Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2015-00128-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2015-00128-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2015-00128-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
28 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2015-00128-01 (7295-2023)
Demandante: Guillermo Cabrera Falla
Demandado: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo de Neiva
Tema: régimen de cesantías aplicable a los empleados públicos. Subtema 1:
régimen de cesantías de los servidores públicos del sector salud.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 22 de noviembre de 2022, por el Tribunal Administrativo del Huila, que
negó las pretensiones de la demanda.
1. Síntesis del caso
El señor Guillermo Cabrera Falla promovió el presente medio de control con el
propósito de que se declare la nulidad del Oficio núm. G-0255 del 21 de octubre de
2014, expedido por la entidad demandada que le negó la reliquidación y pago de
sus cesantías definitivas conforme al sistema retroactivo. Igualmente, pidió el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006.
El Tribunal negó las pretensiones al concluir que, si bien la vinculación laboral del
actor se produjo con anterioridad a 1990 —circunstancia que, en principio, permitiría
la aplicación del régimen retroactivo previsto en la Ley 6ª de 1945—, lo cierto es que
durante la relación laboral estuvo afiliado al Fondo Nacional del Ahorro. En
consecuencia, sus cesantías fueron liquidadas bajo el sistema anualizado, frente al
cual no formuló reparo alguno.
Radicación: 41001-23-33-000-2015-00128-01 (7295-2023)
Demandante: Guillermo Cabrera Falla
Demandados: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
Esta subsección confirmará la decisión de primera instancia al concluirse que al
actor no le asiste el derecho a que sus cesantías definitivas sean reliquidadas
conforme el régimen retroactivo. Lo anterior, por cuanto desde el inicio de su vínculo
laboral con la entidad demandada estuvo sometido al régimen de cesantías previsto
en el Decreto 3118 de 1968, en la medida en que dicho auxilio fue administrado por
el Fondo Nacional del Ahorro y, con posterioridad, trasladado al Fondo de
Pensiones y Cesantías Protección.
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. El señor Guillermo Cabrera Falla, mediante apoderado judicial, formuló
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, de
conformidad con las pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que a
continuación se sintetizan1.
2.1.1. Pretensiones
• Declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio G-0255 del
21 de octubre de 2014, expedido por la ESE Hospital Universitario Moncaleano
Perdomo de Neiva que le negó la reliquidación y pago del mayor valor o diferencia
que resulte de lo reportado por concepto de cesantías retroactivas.
• A título de restablecimiento del derecho se ordene a la entidad demandada a
reliquidar y pagar el mayor valor o diferencia que resulte de lo reportado y que fue
pagado por el Fondo Nacional del Ahorro respecto de las cesantías retroactivas,
desde la fecha de su ingreso, esto es, 15 de marzo de 1976 hasta el 1 de octubre
de 2014.
• Ordenar a la entidad demandada el reconocimiento y pago, a favor del actor,
de la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, con
ocasión del pago extemporáneo de las cesantías definitivas, a partir del 2 de octubre
de 2014, día siguiente a la terminación de la relación laboral.
• Indexar las sumas debidas, de acuerdo con la certificación del Índice de
Precios al Consumidor (IPC), según lo establecido en el artículo 187 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo2 y dar
cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 189, 192 y 195 ibidem3. Por último,
condenar en costas a la entidad demandada.
1Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 006 Demanda.
2 En adelante CPACA.
3 «Allí mismo, en el mismo lugar».
2
Radicación: 41001-23-33-000-2015-00128-01 (7295-2023)
Demandante: Guillermo Cabrera Falla
Demandados: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
2.1.2. Hechos
2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así4:
• El señor Guillermo Cabrera Falla Vargas laboró al servicio de la ESE Hospital
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, en forma ininterrumpida,
desde el 15 de marzo de 1976 hasta el 1 de octubre de 2014, es decir, por 38 años
y 7 meses, y alegó ser beneficiario del régimen de cesantía retroactivas.
• Relató que se afilió al Fondo Nacional del Ahorro desde el 1 de abril de 1976
hasta el 31 de diciembre de 2005 y que, con posterioridad, se vinculó al Fondo de
Cesantías Protección durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2006
y el 1 de octubre de 2014. No obstante, indicó que la afiliación a dichos fondos no
desvirtúa la aplicación del régimen de cesantías retroactivas al que consideró
pertenecer.
• Agregó que, para el 25 de mayo de 2000, el demandante disfrutaba del
régimen de cesantías con retroactividad y, según lo dispuesto en el artículo 2 del
Decreto 1252 de 2000, los servidores públicos que, para tal fecha, disfrutaban de
dicho régimen, continuarían con ese derecho hasta cuando se produjera la
terminación de la relación laboral.
• Expuso que, una vez finalizada su relación laboral con la entidad demandada,
esta no reconoció el auxilio de conformidad con el régimen de cesantías
retroactivas.
• El demandante solicitó el 7 de octubre de 2014, ante la ESE Hospital
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva la reliquidación de sus
cesantías y el pago de estas conforme al régimen que lo amparaba. Por su parte la
entidad accionada negó lo pretendido mediante Oficio G-0255 del 21 de octubre de
2014.
• Consideró que la entidad demandada incurrió en mora al no liquidar y pagar
las cesantías definitivas conforme al régimen de retroactividad una vez terminó la
relación laboral, de conformidad con lo previsto en las leyes 244 de 1995 y 1071 de
2006.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
3. El demandante citó como vulnerados los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 25, 53, 54,
113, 122, 125 y 209 de la Constitución Política; 17 de la Ley 6ª de 1945; 1 de la Ley
65 de 1946; 30 de la Ley 10 de 1990; 242 de la Ley 100 de 1993; las Leyes 244 de
1995; 344 de 1996, 432 de 1998; 715 de 2001; 1071 de 2006 y los Decretos 2767
de 1945; 1160 de 1947; 1045 de 1978; 1582 de 1998; 1252 de 2000; 1919 de 2002;
4 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 006 Demanda.
3
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Demandante: Guillermo Cabrera Falla
Demandados: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
y 0700 de 2013.
4. Insistió que es beneficiario del régimen de cesantías retroactivas, razón por
la cual el acto acusado desconoce la normativa que le resulta aplicable. En
consecuencia, las pretensiones de la demanda deben prosperar, en tanto la
administración omitió reconocer y aplicar correctamente el régimen prestacional que
ampara sus derechos.
5. Refirió que la doctrina y la jurisprudencia sostienen que la motivación de los
actos administrativos exige la existencia de una causa que los justifique, fundada
en la legalidad, la certeza fáctica, la adecuada calificación jurídica y un juicio
razonable. Asimismo, precisó que la falsa motivación surge cuando, pese a
acreditarse los hechos, estos se valoran erróneamente desde el punto de vista
jurídico. Indicó que, en el presente asunto, los hechos estaban demostrados y no
podían ser ignorados por la ESE Hospital Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
al resolver la solicitud de reliquidación y pago de las cesantías conforme al régimen
de retroactividad que lo amparaba.
2.2. Contestación de la demanda
6. La ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva 5,
contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones al considerar
que el actor no gozaba del régimen de cesantías retroactivas que lo hiciera acreedor
a lo que pretende.
7. Manifestó que, desde la vinculación del actor con su representada en 1976,
quedó sometido al régimen de cesantías anualizadas, de conformidad con lo
previsto en el Decreto 3118 de 1968. En ese contexto, precisó que, durante todo el
tiempo de la relación laboral, el demandante no manifestó reparo ni inconformidad
frente a la aplicación de dicho régimen, lo que acredita su aceptación y la
regularidad en su reconocimiento y pago por parte de la administración.
8. Formuló como excepciones: i) inexistencia de causalidad de nulidad del acto
administrativo del ordenamiento jurídico; ii) improcedencia de las pretensiones de la
demanda; iii) aplicación de las normas legales; iv) probadas y de oficio; v)
prescripción de los derechos reclamados; y vi) presunción de legalidad del acto
administrativo.
2.3. Sentencia de primera instancia
9. El Tribunal Administrativo del Huila profirió sentencia el 22 de noviembre de
20226 en la que negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas al demandante. La decisión se sustentó en las siguientes consideraciones:
5 Samai, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf. 019.
6 Samai Tribunal Administrativo del Huila, proceso 41001-23-33-000-2015-00128-00, índice 070.
4
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Demandante: Guillermo Cabrera Falla
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10. Destacó que, en el marco de la audiencia inicial, se fijó el litigio en los
siguientes términos: «se contrae a establecer la legalidad del acto administrativo
contenido en el oficio G-0255 del 21 de octubre de 2014, suscrito por el Gerente del
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva. De contera,
establecer si al demandante le asiste el derecho a que el auxilio de cesantías
definitivas (que le cancelaron después de su retiro), se liquide de manera
retroactiva».
11. En ese contexto, señaló que los empleados del sector salud vinculados con
anterioridad a 1990 son considerados empleados del orden territorial, por lo que sus
cesantías se liquidarían de conformidad con lo previsto en las leyes 6ª de 1945 y 65
de 1946, es decir, bajo el régimen retroactivo. Asimismo, destacó que aquellos
trabajadores que estuvieran regidos por dicho sistema y no manifestaran su interés
de cambiarse al anualizado, seguirían en aquel hasta la terminación de su relación
laboral.
12. No obstante, precisó que aquellos servidores afiliados al Fondo Nacional del
Ahorro a quienes, desde el inicio de su vínculo laboral, se les liquidaron las
cesantías bajo un régimen distinto, si bien en principio podrían pretender a la
aplicación del sistema retroactivo, no están habilitados para exigir su reliquidación
con fundamento en la Ley 6.ª de 1945. Ello porque la afiliación a dicho fondo implica
la sujeción a un régimen específico de administración y liquidación de cesantías,
incompatible con el reconocimiento retroactivo.
13. Por lo expuesto, el actor no puede exigir la reliquidación de su auxilio, por las
siguientes razones:
i).- Al no oponerse a que sus cesantías fueran administradas por el Fondo Nacional
del Ahorro, aceptó el régimen que la ley dispuso para sus administrados, es decir:
el anualizado (Decreto 3118 de 1968, artículos 1º y 27).
ii).- El retiro ocasional de sus cesantías (retiros parciales), permite inferir que el
empleado conocía de su vinculación al referido fondo, así como las disposiciones
que lo regulan.
14. Luego, al realizar el estudio del caso concreto, indicó que el actor se vinculó
a la entidad accionada el 1 de abril de 1976, en el cargo de médico internista, y que,
desde su ingreso y hasta el 2005, permaneció afiliado al Fondo Nacional del Ahorro
de conformidad con las pruebas allegadas al plenario.
15. Refirió que, desde el 1 de enero de 2006, el demandante se afilió al fondo de
cesantías Protección S.A., escenario en el cual el empleador continuó efectuando
las consignaciones correspondientes bajo el sistema de liquidación anualizada.
16. De otra parte, expuso que la terminación del vínculo laboral ocurrió mediante
la Resolución núm. 630 del 4 de agosto de 2014, expedida por la entidad
demandada.
5
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17. En ese orden, del análisis del acervo probatorio, concluyó que, si bien la
vinculación del accionante fue anterior a 1990, circunstancia que en principio
permitiría la aplicación del régimen retroactivo previsto en la Ley 6ª de 1945, no
puede desconocerse que su afiliación al Fondo Nacional del Ahorro se produjo de
manera concomitante a dicha vinculación, esto es, desde el 1º de abril de 1976, y
que su empleador efectuó las liquidaciones de cesantías conforme al sistema
anualizado, sin que el demandante formulara objeción alguna. De igual forma,
resaltó que, al momento de la terminación del vínculo laboral, el demandante retiró
la totalidad del saldo consignado en su cuenta individual.
18. Finalmente, enfatizó que, en atención a su afiliación al Fondo Nacional del
Ahorro, el actor tenía pleno conocimiento de que su régimen de cesantías
correspondía al sistema anualizado; por consiguiente, concluyó que no resultaba
procedente acceder a las pretensiones de la demanda.
2.4. Recurso de apelación
19. El demandante, mediante apoderado interpuso recurso de apelación7, con el
fin de que se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se acceda a
las pretensiones.
20. Indicó que el fallador de primera instancia omitió pronunciarse de fondo frente
a los argumentos de la demanda y de los alegatos de conclusión.
21. En relación con lo anterior, precisó que, en una oportunidad previa dentro de
un proceso de características similares, el Ministerio de Hacienda, al dar respuesta
a una prueba decretada, indicó que, una vez suprimido el Fondo del Pasivo
Prestacional para el Sector Salud, la financiación de las obligaciones causadas
hasta el 31 de diciembre de 1993 debía asumirse mediante contratos de
concurrencia suscritos entre la Nación, las entidades territoriales y las instituciones
hospitalarias, tanto públicas como privadas; en tanto que las prestaciones
generadas con posterioridad debían ser sufragadas íntegramente por el empleador.
22. Iteró que el accionante, en su condición de beneficiario del régimen de
cesantías retroactivas desde el inicio de su vinculación, y atendiendo a que su
afiliación al Fondo Nacional del Ahorro se efectuó exclusivamente para la
administración de dicho auxilio, no estaba obligado a someterse a las disposiciones
contenidas en el Decreto 3118 de 1968 ni en la Ley 344 de 1996, esta última vigente
a partir del 31 de diciembre de 1996. En consecuencia, indicó que las normas que
imponen la liquidación anualizada de las cesantías a empleados públicos y
trabajadores oficiales no le son aplicables, de modo que el régimen que rige su
situación corresponde, sin lugar a duda, al sistema de retroactividad.
23. Agregó que los empleados públicos a quienes se les aplica el régimen de
cesantías con retroactividad conservan dicho sistema hasta la terminación del
7Samai Tribunal Administrativo del Huila, proceso 41001-23-33-000-2015-00128-00, índice 076.
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vínculo laboral, en los términos establecidos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto
1252 de 2000. En consecuencia, solo es posible la aplicación del régimen
anualizado cuando medie una manifestación expresa, clara e inequívoca de
acogerse a este, circunstancia que no se configura en el presente caso.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
24. Mediante auto del 25 de abril de 20248, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de
primera instancia. Además, prescindió del período para correr traslado a las partes,
por no existir pruebas por decretar en segunda instancia.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
25. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
26. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda y en razón a
la competencia del juez de segunda instancia, de conformidad con el artículo 328 9
del Código General del Proceso (CGP), corresponde a la Sala definir si:
27. ¿Le asiste derecho al demandante a que sus cesantías sean reliquidadas
conforme al régimen retroactivo, previsto en la Ley 6ª de 1945?
3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial
3.3.1. El régimen de cesantías aplicable a los empleados públicos
28. En los términos de la Ley 6.ª de 1945, «Por la cual se dictan algunas
disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos
colectivos y jurisdicción especial de trabajo», el legislador determinó, en el artículo
12, literal f), el reconocimiento del auxilio de cesantías en favor de los trabajadores
oficiales, equivalente a un mes de salario por cada año de servicio y
8 Samai, índice 005.
9 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
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proporcionalmente por fracciones de año. A su vez, el artículo 17, literal a), de la
misma normativa dispuso que dicho auxilio debía reconocerse a todos los
empleados y obreros nacionales de carácter permanente10.
29. El anterior derecho se extendió a los empleados de los departamentos,
intendencias, comisarías y municipios a través del Decreto 2767 de 1945. No
obstante, la Ley 65 de 1946 introdujo modificaciones en materia de cesantías, al
establecer que:
Artículo 1. Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en
cualquiera de las ramas del poder público, hállense o no escalafonados en la carrera
administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado
continua o discontinuamente, a partir del 1° de enero de 1942 en adelante,
cualquiera que sea la causa de retiro.
Parágrafo. - Extiéndase este beneficio a los trabajadores de los departamentos,
intendencias y comisarías y municipios en los términos del artículo 22 de la Ley 6ª
de 1945, y a los trabajadores particulares, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 12 y 36 de la misma Ley.
Artículo 2. Para liquidar el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados
nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y
particulares, se aplicarán las reglas indicadas en el Decreto 2567 del 31 de agosto
de 1946, y su cómputo se hará teniendo en cuenta no sólo el salario fijo sino lo que
se perciba a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución
ordinaria y permanente de servicios, tales como la prima móvil, las bonificaciones,
etc.
30. Con posterioridad, la liquidación retroactiva de las cesantías empezó a mutar
al sistema anualizado, en principio, con el Decreto 3118 de 196811, el cual dispuso
el cálculo anual de ese auxilio para los empleados públicos y trabajadores oficiales
de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado del
orden nacional, así:
Artículo 27. Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir del 1 de
enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias,
establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado
liquidarán la cesantía que anualmente se cause en favor de sus trabajadores o
empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá revisarse,
aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo empleado o
trabajador.
10 Artículo 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes
prestaciones sociales:
a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este
auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1 de enero de 1942.
[…].
11Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantía de
empleados públicos y de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones.
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31. El propósito del Gobierno nacional, con la expedición del decreto citado, fue
«iniciar el proceso de desmonte de la llamada retroactividad de las cesantías, para
dar paso a un sistema de liquidación anual, así como con la finalidad de pagar
oportunamente el auxilio de cesantía a los empleados públicos y trabajadores
oficiales; contribuir a la solución del problema de vivienda de estas personas y
proteger dicho auxilio de la depreciación monetaria, previendo, para el efecto, el
reconocimiento de intereses sobre las sumas acumuladas a favor del trabajador12»
32. A su turno el Decreto 432 de 1998 «Por el cual se reorganiza el Fondo
Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras
disposiciones», mantuvo el objetivo de administrar, de manera eficiente, las
cesantías13. Asimismo, le fueron asignadas, entre otras, las funciones relativas al
recaudo y pago del auxilio de cesantías a favor de los afiliados, así como la adopción
de mecanismos orientados a preservar su valor real frente a los efectos de la
pérdida del poder adquisitivo de la moneda14.
33. De igual manera los artículos 6.º y 7.º de la misma normativa establecieron,
de una parte, un monto destinado a reconocer intereses sobre el auxilio de
cesantías depositado, con el fin de contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo de
dicha prestación; y, de otra, fijaron un porcentaje específico por concepto de
intereses, en beneficio del trabajador.
34. Luego, la Ley 344 de 199615 preceptuó la liquidación anual del auxilio de
cesantías a quienes se vincularan a las entidades del Estado a su entrada en vigor,
esto es, el 31 de diciembre de 1996, en los siguientes términos:
Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley
91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo
dispuesto en el literal a) del presente artículo;
[…].
35. Ahora bien, la normativa vigente a la fecha de expedición de la citada, que
estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo
12 Consejo de Estado, Sentencia del 27 de septiembre de 2018, expediente 44001-23-33-000-2014-00030-01
(1522- 2016).
13 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.
14 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.
15 Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones.
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Radicación: 41001-23-33-000-2015-00128-01 (7295-2023)
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Demandados: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
99 dispuso:
Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por
la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el
régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en
la fracción que se liquide definitivamente.
3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de
cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado
deberá pagar un día de salario por cada retardo.
4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos.
36. Mediante el Decreto 1582 de 199816 se extendió el régimen anualizado de
liquidación de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990 —que rige al sector privado—
a los empleados del orden territorial vinculados desde el 31 de diciembre de 1996
que se afiliaran a fondos privados, al señalar que:
Artículo 1º.- El Régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se
afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102,
104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores
públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el
establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Parágrafo. - Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de
retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se
realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6 de la Ley
432 de 1998.
37. Por otra parte, el artículo 3º de la misma normativa dispuso:
En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la entrada en
vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que decidan
acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá de la siguiente forma:
a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha
16 Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en
relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia.
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de la solicitud de traslado;
b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora
seleccionada por el trabajador;
c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán
emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este
régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías,
con las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de
los trámites legales necesarios para su expedición.
38. A su turno, el Decreto 1919 de 200217, en su artículo 3, ratificó que los
«empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad
de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley
344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000».
3.3.2. Régimen de cesantías de los servidores públicos del sector salud.
39. El Sistema Nacional de Salud Pública fue objeto de reorganización a través
del Decreto 2470 de 1968, concebido como el conjunto de organismos cuya
finalidad era procurar la salud de la comunidad. En el orden local, dicho sistema
estuvo conformado por hospitales, centros y puestos de salud, así como por las
demás instituciones encargadas de ejecutar los programas sanitarios en su
respectiva jurisdicción. Luego, el Decreto 621 de 1974 delimitó las funciones del
Ministerio de Salud Pública en su calidad de director del Sistema.
40. El Decreto 56 de 1975 precisó que los servicios seccionales de salud
operarían como dependencias técnicas del Ministerio de Salud Pública, a quien
correspondía velar por el cumplimiento de sus normas y vigilar el ejercicio
presupuestal. En complemento, el Decreto 706 de 1974 dispuso que los servicios
seccionales de salud serían creados mediante contratos suscritos entre la Nación a
través del Ministerio de Salud Público y los departamentos, intendencias, comisarías
y Distrito Especial de Bogotá y las correspondientes beneficencias y loterías.
41. De lo anterior es posible concluir que las entidades prestadoras del servicio
de salud en el orden departamental no se encontraban incluidas en los organismos
que conforman la rama ejecutiva del orden nacional, enunciados por el artículo 1
del Decreto 1050 de 196818. En consecuencia, esta Corporación ha reiterado de
manera uniforme que los servidores del sector salud vinculados a una dirección
seccional de salud ostentan la calidad de empleados departamentales y no
nacionales19.
17 Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen
mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial.
18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, providencia del 4 de mayo de 1993,
expediente: C-231 del 4 de mayo de 1993. En este auto se dirimió un conflicto de competencias entre el
Ministerio de Salud y la Gobernación del Huila.
19 Al respecto se puede revisar la tesis reiterada contenida entre otras en las siguientes providencias: Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencias del 17 de febrero de 2011, radicación:
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42. Con la expedición de la Ley 10 de 1990, el legislador procedió a reorganizar
el sistema nacional de salud y estableció, en su artículo 30, que los empleados de
las entidades públicas de cualquier nivel de la administración con funciones en la
prestación de servicios de salud serían beneficiarios, como mínimo, del régimen
prestacional previsto en el Decreto 3135 de 1968. Esta previsión se extendió a los
servidores del orden territorial, con la salvedad contenida en el artículo 17 de dicha
normativa de que no les serían disminuidos los niveles salariales y las prestaciones
sociales de que venían gozando en las entidades objeto de liquidación.
43. Por su parte la Ley 60 de 1993 creó el Fondo Prestacional del Sector Salud
como una cuenta especial de la Nación, con el objeto de garantizar el pasivo
prestacional —por concepto de cesantías, reservas para pensiones y pensiones de
jubilación— causadas hasta el fin de la vigencia presupuestal de 1993, y en
desarrollo de esta finalidad, el parágrafo 2 del artículo 33 de la norma en cita
estableció que los pagos del pasivo prestacional interrumpirían la retroactividad con
cargo a la Nación, a las entidades territoriales o a las entidades de prestación de
servicios de salud correspondientes.
44. Aunado a lo anterior, la Corte Constitucional, mediante sentencia C-687 de
1996, precisó que las diferencias generadas por la liquidación retroactiva de las
cesantías causadas con posterioridad al 31 de diciembre de 1993 son de cargo
exclusivo de las entidades territoriales, en quienes recae la obligación de su
reconocimiento y pago, e indicó:
«[…] 3.1. Hay que reconocer que la redacción del aparte normativo acusado del art. 33
no fue afortunada, porque por su imprecisión da pie para una interpretación equívoca,
en el sentido de que puede estar consagrando el congelamiento de las cesantías de
aquellos servidores que con arreglo a la ley puedan gozar del beneficio de la
retroactividad de esta prestación.
3.2. Para la Corte es claro que el entendimiento real de la norma es otro.
Cuando la disposición se refiere a la irretroactividad para efectos de pagar el pasivo
prestacional, con cargo a las entidades señaladas, hace alusión a las relaciones
obligacionales entre el Fondo y los organismos que recibieron el pago (Fondos de
pensiones, Cajas de Previsión, ISS, Fondos Territoriales), pero no a las prestaciones
que originan la obligación; por lo tanto, el aparte normativo acusado no desconoce
ningún derecho a los servidores sometidos a su régimen.
En resumen, diríase que para la norma en cuestión la expresión de que el pago de los
pasivos prestacionales interrumpe la retroactividad con cargo a la Nación o a las
entidades territoriales, significa que la medida soluciona definitivamente la obligación y
hacía adelante, es decir, que después del 31 de diciembre de 1993 se consolida la
responsabilidad prestacional para los servidores de la salud, pero a cargo de las
entidades territoriales como resultado del proceso de descentralización […]»
440012331000200300906-02 (0553-10); 8 de marzo de 2018, radicación: 4400123330002014000155-02(0816-
17); 22 de marzo de 2018, radicación: 440012331000200300906-02 (0553-10); y de la Subsección A, sentencia
del 18 de enero de 2018, radicación: 440012333000201490035-01 (1575-2016).
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45. Cuando la disposición se refiere a la irretroactividad para efectos de pagar el
pasivo prestacional, con cargo a las entidades señaladas, hace alusión a las
relaciones obligacionales entre el Fondo y los organismos que recibieron el pago
(Fondos de pensiones, Cajas de Previsión, ISS, Fondos Territoriales), pero no a las
prestaciones que originan la obligación; por lo tanto, el aparte normativo acusado
no desconoce ningún derecho a los servidores sometidos a su régimen.
46. En resumen, para la norma en cuestión la expresión de que el pago de los
pasivos prestacionales interrumpe la retroactividad con cargo a la Nación o a las
entidades territoriales, significa que la medida soluciona definitivamente la
obligación y hacía adelante, es decir, que después del 31 de diciembre de 1993 se
consolida la responsabilidad prestacional para los servidores de la salud, pero a
cargo de las entidades territoriales como resultado del proceso de descentralización
47. En consonancia con lo anterior, la Ley 100 de 1993, en su artículo 242, ratificó
que el Fondo Prestacional asumiría el costo adicional derivado de la retroactividad
de las cesantías del sector salud en los términos del artículo 33 de la Ley 60 de
1993, y precisó que a partir de su entrada en vigor no sería posible reconocer ni
pactar la retroactividad para los nuevos servidores vinculados al sector.
48. A su turno, el Decreto 530 de 1994 reglamentó las disposiciones anteriores y
fijó los requisitos para acceder a los beneficios del Fondo del Pasivo Prestacional
del Sector Salud, así como la forma de pago del pasivo correspondiente.
Concretamente en el artículo 3 dispuso:
«El pasivo prestacional que a la entrada en vigencia del presente decreto aún no
hubiere sido reconocido por el entonces Ministerio de Salud en calidad de
administrador del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector Salud, será
reconocido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante acto
administrativo.
Para continuar con la ejecución de los contratos de concurrencia que fueron
suscritos por el Ministerio de Salud antes de entrar en vigencia la Ley 715 de 2001
y para la suscripción de los nuevos contratos, el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público podrá:
a) Revisar los cálculos actuariales de cada institución hospitalaria teniendo en
cuenta únicamente el pasivo legal calculado a 31 de diciembre de 1993;
b) Revisar y modificar las certificaciones de beneficiarios expedidas por el entonces
Ministerio de Salud verificando que los reconocimientos prestacionales estén
ajustados a las normas legales y convencionales que regían a la fecha del
cálculo del pasivo para cada una de estas instituciones;
c) Expedir o modificar los actos administrativos de reconocimiento del monto del
pasivo, de beneficiarios y de porcentajes de concurrencia;
d) Establecer o modificar en concertación con los entes territoriales, los plazos y
los mecanismos para el pago de las obligaciones;
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e) Celebrar los contratos que se encuentran pendientes o suscribir los modificatorios
de los que se encuentran en ejecución, de acuerdo con las revisiones efectuadas.
En los convenios o sus modificatorios deberán incluirse los mecanismos de
actualización de los montos de la concurrencia a la fecha de pago de las mismas.
Parágrafo. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá reconocer, suscribir
contratos y pagar el pasivo prestacional de cesantías y pensiones en actos
separados. Igualmente, el Ministerio podrá hacer contratos donde se incluyan
parcialmente beneficiarios ya reconocidos.»
49. De lo expuesto, es posible concluir lo que sigue:
i) El auxilio de cesantía de los empleados públicos y trabajadores
oficiales del sector salud del nivel territorial, vinculados con anterioridad a la
entrada en vigor de las leyes 10 de 1990 y 100 de 1993, se liquida con el
régimen de retroactividad, es decir, con base en el último salario devengado
al momento de la desvinculación de la entidad o de la liquidación parcial de
cesantías, según sea el caso, y cuyo pago estaba a cargo del Fondo de
Pasivo Prestacional del Sector Salud o del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público con posterioridad al año 2004;
ii) o con el sistema de liquidación y manejo de las cesantías desarrollado
en la normativa que regula lo referente al Fondo Nacional del Ahorro, esto
es, el Decreto 3118 de 1968, solo para aquellos empleados «en este caso
del sector salud», que hubiesen sido afiliados a aquella entidad antes del 23
de diciembre de 1993 cuando fue promulgada la Ley 100 de 199320.
4. Hechos probados
50. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente la Sala
encuentra probado lo siguiente:
51. La posesión del señor Guillermo Cabrera Falla en el cargo de médico
internista en el hospital General de Neiva21, según acta del 1 de abril de 1976.
52. La renuncia del demandante al cargo, por aceptación de la misma e inclusión
en nómina, se encuentra probada con la Resolución núm. 330 de agosto de 201422.
53. El demandante presentó el 29 de septiembre de 201423 solicitud de pago de
sus cesantías por retiro definitivo. En este escrito indicó: «[…] Para poder retirar mis
Cesantías en "Protección"- Administradora de Pensiones y cesantías, solicito
respetuosamente me sean igualmente consignadas las dejadas de pagar al suscrito
desde mi posesión el 1 de abril de 1976 y hasta el último salario de diciembre de
20 Sentencia del 12 de octubre de 2023, expediente radicado al número 41001-23-33-000-2015-00090-01 (2121-
2021)
21 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf. 007, folio 10.
22 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf. 007, folios 11 al 12.
23 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 007, folio 9.
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1.993, base de la reliquidación obligatoria, con su debida indexación e intereses de
mora […]».
54. El gerente de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo
mediante Oficio G-0255 del 21 de octubre de 201424 dio respuesta a la anterior
petición, en los siguientes términos:
Que revisada la hoja de vida del Doctor GUILLERMO CABRERA FALLA se
establece que el Doctor Cabrera fue nombrado en la Entidad Hospitalaria por medio
de la resolución No. 173 en la fecha del 15 de marzo de 1976, se encuentra que
desde el momento de la vinculación (1976), se aplicó el régimen de liquidación anual
conforme a lo estipulado en el Decreto 3118 de 1968, con la correspondiente
cancelación de los beneficios consagrados en la norma, respecto del cual no ha
formulado inconformidad con ese esquema.
Cabe anotar y así aparece en los diversos formatos de liquidación del auxilio de
cesantía, que obra en la hoja de vida, la liquidación al Fondo era como empleado
perteneciente al MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA SERVICIO SECCIONAL DE
SALUD, HOSPITAL GENERAL DE NEIVA HERNANDO MONCALEANO
PERDOMO, que en esta materia se regía por los dispositivos legales del nivel
nacional, además al materializarse el acto de nombramiento y posesión, por tratarse
de un acto condición, se aceptó el régimen que en esa materia resultaba aplicable
a estos servidores.
En consecuencia y por corresponder a un régimen en materia prestacional
concordante con el Régimen Nacional, al tenor de lo contemplado en el Decreto
1919 de 2002, que ratifica la aplicación de esas disposiciones en el caso de los
Servidores Públicos de las Empresas Sociales del Estado y por preexistir esa
vinculación al FONDO NACIONAL DE AHORRO, y gobernarse la relación laboral
en ese asunto por las disposiciones invocadas, se NIEGA las PRETENSIONES
INCOADAS.25
55. A su vez, el jefe de talento humano del hospital demandado, a través de
Oficio OTH 1062 del 15 de diciembre de 2014 26 informó el valor que por concepto
de cesantías le corresponden al actor por el periodo comprendido entre el 1 de abril
de 1976 al 1 de octubre de 2014, así:
«[…] cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro, a partir del 1 de abril de 1976 al 30
de diciembre de 2005.
Traslado de cesantías en el Fondo Nacional del Ahorro a Cesantías Protección a
partir del 1 de enero de 2006 al 1 de octubre de 2014.
Avance de cesantías a Protección según Resolución núm. 0075 de fecha 19 de
enero de 2007, por valor de $44.555.238, según folio núm. 584.
Retiro total de cesantías a Protección según Resolución núm. 0969 de fecha 13 de
noviembre de 2014, según folio No. 884.
24 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 007, folios 1 al 7.
25 Se escribe con errores de texto.
26 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 007, folios 13 al 14.
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Demandados: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
[…]»27
56. Por su parte, el Fondo Nacional del Ahorro en Oficio 09-12-201428 certificó
las cesantías reportadas por la entidad accionada, de la siguiente manera:
Extracto Interno de Cesantías COBOL, por la entidad HOSPITAL HERNANDO
MONCALEANO, quien aportó y reportó cesantías correspondientes a las vigencias
fiscales 1994 al 1998 en las cuentas y fechas señaladas en el extracto, para un
monto total de reportes de $7.766.982, dinero sobre el cual el Fondo Nacional del
Ahorro le reconoció y abonó en cuenta por concepto de intereses en vigencia del
Decreto 3118 de 1968 la suma de $649.379, intereses Ley 432 de $491.496, total
de protección de $1.284.616, total de retiros de $3.972.124 dineros que fueron
cancelados en la fecha y cuantía señalada en el extracto anexo, registrando saldo
al 11 de noviembre de 1999 de $6.220.349, dineros que fueron migrados al nuevo
sistema COBIS, tal y como se evidencia en el extracto anexo, documento que refleja,
identificación del afiliado, valor y fecha del reporte migrado, consolidación de
cesantías, pago de intereses, pago de cesantías, traslado a fondo privado, valor
generado por la protección contra la pérdida del valor adquisitivo de la moneda y
saldo mensual, entre otros datos, evidenciándose saldo a la fecha de cero $0 pesos
Mcte29.
57. El Fondo de Cesantías Protección en Oficio RBC01005-407353 del 26 de
noviembre de 201430 informó los valores cancelados al actor por concepto de
cesantías respecto al periodo comprendido entre el 6 de febrero de 2006 al 25 de
noviembre de 2014.
5. Caso concreto.
58. Como ya se precisó, el asunto se circunscribe a determinar si al demandante
le asiste el derecho a que sus cesantías definitivas sean reliquidadas con
fundamento al régimen retroactivo, bajo el entendido que su vinculación laboral fue
anterior a la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996 circunstancia que, en principio,
habilitaría la aplicación de dicho régimen31.
59. Para el Tribunal, el argumento relacionado con la vinculación anterior a 1990,
no resultaba suficiente para acceder a lo pedido porque el señor Guillermo Cabrera
Falla desde su posesión en el cargo, se afilió al Fondo Nacional del Ahorro y recibió
de manera anualizada el referido auxilio.
60. En efecto, el actor, al narrar los hechos de la demanda, afirmó que desde su
ingreso a la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
se afilió al Fondo Nacional del Ahorro, esto es, «desde el 1 de abril de 1976 hasta
el 31 de diciembre de 2005, fecha a partir de la cual se vinculó al Fondo de
27 Se transcribe con errores de texto.
28 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf.007, folios 15 al 28.
29 Se transcribe con errores de texto.
30 Samai, gestión en otras corporaciones, visualizar expediente, cuaderno principal, pdf 007, folios 29 al 35.
31 Su ingreso al servicio en el sector salud data del 1 de abril de 1976, según consta en acta de posesión
allegada al plenario.
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Pensiones y Cesantías Protección, durante el periodo comprendido entre el 1 de
enero de 2006 y el 1 de octubre de 2014».
61. El anterior supuesto lo corroboró la Sala con el extracto individual de cesantía
que fue expedido por la administradora y que hace parte del expediente. Documento
en el cual se observa el pago de intereses32.
62. De igual manera y tal y como se consignó en el acápite de hechos probados,
el Hospital efectuó las consignaciones anuales y el fondo le pagó los intereses al
beneficiario, hoy demandante, en los términos del Decreto 3118 de 1968. Actuación
frente a la que no existió oposición ni cuestionamiento alguno por parte del
interesado.
63. En este orden de ideas, no existe duda alguna de la vinculación del aquí
accionante, desde el inicio de su relación laboral con la entidad demandada, al
Fondo Nacional del Ahorro, lo que permite concluir que su cesantía quedó regulada
por lo previsto en el Decreto 3118 de 1968 que estableció el régimen anualizado del
referido auxilio.
64. Por lo expuesto, al actor no le asiste el derecho a la reliquidación de las
cesantías definitivas en los términos de la Ley 6ª de 1945, pues, si bien se vinculó
a la entidad de salud antes de la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, que
prohibió pactar la retroactividad en el régimen de cesantías del sector salud, desde
su vinculación estuvo afiliado al sistema anualizado de cesantías del mencionado
Decreto 3118 de 1968 que regula lo referente al Fondo Nacional del Ahorro.
65. De otra parte, tampoco es de recibo la afirmación que hace el demandante
según la cual la falta de manifestación expresa de pertenecer al sistema anualizado
de cesantía implica que se le debe reconocer este derecho bajo el sistema
retroactivo, pues, se insiste, conocía de la vinculación al fondo, y en ese orden, se
acogió a las reglas y disposiciones que lo regulan. Sobre el particular, la Sección
Segunda se ha pronunciado en el sentido de aclarar que, aunque en principio era
procedente el reconocimiento de las cesantías bajo el régimen de retroactividad, las
actuaciones del empleado al retirar ocasionalmente sus cesantías del Fondo
Nacional del Ahorro y no mostrar inconformidad alguna sobre tal administración,
conllevan a aceptar la aplicación del régimen anualizado.
66. Así se ha concluido en distintos pronunciamientos emitidos por las
Subsecciones A y B de la Sección Segunda de esta Corporación 33 que han
estudiado asuntos análogos y en los que se ha precisado que cuando el beneficiario
del auxilio ha estado afiliado al Fondo Nacional del Ahorro para la administración de
32Samai, gestión en otras corporaciones, índice 0085, contrato de digitalización, folios 1 al 4.
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de diciembre de 2018, exp. núm. 44001
-23 -33- 000- 2014- 00070- 01 (0701-2017); sentencia del 19 de enero de 2023, exp. núm. 41001- 23- 33- 000-
2012- 00218- 02 (2203-2022).
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de abril de 2017, exp. núm. 41-001-23-
33-000-2013-00135-01(4402-2014); Sentencia del 12 de octubre de 2023, exp. núm. 41001-23-33-000-2015-
00090-01 (2121-2021); sentencia del 21 de marzo de 2024, exp. núm. 41001-23-33-000-2015-00095-01 (5429-
2019).
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sus cesantías desde el inicio de su vínculo laboral, queda sometido al régimen de
administración previsto que no es otro que el anualizado. De manera textual ha
precisado la jurisprudencia:
«Si bien es cierto que la demandante se vinculó al Instituto Departamental de Salud
de Norte de Santander con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de
1993 (3 de abril de 1981), que prohibió pactar retroactividad en el régimen de
cesantías de los empleados del sector salud, también lo es que aquellos desde su
vinculación estuvieron afiliados al sistema de liquidación y manejo de cesantías
desarrollado en el Decreto 3118 de 1968 que prevé las normas sobre el auxilio de
cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales, es decir, un sistema
de liquidación anual de dicha prestación.
Lo anterior se afirma no simplemente por el hecho que así lo reconozca la propia
entidad demandada en sus actos administrativos y certificaciones, sino porque tal
como se evidencia de los medios de convicción aportados, y según se corrobora
con el numeral 2 de la relación probatoria que antecede, a la demandante le fueron
reportadas sus cesantías anualmente a partir del año 1981, desde que inició su
relación laboral en el sector salud».
[…]
No obstante, se reitera que, desde el momento en que aquella ingresó a la planta
de personal del mentado ente, sus cesantías fueron liquidadas bajo el régimen
anualizado. De hecho, muestra de su conocimiento al respecto, es precisamente
que hubiere efectuado retiros parciales de su prestación en distintas anualidades,
por lo cual es evidente que no pasaba por alto su situación y la forma en que se
calculaba el derecho que aquí reclama.
Tanto así, que en el plenario no se advierte ninguna reclamación presentada por la
libelista ante la administración, con el fin de controvertir la modalidad aplicada para
la liquidación de sus cesantías, pues en el sub iudice sólo se observa una petición
presentada el 23 de octubre de 2014 con dicho propósito, cuya calenda obedece a
una posterior a la de su retiro definitivo del servicio (31 de diciembre de 2013), esto
es, cuando ya había realizado los correspondientes retiros parciales de la
prestación, y se había ejecutado la liquidación final de la misma.
De otra parte, en el escrito de alzada la libelista afirmó que en ningún momento
manifestó su voluntad o intención de renunciar al régimen retroactivo y trasladarse
al Fondo Nacional del Ahorro, situación que se puede corroborar con la certificación
expedida por la directora encargada del Instituto Departamental de Salud de Norte
de Santander, según el numeral 5 de la anterior relación probatoria.
Empero, esta Sala considera que estimar adecuada la mentada afirmación como lo
insta la apelante, sería tanto como asumir que en realidad debe presumirse que le
asiste el derecho de la reliquidación deprecada, y por tanto, conllevaría a desvirtuar
la presunción de legalidad del acto administrativo que liquidó sus cesantías
definitivas y de aquellos que lo hicieron de manera parcial, bajo el supuesto
entendido que el ejercicio aritmético se realizó en atención de un régimen distinto al
verdaderamente aplicable.
Lo cual, en todo caso, carece de fundamento jurídico y probatorio, si se tiene en
cuenta que, en la referida constancia emitida por la entidad demandada, se advirtió
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Demandante: Guillermo Cabrera Falla
Demandados: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
que «el régimen aplicado para los funcionarios del Servicio Seccional Salud, hoy
Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, es el establecido por el
Decreto 3118 de 1968, por el cual se crea el Fondo Nacional del Ahorro». Como
además muestra de lo propio, se insiste, es que a la interesada se le hubieren
abonado con anterioridad ciertos rubros correspondientes a sus cesantías parciales
según lo hubiere requerido con el régimen anualizado y no lo objetó.
Ello finalmente se convierte en óbice para encontrar el sentido de la imputación de
ilegalidad de la decisión administrativa cuestionada y por consiguiente para acceder
a las pretensiones de la demanda en cuanto a la reliquidación de sus cesantías bajo
el régimen retroactivo.34
67. En atención al criterio interpretativo, se concluye que el demandante desde
el inicio de su vínculo laboral estuvo regido por el Decreto 3118 de 1968 en materia
de cesantías y, durante la vigencia de su relación laboral, no formuló objeción
alguna frente al régimen aplicado para su liquidación y administración, por lo que no
proceden sus pretensiones. En consecuencia, la sentencia de impugnada será
confirmada.
3.6. Conclusión de la decisión
68. La Sala concluye que el señor Guillermo Cabrera Falla, no le asiste el
derecho a que sus cesantías definitivas sean reliquidadas conforme el régimen
retroactivo. Ello porque, desde el inicio de su vínculo laboral con la entidad
demandada estuvo sometido al régimen de cesantías previsto en el Decreto 3118
de 1968, en la medida en que dicho auxilio fue administrado por el Fondo Nacional
del Ahorro y, con posterioridad, trasladado al Fondo de Pensiones y Cesantías
Protección.
69. En ese contexto, se advierte que el actor se acogió de manera continua a las
reglas propias del sistema de administración de cesantías aplicable, sin que obre
en el expediente prueba que permita colegir que hubiese formulado objeción o
manifestado inconformidad frente al régimen que le fue aplicado durante la
existencia de la relación laboral.
70. Por lo anterior, no resulta procedente el reconocimiento de un régimen
distinto al que efectivamente sometió la administración de sus cesantías, razón por
la cual se impone confirmar la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.
4. Costas
71. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 35 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de junio de 2021, exp. núm. 54001-
23- 33- 000- 2016- 00164- 01 (0557-201).
35 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio
objetivo valorativo por varias a razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no
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Radicación: 41001-23-33-000-2015-00128-01 (7295-2023)
Demandante: Guillermo Cabrera Falla
Demandados: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de
manera temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso de autos a
imponer dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido
en las anteriores conductas.
72. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Confirmar la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Huila del
22 de noviembre de 2022, que negó las pretensiones de la demanda, de
conformidad con la parte motiva de la presente providencia.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial, Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso segundo del
artículo 188 no morigera el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros
antes enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio
de las de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA.
Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del
régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez
ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la
derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.”. En el mismo sentido:
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 7
de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 41001-23-33-000-2015-00128-01 (7295-2023)
Demandante: Guillermo Cabrera Falla
Demandados: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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