Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00457-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00457-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2016-00457-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez
3 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., 3 de marzo de 2022.
Radicación: 41001-23-33-000-2016-00457-01
No. Interno: 1375-2021
Demandante: Olga Dussan Peña
Demandados: Departamento del Huila, E.S.E. Hospital Departamental
San Antonio de Pitalito – Huila.
Asunto: Régimen de cesantías retroactivas empleados sector
salud del orden territorial.
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA.
__________________________________________________________________
I. ASUNTO
La Sala decide1 el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 09 de diciembre de 2020 por el Tribunal Administrativo del
Huila que negó las pretensiones de la demanda.
II. ANTECEDENTES
La demanda.
2. La señora Olga Dussan Peña en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presenta demanda contra el Departamento del Huila y
E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito – Huila para que se acceda a
la declaratoria de nulidad del Oficio No. 10133 del 07 de julio de 2016 expedido por
el departamento del Huila, el Oficio No. DE-G-589 del 15 de junio de 2016 expedido
por el Hospital Departamental San Antonio de Pitalito – Huila, así como también la
nulidad del acto ficto negativo, los cuales negaron el derecho al reconocimiento y
pago de las cesantías retroactivas.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicita se condene a la parte demandada
al reconocimiento y pago de i) las cesantías de manera retroactiva conforme a lo
1
Según informe de la secretaría de la sección segunda, del 13 de enero de 2021 que obra a índice No 2 de SAMAI.
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Expediente: 41001-23-33-000-2016-00457-01 (1375-2021)
Demandante: Olga Dussan Peña
Demandados: Departamento del Huila,
E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito
previsto por la Ley 6 de 19452; ii) el valor de las diferencias que resultaren de la
reliquidación de la prestación social; iii) la indexación de las sumas adeudadas; iv)
los intereses moratorios; y v) el cumplimiento del fallo.
4. Las anteriores pretensiones se sustentan en los siguientes fundamentos fácticos3:
5. La demandante describe que fue vinculada inicialmente para laborar como médico
rural obligatorio del Hospital Regional de Pitalito mediante Resolución No. 136 de
1982, habiendo permanecido en el servicio hasta el 29 de agosto de 1983.
Posteriormente, fue vinculada nuevamente en el año 1984 como médico general
mediante Resolución No. 420 del 29 de junio de 1984.
6. Señala que el 26 de mayo de 2016 solicitó ante las entidades demandadas el
reconocimiento y pago de las cesantías retroactivas. De igual manera, sostiene que
a pesar de la fecha de su vinculación dicha entidad liquidó la prestación social con
base en el sistema anualizado, sin tener en cuenta que su situación fáctica se rige
por lo previsto en la Ley 6 de 19454 y por tanto, le resulta aplicable para efectos del
reconocimiento de la prestación el régimen retroactivo.
7. Así mismo, alega que tiene derecho a que se le reliquide la cesantía con
retroactividad teniendo en cuenta todo el tiempo laborado, con el salario promedio
del último año de prestación de servicios y a que se apropien los recursos
presupuestales para que se le haga el pago parcial en caso de solicitar la prestación
de necesitarlas para educación o vivienda o solicitar el pago definitivo en caso de
retiro.
Concepto de violación.
8. La demandante describe5 que los actos cuya invalidez se pretenden fueron
expedidos con infracción de las normas6 en que debían fundarse, puesto que
desconocieron que el personal de servicios de salud vinculados con anterioridad al
2
« Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción
especial de trabajo.»
3
Folios 4 a 8.
4
« Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción
especial de trabajo.»
5
Folios 10 a 42.
6
Ley 6 de 1915; Ley 65 de 1946; Ley 91 de 1989; Ley 60 de 1993; Ley 115 de 1994; Decreto 1160 de 1947; Decreto 1498 de 1986.
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Expediente: 41001-23-33-000-2016-00457-01 (1375-2021)
Demandante: Olga Dussan Peña
Demandados: Departamento del Huila,
E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito
31 de diciembre de 1996, fecha de entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996 7, les
resulta aplicable la liquidación de cesantías de manera retroactiva.
Contestación de la demanda8.
9. La parte demandada se opuso a todas y cada una de las pretensiones, por cuanto
está probado que la accionante fue nombrada y posesionada en el Hospital San
Antonio de Pitalito, que se le consignaron las cesantías anualizadas en el Fondo
Nacional del Ahorro según lo previsto en el Decreto 3118 de 1968. Así mismo,
expuso que el régimen de cesantías anuales era de obligatorio cumplimiento para
los empleados del orden nacional y la afiliación a dicho fondo era forzosa, no
voluntaria.
10. El ministerio público9 considera que los actos administrativos demandados deben
ser declarados nulos por violación a las normas en que debieron fundarse como
quiera que la accionante le asiste el derecho al reconocimiento y pago de las
cesantías con retroactividad en atención a la fecha de su vinculación y encontrarse
demostrado en el expediente su calidad de empleada pública.
Sentencia apelada.10
11. El Tribunal Administrativo del Huila negó las pretensiones de la demanda al
considerar que si bien es cierto la demandante se vinculó a la E.S.E. Hospital San
Antonio de Pitalito con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, esto es el
30 de julio de 1982, le correspondía, como en efecto se hizo afiliarse al Fondo
Nacional del Ahorro en acatamiento de lo establecido en el inciso segundo del
artículo 30 de la Ley 10 de 1990, vinculación que conllevó a acatar el sistema de
liquidación de las cesantías contemplado en el Decreto 3118 de 1986 el cual regula
el Fondo Nacional del Ahorro.
12. Atendiendo a lo anterior, sostuvo que dicha situación es ratificada por los
extractos expedidos por el Fondo Nacional del Ahorro de los cuales se infiere que la
actora en su calidad de empleada de la E.S.E. se le consignaron las cesantías
7
« Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden
otras disposiciones.»
8
Folios 105 a 115
9
Folios 324 a 331.
10
Folios 352 a 361 – Sentencia de 9 de diciembre de 2020.
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Expediente: 41001-23-33-000-2016-00457-01 (1375-2021)
Demandante: Olga Dussan Peña
Demandados: Departamento del Huila,
E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito
anualmente desde el año de 1982 de tal suerte que no es beneficiaria del régimen
retroactivo de cesantías.
Recurso de apelación.
13. El apoderado judicial de la parte demandante11 sostiene que si bien es cierto el
fallo recurrido se basa en las sentencias proferidas por el Consejo de Estado del 5
de abril de 2017 Rad. 2013-00135 y 26 de abril de 2018 Rad. 2015-00041,
igualmente desconoce sendas sentencias de la misma Corporación, en especial las
sentencias proferidas por la Sección segunda, subsección A del 13 de febrero de
2014 rad. 0705-1212, del 22 de marzo de 2018 rad. 2014-00210, la sentencia de la
Sección Segunda, Subsección B, siendo consejero ponente el Dr. Alejandro Ordóñez
Maldonado, del 03 de agosto de 2006, dentro del proceso Rad. 2000-00711, No.
Interno 5329-02, entre otras; pero a pesar de que al interior del Consejo de Estado
el tema últimamente no ha sido pacífico, optó por escoger la interpretación más
desfavorable para los intereses de la demandante, con lo cual se desconocen sus
más elementales derechos, por cuanto termina interpretando en contra de los
trabajadores una norma que exige para su aplicación una manifestación expresa de
los trabajadores, nada menos que de renunciar a un régimen más favorable como lo
es el de la liquidación de la cesantía con retroactividad a cambio de uno
completamente desfavorable como lo es el de la liquidación anualizada del mismo,
desconociendo consecuentemente los principios de irrenunciabilidad y de
interpretación más favorable, establecidos en la Constitución Nacional.
14. Conforme a ello, solicitó se revoque la condena en costas.
Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público.
15. La parte demandante reiteró los argumentos del recurso de apelación13.
16. La parte demandada adujo que a pesar de que la señora Olga Dussán Peña se
vinculó a la E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito con anterioridad
a la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993, esto es 30 de julio de 1982, le
correspondía, como en efecto se hizo afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro de
conformidad con lo consagrado en el inciso segundo del artículo 30 de la Ley 10 de
11
Índice No. 2 de SAMAI.
12
M.P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero
13
SAMAI, índice 9.
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Expediente: 41001-23-33-000-2016-00457-01 (1375-2021)
Demandante: Olga Dussan Peña
Demandados: Departamento del Huila,
E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito
1990 que estableció que «los empleados públicos del sector de la salud de las
entidades territoriales y de sus entes descentralizados, se les aplicará el mismo
régimen prestacional de los empleados públicos del orden nacional […]» relación
laboral que conllevó a ejecutar el sistema de liquidación de las cesantías
contemplado en el Decreto 3118 de 1968 el cual regula el Fondo Nacional de Ahorro,
que establece un sistema de liquidación anualizado. Así mismo, el Ministerio
Público no rindió concepto según consta a folio 373 del expediente.
III. CONSIDERACIONES
Análisis del asunto.
17. Al agotarse el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto,
encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante contra la sentencia proferida en primera instancia y sin que se
evidencien vicios que acarreen nulidades y requieran el ejercicio de control de
legalidad por parte del órgano judicial, se procederá a plantear el siguiente:
Problema jurídico.
18. De acuerdo con los cargos formulados por la apelante, le corresponde a la Sala
determinar si la sentencia del 09 de diciembre de 2020 emitida por el Tribunal
Administrativo del Huila desconoció el régimen de cesantías retroactivas aplicable a
la actora, así como también los principios de irrenunciabilidad y de interpretación más
favorable, al haberse basado en sentencias proferidas por esta Corporación.
19. A efectos de resolver el problema jurídico planteado, la Subsección abordará las
siguientes temáticas: i) configuración y naturaleza jurídica de los principios de
irrenunciabilidad y de interpretación más favorable; ii) análisis del régimen retroactivo
de cesantías; y iii) con base en ello dilucidar el caso concreto.
Análisis del asunto.
i) Configuración y naturaleza jurídica de los principios de irrenunciabilidad y
de interpretación más favorable.
20. Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-070 de 2010 se ha
pronunciado sobre el principio de irrenunciabilidad así:
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Expediente: 41001-23-33-000-2016-00457-01 (1375-2021)
Demandante: Olga Dussan Peña
Demandados: Departamento del Huila,
E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito
«el principio de irrenunciabilidad “se inspira en el carácter esencialmente tuitivo de la
normatividad laboral, orientada como ninguna otra, a proteger al trabajador de los
eventuales abusos de que pueda ser objeto, para lo cual lo rodea de una serie de
derechos y garantías que se consideran indispensables a fin de asegurarle un mínimo
de bienestar individual y familiar que consulte la dignidad humana».
21. Así mismo, el Consejo de Estado en sentencia de unificación jurisprudencial
CESUJ2 No. 5 de 2016 ha manifestado lo siguiente:
«El derecho a la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales que se orienta a
que las prerrogativas reconocidas en las preceptivas que rigen la relación entre
empleadores y trabajadores no se modifiquen en perjuicio de estos últimos, por cuanto
tienen relación directa con el mejoramiento constante del nivel de vida y la dignidad
humana».
22. Consecuentemente, el artículo 53 de la Constitución Política el cual consagra los
principios mínimos fundamentales para los trabajadores, relaciona lo siguiente:
«El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta
por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de
oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional
a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y
conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador
en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho;
primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento
y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador
menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico
de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente
ratificados, hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y
convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los
derechos de los trabajadores».
23. Ahora bien, en lo referente al principio de favorabilidad, esta Corporación en
sentencia del 01 de junio de 201714 ha emitido lo siguiente:
«la aplicación del principio de la favorabilidad en materia laboral, se presenta cuando
existe un conflicto entre dos normas vigentes o cuando existe una sola que admite
varias interpretaciones, el cual debe emplearse respetando el principio de
inescindibilidad de la ley, en el sentido que la norma favorable deberá aplicarse en su
integridad».
24. Entonces, para que opere el principio de favorabilidad deben darse los siguientes
requisitos. 1. Frente a una situación de carácter laboral, existen dos normas vigentes
susceptibles de aplicarse al caso concreto, es decir, que regulen la misma situación
fáctica. 2. Que el juez tenga duda sobre cuál de ellas debe aplicar. 3. Que la norma
14
Consejo De Estado Sala De Lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B Consejero Ponente: Sandra
Lisset Ibarra Vélez Bogotá, D. C., Primero (1) De Junio De Dos Mil Diecisiete (2017) Radicación Número: 15001-23-33-
000-2015-00058-01(3452-16)
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Expediente: 41001-23-33-000-2016-00457-01 (1375-2021)
Demandante: Olga Dussan Peña
Demandados: Departamento del Huila,
E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito
que escoja, se aplique en su totalidad, o sea, que no puede interpretarse
parcialmente sino de forma íntegra, como un todo, esto es, como un cuerpo
normativo.
ii) Análisis del régimen retroactivo de cesantías.
25. La aludida prestación se rige por lo consagrado en el literal a) del artículo 17 de
la Ley 6ª de 1945 y los artículos 1° del Decreto 2767 de 1945, 1° de la Ley 65 de
1946 y 1°, 2°, 5° y 6° del Decreto 1160 de 1947, es decir el régimen de retroactividad,
que era la regla general para los empleados del orden territorial, mientras que para
los servidores del nivel nacional, después de la expedición del Decreto 3118 de 1968,
lo era la afiliación al Fondo Nacional del Ahorro, incluso aquellos pertenecientes al
sector salud.
26. No obstante, con la entrada en vigencia de la Ley 10 de 1990 se estableció una
regla especial para los empleados territoriales que pertenecieran al área de la salud,
toda vez que el artículo 30 de dicha norma los homologó en el régimen laboral
aplicable a los empleados del orden nacional, lo que conllevó a la aplicación,
respecto de aquellos, del sistema de cesantías anuales, es decir, sin retroactividad,
así dispuso el precepto:
«ARTICULO 30. Régimen de los trabajadores oficiales y de los empleados públicos.
Las entidades públicas de cualquier nivel administrativo que presten servicios de salud,
aplicarán a sus trabajadores oficiales, en cuanto sean compatibles, los principios y
reglas propios del régimen de carrera administrativa, y les reconocerán, como mínimo,
el régimen prestacional previsto en el Decreto 3135 de 1968, todo, sin perjuicio de lo
que contemplen las convenciones colectivas de trabajo.
A los empleados públicos del sector de la salud de las entidades territoriales y
de sus entes descentralizados, se les aplicará el mismo régimen prestacional de
los empleados públicos del orden nacional, sin perjuicio de lo previsto en el artículo
17 de la presente Ley» (subrayado fuera del texto).
27. Bajo la misma línea, la Ley 100 de 1993 «Por la cual se crea el sistema de
seguridad social integral y se dictan otras disposiciones», prohibió de manera
expresa para los servidores del sector salud, acordar retroactividad en el régimen de
cesantías, así señaló:
«Artículo 242 (…)
A partir de la vigencia de la presente Ley no podrá reconocerse ni pactarse para los
nuevos servidores del sector salud, retroactividad en el régimen de cesantías a ellos
aplicable […]»
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Expediente: 41001-23-33-000-2016-00457-01 (1375-2021)
Demandante: Olga Dussan Peña
Demandados: Departamento del Huila,
E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito
28. Posteriormente, el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998 previó que los servidores
públicos beneficiarios del régimen retroactivo de cesantías que hayan ingresado a
un ente territorial antes de la expedición de la Ley 334 de 1996, podían trasladarse
al anualizado previa solicitud, liquidación total de la prestación y entrega del
emolumento a la administradora que eligieran.
iii) Solución al asunto.
29. En el sub examine se encuentra acreditado que la señora Olga Dussan Peña fue
nombrada como médico mediante Resolución No. 136 de 1982 (Fl. 27 a 28).
Igualmente se observa que a través de la Resolución No. 420 del 29 de junio de 1984
fue nombrada en el mismo hospital para ocupar el cargo de médico general, (Fl. 29
a 30), posesionada el 19 de julio de 1984.
30. Es cierto, en relación con los hechos de la demanda que en virtud de la petición
elevada el 26 de mayo de 2016, el gerente administrativo de la E.S.E. Hospital
Departamental San Antonio de Pitalito liquidó el auxilio de cesantías de la señora
Dussan Peña por los años 1982 a 2014 (Fl. 31 a 63). En igual sentido, se allega al
expediente copia del extracto interno de cesantías Dra. Dussan Peña
correspondiente a los años 1982 a 2016. (Fl. 69 a 74)
31. Al respecto, la sentencia del 04 de noviembre de 2021 15 proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación establece lo siguiente:
«De acuerdo con todo lo anterior, se observa que el demandante se vinculó como
empleado público del sector salud con anterioridad a 1990, lo que quiere decir que era
beneficiario del régimen retroactivo de cesantías, razón por la cual la liquidación de
este auxilió procedía al finalizar el vínculo laboral. No obstante, la entidad empleadora
realizó la liquidación de manera anualizada y consignó los valores de esta operación
en el Fondo Nacional del Ahorro.
Al respecto vale la pena precisar que, desde la posesión en la entidad demandada se
cumplió, bajo un régimen distinto, con la obligación de liquidación y pago del auxilio de
cesantías, y que en ningún caso le fue negado el acceso a este, pues recordemos que
el señor Betancourt Paba no solo hizo uso de sus cesantías durante el vínculo laboral,
sino que al finalizar éste retiró todo lo que por dicho concepto tenía en su cuenta
individual en el FNA.
15
Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Consejero Ponente:
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ, Bogotá, D.C. cuatro (4) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), Radicación
número: 13001-23-33-000-2012-00181-01(0141–16)
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Expediente: 41001-23-33-000-2016-00457-01 (1375-2021)
Demandante: Olga Dussan Peña
Demandados: Departamento del Huila,
E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito
En este punto, vale la pena recordar que la jurisprudencia de esta Sección ya se ha
pronunciado en casos similares16, en el sentido de aclarar que, si bien era procedente
el reconocimiento de las cesantías bajo el régimen retroactivo, las actuaciones del
empleado al retirar ocasionalmente sus cesantías del Fondo Nacional del Ahorro y no
oponerse a que estas fueran administradas por ese fondo, conllevan a aceptar el
régimen que la ley dispuso para sus administrados, es decir el anualizado. Al respecto,
se pone de presente lo resuelto en sentencia de 8 de marzo de 2018:
«Conforme a lo reseñado es preciso concluir que la señora Esmeralda Lamus
Rodríguez no le asiste el derecho a la reliquidación de las cesantías definitivas
conforme al régimen retroactivo de la Ley 6ª de 1945, porque bien es cierto que
se vinculó a la ESE Hospital Santo Tomas de Villanueva con anterioridad a la
entrada en vigencia de la ley 100 de 1993 (4 de septiembre de 1985), está
afiliada al Fondo Nacional del Ahorro, desde el 30 de septiembre de 1999.
Ahora, no obstante, no obra en el expediente manifestación expresa de su
voluntad acogerse a ese sistema, el hecho de haber realizado retiros parciales
de sus cesantías directamente del Fondo Nacional del Ahorro y emplear dicho
auxilio para abonar a un crédito hipotecario desde el año 2000 hasta el 2010,
permite a la Sala inferir que la demandante conocía de su vinculación al aludido
fondo acogiéndose por tanto a las reglas y disposiciones que lo regulan.
Así las cosas, comoquiera que la demandante pertenece al sistema de
cesantías del Fondo Nacional del Ahorro, no tiene derecho a la reliquidación de
las mismas con base en el régimen retroactivo de la Ley 6ª de 1945.»17”
32. Precisado entonces, que la servidora del sector salud vinculada a través de la
seccional de salud con anterioridad a la entrada en vigencia de las Leyes 10 de 1990
y 100 de 1993, pertenecen al orden territorial, corresponde, conforme a las pruebas
obrantes en el expediente determinar si se vulneraron los principios de
irrenunciabilidad y favorabilidad, así como también dilucidar cuál es el sistema
aplicable a la liquidación y pago de sus cesantías, esto es, si el retroactivo o el
anualizado.
33. En lo referente a la irrenunciabilidad, la Sala observa que no se conculcó este
principio por cuanto dicha irrenunciabilidad aplica a los beneficios mínimos laborales,
como lo es el caso del auxilio de las cesantías que son una prestación social a favor
del trabajador que debe pagar el empleador como contraprestación por las
actividades que realiza, con la finalidad de que las utilice para satisfacer sus
necesidades en el evento en que cese su vinculación laboral. No obstante, no se
puede predicar lo mismo del régimen retroactivo, puesto que este sistema de
cesantías si es renunciable bajo el entendido del artículo 3 del Decreto 1582 de 1998
el cual previó que los servidores públicos beneficiarios del régimen retroactivo de
16 Al resp ecto véanse l as s enten cias del Consejo de Estado – Sección Segunda Radicado:
4 1 0 0 1 2 3 3 3 0 0 0 2 0 1 3 0 0 1 3 5 0 1 ( 4 4 0 2 - 2 0 1 4 ) d e f e c h a 5 d e a b r i l d e 2 0 1 7 ; R a d i c a d o:
4001233300020150004101(0261 -2017) de fecha 26 de abril de 2018; y Radicado
54001233300020160016401 (0557 -2019) de fecha 17 de junio de 2021.
17
Cons ejo de Estado – Sección Segunda. Radicado: 44001 -23-33 -000-2014 -00155-02 (0816 -
2017) de fecha 8 de marzo de 2018.
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Expediente: 41001-23-33-000-2016-00457-01 (1375-2021)
Demandante: Olga Dussan Peña
Demandados: Departamento del Huila,
E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito
cesantías que hayan ingresado a un ente territorial antes de la expedición de la Ley
334 de 1996, podían trasladarse al régimen anualizado previa solicitud, liquidación
total de la prestación y entrega del emolumento a la administradora que eligieran.
34. En lo atinente al principio de favorabilidad, se evidencia que tampoco se vulneró
debido a que sólo se presenta cuando existe un conflicto entre dos normas vigentes
y que el juez tenga duda sobre cual de ellas debe aplicar, lo que en el asunto bajo
estudio no existe un conflicto de normas sino de sentencias aplicadas al sub lite, que
a juicio de la accionante el tribunal optó por escoger la interpretación más
desfavorable y además, no se genera duda, por cuanto en la sentencia del 04 de
noviembre de 2021 de la Subsección A de la Sección Segunda de este cuerpo
colegiado está en consonancia con la sentencia del 26 de abril de 201818 de la
Subsección B igualmente de la misma sección de la Corporación, en el entendido de
que las actuaciones del empleado al retirar ocasionalmente sus cesantías del Fondo
Nacional del Ahorro y no oponerse a que estas fueran administradas por ese fondo,
conllevan a aceptar el régimen que la ley dispuso para sus administrados, es decir,
el anualizado.
35. En lo alusivo a dilucidar cuál es el sistema aplicable a la liquidación y pago de las
cesantías de la señora Dussan Peña, la Sala contempla que según el extracto
histórico de sus cesantías, desde el año 1982 y de manera ininterrumpida, le han
sido consignados los aportes correspondientes a dicha prestación en la cuenta
individual que figura a su nombre en el Fondo Nacional del Ahorro, correspondiendo
el último pago al año 2016. Del referido reporte también se observa que la accionante
en los años 1982, 1994 a 1998 realizó retiros parciales de sus cesantías y que del
año 2000 al 2006 empleó su ahorro para realizar abonos a un crédito hipotecario. Es
claro que la demandante se benefició de la liquidación anualizada de sus cesantías,
teniendo plena conciencia de que estas se encontraban en el Fondo Nacional del
Ahorro, además, realizó retiros parciales del saldo a su favor.
36. En ese sentido, esta Sala considera que ordenar el reconocimiento y pago del
auxilio de cesantías bajo el régimen de retroactividad contraría, no solo la línea
jurisprudencial que sobre el tema se ha plasmado en esta Corporación, sino que
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Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejera Ponente: SANDRA LISSET
IBARRA VÉLEZ, Bogotá D. C., Veintiséis (26) De Abril De Dos Mil Dieciocho (2018), Rad. No.: 44001-23-33-000-2015-
00041-01(0261-17)
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Expediente: 41001-23-33-000-2016-00457-01 (1375-2021)
Demandante: Olga Dussan Peña
Demandados: Departamento del Huila,
E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito
además resultaría ser una decisión equivocada a la luz de la finalidad del auxilio de
cesantías19, lo anterior se entiende porque:
1. Del año 2000 al 2006 la señora Dussan Peña empleó su ahorro para realizar
abonos a un crédito hipotecario.
2. Cualquier otra necesidad que la empleada pudo tener, esto es compra o
mejoramiento de vivienda o el pago de educación, fue atendido en la medida
que realizó retiros parciales de las cesantías en los años 1982, 1994 a 1998.
37. Aunado a ello, se resalta que desde el inicio de la relación laboral la demandante
no ha presentado reclamo alguno por la forma en que fueron liquidadas y
administradas sus cesantías desde el momento de su vinculación a la E.S.E. Hospital
Departamental San Antonio de Pitalito, por lo que se puede entender que con sus
actuaciones tácitamente aceptó las condiciones con las que percibió y disfrutó del
auxilio, es decir, acogiéndose por tanto a las reglas y disposiciones que lo regulan,
esto es el régimen anualizado.
38. Por otra parte, en relación con la condena en costas a la parte actora, la Sala
observa que el a quo no hizo un análisis sobre la necesidad de condenar en costas
a la parte vencida del proceso, atendiendo los criterios ya definidos por la
jurisprudencia, echándose de menos alguna evidencia de causación de expensas
que justifiquen su imposición a la parte demandante quien dentro de sus facultades,
hizo uso mesurado de su derecho de defensa. Por ello se revocará este aparte de la
sentencia apelada.
39. Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia del 09 de diciembre de 2020
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, en cuanto negó las pretensiones
de la demanda y revocará la condena en costas impuesta a la parte actora, por las
razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
19 « E n r e i t e r a d a j u r i s p r u d e n c i a l a C o r t e h a e x p r e s a d o q u e e l a u x i l i o d e c e s a n t í a e s u n a p r e s t a c i ó n
social a favor de los trabajadores, que se paga en dinero, y que atiende a una doble finalidad .
Por una parte, en atención a que la cesantía es una especie de ahorro, busca que el trabajado r
pueda satisfacer sus necesidades mientras permanece cesante. D e otro lado, este auxilio busca
que el empleado pueda atender otro tipo de necesidades importantes como la adquisición d e
vivienda o el pago de servicios de educación. En esa medida, el auxilio de cesantía es una
prestación por medio de la cual se garantiza el goce efectivo de los derechos al trabajo y a l a
segu ridad so cial .» - Co rte Constitucional – Sentencia de 25 de julio de 2019. SU 332 -19
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Expediente: 41001-23-33-000-2016-00457-01 (1375-2021)
Demandante: Olga Dussan Peña
Demandados: Departamento del Huila,
E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia, en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 09 de diciembre de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila que negó las pretensiones de la demanda, de
conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia.
SEGUNDO: REVÓCAR el numeral SEGUNDO, en cuanto condenó en costas a la
parte demandante.
TERCERO: Por Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al
Tribunal de origen para lo de su competencia, previa las anotaciones y constancias
registradas en SAMAI.
Notifíquese y cúmplase.
Firma Electrónica
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Consejera de Estado
Firma Electrónica Firma Electrónica
CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida
la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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