Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2012-00218-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2012-00218-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2012-00218-02
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
19 de enero de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 41001-23-33-000-2012-00218-02 (2203-2022)
Demandante : María Ovidia Yamán López, Libia Betancourt
Quique y Pastora Coy Verano
Demandada : Hospital Departamental San Antonio de Pitalito
Empresa Social del Estado (ESE)
Tema : Régimen de cesantías aplicable a trabajadores del sector
salud del orden territorial afiliados al Fondo Nacional
del Ahorro
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia de 27 de julio de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, que negó las pretensiones de la demanda del epígrafe.
I. ANTECEDENTES
1.1 Medio de control (ff. 21 a 37). Las señores María Ovidia Yamán López,
Libia Betancourt Quique y Pastora Coy Verano, por conducto de apoderado,
ocurren ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), contra el Hospital Departamental San Antonio de Pitalito Empresa
Social del Estado (ESE), para que se acojan las pretensiones que en el apartado
siguiente se precisan.
1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad del oficio «DE-G-568» de 20 de
septiembre de 2012, que «[…] dio [c]ontestación al Derecho de Petición […]
que tuvo el propósito que la ESE Hospital Departamental San Antonio de
Pitalito declare que las señoras María Ovidia Yamán, Libia Betancourt Quique
y Pastora Coy Verano, en su calidad de servidoras públicas, tienen derecho al
régimen de cesantías retroactivas […]» (sic).
A título de restablecimiento del derecho, se condene a reconocer (i) «las
cesantías con retroactividad a que tienen derecho las demandantes y
consecuentemente a realizar las gestiones presupuestales que correspondan
para que se apropien recursos necesarios con el fin de que llegado el momento
oportuno y previos los requisitos pertinentes se proceda a efectuar el pago
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Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
María Ovidia Yamán López y otros contra el Hospital Departamental
San Antonio de Pitalito (ESE)
parcial y definitivo […]»; y (ii) la correspondiente indexación e intereses a que
haya lugar.
1.3 Fundamentos fácticos. Relata la parte accionante que «[…] fueron
vinculadas laboralmente para que pestaran su servicios en la E.S.E. Hospital
Departamental San Antonio de Pitalito […]», así: (i) la señora María Ovidia
Yamán «mediante resolución número 334 del 01 de junio de 1989 y acta de
posesión de fecha 01 de junio de 1989, con efectos legales a partir del día 01
de junio de 1989»; (ii) la señora Libia Betancourt Quique «mediante resolución
número 0788 del 30 de junio de 1994 y acta de posesión de fecha 01 de julio
de 1994, con efectos legales a partir del día 1º de junio de 1994»; y (iii) la
señora Pastora Coy Verano «mediante resolución número del [sic] 216 del 13
de noviembre de 1975 y acta de posesión de fecha 09 de diciembre de 1975,
con efectos legales a partir del día 1º de noviembre de 1975».
Que con la entrada en vigor de la Ley 432 de 1998, las mencionadas personas
fueron afiliadas al Fondo Nacional del Ahorro y «la ESE Hospital
Departamental San Antonio de Pitalito procedió a continuar situando a dicho
fondo los aportes de cesantías, pero sin que […] facultaran a la Institución de
Salud para situar dichos recursos a través del Fondo, ya que nunca
suscribieron ningún formulario de afiliación ni manifestaron la intención de
acogerse a éste sistema » (sic).
Dice que «[…] tampoco manifestaron su intención de acogerse al sistema de
liquidación anual de cesantía y que consecuentemente son beneficiarios del
régimen tradicional de liquidación de cesantías con retroactividad […] la
provisión presupuestal para el pago de cesantías y la liquidación de las mismas
por parte de la ESE […] no se ha efectuado de forma retroactiva teniendo en
cuenta el último salario promedio de las trabajadoras» (sic).
Que el 10 de septiembre de 2012 se solicitó del Hospital Departamental San
Antonio de Pitalito Empresa Social del Estado (ESE) «el reconocimiento de la
reliquidación de las cesantías retroactivas […]».
Que, mediante oficio «DE-G-568» de 20 de septiembre de 2012, el ente
demandado comunicó que «[…] revisadas las hojas de vida […] se encuentra
que desde el momento de la vinculación se aplicó el régimen de liquidación
anual conforme a lo estipulado en el Decreto 3118 de 1968, sin que los
accionantes hubieran formulado inconformidad con este esquema, las
liquidaciones al Fondo se hacía como empleadas pertenecientes al SISTEMA
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Expediente 41001-23-33-000-2012-00218-02 (2203-2022)
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San Antonio de Pitalito (ESE)
NACIONAL DE SALUD, que en esta materia se regía por las disposiciones
legales del nivel nacional […]» (sic).
1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo acusado los artículos 1º, 2º, 6º, 13, 25, 53, 90,
121, 125 y 209 de la Constitución Política; 17 de la Ley 6ª de 1945, 13 de la Ley
344 de 1996 y 5º de la Ley 432 de 1998; las Leyes 65 de 1946 y 244 de 1995; y
los Decretos 2567 de 1946 y 2755 de 1966.
Aduce que la «[l]ey 6ª de 1945 en su artículo 17 […] estableció el derecho al
pago de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de
servicios, el Decreto 2567 de 1946 […] estableció el derecho al pago de la
cesantía de conformidad con el último sueldo devengado, la Ley 65 de 1946
[…] dispuso el derecho al pago del auxilio de cesantía a todos los asalariados
al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del Poder Público,
reglamentada por el Decreto 1160 de 1947 que ordenó el pago de la cesantía
a la terminación del contrato de trabajo y el Decreto 2755 de 1966 […]
estableció los anticipos o liquidaciones parciales de cesantías, en razón de lo
cual se les aplica el régimen de retroactividad» (sic).
Que la Ley 244 de 1995 «establece el derecho al pago de las cesantías
definitivas para el caso de los empleados que se retiren de la Administración
Pública, o de las cesantías parciales a favor de los servidores públicos que
continúen en la Administración, por cuanto se desconoce que ésta norma
aplica también para aquellos empleados que sean beneficiarios del régimen de
retroactividad para la liquidación» (sic).
1.5 Contestación de la demanda. Pese a haber sido notificada en debida
forma, la accionada guardó silencio.
1.6 La providencia apelada1. El Tribunal Administrativo del Huila, en
sentencia de 27 de julio de 2021, negó las súplicas de la demanda (sin condena
en costas), al considerar que «[…] desde 1968 (Decreto 3118), los servidores
públicos nacionales estaban obligados a afiliarse al Fondo Nacional del
Ahorro, y por mandanto del artículo 30 de la Ley 10 de 1993 a los empleados
territoriales de la salud se les aplicaba el mismo régimen»; y «[…] aunque
brilla por su ausencia la solicitud de cambio de régimen (del retroactivo al
anualizado) y/o la autorización de retiros parciales de cesantías, al
1
Obrante en la herramienta electrónica Samai.
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permanecer afiliados (as) […] sin ninguna oposición durante muchos años,
permite colegir que optaron por el sistema de cesantías anualizado […] » (sic).
1.7 El recurso de apelación2. Inconforme con la anterior sentencia, la parte
demandante, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación, al estimar
que se desconoció las sentencias del Consejo de Estado, en especial «[…] las
proferidas por la Sección 2, subsección A, Sent. del 13 de febrero de 2014
rad.0705-12, CP Dr. Luis Rafa[e]l Vergara Quintero, del 22 de marzo de 2018
rad. 2014-00210, la sentencia de la Sección Segunda […] Consejero Ponente
el Dr. Alejandro Ordónez Maldonado del 03 de agosto de 2006, dentro del
proceso Rad. 2000-0711 […] pero a pesar de que al interior del Honorable
Consejo de Estado el tema últimamente no ha sido pacífico, optó por escoger
la interpretación más desfavorable para los intereses de la demandante […]»
(sic).
Que «[…] como las demandantes, no manifestaron en ningún momento su
decisión de cambiarse del régimen de retroactividad por el régimen de
liquidación anual previsto en la ley 344 de 1996 y el D. 1582 de 1998, tales
disposiciones no les son aplicables, sin que sea de recibo interpretar que por el
hecho de haber estado afiliado al FNA pueda haber perdido el derecho a dicho
régimen por cuanto dicha interpretación está proscrita para el operador judicial
por expresa disposición constitucional que consagra la favorabilidad en la
interpretación de las normas laborales» (sic).
II. TRÁMITE PROCESAL
El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 1º de febrero de
20223 y admitido por esta Corporación a través de auto de 23 de agosto
siguiente (f. 257), en cumplimiento del artículo 247 del CPACA4, pero durante
la oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem los sujetos procesales
guardaron silencio.
III. CONSIDERACIONES DE LA SALA
3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.
2
Ibidem
3
Ibidem
4
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
4
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María Ovidia Yamán López y otros contra el Hospital Departamental
San Antonio de Pitalito (ESE)
3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, se contrae a
determinar si a las intervinientes de la parte accionante, en su condición de
empleadas del Hospital Departamental San Antonio de Pitalito Empresa Social
del Estado (ESE), les asiste derecho a la liquidación de sus cesantías conforme
al régimen de retroactividad, que resulta más favorable en atención a las
sentencias proferidas por esta Corporación; o si, por el contrario, tal como lo
concluyó el a quo, al ser servidoras del orden territorial, las rige el mismo
régimen de los de carácter nacional y frente a ellas es forzosa la afiliación al
Fondo Nacional del Ahorro, por mandato del artículo 30 de la Ley 10 de 1990.
3.3 Marco normativo. En punto a la resolución del problema jurídico
planteado en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis
normativo a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto
del caso concreto.
Las cesantías comportan una prestación social a favor del trabajador que debe
pagar el empleador como contraprestación por las actividades que realiza, con
la finalidad de que las utilice para satisfacer sus necesidades en el evento en
que cese su vinculación laboral.
La letra f) del artículo 12 de la Ley 6.ª de 19455 estipula que el monto de esta
prerrogativa es equivalente a un mes de salario por cada año de servicios o
proporcionalmente al lapso laborado. Además, la mencionada norma dispone
que solo hay lugar a pagarla una vez culmine la relación laboral, por lo que esta
forma de reconocimiento recibió el nombre de régimen de cesantías retroactivo.
El artículo 1.º de la Ley 65 de 19466 extendió dicha garantía a los trabajadores
del orden territorial, entre otros, en los siguientes términos:
Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en
cualquiera de las ramas del Poder Público, hállense o no escalafonados en
la Carrera Administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo
el tiempo trabajado continua o discontinuamente, a partir del 1 de enero
de 1942 en adelante, cualquiera que sea la causa del retiro.
Parágrafo.- Extiéndese este beneficio a los trabajadores de los
Departamentos, Intendencias y comisarías y Municipios […].
5
«Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales,
conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo».
6
«Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras».
5
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María Ovidia Yamán López y otros contra el Hospital Departamental
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La norma en cita la reprodujo el Decreto 1160 de 19477, con la aclaración de
que el monto de la prestación era equivalente a un mes de salario por cada año
de servicio o proporcionalmente al tiempo laborado, si era inferior a ese lapso.
Con la expedición del Decreto 3118 de 1968 se creó el Fondo Nacional del
Ahorro como un establecimiento público adscrito al entonces Ministerio de
Desarrollo Económico, constituido por las cesantías de los trabajadores
oficiales y empleados públicos, cuyo objeto, entre otros, era garantizar el pago
oportuno del aludido derecho laboral. En esta norma se individualizó las
entidades públicas que debían realizar la liquidación anual del emolumento, así:
Artículo 27. Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir
del 1º de enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos,
Superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y
comerciales del Estado liquidarán la cesantía que anualmente se cause en
favor de sus trabajadores o empleados.
La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá
revisarse aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo
empleado o trabajador.
El citado precepto no era aplicable a los servidores públicos del orden
territorial, quienes se encontraban sujetos al régimen de cesantías previsto en
las Leyes 6.ª de 1945 y 65 de 1946, esto es, al retroactivo.
De igual modo, el propósito del Gobierno nacional, con la expedición del
referido Decreto 3118 de 1968, fue «iniciar el proceso de desmonte de la
llamada retroactividad de las cesantías, para dar paso a un sistema de
liquidación anual, así como con la finalidad de pagar oportunamente el auxilio
de cesantía a los empleados públicos y trabajadores oficiales; contribuir a la
solución del problema de vivienda de estas personas y proteger dicho auxilio
de la depreciación monetaria, previendo, para el efecto, el reconocimiento de
intereses sobre las sumas acumuladas a favor del trabajador»8.
Por otra parte, la Ley 10 de 19909 (artículo 30), con el fin de unificar los
diversos regímenes prestacionales vigentes para ese momento, dispuso:
7
«Sobre auxilio de cesantía».
8
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 44001-23-33-000-2014-00030-01 (1522-
2016), sentencia de 27 de septiembre de 2018, actores: Enilda Elena Suarez Ipuana y otros, demandados: Nación
– Ministerio de Hacienda y Crédito Público y ESE Hospital de Nazaret.
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«Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones».
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Expediente 41001-23-33-000-2012-00218-02 (2203-2022)
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María Ovidia Yamán López y otros contra el Hospital Departamental
San Antonio de Pitalito (ESE)
Artículo 30. Régimen de los trabajadores oficiales y de los empleados
públicos. Las entidades públicas de cualquier nivel administrativo que
presten servicios de salud, aplicarán a sus trabajadores oficiales, en cuanto
sean compatibles, los principios y reglas propios del régimen de carrera
administrativa, y les reconocerán, como mínimo, el régimen prestacional
previsto en el Decreto 3135 de 1968, todo, sin perjuicio de lo que
contemplen las convenciones colectivas de trabajo. A los empleados
públicos del sector de la salud de las entidades territoriales y de sus entes
descentralizados, se les aplicará el mismo régimen prestacional de los
empleados públicos del orden nacional, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 17 de la presente Ley.
Fue así que los empleados del sector salud del orden territorial y sus entes
descentralizados, con posterioridad a la entrada en vigor de la referida Ley 10
de 1990, se regían, en materia prestacional, por las mismas disposiciones que
los nacionales y, por ende, para la liquidación y pago de sus cesantías debía
recurrirse a lo establecido en el Decreto ley 3118 de 1968, que, como ya se
indicó, creó el modelo anualizado administrado por el Fondo Nacional del
Ahorro. En consecuencia, para aquel momento en el sector público existían dos
regímenes de cesantías; por un lado, el anualizado, aplicable a los servidores
nacionales y los territoriales que pertenecieran al sector salud y hubiesen
iniciado labores con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 10 de 1990;
y, por otro, el retroactivo para el resto de los servidores de carácter territorial.
Por su parte, la Ley 50 de 199010 cambió el régimen de cesantías en el sector
privado al anualizado, cuyas características fueron explicadas en su artículo 99:
El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de
cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio
de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato
de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual
o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes
sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada
en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15
de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador
en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el
plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.
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«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones».
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Con la expedición de la Ley 100 de 199311 (artículo 242) se prohibió el
reconocimiento para los nuevos servidores del sector salud de un régimen
retroactivo de cesantías, por lo que el anualizado se convirtió en la regla general
para este tipo de empleados.
El artículo 13 de la Ley 344 de 199612 extendió el régimen de cesantías fijado
en la Ley 50 de 1990 a los servidores públicos vinculados con posterioridad a
su entrada en vigor (31 de diciembre de 1996), en los siguientes términos:
Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91
de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente
régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de
cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio
de la que deba efectuar en fecha diferente por la terminación de la relación
laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean
contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo.
El artículo 1.º del Decreto 1582 de 199813 amplió el régimen de cesantías de
que trata la Ley 50 de 1990 (anualizado) a los servidores públicos del orden
territorial, así:
El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores
públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de
1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en
los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de
1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al
Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás
normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
Visto lo anterior, coexisten dos regímenes de cesantías, el retroactivo para
quienes se vincularon a la administración pública hasta el 30 de diciembre de
1996 y el anualizado creado por la Ley 50 de 1990, inicialmente para el sector
privado y que la Ley 344 de 1996 extendió a los servidores públicos vinculados
con posterioridad a su entrada en vigor (31 de diciembre de 1996).
11
«Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
12
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
13
«Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en
relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia».
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Conforme a la normativa trascrita y según las condiciones especiales descritas
en precedencia, se tiene entonces que los empleados que se vincularon a partir
del 31 de diciembre de 1996 les es aplicable el régimen de cesantías anualizadas
regulado por la Ley 50 de 1990, que dispone la realización de la liquidación
anual de dicha prestación social, suma que deberá ser consignada en el
respectivo fondo de cesantía, con anterioridad al 15 de febrero del año
siguiente, so pena de que el empleador sea sancionado al pago de un día de
salario por cada día de retardo.
Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998 previó la
posibilidad para los servidores públicos vinculados con anterioridad a la Ley
344 de 1996 que gocen del régimen de retroactividad, acogerse al de cesantías
allí previsto.
Por otro lado, la Ley 432 de 199814 (artículo 5), al introducir modificaciones
sobre la naturaleza jurídica del Fondo Nacional del Ahorro, previó respecto de
sus afiliados:
Artículo 5º.- Afiliación de servidores públicos. A partir de la vigencia de
la presente Ley deben afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro los servidores
públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional.
No se aplica lo anterior al personal uniformado de las Fuerzas Militares y
de la Policía Nacional, ni a los afiliados del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989.
Podrán afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro los demás servidores del
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.
Los servidores públicos que se afilien voluntariamente al Fondo Nacional
de Ahorro solo podrán trasladarse a una sociedad administradora de
fondos de cesantías, transcurridos tres años desde la afiliación, siempre
que no tengan obligación hipotecaria vigente con el Fondo Nacional de
Ahorro.
Por su parte, el Decreto 1453 de 199815 (artículo 19) dispuso la obligatoriedad
de afiliación al Fondo Nacional del Ahorro, salvo las excepciones del artículo
5° antes trascrito, de los siguientes servidores públicos: (i) los afiliados al
Fondo Nacional de Ahorro, en calidad de obligatorios en virtud del Decreto ley
3118 de 1968; (ii) los de las empresas sociales del Estado, del orden nacional,
14
«Por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras
disposiciones».
15
Reglamentario de la Ley 432 de 1998.
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y de las sociedades de economía mixta, cuyo capital esté compuesto en más del
90% por recursos del Estado, cuya afiliación era voluntaria en el Decreto ley
3118 de 1968; y (iii) los que se vinculen a la rama ejecutiva del poder público
del orden nacional a partir del 2 de febrero de 1998, fecha de entrada en vigor
de la Ley 432 de 1998.
Por último, en lo concerniente a los empleados del sector salud del orden
territorial, cabe advertir que el régimen de cesantías que les resulta aplicable
depende de la fecha de su vinculación. Por ende, si esta fue anterior a la entrada
en vigor de la Ley 10 de 1990, se rige por lo dispuesto en el artículo 17 (letra
a) de la Ley 6ª. de 1945 y los artículos 1º. del Decreto 2767 de 1945, 1°. de la
Ley 65 de 1946 y 1, 2, 5 y 6 del Decreto 1160 de 1947, que constituía la regla
general para los empleados del orden territorial, mientras que para los del nivel
nacional, después de la expedición del Decreto ley 3118 de 1968, lo era la
afiliación al Fondo Nacional del Ahorro, incluso aquellos pertenecientes al
sector salud.
Sin perjuicio de lo anterior, la Ley 10 de 1990 (artículo 30) también prevé que
«[a] los empleados públicos del sector de la salud de las entidades territoriales
y de sus entes descentralizados, se les aplicará el mismo régimen prestacional
de los empleados públicos del orden nacional, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 17 de la presente Ley», a más que, como ya se dijo en precedencia, el
artículo 242 de la Ley 100 de 1993 prohibió para los nuevos servidores del
sector salud un régimen retroactivo de cesantías.
Luego, en atención a los problemas originados en la financiación de ciertas
obligaciones derivadas de la prestación de servicios a cargo, en todo o en parte,
de la Nación, entre estas el pasivo prestacional de los servidores del sector de
la salud que, por diferentes razones, se había acumulado con el trascurso del
tiempo, se expidió la Ley 60 de 199316, a través de la cual se instituyó el Fondo
Prestacional del Sector Salud, como mecanismo para subvencionarlo, creado
como una cuenta especial de aquella para garantizar el pago del pasivo
prestacional a favor de los servidores de las entidades de salud del sector oficial,
del subsector privado sostenido y administrado por el Estado, de las entidades
de naturaleza jurídica indefinida, pero igualmente sostenidas por el Estado, por
16
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos
151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones».
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Expediente 41001-23-33-000-2012-00218-02 (2203-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
María Ovidia Yamán López y otros contra el Hospital Departamental
San Antonio de Pitalito (ESE)
concepto de cesantías, reservas para pensiones de jubilación17.
La Ley 100 de 1993 (artículo 242) hizo mención sobre el Fondo Prestacional
del Sector Salud en el sentido de preceptuar que asumiría el costo adicional
generado por concepto de retroactividad de las cesantías del sector salud; sin
embargo, a pesar de haber sido reglamentada esa disposición mediante el
Decreto 530 de 199418, la Ley 715 de 200119 (artículo 61) suprimió aquel y
trasladó su responsabilidad financiera a la Nación – Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, de acuerdo con el Decreto 306 de 200420, que estableció los
requisitos para ser beneficiario del Fondo y la forma de dicho pago, así:
Artículo 4. Cesantías. El procedimiento para el reconocimiento y
pago de las cesantías se desarrollará conforme a los siguientes
parámetros:
El valor neto de la cesantía de una persona activa o retirada a 31 de
diciembre de 1993 equivaldrá a las cesantías causadas y pendientes
de pago a dicha fecha, descontando los valores cancelados por
concepto de cesantías parciales, todo debidamente actualizado.
La Nación a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se
abstendrá de pagar con sus recursos la retroactividad de cesantías que
corresponda al servidor público o el trabajador privado afiliado con
anterioridad al 23 de diciembre de 1993 al Fondo Nacional del
Ahorro o a otra Administradora de Fondo de Cesantías legalmente
constituida, teniendo en cuenta que el régimen que administran
dichas entidades no contempla a su cargo el pago de dicha
retroactividad.
Cuando la negligencia imputable al empleador en el pago oportuno
de los aportes para cesantías de sus trabajadores dé origen a la
cancelación de intereses de mora, estos no podrán ser cancelados con
la concurrencia a cargo de las entidades que colaboran en la
financiación del pasivo prestacional del sector salud.
Artículo 8. Beneficiarios. Se consideran beneficiarios del Pasivo
Prestacional del Sector Salud aquellos servidores públicos y
17
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 44001-23-33-000-2014-00030-01 (1522-
2016), sentencia de 27 de septiembre de 2018, actores: Enilda Elena Suárez Ipuana y otros, demandados: Nación
– Ministerio de Hacienda y Crédito Público y ESE Hospital de Nazaret.
18
«Por el cual se reglamentan los artículos 33 de la Ley 60 de 1993 y 242 de la Ley 100 de 1993».
19
«Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos
151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».
20
«Por el cual se reglamentan los artículos 61, 62 y 63 de la Ley 715 de 2001»
11
Expediente 41001-23-33-000-2012-00218-02 (2203-2022)
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trabajadores privados que fueron certificados como tales por el
Ministerio de Salud de conformidad a la normatividad entonces
vigente, sin perjuicio de las modificaciones a que haya lugar con
ocasión de la revisión que efectúe el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
Serán considerados como beneficiarios los trabajadores del sector
salud que a diciembre de 1993 pertenecían a una de las siguientes
entidades o dependencias y tenían acreencias prestacionales legales
a las que se refiere el artículo 2° del presente decreto, vigentes con
las mismas:
a) Instituciones o dependencias de salud del subsector oficial del
sector salud;
b) Entidades del subsector privado del sector salud, cuando hayan
estado sostenidas o administradas por el Estado, o cuyos bienes se
hayan destinado a una entidad pública en un evento de liquidación;
c) Entidades de naturaleza jurídica indefinida del sector salud cuando
se trate de instituciones que hayan estado sostenidas y administradas
por el Estado, o que se liquiden y cuyos bienes se destinen a una
entidad pública.
En consecuencia, por regla general, el auxilio de las cesantías de los empleados
públicos y trabajadores oficiales del sector salud del nivel territorial, que se
hayan vinculado antes de la entrada en vigor de la Ley 10 de 1990, reiterada en
la Ley 100 de 1993, se liquida con el régimen de retroactividad, es decir, con
base en el último salario devengado al momento de la desvinculación de la
entidad o de la liquidación parcial de cesantías, según sea el caso; a no ser que
hayan optado por afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro, caso en el cual se
calcula con el sistema de liquidación y manejo que regula ese sistema,
conclusión a la que ha llegado esta Sala en los siguientes términos: «[c]onforme
a la normativa transcrita en precedencia es posible afirmar que los empleados
públicos y trabajadores oficiales del sector salud del nivel territorial, que
hubieren iniciado sus labores antes de la entrada en vigor de la Ley 10 de 1990,
reiterada en la Ley 100 de 1993, por regla general, son beneficiarios en
materia de cesantías del régimen de retroactividad a menos que se hubieren
acogido al sistema anualizado»21.
3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
21
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sentencia de 26 de abril de 2018, expediente 44001-
23-33-000-2015-00041-01 (0261-2017).
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Expediente 41001-23-33-000-2012-00218-02 (2203-2022)
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situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:
a) Actos de nombramiento y retiro que evidencian la vinculación de las
intervinientes de la parte actora en el Hospital Departamental San Antonio de
Pitalito Empresa Social del Estado (ESE), así:
Nombre Resolución de Cargo Acto de Inicio Retiro Liquidaciones
nombramiento retiro del anuales de
servicio cesantias
María Ovidia 334 de 1º. de Ayudante de 01/06/1989 De 1990 a
Yamán López junio de 1989 (f. enfermería 2011
24) (ff. 26 - 48)
788 de 30 de Auxiliar de 01/07/1994 De 1994 a
Libia Betancourt
junio de 1994 (f. enfermería 2011
Quique
50 -52) (ff. 53 – 70)
216 de 13 de Auxiliar de 73 de 7 de 01/11/1975 01/05/2007 De 1975 a
Pastora Coy
noviembre de enfermería marzo de 2006
Verano
1975 (f. 75) 2007 (f. 165) (ff. 76 – 108)
b) Oficios «DE-G-279» y «DE-G-273» de 28 de abril de 2011 (ff. 23 y 74) y
«DE-G-470» de 2 de agosto de 2012 (f. 49), suscritos por el gerente del hospital
demandado, que indican que no aparece autorización respecto de cada
accionante para trasladar sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro; no
obstante, advierte que «se liquidaban y enviaban […] en cumplimiento a lo
dispuesto en el Decreto 3118 de 1968».
c) Escrito de 10 de septiembre de 2012 (ff. 18 a 20), por medio del cual la parte
demandante reclamó del Hospital Departamental San Antonio de Pitalito
Empresa Social del Estado (ESE) «el reconocimiento del régimen de
liquidación de cesantías con retroactividad»; negado mediante el acto acusado
(ff 14 a 17), porque «[r]evisadas las hojas de vida se encuentra, que desde la
vinculación se aplicó el régimen de liquidación anual conforme a lo estipulado
en el Decreto 3118 de 1968, con la correspondiente cancelación de los
beneficios consagrados en la norma […]»
De las pruebas enunciadas se desprende que quienes integran la parte
accionante han estado vinculadas al servicio de salud del Hospital
Departamental San Antonio de Pitalito Empresa Social del Estado (ESE); la
señora Pastora Coy Verano se retiró del servicio el 1º. de mayo de 2007 y las
señoras María Ovidia Yamán López y Libia Betancourt Quique aparecen
activas a la fecha de presentación de la demanda. Igualmente, se les liquidó
sus cesantías en forma anualizada, como se resume en el siguiente cuadro:
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Expediente 41001-23-33-000-2012-00218-02 (2203-2022)
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María Ovidia Yamán López y otros contra el Hospital Departamental
San Antonio de Pitalito (ESE)
Nombre Resolución de Cargo Acto de Inicio Retiro Liquidaciones
nombramiento retiro del anuales de
servicio cesantias
María Ovidia 334 de 1º. de Ayudante de 01/06/1989 De 1990 a
Yamán López junio de 1989 (f. enfermería 2011
24) (ff. 26 - 48)
788 de 30 de Auxiliar de 01/07/1994 De 1994 a
Libia Betancourt
junio de 1994 (f. enfermería 2011
Quique
50 -52) (ff. 53 – 70)
216 de 13 de Auxiliar de 73 de 7 de 01/11/1975 01/05/2007 De 1975 a
Pastora Coy
noviembre de enfermería marzo de 2006
Verano
1975 (f. 75) 2007 (f. 165) (ff. 76 – 108)
Asimismo, según oficios «DE-G-279» y «DE-G-273» de 28 de abril de 2011
(ff. 23 y 74) y «DE-G-470» de 2 de agosto de 2012 (f. 49), suscritos por el
gerente del hospital demandado, las mencionadas señoras no autorizaron el
traslado sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro, pero se advierte que «se
liquidaban y enviaban […] en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 3118
de 1968».
El 20 de abril de 2016 la parte demandante reclamó del Hospital Departamental
San Antonio de Pitalito Empresa Social del Estado (ESE) «el reconocimiento
del régimen de liquidación de cesantías con retroactividad», negado mediante
el acto acusado, en el que se indicó que «[r]evisadas las hojas de vida se
encuentra, que desde la vinculación se aplicó el régimen de liquidación anual
conforme a lo estipulado en el Decreto 3118 de 1968, con la correspondiente
cancelación de los beneficios consagrados en la norma […]»
Ahora bien, en lo que atañe a la señora Libia Betancourt Quique, se tiene que
se vinculó a la ESE demandada el 1º. de julio de 1994, momento para el cual
ya había entrado en vigor la Ley 10 de 1990, razón por la que, en materia
prestacional y al ser servidora del sector salud, se rige por las mismas normas
de los empleados nacionales, es decir, las contenidas en el Decreto ley 3118 de
1968, que establecen el modelo anualizado administrado por el Fondo Nacional
del Ahorro y no el retroactivo cuya aplicación solicita.
Por otro lado, respecto de las señoras María Ovidia Yamán López y Pastora
Coy Verano, por ser empleadas públicas del sector salud del nivel territorial,
cuyas labores iniciaron antes de la entrada en vigor de las Leyes 10 de 1990 y
100 de 1993, en principio, les sería aplicable el régimen de retroactividad en
sus cesantías, a menos que se hubieren acogido al sistema anualizado.
Sobre este último aspecto, pese a que no hicieron manifestación expresa de su
voluntad de pertenecer al sistema anualizado, el hecho de haber permanecido
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Expediente 41001-23-33-000-2012-00218-02 (2203-2022)
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afiliadas al Fondo Nacional del Ahorro desde su vinculación y realizado retiros
parciales de sus cesantías, tal como se afirma en el hecho 14 de la demanda (f.
4), permite a la Sala inferir que ellas conocían de su vinculación al aludido
Fondo y, en tal medida, se sometieron al sistema anualizado, por lo que no es
dable ordenar la reliquidación de ese auxilio en aplicación del régimen
retroactivo.
Por otra parte, en cuanto a la aplicación más favorable de las sentencias
emitidas por el Consejo de Estado, a las que alude la parte recurrente, esta
subsección, en providencia de 3 de marzo de 202222, al analizar un caso análogo
al que ahora nos ocupa, precisó:
34. En lo atinente al principio de favorabilidad, se evidencia que tampoco
se vulneró debido a que sólo se presenta cuando existe un conflicto entre
dos normas vigentes y que el juez tenga duda sobre cual de ellas debe
aplicar, lo que en el asunto bajo estudio no existe un conflicto de normas
sino de sentencias aplicadas al sub lite, que a juicio de la accionante el
tribunal optó por escoger la interpretación más desfavorable y además, no
se genera duda, por cuanto en la sentencia del 04 de noviembre de 2021 de
la Subsección A de la Sección Segunda de este cuerpo colegiado está en
consonancia con la sentencia del 26 de abril de 201823 de la Subsección B
igualmente de la misma sección de la Corporación, en el entendido de que
las actuaciones del empleado al retirar ocasionalmente sus cesantías del
Fondo Nacional del Ahorro y no oponerse a que estas fueran administradas
por ese fondo, conllevan a aceptar el régimen que la ley dispuso para sus
administrados, es decir, el anualizado.
Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de
acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el
particular, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las
pretensiones de la demanda.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º. Confírmase la sentencia de 27 de julio de 2021 proferida por el Tribunal
22
Consejo de Estado, sala de lo contencioso- administrativo, sección segunda, subsección B, expediente 41001-
23-33-000-2016-00457-01
23
Consejo de Estado, sala de lo contencioso- administrativo, sección segunda, subsección B, consejera ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez, expediente 44001-23-33-000-2015-00041-01
15
Expediente 41001-23-33-000-2012-00218-02 (2203-2022)
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María Ovidia Yamán López y otros contra el Hospital Departamental
San Antonio de Pitalito (ESE)
Administrativo del Huila, que negó las súplicas de la demanda en el proceso
instaurado por las señores María Ovidia Yamán López, Libia Betancourt
Quique y Pastora Coy Verano contra el Hospital Departamental San Antonio
de Pitalito Empresa Social del Estado (ESE), conforme a la parte motiva.
2°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS
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