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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2014-00340-02

Fecha
11 de agosto de 2023
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2014-00340-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero: Confirmar en forma parcial la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 3 de diciembre de 2018, por medio de la cual dispuso conceder parte de las pretensiones de la demanda. Segundo: Modificar el numeral 1 de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 3 de diciembre de 2018, el cual quedará así: 44 Demandante: Cielo González Villa Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019) Declarar la nulidad parcial del acto administrativo disciplinario del 6 de diciembre de 2012, proferido por la Sala Disciplinaria de la PGN, pero sólo en cuanto que, en segunda instancia, dispuso imponer a la demandante la inhabilidad sobreviniente de 3 años, regulada en el artículo 38.2 de la Ley 734 de 2002, como consecuencia de haber acumulado 3 sanciones en los últimos 5 años. Conservar la presunción de legalidad de las demás decisiones sancionatorias adoptadas en los actos administrativos demandados. Tercero: Revocar el numeral 3 de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 3 de diciembre de 2018, que disponía medidas restaurativas no pecuniarias a favor de la demandante. Cuarto: Revocar el numeral 5 de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 3 de diciembre de 2018, que disponía condenar en costas a la parte demandada. Quinto: Sin condena en costas en esta instancia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2014-00340-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

11 de agosto de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)
Demandante: Cielo González Villa
Demandada: Procuraduría General de la Nación, PGN
Tema: Inconvencionalidad de la inhabilidad sobreviniente señalada en
el artículo 38.2 de la Ley 734 de 2002

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
________________________________________________________________

Asunto

La Sala, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y
reglamentarias, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada y el Ministerio Público contra la sentencia proferida el 3 de diciembre
de 2018 por el Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual dispuso
conceder parcialmente las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1. La demanda

1.1. Las pretensiones

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1,
Cielo González Villa demandó la nulidad de los actos administrativos disciplinarios
del 25 de julio y 6 de diciembre de 2012, proferidos por la Procuraduría Segunda
Delegada para la Contratación Estatal y la Sala Disciplinaria de la PGN, en primera
y segunda instancia, respectivamente, a través de los cuales fue sancionada con:
(i) suspensión de 3 meses en el ejercicio del cargo de alcaldesa del municipio de
Neiva, 2004-2007, sanción que en aplicación del artículo 46 de la Ley 734 de
2002, fue convertida en multa de $16.824.261, porque para el momento de su
expedición en 2012, había culminado su periodo en la Alcaldía, y (ii) la inhabilidad
sobreviniente de 3 años, del artículo 38 de la Ley 734 de 20022, en razón a que

1 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de

lo Contencioso Administrativo, CPACA.
2 Ley 734 de 2002, artículo 38. Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para

desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:
(…)
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

con esta suspensión, acumulaba 3 sanciones disciplinarias en los últimos 5 años,
lo que le impidió continuar como gobernadora del departamento del Huila, 2012-
2015.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara a la PGN: (i) la
cancelación de todas las anotaciones y registros realizados en su contra en el
Sistema de Sanciones y Causas de Inhabilidad -SIRI- de la PGN, (ii) pagarle de
manera indexada $16.824.261 por concepto de la conversión de la suspensión en
multa, junto con los intereses a que hubiere lugar, (iii) pagarle 100 salarios
mínimos para resarcir los «daños extrapatrimoniales» que la sanción disciplinaria le
ocasionó, y (iv) como medidas de reparación integral realizar un acto público de
desagravio y la publicación de la parte resolutiva de la sentencia en un diario de
amplia circulación.

1.2. Fundamentos fácticos

3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:

3.1. La demandante fue elegida como alcaldesa del municipio de Neiva (Huila),
para el periodo constitucional 2004-2007.

3.2. El 15 de marzo de 2007, en calidad de alcaldesa, la demandante invitó a la
Universidad Surcolombiana -USCO- y a la Universidad Nacional Abierta y a
Distancia -UNAD-, para que presentaran sus ofertas con miras a suscribir un
convenio interadministrativo con cada una de esas universidades, cuyo propósito
sería ejercer la interventoría técnica, económica, financiera y ambiental a varios
contratos de obra pública para la construcción y reparación de vías y edificaciones
municipales.3

3.3. El jefe del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Neiva,
arquitecto Armando Saavedra Perdomo, autor del estudio de conveniencia y
oportunidad de los convenios, avaló las propuestas presentadas por la USCO y la
UNAD; por lo que el 27 de abril de 2007, la USCO suscribió con la Alcaldía el
convenio interadministrativo núm. 110 por valor de $944.337.792, de los cuales, la
universidad aportaría $80.000.000 de manera nominal, representados en bienes y

2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por
faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años
contados a partir de la ejecutoria de la última sanción.
3 A saber: terminación de las cubiertas del polideportivo del INEM, diferentes reparaciones

locativas en el INEM, pavimentación de la calle 18 (incluyendo reposición de redes de acueducto y
alcantarillado), instalación y montaje de redes eléctricas en veredas de la zona rural, construcción
de la sede del concejo municipal, construcción de andenes en varias zonas de la ciudad,
construcción de varias canalizaciones en el municipio y construcción de varias sedes educativas.

2

Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

servicios de la universidad aplicados al convenio. Con la UNAD, la Alcaldía
suscribió el mismo día el convenio núm. 293. Los convenios fueron suscritos por la
exalcaldesa, con el visto bueno del jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la
entidad territorial, José Nelson Polanía Tamayo.

3.4. El 27 de agosto de 2008, la Sociedad Huilense de Ingenieros formuló queja
disciplinaria ante la Procuraduría Provincial de Neiva porque: (i) la USCO no era
idónea para desarrollar el objeto del convenio debido a que no tenía programas
educativos relacionados con el objeto del convenio, tales como ingeniería y
arquitectura, (ii) el convenio fue ejecutado con personal ajeno a la USCO,
justamente porque la universidad no ofrecía programas educativos relacionados
con el objeto del convenio, (iii) el propósito del convenio era eludir los procesos de
selección de licitación o concurso, que se debieron adelantar para escoger la
interventoría de los contratos de obra, y (iv) una de las empresas subcontratadas
por la USCO para ejecutar el convenio, había sido sancionada con caducidad en
dos ocasiones por la gobernación del Huila.

3.5. La Procuraduría Provincial de Neiva -mediante auto del 29 de enero de 2009-
ordenó abrir y desarrollar la indagación preliminar; luego -por medio de auto del 19
de mayo de 2010-, remitió el proceso disciplinario a la Procuraduría Segunda
Delegada para la Contratación Estatal; dependencia que -a través de providencia del
30 de julio de 2010- ordenó la apertura de la investigación disciplinaria contra Cielo
González Villa -alcaldesa-, José Nelson Polanía Tamayo -jefe de la Oficina Asesora
Jurídica de la Alcaldía-, Eduardo Pastrana Bonilla -rector de la USCO-, Julieta
Calderón Quintero -jefe de la Oficina Jurídica de la USCO- y Jaime Alberto Leal
Afanador -rector de la UNAD-.

3.6. Por medio de auto del 11 de noviembre de 2010, la Procuraduría Provincial de
Neiva resolvió: (i) vincular a la indagación preliminar a Freddy Humberto Escobar
Macualo -vicerrector de la USCO-, y (ii) archivar parcialmente la actuación
disciplinaria contra Jaime Alberto Leal Afanador -rector de la UNAD-, porque se
demostró que la UNAD (a) tenía amplia experiencia en interventoría de obras
públicas y (b) de tiempo atrás ofrecía un programa de formación profesional
relacionado con la interventoría de obra, objeto del convenio núm. 293 de 2007.

3.7. A través de auto del 16 de junio de 2011, la Procuraduría Segunda Delegada
para la Contratación Estatal: (i) formuló pliego de cargos contra Cielo González
Villa y José Nelson Polanía Tamayo, y (ii) archivó la investigación de manera
parcial contra los demás servidores indicados en el fundamento jurídico núm. 3.5,
porque actuaron bajo las indicaciones del Consejo Superior Universitario de la
USCO.

3

Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

3.8. En lo que tiene que ver con la demandante, en el referido auto del 16 de junio
de 2011, la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal formuló
un único cargo, por haber incurrido a título de culpa gravísima, en la falta
gravísima del artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002 que alude a «participar en la
etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o
con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función
administrativa contemplados en la Constitución y en la ley», subraya la Sala, porque:

«… suscribió con la USCO, de manera directa y sin adelantar ningún tipo de
proceso de selección previo, el convenio interadministrativo 110 del 27 de abril de
2007, por un monto de $944.337.792, en virtud del cual la USCO prestó la
interventoría técnica de los trabajos correspondientes a 8 contratos de obra pública
suscritos por el municipio de Neiva para la construcción y reparación de vías, así
como la construcción o adecuación de edificaciones; permitiendo además la
ejecución del señalado convenio. A pesar de que la USCO no contaba dentro de
sus programas educativos, alguno relacionado con el objeto de la interventoría que
le fue asignada, y por ende no tenía la capacidad técnica para asumir la labor de
interventoría objeto del convenio; ni tampoco podía demostrar una experiencia
específica en interventoría de trabajos de construcción y reparación de vías o en la
interventoría de trabajos de construcción o adecuación de edificaciones. […].

… por haber participado en la suscripción del convenio de selección previo, y por
haber permitido la ejecución del […] convenio, a pesar de que la USCO no contaba
ni con la capacidad técnica ni con la experiencia específica, para adelantar la labor
que le fue encomendada, de interventoría […] habría desconocido los mandatos
contenidos en [los] artículo[s] 3, 24.8, 26 -numerales 1 y 4- y 29 de la Ley 80 de
1993, respecto de los principios de transparencia y responsabilidad, así como de
los fines de la contratación estatal y el deber de selección objetiva, en armonía con
lo dicho en los artículos 209 y 355 de la Constitución […], 1502 del Código Civil y
[…] 954 de la Ley 498 de 1998, acerca de la prevalencia del interés general y la
capacidad de las entidades estatales para comprometerse en convenios
interadministrativos.

Ello en la medida que con sus comportamientos, […] se habría desviado de sus
potestades como funcionari[a], permitiendo que se eludan los procesos de
selección que correspondían para contratar las intervenciones técnicas de 8
contratos de obra pública suscritos por la Alcaldía de Neiva durante la vigencia
2007; por la vía de contratar directamente esa labor […] con la USCO, que no
tenía la capacidad técnica ni la experiencia específica para asumir tal interventoría
y al final percibió del municipio de Neiva una suma superior a los $900.000.000
[…], debiendo salir a subcontratar todas las actividades propias de las
interventorías que le fueron encomendadas en virtud del convenio […]; y sin que
tampoco hubiera sido claro en qué bienes o servicios estaba representada la
contrapartida por $80.000.000 que le correspondía dar a la USCO.

Faltando así […] al cumplimiento de la ley y de sus deberes como funcionarios
públicos conforme lo señalan [los artículos] 27 y 34 -numerales 1 y 2- de la Ley
734 de 2002». (Subraya la Sala).

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Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

3.9. Mediante auto del 8 de septiembre de 2011 la Procuraduría Segunda
Delegada para la Contratación Estatal ordenó la práctica e incorporación de todas
las pruebas allegadas y peticionadas por los investigados, entre las que se
encontraba la solicitud de realización de un «dictamen pericial» con el fin de que «se
emita concepto en el cual se responda el cuestionamiento en torno a si la USCO tenía o
no la idoneidad, capacidad y experiencia para asumir las labores de interventoría
derivadas del convenio […]».

3.10. Por medio de auto del 15 de noviembre de 2011 la Dirección Nacional de
Investigaciones Especiales de la PGN comisionó al ingeniero civil Miguel Ángel
Soto Roa, al ingeniero electricista Henry Molina Gómez, al arquitecto Carlos
Alberto Tirado Triana y al contador público Óscar Evangelista Cubillos Camelo,
para que rindieran «informe técnico».

3.11. El 29 de noviembre de 2011, los servidores comisionados presentaron un
«informe técnico» acerca de la calidad del trabajo realizado por la USCO en el
marco del convenio, en el que se concluyó que la universidad: (i) no tenía
experiencia para ejecutar el convenio porque no ofrecía programas educativos
relacionados con la labor de interventoría convenida, y (ii) no contaba con
capacidad técnica para ejecutar el convenio, porque el alma mater procedió a
subcontratar aproximadamente el 90% de la ejecución del convenio, teniendo en
cuenta que el valor del mismo era de $944.337.792, mientras que el valor de lo
subcontratado ascendió a $828.482.051, por concepto de personal, vehículos,
equipos de topografía, entre otros.

3.12. La demandante fue elegida como gobernadora del departamento del
Departamento del Huila para el periodo constitucional 2012-2015.

3.13. El 23 de enero de 2012 la Procuraduría Segunda Delegada para la
Contratación Estatal corrió traslado del «dictamen técnico» elaborado por los
servidores de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la PGN. El
30 de enero de 2012, los disciplinados solicitaron ampliación y complementación
del informe técnico. El 26 de marzo de 2012 los servidores comisionados
presentaron la ampliación del informe. Al día siguiente, 27 de marzo de 2012, la
Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó correr
traslado para que los inculpados presentaran los alegatos de conclusión antes de
decidirse el proceso disciplinario en primera instancia.

3.14. El procurador general de la Nación, previo a la vacancia por semana santa,
profirió la Resolución 113 del marzo 30 de 2012, suspendiendo los términos
procesales en todas las actuaciones adelantadas por la entidad, salvo en 3 que
estaban a cargo de la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación

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Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

Estatal, identificados con los radicados IUS-112-005072/2009, IUS-2009-403927 y
IUC-D-2010-652-216449, correspondiendo los 2 primeros a la demandante -y el
último a un ex gobernador del departamento de Caquetá-, con lo cual el procurador
habilitó a la unidad coordinadora para que entre el 2 y 4 de abril de 2012, que eran
días festivos, realizaran los traslados y notificaciones a que hubiere lugar.

3.15. El 25 de julio de 2012, la Procuraduría Segunda Delegada para la
Contratación Estatal profirió acto administrativo sancionatorio de primera instancia
en el que: (i) decretó la terminación del procedimiento respecto de José Nelson
Polanía Tamayo -jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía- por la prescripción
de la acción disciplinaria frente a la conducta por la cual era investigado, atinente a
avalar la suscripción del convenio núm. 110 del 27 de abril de 2007 con la USCO, y
(ii) declaró parcialmente responsable a la exalcaldesa de Neiva Cielo González
Villa, para ese momento gobernadora del Huila, pero no a título de culpa gravísima
como se señaló en el pliego de cargos, sino a título de culpa grave, por lo que le
impuso la sanción de suspensión de 4 meses, sanción que en aplicación del
artículo 46 de la Ley 734 de 2002, fue convertida en multa de $31.779.156, porque
para ese momento, había culminado el periodo como primera mandataria de la
referida ciudad.

3.16. En el acto administrativo disciplinario de primera instancia del 25 de julio de
2012, se dispuso la prescripción parcial de la acción disciplinaria en lo que
concierne a la suscripción del convenio interadministrativo núm. 110 del 27 de abril
de 2007, porque para el momento de la sanción ya habían transcurrido más de los
5 años que para tales efectos prevé el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, sin
embargo, la potestad disciplinaria se mantuvo vigente en torno al hecho de
permitir la ejecución del convenio señalado mientras ejerció el cargo de alcaldesa
de Neiva, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2007.

3.17. El 14 de agosto de 2012, la actora interpuso recurso de apelación contra la
anterior decisión. El 6 de diciembre de 2012, la Sala Disciplinaria de la PGN
profirió acto de segunda instancia, con el que confirmó la decisión recurrida y la
declaratoria de responsabilidad disciplinaria de la investigada, pero: (i) modificó la
sanción impuesta, en el sentido de disminuir la suspensión en el ejercicio del
cargo por el término de 3 meses y bajar la multa a $16.824.261, y (ii) dispuso
acerca de la configuración de la inhabilidad sobreviniente establecida en el artículo
38.2 de la Ley 734 de 2022, en razón a que la demandante había sido sancionada
en 2 ocasiones anteriores en los últimos 5 años.

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Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

3.18. El 24 de diciembre de 2012 la Secretaría de la Procuraduría Regional del
Huila fijó edicto para notificar a la disciplinada, el cual fue desfijado el día 27 del
mismo mes y año.

3.19. El 27 de diciembre de 2012 la demandante solicitó aclarar el fallo de
segunda instancia y, en la misma fecha, la Sala Disciplinaria de la PGN denegó
dicha solicitud por improcedente.

3.20. Según constancia expedida por la Secretaría de la Sala Disciplinaria de la
PGN, la decisión que resolvió la solicitud de aclaración del fallo de segunda
instancia fue notificada por estado fijado el 4 de enero de 2013.

3.21. Mediante Decreto 011 del 9 de enero de 2013, la Presidencia de la
República ordenó el retiro de Cielo González Villa del cargo de gobernadora del
departamento del Huila, y en su reemplazo designó en encargo a Luis Guillermo
Vélez Cabrera.

3.22. El 14 de abril de 2013 se celebraron elecciones atípicas para escoger
gobernador del departamento, por el resto del periodo, hasta el 31 de diciembre de
2015, certamen en el que fue electo Carlos Mauricio Iriarte Barrios.

3.23. El Tribunal Administrativo del Huila mediante auto del 7 de octubre de 2014,
corregido por auto del 14 de noviembre de 2014, decretó la suspensión provisional
de los efectos de los actos administrativos demandados, porque la PGN
desconoció el término de prescripción de la acción disciplinaria, pues de
conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado4 dentro de los 5 años
señalados en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002 debía haber proferido acto
administrativo sancionatorio definitivo, lo cual tiene lugar, en el evento en que el
disciplinado haya presentado recurso de apelación, cuando el acto administrativo
disciplinario de segunda instancia quede ejecutoriado. Indicó que el término de
prescripción de la acción disciplinaria venció el 31 de diciembre de 2012 5 y el acto
administrativo disciplinario de segunda instancia6 quedó ejecutoriado el 4 de enero
de 2013 cuando se notificó el auto del 27 de diciembre de 2012 que negó la
solicitud de aclaración, por lo cual autoridad disciplinaria incurrió en una violación
de las normas disciplinarias.

4 Sentencias del Consejo de Estado de 7 de abril de 2006, expediente 2005-03806-01, con
ponencia del Tarsicio Cáceres Toro y, del 10 de octubre de 2013, expediente 2011-00521-00, con
ponencia de la consejera Bertha Lucia Ramírez de Páez.
5 Término de 5 años contado desde el 31 de diciembre de 2007 fecha del último acto constitutivo

de la falta disciplinaria.
6 Fallo disciplinario de 6 diciembre de 2012.

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Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

3.24. En providencia del 15 de septiembre de 2016, la Sección Segunda,
Subsección B, de esta Corporación, revocó el auto del 7 de octubre de 2014,
corregido por auto del 14 de noviembre de 2014, que decretó la suspensión
provisional de los efectos de los actos administrativos demandados, porque (i) la
tesis vigente en materia de prescripción de la acción disciplinaria es la contenida
en la sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2009 proferida por la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, según la cual,
dentro del término de los 5 años establecido por el artículo 30 de la Ley 734 de
2002, la autoridad disciplinaria competente solo debe proferir y notificar el acto
administrativo principal, esto es el de primera o única instancia con el cual
interrumpe el término de prescripción, (ii) según se informa en los hechos de la
solicitud de medida cautelar7 y en el escrito de oposición8 a esa solicitud, en el
presente caso el término de 5 años de la prescripción de la acción disciplinaria
inició el 31 de diciembre de 2007 y finalizó el 31 de diciembre de 2012, y (iii) el
acto administrativo disciplinario de primera instancia fue expedido por la
Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal el 25 de julio de
2012, esto es dentro del término de la prescripción de la acción disciplinaria.

3.25. A través de sentencia del 11 de octubre de 2021, el Juzgado 5º Penal del
Circuito de Neiva, condenó a la demandante a 4 años de casa por cárcel, a pagar
una multa de 50 SMLMV y le impuso inhabilidad para ejercer cargos públicos por 5
años, porque en su calidad de alcaldesa de Neiva incurrió en el delito de
celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos esenciales, ya que en el
año 2005 adjudicó de manera directa un contrato por más de 360 millones de
pesos a la Organización Andrés Bello para optimizar el sistema de acueducto de
esa ciudad, pretermitiendo el proceso de selección objetiva; condena que fue
confirmada por el Tribunal Superior de Neiva, Sala Penal, a través de sentencia
del 22 de diciembre de 2022.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

7 Folio 9 del expediente. En la solicitud de medida cautelar se señaló lo siguiente «FECHA DE

OCURRENCIA DE LOS HECHOS. Ocurrieron cuando se desempeñaba como alcaldesa de Neiva
entre el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007. Prescripción de la acción disciplinaria (art.
30 de la ley 734/02)- cinco años-. El plazo se cumplió el 31 de diciembre de 2012. FECHA DE
EJECUTORIA DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA. EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
ADQUIRIÓ FIRMEZA EL 4 DE ENERO DE 2013 (fecha de notificación de la aclaración del fallo de
segunda instancia).».
8 Folio 79 del expediente. En el escrito de oposición a la medida cautelar la entidad demanda

señaló lo siguiente «De lo trascrito se observa claramente que el fenómeno de la prescripción
operaba a partir del 31 de diciembre de 2007, y va hasta el 31 de diciembre de 2012, haciendo
salvedad que el fallo de primera instancia del 25 de julio de 2012 proferido por la Procuraduría
Segunda Delegada, INTERRUMPE EL TERMINO DE PRESCRIPCIÓN, de conformidad con la
jurisprudencia del Consejo de Estado.».

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Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

4. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 29, 83 y 209 de la
Constitución; 3, 137, inciso 2, y 138 de la Ley 1437 de 2011; 4, 5, 6, 9, 21, 22, 23,
27, 29, 30, 48, 50, 66, 73, 90, 92, 119, 120, 121, 128, 130, 137, 140, 141, 142 y
170 de la Ley 734 de 2002; y las leyes 58 de 1968, 13 de 1976, 80 de 1993, 190
de 1995, 489 de 1998 y 617 de 2000.

5. La demandante sostuvo en el concepto de violación, en primer lugar, que la
PGN vulneró su derecho al debido proceso porque la acción disciplinaria estaba
prescrita, debido a que:

5.1. El artículo 30 de la Ley 734 de 2002 prevé que (i) la acción disciplinaria
prescribe en 5 años, contados para las faltas instantáneas desde el primer día de
su consumación y para las continuadas desde la realización del último acto, (ii) la
configuración de la prescripción genera la pérdida de potestad para imponer
sanciones por parte del operador disciplinario y (iii) dentro del límite temporal de 5
años no solo debe imponerse la sanción disciplinaria, sino que también debe
quedar debidamente ejecutoriada.

5.2. La demandante se desempeñó como alcaldesa del municipio de Neiva desde
el 1 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007 y en dicho lapso suscribió
con la USCO el convenio interadministrativo 110 de 2007, conducta que fue
reprochada disciplinariamente y culminó con la decisión de segunda instancia
notificada y ejecutoriada el 4 de enero de 2013, cuando ya se había configurado la
prescripción de la acción disciplinaria, comoquiera que dichos hechos ocurrieron
entre el 27 de abril de 2007, fecha de suscripción del convenio, y el 31 de
diciembre de 2007, vencimiento del periodo como alcaldesa, pues, si bien en el
auto de cargos se le imputó el presunto incumplimiento de los presupuestos
legales para la suscripción del referido convenio interadministrativo, en los fallos
de primera y segunda instancia la imputación se extendió hasta la ejecución del
convenio que estuvo a cargo de la disciplinada hasta el 31 de diciembre de 2007
cuando finalizó su periodo constitucional.

5.3. La posición institucional de la PGN se sustenta en la tesis jurisprudencial del
Consejo de Estado9 según la cual, en tratándose del régimen sancionatorio
disciplinario la sanción se impone de manera oportuna si dentro del término
asignado para ejercer esta potestad se expide y notifica el acto sancionatorio
principal o primigenio y no el que resuelve los recursos en vía administrativa;
desconociendo que dicha tesis fue controvertida y revocada en la sentencia de

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente
11001031500020030044201, sentencia del 29 de septiembre de 2009, con ponencia de la
consejera de Estado Susana Buitrago Valencia.

9

Demandante: Cielo González Villa
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tutela del 17 de abril de 2013 proferida por la Sala de Conjueces de la sección
segunda, subsección A de la misma Corporación.

5.4. La posición institucional de la PGN y la tesis jurisprudencial del Consejo de
Estado10 expuesta en el anterior fundamento jurídico, contraviene la interpretación
constitucional que sobre la materia fue expuesta en la sentencia C-244 de 1996,
donde se indicó que el vencimiento del término prescriptivo sin que se haya
dictado, notificado y ejecutoriado la providencia que pone fin a la actuación
disciplinaria, presupone la pérdida de competencia del ente investigador en virtud
de la operancia del fenómeno jurídico de prescripción.

6. La parte demandante alegó en segundo lugar, que la PGN vulneró su derecho
al debido proceso, porque el procurador general de la Nación, ad portas del inicio
de la vacancia judicial por la semana santa, mediante resolución 113 del 30 de
marzo de 2012, sin justificación alguna modificó los términos procesales de las
actuaciones disciplinarias, al disponer la suspensión de los términos en todos los
procesos disciplinarios, salvo en tres11 que estaban a cargo de la Procuraduría
Segunda Delegada para la Contratación Estatal, con lo que habilitó a la unidad
coordinadora para que entre el 2 y 4 de abril de 2012 realizaran los traslados, en
desmedro de las garantías del debido proceso e igualdad. Si bien el Decreto Ley
262 de 2000 le otorgaba al procurador general el control de la organización interna
de la entidad, no se encontraban bajo su poder decisorio los términos procesales
que por mandato del artículo 2 de la Ley 794 de 2003 constituyen normas de
orden público.

7. La actora alegó, en tercer término, la vulneración del derecho al debido proceso
por desconocimiento de las garantías de audiencia y defensa en torno a la práctica
y contradicción de la prueba pericial decretada, porque:

7.1. La PGN cambió la naturaleza del medio probatorio decretado, ya que en auto
del 8 de septiembre de 2011 decretó la práctica de un dictamen pericial cuyo
objeto era determinar la calidad del trabajo realizado por la USCO en desarrollo del
convenio interadministrativo, para lo cual solicitó apoyo de los profesionales de la
Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la misma entidad, quienes
además de no haber citado a los sujetos procesales para su práctica,
transformaron su naturaleza, pues rindieron un «dictamen técnico» y no un

10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente
11001031500020030044201, sentencia del 29 de septiembre de 2009, con ponencia de la
consejera de Estado Susana Buitrago Valencia.
11 Identificados con los radicados IUS-112-005072/2009; IUS-2009-403927 y IUC-D-2010-652-

216449, correspondiendo los dos primeros a la demandante y el último a un ex gobernador del
departamento de Caquetá.

10

Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

dictamen pericial, y peor aún, al trasladar el medio probatorio se indicó que se
trataba de un «peritazgo».

7.2. No se dio traslado a los sujetos procesales de las aclaraciones y
complementaciones, puesto que el 26 de marzo de 2012 fue rendida la ampliación
solicitada, como se expuso en el fundamento jurídico núm. 3.12, sin embargo, se
omitió correr traslado de la ampliación, para que si a bien lo tuvieran los
disciplinados pudieran objetarlo por error grave, por lo que la contradicción de este
medio probatorio no se surtió en debida forma.

7.3. Los profesionales encargados de la práctica de la prueba no fueron
imparciales ya que emitieron conceptos personales y no técnicos, sustentados
exclusivamente en la información de la página web de la USCO, sin referirse a la
calidad de los trabajos en las obras públicas en donde la universidad ejerció la
interventoría, limitándose a informar que el único programa académico relacionado
con el desarrollo del objeto del convenio interadministrativo era una tecnología en
obras civiles, el cual inició labores el primer semestre del año 2010, fecha
posterior a la de suscripción del enunciado convenio, en este punto agregó que es
errado cuestionar la idoneidad del claustro universitario por la ausencia de
programas académicos relacionados con obras civiles, pues desconoce la
cantidad y calidad de los profesionales en diferentes áreas del conocimiento con
los que cuenta la misma, como también la vinculación de egresados y miembros
de asociaciones y agremiaciones para el cumplimiento del convenio.

7.4. De conformidad con el artículo 10.2 del Decreto 262 de 2002, los
profesionales de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la PGN,
prestan asesoría y colaboración técnico - científica a las diferentes dependencias
de la entidad y demás órganos del Ministerio Público, pero no ostentan la calidad
ni fungen como peritos oficiales, habida cuenta que no ejercen ninguna jerarquía
funcional respecto de la entidad, pues son empleados de dicha institución y por
ello no cuentan con la imparcialidad requerida para la prueba pericial.

8. La parte demandante esgrimió, en cuarto lugar, la atipicidad, porque el ente
disciplinario desconoció la naturaleza jurídica de la USCO y su régimen legal, toda
vez que a esta institución de educación superior no le es aplicable el régimen
general de contratación estatal, ya que es una universidad pública del orden
nacional, regida por la Ley 30 de 1992 que en sus artículos 28, 57 y 93 consagró
su autonomía en el manejo de los recursos, un régimen contractual propio y la
sujeción contractual al derecho privado. Además, para la fecha en que se suscribió
el convenio interadministrativo 110 del 27 de abril de 2007, se encontraba vigente
el Decreto 855 de 1994 que permitía que las entidades públicas aunaran sus

11

Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

esfuerzos para el cumplimiento de sus fines, mediante la celebración de contratos
interadministrativos desprovistos de todo interés de lucro. Asimismo, el artículo 2
de la Ley 1150 de 2007 estableció que la celebración y ejecución de los contratos
interadministrativos suscritos con instituciones de educación superior públicas,
podrán realizarse de acuerdo con sus normas específicas de contratación en
virtud del principio de autonomía universitaria previsto en el artículo 68 de la
Constitución, y si bien dicha norma no se encontraba vigente al momento de la
suscripción del convenio interadministrativo 110 de 2007, si lo estaba durante su
ejecución, razón por la cual, los procedimientos realizados se rigieron conforme a
las normas de contratación de la USCO.

9. El quinto argumento del concepto de violación tiene que ver con la vulneración
del derecho al debido proceso por la omisión de indicar el deber funcional
incumplido por la demandante, ya que al haberse suscrito el referido convenio el
27 de abril de 2007 y emitirse el fallo de primera instancia el 25 de julio de 2012, la
autoridad disciplinaria en aplicación del artículo 30 de la Ley 734 de 2002 declaró
la prescripción parcial únicamente en lo referente a la suscripción del convenio,
manteniéndose vigente lo relacionado con la ejecución del mismo, a pesar de que
ninguna de las normas citadas como infringidas guardaban relación con la
obligación de ejecución contractual o señalaban el deber funcional que se le exigía
a la demandante en su calidad de alcaldesa del municipio de Neiva.

10. En sexto término la demandante alegó nuevamente la vulneración al debido
proceso porque la autoridad disciplinaria no valoró adecuadamente el elemeto
culpabilistico, ya que (i) no tuvo en cuenta que frente al trámite precontractual el
arquitecto Armando Saavedra Perdomo -jefe del Departamento Administrativo de
Planeación Municipal- elaboró el estudio de conveniencia y oportunidad del
convenio y avaló la propuesta de la USCO, y (ii) desconoció que conforme con la
cláusula 7 del convenio, la supervisión de este correspondía a la Secretaría de
Infraestructura y Vías y no a la alcaldesa del municipio de Neiva, por lo que el
control y vigilancia del desarrollo contractual no hacía parte de sus deberes
funcionales, por lo que ella no era culpable del comportamiento reprochado.

11. La demandante alegó en séptimo lugar, respecto de la configuración de la
inhabilidad sobreviniente descrita en el inciso 2 del artículo 38 de la Ley 734 de
2002, que son las faltas graves o leves en la modalidad dolosa, las que generan
esa consecuencia y, comoquiera que las 3 faltas impuestas a la disciplinada en los
últimos 5 años lo fueron a título de culpa, los efectos de la norma no le eran
aplicables.

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Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

12. Al adicionar la demanda, la parte actora agregó finalmente, que en virtud del
artículo 93 Superior, la Convención Americana sobre Derechos Humanos hace
parte del ordenamiento interno y por ello sus mandatos son de obligatorio
cumplimiento, de allí que el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos
puede ser limitado pero únicamente por una condena emitida por juez competente,
como lo señala el artículo 23.2 de la Convención, y no por una autoridad
administrativa como lo es la PGN. En razón a lo anterior, sostuvo que la aplicación
de la inhabilidad sobreviniente constituyó una violación de su derecho al debido
proceso y al ejercicio de sus derechos políticos y los de sus electores a la
gobernación del Huila, por desconocimiento de los parámetros convencionales.

2. Contestación de la demanda

13. La PGN12 se opuso a las pretensiones y razonamientos de la demanda con los
siguientes argumentos:

13.1. La parte demandante desconoce la decisión expedida por la Sala Plena del
Consejo de Estado el 29 de septiembre de 200913 que al resolver un recurso de
súplica unificó las diversas posiciones acerca de la prescripción de la acción
disciplinaria, al interpretar el alcance del artículo 6 de la Ley 13 de 1984 y de
manera análoga el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, acogiendo la tesis según la
cual la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la actuación
administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo principal. En este
punto aclaró que, si bien inicialmente la enunciada sentencia de unificación, fue
revocada mediante el fallo de tutela del abril 17 de 2013 proferido por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda, Subsección A del máximo Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, dicha sentencia fue revocada por la Sala Plena de la
Sección Cuarta de la misma Corporación Judicial14, dejándose en firme la
sentencia de unificación de la Sala Plena. En razón a lo anterior, el precedente
vigente y de obligatorio cumplimiento en torno a la prescripción de la acción
disciplinaria indica que este fenómeno jurídico se entiende interrumpido con la
emisión del fallo de primera instancia y su notificación y no con la resolución de los
recursos interpuestos contra la decisión primigenia.

13.2. En relación con el presunto cambio de la prueba pericial solicitada, afirmó
que el auto del 8 de septiembre de 2011, mediante el cual se decretaron las

12 A través de memorial de 19 de noviembre de 2014, visible a folios 308 – 329 del cuaderno núm.

2 del expediente.
13 Expediente 11001031500020030044201, con ponencia de la consejera de Estado Susana

Buitrago Valencia.
14 Sentencia del 6 de marzo de 2014. Rad. 11001-03-15-000-2010-00076-03. C.P. Carmen Teresa

Ortiz De Rodríguez.

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Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

solicitudes probatorias posteriores a la presentación del escrito de descargos,
ordenó la realización de un concepto técnico por parte de la Dirección Nacional de
Investigaciones Especiales y no de un dictamen pericial; de dicho informe se corrió
traslado a los sujetos procesales en los términos de los artículos 254 a 257 de la
Ley 600 de 2000, sin que dichas normas hubiesen previsto la posibilidad de
objetar el informe técnico.

13.3. En virtud de los principios de transcendencia y convalidación no es posible
considerar como una vulneración del derecho al debido proceso y defensa el no
haber verificado la calidad del trabajo efectuado por la USCO, toda vez que la falta
atribuida a la actora se orientó a la carencia del trámite de selección objetiva del
contratista y por permitir ejecutar el contrato sin tener una infraestructura educativa
y curricular adecuada para este fin.

13.4. Referente a la indebida aplicación de la inhabilidad sobreviniente indicó que
el hecho de que 3 de las sanciones impuestas a la actora, dos hayan sido
imputadas a título de culpa y no de dolo no puede significar la trasgresión de lo
preceptuado en el inciso 2° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en armonía con
lo expuesto en las sentencias de constitucionalidad C-1075 de 2002 y C-544 de
2005, habida cuenta que lo que exige la norma es que las faltas hayan sido
catalogadas alternativamente como graves o leves dolosas, sin que sea necesario
que las faltas graves fueran imputadas a título de dolo sino únicamente las leves.

13.5. El artículo 138 del Decreto Ley 262 de 2000 faculta al procurador general de
la Nación para que por razones de servicio ordene que algunos servidores de la
entidad laboraran en días de vacancia judicial, que para el caso en concreto tenía
como fin proseguir el trámite del proceso adelantado contra la accionante, sin que
sea posible considerar que tal decisión por si misma conllevara una afectación de
las garantías de contradicción y defensa de la inculpada.

3. La sentencia apelada

14. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia proferida el 3 de
diciembre de 201815, resolvió: (i) declarar la nulidad de los fallos disciplinarios de
primera y segunda instancia, (ii) ordenar a la PGN a título de restablecimiento del
derecho, eliminar las anotaciones que se hubieren efectuado de dichas sanciones
en el registro de antecedentes disciplinarios de la demandante, específicamente
en el Sistema de Sanciones y Causas de Inhabilidad -SIRI-, (iii) como medida de
reparación integral ordenar a la PGN (a) realizar un acto público, en la plaza de
banderas de la gobernación del Huila y con la presencia de la demandante,

15 Visible a folios 440 - 459 del cuaderno principal del expediente.

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Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

ciudadanía en general y de los medios de comunicación audiovisuales y escritos,
para que presente exculpaciones a la actora por la decisión anulada, si así lo
solicitare la demandante, (b) publicar en la página web de la entidad durante 6
meses el contenido de la sentencia, y (c) publicar por una sola vez en un diario de
amplia circulación nacional, la parte resolutiva de la misma, (iv) negar el pago de
$16.824.261 por concepto de la conversión de la suspensión en multa, porque no
se acreditó que la parte demandante hubiese pagado dicho valor, (v) negar el
pago de «daños extrapatrimoniales» porque no fueron demostrados en el curso del
proceso, y (vi) condenar a la PGN a pagar 2 salarios mínimos por concepto de
costas o agencias en derecho.

15. En sustento de las decisiones adoptadas en primera instancia, el Tribunal
Administrativo del Huila expuso:

15.1. La PGN carecía de competencia para imponer la sanción de inhabilidad
sobreviniente del artículo 38-2 de la Ley 734 de 2002 a la demandante, porque el
artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -en especial la
contenida en los casos López Mendoza contra Venezuela y Petro Urrego contra
Colombia- y la jurisprudencia del Consejo de Estado -específicamente la sentencia de
Sala Plena de 15 de noviembre de 2017, expediente 2014-360-, señalan que las
limitaciones a los derechos políticos sólo pueden ser impuestas por jueces de la
república, como consecuencia de procesos judiciales.

15.2. En la formulación del cargo único imputado a la actora, así como en los fallos
disciplinarios, no se precisaron cuáles fueron los reglamentos, deberes, mandatos,
prohibiciones o principios de la función pública presuntamente desconocidos por la
exalcaldesa, «pues, no se indicó cual era el proceso de selección que desatendió la
disciplinada», por lo que el juicio de ilicitud sustancial que la PGN realizó para
sancionar a la actora, fue insuficiente.

15.3. El argumento según el cual la conducta de la exalcaldesa puede separarse
entre la suscripción del convenio y su ejecución, para prescribir lo atinente a la
suscripción del convenio, y sancionarla por permitir su ejecución, es un
razonamiento que «carece de razonabilidad» y «no es coherente» porque ambos
aspectos se encuentran «íntimamente relacionados» y no pueden desligarse, ya que
la ejecución de un contrato o convenio no puede desarrollarse si previamente no
surge a la vida jurídica.

15.4. Los supuestos establecidos en el artículo 38.2 de la Ley 734 de 2002 para la
constitución de la inhabilidad sobreviniente allí contenida no se encuentran
satisfechos, pues dicha disposición además de establecer que las 3 sanciones

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Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

disciplinarias se hubieran impuesto dentro de los últimos 5 años, también exige
que las faltas cometidas sean graves o leves, pero siempre a título de dolo,
mientras que las endilgadas a la disciplinada lo fueron a título de culpa, así: (i)
sanción del 19 de agosto de 2019, por falta gravísima a título de culpa, (ii) sanción
del 19 de julio de 2012, por falta grave a título de culpa y sanción del 6 de
diciembre de 2012, aquí demandada, por falta grave a título de culpa.

3.1. Salvamento parcial de voto

16. El magistrado Ramiro Aponte Pino salvó su voto de manera parcial, en lo que
tiene que ver con las medidas integrales de reparación ordenadas en la sentencia
de primera instancia, porque considera que de acuerdo con la jurisprudencia
convencional y la doctrina del Consejo de Estado, las medidas de reparación
integral de tipo no pecuniario, se aplican a casos de graves violaciones de
derechos humanos, y este no es un caso de esa naturaleza.16

4. El recurso de apelación

17. La PGN17 y el Ministerio Público18 interpusieron recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia y lo sustentaron así:

17.1. La PGN mantiene incólume su competencia para investigar y sancionar
disciplinariamente a servidores públicos de elección popular porque (i) el sistema
jurídico no ha sido modificado, a nivel constitucional y legal, para eliminar la
facultad de la PGN de investigar y sancionar con destitución e inhabilidad a los
servidores de elección popular, (ii) si bien la PGN es una autoridad administrativa,
no hace parte del Ejecutivo, sino que es un órgano de control autónomo e
independiente, (iii) la jurisprudencia interamericana y la jurisprudencia contenciosa
citada en la sentencia apelada, tiene efectos interpartes y (iv) a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho no es posible modificar el
ordenamiento jurídico, ya que en este escenario se ventilan intereses particulares.

17.2. En el proceso disciplinario, la PGN acreditó adecuadamente la tipicidad, la
ilicitud sustancial y la culpabilidad de la conducta de la demandante, al permitir la
ejecución del convenio que tenía por objeto la interventoría de obra -que se precisó
en el fundamento jurídico 3.2 de esta providencia-, a pesar de que la USCO no tenía
capacidad técnica, ni la experiencia, ni el personal, para asumir la labor de
interventoría, al punto que tuvo que subcontratar el 90% de su ejecución, en

16 Folio 460 del cuaderno principal del expediente.
17 Folios 469 - 476 del cuaderno principal del expediente.
18 Folios 480 - 501 del cuaderno principal del expediente.

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Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

contravía de los principios de transparencia y responsabilidad y del deber de
selección objetiva.

17.3. En el caso concreto sí se cumplen los presupuestos de la inhabilidad
sobreviniente preceptuada en el inciso 2° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002,
porque lo que exige la norma es que las faltas hayan sido catalogadas
alternativamente como «graves» o «leves dolosas», sin que sea necesario que las
faltas graves fueren imputadas a título de dolo sino únicamente las leves, en esta
oportunidad las 3 sanciones impuestas a la actora fueron a título de culpa, pero
todas fueron graves.

17.4. Sobre las medidas de reparación no pecuniarias o simbólicas ordenadas por
el Tribunal, expusieron que esas disposiciones se han establecido en las
diferentes jurisdicciones especialmente para casos de graves violaciones de
derechos humanos en el contexto del Derecho Internacional Humanitario y del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tales como masacres,
magnicidios, operaciones militares con graves afectaciones a la población civil, por
lo que no aplica para el caso en concreto.

17.5. Por último, cuestionaron la condena en costas porque no están de acuerdo
con la valoración subjetiva realizada por el Tribunal, ya que contradice el criterio
que de manera pacífica ha seguido esta Subsección de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

5. Pronunciamiento en segunda instancia

18. La parte demandante19 aprovechó esta etapa procesal para reiterar los
argumentos de la demanda y defendió los razonamientos del fallo de primera
instancia.

19. En esta oportunidad procesal, la PGN reiteró los argumentos expuestos en la
contestación de la demanda, en los alegatos de primera instancia y en el recurso
de apelación.20

6. El Ministerio Público

20. La procuradora tercera delegada ante el Consejo de Estado,21 a través de
concepto núm. 237-2019 (SIAF-E 2019-564654)22, solicitó que se revocara la

19 A través de memorial visible a folios 543 - 554 del cuaderno principal del expediente.
20 Folios 558 a 564 del cuaderno principal del expediente.
21 María Isabel Posada Corpas.
22 Folios 565 a 577 del cuaderno principal del expediente.

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sentencia de primera instancia y se negaran las pretensiones de la demanda, para
lo cual expresó los argumentos expuestos por la PGN en sus diferentes
intervenciones en este proceso y por el Ministerio Público en su recurso de
apelación.

II. Consideraciones

7. Los problemas jurídicos

21. Se circunscriben a los siguientes:

21.1. ¿La PGN es competente para imponer la sanción de suspensión e
inhabilidad sobreviniente a Cielo González Villa, servidora pública elegida
popularmente como alcaldesa de Neiva y gobernadora del Huila para los períodos
2004-2007 y 2012-2015, respectivamente, a la luz del ordenamiento jurídico
interno y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos?

21.2. ¿Se vulneró a la demandante el derecho al debido proceso porque fue
sancionada disciplinariamente pese a que la acción disciplinaria ya había prescrito?

21.3. ¿Se vulneró a la demandante el derecho al debido proceso por
desconocimiento de las garantías de audiencia y defensa en torno a la práctica y
contradicción de la prueba pericial solicitada por su defensa en el proceso
disciplinario?

21.4. ¿La sanción disciplinaria impuesta a la demandante es ilegal porque la
conducta reprochada es atípica, debido a que la PGN no tuvo en cuenta que la
USCO goza de autonomía, independencia y un régimen legal propio, y que en todo
caso, el régimen general de contratación estatal permite la celebración de
convenios interadministrativos entre entidades públicas?

21.5. ¿La sanción disciplinaria impuesta a la demandante es ilegal porque la PGN
omitió indicar el deber funcional por ella incumplido?

21.6. ¿La sanción disciplinaria impuesta a la demandante es ilegal porque la PGN
no tuvo en cuenta, al momento de establecer su culpabilidad, que conforme con la
cláusula 7 del convenio, la supervisión de este correspondía a la Secretaría de
Infraestructura y Vías y no a la alcaldesa del municipio de Neiva, por lo que el
control y vigilancia del desarrollo contractual no hacía parte de sus deberes?

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21.7. ¿La sanción impuesta a la exalcaldesa es ilegal porque la PGN vulneró su
derecho al debido proceso, en la medida en que el procurador general de la
Nación, ad portas del inicio de la vacancia judicial por la semana santa, mediante
resolución 113 del 30 de marzo de 2012, sin justificación alguna modificó los
términos procesales?

21.8. ¿La imposición a la accionante de la inhabilidad sobreviniente descrita en el
inciso 2 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, por haber acumulado en los últimos
5 años 3 sanciones culposas, es ilegal, porque la norma se refiere es a faltas
dolosas?

8. Estudio y resolución del primer problema jurídico

22. Para resolver el primer problema jurídico propuesto, la Sala (i) se referirá a los
debates de la Asamblea Nacional Constituyente en torno a la facultad de la PGN
para investigar, sancionar y destituir a funcionarios de elección popular, (ii) aludirá a
la reciente jurisprudencia contenciosa sobre la inconvencionalidad de la facultad de
la PGN para suspender, destituir e inhabilitar a servidores públicos de elección
popular, y (iii) mencionará el carácter vinculante u obligatorio del precedente judicial.

8.1. Estudio de los debates de la Asamblea Nacional Constituyente respecto a
la facultad de la PGN para investigar y sancionar a funcionarios de elección
popular

23. El estudio de las -pocas y además desordenadas- discusiones que se dieron al
interior de la Asamblea Nacional Constituyente sobre la competencia disciplinaria
de la PGN sobre los funcionarios públicos de elección popular permiten concluir
que la verdadera intención del constituyente primario no era el de atribuir a la PGN
la competencia para desvincular a funcionarios de elección popular, o por lo
menos, tuvo muchas dudas y reparos al respecto.

24. En efecto, sobre la potestad para desvincular funcionarios de elección popular,
el 24 de abril de 1991 se desarrolló el siguiente debate en la Comisión IV de la
Asamblea Nacional Constituyente:

«creo que hay un caso que vale la pena considerar, y es el caso de los
funcionarios que son de elección popular, porque evidentemente ahí se está
creando un problema bastante grave, si se entrega esa potestad de desvinculación
del cargo a funcionarios de elección popular. Yo entiendo que una persona
comete una falta de esa naturaleza de ser destituida, pero después de un proceso
distinto, necesariamente en virtud de esta capacidad sancionatoria, que si algo la
caracteriza es lo expedita que puede ser. Y no sé si valga la pena, y aquí recojo
también el proyecto de gobierno, se menciona expresamente que esta facultad

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rige excepto para los casos en que se dé la elección popular, porque
indiscutiblemente eses es un conflicto político complicado y puede convertirse en
un instrumentos de persecución política23.

«No. Habría simplemente que añadir (…) que no se incluyan los funcionarios de
elección popular, para la desvinculación del cargo, exacto, exclusivamente para
eso, no para los efectos de la investigación y sanción. O darles un fuero, alguna
cosa así.

«… entonces evidentemente el Procurador se le impedirá desvincular del cargo a
otro tipo de funcionarios que no lo tengan bajo su órbita otro tipo de personal.

«No, la Procuraduría en general tiene esa potestad disciplinaria. Está ya aprobado.
En el numeral quinto [en la actual constitución numeral 6 del artículo 277],
supervigilar la conducta oficial de los servidores públicos, incluso los de elección
popular, y ejercer el poder disciplinario. Salvo lo dispuesto en otras normas
constitucionales, adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las
respectivas sanciones conforme a la ley. Ahí está el poder disciplinario en general.
Esto tiene relación con la autoridad. En el momento de ser ejercida sobre los
subalternos. Es concretamente ese el caso (…) Es decir cuando no se ejerce la
potestad de vigilancia por el superior jerárquico24” (Subrayas fuera de texto).

25. Pese a ello, los artículos 277.6 y 278.1 de la Constitución, finalmente
atribuyeron al procurador general de la Nación, por sí o por medio de sus
delegados y agentes, entre otras, las funciones de (i) ejercer vigilancia superior de
la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de
elección popular, (ii) ejercer preferentemente el poder disciplinario, (iii) adelantar
las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones
conforme a la ley, (iv) desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión
motivada, al funcionario público que (a) infrinja de manera manifiesta la
Constitución o la ley, (b) derive evidente e indebido provecho patrimonial en el
ejercicio de su cargo o de sus funciones, (c) obstaculizar, en forma grave, las
investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad administrativa o
jurisdiccional, y (d) obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción
de las faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia
de los hechos punibles de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su
cargo.

8.2. La jurisprudencia contenciosa sobre la inconvencionalidad de la facultad
de la PGN para suspender, destituir e inhabilitar a servidores públicos de
elección popular

23 Fl. 75 Asamblea Nacional Constituyente, Antecedentes artículo 277-278 – Sesión Comisión
Cuarta de 24 de abril.
24 Fl. 76 – 77 Asamblea Nacional Constituyente, Antecedentes artículo 277-278 – Sesión Comisión

Cuarta de 24 de abril.

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Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

26. Con fundamento en lo previsto en los artículos 277.625 y 278.126 de la
Constitución Política de 1991, y con base en la doctrina constitucional sobre la
materia, el Consejo de Estado había reconocido validez constitucional a la
potestad de la PGN para imponer sanciones disciplinarias de suspensión y
destitución a servidores públicos de elección popular.

27. Sin embargo, en reciente sentencia de única instancia del 29 de junio de 2023,
proferida en el expediente 2013-00561-00 (1093-2013), luego de efectuar un
ejercicio de control de convencionalidad, esta Subsección consideró que la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente
la emitida en los casos López Mendoza contra Venezuela en 2011 y, Petro Urrego
contra Colombia en 2020, evidencia un nuevo contexto normativo, que en razón
del postulado del derecho viviente, obliga a las autoridades judiciales y
administrativas a realizar una interpretación del sistema jurídico interno conforme
con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

28. La referida sentencia estudió la legalidad de los actos administrativos
disciplinarios proferidos el 16 y el 17 de octubre de 2012, por la Sala Disciplinaria
de la PGN para sancionar al exsenador Eduardo Carlos Merlano Morales con
destitución e inhabilidad de 10 años, porque el 13 de mayo de 2012, luego de ser
detenido por agentes de la Policía de Tránsito en la ciudad de Barranquilla,
mientras conducía su automóvil presuntamente en estado de alicoramiento, invocó
su condición de congresista para negarse a que le realizaran la prueba de
alcoholemia y se opuso a la inmovilización del vehículo. Para la PGN, con la
conducta descrita el ex senador incurrió a título de dolo en la falta gravísima
establecida en el artículo 48.42 de la Ley 734 de 200227, debido a que constriñó a
los uniformados.

25 Según el cual, el procurador general de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y
agentes, tendrá entre otras, la función de ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de
quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente
el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas
sanciones conforme a la ley.
26 Según el cual, el procurador general de la Nación ejercerá directamente, entre otras, la función

de desvincular del cargo, previa audiencia y mediante decisión motivada, al funcionario público que
incurra en alguna de las siguientes faltas: infringir de manera manifiesta la Constitución o la ley;
derivar evidente e indebido provecho patrimonial en el ejercicio de su cargo o de sus funciones;
obstaculizar, en forma grave, las investigaciones que realice la Procuraduría o una autoridad
administrativa o jurisdiccional; obrar con manifiesta negligencia en la investigación y sanción de las
faltas disciplinarias de los empleados de su dependencia, o en la denuncia de los hechos punibles
de que tenga conocimiento en razón del ejercicio de su cargo.
27 Que alude a influir en otro servidor público prevaliéndose de su cargo para conseguir una

actuación o decisión que le pueda generar directa o indirectamente beneficio de cualquier orden
para sí o para un tercero

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Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

29. La Subsección B de la Sección Segunda, por medio de la comentada
sentencia de 29 de junio de 2023, decidió anular la sanción porque: (i) de
conformidad con el art. 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -
especialmente la contenida en los precedentes López Mendoza contra Venezuela y, Petro
Urrego contra Colombia-, la Sala interpreta que los derechos políticos sólo pueden
ser limitados por autoridades jurisdiccionales -no necesariamente de naturaleza
penal-, autónomas e independientes, a través de procesos judiciales respetuosos
del debido proceso. (ii) En consecuencia, la facultad de la PGN para sancionar a
los servidores elegidos democráticamente es inconvencional, porque (a) ello limita
el derecho político al sufragio pasivo, es decir, a ser elegido, y (b) la PGN es una
autoridad de naturaleza administrativa y no jurisdiccional. (iii) La Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en resolución de 25 de noviembre de
2021, al efectuar la «supervisión de cumplimiento de [la] sentencia» de 8 de julio de
2020, proferida en el caso Petro Urrego contra Colombia, concluyó que el Estado
colombiano sigue incumpliendo la Convención Americana porque la PGN aún
conserva la facultad de limitar los derechos políticos de los servidores públicos
elegidos democráticamente, vía suspensión o destitución.

30. En igual sentido se pronunció la Subsección en sentencia de segunda
instancia del 27 de julio de 2023, proferida en el expediente 2017-351-01 (5471-
2019), en la que de manera oficiosa aplicó la tesis de la inconvencionalidad de la
facultad de la PGN para suspender, destituir e inhabilitar servidores públicos de
elección popular, en el caso del ex gobernador del Valle del Cauca Juan Carlos
Abadía Campo, quien había sido sancionado en el 2016 con destitución e
inhabilidad por 10 años, porque en 2010, siendo gobernador, suscribió de manera
directa un contrato de prestación de servicios de salud con la IPS Eduardo
Bolaños Ltda, sin adelantar un proceso objetivo de selección. En esta segunda
oportunidad, la Subsección dio continuidad a la línea jurisprudencial iniciada con la
sentencia de 29 de junio, expedida en el proceso 2013-00561-00 (1093-2013) y
resolvió declarar la nulidad de la sanción disciplinaria impuesta al exgobenador
Abadía Campo, al desarrollar argumentos de fondo que sustentaron la tesis del
derecho viviente como fundamento para la aplicabilidad de la tesis convencional
en el ordenamiento jurídico interno. En el citado precedente se analizó el tema de
los derechos políticos y sus restricciones en ejercicio del control disciplinario,
desde la perspectiva del ámbito jurídico interno y de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.

8.3. Naturaleza vinculante y obligatoria del precedente judicial

31. El artículo 13 Superior prevé el derecho a la igualdad de todas las personas.
En aras de materializar su cumplimiento, entre otros, las autoridades judiciales

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Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

deben respetar y seguir el precedente jurisprudencial de las altas cortes. En este
sentido, los artículos 234, 237 y 241 de la Constitución señalan como tribunales de
cierre a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado, en las jurisdicciones
ordinaria y contencioso-administrativa, respectivamente; asimismo, establecen que
la Corte Constitucional es el órgano encargado de salvaguardar la supremacía e
integridad de la Carta. Estas tres instituciones, «tienen el deber de unificar la
jurisprudencia al interior de sus jurisdicciones, de tal manera que los pronunciamientos
por ellas emitidos se conviertan en precedente judicial de obligatorio cumplimiento»28.

32. El precedente judicial ha sido definido por la Corte Constitucional como «la
sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que por su pertinencia
y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por
las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo»29. En este orden de ideas,
partiendo de la autoridad que emitió el fallo, el precedente puede ser horizontal o
vertical. Si se trata de seguir las decisiones emitidas por autoridades del mismo
nivel jerárquico, o del mismo funcionario se estaría en el marco de la primera
categoría30; por su parte, las sentencias proferidas por el superior jerárquico «o la
autoridad encargada de unificar la jurisprudencia»31 hacen parte del precedente
vertical.

33. El acatamiento del precedente busca proteger los derechos a la seguridad
jurídica y a la igualdad, lo que pretende esta regla es evitar que casos similares se
resuelvan de manera diferente. Por ello, todos los jueces, pero en especial las
altas Cortes y los Tribunales deben tener en cuenta estos principios cuando toman
decisiones, pues a futuro se convertirán en precedente judicial para los demás
administradores de justicia. Esta regla general, tiene sin embargo una excepción:
los jueces pueden apartarse del precedente siempre que argumenten y sustenten
claramente las razones por las que optan por este camino.

34. Lo anterior ha sido expuesto por la jurisprudencia constitucional en varias
ocasiones. En la sentencia SU-354 de 201732 por ejemplo, la Corte sostuvo que
los jueces pueden abstenerse de aplicar la regla de decisión que se desprenda de
un caso análogo anterior, cuando cumpla con los siguientes requisitos: «(i) haga
referencia al precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o

28 Sentencia SU- 354 de 2017. M.P. Iván Escrucería Mayolo.
29 Sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
30 En la Sentencia SU-314 de 2017. M.P. Iván Escrucería Mayolo, la Sala Plena de esta Corte

sostuvo que «El precedente horizontal tiene fuerza vinculante, atendiendo no solo a los principios
de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima, sino al derecho a la igualdad que rige en
nuestra Constitución. Asimismo, el precedente vertical, al provenir de la autoridad encargada de
unificar la jurisprudencia dentro de cada una de las jurisdicciones, limita la autonomía judicial del
juez, en tanto debe respetar la postura del superior, ya sea de las altas cortes o de los tribunales».
31 Sentencia T-460 de 2016.
32 M.P. Iván Escrucería Mayolo.

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Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido (principio de
transparencia); y (ii) ofrezca una carga argumentativa seria mediante la cual explique de
manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera que es necesario
apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior
jerarquía».

35. De otra parte, esta Corte ha señalado que cuando los operadores judiciales no
cumplen con esa carga argumentativa, la decisión que adopten puede estar
viciada. En concreto, la sentencia C-621 de 201533 señaló: «el desconocimiento, sin
debida justificación, del precedente judicial configura un defecto sustantivo, en la medida
en que su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales –sea éste
precedente horizontal o vertical, en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y
buena fe34. Por lo cual y a pesar de la regla general de obligatoriedad del precedente
judicial, siempre que el juez exprese contundentemente las razones válidas que lo
llevaron a apartarse del precedente constitucional, su decisión será legítima y acorde a las
disposiciones legales y constitucionales».

36. En suma, el precedente jurisprudencial es vinculante y por ende, los jueces
están obligados a acogerlo en sus decisiones. No obstante, en atención a la
garantía de la autonomía judicial prevista en el artículo 228 Superior, los
operadores jurídicos pueden apartarse siempre que cumplan con la carga
argumentativa que ello supone. Así pues, cuando una autoridad judicial desconoce
el precedente sentado en casos análogos, puede incurrir en un defecto por
desconocimiento del precedente, como causal específica de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales.

8.4. El caso concreto

37. El presente control de nulidad y restablecimiento del derecho está dirigido
contra los actos administrativos disciplinarios del 25 de julio y 6 de diciembre de
2012, proferidos por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación
Estatal y la Sala Disciplinaria de la PGN, en primera y segunda instancia,
respectivamente, a través de los cuales la demandante fue sancionada con las
siguientes dos sanciones: (i) suspensión de 3 meses en el ejercicio del cargo de
alcaldesa del municipio de Neiva, periodo 2004-2007, sanción que en aplicación
del artículo 46 de la Ley 734 de 2002, fue convertida en multa de $16.824.261,
porque para el momento de su expedición en 2012, había culminado el periodo
como primera mandataria de esa ciudad, y (ii) la inhabilidad sobreviniente y
automática de 3 años, regulada en el artículo 38.2 de la Ley 734 de 200235, en

33 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
34 Sentencia T-102 de 2014.
35Ley 734 de 2002, artículo 38. Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para
desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:

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Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

razón a que con esta suspensión, acumulaba 3 sanciones disciplinarias en los
últimos 5 años, lo que le impidió continuar como gobernadora del departamento
del Huila, periodo 2012-2015.

38. En este punto, la Sala considera importante anotar que como bien lo señaló la
Corte Constitucional en la sentencia C-544 de 200536, la inhabilidad sobreviniente
de 3 años, regulada en el artículo 38.2 de la Ley 734 de 2002, por haber sido
sancionado 3 o más veces en los últimos 5 años, no es una sanción disciplinaria
porque como tal, no surge como consecuencia directa de la comisión comprobada
de una falta disciplinaria específica, sino que se trata solo de una inhabilidad
especial que emerge por mandato legal, en forma sobreviniente, automática y
autónoma cuya «fuente […] es el historial sancionatorio del inhabilitado». En palabras
de la Corte Constitucional «la inhabilidad que ocurre como consecuencia de haberse
interpuesto la tercera sanción disciplinaria en 5 años surge, no como una nueva sanción,
sino como una medida de protección de la Administración, que pretende evitar el acceso a
sus cargos de personas que han demostrado una manifiesta incompetencia en el manejo
de los negocios que se les encomiendan».

39. Así las cosas, para efectos del control de convencionalidad que se realiza, en
el caso concreto es perfectamente diferenciable, (i) por una parte, la sanción
disciplinaria de tres meses de suspensión que luego fue convertida en multa de
$16.824.261, que le fue impuesta a la demandante por la PGN a través de los
actos administrativos sancionatorios acusados, y (ii) por otra parte, la inhabilidad
de 3 años que le sobrevino como consecuencia de haber acumulado 3 sanciones
en los últimos 5 años, según lo señala el artículo 38.2 de la Ley 734 de 2002,
circunstancia que sólo fue establecida y dispuesta, en el acto administrativo
sancionatorio de segunda instancia proferido por la Sala Disciplinaria de la PGN el
6 de diciembre de 2012.

40. En ese sentido, para la Sala es claro entonces, que el artículo 38 -numeral 2-
de la Ley 734 de 2012 -con fundamento en el cual se impuso la inhabilidad
sobreviniente impuesta a la demandante-, es incompatible con el artículo 23.2 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y los precedentes de esta Subsección del
Consejo de Estado, porque (i) la inhabilidad sobreviniente en estudio constituye
una clara limitación de los derechos políticos, en especial al de ser elegido, y (ii) la

(…)
2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco (5) años por
faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años
contados a partir de la ejecutoria de la última sanción.
36 Con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, en la que la Corte declaró la

exequibilidad del artículo 38.2 de la Ley 734 de 2002.

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Demandante: Cielo González Villa
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PGN no es una autoridad judicial sino administrativa37, que si bien -de acuerdo con
la Constitución Política de 1991- es un órgano de control autónomo e independiente
de las demás ramas del poder público38, no por ello deja de ser de estirpe
administrativa, por lo que -desde el punto de vista convencional- carece de
competencia para establecer e imponer la referida inhabilidad, en la medida que
limita el derecho político de ser elegido democráticamente.

41. En virtud de las anteriores consideraciones, la Sala encuentra suficiente
motivación para confirmar la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad
del acto administrativo del 6 de diciembre de 2012, proferido por la Sala
Disciplinaria de la PGN, pero únicamente en cuanto que, en segunda instancia
dispuso imponer a la demandante la inhabilidad sobreviniente de 3 años, regulada
en el artículo 38.2 de la Ley 734 de 2002, como consecuencia de haber
acumulado 3 sanciones en los últimos 5 años, por cuanto implicó la restricción del
derecho político de Cielo González Villa de continuar ejerciendo como
gobernadora del departamento del Huila, elegida democráticamente para el
periodo 2012-2015, contraviniendo así lo dispuesto en el artículo 23.2 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

42. No ocurre lo mismo respecto de la sanción disciplinaria de suspensión de 3
meses de la que fue objeto la demandante, porque al ser finalmente convertida en
una multa de $16.824.261, con ella la PGN no contrarió el orden convencional en
la medida en que el régimen disciplinario contenido en la Ley 734 de 2002 no le
atribuye a las multas el alcance de limitar el derecho político pasivo de ser elegido
para ocupar una investidura o dignidad pública. Por consiguiente, la Subsección
continuará el estudio y resolución de los demás problemas jurídicos únicamente
en relación con la sanción disciplinaria de suspensión, transformada en multa.

9. Estudio y resolución del segundo problema jurídico

43. El segundo problema jurídico se estructuró en torno a establecer si la PGN
vulneró a la demandante el derecho al debido proceso porque fue sancionada
disciplinariamente pese a que la acción disciplinaria ya había prescrito, para lo cual
la Sala determinará si dentro del término de prescripción de la acción disciplinaria
previsto en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, la autoridad disciplinaria debe
proferir y notificar únicamente el acto administrativo disciplinario de primera
instancia, o también el que resuelve los recursos contra aquel. Por lo tanto, es
necesario precisar el marco legal y jurisprudencial de la prescripción de la acción

37 Al no estar incluida dentro de las autoridades y corporaciones que integran la rama judicial del

poder público, según los artículos 234 al 257 de la Carta Política
38 Al respecto véanse los artículos 117, 118 y 275 a 278 de la Constitución Política de 1991.

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Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

disciplinaria.

9.1. Marco legal y jurisprudencial de la prescripción de la acción disciplinaria

44. La figura de la prescripción de la acción disciplinarla fue plasmada por primera
vez en el ordenamiento jurídico, en el artículo 12 de la Ley 25 de 1974, con el
siguiente tenor: «[l]a acción disciplinaria prescribe en 5 años contados a partir del último
acto constitutivo de la falta». Luego el Legislador señaló en el artículo 6 de la Ley 13
de 1984 lo siguiente: «[l]a acción disciplinaria prescribe en 5 años contados a partir del
último acto constitutivo de la falta, término dentro del cual deberá igualmente imponerse la
sanción». Posteriormente se expidió la Ley 200 de 1995, en cuyo artículo 34 se
previó la figura de la prescripción de la acción disciplinaria en los siguientes
términos: «[l]a acción disciplinaria prescribe en el término de 5 años. La prescripción de
la acción empezará a contarse para las faltas instantáneas desde el día de la
consumación y desde la realización del último acto, en las de carácter permanente o
continuado». La Ley 734 de 2002 determinó en su artículo 30 la prescripción de la
acción disciplinaria de la siguiente forma: «[l]a acción disciplinaria prescribe en cinco
años, contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de
carácter permanente o continuado desde la realización del último acto. En el término de
doce años, para las faltas señaladas en los numerales 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del artículo 48.
Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las
acciones se cumple independientemente para cada una de ellas. Parágrafo. Los términos
prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo establecido en los tratados
internacionales que Colombia ratifique».

45. Las normas antes trascritas fueron analizadas e interpretadas por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en la sentencia del 23 de mayo de
200239 dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta
por Álvaro Hernán Velandia Hurtado contra la PGN, en un asunto40 en el cual el
actor argumentaba que había ocurrido la prescripción de la acción disciplinaria
porque el acto administrativo sancionatorio que resolvió los recursos de la vía
gubernativa no fue expedido y notificado dentro del plazo de 5 años contado
desde la comisión de la falta41. En este caso la Sección Segunda, Subsección B,

39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 23 de mayo de 2002, con

ponencia del consejero Jesús María Lemos Bustamante, expediente 17112.
40 En este caso Álvaro Hernán Velandia Hurtado, General del Ejército, fue investigado y
sancionado por la Procuraduría General de la Nación, por haber participado en la muerte (12 de
septiembre de 1987) y desaparición (el cadáver fue encontrado e identificado el 26 de julio de
1990) de Nidia Erika Bautista (hechos ocurridos en el municipio de Guayabal - Cundinamarca).
41 El demandante señaló que: (1) la falta disciplinaria fue cometida el 26 de julio de 1990, por lo

tanto el término de prescripción de 5 años vencía el 26 de julio de 1996, (2) dentro del término de
prescripción la autoridad disciplina debía haber expedido y notificado no solo el fallo disciplinario
principal sino también expedido y notificado el fallo que resolviera los recursos interpuestos y (3) el
acto sancionatorio disciplinario de única instancia por el cual fue sancionado se expidió el 5 de julio
de 1995 y pero el acto administrativo que resolvió un recurso de reposición contra este si bien fue

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Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

acogió la tesis del actor, señaló que el legislador no había indicado cuál era el acto
que imponía la sanción e interrumpía el término de prescripción, por lo cual
consideró que la sanción se debía considerar impuesta cuando se hubiere
expedido y notificado el acto administrativo disciplinario inicial, pero si se
interpusieron recursos cuando se expidiera y notificara el fallo disciplinario que los
resolvía; en consecuencia, como la PGN no había notificado el acto administrativo
disciplinario que resolvió un recurso de reposición contra el acto administrativo
disciplinario de única instancia dentro del plazo de los 5 años siguientes al de
cometimiento de la falta, debían anularse los actos administrativos acusados.

46. Contra la anterior decisión la PGN interpuso recurso extraordinario de revisión,
el cual fue decidido por la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de
Estado en sentencia del 29 de septiembre de 200942, en la que revocó la
sentencia de la Sección Segunda Subsección B de esta Corporación antes
mencionada y señaló que el acto administrativo que impone la sanción y en
consecuencia interrumpe el término de la prescripción era el principal -es decir, el
de primera o única instancia según el caso-, pues es este el que define la
conducta investigada como constitutiva de falta disciplinaria y concreta la
expresión de la voluntad de la administración, mientras que los actos que
resuelven los recursos corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no es
emitir el pronunciamiento sino permitir a la administración revisar su decisión. Así
señaló la providencia en mención:

«Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas de las
Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el motivo para que
el presente proceso fuera traído por importancia jurídica a la Sala Plena, a
continuación se explicarán las razones esenciales por las cuales se considera que
la tesis de recibo que debe imperar es la que proclama que la sanción disciplinaria
se impone cuando concluye la actuación administrativa al expedirse y notificarse el
acto administrativo principal, decisión que resuelve de fondo el proceso
disciplinario. Es este el acto que define la conducta investigada como constitutiva
de falta disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la
administración.

Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía gubernativa
contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados como los que
imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no
es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación sino permitir a la
administración que éste sea revisado a instancias del administrado. Así, la
existencia de esta segunda etapa denominada “vía gubernativa” queda al arbitrio
del administrado que es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente
procedan contra el acto.

expedido el 19 de julio de 1995 solo fue notificado el 25 de agosto de 1995, esto es por fuera del
termino de prescripción de la acción disciplinaria.
42 Sentencia de 29 de septiembre de 2009, con ponencia de la conejera Susana Buitrago Valencia,

expediente 2003-00442-01.

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Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

(...)
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de notificar
dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la falta la
actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro de ese lapso a
resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a notificar el acto que resuelve
el último recurso, es agregarle a la norma que consagra el término para ejercer la
potestad sancionatoria disciplinaria una exigencia que no contempla y permite,
finalmente, dejar en manos del Investigado, a su arbitrio, la determinación de
cuándo se "impone" la sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado
de quien dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias.
(...)
Por el contrario, imponer la sanción disciplinaria dentro del término de cinco (5)
años contados a partir del último acto constitutivo de la falta, significa que, como
máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y notificar el acto
administrativo principal, es decir, el acto primigenio que resuelve y que pone fin a
la actuación administrativa disciplinaria.
(...)
En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis según la cual
entratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de
manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad, se
expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa sancionatoria,
que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los recursos de la vía
gubernativa.» (Subrayado fuera de texto).

47. Contra esta sentencia de la Sala Plena Contenciosa Administrativa del
Consejo de Estado, Álvaro Hernán Velandia Hurtado interpuso acción de tutela, la
cual fue declarada improcedente por la Sala de Conjueces de la Sección Cuarta
del Consejo de Estado en sentencia del 6 de marzo de 2014, proferida en el
expediente 11001-03-15-000-2010-000764-3, el cual finalmente no fue
seleccionado por la Corte Constitucional, según auto del 25 de julio de 2014.

48. De acuerdo con lo expuesto, en materia de prescripción de la acción
disciplinaria la sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2009 proferida por
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, definió que
dentro del término de los 5 años establecido por el artículo 30 de la Ley 734 de
2002, la autoridad disciplinaria competente solo debe proferir y notificar el acto
administrativo sancionatorio principal, esto es el de primera o única instancia con
el cual interrumpe el término de prescripción.

9.2. El caso concreto

49. La lectura minuciosa del proceso administrativo disciplinario evidencia que
para la PGN, la conducta de la exalcaldesa puede separarse entre la suscripción
del convenio núm. 110 por valor de $944.337.792, con la USCO y permitir su
ejecución, para prescribir lo atinente a la suscripción del convenio -ocurrida el 27 de
abril de 2007-, y sancionarla por permitir su ejecución. Por lo tanto, el término de 5

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Demandante: Cielo González Villa
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años de la prescripción de la acción disciplinaria inició su conteo el 31 de
diciembre de 2007 y finalizó el 31 de diciembre de 2012, porque los hechos
ocurrieron durante el último año del periodo de la demandante como alcaldesa
hasta el 31 de diciembre de 2007.

50. Es importante anotar, que la parte demandante no cuestionó este particular
modo de estructurar y estudiar la conducta que se le reprochó a la demandante,
sin embargo, para el Tribunal Administrativo del Huila, ello «carece de
razonabilidad» y «no es coherente» porque ambos aspectos se encuentran
«íntimamente relacionados» y no pueden desligarse, ya que la ejecución de un
contrato o convenio no puede desarrollarse si previamente no surge a la vida
jurídica.

51. Al respecto, la Sala recuerda que la falta disciplinaria endilgada a la
exalcaldesa es la señalada en el artículo 48.31 de la Ley 734 de 2002, que alude
tanto a «participar en la etapa precontractual» como «en la actividad contractual, en
detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la
contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la
ley». Por consiguiente, el tipo disciplinario cobija dos aspectos claramente
diferenciables de la conducta de los servidores públicos, que comprenden la etapa
precontractual y la actividad o ejecución contractual propiamente dicha.

52. Así pues, como a demandante fue elegida como alcaldesa del municipio de
Neiva (Huila), para el periodo constitucional 2004-2007, y como el acto
administrativo disciplinario de primera instancia que sancionó a la demandante por
permitir la ejecución del convenio núm. 110 del 27 de abril de 2007, fue expedido
por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal el 25 de julio
de 2012, y notificado el 14 de agosto de 2012,43 no ocurrió el fenómeno de la
prescripción de la acción disciplinaria.

53. En consecuencia, el cargo de error en la interpretación del artículo 30 de la
Ley 734 de 2002 que dispone que «la acción disciplinaria prescribe en cinco años,
contados para las faltas instantáneas desde el día de su consumación y para las de
carácter permanente o continuado desde la realización del último acto», no tiene
vocación de prosperidad.

10. Estudio y resolución del tercer problema jurídico

54. El tercer problema jurídico tiene que ver con definir si a la demandante se le
vulneró el derecho al debido proceso por desconocimiento de las garantías de

43 Folio 171 del cuaderno de pruebas núm. 5 del expediente.

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Demandante: Cielo González Villa
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audiencia y defensa en torno a la práctica y contradicción de la prueba pericial
solicitada por su defensa en el proceso disciplinario.

55. La Sala encuentra al respecto, que aunque la defensa de los disciplinados
solicitó la práctica de un «dictámen pericial», esa petición probatoria fue negada de
manera tácita por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal,
en auto del 8 de septiembre de 201144, en el que en vez del dictamen pericial
solicitado, la autoridad disciplinaria decretó la realización de un «dictámen técnico»
a cargo de los profesionales de la Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales de la PGN -señalados en el fundamento jurídico núm. 3.10 de esta
providencia-.

56. El «dictamen técnico» fue entregado por los funcionarios comisionados el 29 de
noviembre de 201145; mediante providencia del 23 de enero de 201246 la
Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal ordenó correr
traslado a los sujetos procesales del «peritazgo»; el 30 de enero de 2012 los
disciplinados solicitaron ampliación y/o complementación del «dictamen pericial»47;
a través de auto del 20 de febrero de 201248 la autoridad disciplinaria ordenó
complementar el «informe técnico» cuestionado; finalmente, por medio de oficio del
26 de marzo de 2012, los funcionarios comisionados presentaron «ampliación y
complementación del informe técnico»49.

57. De lo expuesto hasta aquí, la Sala evidencia que aunque la Procuraduría
Segunda Delegada para la Contratación Estatal en algunas ocasiones de manera
desordenada y descuidada se refirió a un dictamen pericial, lo cierto es que en el
auto de pruebas del 8 de septiembre de 2011 50, lo que en realidad se decretó fue
un informe técnico a cargo de los profesionales de la Dirección Nacional de
Investigaciones Especiales de la PGN, dependencia que de acuerdo con el
artículo 10 del Decreto 262 de 2000, tiene asignada, entre otras, la función de
«prestar la asesoría y la colaboración técnico científica que requieran las diferentes
dependencias de la Procuraduría General de la Nación y demás órganos que conforman
el Ministerio Público».

58. Ahora bien, tanto el dictamen pericial, como el informe técnico de
entidades o dependencias oficiales, se previeron en el ordenamiento jurídico
para que se dilucidaran hechos que interesaran a un determinado proceso,

44 Folios 632-634 del cuaderno de pruebas núm. 3 del expediente.
45 Folios 653-661 del cuaderno de pruebas núm. 3 del expediente.
46 Folio 672 del cuaderno de pruebas núm. 3 del expediente.
47 Folios 685-687 del cuaderno de pruebas núm. 3 del expediente.
48 Folio 689 del cuaderno de pruebas núm. 3 del expediente.
49 Folios 756-779 del cuaderno de pruebas núm. 4 del expediente.
50 Folios 632-634 del cuaderno de pruebas núm. 3 del expediente.

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debido a que para el esclarecimiento se requieren especiales conocimientos
técnicos, científicos o artísticos. El dictamen pericial se reguló en los
artículos 233 a 242 del Código de Procedimiento Civil, CPC, y 22 6 a 233 del
Código General del Proceso, CGP. Por su parte, el informe técnico de
entidades o dependencias oficiales está regulado en los artículos 243 del
CPC y 234 del CGP.

59. A esta altura de la discusión, resulta necesario tener presente la diferencia que
existe entre la prueba pericial y los informes técnicos del artículo 243 ídem, con el
fin de determinar el valor que la ley y la jurisprudencia les ha reconocido en el
marco de la resolución de un proceso judicial. Para dilucidar el tema, más que
ilustrativo resulta el siguiente aporte de la Corte Constitucional51:

«35. Así las cosas, se concluye que la prueba pericial practicada de manera
anticipada tendrá pleno valor probatorio y, por consiguiente, podrá ser apreciada
por el juez solamente si fue: 1. Sometida al principio de contradicción y 2. Regular
y legalmente incorporada al proceso en el cual se pretende hacer valer, conforme
con las reglas previstas en la ley para el efecto. Dicho de otro modo, si el dictamen
pericial fue indebidamente incorporado al proceso y, además, no fue sometido a
contradicción dentro de él, carece de mérito probatorio y, por lo mismo, no puede
ser valorado judicialmente porque no corresponde a una prueba legalmente
practicada. Cosa distinta ocurriría si la prueba es debidamente incorporada, pues
en tal evento: i. Si no fue materia de contradicción se estaría ante una prueba
sumaria y no ante plena prueba, ii. Si no reúne los requisitos propios de una
prueba pericial se estará entonces frente a un informe técnico como se verá a
continuación.
(…)
37. Las experticias técnicas difieren de los dictámenes periciales regulados en los
artículos 233 a 242 del Código de Procedimiento Civil, así como también difieren
de los informes técnicos de entidades y dependencias oficiales que reglamenta el
artículo 243 del mismo estatuto procesal, que el juez puede solicitar de oficio o a
petición de parte y, que deben ponerse en conocimiento de las partes por el
término de tres días para que se complementen o aclaren.» (subrayado nuestro)

60. La Corte Constitucional respecto de los informes técnicos aportados a un
proceso judicial, consideró que, si bien no se consideran un medio de prueba
autónomo respecto de la prueba pericial, sí tienen valor probatorio al consignar lo
siguiente:

«En cuanto a los conceptos técnicos su incorporación al proceso se valora dentro
de la sana crítica judicial, como las demás pruebas, y se aprecian en conjunto,
pues al igual que el dictamen pericial, el juez es autónomo para valorar las
pruebas técnicas y verificar la veracidad de sus fundamentos y conclusiones, en
tanto que es al juez, y no al perito o al profesional especializado, a quien
corresponde administrar justicia y resolver la controversia que se somete a su
decisión final. De esta forma, es evidente que aunque el juez no se encuentra

51 Sentencia T-274 del 11 de abril de 2012 M.P. Juan Carlos Henao Pérez

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atado a la opinión técnica porque debe someterla a su valoración y apreciación
objetiva y razonada, la especialidad de los conocimientos que se expresan en los
documentos técnicos sí constituye un importante instrumento de apoyo judicial
para su convencimiento.»52 (subrayas fuera de texto)

61. En suma, la diferencia entre uno y otro radica en su trámite, pues
mientras que el peritaje, a título enunciativo necesita del (i) nombramiento de
un perito, que puede ser un particular o una entidad del Estado, el informe
técnico es rendido por las entidades oficiales; (ii) el perito necesita tomar
posesión del cargo y, en el informe técnico tal posesión no es necesaria; (iii)
una vez presentado el dictamen pericial debe ser objeto de t raslado por tres
días, término dentro del cual se puede pedir su aclaración, complementación
o ser objeto de objeción por error grave; el informe técnico solo está sujeto a
traslado por tres días, plazo dentro del cual se puede solicitar aclaración o
complementación 53.

62. Por tanto, en el presente caso, el informe técnico adquiere el valor de prueba
sumaria54, que en todo caso debe ser apreciada junto con los demás medios
probatorios a la luz de la sana crítica y las reglas de la experiencia, al constituir un
importante instrumento de apoyo para llevar al convencimiento del juez
contencioso. En consecuencia, la Sala niega el cargo o reparo de nulidad
presentado por la parte demandante.

11. Estudio y resolución del cuarto problema jurídico

63. El cuarto problema jurídico que se formuló es el siguiente: ¿la sanción
disciplinaria impuesta a la demandante es ilegal porque la conducta reprochada es
atípica, debido a que la PGN no tuvo en cuenta que la USCO, como universidad
pública, goza de autonomía, independencia y un régimen legal propio, y que en
todo caso, el régimen general de contratación estatal permite la celebración de
convenios interadministrativos entre entidades públicas?

11.1. Naturaleza jurídica y régimen de contratación de las universidades
públicas

53 Sobre el particular, se puede consultar la sentencia de 2 de marzo de 2023, proferida por esta

Subsección en el expediente 2010-119-01 (1226-2019), con ponencia del consejero César
Palomino Cortés.
54 Es aquella que, independientemente de su valor probatorio, no ha sido sometida al principio de

contradicción y, por ende, no ha sido objeto de conocimiento y confrontación por la parte en contra
de quien se aduce. (Sentencia del 25 de julio de 2007 Radicación número: 76001-23-31-000-1999-
01387-01 (33705) M.P. Enrique Gil Botero

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Demandante: Cielo González Villa
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64. La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 69, por una
parte, una garantía de autonomía para que las universidades erijan sus directivas
y sus estatutos de acuerdo con la ley; y por la otra, la posibilidad de que cuenten
con un régimen especial que corresponde dictar al Congreso. En desarrollo de lo
anterior, se expidió la Ley 30 de 1992, mediante la cual se regularon aspectos
como la naturaleza jurídica de las universidades estatales y oficiales, la forma de
organizarse y el régimen de contratación aplicable. Asimismo, en el artículo 57 se
consignó que el carácter especial del régimen de las universidades estatales u
oficiales comprende, entre otros aspectos, el régimen de contratación. De otro
lado, la Ley 489 de 1998, al desarrollar la estructura y organización de la
Administración Pública, señala que los entes universitarios hacen parte integral de
esta, catalogándolos como entidades públicas de carácter autónomo a las que se
les aplica un régimen especial.

65. En armonía con lo anterior, se ha considerado que los entes universitarios no
son entidades que hagan parte de la rama ejecutiva, ni pueden, por tanto,
considerarse entidades descentralizadas, sino que gozan de un régimen especial.
Lo anterior fue señalado por el Consejo de Estado de la siguiente manera:

«Ahora bien, en la disposición legal [art. 57 de la Ley 30/92] se menciona que las
universidades estatales u oficiales están vinculadas al Ministerio de Educación
Nacional en lo que se refiere a las políticas y planeación del sector educativo, en
donde la jurisprudencia constitucional ha dejado en claro que es únicamente para
efectos de coordinar y planear el desarrollo de directrices educativas, y no como
organismos supeditados al poder ejecutivo, de manera que deben actuar con
independencia del mismo, sin estar sujetas a un control de tutela como el
concebido para los establecimientos públicos, concepto que por sí mismo niega la
autonomía. […] La situación se modificó con el actual marco constitucional en
donde se estableció [art. 69] la garantía a la autonomía universitaria, para que
pudieran darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con
el régimen especial que previera la Ley para las universidades del Estado, por lo
cual se despojaban del control de tutela que ejercía el ejecutivo sobre ellas, con el
fin de garantizar la independencia académica en la educación superior, sin ningún
tipo de injerencia del poder público.

Lo anterior hizo que dejaran de pertenecer a la rama ejecutiva y por supuesto no
hicieran parte de las demás [legislativa y judicial], al convertirse en organismos
autónomos que cumplen funciones estatales de trascendental importancia para la
nación, sin perder la calidad de entidades públicas […]»

66. De este modo, la diferencia entre universidades públicas y entidades
descentralizadas radica, entre otras cosas, en la autonomía de la que aquellas
gozan. Esto, en la medida en que a las universidades públicas no les aplica un
elemento característico de la descentralización denominado control de tutela,
sobre el cual, en sentencia C-727 del 21 de junio de 2000, la Corte Constitucional
señaló:

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Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

«La descentralización es una forma de organización administrativa propia de los
Estados de forma unitaria, que atenúa la centralización permitiendo la
transferencia de competencias a organismos distintos del poder central, que
adquieren autonomía en la gestión de las respectivas funciones. No obstante, esta
transferencia no implica la ruptura total del vínculo entre el poder central y la
entidad descentralizada, sino que, en aras de garantizar el principio de
coordinación que gobierna la función administrativa, dicho vínculo permanece
vigente a través del llamado control de tutela, existente en nuestra organización
administrativa respecto de los entes funcionalmente descentralizados, con
definidos perfiles jurídicos, desde la reforma constitucional y administrativa
operada en 1968».

67. En suma, la descentralización involucra el ejercicio de un control de tutela que
no puede aplicarse a los entes universitarios autónomos, motivo por el cual, si bien
son entes del Estado, no son ni pueden ser asimiladas a entidades
descentralizadas y tampoco encuadran en el concepto de entidad territorial. De
esta manera, respecto del régimen contractual de las universidades estatales, el
artículo 93 de la Ley 30 de 1992 estableció condicionadamente, que será el
derecho privado, rigiéndose, por ende, por las normas civiles y comerciales, así:

«Artículo 93. Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los contratos
que para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales u
oficiales, se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán
sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos.
Parágrafo. Se exceptúan de lo anterior los contratos de empréstito, los cuales se
someterán a las reglas previstas para ellos por el Decreto 222 de 1983 y demás
disposiciones que lo modifiquen, complementen o sustituyan». [Énfasis fuera de
texto]

68. De lo anterior podría colegirse que los entes universitarios, sólo aplicarán un
régimen especial de contratación –es decir, el derecho privado– siempre y cuando
el objeto a contratar sea para el cumplimiento de sus funciones propias; sin
embargo, cuando actúen como contratistas de otras entidades estatales regidas
por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, estarán
sujetas, sin que ello afecte su economía, a las reglas y restricciones que dicho
estatuto contenga para ese tipo de situaciones.

69. Ahora bien, el inciso segundo del literal c), del numeral 4, del artículo 2 de la
Ley 1150 de 2007, estableció una excepción, al prohibir que determinados
contratos interadministrativos se celebren con ciertas entidades -dentro de las
cuales están las instituciones de educación superior públicas- si estas son las
ejecutoras, condicionándolo a que deberán estar precedidos de licitación pública o
selección abreviada. Siendo estos: los contratos de obra, suministro, prestación de
servicios de evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos
técnicos, encargos fiduciarios y fiducia pública. Sin embargo, como puede

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Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

evidenciarse, las interventorías técnicas de consultoría no hacen parte de la
excepción dispuesta en la norma en cita, por lo que estos pueden también
desarrollarse mediante la celebración de contratos interadministrativos, los cuales
integran una de las causales de la contratación directa, que obedece, antes que
nada, a la naturaleza de las partes. En ese orden, las interventorías podrán
adelantarse mediante contratos interadministrativos, pues no se encuentran dentro
de la restricción del artículo 2, numeral 4, literal c), en el segundo inciso de la Ley
1150 de 2007. En todo caso, lo que determinará la factibilidad de que un ente
universitario pueda o no suscribir un convenio interadministrativo para desarrollar
una interventoría de obra, será su norma de creación y sus estatutos, ya que en
estos se vislumbrará si el objeto misional es afín para el desarrollo de los mismos;
esto, bajo la interpretación de que dichos entes sean los ejecutores.

70. En el presente caso, a la exalcaldesa no se le reprochó el desconocimiento o
la errada aplicación del régimen contractual de la USCO, sino que fue sancionada
por permitir la ejecución del convenio núm. 110 por valor de $944.337.792,
suscrito con la USCO, sin tener en cuenta que la universidad (i) no tenía
experiencia para ejecutar el convenio porque no ofrecía programas educativos
relacionados con la labor de interventoría convenida, y (ii) no contaba con
capacidad técnica para ejecutar el convenio, porque el alma mater procedió a
subcontratar aproximadamente el 90% de la ejecución del convenio, teniendo en
cuenta que el valor del mismo era de $944.337.792, mientras que el valor de lo
subcontratado ascendió a $828.482.051, por concepto de personal, vehículos,
equipos de topografía, entre otros. Por consiguiente, el cuarto cargo o
inconformidad de la parte demandante no tiene vocación de prosperidad.

12. Estudio y resolución del quinto problema jurídico

71. El quinto problema jurídico se estructuró en torno a establecer si la sanción
disciplinaria impuesta a la demandante es ilegal porque la PGN omitió indicar el
deber funcional por ella incumplido.

72. Respecto de la antijuridicidad, que tiene que ver con el ilícito disciplinario, la
Sala acoge la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el sentido de que, en el
derecho disciplinario, la antijuridicidad no se basa en el daño a un bien jurídico
tutelado y/o protegido, sino en el incumplimiento de los deberes funcionales del
servidor público55. Por esto ha explicado que la valoración de la «lesividad» de las
conductas que se han señalado como faltas disciplinarias frente al servicio público
es una tarea que compete al legislador, quien ha de realizar tal apreciación al
momento de establecer los tipos disciplinarios en la ley; en tal medida, no compete

55 Sentencia C-948 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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a la autoridad disciplinaria que aplica la ley efectuar un juicio genérico de lesividad
de las conductas reprochadas -lo que ya ha realizado el legislador- sino efectuar
un juicio de antijuridicidad basado en la infracción del deber funcional, la cual -se
presume- genera de por sí un desmedro, legislativamente apreciado, sobre la
función pública encomendada al servidor público disciplinado56.

73. La relación de sujeción de los destinatarios de la acción disciplinaria con el
Estado requiere de la existencia de controles que operan a manera de reglas,
cuya infracción, sin justificación alguna, consolida la antijuridicidad de la conducta;
sin que la ilicitud sustancial comprenda el resultado material, pues la ausencia de
este no impide la estructuración de la falta disciplinaria.

74. La falta enunciada, que es la contenida en el artículo 48.31 de la Ley 734 de
2002 que alude a «participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en
detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la
contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la
ley», es un tipo en blanco, cuyo contenido se deduce de la interpretación y la
consecuente aplicación de los principios de la contratación estatal y de la función
administrativa. Como todo tipo disciplinario, el tipo en blanco debe respetar los
elementos esenciales rectores del debido proceso y en especial modo, el principio
de legalidad (incluyendo en este el principio de tipicidad). Acorde con lo indicado,
el respeto a los preceptos de legalidad y tipicidad frente a la falta gravísima objeto
de estudio plantea un problema jurídico de exégesis normativa, toda vez que la
aplicación de los principios de la contratación estatal y de la función administrativa,
per se no conduce directa y explícitamente a deberes de conducta cuya omisión
pueda acarrear una falta disciplinaria, sino a obligaciones abstractas que se
manifiestan de manera concreta a través de instituciones de derecho contractual
de diversa índole.

75. En el caso en concreto, en el momento de proceder a la formulación de los
cargos, en el subjudice se le señalaron como normas presuntamente infringidas
las siguientes: artículos 3, 24.8, 26 -numerales 1 y 4- y 29 de la Ley 80 de 1993,
respecto de los principios de transparencia y responsabilidad, así como de los
fines de la contratación estatal y el deber de selección objetiva, en armonía con los
artículos 209 y 355 de la Constitución, al igual que el artículo 1502 del Código Civil
y el artículo 95 de la Ley 498 de 1998, acerca de la prevalencia del interés general
y la capacidad de las entidades estatales para comprometerse en convenios
interadministrativos, también el artículo 34 -numeral 1 y 2- de la Ley 734 de 2002.

56 Sentencia C-393-2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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76. Ahora bien, tal y como se expuso en los actos administrativos disciplinarios
acusados, «la doctora Cielo González Villa, en su condición de alcaldesa para la época
de los hechos desconoció el numeral 8 del articulo 24 de la Ley 80 de 1993, principio de
transparencia, al permitir la ejecución del convenio interadministrativo 110 de 2007 con la
Universidad Surcolombiana, en virtud del cual se contrató la interventoría técnica de los
trabajos correspondientes a 8 contratos de obra pública suscritos por el municipio de
Neiva para la construcción y reparación de vías y para la construcción y adecuación de
edificaciones, a pesar de que la USCO no tenía capacidad técnica para asumir la labor de
interventoría, ni tampoco demostró una experiencia específica; es decir, la disciplinada
desvió o abusó de su poder, pues como responsable de la actividad contratcual en el
municipio de Neiva (Huila), para la época de los hechos, ejerció su competencia para un
fin no previsto en la ley, esto es, permitió que unos terceros que a su vez subcontrató la
USCO ejecutaran el convenio interadministrativo 110 de 2007, sin que la administración
hubiera tenido la oportunidad de escogerlos dentro de una selección objetiva e imparcial,
en igualdad de condiciones con quienes hubieran tenido la vocación de participar».

77. Existe claridad entonces, en que los principios consagrados en la Ley 80 de
1993, los cuales le fueron señalados a la demandante como norma violada fueron
trasgredidos con su obrar, al permitir que se continuara con la ejecución del
convenio 110 de 2007 a pesar de tener conocimiento de la incapacidad de la
USCO para desarrollar el objeto convenido. Prueba de la incapacidad de la
universidad, radica en el hecho de que la institución educativa subcontrató casi el
90% de la ejecución final del convenio, ya que este se suscribió por un monto de
$944.337.792 y finalmente la USCO subcontrató actividades en cuantía de
$828.482.051, lo que da cuenta que la interventoría no podía ser llevada a cabo
por esta.

78. Así mismo, no puede alegarse que el análisis de la falta disciplinaria se limitó a
la suscripción del convenio, respecto de lo cual se había declarado la prescripción,
puesto que tal como se indicó en los actos administrativos disciplinarios, la
ejecución del convenio fue irregular. En el acto administrativo sancionatorio de
segunda instancia se señaló que «dentro de las obligaciones de la universidad se
pactó que ejecutara directamente el convenio a través del personal vinculado por la
universidad y que en caso de que en desarrollo de la ejecución requiera contratar
personas naturales y/o jurídicas o equipos, debe acudir al procedimiento fijado en el
estatuto de contratación de la universidad». En ese sentido, conforme al mismo
convenio la subcontratación debía ser una excepción durante la ejecución del
mismo, por lo tanto al haber subcontratado la labor en más del 90%, esta fue la
regla durante su desarrollo, aspecto sobre el cual Cielo González Villa, como
responsable de la actividad contractual en el municipio de Neiva, omitió el
cumplimiento de sus deberes funcionales al permitir tal ejecución. En ese sentido,
contrario a lo plateado por la parte demandante y por el Tribunal Administrativo del

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Huila, en los actos administrativos sancionatorios objeto de debate se señaló de
manera clara y precisa los deberes infringidos con la actuación de la exalcaldesa.

79. En consecuencia, la Sala estima que el quinto reparo o inconformidad de la
parte demandante, tampoco da lugar a declarar la nulidad de los actos
administrativos sancionatorios acusados.

13. Estudio y resolución del sexto problema jurídico

80. El sexto problema jurídico se formuló así: ¿la sanción disciplinaria impuesta a la
demandante es ilegal porque la PGN no tuvo en cuenta, al momento de establecer
su culpabilidad, que conforme a la cláusula 7 del convenio, la supervisión de este
correspondía a la Secretaría de Infraestructura y Vías y no a la alcaldesa del
municipio de Neiva, por lo que el control y vigilancia del desarrollo contractual no
hacía parte de sus deberes?

81. En cuanto a los grados de culpabilidad (dolo o culpa), la jurisprudencia
constitucional ha precisado que el legislador adoptó, dentro de su facultad de
configuración en materia disciplinaria el sistema de numerus apertus, porque
contrario a lo que sucede en materia penal, no se señalan de manera especial
qué comportamientos exigen para su adecuación típica ser cometidos con culpa,
de suerte que, por regla general, a toda modalidad dolosa de una falta disciplinaria
le corresponderá una de carácter culposo, lo que apareja que sea el juzgador
disciplinario el que debe establecer cuáles tipos admiten la modalidad culposa,
partiendo de su estructura57.

82. Este factor de la culpabilidad está expresamente regulado en el artículo 13 de
la Ley 734 de 2002, el cual dispuso que en materia disciplinaria queda proscrita
toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título
de dolo o culpa, lo cual significa, en términos de la jurisprudencia constitucional,
que el titular de la acción disciplinaria no solo debe demostrar la adecuación típica
y la antijuridicidad de la conducta, pues esta debe afectar o poner en peligro los
fines y las funciones del Estado, sino también le corresponde probar la
culpabilidad del sujeto pasivo, manifestando razonadamente la modalidad de la
culpa58, principio legal que deriva del mandato señalado en el artículo 29 superior
en virtud del cual toda persona se presume inocente mientras no se le haya
declarado judicialmente culpable59.

57 Sentencia C-155 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
58 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia de 19 de

febrero 2015, Rad.11001-03-25-000-2012-00783-00. En esta providencia la Subsección identificó y analizó los
factores que determinan la responsabilidad explicando la forma como estos influyen en la determinación de la
sanción, así como las diferencias en relación con el derecho penal.
59 Sentencia C-155 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

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Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

83. El contenido de los grados de culpabilidad sancionables en materia
disciplinaria –dolo y culpa-, puede establecerse, como lo ha definido la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo60, para el dolo atendiendo al código penal -por
remisión expresa del artículo 21 de la Ley 734 de 2002- y para la culpa de
conformidad con el parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 en el cual se
definen los conceptos de culpa gravísima -ignorancia supina, desatención elemental o
violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento- y culpa grave -inobservancia
del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones-. En
ese orden, es en el análisis de la culpabilidad donde se valora el aspecto subjetivo
de la conducta, siendo este factor el que determina si en un caso concreto se
aplicó o no responsabilidad objetiva y para el cual en nada influye o tiene
importancia a efectos de responsabilidad la causación o no de un daño.

84. La modalidad de responsabilidad que se vincula a Cielo González Villa,
provisionalmente en los cargos fue a título de culpa gravísima, en razón a que las
presuntas irregularidades que se le imputaron eran por haber permitido la
ejecución del convenio interadministrativo núm. 110 de 27 de abril de 2007, a
pesar de que la USCO no contaba ni con la capacidad técnica, ni con la
experiencia específica, para adelantar la labor de interventoría técnica que le fue
encomendada. Igualmente permitió a la USCO ejecutar el contrato cuando esta no
tenía la capacidad técnica ni de experiencia para hacerlo, lo que ocasionó que
tuviese que subcontratar al menos el 90% de la actividades propias de la
interventoría de obras civiles, con lo que actuó con abuso de poder, toda vez que
ella solamente estaba autorizada a ejercer sus competencias exclusivamente para
los fines previstos en la ley, vulnerando el numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80
de 1993 y los numerales 1 y 4 del artículo 26 ibidem, los cuales contienen el
principio de responsabilidad de la contratación estatal, pues no protegió los
derechos de la alcaldía, al permitir que subcontratistas a los que no se les evaluó
su idoneidad y capacidad, fueran los que realizaron la ejecución del 90% del
convenio.

85. El hecho de que los estudios previos, en los que se consideró la contratación
de la USCO, y que obviamente fue el primer paso para que finalmente se
permitiera la ejecución del convenio cuestionado, hubieran sido elaborados en la
oficina de planeación y puestos a consideración de la alcaldesa, y que la
supervisión del convenio estuviese a cargo de la Secretaría de Infraestructura,

60 Consejo de Estado, Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado. Consejera Ponente: Dra. Sandra Lisset

Ibarra Vélez, Auto de marzo de 2015, radicado 2014-03799-00. ACTOR: GUSTAVO FRANCISCO PETRO
URREGO. En esta providencia la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado analizó el
factor “culpabilidad” y estableció que el contenido de los conceptos culpa grave y culpa gravísima tienen
contenido propio en el artículo 44, parágrafo de la Ley 734 de 2002 mientras que el concepto de dolo debe ser
observado desde el artículo 22 del código penal.

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Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

esta situación no constituye un eximente de responsabilidad como lo alega la parte
demandante, habida cuenta de que en materia de contratación estatal, la dirección
y manejo de toda la actividad es responsabilidad del representante legal, en este
caso, ese rol lo debía asumir la disciplinada en su condición de alcaldesa del
municipio de Neiva, sin pretender desconocer que evidentemente el ámbito de
acción del representante legal de un ente territorial, impone cumplir un sinnumero
de actividades, que dada su complejidad necesariamente debe mediar un apoyo
de un equipo de trabajo e incluso se debe acudir a las prerrogativas que la ley
confiere tratándose de la función administrativa, como por ejemplo, la posibilidad
de delegar algunas tareas, pero fue el mismo legislador el que impuso la
responsabilidad del manejo de la actividad contractual en los representantes
legales de las entidades públicas, como jefe de la aministración local, por ello,
ante tal imperativo el cumplimiento de los deberes funcionales se maximiza, por
cuanto siempre estará de por medio en esta actividad, el cumplimiento de los fines
de la contratación y el debido manejo de recursos públicos.

86. En consecuencia, para la Sala no prospera este sexto cargo o reparo
expresado por la parte demandante.

14. Estudio y resolución del séptimo problema jurídico

87. La Sala se plantea como séptimo problema jurídico si la sanción impuesta a la
exalcaldesa es ilegal porque la PGN vulneró su derecho al debido porceso, en la
medida en que el procurador general de la Nación, ad portas del inicio de la
vacancia judicial por la semana santa, mediante resolución 113 del 30 de marzo
de 2012, sin justificación alguna modificó los términos procesales.

88. El artículo 7.7 del Decreto 262 de 2000 confiere al procurador general de la
Nacion, la atribución de «expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares
que sean necesarias para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones
atribuidas por la ley». El artículo 138 ibidem por su parte establece:

«Para todos los efectos legales los días de vacancia son: Los sábados, domingos,
los días festivos, cívicos o religiosos que determina la ley, los de Semana Santa y
el día judicial.
Parágrafo 1. Establécese como día judicial para la Procuraduría General el 17 de
diciembre de cada año.
Parágrafo 2. Cuando por razones del servicio sea necesario que los servidores de
la Procuraduría deban laborar en los días de vacancia, el servidor podrá disfrutar,
previa autorización del superior inmediato, de un día de descanso compensatorio
por cada día de vacancia laborado».

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Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

89. Así las cosas, si bien la norma precisa que los días de semana santa son de
vacancia en la PGN, por razones del servicio puede ser necesario que algunos
servidores deban laborar esos días, motivo por el cual, al tenor del parágrafo 2º de la
norma trascrita, es factible que por razones del servicio que serán definidas en el
respectivo acto, el procurador general de la Nación determine el despacho, las
necesidades del servicio que ameritan que se debe continuar laborando en días de
vacancia y la finalidad de la medida excepcional de labores.

90. De igual manera, en relación con el punto planteado en la demanda acerca de la
presunta fijación arbitraria de términos procesales, es necesario reiterar que a
instancias de la resolución 113 del 30 de marzo de 2012 el procurador general de la
Nación ordenó habilitar para algunos casos, los días 2 a 4 de abril de 2012, con el fin
de proseguir el trámite del proceso adelantado en contra de la demandante, lo cual
incluye el cómputo del término para la presentación de los alegatos de conclusión,
dado que el procurador general es la autoridad que tiene la potestad para habilitar
términos que en principio corresponda a vacancia y ello obedece a necesidades del
servicio.

91. La anterior situación, unida al hecho de que los disciplinados presentaron dentro
del término fijado sus alegaciones, tal como efectivamente sucedió en el caso que
nos ocupa y como se verificó cuando se produjo el acto administrativo disciplinario
de primera instancia, y sobre cuyo particular nada dijo la demandante cuando
recurrió la decisión sancionatoria de primera instancia. Por el motivo enunciado, no
se puede anunciar que con ocasión de tal decisión se conculcaron los derechos de
contradicción y defensa, así como el debido proceso de la diciplinada.

15. Estudio y resolución del octavo problema jurídico

92. Por último, la Subseción se pregunta si la imposición a la accionante de la
inhabilidad sobreviniente descrita en el inciso 2 del artículo 38 de la Ley 734 de
2002, por haber acumulado en los últimos 5 años 3 sanciones culposas, es ilegal,
porque la norma se refiere es a faltas dolosas.

93. Al respecto, la Sala considera que no es necesario resolver el último problema
jurídico, debido a que carece de objeto por sustracción de materia, ya que como
viene expuesto en el fundamento jurídico núm. 41 de esta providencia, en la parte
resolutiva se dispondrá confirmar la sentencia de primera instancia que declaró la
nulidad del acto administrativo del 6 de diciembre de 2012, proferido por la Sala
Disciplinaria de la PGN, pero únicamente en cuanto que, en segunda instancia
dispuso imponer a la demandante la inhabilidad sobreviniente de 3 años, regulada
en el artículo 38.2 de la Ley 734 de 2002, como consecuencia de haber

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Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

acumulado 3 sanciones en los últimos 5 años, por cuanto implicó la restricción del
derecho político de Cielo González Villa de continuar ejerciendo como
gobernadora del departamento del Huila, elegida democrátiamente para el periodo
2012-2015, contraviniendo así lo señalado en el artículo 23.2 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos.

16. Estudio de las medidas restaurativas ordenadas por la sentencia de
primera instancia

94. En la sentencia de primera instancia apelada, el Tribunal Administrativo del
Huila ordenó a la PGN (a) realizar un acto público, en la plaza de banderas de la
gobernación del Huila y con la presencia de la demandante, ciudadanía en general
y de los medios de comunicación audiovisuales y escritos, para que presentara
exculpaciones a la actora por la decisión anulada, si así lo solicitara la
demandante, (b) publicar en la página web de la entidad durante 6 meses el
contenido de la sentencia, y (c) publicar por una sola vez en un diario de amplia
circulación nacional, la parte resolutiva de la misma. Para el Tribunal, la
inhabilidad sobreviniente impuesta a la demandante, afectó el ejercicio y goce de
sus derechos políticos y el de sus electores, por lo que la reparación del daño
antijurídico causado por los actos anulados no debe ser únicamente suprimiendo
las anotaciones en las bases de datos de la entidad demandada, pues se reduciría
a una refacción meramente formal sino que debe restablecerse su imagen pública
frente al electorado que la llevó a la gobernación del Huila.

95. La Sala no comparte este razonamiento de la sentencia de primera instancia,
primero porque el restablecimiento de los derechos de la demandante se entiende
satisfecho con la cancelación de todas las anotaciones y registros realizados en su
contra en el Sistema de Sanciones y Causas de Inhabilidad -SIRI- de la PGN,
segundo porque la demandante no solicitó el pago de los salarios y prestaciones
dejados de percibir durante el tiempo restante del periodo para el cual fue elegida
como gobernadora, y tercero porque como se señala en la misma sentencia de
primera instancia, «en torno a la indemnización de perjuicios extrapatrimoniales que
consideró se le causaron con ocasión de los fallos disciplinarios de primera y segunda
instancia, no se advierte ningún medio probatorio que permita acreditar los mismos y
teniendo en cuenta que para este tipo de eventos no se presume su causación61…».

96. Por consiguiente, en la parte resolutiva de esta providencia se ordenará
revocar el numeral 3 de la sentencia de primera instancia que ordenó a la PGN la
realización de las comentadas medidas restaurativas.
61Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B,
sentencia de julio 4 de 2013, C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez, Rad. 11001-03-25-000-2011-
00206-00(0713-11)

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Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

17. Costas

97. Por último, en cuanto a la condena en costas la Sala precisa que la norma que
prevé su condena en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo es el artículo
188 del CPACA que dispuso: «Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda
con manifiesta carencia de fundamento legal».

98. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución. Por ello, a
diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la medida, que
limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una aplicación
razonable de la norma. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si
existieron acciones temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso
normal de las diferentes etapas del procedimiento y de verificar que en el
expediente aparezca probado si se causaron dichas costas.

99. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal de única instancia, la Sala se abstendrá de
condenar en costas a la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero: Confirmar en forma parcial la sentencia de primera instancia proferida
por el Tribunal Administrativo del Huila el 3 de diciembre de 2018, por medio de la
cual dispuso conceder parte de las pretensiones de la demanda.

Segundo: Modificar el numeral 1 de la sentencia de primera instancia proferida
por el Tribunal Administrativo del Huila el 3 de diciembre de 2018, el cual quedará
así:

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Demandante: Cielo González Villa
Radicado: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)

Declarar la nulidad parcial del acto administrativo disciplinario del 6 de
diciembre de 2012, proferido por la Sala Disciplinaria de la PGN, pero sólo
en cuanto que, en segunda instancia, dispuso imponer a la demandante la
inhabilidad sobreviniente de 3 años, regulada en el artículo 38.2 de la Ley
734 de 2002, como consecuencia de haber acumulado 3 sanciones en los
últimos 5 años. Conservar la presunción de legalidad de las demás
decisiones sancionatorias adoptadas en los actos administrativos
demandados.

Tercero: Revocar el numeral 3 de la sentencia de primera instancia proferida por
el Tribunal Administrativo del Huila el 3 de diciembre de 2018, que disponía
medidas restaurativas no pecuniarias a favor de la demandante.

Cuarto: Revocar el numeral 5 de la sentencia de primera instancia proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila el 3 de diciembre de 2018, que disponía
condenar en costas a la parte demandada.

Quinto: Sin condena en costas en esta instancia.

Notifíquese y cúmplase

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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