Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2015-00090-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2015-00090-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2015-00090-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 41001-23-33-000-2015-00090-01 (2121-2021)
Demandante: Antonio María Salgado Alvarado
Demandada: E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
Tema: Régimen de cesantías con retroactividad. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 2 de marzo de 2021 por el Tribunal Administrativo del Huila,
que negó las pretensiones de la demanda.
ANTECEDENTES
El señor Antonio María Salgado Alvarado, instauró demanda contra el Hospital
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que
se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del Oficio G0258 del 23 de octubre de 2014, a través del
cual el gerente del Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo negó la
reliquidación y pago del mayor valor que resulta de lo efectivamente reportado y
pagado por el Fondo Nacional del Ahorro respecto de las cesantías retroactivas.
Que a título de restablecimiento del derecho, se condene a reconocer y pagar tal
diferencia, la sanción moratoria de que tratan las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006
por el pago inoportuno de las cesantías, indexar las sumas adeudadas tomando
como base la variación del IPC desde la fecha en que se hizo exigible hasta que se
haga efectivo el pago; dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 189 192 y 195 del CPACA; y condenar en costas al demandado.
Radicación: 41001-23-33-000-2015-00090-01 (2121-2021)
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que pueden resumirse de la siguiente
manera:
Que laboró de manera ininterrumpida en la ESE Hospital Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo desde el 29 de julio de 1976 hasta el 31 de noviembre de
2011. Que desde su ingreso fue beneficiario del régimen de cesantías retroactivas.
Que se afilió al Fondo Nacional del Ahorro, cuya vinculación no eliminó el régimen
que lo cobijaba del cual disfrutaba para el 25 de mayo de 2000.
Que finalizada la relación laboral con la entidad demandada, esta no reconoció las
cesantías conforme al régimen retroactivo, razón por la que el 7 de octubre de 2014,
solicitó la reliquidación y pago de la prestación. Que mediante acto administrativo
contenido en el Oficio G0258 del 23 de octubre de 2014 la demandada resolvió de
forma negativa.
Que la entidad incurrió en mora al no liquidar y pagar las cesantías definitivas
conforme al régimen de retroactividad una vez terminó la relación laboral.
Que no ha renunciado al régimen de retroactividad, según se desprende del Oficio
G0263 del 5 de noviembre de 2014 emitido por el hospital.
Que no suscribió convenio alguno con fondos privados en el que se precise
claramente las obligaciones de las partes, incluyendo la periodicidad y la
responsabilidad de la misma por la diferencia que resultara de la retroactividad de
las cesantías de los trabajadores que se encontraban en dicho régimen.
Que la demandada nunca giró los recursos respectivos al Fondo Nacional del
Ahorro para el pago del pasivo prestacional de los servidores del sector salud.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 15 de mayo de 2015 y notificada a la
demandada, la cual se opuso a las pretensiones expresando que el demandante no
es beneficiario del régimen de retroactividad, dado que la relación laboral inició el
29 de julio de 1976 cuando ya se encontraba vigente el sistema anualizado de
cesantías. Que el hecho de ser un empleado de nivel nacional no le permitía
reclamar las prerrogativas aplicables a los servidores públicos del nivel territorial.
Propuso las excepciones de inexistencia de los requisitos para pertenecer al
régimen de cesantías retroactivo; inexistencia de los requisitos para la configuración
de la sanción moratoria, falta de legitimación en la causa por pasiva y de oficio las
que el juez encuentre probadas.
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Se celebró audiencia inicial el 5 de mayo de 2016, en la cual se fijó el litigio y luego
de agotado el período probatorio y de dar traslado a las partes para que alegaran
de conclusión, se dictó sentencia, la cual fue apelada oportunamente por la parte
demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia del 2 de marzo de 2021
negó las súplicas de la demanda sin condena en costas. Advirtió que los empleados
públicos del sector salud, nivel territorial, vinculados antes de la entrada en vigencia
de la Ley 10 de 1990, por regla general, son beneficiarios del régimen de
retroactividad siempre que no se encuentren afiliados al Fondo Nacional del Ahorro.
Que, con base al material probatorio obrante en el proceso, al demandante no le
asiste derecho a la reliquidación de sus cesantías conforme al régimen retroactivo;
dado que mientras estuvo vigente su vinculación permaneció afiliado al FNA por
mandato legal y recibió el pago anualizado de sus cesantías.
Que desde la creación del fondo en 1989 debían afiliarse todos los servidores
públicos nacionales, calidad que ostentaba el señor Salgado Alvarado, dado que la
entidad demandada integraba el sistema nacional de salud bajo las directrices y
disposiciones del entonces Ministerio de Salud Pública, razón por la que no era
necesario consentimiento alguno para vincularse, pues se trataba de una
disposición de obligatorio cumplimiento. En consecuencia, señaló que las
pretensiones no estaban llamadas a prosperar.
RECURSO DE APELACIÓN
El demandante manifestó su inconformidad, expresando que el Tribunal omitió
pronunciarse de fondo frente a los argumentos de la demanda y los alegatos de
conclusión que, desvirtúan la tesis sobre la cual se edificó la decisión apelada.
Que en esa oportunidad manifestó que en un proceso similar al que se estudia, el
Ministerio de Hacienda al dar respuesta a una prueba que se decretó, aclaró que
suprimido el Fondo del Pasivo Prestacional para el Sector Salud, a la financiación
de lo adeudado al 31 de diciembre de 1993 asistirían mediante contratos de
concurrencia la Nación, las entidades territoriales y las instituciones hospitalarias
públicas y privadas; y que lo causado con posterioridad debía ser asumido en su
totalidad por el empleador.
Que, en concordancia con lo señalado por el Ministerio, estuvo afiliado al Fondo
Nacional del Ahorro con anterioridad al 31 de diciembre de 1993, por lo que el pasivo
prestacional que se produjo después de dicha fecha está a cargo del hospital
demandado.
Que, en el acto administrativo cuestionado, la misma entidad reconoció que la
liquidación al fondo era como empleado perteneciente al Ministerio de Salud
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Pública, Servicio Seccional de Salud, Hospital General de Neiva, luego la
vinculación del demandante al FNA no eliminó el régimen de cesantías que lo
cobijaba, razón por la que continuaría disfrutando del mismo hasta la terminación
de la relación laboral.
Que no hay una renuncia expresa al régimen invocado. Que la demandada no
reportó los pasivos, ni giró los recursos respectivos en virtud de algún contrato de
concurrencia para el pago del pasivo prestacional de los servidores de sector salud
por ese concepto.
Finalmente, advirtió que al ser beneficiario del régimen de cesantías retroactivas
desde su ingreso y vinculado al Fondo Nacional del Ahorro para efecto de las
mismas, no le resulta aplicable el sistema de liquidación anual previsto en el Decreto
3118 de 1968 y la Ley 344 de 1995.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
Se admitió el recurso mediante providencia del 22 de julio de 2021 y por no haber
pruebas que decretar, no se hizo necesario otorgar el término de traslado para
alegar de conformidad con lo establecido en la Ley 2080 de 2021 en su artículo 67
numeral 5 que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
El Agente del Ministerio Público no rindió concepto.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
El problema jurídico a resolver es el de definir si el señor Antonio María Salgado
Alvarado tiene derecho a la reliquidación de sus cesantías definitivas conforme al
régimen de retroactividad previsto en la Ley 6.ª de 1945 así como a la sanción
moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
Régimen de cesantías aplicable a los empleados públicos
La Ley 6.ª de1945 estableció, a favor de los empleados y obreros nacionales de
carácter permanente, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo
o jornal por cada año de servicio. Prerrogativa que se extendió a los empleados
territoriales y municipales mediante el Decreto 2767 de 1945 y la Ley 65 de 1946.
El Decreto 1160 de 1947 en su artículo 6.º señaló que para liquidar las cesantías se
toma como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido modificaciones
en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo devengado en los
últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si fuere menor a ese lapso.
El Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro de los objetivos
que estableció para la administración de sus recursos, fijó los siguientes: «pagar
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oportunamente el auxilio de cesantías a empleados públicos y trabajadores
oficiales»1, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria» 2. Con tales
finalidades, el artículo 3.º del decreto en mención determinó que las cesantías de
los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios,
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y
Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas
al Fondo. Igualmente, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de Previsión
Social realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de
los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.
Con los artículos 27, 28 y 33 de la norma citada se empezó a desmontar el régimen
de retroactividad de cesantías, disponiéndose la liquidación anual y la liquidación
definitiva por la porción de tiempo laborada durante el año del retiro, así como el
reconocimiento de intereses anuales del 9%, liquidados al 31 de diciembre de cada
año, sobre el saldo que figure a favor de cada empleado.
La Ley 344 de 1996, generalizó el sistema de liquidación anual del auxilio de
cesantías para los servidores públicos, al consagrar, en su artículo 13:
Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo
estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente
Ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado
tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías
por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre
cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no
sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo;
(negrilla de la Sala).
La norma vigente a la fecha de expedición de la citada, que estableció el régimen
anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo 99 consagró:
Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las
siguientes características:
1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía,
por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual
o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre
el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año
o en la fracción que se liquide definitivamente.
3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de
febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el
1 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
2 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.
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fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo
señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.
4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los
pagará directamente con los intereses legales respectivos. (Negrilla de la
Sala).
El Decreto 1582 de 1998 reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de
la Ley 432 de 1998, y precisó que la norma a la que debía remitirse a efecto de la
liquidación anual del auxilio de cesantías de quienes se afilien a fondos privados es
la Ley 50 de 1990, en sus artículos 99, 102 y 104, y para liquidar las cesantías de
los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, es la Ley 432 de 1998, artículo 5.º y
siguientes.
No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior al
31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se les
continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías
consagrado en normas anteriores 3.
En todo caso, se abrió la posibilidad de que tales servidores públicos4 se acogieran
al régimen anualizado de liquidación de cesantías y para este efecto debían
proceder en la forma descrita en el artículo 3.º del Decreto 1582 de 1998, que es la
siguiente:
Artículo 3º.- En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad,
que decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá
de la siguiente forma:
a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la
fecha de la solicitud de traslado;
b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora
seleccionada por el trabajador;
c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales
podrán emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a
este régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las
cesantías, con las características que se señalan más adelante, previo el
cumplimiento de los trámites legales necesarios para su expedición (se
resalta).
Además, a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación retroactiva
de cesantías se les continúa respetando este, por virtud de lo dispuesto en los
artículos 2.º del Decreto 1252 de 2000 5 y 3.º del Decreto 1919 de 2002 6.
3 Es decir, el sistema de liquidación retroactiva, consagrado en Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley
65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947.
4 Aquellos que tuviera vinculación laboral anterior a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996.
5 «Artículo 2.- Los servidores públicos que a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del régimen de cesantías
retroactivas continuarán en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral en el organismo o
entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional.»
6 «Artículo 3.- Los empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad de cesantías
continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000.»
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Régimen de cesantías de los servidores públicos del sector salud
Como primera cuestión, se debe recordar que el Sistema Nacional de Salud en
Colombia se administraba de manera centralizada, por tanto, las entidades de salud,
así como sus empleados, se encontraban en dependencia administrativa y
financiera de la Rama Ejecutiva.
Ahora, los empleados públicos de las entidades que componen los Servicios
Seccionales de Salud, vinculados con anterioridad a 1990 son del orden territ orial,
así lo definió la jurisprudencia del Consejo de Estado 7 al señalar que «los Servicios
Seccionales de Salud son dependencias administrativas de los Departamentos y sus
servidores son empleados departamentales», y, por tanto, sus cesantías se liquidan de
acuerdo a lo previsto en las Leyes 6ª de 1945 y 65 de 1946, es decir con el régimen
retroactivo, tal como se analizó en el acápite anterior.
Lo anterior es coherente con el artículo 30 de la Ley 10 de 1990 8 en la que se precisó
que a partir de la vigencia de esta norma «[a] los empleados públicos del sector de
la salud de las entidades territoriales y de sus entes descentralizados, se les aplicará
el mismo régimen prestacional de los empleados públicos del orden nacional.». Esto
significa que, previo a esta ley, los empleados territoriales del sector salud aún eran
beneficiarios del régimen de cesantías retroactivo, sin embargo, con el desmonte
gradual del mencionado régimen pasarían a la liquidación y consignación de
cesantías de manera anualizada, situación ratificada con la expedición de las Leyes
60 y 100 de 1993.
De otra parte, y con el fin de garantizar el pago por concepto de cesantías, reservas
para pensiones y pensiones de jubilación en favor de los servidores pertenecientes
a las entidades de salud del sector oficial, del subsector privado sostenido y
administrado por el Estado, de las entidades de naturaleza jurídica indefinida pero
igualmente sostenidas por el Estado, se creó el Fondo Prestacional del Sector
Salud. La Ley 60 de 1993 9 En el artículo 33 parágrafo 2.° dispuso:
«[…] El Gobierno Nacional y los Gobiernos Departamentales, Distritales y Municipales
podrán emitir bonos de reconocimiento u otros títulos de deuda pública para pagar el
pasivo prestacional según reglamento que para el efecto se expida. Los pagos del
pasivo prestacional por cesantías y pensiones podrán ser hechos a los fondos privados
de cesantías y pensiones, a las cajas de previsión, al Instituto de los Seguros Sociales
o a los fondos territoriales que para el efecto se creen, y en todos los casos se entenderá
que en la fecha de los pagos del pasivo prestacional causado se interrumpe cualquier
retroactividad con cargo a la Nación, a las entidades territoriales o a la entidad de
prestación de servicios de salud que corresponda […]». (se resalta)
La Ley 100 de 1993 se refirió el aludido fondo, y en su artículo 242 señaló que éste
asumiría el costo adicional generado por concepto de la retroactividad de las
cesantías del sector salud, así:
7
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Expediente C-231. Sentencia de
4 de mayo de 1993.
8
«Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones».
9
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos
151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones».
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«[…] El fondo del pasivo prestacional para el sector salud, de que trata la Ley 60 de
1993, cubrirá las cesantías netas acumuladas y el pasivo laboral por pensiones de
jubilación causado a 31 de diciembre de 1993.
El costo adicional generado por concepto de la retroactividad de cesantía del sector
salud que a la vigencia de esta ley tienen derecho a ello, conforme al artículo 33 de la
Ley 60 de 1993, y para los fines previstos en ésta, será asumido por el fondo del pasivo
prestacional y las entidades territoriales, en los plazos y términos de concurrencia que
establece la misma ley.
A partir de la vigencia de la presente ley no podrán reconocerse ni pactarse para los
nuevos servidores del sector salud, retroactividad en el régimen de cesantía a ellos
aplicable.
[…]
PARÁGRAFO: Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, entiéndese
por cesantías netas, las cesantías acumuladas menos las pagadas a 31 de diciembre
de 1993 […]».
Esta normativa fue reglamentada inicialmente por el Decreto 530 de 1994, el cual
fue derogado por el Decreto 306 de 2004 que previó, entre otros aspectos, que a
partir de su vigencia y con motivo de la extinción del mentado fondo, sería el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público la entidad encargada de reconocer lo
adeudado en razón de las obligaciones derivadas para el sector salud bajo el
esquema del pasivo en comento, tal como se extrae del artículo 3.° que reza:
«Artículo 3°. Reconocimiento del pasivo prestacional. El pasivo prestacional que a la
entrada en vigencia del presente decreto aún no hubiere sido reconocido por el entonces
Ministerio de Salud en calidad de administrador del extinto Fondo del Pasivo
Prestacional del Sector Salud, será reconocido por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público mediante acto administrativo.
Para continuar con la ejecución de los contratos de concurrencia que fueron suscritos
por el Ministerio de Salud antes de entrar en vigencia la Ley 715 de 2001 y para la
suscripción de los nuevos contratos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá:
a) Revisar los cálculos actuariales de cada institución hospitalaria teniendo en cuenta
únicamente el pasivo legal calculado a 31 de diciembre de 1993;
b) Revisar y modificar las certificaciones de beneficiarios expedidas por el entonces
Ministerio de Salud verificando que los reconocimientos prestacionales estén ajustados
a las normas legales y convencionales que regían a la fecha del cálculo del pasivo para
cada una de estas instituciones;
c) Expedir o modificar los actos administrativos de reconocimiento del monto del pasivo,
de beneficiarios y de porcentajes de concurrencia;
d) Establecer o modificar en concertación con los entes territoriales, los plazos y los
mecanismos para el pago de las obligaciones;
e) Celebrar los contratos que se encuentran pendientes o suscribir los modificatorios de
los que se encuentran en ejecución, de acuerdo con las revisiones efectuadas. En los
convenios o sus modificatorios deberán incluirse los mecanismos de actualización de
los montos de la concurrencia a la fecha de pago de las mismas.
Parágrafo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá reconocer, suscribir
contratos y pagar el pasivo prestacional de cesantías y pensiones en actos separados.
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Igualmente, el Ministerio podrá hacer contratos donde se incluyan parcialmente
beneficiarios ya reconocidos.»
Se observa que el régimen de retroactividad en la liquidación de las cesantías de
los empleados del sector salud, culminó efectivamente con la entrada en vigor del
Régimen de Seguridad Social diseñado en la Ley 100 de 1993, la cual previó en su
artículo 242, que dicha carga económica adeudada hasta el 31 de diciembre de
1993, sería asumida por el Fondo del Pasivo Prestacional administrado por el
Ministerio de Salud, sin embargo, como se aclaró con antelación, en razón del
Decreto 306 de 2004, desde el 2 de febrero de 2004 cuando éste fue proferido, el
responsable de tales pagos sería el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, pero
solo en lo atinente a la cobertura de las obligaciones contraídas en su momento por
el aludido fondo.
De lo expuesto, se colige que:
i) por regla general el auxilio de cesantía de los empleados públicos y trabajadores
oficiales del sector salud del nivel territorial, vinculados con anterioridad a la entrada
en vigencia de las Leyes 10 de 1990 y 100 de 1993, se liquida con el régimen de
retroactividad, es decir, con base en el último salario devengado al momento de la
desvinculación de la entidad o de la liquidación parcial de cesantías, según sea el
caso, y cuyo pago estaba a cargo del Fondo de Pasivo Prestacional del Sector Salud
o del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con posterioridad al año 2004;
ii) o con el sistema de liquidación y manejo de las cesantías desarrollado en la
normativa que regula lo referente al Fondo Nacional del Ahorro, esto es, el Decreto
3118 de 1968, solo para aquellos empleados (en este caso del sector salud), que
hubiesen sido afiliados a aquella entidad antes del 23 de diciembre de 1993 cuando
fue promulgada la Ley 100 de 1993.
Caso concreto
Se encuentran establecidos los siguientes hechos:
Que mediante la Resolución 650 del 29 de julio de 1976 10 el señor Antonio María
Alvarado Salgado fue nombrado en el cargo de médico cirujano del Hospital General
de Neiva y tomó posesión en la misma fecha, según acta visible a folio 133 11.
Que a través de la Resolución 0582 del 12 de julio de 2011 12 el gerente del hospital
aceptó la renuncia presentada por el servidor, a partir del 1.° de noviembre del
mismo año.
Que las liquidaciones del auxilio de cesantías efectuadas por el Hospital General de
Neiva13 y los extractos de cesantías expedidos por el Fondo Nacional del Ahorro 14
dan cuenta de que la entidad realizó los aportes anuales por concepto de cesantías
a favor del demandante, por las vigencias fiscales 1976 a 2011, en diferentes
cuantías, dineros sobre los cuales el mentado Fondo reconoció y abonó en su
10 Folio 29 del cuaderno principal.
11 Cuaderno N.°1 de pruebas.
12 Folio 618 del cuaderno N.° 4 de pruebas.
13 Folios 99, 108, 156, 163, 180, 208, 225, 252 y 258 de los cuadernos 1 y 2 de pruebas. Folios 497, 514, 518
del cuaderno N.° 3 de pruebas.
14 Folios 49 a 55 del cuaderno principal. Folios 411 a 414; 437 a 440; 456 a 459; 461 a 464 del cuaderno N.° 3
de pruebas.
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cuenta los intereses en vigencia del Decreto 3118 de 1968, de dichos documentos
también se advierten sumas por concepto de retiros/ reintegros.
Del extracto interno de cesantías del 24 de mayo de 1999 signado por el Hospital
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo (folio 49 del cuaderno principal), se
vislumbran los aportes anuales realizados a favor del señor Salgado Alvarado, entre
los años 1972 a 1994, total de reportes: $2.062.799; ii) Saldo intereses del Decreto
3118 de 1968 $2.879.0056, iii) intereses de la Ley 432 $0; iv) total protección: $0.
Los retiros efectuados por el demandante sumaron $4.941.855, lo cual evidenció un
saldo al 24 de mayo de 1999 de $0.
Del extracto individual de cesantías fechado 3 de abril de 2013 expedido por el
Fondo Nacional del Ahorro (folios 51 a 53 del cuaderno principal, se advierten los
aportes anuales realizados por las vigencias 2004 a 2011, y para el 12 de julio de
2011 aparece un retiro por el valor de $71.959.346 con un saldo de $0.
Mediante escrito del 7 de octubre de 2014 (folio 20), el señor Antonio María Salgado
Alvarado peticionó ante la entidad demandada, lo siguiente:
«[…] Solicito que me sean consignadas (sic) el valor de las cesantías que no me han
pagado y que se me deben desde mi posesión en julio de 1976 hasta diciembre de
1993, base dela (sic) reliquidación obligatoria con su debida indexación e interese (sic)
de mora, según lo ordenado por sentencia Del (sic) Consejo de Estado en su Sala de
lo Contencioso Administrativo, según sección segunda, subsección “B” No. 44011-23-
31-000-00711-01 (5329-02) del 3 de agosto de 2006 con Magistrado Ponente le (sic)
Dr. Alejandro Ordoñez Maldonado […]».
La entidad demandada dio respuesta de forma negativa a la referida petición a
través de Oficio G-0258 del 23 de octubre de 2014 (folios 21 a 27 del cuaderno
principal), expedido por el gerente del mentado hospital, ello conforme a los
siguientes argumentos:
«[…] Que revisada la hoja de vida del Doctor Antonio María Salgado Alvarado se
establece que el Doctor Salgado fue nombrado en la Entidad Hospitalaria por medio
de la resolución (sic) No. 650 en la fecha del 29 de julio de 1976, se encuentra que
desde el momento de la vinculación (1976), se aplicó el régimen de liquidación anual
conforme a lo estipulado en el Decreto 3118 de 1968, con la correspondiente
cancelación de los beneficios consagrado en la norma, respecto del cual no ha
formulado inconformidad con ese esquema
Cabe anotar y así aparece en los diversos formatos de liquidación del auxilio de
cesantía, que obra en la hoja de vida, la liquidación al Fondo era como empleado
perteneciente al MINISTERO DE SALUD PÚBLICA SERVICIO SECCIONAL DE
SALUD, HOSPITAL GENERAL DE NEIVA HERNANDO MONCALEANO
PERDOMO, que en esta materia se regía por los dispositivos legales del nivel
nacional, además al materializarse el acto de nombramiento y posesión, por tratarse
de un acto condición, se aceptó el régimen que en esa materia resultaba aplicable
a estos servidores.
En consecuencia y por corresponder a un régimen en materia prestacional
concordante con el Régimen Nacional, al tenor de lo contemplado en el Decreto
1919 de 2002, que ratifica la aplicación de esas disposiciones en el caso de los
Servidores Públicos de las Empresas Sociales del Estado y por pre existir esa
vinculación al FONDO NACIONAL DE AHORRO, y gobernarse la relación laboral
en ese asunto por las disposiciones invocadas, se NIEGA las PRETENSIÓNES (sic)
INCOADAS. […]».
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El Tribunal Administrativo del Huila advirtió en la sentencia que, el vínculo del
demandante era de orden nacional dado que la entidad demandada integraba el
sistema nacional de salud bajo las directrices y disposiciones del Ministerio de Salud
Pública y por ello era obligatorio afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro, argumento
que también sirvió de fundamento para negar las pretensiones de la demanda.
Punto que fue apelado por el señor Salgado Alvarado.
Al respecto, esta Corporación, en sentencia del 17 de febrero de 2011 15discutió el
derecho a la liquidación de las cesantías bajo el régimen retroactivo de un empleado
del sector salud vinculado a una Dirección Seccional de Salud, en la cual se indicó
que los Servicios Seccionales de Salud son dependencias administrativas de los
departamentos y por ende sus servidores son empleados departamentales.
En la misma providencia se indicó que en virtud de lo dispuesto en el Decreto 706
de 1974 los servicios seccionales de salud tienen origen en los contratos celebrados
entre la Nación, el Ministerio de Salud y el respectivo Departamento, Intendencia,
Comisaría, Distrito Especial de Bogotá; las correspondientes Beneficencias y
Loterías, razón por la que no se les puede considerar como un organismo integrante
de la Rama Ejecutiva, puesto que no se asimila a los previstos en el artículo 1.° del
Decreto 1050 de 1968 16.
En conclusión, manifestó que: «[…] el hecho de que los Servicios de Salud a nivel
Territorial hayan funcionado como dependencias técnicas del Ministerio de Salud (art. 8
Dcto 056/75), no es óbice para catalogar a los Empleados Públicos de la Planta de Personal
como del Orden Nacional, pues no existen en la Estructura del Estado como una entidad
adscrita o vinculada […]».
Es por eso que, contrario a lo sostenido por el Tribunal, el demandante no tenía la
calidad de servidor público nacional, pues, como se explicó se trata de servidores
departamentales a los que con la entrada en vigencia de la Ley 432 de 1998 no se
les impuso la obligación de vincularse al FNA. Por lo que este no sería un argumento
para excluir al demandante del régimen pretendido.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Expediente: 440012331000200300906-02 (0553-2010)
16 16
INTEGRACION Y FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL.
ARTICULO 1. DE LA INTEGRACION DE LA RAMA EJECUTIVA. La Rama Ejecutiva del Poder Público, en lo
nacional, se integra con los siguientes organismos:
a) Presidencia de la República;
b) Ministerios y Departamentos Administrativos;
« c) Superintendencias,
d) Establecimientos Públicos.
La Presidencia de la República y los Ministerios y departamentos Administrativos son los organismos principales
de la Administración; los demás les están adscritos y cumplen sus funciones en los términos que señale la Ley,
bajo la orientación y control de aquellos.
Además, el Gobierno, previa autorización legal, podrá organizar unidades administrativas especiales para la
más adecuada atención de ciertos programas propios ordinariamente de un Ministerio o Departamento
Administrativo, pero que, por su naturaleza, o por el origen de los recursos que utilicen, no deban estar
sometidos al régimen administrativo ordinario.
Como organismos consultivos o coordinadores, para toda la Administración o parte de ella, funcionarán con
carácter permanente o temporal, y con representantes de varias entidades estatales y, si fuere el caso, del
sector privado, los que la Ley o el Gobierno determinen. En el acto de constitución se indicará a cual de los
entes administrativos ordinarios quedarán adscritos tales organismos.
PARAGRAFO. Las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta están
vinculadas a la Administración y sujetas a su orientación, coordinación y control, en los términos de las leyes y
estatutos que las rijan».
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Radicación: 41001-23-33-000-2015-00090-01 (2121-2021)
Aclarada la situación expuesta, se encuentra que el demandante prestó sus
servicios para el Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, como
médico cirujano desde el 29 de julio de 1976 hasta el 30 de octubre de 2011 (folio
577 del cuaderno N.° 3 de pruebas).
Según el extracto histórico de sus cesantías, desde el año 1976 hasta el 2011, de
manera ininterrumpida, le fueron consignadas en la cuenta individual que figura a
su nombre en el Fondo Nacional del Ahorro. Asimismo, se observa que, el
demandante durante ese período realizó retiros parciales entre los años 1972 a
1994. Que el último retiro que se reporta es del 12/07/2011 por concepto de pago
de cesantías en un total de $71.959.346.
De lo anterior, se advierte que al señor Antonio María Salgado, no le asiste el
derecho a la reliquidación de las cesantías definitivas conforme al régimen
retroactivo de la Ley 6ª de 1945, toda vez que si bien se vinculó a la ESE Hospital
Hernando Moncaleano Perdomo, con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 100 de 1993, que prohibió pactar retroactividad en el régimen de cesantías de
los empleados del sector salud, aquel desde su vinculación estuvo afiliado al
sistema de liquidación y manejo de las cesantías desarrollado en el Decreto 3118
de 1968 que regula lo referente al Fondo Nacional del Ahorro, es decir, un sistema
de liquidación anual de dicha prestación.
La anterior situación es corroborada por los extractos expedidos por el Fondo
Nacional del Ahorro de los cuales se desprende que, en su condición de empleado
de la entidad demandada, se le reportaron las cesantías anualmente desde que
inició su relación laboral en el sector de la salud y en esa medida no es beneficiario
del régimen retroactivo de cesantías señalado en la Ley 6ª de 1945 y demás normas
concordantes.
Ahora, pese a que no obra en el expediente manifestación expresa de su voluntad
de pertenecer a ese sistema, tal como lo señaló en el recurso de apelación, lo cierto
es que el demandante fue notificado de las liquidaciones anuales que efectuó el
hospital, citadas previamente, y además realizó retiros parciales directamente del
Fondo Nacional del Ahorro, lo que permite inferir que conocía de la vinculación al
fondo, acogiéndose por tanto a las reglas y disposiciones que lo regulan.
Sobre el particular, la Sección Segunda se ha pronunciado17, en el sentido de
aclarar que, aunque en principio era procedente el reconocimiento de las cesantías
bajo el régimen de retroactividad, las actuaciones del empleado al retirar
ocasionalmente sus cesantías del Fondo Nacional del Ahorro y no mostrar
inconformidad alguna sobre tal administración, conllevan a aceptar la aplicación del
régimen anualizado.
Al respecto, se pone de presente lo resuelto en sentencia de 14 de agosto de
202018:
« Aclarada como está la condición de los demandantes, esto es, que son empleados del
orden territorial, corresponde a la Sala establecer cuál es su régimen de cesantías, para
lo cual resulta indispensable traer a colación que todos ellos se vincularon antes de la
17 Al respecto véanse las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda del 5 de abril de 2017, radicado:
41001233300020130013501 (4402-2014); del 26 de abril de 2018, radicado: 4001233300020150004101(0261-
2017) y del 17 de junio de 2021, radicado 54001233300020160016401 (0557-2019).
18 Consejo de Estado, Sección Segunda. Subsección B. Expediente: 44001-23-33-000-2014-00029-01 (1557-
2016).
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entrada en vigor de la Ley 10 de 1990, por lo que, en principio, el referido auxilio se
liquidaría con retroactividad, de no ser porque optaron por afiliarse al Fondo Nacional
del Ahorro, motivo por el cual deben acogerse a ese sistema de liquidación y manejo de
cesantías.
La Sala arriba a la anterior conclusión por el material probatorio allegado al proceso,
específicamente de los extractos del Fondo Nacional del Ahorro (ff. 244 a 281), según
los cuales, a pesar de no obrar manifestación expresa de su voluntad, los demandantes
estuvieron de acuerdo con tal afiliación, en la medida en que desde antaño conocieron
su situación e hicieron retiros parciales de sus cesantías directamente de aquel, lo que
conlleva inferir que se acogieron a las reglas y disposiciones que lo reglamentan».
En ese orden, la Sala advierte que, el demandante durante toda su vinculación
laboral se favoreció de la liquidación de sus cesantías prevista en el Decreto 3118
de 1968, teniendo plena conciencia de que estas se encontraban en el Fondo
Nacional del Ahorro, aunado a ello, efectuó retiros parciales de su auxilio de
cesantía y durante la prestación de sus servicios hasta el año 2011 no se opuso al
régimen aplicado. De esta forma, no le asiste derecho a la reliquidación de las
cesantías, tal como lo indicó el a quo.
Finalmente, y en lo que respecta a la pretensión de la sanción moratoria, la Sala
considera que no hay lugar a pronunciarse sobre este punto en tanto que la parte
demandante no tiene derecho a la reliquidación reclamada.
Para la Sala la conclusión a la que arribó el juez de primera instancia se encuentra
ajustada a derecho, lo que implica que el fallo objeto de la alzada será confirmado
De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art.188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el proceso
que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante analizar si las
partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala fe, no obstante,
dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47 de la Ley 2080 de
2021, en el que se indica que la condena en costas es viable, siempre y cuando se
acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A aclara que adoptará una nueva postura en la cual, en las sentencias
proferidas a la luz de la nueva normativa se deberá analizar la conducta realizada
por las partes en el proceso, entre ello, si se presentó o no, carencia de
fundamentación jurídica conforme a lo señalado en el inciso 2° del art.188 de la Ley
1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio enunciado, se observa de los fundamentos
del recurso de apelación que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte demandante en su
escrito manifestó argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses, en
consecuencia, no se impondrá condena en costas en esta instancia.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 2 de marzo de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Huila, que negó las pretensiones de la demanda.
Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia por lo brevemente
expuesto.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
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