la existencia de la relación laboral, procede a título de
restablecimiento del derecho y no como reparación integral del
daño. Al efecto, expresó lo siguiente:

« F re n te a l a n te ri o r p a n o ra m a ju ri s p rud e n c i al , re s u l ta i m pe ri o s o
u n i fi c a r e l p re c e d en te c o n e l fi n ú l tim o d e a c o g e r e l c ri te ri o q ue s e a
m á s fa v o ra b l e a lo s c i u d a d a no s q u e a c u d e n a n te l a ju s ti c i a
c o n te n c i o s o - a dm in i s tra ti v a e n b u s c a d e o b te n e r e l re c o n o c i mi e nto d e
l o s d e re c h o s q u e e ra n i n h e re n te s a u n a r e l a c i ón l a b o ra l p e ro q u e l a

16 C o n s e j o
de Estado. Sección Segunda - Subsección A. Sentencia de 17 de
abril de 2008. Radicación 27 76-05. Consejero ponente Jaime Moreno García;
Sentencia de 17 de abril de 2008. Radicación 1694 -07. Consejero ponente
Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

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Demandante: Alejandro Montaña Cedeño

A dm i ni s tra c i ó n d i s fra z ó c o n l a s u s c ri p c ió n d e u n c o n tra to e s ta ta l ,
p a ra l o c u a l h a d e a d v e rti rs e q u e e l re s ta b l e c imi e n to d e l d e re ch o e s
u n a c o n s e c u e n ci a l óg i c a d e l a n u l id a d qu e s e d e c re ta , y a q u e u n a
v e z e j e c u to ri a da la s e n te n c i a q ue a s í l o d e c l a ra , e l a c to
a d mi n i s tra ti v o d e s ap a re c e d e l m u n d o j u ríd i c o , p o r l o q u e l o s
d e re c h o s y s i tu a c i o ne s a fe c ta d o s d e b e n v o l v e r a s u e s ta d o i n i ci a l , e s
d e c i r, q u e e n l a s c o n tro v e rs i a s d e c o n t ra to re a l i d a d h a y l ug a r a
re c o n o c e r l a s p re s ta c i o n e s q u e e l c o n tra ti s ta d e j ó d e d e v e n g ar y e l
ti e m p o d e s e rv i c i o s co n fi n e s p e n s i o n a l e s , p u e s s u s i tu a c i ó n j u r íd i c a
fu e m e d i an te u n c o n tra to e s ta ta l , p e ro q u e e n s u e j e c u c i ón s e d i e ro n
l o s e l e me n to s c o n s ti t u ti v o s d e u n a re l a c i ó n l a b o ra l , q u e e n c a s o d e
h a b e r s i d o v i n cu l a d o c o m o em pl e a d o p úb l ic o h u b i e s e te n i do d ere c h o
a l a s m i s ma s p re s ta c i o n e s q u e d e v e n g an l o s d e m á s s e rv i d ore s d e
p l a n ta d e l a re s p e c ti v a e n ti d a d .

P o r c o n s i g ui e n te , n o re s u lta p ro c e d e nte c o n d e na r a la a g e n c ia
e s ta ta l d e ma n d a d a a l p a g o d e la s p re s ta c io n e s a la s q u e te n ía
d e re c h o e l c o n tra ti s ta -tra b a ja d o r a tí t u lo d e re p a ra c ió n i n te g ra l
d e p e rju ic io s , d a d o q u e e s ta s s e re c o n o c e n c o mo e fe c to d e la
a n u la c ió n d e l a c to q u e la s n e g ó , p e s e a s u d e re c h o a s e r t ra ta d o
e n i g u a l da d d e c o nd i c i o ne s q u e a l o s d e m ás e m pl e a do s p ú b l i c os
v i n c u l ad o s a tra v é s d e u n a re l a c i ó n l e g a l y re g l a m e n ta ri a , e s to e s , a
p e s a r d e te n e r u n a re m u n e ra c i ó n c o n sti tu i d a p o r l o s h o n o ra ri o s
p a c ta d o s , l e fu e c e rc e n a d o s u d e re c h o a re c i b i r l a s p re s ta c i on es q u e
l e h u b i e r e c o rre s p o nd i d o s i l a A dm i ni s tra c i ó n n o h u b i e s e u s ad o l a
m o d al i da d d e c o n tra ta c i ó n e s ta ta l p a ra e sc o n d e r e n l a p rá c ti ca u na
re l a c i ó n d e tra b a j o » 17

45. En cuanto a los derechos prestacionales derivados del contrato
realidad, otrora esta Sección concluyó que no prescriben, debido a
que su exigibilidad es imposible a ntes de que se produzca la
sentencia, porque la decisión judicial al declarar la existencia de la
relación laboral tie ne carácter constit utivo; es decir, que es a partir
del fallo que n ace a la vida jurídica el derecho laboral reclamado y
por tanto no podía operar en estos casos el fenómeno procesal
extintivo 18.

46. Sin embargo, con el paso del tiempo se determinó que, aunque
es cierto que desde la sentencia se hacen exigibles las
prestaciones derivadas del contrato realidad, también lo es que el
particular debe reclamar el reconocimiento de su relación laboral
dentro de un término prudencial que no exceda el de la prescripción
de los derechos que pretende; lo que significa que debe soli cita r la
declaratoria de la existencia de esa relación en un término no mayor
a tres años 19.

17Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación de 25 de
agosto de 2016. Radicación 2300 1-23-33-000-2013-00260-01.
18 C o n s e j o
de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 6 de marzo de 2008.
Expediente 2152-06.
19 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 9 de abril de 2014.
Expediente 131-13. Consejero ponente Luis Rafael Vergara Quintero.

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47. De igual manera, sobre este punto referido a la prescripción del
derecho reclamado en el marco de un contrato realidad, la Sección
Segunda de esta Corporación , en la mencionada sentencia de
unificación de 25 de agosto de 2016, señaló:

«Por lo t ant o, si quien pr et ende el r econocim ient o de la r elación
labor al con e l Est ado, se excede de los tr es años, cont ados a par t ir
de la t er m inación de su ví nculo cont r act ual , par a r eclam ar los
der echos en aplica ción del pr incip io de la “ …pr im ací a de la
r ealida d sobr e las f or m alidades est ablec i das por los sujet os de las
r elacion es labor a les ” ( ar tí culo 53 const i t ucional) , se ext ing ue el
der echo a solicit ar las pr est aciones qu e se der iven de aquell a,
pues dicha sit uac ión se t r aducir í a en su desint er és, que no p uede
sopor t ar el Est ado, en su condició n de em pleador .

Per o en aquellos co nt r at os de pr est ación de ser vicios, pactados
por un int er r egno de t er m inado y que la e j ecución ent r e uno y ot r o
t iene un lapso de int er r upción, f r ent e a cada uno de ellos habr á de
anal izar se la pr escr ipció n a par t ir de sus f echas de f inaliz ación,
puest o que uno de l os f undam ent os de l a exist encia del con t r at o
r ealida d es pr ecisam ent e la vocación de per m anencia en el
ser vicio. Por cons ig uient e, le cor r espo nder á al j uez ver if i car si
exist ió o no la cit ada int er r upción cont ract ual, que ser á excluid a
de r econocim ie nt o y exam inada en d et all e en cada caso par t i cular ,
en ar as de pr ot eger l os der echos de los t r abaj ador es, que han sido
bur lados por las a ut or idades adm in ist r at ivas al encubr ir una
r elación labor al baj o cont r at os de pr est ación de ser vici os. »

48. Asimismo, dicha providencia aclaró que el fenómeno
prescriptivo no opera respecto de los aportes para pensión,
teniendo en cuenta la condición periódica del derecho pensional
que lo hace imprescriptible.

49. Finalmente, es de señalar que la Sección Segunda de esta
Corporación en se ntencia SUJ -025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre
de 2021 20 estableció las sig uientes pautas de unificación frente a
varios aspectos del contrato realidad como son: i) el sentido y alcance
de la expresión «término estrictamente indispensable» (temporalidad)
contenido en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993; ii) la
delim itación del término de solución de continuidad en los contratos
estatales de prestación de servicios q ue ocultaron la existencia de una
relación laboral que se declara, a efectos de determinar la prescripción
de derechos; y, iii) la improcedencia de la dev olución de los aportes a
la Seguridad Social en salud efectuados por el contratista.

20 Proferida dentro del proceso radicado 05001 -23-33-000-2013-01143-01
(1317-2016).

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50. Al efecto señaló la Sección Segunda:

«[ …]

( i ) La pri mera regl a def ine que el co ncep t o de «t ér m ino est r ic t am ent e
indis pensab le» , al que alude el num er al 3. º del ar tí culo 32 de la Ley
80 de 1993, es el se ñalado en los est udi os pr evios y en el o bj et o del
cont r at o, el cual, de acuer do con el pr inc ipio de p laneac ión, t iene que
est ar j ust if icado en la necesidad de la pr est ación del ser vicio a f avor
de la Adm inist r a ció n , de f or m a esencialm ent e t em por al y, de ninguna
m aner a, con ánim o de per m anencia.

( i i ) La segunda regl a est ablece un p eri odo de t rei nt a ( 30) dí as
hábi l es, ent re l a final i zaci ón de un cont rat o y l a ej ecuci ón del
si gui ent e, como t érmi no de l a no sol uci ón de cont i nui dad , el cual,
en los casos que se exceda, podr á f lexibi lizar se en at enci ón a las
especia les cir cunst ancias que el j uez encuent r e pr obadas dent r o del
expedient e.

( i i i) La t ercera regl a det er m ina que f r ent e a la no af ili ación al
sist em a de la Se gur idad Soc ia l en salud, por par t e de la
Adm inist r ació n, es im pr ocedent e la devoluci ón de los valor es que el
cont r at ist a hubiese asum ido de m ás, en t ant o se r ecaudaron com o
r ecur sos de nat ur aleza par af iscal» .

51. Una vez establecido lo anterior, e s pertinente señalar que deben
analizarse en cada caso las condicion es en las cuales se prestaron
los servicios, en aras de establecer, bajo el análisis probatorio
pertinente, la verdadera naturaleza de la relación existente entre
las partes, para no ado ptar conceptos que de manera formal y
restrict iva homogeneicen las causas propuestas ante esta
jurisdicción, en detrimento del análisis sustancial pa rticular que
amerita cada asunto.

52. Atendiendo a lo anteriormente precisado se procederá a
efectuar el e xamen probatorio corresp ondiente.

3.4. De lo efectivamente probado.

53. El señor Alejandro Montaña Cedeño celebró los siguientes
contratos de prestación de servicios de escolt a con el
Departamento Administrativo de Seguridad DAS:

FECHA DE FECHA DE
NÚMERO VIGENCIA Y VALOR OBJETO
INICIO TERMINACIÓN
«[…] El CONTRATISTA en
035 de 31 de virtud a sus condiciones
1.° de enero
diciembre de personales se compromete
de 2005
2004 Por dos meses para con el DAS a prestar sus
28 de febrero servicios de protección; con
de 2005 sede en la ciudad de Neiva (H)
(fls. 138-142) Valor:$4.144.740 y eventualmente en la ciudad
donde se asigne el esquema
protectivo, dentro del
componente seguridad a

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personas del programa de
protección a Dirigentes
Sindicales, Organizaciones
Sociales y Defensores de
Derechos Humanos, conforme
a las medidas de seguridad
aprobadas por el Comité de
Reglamentación y Evaluación
de Riesgos del Ministerio del
Interior y de Justicia. […]
RESULTADOS ESPERADOS.-
El objeto de este contrato está
orientado a brindar protección
a las personas que se
encuentran amenazadas por la
situación de violencia que
vive el país, buscando así
disminuir los índices de
criminalidad en los sectores
más vulnerados […]»
001 de 1 de 1.° de
30 de junio de
marzo de 2005 ( marzo de Por 4 meses
2005 Ibidem
fl. 146-141) 2005 Valor:$5.560.000
Contrato 042 de Por dos meses más
1.° de julio de 1.° de julio 30 de agosto
Ibidem
2005. ( f. 154- de 2005 de 2005 Por valor de
159) $2.780.000
Por seis meses
Contrato 074 de
1.° de
31 de agosto de 28 de febrero
septiembre Ibidem
2005 ( ff. 162- de 2006
de 2005 Por valor de
168)
$9.975.873,33
Contrato 007 de
30 de Por 9 meses
1.° de marzo de 1 de marzo
noviembre de Ibidem
2006 ( ff. 171- de 2006
2006 $13.122.990.
174)
Contrato 108 de Por siete meses
1.° de
1.° de diciembre 30 de junio de
diciembre Ibidem
de 2006 ( ff. 2007 Por valor de
de 2006
179-183) $15.799.110.
Contrato 002 de
31 de
1.° de julio de 1.° de julio Por seis meses
diciembre de Ibidem
2007 ( ff.186- de 2007 $13´784.040
2007
191)
Contrato 002 de
«2008» suscrito Por un año
31 de
el 14 de 1.° de enero
diciembre de Ibidem
diciembre de de 2008 Por valor de $
2008
2007 ( ff. 194- $28’468.080
200)
Contrato No.
001 de «2009» Por seis meses
Desde el 1.°
suscrito el 29 de Hasta el 30 de
de enero de Ibidem
diciembre de junio de 2009 Por valor de
2009
2008 ( fls. 206 - $14.506.260
211)
Adición 01 al
Por dos meses
contrato 01 de
Desde el 1
2009, suscrita el 29 de agosto
de julio de Ibidem
26 de junio de de 2009
2009 Por valor de:
2009 ( f. 212-
$4´835.420
215)
Adición 02 al
Por un mes
contrato 01 de
Desde el 30 29 de
2009, suscrita el
de agosto septiembre de Ibidem
26 de agosto de
de 2009 2009 Por valor de:
2009 ( f. 216-
$2.417.710
217).
Contrato No.
Por sesenta días
011 de 29 de 29 de 27 de
septiembre de septiembre noviembre de Ibidem
Por valor de
2009 ( fls. 90- de 2009 2009
$4.835.420
96)
Adición 1
contrato 011 de Por 20 días
28 de 17 de
2009, suscrita el
noviembre diciembre de Ibidem
27 de noviembre Por valor de:
de 2009 2009
de 2009 ( f. 97- $1.892.710
98)
Por 3 meses y 13
Contrato 019 de 18 de
días
17 de diciembre diciembre 31 de marzo
Ibidem
de 2009 ( ff. 99- de 2009 ( f. de 2010
Por valor de:
105) 194)
$8.702.049
Contrato 003 de Por 3 meses
1.° de abril de 1 de abril 30 de junio de
Ibidem
2010 de 2010 2010 Por valor de:
( ff. 221-227) $ 7´543.254
Adición 01 al
contrato 03 de Por un mes
2010, suscrita el Del 2 de Hasta el 31 de
Ibidem
2 de julio de julio julio de 2010 Valor:
2010 ( f. 228- $2.514.418
229)

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Por 4 meses y 25
Contrato 013 de días
27 de
30 de julio de 2 de agosto
diciembre de ibidem
2010 de 2010 Por valor de:
2010
( ff. 233 - 239)
$12.572.090
Contrato 023 de Por tres meses
28 de diciembre 1.° de enero Hasta el 31 de
ibidem
de 2010 ( ff. de 2011 marzo de 2011 Valor:
106-112) $8.112.221
Adición 01 al
contrato 023 de
Por un mes
28 de diciembre
1.° de abril 30 de abril
de 2010, Ibidem
de 2011 2011 Valor:
suscrita el 30 de
$2.514.418
marzo de 2011 (
f. 113-115)
Contrato de
prestación de
Por un mes
servicios 008 de 1.° de mayo 31 de mayo de
Valor: ibidem
29 de abril de de 2011 2011
$2.514.418
2011 ( ff. 116-
122).
Contrato de
prestación de
servicios 015 de Por un mes
1 de junio de 1.° de junio 30 de junio
ibidem
2011 ( ff. 301 a de 2011 de 2011 Valor:
305 cuaderno de $2.514.418
antecedentes
administrativos).
Contrato de
prestación de Por dos meses
31 de
servicios 021 de 1.° de julio Valor:
agosto de ibidem
1 de julio de de 2011
2011
2011 ( ff. 123- $5.028.838
131).
Adición 1 al
contrato 021 de
Por un mes
2011, suscrita el 1.° de 30 de
1.° de septiembre septiembre de Ibidem
Valor:
septiembre de de 2011 2011
$2.514.418
2011 ( ff. 132-
134)
Contrato de
prestación de
Por un mes.
servicios 291 de 1.° de 31 de
30 de octubre de octubre de ibidem
Valor:
septiembre de 2011 2011
$2.514.418
2011 ( ff. 243-
251).
Adición 01 al
contrato 029 de
30 de Por quince días.
1.° de 15 de
septiembre de
noviembre noviembre de Ibidem
2011, suscrita el Valor:
de 2011 2011
31 de octubre $2.514.418
de 2011 ( ff. 252
• 253)

54. A folios 44 a 89 se alleg aron copia de las misiones de trabajo
suscritas por el subdirector del DAS, Seccional Huila, y por el
supervisor de contratos, entre ellas, la No. 04 de 20 de enero de
2009 ( f. 57) donde se le ordenó al demandante prestar protección
a un dirigente nacional de la Unión Patriótica quien re alizaría un
desplazamiento a la ciudad de Bogotá .

55. Igualmente, en las obligaciones d e los contratos de prestación
de servicios relacionados se tiene que el señor Montaña Cedeño
debía prestar servicios de segurid ad a determinadas personas,
utilizando los medios de defensa, transporte y comunicación
suministrados por la entidad; también debía comunicar
permanentemente al supervisor del contrato o al inspector de turno,
cualquier novedad en el desarrollo d e sus actividades y, debía
certifica r su permanencia en el territorio de los distintos municipios
donde prestaba sus servicios, p recisando las horas de entrada y
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salida.

56. Igualmente, en audiencia de pruebas realizada el día 13 de
noviembre de 2014 se recaudaron las siguientes declaraciones :

• Juan Manuel Perdomo 21. Ocupación escolta. Señaló que
conoció al demandante porque laboró en el DAS desde el año
2005 hasta noviembre de 2011, por contrato de prestación de
servicios, en los municipios de Campoalegr e y Neiva, de
acuerdo con el horario en que el protegido les citara.

-Relató que debían ir al DAS para recoger armamento , llenar
los libros de minut as.

• Estaban disponibles todos los días las 24 horas.

-Dijo que cuando ingresó al DAS, Alejandro Monta ña ya
estaba trabajando y prestando seguridad a dignatarios , en el
mismo horario que organizaba con el protegido.

-Cuando el protegido salía del país debían estar en la guardia,
en la dependencia de expedición de pasado judicial o en las
instalaciones del DAS.

• Insist ió en que no se disfrutaba vaca ciones , ni prestaciones .

-Precisó que no tenían descanso pues tenían que estar
disponibles al llamado del protegido, y si no eran llamados
debían ir a las dependencia s del DAS.

• Para el año 2005 devengan $1´250.000.

• Alejandro Montaña y el testigo fueron los últimos que
salieron para esa época del DAS.

• No podían actuar de forma independiente sino bajo las
órdenes del DAS.

-No hubo interru pciones entre los contratos, sino que
prestaban sus servicios de forma consecutiva.

• Explicó que realizaba las funciones de los empleados del
DAS, como los escoltas.

21 M i n u t o 1 y s.s. Cd visible a folio 427.

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Demandante: Alejandro Montaña Cedeño

• Lisandro Salazar Molina 22. Ocupación escolta. Ingresó al
DAS el 14 de diciembre de 2001, hasta noviembre de 2009.

• Conoció al demandante quien fue su compañero desde
diciembre de 2004 .

• Explicó que no tenían independencia en sus labores, que
debían estar pendientes del protegido y si este prescindía del
servicio debían asistir a las inst alaciones del DAS, prestar
guardia, arreglar archivos, manejaban armamento y los
vehículos del DAS, no tenían horarios pues est os lo
establecían los protegidos y si quedaban disponibles debían
cumplir el horario de la entidad.

-Al terminar los servicios d ebían dejar en el DAS el
armamento y los vehículos.

-Tanto los escolta s de planta como los contratistas de bían
desempeñar las mismas funciones y bajo la misma
subordinación de los supervisores.

• Dijo que no había interrupción entre los contratos para da r
continuidad a la prestación del servicio de escolta.

• El demandante prestó sus servicios de apoyo en la
expedición del pasado judicial, en el manejo de archivo en las
instalaciones de la entidad, lo cual se desarrollaba por turno s,
desde las siete de l a mañana.

• Nelson Fernando Iriarte Vergara 23. Ocupación escolta.
Ingresó al DAS en abril de 2005 y se retiró en abril de 2010,
esto como escolta contratista.

• El horario se acordaba con el protegido, el armamento se
retiraba en el DAS y allí se llenaba la minuta.

• Debían reportarse en los puestos operativos del DAS o en la
estación de policí a y asist ir a l DAS cuando los protegidos
viajaban . Esto, cumpliendo horario de oficina , en la guardia,
y en expedición de pasado judicial, con uniformes y
armamento de la entidad.

22 M i n u t o s 19 y s.s. Cd visible a folio 427.
23 M i n u t o s 32 y s.s. Cd visible a folio 427.

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Demandante: Alejandro Montaña Cedeño

• El demandante estaba ya laborando en el DAS en el año
2005.

• Ellos mismos pagaban sus aportes de pensión y dicha
entidad les hacían firmar formatos donde les informaba que
no asumía sus riesgos laborales, así mismo no se les p agaban
vacaciones , primas, liquidación, ni nada similar a los
funcionarios de planta.

• Acto administrati vo demandado

57. El señor Alejandro Montaña Cedeño radicó petición ante el DAS
con el fin de solicitar el reconocimiento de una relación laboral y el
consecuente pago de todas las prestaciones sociales y cotizaciones
a seguridad social integral, entre otros, el día 8 de febrero de
2013 24.

58. La jefe de la Oficina Asesora Jurídica del DAS en supresión,
mediante Oficio de 6 de marzo de 2013, negó la solicitud 25, esto con
base en que los contratos suscritos con el demandante no
generaron ningún tipo de relación lab oral ni el derecho al pago de
las prestaciones sociales.

3.5. Análisis de la Sala.

59. De todo lo anterior se colige qu e el señor Alejandro Montaña
Cedeño prestó sus servicios de escolta para el Departamento
Administrativo de Seguridad –DAS, mediante contratos de
prestación de servicios, desde el 1.° de enero de 2005 hasta el 15
de noviembre de 2011, presentado únicamente interrupción los días
31 de agosto de 2005, 1.° de julio, 1.° de agosto y 28 a 31 de
diciembre de 2010 .

60. Adicionalmente, es evidente que el objeto común de los
contratos consistió en que el contratista, en virt ud de sus
condiciones personales, se comprometió para con el DAS a prestar
los servicios de p rotección, en la ciudad donde se asignara el
esquema pro tectivo, dentro del componente seguridad a personas,
bajo las órdenes del subdirector seccional del DAS y el supervisor
del contrato, con el arma mento y los vehículos suministrados por la
entidad. Además, cuando no estaban asignados a un protegido

24 F o l i o s 32 a 38.
25 F o l i o s 40 a 43.

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debían asistir a las instalaciones del DAS a desempeñar las
funciones de asistencia en la guardia, la expedición del pasado
judicial, arch ivo y recepción, en los mismos horarios del personal
de planta.

61. De acuerdo con esto, se aprecia que el desarrollo de las
funciones prestadas por el demandante, debía sujetarse a las
instrucciones dict adas por la entidad; las cuales eran precisas
frente a los sitios de prestación de servicios, elementos que debía
usar, que eran suministrados por la en tidad, el continuo repor te de
sus actividades al supervisor, la coordinación con las a utoridades
locales, y en suma, someterse al acatamiento de las directrices d e
la entidad, a efectos de garantizar e l cuidado de una persona en
especial situación de riesgo.

62. En ese orden, ad vierte la Sala q ue en este caso se demostró
que el desarrollo del contrato implica ba una relación que iba mucho
más allá de la co ordinación, ya que el escolta contrat ista debía
desplegar una actividad minuciosamente estructurada y vigilada,
para evitar rie sgo s de seguridad sobre los protegidos, sin que
gozara de autonomía frente a las condiciones de tiempo, lugar y
modo en la prestación del servicio.

63. Es importante indicar que el Decreto 1951 de 4 de septiembre
de 1993 26, adicionó a la nomenclatura y co dificación de e mpleos del
DAS el cargo de agente escolta, código 205, grado de remuneración
5, perteneciente al área operativa, cuya función general era
«prestar los servicios de protección a personas, contra riesgos,
peligros o amenazas que puedan generar perturbaciones de orden
público».

64. A su vez, la Resolución 01759 del 17 de agosto de 2004 ,
manual específico de funciones y requisitos a nivel y grado del DAS,
señaló como funciones del cargo descrito, las siguientes:

« 1. Realizar l as act ivida des t endient es a logr ar la pr ot ecci ón
de las per sonas a las cuales el DAS l es pr est a ser vicio de
segur idad, según el pr ogr am a par a el cual f ue nom br ado,
ut iliz ando los m ed io s logí st icos adecua dos dent r o del m ar co
j ur í dico que señala l a ley y los r e glam en t os;

2. Conducir los v ehí culos de la I nst it ución cuando l as

26« P o r
el cual se adiciona la nomenclatura de los empleos del Departamento
Administrativo de Seguridad, se describe la naturaleza de una denominación,
se fijan los requisitos mínimos para su desempeño y se dictan otras
disposiciones»

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necesidad es de l ser vicio lo r equ ier an pr evio cum pl im ient o d e
los r equis it os lega le s;

3. Repor t ar opor t unam ent e al super ior sobr e lo s
desplazam i ent os que r ealice el pr ot egid o dent r o y f uer a de la
ciudad;

4. M ant ener en buen est ado el vehí culo, equipo, ar m as y dem ás
elem ent os de dot aci ón;

5. Cont r ibuir con suger encias, in iciat iv as y pr opuest as que
pr opicie n un ef icient e ser vicio de segur i dad;

6. Las dem ás f uncio nes que le se an asi g nadas d e acuer do c on
el nive l, la nat ur alez a y el ár ea de desem peño del car go».

65. Como se aprecia, las citadas funciones y el objeto de los
contratos arriba relacionados, se colige que el señor Alejandro
Montaña Cedeño como escolta, cumplía las mismas funciones que
aquellos que estaban vinculados en planta, bajo un marco de
subordinac ión específico y con una retribución mensual por su
labor, de manera que la vinculación p or contrato de prestación de
servicios envolvía una verdadera relación laboral con la entidad.

66. Además, es de indicarse que esta Subsección en casos de
perfiles a nálogos en casos de escoltas del DAS 27, previo análisis de
las pruebas aportadas ha accedido a las pretensiones de la
demanda, cuando como en el sub-lit e, se demuestran cada uno de
los elementos que dan cuenta de la configuración de una relación
laboral encubierta o subyacente .

67. En ese orden, esta Sala advierte que le asistió razó n al Tribunal
cuando declaró la nulidad del acto administrativo que negó la
existencia del contrato realidad entre el señor Alejandro Montaña
Cedeño y e l Departamento Administrativo de Seguridad.

68. Ahora bien, respecto a las prest aciones sociales, la sentencia
de unificación del 25 de agosto de 2016 28, determinó que deben
reconocerse las prestaciones sociales que el contratista dejó de
devengar con o casión de la modalidad de vinculación a través de
contratos de prestación de servicios, y tener ese tiempo como
efectivamente laborado para efectos pensionales. La liquidación de

27 S e n t e n c i a d e 1 0 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 2 0 , p r o f e r i d a d e n t r o d e l p r o c e s o
76001-
23-31-000-2012-00257-01 (3166-2017), con ponencia de quien se ocupa de
esta providencia.
28Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de 5 de agosto de 2016.
Radicación: 23001-23-33-000-2013-00260-01(0088-15) CE-SUJ2-005-16. C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter.

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las prestaciones sociales se hará con base en los honorarios
pactados en los contratos suscritos entre la ent idad y el
demandante 29.

69. Sobre este tema específico, es necesario precisar que los
demás aspectos de la orden de restablecimiento dictada por el
Tribunal no fueron objeto de apelación, por lo que no es posible
pronunciarse sobre est e tema, al tenor del contenido del artículo
328 30 del Código General del Proceso, según el cual la competencia
del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por el apelante (UNP).

70. Ahora, específicamen te señaló la UNP, que en este caso ocurrió
el fenómeno de la prescripción comoquiera que «[…] tuvo como
última fecha contractual 15 de noviembre de 2011 (contrato 029 -
2011 adición No. 1 ), que presentó reclamación administrativa el 8
de febrero de 2013, al dar aplicabilidad a la prescripción extintiva
a los derechos prestacionales según precedente del Consejo de
Estado, el fallador de instancia únicamente debió tener en cuenta y
reconocer el derecho al pago de las prestaciones sociales sólo el
periodo comprendido desde el 01 de julio de 2010 hasta el 31 de
mayo de 2011 […]».

71. Como se aprecia, no le asiste razón a la apelante comoquiera
que, no hubo solución de continuidad en la prestación de servicios ,
pues según la segunda regla unificadora establecida en la
sentencia SUJ -025-CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021 31 se

29Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 6 de
octubre de 2016. Radicación: 66001 -23-33-000-2013-00091-01(0237-14). C.P.
Sandra Lisset Ibarra Vélez.

30 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adhe rido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y
decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelant e único, salvo
que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos
íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de
recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
31 Proferida dentro del proceso radicado 05001 -23-33-000-2013-01143-01
(1317-2016).

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estableció un periodo de treinta (30) días hábiles, entre la
finalización de un contrato y la ejecución del siguiente, como
término de la no solución de continuidad y en el sub lite , solo
existieron interrupciones los días 31 de agosto de 2005, 1.° de julio,
1.° de agosto y 28 a 31 de diciembre de 2010. A demás, el
demandante realizó su reclamación el 8 de febrero de 2013 32 y
presentó la demanda el 13 de septiembre de 2013, como se aprecia
en el acta de reparto a folio 257 del expediente.

72. Finalmente es de precisar, que en este caso no es procede nte
revocar la condena en costas impuesta en primera inst ancia, bajo
el análisis de la temeridad o mala fe, como aduce la apoderada de
la parte demandante .

73. En efecto el concepto de las costas del proceso está
relacionado con todos los gastos necesarios o útiles de ntro de una
actuación de esa naturaleza y comprende los denominados gastos
del proceso, que incluye los honorarios de abogado o agencias del
derecho 33, los llamados en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo g astos ordinarios
del proceso 34 y otros como son los necesarios para traslado de
testigos y para la práctica de la prueba pericial, los ho norarios de
auxiliares de la justicia como peritos y de secuestres, transporte de
expediente al superior en caso de apelación.

74. Sobre los criteri os para condenar en costas esta Sección ya se
ha pronunciado 35, resaltando las siguientes conclusiones básicas:

«La legis laci ón var i ó del C. P. C. al CPACA par a la conde na en
cost as de un cr it er io subj et ivo a uno objet ivo - valor at ivo ;

Toda sent encia “ dis pon dr á” sobr e cost as, bien sea con condena
t ot al o par cial o con abst ención;

Se r equier e que e n el exped ient e apar e zca que se causar o n y en
la m edida de su compr obación ( com o sucede con el pago de gast os
or dinar ios de l pr oceso y con la act ividad pr of esional r ea lizad a
dent r o del pr oceso)

32 F o l i o s 32 a 38.
33 A r t í c u l o 361 del Código General del Proceso.
34 A r t í c u l o 171 No. 4 en conc. Art. 178 ib.
35Sobre el particular: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia de 3 de marzo de 2016. Rad. 25000 -23-42-000-2012-01460-01
(1753-2014). En el mismo sentido: Consejo de Estado. Sección Segunda.
Subsección A. sentencia de 7 de abril de 2016. Rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-2014).

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La cuant í a de la condena en agenc i as en der echo se har á
at endiendo el cr it er i o de la posición en la r elación labor al, pues
var í a según sea par t e vencida, si es el em pleador o si es el
t r abaj ador ( Acuer do 1887 de 2003 Sala A d m inist r at iva del Co nsej o
Super ior de la Jud icat ur a) , la com plej idad e int ens idad de la
par t icipac ión pr oces al; y,

Las est ipul acion es d e las par t es en m at er ia de cost as se t e ndr án
por no escr it as».

75. Atendiendo a esa orientación el Tribunal dio cumplimiento al
numeral 1.º del artículo 365 del Código General del Proceso al
condenar en costas, a la parte demandada quien resultó vencida en
primera instancia.

76. En consecuencia, se impone a la Sala confirmar la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila , el 29 de junio de
2018, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
en sus precisos términos.

3.6. De la condena en costas

77. La Sala considera que no hay lugar a imponer la condena en
costas en segunda instancia porque, si bien conforme con el ordinal
1.º del artículo 365 del CGP, se resolvió desfavorablemente el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, el
demandante no intervino en est a instancia.

78. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO.- CONFI RMA R la sentencia proferida el 29 de junio de
2018 por el Tribunal Administrativo del Huila , que accedió
parcialmente a las pretensiones, en el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho instaurado por el señor Alejandro
Montaña Cedeñ o en contra de la Unidad Nacional de Protección,
sucesora procesal del Departamento Administrativo de Seguridad -
DAS-, de conformidad con lo señalado en la parte motiva.

SEGUNDO.- Sin condena en costas de segunda instancia de
acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de esta
providencia.

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TERCERO.- Efect uar las anotacio nes correspondientes en el
sistema de gestión judicial SA MA I y una vez en firme esta
providencia devuélvase el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión de veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintidós (2022) .

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

A USENT E CO N PERM I SO
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

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