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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00491-01

Fecha
7 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2016-00491-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 10 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por los señores Aracely Eslava Rubio, Luz Dally Falla Puentes, Leonor Argüello Losada, Amparo Chavarro Pérez, Gloria Inés Dussán Soto, María Elvira Durán Pava, Gloria María Rivera Díaz, Gloria Tafur de Reina, Candelaria Andrade Vargas, Nubia Tamayo Ortiz, Nixon Trujillo Ardila, Nelly Toro Delgado y Claudia Leonor Trujillo Bahamón contra el departamento del Huila - secretaría de salud, conforme a la parte motiva. 2°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2016-00491-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

7 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., siete (7) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 41001-23-33-000-2016-00491-01 (2196-2022)
Demandante : Aracely Eslava Rubio, Luz Dally Falla Puentes,
Leonor Argüello Losada, Amparo Chavarro Pérez,
Gloria Inés Dussán Soto, María Elvira Durán Pava,
Gloria María Rivera Díaz, Gloria Tafur de Reina,
Candelaria Andrade Vargas, Nubia Tamayo Ortiz,
Nixon Trujillo Ardila, Nelly Toro Delgado y Claudia
Leonor Trujillo Bahamón
Demandada : Departamento del Huila - secretaría de salud
Tema : Régimen de cesantías aplicable a trabajadores del sector
salud del orden territorial afiliados al Fondo Nacional del
Ahorro

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia de 10 de agosto de 2021, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, que negó las pretensiones de la demanda del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control (ff. 21 a 37). Los señores Aracely Eslava Rubio, Luz
Dally Falla Puentes, Leonor Argüello Losada, Amparo Chavarro Pérez, Gloria
Inés Dussán Soto, María Elvira Durán Pava, Gloria María Rivera Díaz, Gloria
Tafur de Reina, Candelaria Andrade Vargas, Nubia Tamayo Ortiz, Nixon
Trujillo Ardila, Nelly Toro Delgado y Claudia Leonor Trujillo Bahamón, por
conducto de apoderado, ocurren ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo a incoar medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), contra el departamento del Huila
• secretaría de salud, para que se acojan las pretensiones que en el apartado
siguiente se precisan.

1.2 Pretensiones. Se declare la nulidad de «[…] los actos administrativos por
medio de los cuales se le negó el derecho a la reliquidación de las cesantías
con retroactividad a [la parte actora] en especial el oficio número 06400 del 13
de mayo de 2016» (sic).

Expediente 41001-23-33-000-2016-00491-01 (2196-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aracely Eslava Rubio y otros contra el departamento del Huila

A título de restablecimiento del derecho, se condene a reconocer (i) «con
respecto a las demandantes retiradas del servicio […] la reliquidación de las
cesantías con retroactividad y consecuentemente ordene la reliquidación […]
en forma retroactiva y disponga el pago definitivo de las mismas […] con base
en el último salario devengado incluyendo todos los factores a que haya lugar
y a disponer el pago definitivo de las mismas con efectividad a partir de la fecha
del retiro» (sic); (ii) «con respecto a l[o]s empleados en servicio activo […] la
reliquidación de las cesantías con retroactividad y consecuentemente […]
efectúen las gestiones presupuestales correspondientes […] para el efecto, se
les efectúe el pago parcial de las cesatías a que tienen derecho las trabajadoras
activas […] con base en el salario devengado a corte a 31 de diciembre de 2015
o a la fecha en que se profiera el fallo respectivo, teniendo en cuenta dicha
retroactividad o en forma definitiva al momento en que se produzca su retiro
[…] del servicio, con base en el último salario devengado incluyendo todos los
factores respectivos» (sic); y (iii) la correspondiente indexación y costas
procesales.

1.3 Fundamentos fácticos. Relata la parte accionante que «[…] fueron
vinculad[o]s laboralmente […] por intermedio del Servicio Seccional de Salud
del Huila […]», así: (i) la señora Aracely Eslava Rubio «mediante resolución
número 220 del 28 de marzo de 1983 y acta de posesión de fecha 18 de julio de
1983, con efectos legales a partir del día 01de abril de 1983» (sic); (ii) la señora
Luz Dally Falla Puentes «mediante resolución número 627 del 12 de mayo de
1987 y acta de posesión de fecha 15 de mayo de 1987, con efectos fiscales a
partir del día 15 de mayo de 1987» (sic); (iii) la señora Leonor Argüello Losada
«mediante resolución número 001 del 07 de enero de 1992 y acta de posesión
de fecha 15 de enero de 1992, con efectos legales a partir del día 08 de enero
de 1992» (sic); (iv) la señora Amparo Chavarro Pérez, «mediante Resolución
número 399 del 01 de abril de 1987 y acta de posesión de fecha 08 de abril de
1987, con efectos legales a partir del día 01 de abril de 1987» (sic); (v) la señora
Gloria Inés Dussán Soto «mediante resolución número 846 del 2 de agosto de
1983 y acta de posesión de fecha 05 de septiembre de 1983, con efectos legales
a partir del día 01 de agosto de 1983» (sic); (vi) la señora María Elvira Durán
Pava «mediante resolución número 628 del 12 de mayo de 1987 y acta de
posesión de fecha 13 de mayo de 1987, con efectos legales a partir del día 13
de mayo de 1987» (sic); (vii) la señora Gloria María Rivera Díaz «mediante
resolución número 334 del 14 de junio de 1982 y acta de posesión de fecha 01
de julio de 1982, con efectos legales a partir del día 14 de junio de 1982» (sic);
(viii) la señora Gloria Tafur de Reina «mediante resolución número 101 del 12
de febrero de 1974 y acta de posesión de fecha 13 de marzo de 1974, con efectos
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Expediente 41001-23-33-000-2016-00491-01 (2196-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aracely Eslava Rubio y otros contra el departamento del Huila

legales a partir del día 18 de febrero de 1974» (sic); (ix) la señora Candelaria
Andrade Vargas «mediante resolución número 575 del 11 de agosto de 1976 y
acta de posesión de fecha 23 de agosto de 1976 con efectos retroactivos al 11
de agosto de 1976» (sic); (x) la señora Nubia Tamayo Ortiz «mediante
resolución número 001 del 09 de mayo de 1990 y acta de posesión de fecha 12
de enero de 1990, con efectos legales a partir del día 10 de enero de 1990»
(sic); (xi) el señor Nixon Trujillo Ardila «mediante resolución número 126 del
12 de febrero de 1985 y acta de posesión de fecha 11 de marzo de 1985, con
efectos fiscales legales a partir del día 01 de marzo de 1985» (sic); (xii) la
señora Nelly Toro Delgado «mediante resolución número 441 del 21 de abril
de 1989 y acta de posesión de fecha 28 de abril de 1989, con efectos legales a
partir del día 24 de abril de 1989» (sic); y la señora Claudia Leonor Trujillo
Bahamón «mediante resolución número 455 del 14 de septiembre de 1982 y
acta de posesión de fecha 22 de octubre de 1982, con efectos legales a partir
del día 01 de septiembre de 1982» (sic).

Que con la entrada en vigor de la Ley 432 de 1998, las mencionadas personas
fueron afiliadas al Fondo Nacional del Ahorro y «el Departamento del Huila
procedió a continuar situando a dicho fondo los aportes de cesantías» (sic).

Dice que el 20 de abril de 2016 se solicitó del departamento del Huila «reconcer
que son personas beneficiarias del régimen de liquidación de cesantías con
retroactividad […] teniendo en cuenta el último salario devengado, así como
también que se […] informara si existía convenio de concurrencia que
amparara el pago de dicho pasivo prestacional».

Que, mediante oficio 6400 de 13 de mayo de 2016, el departamento del Huila
comunicó que «[…] no tenían derecho al reconocimiento de cesantías por
retroactividad, que las mismas se han venido aportando al Fondo Nacional del
Ahorro, sin que medie convenio alguno para dicho fin […]» (sic).

1.4 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como normas
violadas por el acto administrativo acusado los artículos 1º, 2º, 6º, 13, 25, 53, 90,
121, 125 y 209 de la Constitución Política; 17 de la Ley 6ª de 1945, 13 de la Ley
344 de 1996 y 5º de la Ley 432 de 1998; las Leyes 65 de 1946 y 244 de 1995; y
los Decretos 2567 de 1946 y 2755 de 1966.

Aduce que la «[l]ey 6ª de 1945 en su artículo 17 […] estableció el derecho al
pago de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de
servicios, el Decreto 2567 de 1946 […] estableció el derecho al pago de la
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Expediente 41001-23-33-000-2016-00491-01 (2196-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aracely Eslava Rubio y otros contra el departamento del Huila

cesantía de conformidad con el último sueldo devengado, la Ley 65 de 1946
[…] dispuso el derecho al pago del auxilio de cesantía a todos los asalariados
al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del Poder Público,
reglamentada por el Decreto 1160 de 1947 que ordenó el pago de la cesantía
a la terminación del contrato de trabajo y el Decreto 2755 de 1966 […]
estableció los anticipos o liquidaciones parciales de cesantías, en razón de lo
cual se les aplica el régimen de retroactividad» (sic).

Que la Ley 244 de 1995 «establece el derecho al pago de las cesantías
definitivas para el caso de los empleados que se retiren de la Administración
Pública, o de las cesantías parciales a favor de los servidores públicos que
continúen en la Administración, por cuanto se desconoce que ésta norma aplica
también para aquellos empleados que sean beneficiarios del régimen de
retroactividad para la liquidación» (sic).

1.5 Contestación de la demanda (ff. 399 a 411). El departamento de Huila,
por intermedio de apoderado, se opone a las pretensiones de la demanda y
respecto de los hechos afirma que algunos son ciertos y otros no; asevera que
«[…] los empleados de los Hospitales de la red de servicios de salud del
Departamento y los funcionarios del sector salud, con anterioridad a la Ley
100 de 1993, venían afiliados para cesantías al Fondo Nacional del Ahorro y
el empleador realizaba sobre la nómina los correspondientes aportes, en este
caso era la seccional de salud».

Formula la excepción denominada falta de legitimación en la causa por pasiva,
por cuanto «[d]e los anexos a la demanda, esto es los formatos de liquidación,
se infiera que las cesantías se le han venido liquidando y reconocido en forma
legal por parte de la ESE Hospital Departamental Moncaleano Perdomo, su
empleador» (sic).

1.6 La providencia apelada1. El Tribunal Administrativo del Huila, en
sentencia de 10 de agosto de 2021, negó las súplicas de la demanda (sin condena
en costas), al considerar que «[…] desde 1968 (Decreto 3118), los servidores
públicos nacionales estaban obligados a afiliarse al Fondo Nacional del
Ahorro, y por mandanto del artículo 30 de la Ley 10 de 1993 a los empleados
territoriales de la salud se les aplicaba el mismo régimen»; y «[…] aunque
brilla por su ausencia la solicitud de cambio de régimen (del retroactivo al
anualizado) y/o la autorización de retiros parciales de cesantías, al permanecer

1
Obrante en la herramienta electrónica Samai.
4

Expediente 41001-23-33-000-2016-00491-01 (2196-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aracely Eslava Rubio y otros contra el departamento del Huila

afiliados (as) […] sin ninguna oposición durante muchos años, permite colegir
que optaron por el sistema de cesantías anualizado […] » (sic).

1.7 El recurso de apelación2. Inconforme con la anterior sentencia, la parte
demandante, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación, al estimar
que se desconoció las sentencias del Consejo de Estado, en especial «[…] las
proferidas por la Sección 2, subsección A, Sent. del 13 de febrero de 2014
rad.0705-12, CP Dr. Luis Rafa[e]l Vergara Quintero, del 22 de marzo de 2018
rad. 2014-00210, la sentencia de la Sección Segunda […] Consejero Ponente
el Dr. Alejandro Ordónez Maldonado del 03 de agosto de 2006, dentro del
proceso Rad. 2000-0711 […] pero a pesar de que al interior del Honorable
Consejo de Estado el tema últimamente no ha sido pacífico, optó por escoger
la interpretación más desfavorable para los intereses de la demandante […]»
(sic).

Que «[…] como l[o]s demandantes, no manifestaron en ningún momento su
decisión de cambiarse del régimen de retroactividad por el régimen de
liquidación anual previsto en la ley 344 de 1996 y el D. 1582 de 1998, tales
disposiciones no les son aplicables, sin que sea de recibo interpretar que por el
hecho de haber estado afiliado al FNA pueda haber perdido el derecho a dicho
régimen por cuanto dicha interpretación está proscrita para el operador judicial
por expresa disposición constitucional que consagra la favorabilidad en la
interpretación de las normas laborales» (sic).

II. TRÁMITE PROCESAL

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 1º de febrero de
20223 y admitido por esta Corporación a través de auto de 23 de agosto siguiente
(f. 545), en cumplimiento del artículo 247 del CPACA4, pero durante la
oportunidad establecida en el numeral 4 ibidem los sujetos procesales guardaron
silencio.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA esta
Corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda
instancia.

2
Ibidem
3
Ibidem
4
Modificado por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021.
5

Expediente 41001-23-33-000-2016-00491-01 (2196-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aracely Eslava Rubio y otros contra el departamento del Huila

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación, se contrae a
determinar si a los intervinientes de la parte accionante, en su condición de
empleados del sector salud del departamento del Huila, les asiste derecho a la
liquidación de sus cesantías conforme al régimen de retroactividad, que resulta
más favorable en atención a las sentencias proferidas por esta Corporación; o
si, por el contrario, tal como lo concluyó el a quo, al ser servidores del orden
territorial, los rige el mismo régimen de los de carácter nacional y frente a ellos
es forzosa la afiliación al Fondo Nacional del Ahorro, por mandato del artículo
30 de la Ley 10 de 1990.

3.3 Marco normativo. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.

Las cesantías comportan una prestación social a favor del trabajador que debe
pagar el empleador como contraprestación por las actividades que realiza, con
la finalidad de que las utilice para satisfacer sus necesidades en el evento en que
cese su vinculación laboral.

La letra f) del artículo 12 de la Ley 6.ª de 19455 estipula que el monto de esta
prerrogativa es equivalente a un mes de salario por cada año de servicios o
proporcionalmente al lapso laborado. Además, la mencionada norma dispone
que solo hay lugar a pagarla una vez culmine la relación laboral, por lo que esta
forma de reconocimiento recibió el nombre de régimen de cesantías retroactivo.

El artículo 1.º de la Ley 65 de 19466 extendió dicha garantía a los trabajadores
del orden territorial, entre otros, en los siguientes términos:

Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en
cualquiera de las ramas del Poder Público, hállense o no escalafonados en
la Carrera Administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo
el tiempo trabajado continua o discontinuamente, a partir del 1 de enero de
1942 en adelante, cualquiera que sea la causa del retiro.

Parágrafo.- Extiéndese este beneficio a los trabajadores de los
Departamentos, Intendencias y comisarías y Municipios […].

5
«Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales,
conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo».
6
«Por la cual se modifican las disposiciones sobre cesantía y jubilación y se dictan otras».
6

Expediente 41001-23-33-000-2016-00491-01 (2196-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aracely Eslava Rubio y otros contra el departamento del Huila

La norma en cita la reprodujo el Decreto 1160 de 19477, con la aclaración de
que el monto de la prestación era equivalente a un mes de salario por cada año
de servicio o proporcionalmente al tiempo laborado, si era inferior a ese lapso.

Con la expedición del Decreto 3118 de 1968 se creó el Fondo Nacional del
Ahorro como un establecimiento público adscrito al entonces Ministerio de
Desarrollo Económico, constituido por las cesantías de los trabajadores
oficiales y empleados públicos, cuyo objeto, entre otros, era garantizar el pago
oportuno del aludido derecho laboral. En esta norma se individualizó las
entidades públicas que debían realizar la liquidación anual del emolumento, así:

Artículo 27. Liquidaciones anuales. Cada año calendario contado a partir
del 1º de enero de 1969, los Ministerios, Departamentos Administrativos,
Superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y
comerciales del Estado liquidarán la cesantía que anualmente se cause en
favor de sus trabajadores o empleados.

La liquidación anual así practicada tendrá carácter definitivo y no podrá
revisarse aunque en años posteriores varíe la remuneración del respectivo
empleado o trabajador.

El citado precepto no era aplicable a los servidores públicos del orden territorial,
quienes se encontraban sujetos al régimen de cesantías previsto en las Leyes 6.ª
de 1945 y 65 de 1946, esto es, al retroactivo.

De igual modo, el propósito del Gobierno nacional, con la expedición del
referido Decreto 3118 de 1968, fue «iniciar el proceso de desmonte de la
llamada retroactividad de las cesantías, para dar paso a un sistema de
liquidación anual, así como con la finalidad de pagar oportunamente el auxilio
de cesantía a los empleados públicos y trabajadores oficiales; contribuir a la
solución del problema de vivienda de estas personas y proteger dicho auxilio
de la depreciación monetaria, previendo, para el efecto, el reconocimiento de
intereses sobre las sumas acumuladas a favor del trabajador»8.

Por otra parte, la Ley 10 de 19909 (artículo 30), con el fin de unificar los diversos
regímenes prestacionales vigentes para ese momento, dispuso:

7
«Sobre auxilio de cesantía».
8
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 44001-23-33-000-2014-00030-01 (1522-
2016), sentencia de 27 de septiembre de 2018, actores: Enilda Elena Suarez Ipuana y otros, demandados: Nación –
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y ESE Hospital de Nazaret.
9
«Por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones».
7

Expediente 41001-23-33-000-2016-00491-01 (2196-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aracely Eslava Rubio y otros contra el departamento del Huila

Artículo 30. Régimen de los trabajadores oficiales y de los empleados
públicos. Las entidades públicas de cualquier nivel administrativo que
presten servicios de salud, aplicarán a sus trabajadores oficiales, en cuanto
sean compatibles, los principios y reglas propios del régimen de carrera
administrativa, y les reconocerán, como mínimo, el régimen prestacional
previsto en el Decreto 3135 de 1968, todo, sin perjuicio de lo que
contemplen las convenciones colectivas de trabajo. A los empleados
públicos del sector de la salud de las entidades territoriales y de sus entes
descentralizados, se les aplicará el mismo régimen prestacional de los
empleados públicos del orden nacional, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 17 de la presente Ley.

Fue así que los empleados del sector salud del orden territorial y sus entes
descentralizados, con posterioridad a la entrada en vigor de la referida Ley 10
de 1990, se regían, en materia prestacional, por las mismas disposiciones que
los nacionales y, por ende, para la liquidación y pago de sus cesantías debía
recurrirse a lo establecido en el Decreto ley 3118 de 1968, que, como ya se
indicó, creó el modelo anualizado administrado por el Fondo Nacional del
Ahorro. En consecuencia, para aquel momento en el sector público existían dos
regímenes de cesantías; por un lado, el anualizado, aplicable a los servidores
nacionales y los territoriales que pertenecieran al sector salud y hubiesen
iniciado labores con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 10 de 1990;
y, por otro, el retroactivo para el resto de los servidores de carácter territorial.

Por su parte, la Ley 50 de 199010 cambió el régimen de cesantías en el sector
privado al anualizado, cuyas características fueron explicadas en su artículo 99:

El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de
cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio
de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato
de trabajo.

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual
o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre
el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el
año o en la fracción que se liquide definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15
de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador
en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el
plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.

10
«Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones».
8

Expediente 41001-23-33-000-2016-00491-01 (2196-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aracely Eslava Rubio y otros contra el departamento del Huila

Con la expedición de la Ley 100 de 199311 (artículo 242) se prohibió el
reconocimiento para los nuevos servidores del sector salud de un régimen
retroactivo de cesantías, por lo que el anualizado se convirtió en la regla general
para este tipo de empleados.

El artículo 13 de la Ley 344 de 199612 extendió el régimen de cesantías fijado
en la Ley 50 de 1990 a los servidores públicos vinculados con posterioridad a
su entrada en vigor (31 de diciembre de 1996), en los siguientes términos:

Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91
de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen
de cesantías:

a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de
cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio
de la que deba efectuar en fecha diferente por la terminación de la relación
laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean
contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo.

El artículo 1.º del Decreto 1582 de 199813 amplió el régimen de cesantías de
que trata la Ley 50 de 1990 (anualizado) a los servidores públicos del orden
territorial, así:

El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos
del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que
se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos
99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de
los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional
de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes
de la Ley 432 de 1998.

Visto lo anterior, coexisten dos regímenes de cesantías, el retroactivo para
quienes se vincularon a la administración pública hasta el 30 de diciembre de
1996 y el anualizado creado por la Ley 50 de 1990, inicialmente para el sector
privado y que la Ley 344 de 1996 extendió a los servidores públicos vinculados
con posterioridad a su entrada en vigor (31 de diciembre de 1996).

11
«Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones».
12
«Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades
extraordinarias y se expiden otras disposiciones».
13
«Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en
relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia».
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Expediente 41001-23-33-000-2016-00491-01 (2196-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aracely Eslava Rubio y otros contra el departamento del Huila

Conforme a la normativa trascrita y según las condiciones especiales descritas
en precedencia, se tiene entonces que los empleados que se vincularon a partir
del 31 de diciembre de 1996 les es aplicable el régimen de cesantías anualizadas
regulado por la Ley 50 de 1990, que dispone la realización de la liquidación
anual de dicha prestación social, suma que deberá ser consignada en el
respectivo fondo de cesantía, con anterioridad al 15 de febrero del año siguiente,
so pena de que el empleador sea sancionado al pago de un día de salario por
cada día de retardo.

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998 previó la
posibilidad para los servidores públicos vinculados con anterioridad a la Ley
344 de 1996 que gocen del régimen de retroactividad, acogerse al de cesantías
allí previsto.

Por otro lado, la Ley 432 de 199814 (artículo 5), al introducir modificaciones
sobre la naturaleza jurídica del Fondo Nacional del Ahorro, previó respecto de
sus afiliados:

Artículo 5º.- Afiliación de servidores públicos. A partir de la vigencia de
la presente Ley deben afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro los servidores
públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del Orden Nacional.

No se aplica lo anterior al personal uniformado de las Fuerzas Militares y
de la Policía Nacional, ni a los afiliados del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989.

Podrán afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro los demás servidores del
Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios.

Los servidores públicos que se afilien voluntariamente al Fondo Nacional
de Ahorro solo podrán trasladarse a una sociedad administradora de fondos
de cesantías, transcurridos tres años desde la afiliación, siempre que no
tengan obligación hipotecaria vigente con el Fondo Nacional de Ahorro.

Por su parte, el Decreto 1453 de 199815 (artículo 19) dispuso la obligatoriedad
de afiliación al Fondo Nacional del Ahorro, salvo las excepciones del artículo
5° antes trascrito, de los siguientes servidores públicos: (i) los afiliados al Fondo
Nacional de Ahorro, en calidad de obligatorios en virtud del Decreto ley 3118
de 1968; (ii) los de las empresas sociales del Estado, del orden nacional, y de
las sociedades de economía mixta, cuyo capital esté compuesto en más del 90%

14
«Por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras
disposiciones».
15
Reglamentario de la Ley 432 de 1998.
10

Expediente 41001-23-33-000-2016-00491-01 (2196-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aracely Eslava Rubio y otros contra el departamento del Huila

por recursos del Estado, cuya afiliación era voluntaria en el Decreto ley 3118
de 1968; y (iii) los que se vinculen a la rama ejecutiva del poder público del
orden nacional a partir del 2 de febrero de 1998, fecha de entrada en vigor de la
Ley 432 de 1998.

Por último, en lo concerniente a los empleados del sector salud del orden
territorial, cabe advertir que el régimen de cesantías que les resulta aplicable
depende de la fecha de su vinculación. Por ende, si esta fue anterior a la entrada
en vigor de la Ley 10 de 1990, se rige por lo dispuesto en el artículo 17 (letra a)
de la Ley 6ª. de 1945 y los artículos 1º. del Decreto 2767 de 1945, 1°. de la Ley
65 de 1946 y 1, 2, 5 y 6 del Decreto 1160 de 1947, que constituía la regla general
para los empleados del orden territorial, mientras que para los del nivel
nacional, después de la expedición del Decreto ley 3118 de 1968, lo era la
afiliación al Fondo Nacional del Ahorro, incluso aquellos pertenecientes al
sector salud.

Sin perjuicio de lo anterior, la Ley 10 de 1990 (artículo 30) también prevé que
«[a] los empleados públicos del sector de la salud de las entidades territoriales
y de sus entes descentralizados, se les aplicará el mismo régimen prestacional
de los empleados públicos del orden nacional, sin perjuicio de lo previsto en el
artículo 17 de la presente Ley», a más que, como ya se dijo en precedencia, el
artículo 242 de la Ley 100 de 1993 prohibió para los nuevos servidores del
sector salud un régimen retroactivo de cesantías.

Luego, en atención a los problemas originados en la financiación de ciertas
obligaciones derivadas de la prestación de servicios a cargo, en todo o en parte,
de la Nación, entre estas el pasivo prestacional de los servidores del sector de la
salud que, por diferentes razones, se había acumulado con el trascurso del
tiempo, se expidió la Ley 60 de 199316, a través de la cual se instituyó el Fondo
Prestacional del Sector Salud, como mecanismo para subvencionarlo, creado
como una cuenta especial de aquella para garantizar el pago del pasivo
prestacional a favor de los servidores de las entidades de salud del sector oficial,
del subsector privado sostenido y administrado por el Estado, de las entidades
de naturaleza jurídica indefinida, pero igualmente sostenidas por el Estado, por
concepto de cesantías, reservas para pensiones de jubilación17.

16
«Por la cual se dictan normas orgánicas sobre la distribución de competencias de conformidad con los artículos
151 y 288 de la Constitución Política y se distribuyen recursos según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política y se dictan otras disposiciones».
17
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, expediente 44001-23-33-000-2014-00030-01 (1522-
2016), sentencia de 27 de septiembre de 2018, actores: Enilda Elena Suárez Ipuana y otros, demandados: Nación –
Ministerio de Hacienda y Crédito Público y ESE Hospital de Nazaret.
11

Expediente 41001-23-33-000-2016-00491-01 (2196-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aracely Eslava Rubio y otros contra el departamento del Huila

La Ley 100 de 1993 (artículo 242) hizo mención sobre el Fondo Prestacional
del Sector Salud en el sentido de preceptuar que asumiría el costo adicional
generado por concepto de retroactividad de las cesantías del sector salud; sin
embargo, a pesar de haber sido reglamentada esa disposición mediante el
Decreto 530 de 199418, la Ley 715 de 200119 (artículo 61) suprimió aquel y
trasladó su responsabilidad financiera a la Nación – Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, de acuerdo con el Decreto 306 de 200420, que estableció los
requisitos para ser beneficiario del Fondo y la forma de dicho pago, así:

Artículo 4. Cesantías. El procedimiento para el reconocimiento y
pago de las cesantías se desarrollará conforme a los siguientes
parámetros:

El valor neto de la cesantía de una persona activa o retirada a 31 de
diciembre de 1993 equivaldrá a las cesantías causadas y pendientes
de pago a dicha fecha, descontando los valores cancelados por
concepto de cesantías parciales, todo debidamente actualizado.

La Nación a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se
abstendrá de pagar con sus recursos la retroactividad de cesantías que
corresponda al servidor público o el trabajador privado afiliado con
anterioridad al 23 de diciembre de 1993 al Fondo Nacional del Ahorro
o a otra Administradora de Fondo de Cesantías legalmente
constituida, teniendo en cuenta que el régimen que administran dichas
entidades no contempla a su cargo el pago de dicha retroactividad.

Cuando la negligencia imputable al empleador en el pago oportuno
de los aportes para cesantías de sus trabajadores dé origen a la
cancelación de intereses de mora, estos no podrán ser cancelados con
la concurrencia a cargo de las entidades que colaboran en la
financiación del pasivo prestacional del sector salud.

Artículo 8. Beneficiarios. Se consideran beneficiarios del Pasivo
Prestacional del Sector Salud aquellos servidores públicos y
trabajadores privados que fueron certificados como tales por el
Ministerio de Salud de conformidad a la normatividad entonces
vigente, sin perjuicio de las modificaciones a que haya lugar con
ocasión de la revisión que efectúe el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.

18
«Por el cual se reglamentan los artículos 33 de la Ley 60 de 1993 y 242 de la Ley 100 de 1993».
19
«Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos
151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para
organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros».
20
«Por el cual se reglamentan los artículos 61, 62 y 63 de la Ley 715 de 2001»
12

Expediente 41001-23-33-000-2016-00491-01 (2196-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aracely Eslava Rubio y otros contra el departamento del Huila

Serán considerados como beneficiarios los trabajadores del sector
salud que a diciembre de 1993 pertenecían a una de las siguientes
entidades o dependencias y tenían acreencias prestacionales legales a
las que se refiere el artículo 2° del presente decreto, vigentes con las
mismas:

a) Instituciones o dependencias de salud del subsector oficial del
sector salud;

b) Entidades del subsector privado del sector salud, cuando hayan
estado sostenidas o administradas por el Estado, o cuyos bienes se
hayan destinado a una entidad pública en un evento de liquidación;

c) Entidades de naturaleza jurídica indefinida del sector salud cuando
se trate de instituciones que hayan estado sostenidas y administradas
por el Estado, o que se liquiden y cuyos bienes se destinen a una
entidad pública.

En consecuencia, por regla general, el auxilio de las cesantías de los empleados
públicos y trabajadores oficiales del sector salud del nivel territorial, que se
hayan vinculado antes de la entrada en vigor de la Ley 10 de 1990, reiterada en
la Ley 100 de 1993, se liquida con el régimen de retroactividad, es decir, con
base en el último salario devengado al momento de la desvinculación de la
entidad o de la liquidación parcial de cesantías, según sea el caso; a no ser que
hayan optado por afiliarse al Fondo Nacional del Ahorro, caso en el cual se
calcula con el sistema de liquidación y manejo que regula ese sistema,
conclusión a la que ha llegado esta Sala en los siguientes términos: «[c]onforme
a la normativa transcrita en precedencia es posible afirmar que los empleados
públicos y trabajadores oficiales del sector salud del nivel territorial, que
hubieren iniciado sus labores antes de la entrada en vigor de la Ley 10 de 1990,
reiterada en la Ley 100 de 1993, por regla general, son beneficiarios en materia
de cesantías del régimen de retroactividad a menos que se hubieren acogido al
sistema anualizado»21.

3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:

a) Actos de nombramiento y retiro que evidencian la vinculación de los
intervinientes de la parte actora en el servicio de salud del departamento del

21
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sentencia de 26 de abril de 2018, expediente 44001-23-
33-000-2015-00041-01 (0261-2017).
13

Expediente 41001-23-33-000-2016-00491-01 (2196-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aracely Eslava Rubio y otros contra el departamento del Huila

Huila, así:

Nombre Resolución de Cargo Acto de inicio finalización Folios
nombramiento retiro del
servicio
Aracely Eslava 220 de 28 de Coordinadora 162 de 13 de 01/04/1983 30/04/2014 48-50, 73
Rubio marzo de 1983 sección febrero de -74
financiera 2014
627 de 12 de Instructura de 945 de 27 de 15/05/1987 30/06/2016 75-76,
Luz Dally Falla
mayo de 1987 auxiliares de abri de 2015 96-97
Puentes
enfermería
1 de 7 de enero Auxiliar de 3433 de 23 08/01/1992 23/09/2015 98-99,
de 1992 laboratorio de 121-122
Leonor Argüello «sección septiembre
Losada programas de 2015
Médicos
Especiales»
Amparo 399 de 1º de Trabajadora 687 de 1º de 01/04/1987 30/06/2016 123-124,
Chavarro Pérez abril de 1987 social abril de 2016 146-147
Gloria Inés 846 de 2 de Bacterióloga 329 de 10 de 01/08/1983 31/05/2014 149-149,
Dussán Soto agosto de 1983 marzo de 175
2014
María Elvira 628 de 12 de Bacterióloga 686 de 12 de 13/05/1987 31/08/2014 177-178,
Durán Pava mayo de 1987 junio de 199-200
2014
Gloria María 334 de 14 de Bacterióloga 441 de 27 de 14/06/1982 01/04/2014 201-202,
Rivera Díaz junio de 1982 marzo de 229
2004
Gloria Tafur de 101 de 12 de Mecanógrafa 1325 de 20 18/02/1974 28/02/2015 230-231,
Reina febrero de 1974 de 256
noviembre
de 2014
Candelaria 575 de 11 de Ayudante de 11/08/1976 257-258
Andrade Vargas agosto de 1976 laboratorio
Nubia Tamayo 1 de 9 de enero Secretaria 10/01/1990 279-280
Ortiz de 1990 grupo control
Nixon Trujillo 126 de 12 de Estadístico 01/03/1985 302-303
Ardila febrero de 1985 auxiliar
Nelly Toro 441 de 21 de Servicios 24/04/1989 323-324
Delgado abril de 1989 generales del
centro de salud
Claudia Leonor 455 de 14 de Nutricionista 14/09/1982 343-345
Trujillo septiembre de dietista
Bahamón 1982

b) Extractos internos e individuales de cesantías del Fondo Nacional del Ahorro,
en los cuales se encuentra la fecha de migración, período de reportes
anualizados y los retiros parciales efectuados por cada accionante, así:

Nombre Fecha de Período de Retiros Folios
migración reporte parciales/definiti
vos
Aracely Eslava Rubio 30/09/1999 1983 - 2015 parciales 60-72
Luz Dally Falla 30/09/1999 1981 - 2015 parciales 86-94
Puentes
Leonor Argüello 30/09/1999 1992 - 2014 parciales 113-120
14

Expediente 41001-23-33-000-2016-00491-01 (2196-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aracely Eslava Rubio y otros contra el departamento del Huila

Losada
Amparo Chavarro 30/09/1999 1984 - 2016 parciales 133-145
Pérez
Gloria Inés Dussán 30/09/1999 1979 - 2015 parciales 164-174
Soto
María Elvira Durán 30/09/1999 1987 - 2015 parciales 190-197
Pava
Gloria María Rivera 30/09/1999 1980 - 2015 parciales 220-228
Díaz
Gloria Tafur de Reina 30/09/1999 1974 - 2015 parciales 246-254
Candelaria Andrade 11/01/2000 1976 - 2014 parciales 268-277
Vargas
Nubia Tamayo Ortiz 30/09/1999 1990 -2 015 parciales 292-299
Nixon Trujillo Ardila 30/09/1999 1983 - 2015 parciales 314-322
Nelly Toro Delgado 30/09/1999 1989 - 2014 parciales 338-342
Claudia Leonor 30/09/1999 1982 - 2016 Parciales 351-373
Trujillo Bahamón

c) Escrito de 20 de abril de 2016 (ff. 21 a 43), por medio del cual la parte
demandante reclamó del departamento del Huila «[…] el pago parcial de las
cesantías […] con base en el salario devengado a corte de 31 de diciembre de
2015 o a la fecha de la presente solicitud, teniendo en cuenta dicha
retroactividad, con respecto a quienes aún nos encontramos vinculados a la
Secretaía de Salud Departamental y en forma definitiva, a quienes ya nos
retiramos de la Institución, o a quienes nos retiremos en forma posterior a la
presentación de ésta solicitud […]» (sic); negado mediante el acto acusado (ff
38 a 39).

De las pruebas enunciadas se desprende que quienes integran la parte accionante
han estado vinculados al servicio de salud del departamento del Huila, algunos
ya retirados y otros continúan activos a la fecha de presentación de la demanda,
así:

Nombre Inicio Finalización
Aracely Eslava Rubio 01/04/1983 30/04/2014
Luz Dally Falla Puentes 15/05/1987 30/06/2016
Leonor Argüello Losada 08/01/1992 23/09/2015
Amparo Chavarro Pérez 01/04/1987 30/06/2016
Gloria Inés Dussán Soto 01/08/1983 31/05/2014
María Elvira Durán Pava 13/05/1987 31/08/2014
Gloria María Rivera Díaz 14/06/1982 01/04/2014
15

Expediente 41001-23-33-000-2016-00491-01 (2196-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aracely Eslava Rubio y otros contra el departamento del Huila

Gloria Tafur de Reina 18/02/1974 28/02/2015
Candelaria Andrade Vargas 11/08/1976
Nubia Tamayo Ortiz 10/01/1990
Nixon Trujillo Ardila 18/02/1985
Nelly Toro Delgado 24/04/1989
Claudia Leonor Trujillo Bahamón 14/09/1982

Asimismo, que todos fueron afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, con el
siguiente reporte de migración, consignación y retiro de cesantías anualizadas:

Nombre Fecha de Período de Retiros
migración reporte parciales/definiti
vos
Aracely Eslava Rubio 30/09/1999 1983-2015 parciales
Luz Dally Falla 30/09/1999 1981-2015 parciales
Puentes
Leonor Argüello 30/09/1999 1992-2014 parciales
Losada
Amparo Chavarro 30/09/1999 1984-2016 parciales
Pérez
Gloria Inés Dussán 30/09/1999 1979-2015 parciales
Soto
María Elvira Durán 30/09/1999 1987-2015 parciales
Pava
Gloria María Rivera 30/09/1999 1980-2015 parciales
Díaz
Gloria Tafur de Reina 30/09/1999 1974-2015 parciales
Candelaria Andrade 11/01/2000 1976-2014 parciales
Vargas
Nubia Tamayo Ortiz 30/09/1999 1990-2015 parciales
Nixon Trujillo Ardila 30/09/1999 1983-2015 parciales
Nelly Toro Delgado 30/09/1999 1989-2014 parciales
Claudia Leonor 30/09/1999 1982-2016 Parciales
Trujillo Bahamón

El 20 de abril de 2016 las mencionadas personas reclamaron del departamento
de Cundinamarca «[…] el pago parcial de las cesantías […] con base en el
salario devengado a corte de 31 de diciembre de 2015 o a la fecha de la
presente solicitud, teniendo en cuenta dicha retroactividad, con respecto a
quienes aún nos encontramos vinculados a la Secretaría de Salud
Departamental y en forma definitiva, a quienes ya nos retiramos de la
Institución, o a quienes nos retiremos en forma posterior a la presentación de
16

Expediente 41001-23-33-000-2016-00491-01 (2196-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aracely Eslava Rubio y otros contra el departamento del Huila

ésta solicitud […]» (sic); negado mediante el acto acusado.

De conformidad con la normativa y jurisprudencia citadas en el acápite que
antecede, a los integrantes de la parte demandante, por ser empleados públicos
del sector salud del nivel territorial que iniciaron sus labores antes de la entrada
en vigor de las Leyes 10 de 1990 y 100 de 1993, en principio, les es aplicable
el régimen de retroactividad en sus cesantías, a menos que se hubieren acogido
al sistema anualizado.

Ahora bien, pese a que no obra en el expediente manifestación expresa de su
voluntad de pertenecer al sistema anualizado, el hecho de haber realizado retiros
parciales de sus cesantías directamente del Fondo Nacional del Ahorro y
emplear dicho auxilio, por ejemplo, para abonar a créditos hipotecarios, permite
a la Sala inferir que quienes demandan en este proceso conocían de su
vinculación al aludido Fondo y, en tal medida, se sometieron al sistema
anualizado, por lo que no es dable ordenar la reliquidación de sus cesantías en
aplicación del régimen retroactivo.

Por último, en cuanto a la aplicación más favorable de las sentencias emitidas
por el Consejo de Estado, a las que alude la parte recurrente, esta subsección,
en providencia de 3 de marzo de 202222, al analizar un caso análogo al que ahora
nos ocupa, precisó:

34. En lo atinente al principio de favorabilidad, se evidencia que tampoco
se vulneró debido a que sólo se presenta cuando existe un conflicto entre
dos normas vigentes y que el juez tenga duda sobre cual de ellas debe
aplicar, lo que en el asunto bajo estudio no existe un conflicto de normas
sino de sentencias aplicadas al sub lite, que a juicio de la accionante el
tribunal optó por escoger la interpretación más desfavorable y además, no
se genera duda, por cuanto en la sentencia del 04 de noviembre de 2021 de
la Subsección A de la Sección Segunda de este cuerpo colegiado está en
consonancia con la sentencia del 26 de abril de 201823 de la Subsección B
igualmente de la misma sección de la Corporación, en el entendido de que
las actuaciones del empleado al retirar ocasionalmente sus cesantías del
Fondo Nacional del Ahorro y no oponerse a que estas fueran administradas
por ese fondo, conllevan a aceptar el régimen que la ley dispuso para sus
administrados, es decir, el anualizado.

22
Consejo de Estado, sala de lo contencioso- administrativo, sección segunda, subsección B, expediente 41001-
23-33-000-2016-00457-01
23
Consejo de Estado, sala de lo contencioso- administrativo, sección segunda, subsección B, consejera ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez, expediente 44001-23-33-000-2015-00041-01
17

Expediente 41001-23-33-000-2016-00491-01 (2196-2022)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Aracely Eslava Rubio y otros contra el departamento del Huila

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, la
Sala confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de
la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia de 10 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, que negó las súplicas de la demanda en el proceso
instaurado por los señores Aracely Eslava Rubio, Luz Dally Falla Puentes,
Leonor Argüello Losada, Amparo Chavarro Pérez, Gloria Inés Dussán Soto,
María Elvira Durán Pava, Gloria María Rivera Díaz, Gloria Tafur de Reina,
Candelaria Andrade Vargas, Nubia Tamayo Ortiz, Nixon Trujillo Ardila, Nelly
Toro Delgado y Claudia Leonor Trujillo Bahamón contra el departamento del
Huila - secretaría de salud, conforme a la parte motiva.

2°. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en Sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Ausente con permiso Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS

18

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