Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2014-00340-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2014-00340-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2014-00340-02
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
8 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2014-00340-02 (2194-2019)
Demandante: Cielo González Villa
Demandada: Procuraduría General de la Nación1
Tema: Disciplinario. Inhabilidad sobreviniente prevista en el artículo
38.2 de la Ley 734 de 2002.
Sentencia de segunda instancia
Asunto
En cumplimiento de la sentencia SU-070 de 2025 dictada por la Corte
Constitucional, decide la Sala en segunda instancia los recursos de apelación
presentados por la entidad demandada y el Ministerio Público contra la sentencia
del 3 de diciembre de 2018 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Cielo González Villa presentó demanda del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2, en orden a que
se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos:
1.1. Fallo de primera instancia del 25 de julio de 2012, expedido por la
1 En adelante PGN.
2 En adelante CPACA.
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Demandante: Cielo González Villa
Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal, mediante el cual
se resolvió declararla parcialmente responsable en su calidad de alcaldesa del
municipio de Neiva e imponerle la sanción de suspensión en el ejercicio del
cargo por el término de 4 meses, convertida en multa que ascendía a
$31.779.1563.
1.2. Fallo de segunda instancia del 6 de diciembre de 2012, expedido por la Sala
Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en el que se decidió: (i)
confirmar el ordinal segundo del fallo de primera instancia, en cuanto declaró
la responsabilidad disciplinaria; (ii) disminuir la suspensión en el ejercicio del
cargo por el término de 3 meses y bajar la multa a $16.824.261; (iii) advertir
que, una vez quedara en firme la decisión, se configuraba la inhabilidad
sobreviniente prevista en el artículo 38.2 de la Ley 734 de 2002, razón por la
cual debía atenderse el artículo 6 de la Ley 190 de 1995 con las precisiones
señaladas en la sentencia C-038 de 1996 dictada por la Corte Constitucional;
y (iv) informar lo anterior al presidente de la República, toda vez que -para esa
fecha- se desempeñaba como gobernadora del departamento del Huila.
2. A título de restablecimiento del derecho pidió (i) la cancelación de todas las
anotaciones y registros realizados en el Sistema de Sanciones y Causas de
Inhabilidad [SIRI]; (ii) el pago de $16.824.261, en razón a que la suspensión fue
convertida a multa, así como los perjuicios causados; (iii) la celebración de un acto
público «de desagravio» en el que se explicara el contenido de la decisión; y (iv) la
publicación de la parte resolutiva de la sentencia en un diario de amplia circulación.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:
4. La demandante fue elegida alcaldesa del municipio de Neiva [Huila], para el
periodo constitucional 2004 - 2007. Tomó posesión del cargo el 1 de enero de 2004.
5. El 5 de marzo de 2007, en calidad de alcaldesa, invitó a las Universidades
Surcolombiana -USCO- y Nacional Abierta y a Distancia -UNAD- para que
presentaran sus ofertas con miras a suscribir un convenio interadministrativo, cuyo
propósito era ejercer la interventoría técnica, económica, financiera y ambiental a
varios contratos de obra pública para la construcción y reparación de vías y
edificaciones municipales4.
3 «[T]eniendo en cuenta que su asignación para el año 2007 era $5.608.037,oo, básica mensual y
una bonificación de Dirección año 2007 por $28.040.435, lo que [equivalía] a $2.336.702,oo
mensual».
4 A saber: terminación de las cubiertas del polideportivo del INEM, diferentes reparaciones locativas
en el INEM, pavimentación de la calle 18 (incluyendo reposición de redes de acueducto y
alcantarillado), instalación y montaje de redes eléctricas en veredas de la zona rural, construcción
de la sede del concejo municipal, construcción de andenes en varias zonas de la ciudad,
construcción de varias canalizaciones en el municipio y construcción de varias sedes educativas.
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Demandante: Cielo González Villa
6. El jefe del Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Neiva,
arquitecto Armando Saavedra Perdomo, autor del estudio de conveniencia y
oportunidad de los convenios, dio su aval a la suscripción del convenio
interadministrativo con la USCO, debido a la experiencia del cuerpo docente y los
egresados.
7. El 27 de abril de 2007 se suscribió con la USCO el Convenio Interadministrativo
110, cuyo objeto era «realizar “Interventoría Técnica a los contratos de Obra Pública» y
el valor era de $944.337.792, de los cuales la universidad aportaría $80.000.000 de
manera nominal, representados en bienes y servicios de la universidad aplicados al
convenio. Con la UNAD, la Alcaldía suscribió el mismo día el Convenio 293. Estos
fueron suscritos por la exalcaldesa con el visto bueno del jefe de la Oficina Asesora
Jurídica de la entidad territorial, José Nelson Polanía Tamayo.
8. El 9 de septiembre de 2008 el presidente y secretario de la Sociedad Huilense
de Ingenieros presentaron queja disciplinaria por presuntas irregularidades en la
suscripción de los convenios interadministrativos 110 y 293 de 2003, suscritos con
la USCO y la UNAD. Para tal efecto, alegaron que (i) los centros universitarios no
eran idóneos para desarrollar el objeto del convenio debido a que no tenían
programas educativos relacionados con su objeto, tales como ingeniería y
arquitectura; (ii) fue ejecutado con personal ajeno a la USCO; (iii) el propósito era
eludir los procesos de selección de licitación o concurso que se debían adelantar
para escoger la interventoría de los contratos de obra; y (iv) uno de los contratistas
de la USCO había sido sancionado con caducidad en 2 ocasiones por la gobernación
del Huila.
9. El 29 de enero de 2009 la Procuraduría Provincial de Neiva ordenó abrir y
desarrollar la indagación preliminar. En auto del 19 de mayo de 2010 remitió el
proceso disciplinario a la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación
Estatal, la cual —en auto del 30 de julio siguiente— ordenó la apertura de la
investigación disciplinaria contra Cielo González Villa [alcaldesa], José Nelson
Polanía Tamayo [jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la alcaldía], Eduardo
Pastrana Bonilla [rector de la USCO], Julieta Calderón Quintero [jefe de la Oficina
Jurídica de la USCO] y Jaime Alberto Leal Afanador [rector de la UNAD].
10. El 11 de noviembre de 2010 se resolvió: (i) ampliar el término de la investigación
a efectos de vincular a la indagación preliminar a Freddy Humberto Escobar
Macualo [vicerrector de la USCO]; y (ii) declarar la terminación del proceso respecto
de Jaime Alberto Leal Afanador [rector de la UNAD] porque se demostró que dicha
institución tenía amplia experiencia en interventoría de obras públicas y ofrecía un
programa de formación profesional relacionado con la interventoría de obra, objeto
del Convenio 293 de 2007.
11. En auto del 16 de junio de 2011 la Procuraduría Segunda Delegada para la
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Demandante: Cielo González Villa
Contratación Estatal: (i) formuló pliego de cargos contra Cielo González Villa y José
Nelson Polanía Tamayo; y (ii) archivó la investigación de manera parcial contra los
demás servidores porque actuaron bajo las indicaciones del Consejo Superior
Universitario de la USCO.
12. Respecto de Cielo González Villa, en el referido auto se formuló un único cargo
por haber incurrido, a título de culpa gravísima, en la falta gravísima del artículo
48.31 de la Ley 734 de 2002 que aludía a «participar en la etapa precontractual o en la
actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los
principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la
Constitución y en la ley».
13. Mediante auto del 8 de septiembre de 2011 la Procuraduría Segunda Delegada
para la Contratación Estatal ordenó la práctica e incorporación de todas las pruebas
allegadas y solicitadas por los investigados, entre ellas, un «dictamen pericial» con el
fin de que «se emit[iera] concepto en el cual se respond[iera] el cuestionamiento en torno
a si la USCO tenía o no la idoneidad, capacidad y experiencia para asumir las labores de
interventoría derivadas del convenio […]».
14. El 15 de noviembre de 2011 la Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales de la PGN comisionó al ingeniero civil Miguel Ángel Soto Roa, al
ingeniero electricista Henry Molina Gómez, al arquitecto Carlos Alberto Tirado
Triana y al contador público Óscar Evangelista Cubillos Camelo, para que rindieran
el «informe técnico».
15. El 29 de noviembre de 2011, los servidores comisionados presentaron un
«informe técnico» acerca de la calidad del trabajo realizado por la USCO en el marco
del convenio, en el que se concluyó que la universidad (i) no tenía experiencia
porque no ofrecía programas educativos relacionados con la labor de interventoría
convenida; y (ii) no contaba con capacidad técnica para ejecutarlo, pues subcontrató
aproximadamente el 90%. Ello, por cuanto el valor era de $944.337.792, mientras
que lo subcontratado ascendió a $828.482.051 por concepto de personal, vehículos,
equipos de topografía, entre otros.
16. La demandante fue elegida gobernadora del departamento del Huila para el
periodo constitucional 2012 - 2015.
17. El 23 de enero de 2012 la Procuraduría Segunda Delegada para la
Contratación Estatal corrió traslado del «dictamen técnico» elaborado por los
servidores de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la PGN. El 30
de enero de 2012, los disciplinados solicitaron ampliación y complementación del
informe técnico y el 26 de marzo siguiente los servidores comisionados presentaron
la ampliación del informe.
18. Al día siguiente, el 27 de marzo de 2012, la Procuraduría Segunda Delegada
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para la Contratación Estatal ordenó correr traslado para que los inculpados
presentaran los alegatos de conclusión antes de decidirse el proceso disciplinario
en primera instancia.
19. El procurador general de la Nación, previamente a la vacancia por semana
santa, expidió la Resolución 113 del 30 de marzo de 2012, mediante la cual
suspendió los términos procesales en todas las actuaciones adelantadas por la
entidad, salvo en 3 que estaban a cargo de la Procuraduría Segunda Delegada para
la Contratación Estatal, esto es los identificados con los radicados IUS-112-
005072/2009, IUS-2009-403927 y IUC-D-2010-652-216449. Los 2 primeros
correspondían a la demandante y el último a un ex gobernador del departamento de
Caquetá. Con ello se habilitó a la unidad coordinadora para que entre el 2 y 4 de
abril de 2012, que eran días festivos, realizara los traslados y notificaciones a que
hubiera lugar.
20. El 25 de julio de 2012 la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación
Estatal profirió acto administrativo sancionatorio de primera instancia en el que:
20.1. Decretó la terminación del procedimiento respecto de José Nelson Polanía
Tamayo [jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía] por la prescripción
de la acción disciplinaria frente a la conducta por la cual era investigado
[avalar la suscripción del Convenio 110 del 27 de abril de 2007 con la USCO].
20.2. Declaró parcialmente responsable a la exalcaldesa de Neiva Cielo González
Villa, para ese momento gobernadora del Huila, pero no a título de culpa
gravísima como se señaló en el pliego de cargos, sino a título de culpa grave.
En consecuencia, le impuso la sanción de suspensión de 4 meses que fue
convertida a multa de $31.779.156 porque para ese momento había
culminado el periodo como primera mandataria del municipio de Neiva.
20.3. Dispuso la prescripción parcial de la acción disciplinaria en lo que concernía
a la suscripción del convenio interadministrativo núm. 110 del 27 de abril de
2007 porque para el momento de la sanción ya habían transcurrido más de
los 5 años que, para tales efectos, previó el artículo 30 de la Ley 734 de 2002;
sin embargo, la potestad disciplinaria se mantuvo vigente en torno al hecho
de permitir la ejecución del convenio señalado mientras ejerció el cargo de
alcaldesa de Neiva, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2007.
21. El 14 de agosto de 2012, la actora interpuso recurso de apelación contra la
anterior decisión.
22. El 6 de diciembre de 2012, la Sala Disciplinaria de la PGN profirió acto de
segunda instancia en el que confirmó la decisión recurrida y la declaratoria de
responsabilidad disciplinaria de la investigada, pero (i) modificó la sanción impuesta,
en el sentido de disminuir la suspensión en el ejercicio del cargo por el término de
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3 meses y bajar la multa a $16.824.261; y (ii) advirtió la configuración de la
inhabilidad sobreviniente establecida en el artículo 38.2 de la Ley 734 de 2022, en
razón a que la demandante había sido sancionada en 2 ocasiones anteriores en los
últimos 5 años.
23. El 24 de diciembre de 2012 la Secretaría de la Procuraduría Regional del Huila
fijó edicto para notificar a la disciplinada, el cual fue desfijado el día 27 del mismo
mes y año.
24. El 27 de diciembre de 2012 la demandante solicitó aclarar el fallo de segunda
instancia y, en la misma fecha, la Sala Disciplinaria de la PGN negó dicha solicitud
por improcedente.
25. Según constancia expedida por la Secretaría de la Sala Disciplinaria de la PGN,
la decisión que resolvió la solicitud de aclaración del fallo de segunda instancia fue
notificada por estado fijado el 4 de enero de 2013.
26. Mediante Decreto 011 del 9 de enero de 2013 la Presidencia de la República
ordenó el retiro de Cielo González Villa del cargo de gobernadora del departamento
del Huila y en su reemplazo designó en encargo a Luis Guillermo Vélez Cabrera.
27. El 14 de abril de 2013 se celebraron elecciones atípicas para escoger
gobernador del departamento por el resto del periodo, certamen en el que fue electo
Carlos Mauricio Iriarte Barrios.
28. A través de sentencia del 11 de octubre de 2021 el Juzgado 5 Penal del Circuito
de Neiva condenó a la demandante a 4 años de casa por cárcel, a pagar una multa
de 50 smlmv5, y le impuso inhabilidad para ejercer cargos públicos por 5 años
porque en su calidad de alcaldesa de Neiva incurrió en el delito de celebración de
contratos sin el cumplimiento de requisitos esenciales. Ello, por cuanto pretermitió
el proceso de selección objetiva al adjudicar en el año 2005, de manera directa, un
contrato por más de $360.000.000 a la Organización Andrés Bello para optimizar el
sistema de acueducto de esa ciudad. Esta condena fue confirmada por la Sala Penal
del Tribunal Superior de Neiva a través de sentencia del 22 de diciembre de 2022.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
29. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 29, 83 y 209 de la
Constitución; 3, 137 -inciso 2- y 138 de la Ley 1437 de 2011; 4, 5, 6, 9, 21, 22, 23,
27, 29, 30, 48, 50, 66, 73, 90, 92, 119, 120, 121, 128, 130, 137, 140, 141, 142 y 170
de la Ley 734 de 2002; y las leyes 58 de 1968, 13 de 1976, 80 de 1993, 190 de
1995, 489 de 1998 y 617 de 2000; en su concepto, porque:
5 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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30. Los hechos ocurrieron entre el 27 de abril de 2007 [fecha de suscripción del
convenio] y el 31 de diciembre de 2007 [vencimiento del periodo como alcaldesa] y
si bien en el auto de cargos la imputación se contrajo al presunto incumplimiento de
los presupuestos legales para la suscripción del referido convenio
interadministrativo, en los fallos de primera y segunda instancia aquella se extendió
hasta cuando estuvo a cargo de la disciplinada [31 de diciembre de 2007]; sin
embargo, la decisión de segunda instancia quedó ejecutoriada el 4 de enero de
2013, razón por la cual operó la prescripción de la acción disciplinaria.
31. La PGN vulneró el derecho al debido proceso porque el procurador general de
la Nación, ad portas del inicio de la vacancia judicial por la semana santa, mediante
Resolución 113 del 30 de marzo de 2012, modificó sin justificación los términos
procesales de las actuaciones disciplinarias al disponer la suspensión de los
términos en todos los procesos disciplinarios, salvo en tres6 que estaban a cargo de
la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal. Con esto habilitó
a la unidad coordinadora para que, entre el 2 y 4 de abril de 2012, realizara los
traslados en desmedro de las garantías del debido proceso e igualdad y, si bien el
Decreto Ley 262 de 2000 le otorgó al procurador general el control de la
organización interna de la entidad, no se encontraban bajo su poder decisorio los
términos procesales previstos en el artículo 2 de la Ley 794 de 2003.
32. Respecto de la prueba pericial decretada y practicada, se vulneró el derecho al
debido proceso porque (i) se cambió su naturaleza al pasar de dictamen pericial a
«dictamen técnico» y al trasladarlo se anotó que se trataba de un «peritazgo»; (ii) se
omitió el traslado a los sujetos procesales de las aclaraciones y complementaciones;
y (iii) los profesionales encargados de su práctica no fueron imparciales, pues
emitieron conceptos personales sustentados en la información de la página web de
la USCO; además, eran empleados de la PGN.
33. El ente disciplinario desconoció la naturaleza jurídica de la USCO y su régimen
legal, toda vez que no le era aplicable el régimen general de contratación estatal al
tratarse de una universidad pública del orden nacional regida por la Ley 30 de 1992.
34. Se omitió indicar el deber funcional incumplido, ya que al haberse suscrito el
referido convenio el 27 de abril de 2007 y emitirse el fallo de primera instancia el 25
de julio de 2012, la autoridad disciplinaria declaró la prescripción parcial únicamente
en lo referente a la suscripción del convenio y mantuvo vigente lo relacionado con
su ejecución, a pesar de que ninguna de las normas citadas como infringidas
guardaban relación con la obligación de ejecución contractual o señalaban el deber
funcional que se le exigía a la demandante en su calidad de alcaldesa del municipio
de Neiva.
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Identificados con los radicados IUS-112-005072/2009; IUS-2009-403927 y IUC-D-2010-652-
216449, correspondiendo los dos primeros a la demandante y el último a un ex gobernador del
departamento de Caquetá.
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35. No se valoró adecuadamente el «elemento culpabilístico», ya que (i) no se tuvo
en cuenta que, frente al trámite precontractual, el arquitecto Armando Saavedra
Perdomo [jefe del Departamento Administrativo de Planeación Municipal] elaboró el
estudio de conveniencia y oportunidad del convenio y avaló la propuesta de la
USCO; y (ii) desconoció que, conforme con la cláusula 7, la supervisión de este
correspondía a la Secretaría de Infraestructura y Vías y no a la alcaldesa, por lo
tanto, como el control y vigilancia del desarrollo contractual no hacía parte de sus
deberes funcionales, no era culpable del comportamiento reprochado.
36. Respecto de la configuración de la inhabilidad sobreviniente descrita en el inciso
2 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, las faltas graves o leves en la modalidad
dolosa eran las que generaban esa consecuencia y, comoquiera que las 3 faltas
impuestas a la disciplinada en los últimos 5 años lo fueron a título de culpa, los
efectos de la norma no le eran aplicables.
37. En virtud del artículo 93 de la Constitución, la Convención Americana de
Derechos Humanos hacía parte del ordenamiento interno y por ello sus mandatos
eran de obligatorio cumplimiento; de ahí que el ejercicio de los derechos políticos
de los ciudadanos pudiera ser limitado, pero únicamente por una condena dictada
por juez competente y no por una autoridad administrativa como lo era la PGN. En
consecuencia, la aplicación de la inhabilidad sobreviniente constituyó una violación
de su derecho al debido proceso y al ejercicio de sus derechos políticos y los de sus
electores a la gobernación del Huila, por desconocimiento de los parámetros
convencionales.
1.2. Medida cautelar
38. Mediante auto del 7 de octubre de 2014 —corregido en proveído del 14 de
noviembre de 2014— el a quo decretó la suspensión provisional de los efectos de
los actos administrativos demandados.
39. Para tal efecto, sostuvo que la PGN desconoció el término de prescripción de
la acción disciplinaria, pues de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de
Estado7, dentro de los 5 años señalados en el artículo 30 de la Ley 734 de 2002
debió expedirse el acto administrativo sancionatorio definitivo, esto es el de segunda
instancia. En ese orden, operó la prescripción de la acción disciplinaria porque
vencía el 31 de diciembre de 20128 y el acto administrativo disciplinario de segunda
instancia9 quedó ejecutoriado el 4 de enero de 2013 [cuando se notificó el auto del
27 de diciembre de 2012 que negó la solicitud de aclaración].
7 Sentencias del Consejo de Estado de 7 de abril de 2006, expediente 2005-03806-01, con ponencia
del Tarsicio Cáceres Toro y, del 10 de octubre de 2013, expediente 2011-00521-00, con ponencia
de la consejera Bertha Lucia Ramírez de Páez.
8 Término de 5 años contado desde el 31 de diciembre de 2007 fecha del último acto constitutivo de
la falta disciplinaria.
9 Fallo disciplinario de 6 diciembre de 2012.
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40. La anterior decisión fue revocada por esta Subsección el 15 de septiembre de
2016. En síntesis, se anotó que la tesis vigente en materia de prescripción de la
acción disciplinaria era la contenida en la sentencia de unificación del 29 de
septiembre de 2009 proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, según la cual, dentro del término de los 5 años establecidos
por el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, la autoridad disciplinaria competente solo
debía proferir y notificar el acto administrativo principal, esto es el de primera o única
instancia con el cual se interrumpía el término de prescripción. Además, (i) se
informó en los hechos de la solicitud de medida cautelar10 y en el escrito de
oposición11 que el término de 5 años de la prescripción de la acción disciplinaria
inició el 31 de diciembre de 2007 y finalizó el 31 de diciembre de 2012; y (ii) el acto
administrativo disciplinario de primera instancia fue expedido oportunamente el 25
de julio de 2012.
1.3. Contestación de la demanda
41. La PGN12 se opuso a las pretensiones de la demanda con los siguientes
argumentos:
42. La parte demandante desconoció que, si bien en sede de tutela del 17 de abril
de 2013 se dejó sin efectos la sentencia de unificación dictada por la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo el 29 de septiembre de 200913, después fue revocada.
En consecuencia, el precedente vigente y de obligatorio cumplimiento en torno a la
prescripción de la acción disciplinaria indicaba que este fenómeno jurídico se
entendía interrumpido con la expedición del fallo de primera instancia y su
notificación y no con la resolución de los recursos interpuestos contra la decisión
primigenia.
43. El auto del 8 de septiembre de 2011, mediante el cual se decretaron las
solicitudes probatorias posteriores a la presentación del escrito de descargos,
10 Folio 9 del expediente. En la solicitud de medida cautelar se señaló lo siguiente «FECHA DE
OCURRENCIA DE LOS HECHOS. Ocurrieron cuando se desempeñaba como alcaldesa de Neiva
entre el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007. Prescripción de la acción disciplinaria (art.
30 de la ley 734/02)- cinco años-. El plazo se cumplió el 31 de diciembre de 2012. FECHA DE
EJECUTORIA DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA. EL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA ADQUIRIÓ
FIRMEZA EL 4 DE ENERO DE 2013 (fecha de notificación de la aclaración del fallo de segunda
instancia).».
11 Folio 79 del expediente. En el escrito de oposición a la medida cautelar la entidad demanda señaló
lo siguiente «De lo trascrito se observa claramente que el fenómeno de la prescripción operaba a
partir del 31 de diciembre de 2007, y va hasta el 31 de diciembre de 2012, haciendo salvedad que el
fallo de primera instancia del 25 de julio de 2012 proferido por la Procuraduría Segunda Delegada,
INTERRUMPE EL TERMINO DE PRESCRIPCIÓN, de conformidad con la jurisprudencia del
Consejo de Estado.».
12 A través de memorial de 19 de noviembre de 2014, visible a folios 308 – 329 del cuaderno núm. 2
del expediente.
13 Expediente 11001031500020030044201, con ponencia de la consejera de Estado Susana
Buitrago Valencia.
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ordenó un concepto técnico por parte de la Dirección Nacional de Investigaciones
Especiales y no un dictamen pericial. De este informe se corrió traslado a los sujetos
procesales en los términos de los artículos 254 a 257 de la Ley 600 de 2000, sin
que dichas normas hubieran previsto la posibilidad de objetarlo.
44. El hecho de que 3 de las sanciones impuestas a la actora, 2 hubieran sido
imputadas a título de culpa y no de dolo no podía significar la transgresión de lo
preceptuado en el inciso 2° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, en armonía con
las sentencias de constitucionalidad C-1075 de 2002 y C-544 de 2005, habida
cuenta que lo que exigía la norma era que las faltas hubieran sido catalogadas
alternativamente como graves o leves dolosas, sin que fuera necesario que las
faltas graves fueran imputadas a título de dolo, sino únicamente las leves.
1.4. La sentencia apelada
45.Mediante sentencia proferida el 3 de diciembre de 201814, el Tribunal
Administrativo del Huila resolvió lo siguiente15:
«PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de los fallos disciplinarios de primera
y segunda instancia proferidos, respectivamente, por la Procuraduría
Segunda Delegada para la Contratación Estatal el 25 de julio de 2012 y la
Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación el 6 de diciembre
de 2012, que declararon responsable a la señora Cielo González Villa de
haber incurrido en la falta disciplinaria consagrada en el numeral 31 del
artículo 48 de la Ley 734 de 2002 y le sancionaron con suspensión en el
ejercicio del cargo por el término de tres (3) meses.
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho se ORDENA a la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, que se eliminen las
anotaciones que se hubieren efectuado de dichas sanciones en el registro de
antecedentes disciplinarios de la señora Cielo González Villa,
específicamente en el Sistema de Sanciones y Causas de Inhabilidad -SIRI-.
TERCERO: Como medida de reparación integral se ORDENA a la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, realizar un acto público
dentro de los tres meses siguientes a la ejecutoria de esta providencia, en la
plaza de banderas de la Gobernación del Huila y con la presencia de la
demandante, ciudadanía en general y de los medios de comunicación
audiovisuales y escritos, para que presente exculpaciones a la actora por la
decisión anulada, y así lo solicitare la demandante.
[...]
CUARTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: CONDENAR en costas a la entidad demandada, en la cual se
incluirán dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes de agencias en
derecho a favor de la demandante. Liquídense por la Secretaría de la
14 Visible a folios 440 - 459 del cuaderno principal del expediente.
15 Con salvamento parcial de voto del magistrado Ramiro Aponte Fino, en concreto, sobre la orden
de realizar el acto público de desagravio.
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Corporación.»
46. Para tal efecto, expuso lo que sigue:
47. La PGN carecía de competencia para imponer la sanción de inhabilidad
sobreviniente del artículo 38.2 de la Ley 734 de 2002, pues el artículo 23 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos [en especial la contenida en los casos López
Mendoza contra Venezuela y Petro Urrego contra Colombia] y la jurisprudencia del
Consejo de Estado [sentencia del 15 de noviembre de 2017 dictada por la Sala
Plena en el expediente 2014-360] señalaron que las limitaciones a los derechos
políticos solo podían imponerse por jueces de la República como consecuencia de
procesos judiciales.
48. En la formulación del cargo único imputado a la actora, así como en los fallos
disciplinarios, no se precisaron cuáles fueron los reglamentos, deberes, mandatos,
prohibiciones o principios de la función pública presuntamente desconocidos por la
exalcaldesa, «pues no se indicó cuál era el proceso de selección que desatendió la
disciplinada»; en consecuencia, el juicio de ilicitud sustancial que la PGN realizó para
sancionar a la actora fue insuficiente.
49. El argumento relativo a que la conducta de la exalcaldesa podía separarse
entre la suscripción del convenio y su ejecución para prescribir lo atinente a la
suscripción del convenio y sancionarla por permitir su ejecución «carec[ía] de
razonabilidad» y «no [era] coherente» porque ambos aspectos se encontraban
«íntimamente relacionados» y no podían desligarse, ya que la ejecución de un contrato
o convenio dependía de que surgiera a la vida jurídica.
50. Los supuestos establecidos en el artículo 38.2 de la Ley 734 de 2002 para la
constitución de la inhabilidad sobreviniente allí contenida no se encontraban
satisfechos porque, además de establecer que las 3 sanciones disciplinarias se
hubieran impuesto dentro de los últimos 5 años, también exigía que las faltas
cometidas fueran graves o leves, pero siempre a título de dolo, mientras que las
endilgadas a la disciplinada lo fueron a título de culpa, así: (i) sanción del 19 de
agosto de 2019, por falta gravísima a título de culpa, (ii) sanción del 19 de julio de
2012, por falta grave a título de culpa; y (iii) sanción del 6 de diciembre de 2012,
aquí demandada, por falta grave a título de culpa.
1.5. Los recursos de apelación
51. La PGN16 y el Ministerio Público17 interpusieron recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia y lo sustentaron así:
16 Folios 469 - 476 del cuaderno principal del expediente.
17 Folios 480 - 501 del cuaderno principal del expediente.
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1.5.1. Procuraduría General de la Nación
52. Se cumplió con los elementos de tipicidad e ilicitud sustancial porque se
señalaron como normas violadas los artículos 3, 24.8, 26 y 29 de la Ley 80 de 1993,
relativos a los principios de transparencia y responsabilidad en materia contractual;
además, se demostró que se transgredieron al permitir que se continuara con la
ejecución del Convenio 110 de 2007 a pesar de la incapacidad de la USCO para
desarrollar el objeto convenido.
53. Cuando el artículo 38.2 de la Ley 734 de 2002 hizo referencia a la comisión de
«faltas graves y leves dolosas» se refería a la clasificación de la falta para, de esta
manera, proceder a separar la falta de la leve. Es decir, establecida la clasificación
de las faltas debía revisarse el componente subjetivo así: (i) faltas graves: «la norma
no [hizo] distinción alguna razón por la cual y atendiendo a los criterios de clasificación, se
ent[endía] que la inhabilidad aplica[ba] tanto para las faltas graves dolosas como para las
faltas graves culposas»; y (ii) faltas leves: «la norma en este caso sí hizo en relación con
el componente subjetivo, y estableció que la inhabilidad solo aplica[ba] en tratándose de
faltas leves dolosas, razón por la cual no [había] lugar a la misma cuando se habla[ba] de
faltas leves culposas».
54. La inhabilidad sobreviniente no surgía como consecuencia de una sanción
disciplinaria, sino que su origen era legal, es decir, prevista por el legislador de
manera autónoma cuando se configuraba la condición o causa establecida en la ley,
tal como se señaló en la sentencia C-544 de 2005 dictada por la Corte
Constitucional.
55. La PGN mantenía incólume su competencia para investigar y sancionar
disciplinariamente a servidores públicos de elección popular. Al mismo tiempo, la
sentencia dictada el 15 de noviembre de 2017 por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo no modificó su competencia constitucional y legal por cuanto sus
efectos fueron inter partes y no era posible que, a través de un proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho, se modificara el ordenamiento jurídico. Tan así que
en sentencia del 23 de agosto de 2018 se indicó que sí mantenía su competencia,
inclusive, en aquellos casos en los que no se discutiera una conducta relacionada
con un acto de corrupción.
56. Las medidas de reparación no pecuniarias o simbólicas se establecieron en las
diferentes jurisdicciones, especialmente para casos de graves violaciones de
derechos humanos en el contexto del Derecho Internacional Humanitario y del
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tales como masacres,
magnicidios u operaciones militares con graves afectaciones a la población civil; en
consecuencia, no era aplicable al caso concreto.
57. La condena en costas se opuso al criterio que, de manera pacífica, ha seguido
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la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
1.5.2. Ministerio Público
58. La PGN sí era competente para sancionar disciplinariamente a los servidores
públicos de elección popular, debido a su condición de órgano de control superior.
Además, los actos administrativos se expidieron de acuerdo con la Constitución y la
ley y «observando plenamente todas las garantías del debido proceso».
59. La inhabilidad prevista en el artículo 38.2 de la Ley 734 de 2002 se configuró
por ministerio de la ley porque fue sancionada disciplinariamente en 3 ocasiones
por faltas graves durante los últimos 5 años. En ese sentido, el operador disciplinario
de segunda instancia tenía la obligación de advertir tal circunstancia a la disciplinada
y al presidente de la República porque, para esa fecha, fungía como gobernadora
del departamento del Huila.
60. El a quo consideró sin fundamento legal que no se dieron los supuestos
necesarios para su configuración, por cuanto contaba con 3 sanciones disciplinarias
por faltas graves a título de culpa y, en su sentir, se requería que lo fueran a título
de dolo «atendiendo el tenor literal de la norma y dado el carácter restrictivo que debe
imperar en su interpretación». Sin embargo, la norma exigía que el disciplinado contara
con 3 o más sanciones ocurridas durante los 5 últimos años por conductas graves
o leves dolosas, o por ambas, «estableciendo el precepto de la ocurrencia de dichas
conductas de manera alternativa, en donde la connotación de dolosa [hacía] referencia [era]
a las faltas leves, pues frente a esta [fue] que la norma [hizo] distinción acerca de la
modalidad de la culpa, más no así en las conductas catalogadas como graves, por lo que
no [podía] extenderse dicha inhabilidad a aquellas que [correspondieran] a categorías de
faltas distintas de las señaladas en la citada disposición».
61.A más de lo anterior, resultaba inequitativo el tratamiento que se le daba a la
acumulación de faltas graves frente a las leves dolosas, pues se trataba de una
medida de protección para evitar el acceso a sus cargos a personas que habían
demostrado una manifiesta incompetencia en el manejo de los negocios
encomendados.
1.6. Trámite en segunda instancia
62. En auto del 13 de mayo de 2019 se admitieron los recursos de apelación
presentados por el Ministerio Público y la entidad demandada contra la sentencia
dictada el 3 de diciembre de 2018 por el Tribunal Administrativo del Huila.
63. En proveído del 5 de agosto de 2019 se prescindió de la audiencia de alegatos
y juzgamiento y se corrió traslado a las partes y al agente del Ministerio Público para
que presentaran sus alegaciones finales y concepto, respectivamente.
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64. Dentro del término otorgado, la parte demandante reiteró los argumentos de la
demanda y defendió los razonamientos de la sentencia de primera instancia. Por su
parte, la PGN volvió sobre los asertos de la contestación de la demanda, los
alegatos de conclusión presentados ante el a quo y el recurso de apelación.
65. A su turno, la procuradora tercera delegada ante el Consejo de Estado solicitó
que se revocara la sentencia de primera instancia y se negaran las pretensiones de
la demanda, para lo cual expresó los argumentos expuestos por la PGN en sus
diferentes intervenciones en este proceso y por el Ministerio Público en su recurso
de apelación.
1.7. Manifestación de impedimento
66. El 7 de mayo de 2025 la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo manifestó su
impedimento para conocer del proceso de la referencia y se declaró fundado en
auto del 8 del mismo mes y año.
II. Consideraciones
2.1. Competencia
67. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos, de conformidad con los
artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y
subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias
dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».
2.2. Cuestión previa. La sentencia SU-070 de 2025 dictada por la Corte
Constitucional y el marco de pronunciamiento
68. En la sentencia dictada el 10 de agosto de 2023, esta Subsección abordó los
siguientes temas:
«21.1. ¿La PGN es competente para imponer la sanción de suspensión e
inhabilidad sobreviniente a Cielo González Villa, servidora pública elegida
popularmente como alcaldesa de Neiva y gobernadora del Huila para los
períodos 2004-2007 y 2012-2015, respectivamente, a la luz del ordenamiento
jurídico interno y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos?
21.2. ¿Se vulneró a la demandante el derecho al debido proceso porque fue
sancionada disciplinariamente pese a que la acción disciplinaria ya había
prescrito?
21.3. ¿Se vulneró a la demandante el derecho al debido proceso por
desconocimiento de las garantías de audiencia y defensa en torno a la
práctica y contradicción de la prueba pericial solicitada por su defensa en el
proceso disciplinario?
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21.4. ¿La sanción disciplinaria impuesta a la demandante es ilegal porque la
conducta reprochada es atípica, debido a que la PGN no tuvo en cuenta que
la USCO goza de autonomía, independencia y un régimen legal propio, y que
en todo caso, el régimen general de contratación estatal permite la
celebración de convenios interadministrativos entre entidades públicas?
21.5. ¿La sanción disciplinaria impuesta a la demandante es ilegal porque la
PGN omitió indicar el deber funcional por ella incumplido?
21.6. ¿La sanción disciplinaria impuesta a la demandante es ilegal porque la
PGN no tuvo en cuenta, al momento de establecer su culpabilidad, que
conforme con la cláusula 7 del convenio, la supervisión de este correspondía
a la Secretaría de Infraestructura y Vías y no a la alcaldesa del municipio de
Neiva, por lo que el control y vigilancia del desarrollo contractual no hacía
parte de sus deberes?
21.7. ¿La sanción impuesta a la exalcaldesa es ilegal porque la PGN vulneró
su derecho al debido proceso, en la medida en que el procurador general de
la Nación, ad portas del inicio de la vacancia judicial por la semana santa,
mediante resolución 113 del 30 de marzo de 2012, sin justificación alguna
modificó los términos procesales?
21.8. ¿La imposición a la accionante de la inhabilidad sobreviniente descrita
en el inciso 2 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, por haber acumulado en
los últimos 5 años 3 sanciones culposas, es ilegal, porque la norma se refiere
es a faltas dolosas?
69. Resueltos todos los interrogantes, se decidió lo siguiente:
«Primero: Confirmar en forma parcial la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 3 de diciembre de 2018,
por medio de la cual dispuso conceder parte de las pretensiones de la
demanda.
Segundo: Modificar el numeral 1 de la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 3 de diciembre de 2018, el
cual quedará así:
Declarar la nulidad parcial del acto administrativo disciplinario del 6 de
diciembre de 2012, proferido por la Sala Disciplinaria de la PGN, pero
sólo en cuanto que, en segunda instancia, dispuso imponer a la
demandante la inhabilidad sobreviniente de 3 años, regulada en el
artículo 38.2 de la Ley 734 de 2002, como consecuencia de haber
acumulado 3 sanciones en los últimos 5 años. Conservar la presunción
de legalidad de las demás decisiones sancionatorias adoptadas en los
actos administrativos demandados.
Tercero: Revocar el numeral 3 de la sentencia de primera instancia proferida
por el Tribunal Administrativo del Huila el 3 de diciembre de 2018, que
disponía medidas restaurativas no pecuniarias a favor de la demandante.
Cuarto: Revocar el numeral 5 de la sentencia de primera instancia proferida
por el Tribunal Administrativo del Huila el 3 de diciembre de 2018, que
disponía condenar en costas a la parte demandada.
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Quinto: Sin condena en costas en esta instancia.»
70. Contra esta decisión la Procuraduría General de la Nación presentó acción de
tutela que fue conocida por las Secciones Primera y Cuarta de esta corporación, las
cuales decidieron declarar su improcedencia. Sin embargo, en sede de revisión, la
Corte Constitucional dictó la sentencia SU-070 de 2025 en la que consideró que
esta Subsección incurrió en un defecto sustantivo porque:
70.1. Se apartó de la interpretación establecida por la Corte Constitucional en la
sentencia C-544 de 2005 y no tuvo en cuenta que la restricción o limitación de
los derechos políticos no se derivaba de la decisión de la PGN de advertir
acerca de la configuración de la inhabilidad, en la medida en que ya se había
fijado el contenido y alcance de la disposición que contenía la inhabilidad
sobreviniente y había descartado que se tratara de una nueva sanción.
70.2. Se omitió considerar que en ningún momento se había sancionado a Cielo
González Villa con una inhabilidad, sino que, además, la PGN no había
establecido ni impuesto dicha medida. La decisión solo contenía una
advertencia que informaba sobre la consecuencia legal de la inhabilidad
prevista en el artículo 38.2 de la Ley 734 de 2002.
70.3. El defecto se concretó en valorar erróneamente el contenido del fallo
disciplinario de segunda instancia, pues se le atribuyó una serie de
consecuencias a la decisión que no se desprendían de aquel acto
administrativo.
71. Igualmente, consideró que se violó directamente de la Constitución, en tanto «(i)
efectuó una aplicación directa del control de convencionalidad, sin atender a la
armonización entre las normas internacionales y el derecho interno y, en consecuencia, (ii)
desconoció las competencias reconocidas a la PGN frente a los servidores públicos de
elección popular, previstas en el artículo 277.6 de la Carta». Con ello se desconoció que
la incorporación de normas internacionales se realizaba a través del bloque de
constitucionalidad; a la par, implicó una ausencia de armonización de las normas
del derecho internacional con las de derecho interno, lo que generó un
desconocimiento de dichas competencias.
72. Por lo anterior, resolvió:
«Primero. REVOCAR la sentencia del 6 de junio de 2024, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado que, a su vez, confirmó la providencia
dictada el 4 de abril de 2024 por la Sección Primera de esa misma
Corporación, en cuanto declaró improcedente la acción de tutela. En su lugar,
CONCEDER el amparo del derecho fundamental al debido proceso de la
Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en el presente
fallo.
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Segundo. DEJAR SIN EFECTOS los ordinales primero y segundo de la parte
resolutiva de la sentencia del 11 de agosto de 2023, proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por Cielo
González Villa en contra de la Procuraduría General de la Nación.
Tercero. ORDENAR a la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo
de Estado que, dentro del término de dos (2) meses contado a partir de la
notificación de esta providencia, profiera una decisión de reemplazo en la cual
observe estrictamente los parámetros establecidos en el presente fallo. En
particular, deberá tener en cuenta que la inhabilidad sobreviniente prevista en
el artículo 38, numeral 2, de la Ley 734 de 2002 no constituye una sanción.»
[se resalta]
73. Como se observa, la decisión de la Corte se derivó exclusivamente del alcance
del artículo 38.2 de la Ley 734 de 2002 y, aunque dejó sin efectos todo el ordinal
segundo de la sentencia del 10 de agosto de 2023, lo cierto es que, respecto de la
decisión relativa a «[c]onservar la presunción de legalidad de las demás decisiones
sancionatorias adoptadas en los actos administrativos demandados», no hizo reproche
alguno. De ese modo, aunque en esta oportunidad se deberán abordar nuevamente
los problemas jurídicos supra señalados, la Sala únicamente modificará la
argumentación relacionada con la inhabilidad sobreviniente prevista en el artículo
referido.
74. Así las cosas, la Sala mantendrá incólumes los interrogantes planteados en la
sentencia del 10 de agosto de 2023 y la argumentación que los resuelve, salvo el
primero que se dirigía a establecer si la PGN era «competente para imponer la sanción
de suspensión e inhabilidad sobreviniente a Cielo González Villa, servidora pública elegida
popularmente como alcaldesa de Neiva y gobernadora del Huila para los períodos 2004-
2007 y 2012-2015, respectivamente, a la luz del ordenamiento jurídico interno y de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos», el cual será suprimido en esta
providencia.
75. Adicionalmente, el que se enumeró como 21.818 será modificado así: ¿la
inhabilidad sobreviniente descrita en el inciso 2 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002
era una sanción y fue ilegal porque solo procedía respecto de faltas dolosas?
2.3. Problemas jurídicos
76. En línea con lo señalado en el acápite anterior, la Sala resolverá -en su orden-
los siguientes cuestionamientos:
76.1. ¿Se vulneró a la demandante el derecho al debido proceso porque fue
sancionada disciplinariamente pese a que la acción disciplinaria ya había
prescrito?
18 «¿La imposición a la accionante de la inhabilidad sobreviniente descrita en el inciso 2 del artículo
38 de la Ley 734 de 2002, por haber acumulado en los últimos 5 años 3 sanciones culposas, es
ilegal, porque la norma se refiere es a la faltas dolosas?».
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76.2. ¿Se vulneró a la demandante el derecho al debido proceso por
desconocimiento de las garantías de audiencia y defensa en torno a la
práctica y contradicción de la prueba pericial solicitada por su defensa en el
proceso disciplinario?
76.3. ¿La sanción disciplinaria impuesta a la demandante es ilegal porque la
conducta reprochada es atípica, debido a que la PGN no tuvo en cuenta
que la USCO goza de autonomía, independencia y un régimen legal propio
y que, en todo caso, el régimen general de contratación estatal permite la
celebración de convenios interadministrativos entre entidades públicas?
76.4. ¿La sanción disciplinaria impuesta a la demandante es ilegal porque la PGN
omitió indicar el deber funcional por ella incumplido?
76.5. ¿La sanción disciplinaria impuesta a la demandante es ilegal porque la PGN
no tuvo en cuenta, al momento de establecer su culpabilidad, que conforme
con la cláusula 7 del convenio, la supervisión de este correspondía a la
Secretaría de Infraestructura y Vías y no a la alcaldesa del municipio de
Neiva, por lo que el control y vigilancia del desarrollo contractual no hacía
parte de sus deberes?
76.6. ¿La sanción impuesta a la exalcaldesa es ilegal porque la PGN vulneró su
derecho al debido proceso, en la medida en que el procurador general de la
Nación, ad portas del inicio de la vacancia judicial por la semana santa,
mediante Resolución 113 del 30 de marzo de 2012, sin justificación alguna
modificó los términos procesales?
76.7. ¿La inhabilidad sobreviniente descrita en el inciso 2 del artículo 38 de la Ley
734 de 2002 era una sanción y fue ilegal porque solo procedía respecto de
faltas dolosas?
2.4. Primer problema jurídico: ¿Se vulneró a la demandante el derecho al
debido proceso porque fue sancionada disciplinariamente pese a que la
acción disciplinaria ya había prescrito?
2.4.1. Marco normativo y jurisprudencial
77.La figura de la prescripción de la acción disciplinaria fue plasmada por primera
vez en el artículo 12 de la Ley 25 de 1974, con el siguiente tenor: «[l]a acción
disciplinaria prescribe en 5 años contados a partir del último acto constitutivo de la falta».
78. Luego, el Legislador señaló en el artículo 6 de la Ley 13 de 1984 que «[l]a acción
disciplinaria prescrib[ía] en 5 años contados a partir del último acto constitutivo de la falta,
término dentro del cual [debía] igualmente imponerse la sanción» y después, en el artículo
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34 de la Ley 200 de 1995, estableció que «[l]a acción disciplinaria prescrib[ía] en el
término de 5 años. La prescripción de la acción empezar[ía] a contarse para las faltas
instantáneas desde el día de la consumación y desde la realización del último acto, en las
de carácter permanente o continuado».
79. Posteriormente, la Ley 734 de 2002 determinó en su artículo 30 lo que se
transcribe a continuación:
«Artículo 30. Términos de prescripción de la acción disciplinaria. La acción
disciplinaria prescribe en cinco años, contados para las faltas instantáneas
desde el día de su consumación y para las de carácter permanente o
continuado desde la realización del último acto.
En el término de doce años, para las faltas señaladas en los numerales 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10 del artículo 48 y las del artículo 55 de este código [19].
Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la
prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una
de ellas.
Parágrafo. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a lo
establecido en los tratados internacionales que Colombia ratifique.»
80. Este fue modificado por el artículo 132 de la Ley 1474 de 2011 y quedó así:
«Artículo 132. Caducidad y prescripción de la acción disciplinaria. El artículo
30 de la Ley 734 de 2002, quedará así:
“La acción disciplinaria caducará si transcurridos cinco (5) años desde la
ocurrencia de la falta, no se ha proferido auto de apertura de investigación
disciplinaria. Este término empezará a contarse para las faltas instantáneas
desde el día de su consumación, para las de carácter permanente o
continuado desde la realización del último hecho o acto y para las omisivas
cuando haya cesado el deber de actuar.
La acción disciplinaria prescribirá en cinco (5) años contados a partir del auto
de apertura de la acción disciplinaria. Cuando fueren varias las conductas
juzgadas en un mismo proceso la prescripción se cumple
independientemente para cada una de ellas.
PARÁGRAFO. Los términos prescriptivos aquí previstos quedan sujetos a
lo establecido a los tratados internacionales que Colombia ratifique”.»
81. Las normas transcritas fueron analizadas e interpretadas por la Sección
Segunda, Subsección B del Consejo de Estado en la sentencia del 23 de mayo de
200220. En esta oportunidad, el actor argumentó que había ocurrido la prescripción
de la acción disciplinaria porque el acto administrativo sancionatorio que resolvió los
19 El aparte tachado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-948 de
2002.
20
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 23 de mayo de 2002, con
ponencia del consejero Jesús María Lemos Bustamante, expediente 17112.
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recursos de la vía gubernativa no fue expedido y notificado dentro del plazo de 5
años contado desde la comisión de la falta21.
82. Para resolver el cargo, esta Subsección consideró que el legislador no indicó
cuál era el acto que imponía la sanción e interrumpía el término de prescripción, por
lo tanto, la sanción se debía considerar impuesta cuando se hubiere expedido y
notificado el acto administrativo disciplinario inicial, pero si se interpusieron recursos
cuando se expidiera y notificara el fallo disciplinario que los resolvía. En
consecuencia, como la PGN no había notificado el acto administrativo disciplinario
que resolvió un recurso de reposición contra el acto administrativo disciplinario de
única instancia dentro del plazo de los 5 años siguientes al de cometimiento de la
falta, debían anularse los actos administrativos acusados.
83. Contra la anterior decisión la PGN interpuso recurso extraordinario de revisión,
el cual fue conocido el 29 de septiembre de 200922 por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo. Se revocó la sentencia con sustento en que (i) el acto
administrativo que imponía la sanción y, en consecuencia, interrumpía el término de
la prescripción, era el principal, es decir, el de primera o única instancia [según el
caso], pues es este era el que definía la conducta investigada como constitutiva de
falta disciplinaria y concretaba la expresión de la voluntad de la administración; y (ii)
los actos que resolvían los recursos correspondían a una etapa posterior que no
tenían como objeto emitir el pronunciamiento, sino permitir a la administración
revisar su decisión. Así señaló la providencia en mención:
«Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas de las
Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el motivo para
que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica a la Sala Plena,
a continuación se explicarán las razones esenciales por las cuales se
considera que la tesis de recibo que debe imperar es la que proclama que la
sanción disciplinaria se impone cuando concluye la actuación administrativa
al expedirse y notificarse el acto administrativo principal, decisión que
resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el acto que define la
conducta investigada como constitutiva de falta disciplinaria. En él se concreta
la expresión de la voluntad de la administración.
Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía
gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados
como los que imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior
cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la
actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado a instancias
21
El demandante señaló que: (1) la falta disciplinaria fue cometida el 26 de julio de 1990, por lo tanto
el término de prescripción de 5 años vencía el 26 de julio de 1996, (2) dentro del término de
prescripción la autoridad disciplina debía haber expedido y notificado no solo el fallo disciplinario
principal sino también expedido y notificado el fallo que resolviera los recursos interpuestos y (3) el
acto sancionatorio disciplinario de única instancia por el cual fue sancionado se expidió el 5 de julio
de 1995 y pero el acto administrativo que resolvió un recurso de reposición contra este si bien fue
expedido el 19 de julio de 1995 solo fue notificado el 25 de agosto de 1995, esto es por fuera del
término de prescripción de la acción disciplinaria.
22
Sentencia de 29 de septiembre de 2009, con ponencia de la conejera Susana Buitrago Valencia,
expediente 2003-00442-01.
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del administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa denominada “vía
gubernativa” queda al arbitrio del administrado que es quien decide si ejercita
o no los recursos que legalmente procedan contra el acto.
[...]
Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de
notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la
falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro
de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a notificar
el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que consagra
el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una exigencia
que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del Investigado, a su
arbitrio, la determinación de cuándo se "impone" la sanción, porque en
muchas ocasiones es del administrado de quien dependen las incidencias del
trámite de notificación de las providencias.
[...]
Por el contrario, imponer la sanción disciplinaria dentro del término de cinco
(5) años contados a partir del último acto constitutivo de la falta, significa que,
como máximo, dentro de dicho plazo debe la autoridad pública expedir y
notificar el acto administrativo principal, es decir, el acto primigenio que
resuelve y que pone fin a la actuación administrativa disciplinaria.
[...]
En su misión de unificar jurisprudencia, la Sala adopta la tesis según la cual
entratándose de régimen sancionatorio disciplinario, la sanción se impone de
manera oportuna si dentro del término asignado para ejercer esta potestad,
se expide y se notifica el acto que concluye la actuación administrativa
sancionatoria, que es el acto principal o primigenio y no el que resuelve los
recursos de la vía gubernativa.» [se resalta]
84. La decisión citada fue objeto de conocimiento en sede de tutela por la Sala de
Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En la sentencia dictada
el 17 de abril de 2017 resolvió revocarla y dejar en firme la sentencia del 23 de mayo
de 2002 que estableció un criterio diferente para calcular la prescripción de la acción
disciplinaria.
85. No obstante, en sede de impugnación, la Sección Cuarta de esta corporación
revocó la sentencia y, en su lugar, negó por improcedente la acción de tutela con
sustento en que la competencia de la Sala Plena obedecía a la necesidad de
establecer «un tribunal con la facultad de instituir y fundar los lineamientos
jurisprudenciales bajo los cuales se deben resolver las cuestiones jurídicas de su
competencia y, en esta medida, materializar el postulado de la seguridad jurídica» y,
además, en que «tratándose de decisiones adoptadas por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, aceptar la procedencia de la acción de amparo implica desechar por
completo tal principio y admitir que cualquier juez, aun cuando sea de inferior jerarquía, está
habilitado para modificar las decisiones del órgano de cierre de la jurisdicción contencioso
administrativo, cuestión estrechamente ligada con el principio de cosa juzgada».
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86. De acuerdo con lo expuesto, en materia de prescripción de la acción
disciplinaria la sentencia de unificación del 29 de septiembre de 2009 definió que,
dentro del término de los 5 años establecido por el artículo 30 de la Ley 734 de
2002, la autoridad disciplinaria competente solo debe proferir y notificar el acto
administrativo sancionatorio principal, esto es el de primera o única instancia con el
cual interrumpe el término de prescripción.
2.4.2. Caso concreto
87. La lectura minuciosa del proceso administrativo disciplinario evidencia que, para
la PGN, la conducta de la exalcaldesa podía separarse entre (i) la suscripción del
Convenio 110 por valor de $944.337.792 con la USCO; y (ii) permitir su ejecución.
Ello, para prescribir lo atinente a la suscripción del convenio [ocurrida el 27 de abril
de 2007] y sancionarla por el segundo supuesto -(ii)-. Por lo tanto, el término de 5
años de la prescripción de la acción disciplinaria inició su conteo el 31 de diciembre
de 2007 y finalizó el 31 de diciembre de 2012 porque los hechos ocurrieron durante
el último año del periodo de la demandante como alcaldesa.
88. Es importante anotar que la parte demandante no cuestionó este particular
modo de estructurar y estudiar la conducta que se le reprochó; sin embargo, para el
Tribunal Administrativo del Huila, ello «carec[ía] de razonabilidad» y «no [era]
coherente» porque ambos aspectos se encontraban «íntimamente relacionados» y no
podían desligarse, pues la ejecución de un contrato o convenio no se desarrollaba
si previamente no surgía a la vida jurídica.
89. Se recuerda que a la exalcaldesa se le endilgó la falta prevista en el artículo
48.31 de la Ley 734 de 2002, esto es «participar en la etapa precontractual» como «en
la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los
principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la
Constitución y en la ley». Nótese que el tipo disciplinario cobija dos aspectos
claramente diferenciables en la conducta de los servidores públicos: la etapa
precontractual y la actividad o ejecución contractual propiamente dicha.
90. Entonces, como la demandante fue elegida alcaldesa del municipio de Neiva
[Huila] para el periodo constitucional 2004 – 2007 y el acto administrativo
disciplinario de primera instancia que sancionó a la demandante por permitir la
ejecución del Convenio 110 del 27 de abril de 2007 fue expedido por la Procuraduría
Segunda Delegada para la Contratación Estatal el 25 de julio de 2012 —notificado
el 14 de agosto de 201223—, no ocurrió el fenómeno de la prescripción de la acción
disciplinaria.
23
Folio 171 del cuaderno de pruebas núm. 5 del expediente.
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2.5. Segundo problema jurídico: ¿Se vulneró a la demandante el derecho al
debido proceso por desconocimiento de las garantías de audiencia y
defensa en torno a la práctica y contradicción de la prueba pericial
solicitada por su defensa en el proceso disciplinario?
91. La Sala encuentra que, aunque la defensa de los disciplinados solicitó la
práctica de un «dictamen pericial», esa petición probatoria fue negada de manera
tácita por la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal en auto
del 8 de septiembre de 201124. En este, en vez del dictamen pericial solicitado,
decretó la realización de un «dictamen técnico» a cargo de los profesionales de la
Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la PGN. Para esta prueba, se
realizaron las siguientes actuaciones:
91.1. El «dictamen técnico» fue entregado por los funcionarios comisionados el 29 de
noviembre de 201125.
91.2. Mediante providencia del 23 de enero de 201226, se corrió el traslado a los
sujetos procesales del «peritazgo».
91.3. El 30 de enero de 2012 los disciplinados solicitaron ampliación y/o
complementación del «dictamen pericial»27.
91.4. El 20 de febrero de 201228 la autoridad disciplinaria ordenó complementar el
«informe técnico» cuestionado.
91.5. Por medio de oficio del 26 de marzo de 2012, los funcionarios comisionados
presentaron «ampliación y complementación del informe técnico»29.
92. Aunque la Procuraduría Segunda Delegada para la Contratación Estatal en
algunas ocasiones de manera desordenada y descuidada se refirió a un dictamen
pericial, lo cierto es que, en el auto de pruebas del 8 de septiembre de 201130, lo
que en realidad se decretó fue un informe técnico a cargo de los profesionales de la
Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la PGN, dependencia que de
acuerdo con el artículo 10 del Decreto 262 de 2000 tenía asignada, entre otras, la
función de «prestar la asesoría y la colaboración técnico científica que requieran las
diferentes dependencias de la Procuraduría General de la Nación y demás órganos que
conforman el Ministerio Público».
93. Ahora bien, tanto el dictamen pericial como el informe técnico de entidades o
24
Folios 632-634 del cuaderno de pruebas núm. 3 del expediente.
25
Folios 653-661 del cuaderno de pruebas núm. 3 del expediente.
26
Folio 672 del cuaderno de pruebas núm. 3 del expediente.
27
Folios 685-687 del cuaderno de pruebas núm. 3 del expediente.
28
Folio 689 del cuaderno de pruebas núm. 3 del expediente.
29
Folios 756-779 del cuaderno de pruebas núm. 4 del expediente.
30
Folios 632-634 del cuaderno de pruebas núm. 3 del expediente.
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24
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dependencias oficiales se previeron en el ordenamiento jurídico para que se
dilucidaran hechos que interesaran a un determinado proceso, toda vez que para
su esclarecimiento se requieren especiales conocimientos técnicos, científicos o
artísticos. El dictamen pericial se reguló en los artículos 233 a 242 del Código de
Procedimiento Civil -CPC- y 226 a 233 del Código General del Proceso -CGP-; por
su parte, el informe técnico de entidades o dependencias oficiales está regulado en
los artículos 243 del CPC y 234 del CGP.
94. A esta altura de la discusión, resulta necesario tener presente la diferencia que
existe entre la prueba pericial y los informes técnicos del artículo 243 ídem, con el
fin de determinar el valor que la ley y la jurisprudencia les ha reconocido en el marco
de la resolución de un proceso judicial. Para dilucidar el tema, más que ilustrativo
resulta el siguiente aporte de la Corte Constitucional31:
«35. Así las cosas, se concluye que la prueba pericial practicada de manera
anticipada tendrá pleno valor probatorio y, por consiguiente, podrá ser
apreciada por el juez solamente si fue: 1. Sometida al principio de
contradicción y 2. Regular y legalmente incorporada al proceso en el cual se
pretende hacer valer, conforme con las reglas previstas en la ley para el
efecto. Dicho de otro modo, si el dictamen pericial fue indebidamente
incorporado al proceso y, además, no fue sometido a contradicción dentro de
él, carece de mérito probatorio y, por lo mismo, no puede ser valorado
judicialmente porque no corresponde a una prueba legalmente practicada.
Cosa distinta ocurriría si la prueba es debidamente incorporada, pues en tal
evento: i. Si no fue materia de contradicción se estaría ante una prueba
sumaria y no ante plena prueba, ii. Si no reúne los requisitos propios de una
prueba pericial se estará entonces frente a un informe técnico como se verá
a continuación.
[...]
37. Las experticias técnicas difieren de los dictámenes periciales regulados
en los artículos 233 a 242 del Código de Procedimiento Civil, así como
también difieren de los informes técnicos de entidades y dependencias
oficiales que reglamenta el artículo 243 del mismo estatuto procesal, que el
juez puede solicitar de oficio o a petición de parte y, que deben ponerse en
conocimiento de las partes por el término de tres días para que se
complementen o aclaren.» [se resalta]
95. A su turno, respecto de los informes técnicos aportados a un proceso judicial, la
Corte consideró que, si bien no se consideran un medio de prueba autónomo
respecto de la prueba pericial, sí tienen valor probatorio al consignar lo siguiente:
«En cuanto a los conceptos técnicos su incorporación al proceso se valora
dentro de la sana crítica judicial, como las demás pruebas, y se aprecian en
conjunto, pues al igual que el dictamen pericial, el juez es autónomo para
valorar las pruebas técnicas y verificar la veracidad de sus fundamentos y
conclusiones, en tanto que es al juez, y no al perito o al profesional
especializado, a quien corresponde administrar justicia y resolver la
controversia que se somete a su decisión final. De esta forma, es evidente
31
Sentencia T-274 del 11 de abril de 2012 M.P. Juan Carlos Henao Pérez
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que aunque el juez no se encuentra atado a la opinión técnica porque debe
someterla a su valoración y apreciación objetiva y razonada, la especialidad
de los conocimientos que se expresan en los documentos técnicos sí
constituye un importante instrumento de apoyo judicial para su
convencimiento.»32 [se resalta]
96. En suma, la diferencia entre uno y otro radica en su trámite, pues mientras que
el peritaje —a título enunciativo— necesita del (i) nombramiento de un perito, que
puede ser un particular o una entidad del Estado, el informe técnico es rendido por
las entidades oficiales; (ii) el perito necesita tomar posesión del cargo y, en el
informe técnico, tal posesión no es necesaria; (iii) una vez presentado el dictamen
pericial debe ser objeto de traslado por 3 días, término dentro del cual se puede
pedir su aclaración, complementación o ser objeto de objeción por error grave,
mientras que el informe técnico solo está sujeto a traslado por 3 días, plazo dentro
del cual se puede solicitar aclaración o complementación33.
97. Por tanto, en el presente caso, el informe técnico adquiere el valor de prueba
sumaria34 que, en todo caso, debe ser apreciada junto con los demás medios
probatorios a la luz de la sana crítica y las reglas de la experiencia, al constituir un
importante instrumento de apoyo para llevar al convencimiento del juez de lo
contencioso - administrativo. En consecuencia, la respuesta al interrogante es
negativa.
2.6. Tercer problema jurídico: ¿La sanción disciplinaria impuesta a la
demandante es ilegal porque la conducta reprochada es atípica, debido
a que la PGN no tuvo en cuenta que la USCO goza de autonomía,
independencia y un régimen legal propio y que, en todo caso, el régimen
general de contratación estatal permite la celebración de convenios
interadministrativos entre entidades públicas?
98. La Constitución Política establece en su artículo 69, por una parte, una garantía
de autonomía para que las universidades erijan sus directivas y sus estatutos de
acuerdo con la ley; por la otra, la posibilidad de que cuenten con un régimen especial
que corresponde dictar al Congreso.
99. En desarrollo de lo anterior, se expidió la Ley 30 de 1992, mediante la cual se
regularon aspectos como la naturaleza jurídica de las universidades estatales y
oficiales, la forma de organizarse y el régimen de contratación aplicable. Asimismo,
en el artículo 57 consignó que el carácter especial del régimen de las universidades
33
Sobre el particular, se puede consultar la sentencia de 2 de marzo de 2023, proferida por esta
Subsección en el expediente 2010-119-01 (1226-2019), con ponencia del consejero César Palomino
Cortés.
34
Es aquella que, independientemente de su valor probatorio, no ha sido sometida al principio de
contradicción y, por ende, no ha sido objeto de conocimiento y confrontación por la parte en contra
de quien se aduce. (Sentencia del 25 de julio de 2007 Radicación número: 76001-23-31-000-1999-
01387-01 (33705) M.P. Enrique Gil Botero
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estatales u oficiales comprende, entre otros aspectos, el régimen de contratación.
100. A su turno, la Ley 489 de 1998, al desarrollar la estructura y organización de la
Administración Pública, señaló que los entes universitarios hacían parte integral de
esta y los catalogó como entidades públicas de carácter autónomo a las que se les
aplica un régimen especial.
101. En armonía con lo anterior, se ha considerado que los entes universitarios no
son entidades que hagan parte de la rama ejecutiva, ni pueden, por tanto,
considerarse entidades descentralizadas, sino que gozan de un régimen especial.
Lo anterior fue señalado por el Consejo de Estado de la siguiente manera35:
«Ahora bien, en la disposición legal [art. 57 de la Ley 30/92] se menciona que
las universidades estatales u oficiales están vinculadas al Ministerio de
Educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y planeación del sector
educativo, en donde la jurisprudencia constitucional ha dejado en claro que
es únicamente para efectos de coordinar y planear el desarrollo de directrices
educativas, y no como organismos supeditados al poder ejecutivo, de manera
que deben actuar con independencia del mismo, sin estar sujetas a un control
de tutela como el concebido para los establecimientos públicos, concepto que
por sí mismo niega la autonomía. […] La situación se modificó con el actual
marco constitucional en donde se estableció [art. 69] la garantía a la
autonomía universitaria, para que pudieran darse sus directivas y regirse por
sus propios estatutos, de acuerdo con el régimen especial que previera la Ley
para las universidades del Estado, por lo cual se despojaban del control de
tutela que ejercía el ejecutivo sobre ellas, con el fin de garantizar la
independencia académica en la educación superior, sin ningún tipo de
injerencia del poder público.
Lo anterior hizo que dejaran de pertenecer a la rama ejecutiva y por supuesto
no hicieran parte de las demás [legislativa y judicial], al convertirse en
organismos autónomos que cumplen funciones estatales de trascendental
importancia para la nación, sin perder la calidad de entidades públicas […]»
102. De este modo, la diferencia entre universidades públicas y entidades
descentralizadas radica, entre otras cosas, en la autonomía de la que aquellas
gozan. Esto, en la medida en que a las universidades públicas no les aplica un
elemento característico de la descentralización denominado control de tutela, sobre
el cual, en sentencia C-727 del 21 de junio de 2000, la Corte Constitucional señaló:
«La descentralización es una forma de organización administrativa propia de
los Estados de forma unitaria, que atenúa la centralización permitiendo la
transferencia de competencias a organismos distintos del poder central, que
adquieren autonomía en la gestión de las respectivas funciones. No obstante,
esta transferencia no implica la ruptura total del vínculo entre el poder central
y la entidad descentralizada, sino que, en aras de garantizar el principio de
coordinación que gobierna la función administrativa, dicho vínculo permanece
vigente a través del llamado control de tutela, existente en nuestra
organización administrativa respecto de los entes funcionalmente
35 Sección Cuarta, sentencia del 16 de diciembre de 2008, expediente 16.297.
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descentralizados, con definidos perfiles jurídicos, desde la reforma
constitucional y administrativa operada en 1968».
103. En suma, la descentralización involucra el ejercicio de un control de tutela que
no puede aplicarse a los entes universitarios autónomos, motivo por el cual, si bien
son entes del Estado, no son ni pueden ser asimilados a entidades descentralizadas
y tampoco encuadran en el concepto de entidad territorial. De esta manera, respecto
del régimen contractual de las universidades estatales, el artículo 93 de la Ley 30
de 1992 estableció condicionadamente que será de derecho privado y, por
consiguiente, se regiría por las normas civiles y comerciales, así:
«Artículo 93. Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los
contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las
universidades estatales u oficiales, se regirán por las normas del derecho
privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales,
según la naturaleza de los contratos. Parágrafo. Se exceptúan de lo anterior
los contratos de empréstito, los cuales se someterán a las reglas previstas
para ellos por el Decreto 222 de 1983 y demás disposiciones que lo
modifiquen, complementen o sustituyan».
104. De lo anterior podría colegirse que los entes universitarios sólo aplican un
régimen especial de contratación –es decir, el derecho privado– siempre y cuando
el objeto a contratar sea para el cumplimiento de sus funciones propias; sin
embargo, cuando actúen como contratistas de otras entidades estatales regidas por
el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública estarán sujetas,
sin que ello afecte su economía, a las reglas y restricciones que dicho estatuto
contenga para ese tipo de situaciones.
105. Ahora bien, el artículo 2 [numeral 4, literal c), inciso segundo] de la Ley 1150 de
2007 establece una excepción al prohibir que determinados contratos
interadministrativos se celebren con ciertas entidades [dentro de las cuales están
las instituciones de educación superior públicas] si estas son las ejecutoras,
condicionándolo a que deberán estar precedidos de licitación pública o selección
abreviada; estos son: los contratos de obra, suministro, prestación de servicios de
evaluación de conformidad respecto de las normas o reglamentos técnicos,
encargos fiduciarios y fiducia pública.
106. Sin embargo, como puede evidenciarse, las interventorías técnicas de
consultoría no hacen parte de la excepción dispuesta en la norma en cita, por lo
tanto, estos pueden también desarrollarse mediante la celebración de contratos
interadministrativos, los cuales integran una de las causales de la contratación
directa que obedece, antes que nada, a la naturaleza de las partes.
107. En ese orden, las interventorías podrán adelantarse mediante contratos
interadministrativos, pues no se encuentran dentro de la restricción del artículo 2,
numeral 4, literal c), en el segundo inciso de la Ley 1150 de 2007. En todo caso, lo
que determinará la factibilidad de que un ente universitario pueda o no suscribir un
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convenio interadministrativo para desarrollar una interventoría de obra será su
norma de creación y sus estatutos, ya que en estos se vislumbrará si el objeto
misional es afín para su desarrollo; esto, bajo la interpretación de que dichos entes
sean los ejecutores.
108. En el presente caso, a la exalcaldesa no se le reprochó el desconocimiento o la
errada aplicación del régimen contractual de la USCO, sino que fue sancionada por
permitir la ejecución del Convenio 110 por valor de $944.337.792, suscrito con la
USCO, sin tener en cuenta que la universidad (i) no tenía experiencia para ejecutar
el convenio porque no ofrecía programas educativos relacionados con la labor de
interventoría convenida; y (ii) no contaba con capacidad técnica para ejecutar el
convenio porque el alma mater procedió a subcontratar aproximadamente el 90%
de la ejecución del convenio en cuantía de $828.482.051 por concepto de personal,
vehículos, equipos de topografía, entre otros. Por consiguiente, también en este
caso se resuelve negativamente el problema jurídico.
2.7. Cuarto problema jurídico: ¿La sanción disciplinaria impuesta a la
demandante es ilegal porque la PGN omitió indicar el deber funcional por
ella incumplido?
109. Respecto de la antijuridicidad, que tiene que ver con el ilícito disciplinario, la
Sala acoge la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el sentido de que, en el
derecho disciplinario, esta no se basa en el daño a un bien jurídico tutelado y/o
protegido, sino en el incumplimiento de los deberes funcionales del servidor
público36.
110. Por esto, ha explicado que la valoración de la «lesividad» de las conductas que
se han señalado como faltas disciplinarias frente al servicio público es una tarea
que compete al legislador, el que ha de realizar tal apreciación al momento de
establecer los tipos disciplinarios en la ley. En tal medida, no compete a la autoridad
disciplinaria que aplica la ley efectuar un juicio genérico de lesividad de las
conductas reprochadas -lo que ya ha realizado el legislador-, sino efectuar un juicio
de antijuridicidad basado en la infracción del deber funcional, la cual -se presume-
genera de por sí un desmedro legislativamente apreciado sobre la función pública
encomendada al servidor público disciplinado37.
111. La relación de sujeción de los destinatarios de la acción disciplinaria con el
Estado requiere de la existencia de controles que operan a manera de reglas, cuya
infracción —sin justificación alguna— consolida la antijuridicidad de la conducta, sin
que la ilicitud sustancial comprenda el resultado material, pues la ausencia de este
no impide la estructuración de la falta disciplinaria.
36 Sentencia C-948 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
37 Sentencia C-393-2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
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112. Se recuerda que la falta enunciada, que es la contenida en el artículo 48.31 de
la Ley 734 de 2002, es un tipo en blanco, cuyo contenido se deduce de la
interpretación y la consecuente aplicación de los principios de la contratación estatal
y de la función administrativa. Como todo tipo disciplinario, este debe respetar los
elementos esenciales rectores del debido proceso y en especial modo, el principio
de legalidad (incluyendo en este el principio de tipicidad).
113. Acorde con lo indicado, el respeto a los preceptos de legalidad y tipicidad frente
a la falta gravísima objeto de estudio plantea un problema jurídico de exégesis
normativa, toda vez que la aplicación de los principios de la contratación estatal y
de la función administrativa, per se no conduce directa y explícitamente a deberes
de conducta cuya omisión pueda acarrear una falta disciplinaria, sino a obligaciones
abstractas que se manifiestan de manera concreta a través de instituciones de
derecho contractual de diversa índole.
114. En el caso en concreto, en el momento de proceder a la formulación de los
cargos, en el sub judice se señalaron como normas presuntamente infringidas las
siguientes: artículos 3, 24.8, 26 -numerales 1 y 4- y 29 de la Ley 80 de 1993,
respecto de los principios de transparencia y responsabilidad, así como de los fines
de la contratación estatal y el deber de selección objetiva, en armonía con los
artículos 209 y 355 de la Constitución, al igual que el artículo 1502 del Código Civil
y el artículo 95 de la Ley 498 de 1998, acerca de la prevalencia del interés general
y la capacidad de las entidades estatales para comprometerse en convenios
interadministrativos; también el artículo 34 -numeral 1 y 2- de la Ley 734 de 2002.
115. Ahora bien, tal y como se expuso en los actos administrativos disciplinarios
acusados, «la doctora Cielo González Villa, en su condición de alcaldesa para la época de
los hechos desconoció el numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, principio de
transparencia, al permitir la ejecución del convenio interadministrativo 110 de 2007 con la
Universidad Surcolombiana, en virtud del cual se contrató la interventoría técnica de los
trabajos correspondientes a 8 contratos de obra pública suscritos por el municipio de Neiva
para la construcción y reparación de vías y para la construcción y adecuación de
edificaciones, a pesar de que la USCO no tenía capacidad técnica para asumir la labor de
interventoría, ni tampoco demostró una experiencia específica; es decir, la disciplinada
desvió o abusó de su poder, pues como responsable de la actividad contractual en el
municipio de Neiva (Huila), para la época de los hechos, ejerció su competencia para un fin
no previsto en la ley, esto es, permitió que unos terceros que a su vez subcontrató la USCO
ejecutaran el convenio interadministrativo 110 de 2007, sin que la administración hubiera
tenido la oportunidad de escogerlos dentro de una selección objetiva e imparcial, en
igualdad de condiciones con quienes hubieran tenido la vocación de participar».
116. Entonces, existe claridad en que los principios consagrados en la Ley 80 de
1993 [que se señalaron como normas violadas] fueron trasgredidos con su obrar al
permitir que se continuara con la ejecución del Convenio 110 de 2007, a pesar de
tener conocimiento de la incapacidad de la USCO para desarrollar el objeto
convenido. Prueba de la incapacidad de la universidad radica en el hecho de que la
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institución educativa subcontrató casi el 90% de la ejecución final del convenio, pues
este se suscribió por un monto de $944.337.792 y finalmente la USCO subcontrató
actividades en cuantía de $828.482.051, lo que da cuenta que la interventoría no
podía ser llevada a cabo por esta.
117. Asimismo, no puede alegarse que el análisis de la falta disciplinaria se limitó a
la suscripción del convenio, respecto de lo cual se había declarado la prescripción,
puesto que tal como se indicó en los actos administrativos disciplinarios, la ejecución
del convenio fue irregular. En el acto administrativo sancionatorio de segunda
instancia se señaló que «dentro de las obligaciones de la universidad se pactó que
ejecutara directamente el convenio a través del personal vinculado por la universidad y que
en caso de que en desarrollo de la ejecución requiera contratar personas naturales y/o
jurídicas o equipos, debe acudir al procedimiento fijado en el estatuto de contratación de la
universidad».
118. En ese sentido, conforme con el mismo convenio, la subcontratación debía ser
una excepción durante su ejecución. Sin embargo, Cielo González Villa [como
responsable de la actividad contractual del municipio] omitió el cumplimiento de sus
deberes funcionales al permitir la ejecución, a pesar de que se subcontrató la labor
en más del 90%. En ese orden, contrario a lo planteado por la parte demandante y
por el Tribunal Administrativo del Huila, en los actos administrativos acusados se
señalaron de manera clara y precisa los deberes infringidos con la actuación de la
exalcaldesa. Por consiguiente, este interrogante ha de resolverse negativamente.
2.8. Quinto problema jurídico: ¿La sanción disciplinaria impuesta a la
demandante es ilegal porque la PGN no tuvo en cuenta al momento de
establecer su culpabilidad que, conforme con la cláusula 7 del convenio,
la supervisión de este correspondía a la Secretaría de Infraestructura y
Vías y no a la alcaldesa del municipio de Neiva, por lo que el control y
vigilancia del desarrollo contractual no hacía parte de sus deberes?
119. En cuanto a los grados de culpabilidad [dolo o culpa], la jurisprudencia
constitucional ha precisado que el legislador adoptó [dentro de su facultad de
configuración en materia disciplinaria] el sistema de numerus apertus porque,
contrario a lo que sucede en materia penal, no se señalan de manera especial qué
comportamientos exigen para su adecuación típica ser cometidos con culpa; de
suerte que, por regla general, a toda modalidad dolosa de una falta disciplinaria le
corresponderá una de carácter culposo, lo que apareja que es el juzgador
disciplinario el que debe establecer cuáles tipos admiten la modalidad culposa a
partir de su estructura38.
120. Este factor de la culpabilidad está expresamente regulado en el artículo 13 de
la Ley 734 de 2002, el cual dispuso que en materia disciplinaria queda proscrita toda
38 Sentencia C-155 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
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forma de responsabilidad objetiva y las faltas solo son sancionables a título de dolo
o culpa.
121. Ello significa [en términos de la jurisprudencia constitucional] que el titular de la
acción disciplinaria no solo debe demostrar la adecuación típica y la antijuridicidad
de la conducta, sino que también le corresponde probar la culpabilidad del sujeto
pasivo. Para esto, debe manifestar razonadamente la modalidad de la culpa39,
principio legal que deriva del mandato señalado en el artículo 29 superior, en virtud
del cual toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado
culpable40.
122. El contenido de los grados de culpabilidad sancionables en materia disciplinaria
[dolo y culpa] puede establecerse41: (i) para el dolo: con el código penal [por
remisión expresa del artículo 21 de la Ley 734 de 2002]; y (ii) para la culpa: con el
parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002 que definió los conceptos de culpa
gravísima [ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de
reglas de obligatorio cumplimiento] y culpa grave [inobservancia del cuidado
necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones].
123. En ese orden, es con el análisis de la culpabilidad que se valora el aspecto
subjetivo de la conducta, pues es este factor el que determina si en un caso concreto
se aplicó o no responsabilidad objetiva y para el cual en nada influye o tiene
importancia [a efectos de responsabilidad] la causación o no de un daño.
124. La modalidad de responsabilidad que se vinculó a Cielo González Villa
provisionalmente en los cargos fue a título de culpa gravísima, en razón a que las
presuntas irregularidades que se le imputaron eran por (i) haber permitido la
ejecución del Convenio Interadministrativo 110 de 27 de abril de 2007, a pesar de
que la USCO no contaba ni con la capacidad técnica, ni con la experiencia
específica, para adelantar la labor de interventoría técnica que le fue encomendada;
y (ii) permitir a la USCO ejecutar el contrato cuando esta no tenía la capacidad
técnica ni de experiencia para hacerlo, lo que conllevó a que tuviese que
subcontratar al menos el 90% de la actividades propias de la interventoría de obras
civiles.
125. Por lo anterior, actuó con abuso de poder porque solamente estaba autorizada
a ejercer sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley y, a su
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia de 19 de
febrero 2015, Rad.11001-03-25-000-2012-00783-00. En esta providencia la Subsección identificó y analizó los
factores que determinan la responsabilidad explicando la forma como estos influyen en la determinación de la
sanción, así como las diferencias en relación con el derecho penal.
40 Sentencia C-155 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
41 Consejo de Estado, Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado. Consejera Ponente: Dra. Sandra Lisset
Ibarra Vélez, Auto de marzo de 2015, radicado 2014-03799-00. ACTOR: GUSTAVO FRANCISCO PETRO
URREGO. En esta providencia la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado analizó el factor
“culpabilidad” y estableció que el contenido de los conceptos culpa grave y culpa gravísima tienen contenido
propio en el artículo 44, parágrafo de la Ley 734 de 2002 mientras que el concepto de dolo debe ser observado
desde el artículo 22 del código penal.
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vez, vulneró el numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y los numerales 1 y 4
del artículo 26 ibidem [principio de responsabilidad] porque no protegió los derechos
de la alcaldía al permitir que subcontratistas, a los que no se les evaluó su idoneidad
y capacidad, fueran los que realizaran la ejecución del 90% del convenio.
126. El hecho de que los estudios previos42 hubieran sido elaborados en la oficina
de planeación y puestos a consideración de la alcaldesa y que la supervisión del
convenio estuviera a cargo de la Secretaría de Infraestructura no constituye un
eximente de responsabilidad como lo alega la parte demandante, habida cuenta de
que, en materia de contratación estatal, la dirección y manejo de toda la actividad
es responsabilidad del representante legal y, en este caso, ese rol lo debía asumir
la disciplinada en su condición de alcaldesa del municipio de Neiva.
127. Con lo anterior no se desconoce que [evidentemente] el ámbito de acción del
representante legal de un ente territorial impone cumplir un sinnúmero de
actividades en las que, dada su complejidad, necesariamente debe mediar un apoyo
de un equipo de trabajo e incluso se debe acudir a las prerrogativas que la ley
confiere cuando se trata de la función administrativa [delegación de tareas], pero
fue el mismo legislador el que impuso la responsabilidad del manejo de la actividad
contractual en los representantes legales de las entidades públicas, como jefe de la
administración local; por consiguiente, ante tal imperativo, el cumplimiento de los
deberes funcionales se maximiza porque siempre estará de por medio en esta
actividad el cumplimiento de los fines de la contratación y el debido manejo de
recursos públicos. En consecuencia, se resuelve negativamente el problema
jurídico.
2.9. Sexto problema jurídico: ¿La sanción impuesta a la exalcaldesa es ilegal
porque la PGN vulneró su derecho al debido proceso, en la medida en
que el procurador general de la Nación, ad portas del inicio de la vacancia
judicial por la semana santa, mediante Resolución 113 del 30 de marzo
de 2012, sin justificación alguna modificó los términos procesales?
128. El artículo 7.7 del Decreto 262 de 2000 confiere al procurador general de la
Nación, la atribución de «expedir los actos administrativos, órdenes, directivas y circulares que
sean necesarias para el funcionamiento de la entidad y para desarrollar las funciones atribuidas por
la ley»; asimismo, el artículo 138 ibidem establece:
«Para todos los efectos legales los días de vacancia son: Los sábados, domingos, los
días festivos, cívicos o religiosos que determina la ley, los de Semana Santa y el día
judicial.
Parágrafo 1. Establécese como día judicial para la Procuraduría General el 17 de
diciembre de cada año.
42 En los que se consideró la contratación de la USCO [y que obviamente fue el primer paso para
que finalmente se permitiera la ejecución del convenio].
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Parágrafo 2. Cuando por razones del servicio sea necesario que los servidores de la
Procuraduría deban laborar en los días de vacancia, el servidor podrá disfrutar, previa
autorización del superior inmediato, de un día de descanso compensatorio por cada
día de vacancia laborado».
129. Si bien la norma precisa que los días de semana santa son de vacancia en la
PGN, es posible que algunos servidores deban laborar esos días por razones del
servicio. Por consiguiente, al tenor del parágrafo 2º de la norma trascrita, es factible
que por estas [definidas en el respectivo acto] el procurador general de la Nación
determine el despacho, las necesidades que ameritan que se debe continuar
laborando en días de vacancia y la finalidad de la medida excepcional de labores.
130. De igual manera, en relación con el punto planteado en la demanda acerca de
la presunta fijación arbitraria de términos procesales, es necesario reiterar que, a
instancias de la Resolución 113 del 30 de marzo de 2012, el procurador general de
la Nación ordenó habilitar los días 2 a 4 de abril de 2012 con el fin de proseguir el
trámite del proceso adelantado en contra de la actora, lo cual incluyó el cómputo del
término para la presentación de los alegatos de conclusión, pues aquel era la
autoridad que tenía la potestad para habilitar términos que -en principio-
correspondían a vacancia.
131. La anterior situación, unida al hecho de que (i) la disciplinada presentó dentro
del término fijado sus alegaciones; (ii) así se verificó cuando se produjo el acto
administrativo disciplinario de primera instancia; y (iii) no hizo manifestación alguna
cuando recurrió la decisión sancionatoria de primera instancia. Por lo tanto, no se
puede anunciar que, con ocasión de tal decisión, se conculcaron los derechos de
contradicción y defensa, así como el debido proceso de la diciplinada.
2.10. Séptimo problema jurídico: ¿La inhabilidad sobreviniente descrita en el
inciso 2 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 era una sanción y fue ilegal
porque solo procedía respecto de faltas dolosas?
132. Se recuerda que el a quo, respecto de la inhabilidad prevista en el numeral 2
del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, expuso lo que sigue:
«En tal virtud, encuentra el tribunal que los supuestos establecidos en el
artículo 38-2 de la Ley 734 de 2002 para la construcción de la inhabilidad allí
contenida no se encuentran satisfechos, pues dicha disposición además de
establecer que las tres sanciones disciplinarias se hubieran impuesto dentro
de los últimos 5 años, también exige que las faltas cometidas sean leves a
título de dolo y como quedara establecido las endilgadas a la disciplinada lo
fueron a título de culpa, lo cual es suficiente para tener como próspero el cargo
invocado.
Es que los requisitos establecidos para la inhabilidad especial sobreviniente
mencionada, no pueden extenderse a las faltas graves en que incurrió la aquí
demandante y que fueron sancionadas a título de culpa, porque con dicha
inhabilidad precisamente se sanciona el dolo o ánimus nocivo del servidor con
la administración, esto es, cuando el agente conoce los hechos constitutivos
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de la falta queriendo su realización o cuando siendo probable su producción
se deja librada al azar en términos del artículo 22 de la Ley 599 de 2000
aplicable por remisión expresa del artículo 21 de la Ley 734 de 2002, sin que
ese hubiese sido el caso de la aquí demandante.
De otra parte, advierte la demandante que la Procuraduría General de la
Nación a la luz del Sistema Interamericano de Derechos Humanos es
incompetente para imponerle la inhabilidad especial sobreviniente del artículo
38-2 de la Ley 734 de 2002 dado que fue elegida popularmente [...].
[...]
Por todo lo expuesto, el Tribunal concluye que frente al derecho convencional
la Procuraduría General de la Nación carecía de competencia para imponer
la sanción de inhabilidad del artículo 38-2 de la Ley 734 de 2002 a la
demandante y ello constituye una razón más para proceder a declarar la
nulidad de los actos demandados, [...].»
133. A su turno, en los recursos de apelación presentados por la entidad demandada
y el agente del Ministerio Público se alegó que (i) la norma no hizo distinción alguna
en cuanto a las faltas graves y, por lo tanto, debía comprenderse que aplicaba para
las dolosas y las culposas; (ii) en las faltas leves sí se incluyó el componente
subjetivo [dolosas]; y (iii) no surgía como consecuencia de una sanción disciplinaria,
sino que su origen era legal.
134. Pues bien, el artículo 37 de la Ley 734 de 2002 previó que las inhabilidades
sobrevinientes se presentaban cuando, al quedar en firme la sanción de destitución
e inhabilidad general o la de suspensión e inhabilidad especial, o cuando se
presentara el hecho que las generaban, el sujeto disciplinable sancionado se
encontraba ejerciendo cargo o función público diferente de aquel o aquella en cuyo
ejercicio cometió la falta objeto de la sanción. En tal caso, se debía comunicar al
nominador para que procediera en forma inmediata a hacer efectivas sus
consecuencias.
135. A su turno, el artículo 38 ibidem estableció «otras inhabilidades» así:
«Artículo 38. Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para
desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:
[...]
2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos
cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas. Esta inhabilidad
tendrá una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria de la última
sanción».
136. En la sentencia C-544 de 2005, la Corte Constitucional examinó la naturaleza
jurídica del numeral 2 del artículo 38 transcrito. En esta oportunidad, el cargo de la
demanda se circunscribió a que quebrantaba el principio del debido proceso porque
sancionaba nuevamente a los servidores públicos que hubieran acumulado un
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número determinado de sanciones disciplinarias, con los cual se dejaba de penalizar
la conducta para sancionar su personalidad.
137. Para efectuar el análisis, la Corte precisó que las inhabilidades «son prohibiciones
de acceso a la función pública»; circunstancias fácticas «cuya verificación le impide al
individuo en el que concurre acceder a un cargo público». A ello adicionó que su finalidad
no era otra que preservar la pulcritud de la administración pública y garantizar que
sus servidores fueran ciudadanos de comportamiento ejemplar, de ahí que su eje
axiomático girara en torno a los intereses de la Administración Pública.
138. A su vez, hizo la distinción entre inhabilidades (i) que se configuran como
consecuencia de concurrir en el individuo circunstancias de naturaleza personal; y
(ii) que tienen un componente sancionatorio porque impiden el acceso a un
determinado cargo cuando se derivan del reproche penal, disciplinario,
contravencional, correccional o de punición por indignidad política de su conducta.
Ello, para señalar que el hecho de que tuvieran contenido sancionatorio no
significaba que perdieran su condición primordial, esto es que seguían siendo
prohibiciones que condicionaban el acceso a cargos públicos en defensa de la
probidad de la Administración y procura de la idoneidad de las personas que los
ocupen. Seguidamente, precisó:
«Este énfasis pretende resaltar que como las inhabilidades de origen
sancionatorio no pierden su condición de inhabilidades, la razón de ser de su
existencia sigue siendo -de manera fundamental- la protección del interés
público, no tanto la represión de la falta. En otras palabras, el hecho de que
la inhabilidad se apoye sobre la sanción no desdibuja la finalidad de la misma,
cual es la de introducir una norma preventiva, de contenido prohibitivo, que
impida que los cargos de manejo de la cosa pública queden en manos de
individuos cuya credibilidad moral o profesional se encuentra en entredicho.
Es esta la razón por la cual la Corte Constitucional ha señalado, ya en varios
pronunciamientos, que los antecedentes disciplinarios –al igual que los
penales- de los aspirantes a ocupar cargos públicos, pueden ser tenidos en
cuenta por el legislador para estructurar las inhabilidades que considere
pertinentes.»43
139. A partir de lo anterior, concluyó que el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 734
de 2002 estableció una prohibición de acceso a la función pública y, si bien es cierto
que tenía una fuente sancionatoria porque devenía de haberse impuesto una tercera
sanción disciplinaria en 5 años, también lo era que surgía como «una medida de
protección de la Administración, que pretend[ía] evitar el acceso a sus cargos de personas
que [hubieran] demostrado una manifiesta incompetencia en el manejo de los negocios que
se les [encomendaban]».
140. A lo anterior agregó que esa inhabilidad «no [era] una sanción» ni establecía otras
43 Para el efecto, citó las sentencias C-111 de 1998, C-209 de 2000, C-373 de 2002, C-617 de 1997,
C-952 de 2001, C-212 de 2001 y C-1212 de 2001.
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nuevas como consecuencia de haberse impuesto la tercera. «Elimin[ó] la posibilidad
de acceder a cargos públicos en un plazo de tres años, pero dicha prohibición, [...] no [podía]
considerarse una cuarta sanción, sino la medida legítima que utiliza[ba] la Administración
para proteger sus intereses y los de la comunidad».
141. Es del caso señalar que en la sentencia SU-070 de 202544 la Corte también
puntualizó que (i) las inhabilidades eran «restricciones a la capacidad jurídica de las
personas para entablar ciertas relaciones jurídicas con el Estado» y constituían requisitos
negativos para el ejercicio de las funciones públicas; (ii) se clasificaban en
sancionatorias45 y no sancionatorias; estas últimas se relacionaban con la
protección de principios y, por lo tanto, no requerían de un juicio punitivo previo,
pues se estructuraban a partir de elementos objetivos atribuibles al candidato a
ocupar el cargo; (iii) asimismo, se clasificaban en previas y sobrevinientes: las
primeras impedían el acceso a la función pública y, las segundas, se verificaban en
el ejercicio del empleo por la firmeza de la decisión administrativa o judicial de
inhabilidad o por la ocurrencia del hecho o la situación que inhabilitaba; (iv) algunas
inhabilidades no revestían de un carácter sancionatorio porque operaban por
ministerio de la ley; en otros términos, «no toda inhabilidad [tenía] carácter
sancionatorio, al existir prohibiciones e inhabilidades que tutela[ban] de diferente manera
bienes, principios o valores constitucionales, sin que [representaran] en sí mismas la
concreción de una sanción ni de una pena».
142. Lo anterior resulta suficiente para desvirtuar el argumento del a quo, pues la
inhabilidad del artículo 38.2 de la Ley 734 de 2002 no constituye una sanción, sino
que opera por ministerio de la ley al cumplirse con los presupuestos allí previstos:
existir 3 o más sanciones por faltas graves o leves dolosas o ambas en los últimos
5 años.
143. Ahora bien, el a quo también consideró que la norma en cita no era aplicable
porque exigía que las faltas cometidas fueran leves a título de dolo y, en el caso, lo
fueron a título de culpa; además, que no podían extenderse a las faltas graves a
título de culpa, pues la inhabilidad sancionaba el dolo.
144. Para resolver este aserto, lo primero que ha de señalarse es que la norma prevé
expresamente que la inhabilidad opera cuando se trata de «faltas graves o leves
dolosas». Obsérvese que las faltas graves se separaron de las leves dolosas a
través de la conjunción disyuntiva «o» que, en términos de la Real Academia
Española, «[d]enota diferencia, separación o alternativa entre dos o más personas, cosas
o ideas»46; de ahí que no se pueda interpretar que la norma incluyó el componente
44 Mediante la cual se dejó sin efectos la sentencia dictada por esta Subsección en el proceso de la
referencia.
45 «[C]orresponden a consecuencias jurídicas establecidas por el legislador cuando “una persona resulta
condenada en procesos de responsabilidad política, penal, disciplinaria, contravencional o correccional, es
decir, cuando el Estado ha ejercido respecto de ella el ius puniendi en cualquiera de sus formas”. La
jurisprudencia constitucional ha establecido que esta clase de inhabilidades se relacionan “directamente con la
potestad sancionadora del Estado”».
46 Diccionario de la Lengua Española. Enlace de consulta: https://dle.rae.es/o
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subjetivo a ambas, pues para ello era necesario que la norma expresamente
insertara la conjunción copulativa «y»47. En ese orden, puede ocurrir que se trate
de faltas graves o leves dolosas o ambas, es decir, puede configurarse cualquiera
de los 3 escenarios.
145. En efecto, al revisar los antecedentes legislativos de la Ley 734 de 2002 se
extrae que, si bien en el proyecto de ley radicado no se incluyó el numeral 2 ahora
analizado, en la proposición sustitutiva al pliego de modificaciones de la ponencia
para primer debate del proyecto de ley 19 de 2000 en el Senado y 129 de 2000 en
la Cámara, se dispuso que la inhabilidad operaría para las faltas graves culposas o
leves dolosas:
«Artículo 38. Otras inhabilidades. También constituyen inhabilidades para
desempeñar cargos públicos, a partir de la ejecutoria del fallo, las siguientes:
[...]
2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos
cinco (5) años por faltas graves culposas, o leves dolosas o por ambas. Esta
inhabilidad tendrá una duración de tres años contados a partir de la ejecutoria
de la última sanción.»
146. Sin embargo, en la «ponencia para segundo debate pliego de modificaciones al
proyecto de ley número 129 de 2000 Cámara, 19 de 2000 Senado» fue modificado en el
sentido de suprimir el adjetivo «culposa»:
«9. El numeral 2º del artículo 38 quedará así:
“2. Haber sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los
últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas, o por ambas.
Esta inhabilidad tendrá una duración de tres años contados a partir de
la ejecutoria de la última sanción”.» [negrilla del texto original]
147. La justificación fue la siguiente: «[t]al como viene aprobado el numeral sólo las faltas
graves culposas generan la inhabilidad, pero no las dolosas del mismo carácter, lo cual
viola el principio de igualdad y sobre todo el de razonabilidad, toda vez que se está
sancionando lo menos grave y se deja de sancionar lo grave».
148. Ello ratifica que, tal como lo sostuvo la entidad demandada, la norma no hizo
discriminación alguna cuando se trata de faltas graves, lo que significa que debe
aplicarse cuando son dolosas y culposas.
149. Ciertamente, en la sentencia T-504 de 2009 la Corte Constitucional precisó que
si en la sentencia C-544 de 2005 se indicó que el eje de la inhabilidad giraba en
torno a los intereses de la administración pública y que a través de ella se impedía
que ingresaran o continuaran personas sin las cualidades y condiciones de
47 Según el Diccionario de la Lengua Española «para unir palabras o cláusulas en concepto
afirmativo». Enlace de consulta: https://dle.rae.es/y?m=form
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idoneidad, probidad y moralidad, sería contrario a ese fin «el que quien [hubiera] sido
sancionado tres veces o más por faltas graves -no importa sin [eran] culposas o dolosas-
pued[iera] continuar en él. Y es que, de hecho, en algunos casos una falta grave culposa
[podía] resultar incluso más lesiva para el interés público que una falta leve dolosa, razón
por la cual parec[ía] por los menos irrazonable que la inhabilidad en comento oper[ara]
frente a quien incurr[iera] en tres o más faltas leves dolosas, pero no frente a quien
incurr[iera] en tres o más faltas graves culposas».
150. De ese modo, la lectura teleológica de la norma permite establecer que el
propósito del legislador era establecer la igualdad cuando se tratara de faltas graves
sin distinción de su calificación, esto es a título de culpa o dolo; de ahí que también
estableciera que la inhabilidad sobreviniera si se trataba de faltas leves, evento en
el cual deben configurarse como dolosas.
151. Ahora, sobre la inhabilidad sobreviniente prevista en el artículo 38.2 de la Ley
734 de 2002, en el fallo dictado el 6 de diciembre de 2012 por la Sala Disciplinaria
se consideró lo siguiente:
«En el numeral anterior se estableció que no era posible agravar la sanción porque,
a pesar de aparecer registrada una sanción disciplinaria consistente en suspensión
de seis meses, esta inició sus efectos jurídicos desde el 31 de agosto de 2009, en
virtud de los fallos proferidos por el despacho del viceprocurador general de la
nación (15 de mayo de 2009) y el procurador general de la nación (19 de agosto de
2009), respectivamente.
Ahora bien, esta Sala Disciplinaria, para el día 19 de julio de 2012, profirió fallo de
segunda instancia en contra de la disciplinada CIELO GONZÁLEZ VILLA, en su
condición de alcaldesa de Neiva. En efecto, dicho fallo fue de carácter sancionatorio,
consistente en la imposición de una sanción de suspensión de dos meses, al
confirmar en su integridad el fallo de primera instancia, proferido por la Procuraduría
Primera Delegada para la Vigilancia Administrativa, decisiones en las cuales se
estableció la responsabilidad por la realización de faltas graves a título de culpa.
Así las cosas, si se tienen en cuenta las dos sanciones por la realización de faltas
graves referidas anteriormente, es un hecho inocultable que con la adopción de la
presente decisión disciplinaria la señora CIELO GONZÁLEZ VILLA completaría tres
sanciones disciplinarias por la realización de faltas graves. En efecto, una vez quede
ejecutoriada la presente decisión, esta tercera sanción consistirá en suspensión de
tres meses por la realización de una falta grave, a título de culpa, amén de la
conversión en salarios que se tenga que hacer, en virtud de lo establecido en el
artículo en el inciso tercero del artículo 46 de la Ley 734 de 2002.
[...]
En ese orden de ideas y en virtud de las tres decisiones a que se han hecho
referencia, es claro que la señora CIELO GONZÁLEZ VILLA quedaría incursa en
una inhabilidad sobreviniente, al tenor de lo establecido en el numeral 2 del artículo
38 del Código Disciplinario Único.» [sic]
152. Por lo anterior, resolvió —entre otras cosas— (i) advertir a la disciplinada que,
una vez ejecutoriada la decisión, se configuraba «la inhabilidad sobreviniente
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establecida en el numeral segundo del artículo 38 del Código Disciplinario Único», por lo
tanto, era necesario que se atendiera el deber impuesto en el artículo 6 de la Ley
190 de 1995 con las precisiones anotadas en la sentencia C-038 de 1996; y (ii)
informar lo anterior al presidente de la República. Nótese que se utilizó el verbo
transitivo «advertir»48 que significa «llamar la atención de alguien sobre algo, hacer notar
u observar»49 y que difiere sustancialmente del verbo «sancionar» que se refiere a «aplicar
una sanción o castigo a alguien o algo» y cuyos sinónimos son castigar, penalizar, condenar,
penar o punir50.
153. Ahora, al revisar el expediente, se encuentran los siguientes documentos:
Proceso Documento Contenido
«[En los antecedentes]
[En las consideraciones] El A quo calificó la falta de la
sancionada a “título de culpa gravísima por desatención
elemental, al omitir el deber de dirección, orientación y
control respecto de las funciones delegadas al Asesor de
Contratación del Despacho”.
Revisando la documentación aportada al plenario, en
Fallo de especial la que conforma el anexo N.° 3, es preciso señalar
segunda que se allegó pruebas documentales relacionadas con las
instancia del actividades ejecutadas por la sancionada CIELO
214- 19 de agosto GONZÁLEZ VILLA para el ejercicio de la función
160851- de 2009 administrativa contractual, de donde se colige que el
2007 dictado por el ingrediente subjetivo que acompaña la culpabilidad de la
procurador falta disciplinaria no corresponde al referido por el A quo
general de la como de “desatención elemental” ingrediente de la culpa
Nación51 gravísima.
[...]
Corolario de lo anterior, es preciso concluir por el Despacho
que la forma de culpabilidad que acompañó la conducta
ejecutada por la disciplinada CIELO GONZÁLEZ VILLA, se
señala en FORMA DEFINITIVA a título de CULPA GRAVE
y no como lo catalogó el A quo, que la consideró como culpa
gravísima [...]».
Fallo de «[Al narrar la decisión de primera instancia] Finalmente
segunda analizó, que se trató de una conducta de estirpe
instancia del eminentemente GRAVE y ejecutada con CULPA, pues
IUS-
19 de julio de contrario a una actitud diferente, lo reprochable en el
400235-
2012 dictado comportamiento de la disciplinada, era la inobservancia al
2009
por la Sala deber objetivo de cuidado que cualquier persona imprime a
Disciplinaria sus actuaciones. De esta forma, concluyó con fundamento
de la PGN52 en los elementos de graduación traídos por la Ley 734 de
48 Y sus sinónimos son: avisar, prevenir, apercibir, insinuar, enseñar, instruir, entre otros. Diccionario
de la Lengua Española. Enlace de consulta: https://dle.rae.es/advertir?m=form.
49 Ibidem.
50 Diccionario de la Lengua Española. Enlace de consulta: https://dle.rae.es/sancionar?m=form.
51 Cuaderno de pruebas 74, folio 11559.
52 Cuaderno de pruebas 74, folio 11640.
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2002, que la sanción a imponer era la suspensión en el
ejercicio del cargo por el término de dos (2) meses, el que
tradujo en salarios conforme al inciso 2º del artículo 46
ídem.
[...]
[En las consideraciones] Así las cosas, atendiendo las
puntuales y determinantes conclusiones del alto tribunal de
justicia, [...] es evidente que se está ante unas
circunstancias de estirpe eminentemente CULPOSAS,
desde luego de naturaleza GRAVES, como así lo precisó el
fallador de primer grado [...] en la medida en que no
solamente se vio comprometida en su imagen, sino que ene
l mismo escenario se desconocieron varios de los principios
que la gobiernan, especialmente el de la eficiencia, eficacia
y economía, lo cual se vio materializado cuando producto
del permiso sindical permanente por dos (2) años a tres (3)
docentes, se creó una distorsión a la protección y amparo
del derecho a la asociación sindical [...].»
154. Y, en el fallo disciplinario del 6 de diciembre de 2012 —aquí cuestionado—, la
Sala Disciplinaria de la PGN expuso:
«Teniendo en cuenta que a la disciplinada se le imputó una falta gravísima
con culpa grave, de conformidad con el numeral 9 del artículo 43 de la Ley
734 de 2002 la falta se considera GRAVE. En concordancia con el numeral 3
del artículo 44, las faltas graves culposas se sancionan con suspensión en el
ejercicio del cargo, en este caso como alcaldesa del Municipio de Neiva
(Huila).»
155. Entonces, se cumple con el supuesto de «haber sido sancionado disciplinariamente
tres o más veces en los últimos cinco (5) años» porque las 3 sanciones se impusieron
en los fallos del 19 de agosto de 2009, 19 de julio y 6 de diciembre de 2012. Lo
mismo ocurre con el requisito consistente en que deben ser «faltas graves o leves
dolosas o por ambas», pues en los 3 casos se trató de faltas graves culposas.
156. En suma, la consideración incluida en el fallo dictado por la Sala Disciplinaria
de la PGN se ajustó a la legalidad, en razón a que, primero, se demostraron los
presupuestos incluidos en el numeral 2 del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 para
que operara la inhabilidad sobreviniente y, segundo, no se trató de una sanción,
sino de la advertencia de su configuración. En consecuencia, el cargo alegado por
la PGN y el Ministerio Público está llamado a prosperar.
2.11. Conclusión
157. Por las razones anotadas en precedencia, la Sala revocará la sentencia dictada
por el Tribunal Administrativo del Huila que accedió a las pretensiones de la
demanda y, en su lugar se negarán, pues no se desvirtuó la legalidad de los actos
acusados y, en lo que respecta a la inhabilidad sobreviniente prevista en el artículo
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38.2 de la Ley 734 de 2002, no es una sanción y opera tanto para las faltas graves
culposas como dolosas.
2.12. Costas
158. El artículo 188 del CPACA prevé que, salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil,
hoy Código General del Proceso.
159. Sobre la aplicación de esta norma, en la sentencia proferida el 1 de diciembre
de 201653, esta Subsección prohijó el siguiente criterio:
«La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es
entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar,
mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la sentencia sobre
la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).
En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas
siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso
a una aplicación razonable de la norma.
Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de
las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la
carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición
o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se
aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el
desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).»
160. No evidencia la Sala que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe, ni
se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal,
razón por la cual no se condenará en costas en ninguna instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
53 Subsección B, expediente 1908-2014.
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Demandante: Cielo González Villa
RESUELVE
Primero. Revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el
3 de diciembre de 2018, por medio de la cual dispuso conceder parte de las
pretensiones de la demanda. En su lugar, se dispone:
Segundo. Negar las pretensiones de la demanda presentada por Cielo González
Villa contra la Procuraduría General de la Nación, por las razones expuestas en la
parte considerativa de esta decisión.
Tercero. Sin condena en costas en ambas instancias.
Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.
Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
Aclara el voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
PTH
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