Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2015-00095-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2015-00095-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2015-00095-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
21 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 41001 23 33 000 2015 00095 01 (5429-2019)
Demandante: Nidia Muñoz Arce
Demandado: E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de
Neiva (Huila)
Temas: Régimen de cesantías con retroactividad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el 27 de mayo de 2019 por el Tribunal Administrativo del Huila,
por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda, en torno a la
aplicación del régimen de retroactividad de cesantías.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Nidia Muñoz Arce, por intermedio de
apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad del Oficio G-
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Radicado: 41001 23 33 000 2015 00095 01 (5429-2019)
Demandante: Nidia Muñoz Arce
0213 del 3 de septiembre de 2013, expedido por el gerente de la E.S.E. Hospital
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva (Huila) por medio del cual
se negó la liquidación de las cesantías con el régimen de retroactividad y el pago
del mayor valor que surge como resultado de la liquidación con dicho sistema.
Como consecuencia de lo anterior, solicitó i) reliquidar sus cesantías con el sistema
de retroactividad y pagar el mayor valor que resulte entre lo liquidado y lo
efectivamente reportado al Fondo Nacional del Ahorro; ii) reconocer y pagar la
sanción moratoria como consecuencia de la omisión en el pago de las cesantías
retroactivas, a partir del 1.º de febrero de 2012, día en que expiró el término para
pagar dicha prestación una vez culminó la relación laboral; iii) indexar las sumas
debidas, de acuerdo con la certificación del índice de precios al consumidor que
expida el Dane, según lo establecido en el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011; iv)
disponer el cumplimiento de la sentencia dentro de los términos establecidos en los
artículos 189, 192 y 195 ibidem; y v) condenar en costas a la parte demandada.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:
(i) La señora Nidia Muñoz Arce laboró al servicio de la E.S.E. Hospital Universitario
Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, en forma ininterrumpida, desde el 17 de
enero de 1979 y hasta el 30 de enero de 2012.
(ii) Desde el momento de su vinculación laboral era beneficiaria del régimen de
cesantías con retroactividad y, para efecto de la administración de sus cesantías,
estuvo afiliada al Fondo Nacional del Ahorro.
(iii) Para el 25 de mayo de 2000, la demandante disfrutaba del régimen de cesantías
con retroactividad y, según lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 1252 de 2000,
los servidores públicos que, para tal fecha, disfrutaban de dicho régimen,
continuarían con ese derecho hasta cuando se produjera la terminación de la
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Demandante: Nidia Muñoz Arce
relación laboral.
(iv) Al finalizar el vínculo laboral con la entidad accionada, esta no reconoció sus
cesantías conforme al régimen de retroactividad que le era aplicable.
(v) El 14 de agosto de 2014, la señora Muñoz Arce, por intermedio de apoderado,
solicitó la reliquidación de sus cesantías y el pago de estas conforme al régimen
que la amparaba y la entidad dio respuesta a través del Oficio G-0213 del 3 de
septiembre de 2013 (sic),1 mediante el cual negó la solicitud. Aun a pesar de la fecha
que aparece en dicho oficio, este solo fue notificado el 8 de septiembre de 2014.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 13, 25, 53, 54, 113, 122, 125 y
209 de la Constitución Política; 17 de la Ley 6.ª de 1945; 1 de la Ley 65 de 1946; 30
de la Ley 10 de 1990; 242 de la Ley 100 de 1993; las Leyes 60 de 1993; 244 de
1995; 344 de 1996, 432 de 1998; 715 de 2001; 1071 de 2006 y los Decretos 2767
de 1945; 1160 de 1947; 1045 de 1978; 1582 de 1998; 1252 de 2000; 1919 de 2002;
y 0700 de 2013.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
siguientes argumentos:
(i) Desde el momento de la vinculación laboral de la demandante, que ocurrió el 17
de enero de 1979, hasta el 30 de enero de 2012 fue beneficiaria del Régimen de
Cesantías con Retroactividad y para su administración, desde el ingreso estuvo
afiliada al Fondo Nacional del Ahorro, lo que quiere decir que no estaba sometida a
las previsiones de la Ley 344 de 1996, en lo que se refiere a la liquidación anual de
1 Se precisa que esa es la fecha que aparece en el oficio, pero no es coherente con la fecha de
radicación de la petición, lo que permite inferir que hubo un error al referir el año de expedición de
dicho acto administrativo.
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Demandante: Nidia Muñoz Arce
dicha prestación, toda vez que dicha disposición entró a regir el 31 de diciembre de
1996.
(ii) Con la decisión de la administración de negar la liquidación de las cesantías con
el sistema de retroactividad se causan graves perjuicios económicos a la
demandante, pues la entidad incurrió en mora, por lo tanto, se debe dar aplicación
a la reparación que, en ese sentido, está señalada en las Leyes 244 de 1995 y 1071
de 2006.
(iii) Es deficiente la argumentación invocada en el oficio cuestionado para negar la
reliquidación de cesantías deprecada, comoquiera que solo se señala que la
demandante es beneficiaria del sistema de liquidación anual e informa la manera en
que se liquidan, reconocen y pagan los intereses sobre las cesantías de los
beneficiarios del Fondo Nacional del Ahorro; además, en dicho acto se expresa que
no existe documento en que conste que la señora Nidia Muñoz Arce hubiera
renunciado al régimen de cesantías con retroactividad.
(iv) La parte demandada entiende la afiliación al Fondo Nacional del Ahorro como
un cambio de régimen, circunstancia que es contradictoria con pronunciamientos
del Consejo de Estado2 en esa materia. En efecto, la normativa que rige a los
empleados del orden territorial, que sirven de sustento a la decisión acusada, no
son aplicables a su caso y, con ello, el acto censurado incurre en una falsa
motivación.
(v) Los diversos pronunciamientos del Consejo de Estado son claros en cuanto la
afiliación al Fondo Nacional del Ahorro no conlleva el cambio de régimen de
cesantías y, en ese sentido, su prestación debe ser liquidada conforme a lo
dispuesto en los artículos 1 del Decreto 2567 de 1946 y 6 del Decreto 1160 de 1947.
2 Se hace mención a la sentencia del 3 de agosto de 2006, radicación 44001 23 31 000 2000 00711
01 (5329-02) M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado.
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Demandante: Nidia Muñoz Arce
(vi) Adicionalmente, como la entidad demandada no atendió lo dispuesto en la Ley
244 de 1995, respecto del pago de las cesantías definitivas, incurrió en la sanción
dispuesta en su artículo 2.
1.2. Contestación de la demanda
La E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva no
contestó la demanda.3
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia proferida el 27 de mayo de
2019,4 denegó las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes
argumentos:
(i) El régimen de cesantías de los servidores del sector salud se determina por la
fecha de vinculación laboral, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la
Ley 10 de 1990, disposición que se mantuvo con la Ley 100 de 1993.
(ii) Ahora bien, de la jurisprudencia sobre la materia, se puede concluir que los
empleados públicos y trabajadores oficiales del sector salud que se hubieran
vinculado con antelación a la Ley 10 de 1990 están amparados por el régimen de
retroactividad, para la liquidación de sus cesantías, siempre y cuando no estuvieren
afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, pues con la afiliación a este, se entiende que
están inmersos en el sistema de liquidación anual.
(iii) Al revisar la situación particular de la demandante, se observa que desde el
momento en que se vinculó laboralmente a la E.S.E. demandada estuvo afiliada al
3 Tal como se indicó durante la audiencia inicial, en particular en el folio 137, que comprende el acta
que da cuenta de dicha actuación. Valga aclarar, en todo caso, que dicha entidad propuso nulidad
procesal por indebida notificación —folios 102 a 111—, la cual fue decidida en forma desfavorable
durante dicha audiencia.
4 Folios 567 a 573.
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Demandante: Nidia Muñoz Arce
Fondo Nacional del Ahorro; además, según lo certificó el jefe de la Oficina de
Talento Humano de dicha entidad, desde el año 1979 y hasta el año 2012 fueron
consignadas las cesantías a dicho fondo, lo lleva a concluir que no es destinataria
del régimen de retroactividad para la liquidación de su prestación.
1.4. El recurso de apelación
La señora Nidia Muñoz Arce, actuando por conducto de apoderado, interpuso
recurso de apelación,5 el cual se sustentó así:
(i) La vinculación de la demandante al Fondo Nacional del Ahorro para la
administración de sus cesantías no conllevó la eliminación del régimen de cesantías
con retroactividad de la que era beneficiaria. Además, en el expediente no se
observa ningún contrato que hubiera suscrito la entidad demandada para que la
Gobernación del Huila concurriera en el pago de un pasivo por concepto de
cesantías.
(ii) La entidad accionada fue la que siempre liquidó y canceló el auxilio de cesantías
a la demandante, lo que se puede corroborar con su hoja de vida; además «de la
certificación aportada, nada se puede sacar como conclusión y mucho menos, que
esta desde su inicio a laborar en la entidad demandada estuvo afiliada el
mencionada (sic) fondo, razón por la que continuaría disfrutando del régimen de
cesantías retroactivas hasta la terminación de la vinculación laboral, menos
renunció expresamente al régimen de retroactividad de las cesantías que la cobija
y como la ESE demandada nunca reportó pasivos menos giro (sic) los recursos
respectivos en virtud de un contrato de concurrencia para el pago del pasivo
prestacional de los servidores del sector salud por ese concepto»
(iii) Como para la fecha de la vinculación laboral la demandante era beneficiaria del
sistema de liquidación de cesantías con retroactividad, no estaba sometida a las
5 Folios 579 a 582.
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previsiones de la «Ley 344 de 1995» (sic) la cual entró a regir el 31 de diciembre de
1996, por ello no se aplica, en su caso, la normativa que rige las cesantías
anualizadas. En tales condiciones, al no haber liquidado y pagado las cesantías con
base en régimen que le era propio, la demandada le causó perjuicios que deben ser
resarcidos con la penalidad establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
La parte demandante descorrió el término para alegar6 y reiteró los argumentos del
recurso de apelación; la entidad demandada no hizo ninguna manifestación durante
esta etapa procesal.7
1.6. El Ministerio Público
El agente del Ministerio Público no rindió concepto.8
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
Se circunscribe a establecer si la demandante es beneficiaria de la liquidación de
cesantías con el sistema de retroactividad, previsto en la Ley 6.ª de 1945; en caso
afirmativo, determinar si es viable el reconocimiento de la sanción moratoria
establecida en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.
2.2. Marco normativo
6 Según memorial que aparece en el índice 13 del aplicativo Samai.
7 Tal como consta en el informe secretarial visible en el folio 600.
8 Según se informó en el folio 600.
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La Ley 6.ª de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones
de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial
de trabajo», en el artículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores
oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada
año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, literal
a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y obreros
nacionales de carácter permanente.
El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías», en su artículo 6, señaló que
para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que
hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el
promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si
fuere menor a ese lapso.
Ahora bien, el Decreto 3118 de 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro de
los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó los
siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y
trabajadores oficiales»9, y «proteger dicho auxilio contra depreciación monetaria»10;
con tales finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios,
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos y
Empresas Industriales y Comerciales del Estado del orden nacional debían ser
liquidadas y entregadas al Fondo; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja
Nacional de Previsión Social realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la
liquidación de cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados
a ella.
Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte
del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual
de esta prestación para los empleados y trabajadores de las entidades aludidas
9 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968.
10 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.
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previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el
año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser
liquidados el 31 de diciembre de cada año, sobre el saldo que figure a favor de cada
empleado.
El Decreto 432 de 1998 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se
transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones», mantuvo el
objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías11, y, dentro de sus
funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la
protección contra la pérdida de su valor adquisitivo12. Además, en los artículos 6 y
7 ibidem, fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la
pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a
título de intereses sobre las cesantías.
Ahora bien, la Ley 344 de 1996 «por la cual se dictan normas tendientes a la
racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se
expiden otras disposiciones», dio un paso adicional encaminado a generalizar el
sistema de liquidación anual del auxilio de cesantías para los servidores públicos,
al consagrar, en su artículo 13, lo siguiente:
Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la
Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley, las personas que se
vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de
cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías,
correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a
lo dispuesto en el literal a) del presente artículo; (negrilla de la Sala).
11 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998.
12 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.
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La norma vigente a la fecha de expedición de la ley previamente citada, que
estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo
99 consagró:
Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes
características:
1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la
anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse
en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen
tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción
que se liquide definitivamente.
3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero
del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía
que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar
un día de salario por cada retardo.
4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del
trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará
directamente con los intereses legales respectivos. (Negrilla de la Sala).
El Decreto 1582 de 1998 reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de
la Ley 432 de 1998, y precisó que la norma a la que se debía remitir a efecto de la
liquidación anual del auxilio de cesantías de quienes se afilien a fondos privados es
la Ley 50 de 1990, en sus artículos 99, 102 y 104, y para liquidar las cesantías de
los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, es la Ley 432 de 1998, artículo 5 y
siguientes.
No obstante, para aquellos empleados que venían con una vinculación anterior al
31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se les
continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías
consagrado en normas anteriores.13
13 Es decir, el sistema de liquidación retroactiva, consagrado en Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 de
1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947.
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En todo caso, se abrió la posibilidad de que tales servidores públicos14 se acogieran
al régimen anualizado de liquidación de cesantías y para este efecto debían
proceder en la forma descrita en el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998, que es la
siguiente:
Artículo 3º.- En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que
decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley, se procederá de la
siguiente forma:
a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de
la solicitud de traslado;
b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora
seleccionada por el trabajador;
c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir
a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título
de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características
que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales
necesarios para su expedición (se resalta).
Además, a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación retroactiva
de cesantías se les continúa respetando este, por virtud de lo dispuesto en los
artículos 215 del Decreto 1252 de 2000 y 316 del Decreto 1919 de 2002.
Ahora bien, en lo que respecta al personal del sector salud, a través del Decreto
2470 de 1968, se reorganizó el Ministerio de Salud Pública y, en su artículo primero,
se determinó que se entendía por Sistema Nacional de Salud «el conjunto de
organismos que tengan como finalidad específica procurar la salud de la
comunidad»; por su parte, el Decreto 654 de 1974, por el cual se establece la
organización básica de dirección del Sistema Nacional de Salud, y que fue
modificado por el Decreto 056 de 1975, determinó que dicho sistema comprendía
14 Aquellos que tuviera vinculación laboral anterior a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996.
15 «Artículo 2.- Los servidores públicos que a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del régimen de
cesantías retroactivas continuarán en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral
en el organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional.»
16 «Artículo 3.- Los empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad
de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y
el Decreto 1252 de 2000.»
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Radicado: 41001 23 33 000 2015 00095 01 (5429-2019)
Demandante: Nidia Muñoz Arce
el conjunto de organismos, instituciones, agencias y entidades que tengan
como finalidad específica procurar la salud de la comunidad, en los aspectos
técnicos de promoción, protección, recuperación y rehabilitación.
En el artículo segundo del decreto antes citado, se determinó que el Sistema
Nacional de Salud estaría conformado por: a. subsistemas de inversión,
información, planeación, suministros y personal como el conjunto de unidades y
dependencia del sistema nacional de salud, en sus niveles nacional, seccional y
local, cuyas actividades estén dedicadas a los campos específicos enunciados,
según las normas que determine el ministerio de salud pública; b. entidades
adscritas al sistema nacional de salud, como entidades de asistencia pública, son
todas las personas jurídicas de derecho público que presten servicios de salud a la
comunidad, reciban o no aportes del estado; c. entidades vinculadas al sistema
nacional de salud, como entidades de asistencia pública, son todas las personas
jurídicas de derecho privado que presten servicios de salud a la comunidad, reciban
o no aportes estatales, aunque no tengan el control la vigilancia a que se refiere el
artículo 120, ordinal 19 de la constitución política; y d. cuando la legislación sobre
sistema nacional de salud se refiere a niveles locales regionalizados se entenderá
que son unidades regionales de salud.
Por su parte, el artículo 3 ibidem, estableció que «la administración de las entidades
adscritas estará a cargo de la dirección del sistema nacional de salud, en sus niveles
respectivos».
A su turno, el Decreto 350 de 1975, por el cual se determina la organización y
funcionamiento de los servicios seccionales de salud y de las unidades regionales,
en su artículo 21, estableció que el personal que labore en los servicios seccionales
de salud estará sometido a la situación legal y reglamentaria de los empleados
públicos;17 de igual manera el Decreto 359 de 1975, en su artículo 1, determinó que
«los Servicios Seccionales de Salud, organismos básicos para la dirección del
17 Igual previsión aparece en el artículo 21 del Decreto 359 de 1975.
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Demandante: Nidia Muñoz Arce
sistema nacional de salud a nivel departamental, intendencial, comisarial y del
Distrito Especial de Bogotá, tendrán la organización, régimen de funcionamiento que
les señala el Decreto número 056 de 1975, el presente Decreto y las demás
disposiciones que rigen el sistema nacional de salud».
Más adelante, la Ley 10 de 1990, por la cual se reorganiza el Sistema Nacional de
Salud, derogó la anterior disposición, y determinó que la prestación de los servicios
de salud en todos los niveles es un servicio público a cargo de la Nación.
Posteriormente, la Ley 60 de 1993 dictó normas orgánicas sobre la distribución de
competencias de conformidad con los artículos 151 y 288 de la Constitución Política
y sobre destinación de recursos, según los artículos 356 y 357 de la Constitución
Política, y, en particular, en lo que tiene que ver con el aludido sector, en su artículo
33, creó el Fondo Nacional para el Pago del Pasivo Prestacional de los servidores
del sector salud cuyo objeto era garantizar el pago de las deudas prestacionales por
concepto de cesantías, reservas para pensiones y pensiones de jubilación,
causadas hasta finalizar la vigencia presupuestal de 1993. En tal sentido determinó
lo siguiente:
La responsabilidad financiera para el pago del pasivo prestacional de los servidores
de las entidades o dependencias identificadas en el numeral 2, reconocidas en los
términos de la presente ley, se establecerá mediante un reglamento expedido por el
Gobierno Nacional que defina la forma en que deberán concurrir la Nación y las
entidades territoriales, para cuyo efecto se tendrá en cuenta la proporción en que han
concurrido los diversos niveles administrativos a la financiación de las entidades y
dependencias del sector salud de que trata el presente artículo, la condición financiera
de los distintos niveles territoriales y la naturaleza jurídica de las entidades.
A su turno, el artículo 242 de la Ley 100 de 1993, estableció que el aludido Fondo
Prestacional debía «cubri[r] las cesantías netas acumuladas y el pasivo laboral por
pensiones de jubilación causado a 31 de diciembre de 1993». En todo caso,
determinó que las entidades del sector salud «deb[ían] seguir presupuestando y
pagando las cesantías y pensiones a que están obligadas hasta tanto no se realice
el corte de cuentas con el fondo prestacional y se establezcan para cada caso la
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concurrencia a que están obligadas las entidades territoriales en los términos
previstos en la Ley 60 de 1993».
Más adelante, la Ley 715 de 2001, en su artículo 61, suprimió el Fondo del Pasivo
Prestacional para el Sector Salud y determinó que para el pago de las cesantías y
pensiones de los beneficiarios de ese fondo y, según los convenios de concurrencia
correspondientes, la Nación, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
se encargaría de girar los recursos «a las entidades administradoras de pensiones
o cesantías a las cuales se encuentren afiliados los servidores públicos». Tal norma
fue reglamentada, en lo pertinente, por el Decreto 306 de 2004, en cuyo artículo 3.º
se dispuso:
Artículo 3º. Reconocimiento del pasivo prestacional. El pasivo prestacional que a la
entrada en vigencia del presente decreto aún no hubiere sido reconocido por el
entonces Ministerio de Salud en calidad de administrador del extinto Fondo del Pasivo
Prestacional del Sector Salud, será reconocido por el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público mediante acto administrativo.
Para continuar con la ejecución de los contratos de concurrencia que fueron suscritos
por el Ministerio de Salud antes de entrar en vigencia la Ley 715 de 2001 y para la
suscripción de los nuevos contratos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
podrá:
[...]
d) Establecer o modificar en concertación con los entes territoriales y las
instituciones hospitalarias concurrentes, los plazos y los mecanismos para el pago
de las obligaciones; [...] [Resalta la Sala]
Sin embargo, el aparte resaltado fue declarado nulo por la Sección Segunda del
Consejo de Estado,18 en cuya providencia determinó:
[L]a Ley 715 de 2001[…] no radicó en ningún momento la carga prestacional en dichas
entidades, pues la misma Ley determinó que correspondía al Fondo, el pago de la
diferencia que se encuentre a cargo de las entidades de salud, teniendo éste la
responsabilidad (Nación- Entidades Territoriales) y en ningún momento las
instituciones de salud, pues la misma Ley las excluye de dicha responsabilidad.
Con el Decreto demandado se modificó esta responsabilidad financiera [...]
Modificación que consiste en incluir a estas instituciones hospitalarias, obligándolas
18 Sentencia del 21 de octubre de 2010, expediente núm. 2005-00125. Consejero ponente: doctor
Alfonso Vargas Rincón.
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a concurrir en el monto total del pasivo en un porcentaje equivalente a la proporción
en que con recursos propios, participaron en su propia financiación, sin tener en
cuenta la exclusión de responsabilidad financiera realizada por la Leyes 60 de 1993
y 715 de 2001.
Una segunda modificación se evidencia en los artículos 10 y 11 del Decreto
demandado pues a pesar de que el artículo 242 de la Ley 100 de 1.993 en su
parágrafo 5 determina: ‘... Las entidades del sector salud deberán seguir
presupuestando y pagando las cesantías y pensiones a que estén obligadas hasta
tanto no se realice el corte de cuentas con el fondo prestacional y se establezcan para
cada caso la concurrencia a que están obligadas las entidades territoriales en los
términos previstos en la Ley 60 de 1.993...’, estos artículos determinan la continuación
de dicha obligación con posterioridad al cruce de cuentas señalado en la Ley 100 de
1993.”
Para precisar lo relativo a las responsabilidades acerca del pago del pasivo
prestacional, el Gobierno nacional expidió el Decreto 700 de 2013 y allí determinó
que la concurrencia del pago del pasivo de las personas reconocidas como
beneficiarias del Fondo Prestacional del Sector Salud sería asumido únicamente
entre la Nación y las entidades territoriales, de esa manera, excluyó a las entidades
del sector salud. En efecto, el artículo 1.º del aludido decreto definió que «[l]a
financiación del pasivo causado hasta el 31 de diciembre de 1993 por concepto de
cesantías y pensiones de los trabajadores del sector salud que hubieren sido
reconocidos como beneficiarios del extinto Fondo del Pasivo Prestacional del Sector
Salud, es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales».
Sin embargo, no ocurre igual respecto de las obligaciones en torno al pago de las
cesantías que no hicieran parte de dicho pasivo, pues, en esa materia, los artículos
53, parágrafo 2.º y 58 de la Ley 715 de 2001, determinaron que su pago procedería
con recursos del Sistema General de Participaciones.
Artículo 53. Transferencias de los recursos. La apropiación de los recursos del
Sistema General de Participaciones para salud se hará sobre la base del 100% del
aforo que aparezca en la Ley de Presupuesto.
Los giros se deberán efectuar en los diez (10) primeros días del mes siguiente al que
corresponde la transferencia, a los fondos que para el efecto deben crear y
organizar las entidades territoriales.
Los giros correspondientes a los aportes patronales se harán directamente a la
entidad u organismo que administra las pensiones, cesantías, salud y riesgos
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Demandante: Nidia Muñoz Arce
profesionales del sector salud de las entidades territoriales, en la forma y oportunidad
que señale el reglamento. [Se destaca]
Artículo 58. De los aportes patronales. Las sumas correspondientes a los recursos
que las entidades territoriales y sus entes descentralizados, deben destinar como
aportes patronales de los empleados del sector salud, que se venían financiando con
los recursos del situado fiscal, deberán ser pagadas con cargo a los recursos del
Sistema General de Participaciones de salud y deben ser giradas directamente
por la Nación a los Fondos de Pensiones y Cesantías, Administradoras de Riesgos
Profesionales y a las Entidades Promotoras de Salud a las cuales se encuentren
afiliados los trabajadores. [Resalta la Sala]
Ahora bien, el artículo 3.º del Decreto 1636 de 2006, en concordancia con la Ley
715 antes citada, estableció algunas obligaciones a cargo de las entidades
empleadoras del sector salud, entre ellas, la siguiente:
Artículo 3°. Obligaciones de las entidades empleadoras en el pago de los aportes
patronales y de las cotizaciones de los servidores públicos. Sin perjuicio de las
obligaciones legales vigentes, frente al pago de los aportes patronales, los
representantes legales de las entidades empleadoras de que trata el artículo 1°
del presente decreto, tienen además las siguientes:
[…]
d) Efectuar y presentar mensualmente la autoliquidación de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y anualmente la liquidación de los aportes de cesantías,
teniendo en cuenta las disposiciones vigentes;
[…]
Parágrafo 3°. En el evento de que los recursos del Sistema General de
Participaciones para Salud-Aportes Patronales sean insuficientes frente al
monto declarado en las Autoliquidaciones de Aportes y la liquidación anual de
cesantías, de acuerdo con el régimen aplicable, es obligación de la entidad
empleadora asumir el pago con sus recursos propios, de las sumas faltantes
por concepto de aportes patronales al Sistema de Seguridad Social Integral y para
el pago del auxilio de cesantías, que resulten mensualmente y al finalizar la
respectiva vigencia fiscal. [Negrilla fuera de texto]
Y, en lo que atañe al giro de los recursos, para el pago de tales aportes patronales,
el artículo 7.º ibídem, estableció:
Artículo 7°. Giro de los recursos. Con base en la información suministrada por las
entidades territoriales, el Ministerio de la Protección Social a más tardar el 31 de
enero de cada año preparará y comunicará la programación inicial de los giros
mensuales a las Direcciones y/o Secretarías Departamentales y Distritales de Salud,
así como a las Entidades Promotoras de Salud, a las Administradoras de Riesgos
Profesionales y a las Administradoras de los Fondos de Pensiones y Cesantías.
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El giro efectivo de los recursos del Sistema General de Participaciones para Salud-
Aportes Patronales, será efectuado por la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, previa instrucción de giro del Ministerio de la Protección Social, a través del
Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF, directamente a las Entidades
Promotoras de Salud, a las Administradoras de Riesgos Profesionales, a las
Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, a las cuales se encuentren
afiliados los servidores públicos, dentro de los diez (10) primeros días del mes
siguiente al que corresponde la transferencia, como lo establece el artículo 53 de la
Ley 715 de 2001.
Parágrafo 1°. Las entidades territoriales y las entidades empleadoras registrarán
mensualmente la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de los recursos
del Sistema General de Participaciones para Salud-Aportes Patronales, con base
en los giros efectuados por la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y si
fuere el caso, registrará con la misma periodicidad la ejecución con recursos propios.
[se destaca]
Por otra parte, la Ley 244 de 1995, «por medio de la cual se fijan términos para el
pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones
y se dictan otras disposiciones», en su artículo 1, estableció el término de quince
(15) días para que la administración expida el acto de reconocimiento de cesantías
definitivas de los servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de
radicación de la solicitud que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que
en el evento de que la solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así
al peticionario, dentro de los diez días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, y
señalar expresamente los requisitos de que carece, de modo que una vez se
alleguen, pueda proferir el acto que reconozca la prestación, en el término
inicialmente indicado.
El artículo 2 ibidem determinó que una vez se encuentre en firme el acto de
reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de
cuarenta y cinco días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora
y causar a su cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día
de salario por cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se
haga efectivo el pago.
Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron de
soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria consagrada
en la aludida ley, en especial, los siguientes:
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Demandante: Nidia Muñoz Arce
[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores
públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el
cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha
terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen
consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la
necesidad económica del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los
funcionarios que están en la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina
además cierto tipo de favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las
solicitudes, prácticamente al mejor postor.
Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga
al trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal
meses, y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante
que la entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando
esos dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin
ningún reconocimiento para el trabajador19.
La Ley 1071 de 2006 adicionó y modificó la Ley 244 de 1995, en torno al pago de
las cesantías definitivas y parciales de los servidores públicos, en sus artículos 4 y
5 determinó lo siguiente:
Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de
la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo
de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto
administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del
servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido
para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
19 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.
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Demandante: Nidia Muñoz Arce
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este.
De conformidad con lo previsto en el artículo 2, los destinatarios de la Ley 1071 de
2006 son:
Son destinatarios de la presente ley los miembros de las Corporaciones Públicas,
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas
territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros
de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma
permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y
trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro. (Se resalta).
2.3. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:
(i) El 31 de enero de 1979,20 el director del Hospital General de Neiva Hernando
Moncaleano Perdomo expidió la Resolución 056, por la cual nombró a la
demandante para desempeñar el cargo de ayudante de enfermería, empleo del cual
tomó posesión el 2 de febrero de 1979 y tal novedad surtió efectos a partir del 17
de enero de ese año. En el acto se nombramiento se invocaron las atribuciones
legales y, en especial, las conferidas por los Decretos 054 y 350 del 15 de enero y
4 de marzo de 1975.
(ii) El 27 de septiembre de 2011,21 el gerente de la ESE Hospital Universitario
Hernando Moncaleano Perdomo expidió la Resolución 0786, por la cual aceptó la
renuncia presentada por la demandante, a partir del 1.º de febrero de 2012.
(iii) El 6 de agosto de 2012,22 la jefe de la División de Cesantías del Fondo Nacional
del Ahorro hizo constar que la demandante «es afiliado (a) desde hace 403
20 Folio 35.
21 Folio 36.
22 Folios 76.
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Demandante: Nidia Muñoz Arce
meses23 con la (s) siguiente (s) entidad (es): HOSPITAL HERNANDO MONCALEANO
PERDOMO ESE» [Se destaca].
(iv) El 26 de febrero de 2013,24 la jefe de la Oficina de Gestión Humana de la E.S.E.
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo expidió certificación en la
que indicó que la prestación del servicio de la demandante transcurrió entre el 17
de enero de 1979 y el 30 de enero de 2012 y que estaba afiliada, para efectos
pensionales, a Cajanal, y luego, sus aportes fueron trasladados al Instituto de
Seguro Social.
(v) El 3 de septiembre de 2013 (sic),25 el gerente de la E.S.E. Hospital Universitario
Hernando Moncaleano Perdomo expidió el Oficio G-0213, por el cual dio respuesta
a la petición formulada por la demandante, en los siguientes términos:
Revisada su hoja de vida, y teniendo en cuenta la documentación que reposa en la
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA, este
despacho considera que, no es deber de esta entidad efectuar el pago de lo
peticionado, toda vez que en forma oportuna esta entidad líquido (sic) y consigno (sic)
al FONDO NACIONAL DEL AHORRO el valor por concepto de Cesantías a la señora NIDIA
MUÑOZ ARCE, por tanto y con base en lo expuesto esta oficina no ACCEDE a lo
solicitado.
(vi) El 14 de agosto de 2014,26 la demandante, por intermedio de apoderado,
formuló petición con destino a la E.S.E. Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo en la que reclamó la reliquidación y pago de sus cesantías con el sistema
de retroactividad.
23 Lo anterior corresponde a 33 años y un poco más de 5 meses, lo que equivaldría a decir que
dicha afiliación data de los meses de enero o febrero de 1979.
24 Folio 47.
25 Folios 22 a 28. Se entiende que hubo un error en la mención del año en que se expidió el oficio, y
que, en realidad, corresponde al año 2014, pues este da respuesta a la petición formulada por la
demandante el 14 de agosto de 2014, de modo que no puede ser anterior a la solicitud que le dio
origen.
26 Folios 30 a 32.
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(vii) El 18 de marzo de 2016,27 la subdirectora de pensiones de la Dirección General
de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda, en
respuesta a un requerimiento realizado por el tribunal, informó lo siguiente:
La Ley 715 de 2001 suprimió el Fondo el Pasivo Prestacional para el Sector Salud
creado por la Ley 60 de 1993 y trasladó la responsabilidad financiera de la Nación
para el pago de su concurrencia para la financiación de dicho pasivo al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público. Dicha Ley fue reglamentada con el Decreto 3065 de
2004, el cual, con base en las precitadas leyes, en su artículo 7º dispuso que en la
financiación para el pago del Pasivo Prestacional del Sector Salud causado a 31 de
diciembre de 1993 por concepto de cesantías y pensiones, concurriría: la Nación, las
entidades territoriales y las instituciones hospitalarias públicas y privadas.
[…]
Ahora bien, es pertinente señalar que a la fecha no se han suscrito contratos de
concurrencia con el Departamento del Huila que tengan como fin colaborar en el
financiamiento del pasivo prestacional por concepto de pensiones y cesantías al 31
de diciembre de 1993 de los trabajadores y ex trabajadores del sector salud, dado
que con base en la documentación que fuera entregada por el entonces Ministerio de
Salud, se evidencia que los funcionarios activos del sector salud del Departamento
del Huila se encontraban al 31 de diciembre de 1993 afiliados por concepto de
cesantías al Fondo Nacional del Ahorro (FNA), y para efectos de pensiones se
encontraban afiliadas (sic) a la Caja Nacional de Previsión Social ( CAJANAL) y al
Instituto de Seguro Social hoy COLPENSIONES.
[…]
Respecto al HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO aparecen
relacionados 548 archivos activos al 31 de diciembre de 1993 los cuales estaban
todos afiliados al Fondo Nacional del Ahorro por concepto de Cesantías y en
pensiones a Cajanal, no reportándose pensionados propios ni retirados al 31 de
diciembre de 1993, es decir que no existe pasivo prestacional a cubrirse a través
de algún contrato de concurrencia.
[…]
Adicionalmente, sobre el pago retroactivo de cesantías es menester señalar la
normatividad aplicable al tema de la retroactividad de las cesantías de funcionarios
afiliados al Fondo Nacional del Ahorro:
• Los trabajadores de las instituciones hospitalarias del Departamento del Huila
siempre han sido afiliados al Fondo Nacional del Ahorro y por lo tanto no son
acreedores a la retroactividad de las cesantías que se reclaman. Así lo señala la
circular para el sector salud emanada del Ministerio de Salud de fecha agosto 26 de
1996 al referirse a la normatividad aplicable a empleados oficiales del sector salud
[…] [Se destaca]
27 Folios 159 a 160.
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(viii) El 31 de marzo de 2016,28 la jefe de la Oficina de Talento Humano de la E.S.E.
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, expidió
certificación en la que constan las consignaciones efectuadas a favor de la
demandante, en el Fondo Nacional del Ahorro, por concepto de cesantías de los
años 1979 a 2012.29
(ix) El 15 de abril de 2016,30 el Fondo Nacional del Ahorro emitió una certificación
en la que constan los aportes de cesantías realizados desde el año 1999 a favor de
la demandante.
(x) En el expediente31 obran liquidaciones del auxilio de cesantías a favor de la
demandante, desde el año 1979.
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
A fin de resolver el problema jurídico planteado, que consiste en la inconformidad
de la demandante porque no se tomó en cuenta, para efecto del reconocimiento de
sus cesantías con el sistema de retroactividad, que la vinculación laboral fue anterior
a la Ley 344 de 1996 y que, en todo caso, en el expediente no aparece formulario
de cambio de régimen y que la afiliación en el Fondo Nacional del Ahorro no
conllevaba la pérdida de aquel, la Sala considera necesario señalar que, según lo
demostrado en el proceso,32 la demandante se vinculó laboralmente al servicio del
sector salud, en el año 1979, es decir, que su ingreso al servicio público sí ocurrió
con antelación a la norma antes citada.
No obstante lo anterior, ese solo hecho no la hace destinataria y/o beneficiaria del
28 Folios 164 y 165.
29 Se precisa que en la relación de los años, se indica que no se encontró en el archivo lo relativo al
año 2007 y que el valore reportado respecto del año 1983 corresponde a $0.
30 Folios 517 a 521.
31 Folios 48 a 75.
32 Pruebas relacionadas en el acápite 2.3. de esta providencia.
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régimen de retroactividad de cesantías que pretende, pues, si bien es cierto, fue a
partir de lo dispuesto en el artículo 13 de la norma en comento que se determinó
que «las personas que se vincul[aran] a los Órganos y Entidades del Estado» a
partir de la publicación de dicha ley estarían sometidas al sistema de liquidación
anual, el cual se rige por la Ley 50 de 1990, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 1.º del Decreto Reglamentario 1582 de 1998, también lo es que, en el caso
concreto de la accionante, ella venía sujeta a las disposiciones que regían en
materia prestacional del orden nacional.
En efecto, al prestar sus servicios y haberse vinculado, en esa época, al Hospital
General de Neiva Hernando Moncaleano Perdomo,33 el cual hacía parte del Sistema
Nacional de Salud, pues, según las normas citadas en el acápite 2.2. de esta
providencia,34 de él hacían parte «el conjunto de organismos, instituciones,
agencias y entidades que tengan como finalidad específica procurar la salud de la
comunidad», se debía someter a las disposiciones que en materia de administración
del régimen de cesantías, para el caso concreto que se analiza, regían a los
servidores públicos de ese orden.
Ahora bien, es importante agregar que la subdirectora de pensiones de la Dirección
General de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de
Hacienda reconoció que los servidores públicos de la E.S.E. Hospital Universitario
Hernando Moncaleano Perdomo siempre han sido afiliados al Fondo Nacional del
Ahorro e, incluso, la propia demandante, en el libelo reconoció que desde el
momento de su ingreso a laborar en dicha institución «se afilió al FONDO NACIONAL
DEL AHORRO»35 situación que, además, fue corroborada por el administrador de
cesantías, quien constató que la demandante llevaba 403 meses de afiliación a
dicho fondo,36 es decir, desde el inicio de su relación laboral con el ente demandado,
lo que implica que a partir de ese momento se sometió a las previsiones de
33 Según la prueba relacionada en el numeral (i) del acápite 2.3. de esta providencia.
34 En particular, los Decretos 2470 de 1968, 654 de 1974, 056 de 1975, 350 y 359 de 1975. Normas
estas últimas que sirvieron de fundamento en los actos de nombramiento y que, por ende, regían su
vinculación laboral.
35 Como consta en el hecho tercero de la demanda.
36 Prueba relacionada en el numeral (iii) del acápite 2.3. de esta providencia.
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administración de dicha prestación establecidas para sus afiliados, que no son otras
que las del sistema de liquidación anual, las cuales rigieron durante toda su vida
laboral, y respecto de las cuales, la demandante, en momento alguno, manifestó
inconformismo o reproche.
En consonancia con lo anterior, tanto la Subsección A como la Subsección B37 de
la Sección Segunda38 de esta Corporación ya han tenido la oportunidad de
pronunciarse en asuntos de contornos fácticos y jurídicos similares al que es materia
de análisis en este proceso y que guarda identidad con la demandante, que consiste
en que fue afiliada al Fondo Nacional de Ahorro para la administración de sus
cesantías desde el momento de su vinculación y, por ende, se debe someter a las
previsiones de administración establecidas para sus afiliados. Al respecto, se ha
concluido lo siguiente:
Si bien es cierto que la demandante se vinculó al Instituto Departamental de Salud de
Norte de Santander con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
(3 de abril de 1981), que prohibió pactar retroactividad en el régimen de cesantías de
los empleados del sector salud, también lo es que aquellos desde su vinculación
estuvieron afiliados al sistema de liquidación y manejo de cesantías desarrollado en
el Decreto 3118 de 1968 que prevé las normas sobre el auxilio de cesantías de los
empleados públicos y trabajadores oficiales, es decir, un sistema de liquidación anual
de dicha prestación.
Lo anterior se afirma no simplemente por el hecho que así lo reconozca la propia
entidad demandada en sus actos administrativos y certificaciones, sino porque tal
como se evidencia de los medios de convicción aportados, y según se corrobora con
el numeral 2 de la relación probatoria que antecede, a la demandante le fueron
reportadas sus cesantías anualmente a partir del año 1981, desde que inició su
relación laboral en el sector salud.
[…]
No obstante, se reitera que, desde el momento en que aquella ingresó a la planta de
personal del mentado ente, sus cesantías fueron liquidadas bajo el régimen
anualizado. De hecho, muestra de su conocimiento al respecto, es precisamente que
hubiere efectuado retiros parciales de su prestación en distintas anualidades, por lo
cual es evidente que no pasaba por alto su situación y la forma en que se calculaba
el derecho que aquí reclama.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de diciembre de 2018,
radicación: 44001 23 33 000 2014 00070 01, número interno: 0701-17; M.P. Sandra Lisset Ibarra
Vélez y sentencia del 19 de enero de 2023, radicación 41001 23 33 000 2012 00218 02, número
interno: 2203-22; M. P. Carmelo Perdomo Cuéter.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 5 de abril de 2017, radicación:
41-001-23-33-000-2013-00135-01(4402-2014), demandante: Beatriz Beltrán Barragán.
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Demandante: Nidia Muñoz Arce
Tanto así, que en el plenario no se advierte ninguna reclamación presentada por la
libelista ante la administración, con el fin de controvertir la modalidad aplicada para la
liquidación de sus cesantías, pues en el sub iudice sólo se observa una petición
presentada el 23 de octubre de 2014 con dicho propósito, cuya calenda obedece a
una posterior a la de su retiro definitivo del servicio (31 de diciembre de 2013), esto
es, cuando ya había realizado los correspondientes retiros parciales de la prestación,
y se había ejecutado la liquidación final de la misma.
De otra parte, en el escrito de alzada la libelista afirmó que en ningún momento
manifestó su voluntad o intención de renunciar al régimen retroactivo y trasladarse al
Fondo Nacional del Ahorro, situación que se puede corroborar con la certificación
expedida por la directora encargada del Instituto Departamental de Salud de Norte de
Santander, según el numeral 5 de la anterior relación probatoria.
Empero, esta Sala considera que estimar adecuada la mentada afirmación como lo
insta la apelante, sería tanto como asumir que en realidad debe presumirse que le
asiste el derecho de la reliquidación deprecada, y por tanto, conllevaría a desvirtuar
la presunción de legalidad del acto administrativo que liquidó sus cesantías definitivas
y de aquellos que lo hicieron de manera parcial, bajo el supuesto entendido que el
ejercicio aritmético se realizó en atención de un régimen distinto al verdaderamente
aplicable.
Lo cual, en todo caso, carece de fundamento jurídico y probatorio, si se tiene en
cuenta que en la referida constancia emitida por la entidad demandada, se advirtió
que «el régimen aplicado para los funcionarios del Servicio Seccional Salud, hoy
Instituto Departamental de Salud de Norte de Santander, es el establecido por el
Decreto 3118 de 1968, por el cual se crea el Fondo Nacional del Ahorro». Como
además muestra de lo propio, se insiste, es que a la interesada se le hubieren
abonado con anterioridad ciertos rubros correspondientes a sus cesantías parciales
según lo hubiere requerido con el régimen anualizado y no lo objetó.
Ello finalmente se convierte en óbice para encontrar el sentido de la imputación de
ilegalidad de la decisión administrativa cuestionada y por consiguiente para acceder
a las pretensiones de la demanda en cuanto a la reliquidación de sus cesantías bajo
el régimen retroactivo.39
Atendiendo el anterior criterio interpretativo, se concluye que como la demandante
desde el inicio de su vinculación laboral se rigió por lo normado en el Decreto 3118
de 1968, para la administración de sus cesantías, y durante la vigencia de su
relación laboral no formuló objeción o cuestionamiento en torno al régimen que le
estaba siendo aplicado para la liquidación y administración de su prestación social,
no es del caso acceder al reconocimiento de un régimen distinto, en materia de
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de junio de 2021,
radicación: 54001 23 33 000 2016 00164 01, número interno: 0557-2019, M.P. William Hernández
Gómez.
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Radicado: 41001 23 33 000 2015 00095 01 (5429-2019)
Demandante: Nidia Muñoz Arce
cesantías, al que gobernó dicho vínculo, por lo que fuerza confirmar la sentencia de
primera instancia que denegó las súplicas de la demanda.
En razón a lo anterior y al no haber un valor a reconocer por concepto de cesantías,
respecto del cual se predique mora en su pago, no es del caso analizar las
pretensiones relativas a la sanción moratoria reclamada.40
2.5. Condena en costas
El artículo 188 del CPACA establece que «[s]alvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento
Civil».
Con base en tal mandato, esta Subsección venía sosteniendo que para imponer
condena en costas, en vigencia del CPACA, se atendía una valoración objetiva,41 en
la que el juez debía ordenarlas siempre y cuando se hubieran causado y en la
medida de su comprobación, sin considerar factores subjetivos como la buena fe o
la temeridad de las partes.
Sin embargo, dicho criterio debe revisarse a la luz del artículo 47 de la Ley 2080 de
2021, en tanto adicionó un inciso al artículo 188 del CPACA para precisar que «[e]n
todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
40 En todo caso, valga la pena precisar que en la fijación del litigio, definido en la audiencia inicial,
este no abarcó lo relativo al análisis de dicha pretensión, pues se delimitó en los siguientes términos:
«En general corresponde determinar si es nulo el oficio No G-213 del 3 de septiembre de 2013
mediante el cual se negó la reliquidación y pago respecto de las cesantías retroactivas de la actora.
En particular se debe determinar si la actora perteneció al régimen de cesantías con retroactividad».
Pese a lo anterior, es criterio de la Sala que, aun a pesar de la restricción de la fijación del litigio, la
sentencia comprenda el análisis de la totalidad de pretensiones, por virtud del principio de
congruencia y, por ello, de haber prosperado la pretensión de reconocimiento de cesantías bajo el
régimen solicitado, habría sido procedente pronunciarse sobre tal pretensión, con todo el análisis
que hubiera implicado, pero como ello no ocurrió, se abstiene de realizar dicho examen.
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: Dr. William Hernández
Gómez.
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Demandante: Nidia Muñoz Arce
De esta manera, debe entenderse que con la anterior modificación el juez está
llamado a analizar la conducta de las partes en el proceso, así como la sustentación
jurídica de sus intervenciones con el fin de determinar si es procedente o no imponer
costas a cargo de alguna de ellas.
En el presente caso, los sujetos procesales ejercieron su defensa bajo la convicción
de que contaban con suficiente respaldo legal, también aportaron pruebas y se
apoyaron en la jurisprudencia vigente para obtener un pronunciamiento favorable a
sus intereses, por lo que esta Sala se abstendrá de imponer condena en costas en
segunda instancia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que (i) la señora Nidia Muñoz Arce no es beneficiaria
de régimen de retroactividad para la liquidación de sus cesantías; (ii) se debe
confirmar la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda formulada por la accionante; y (iii) se abstendrá de imponer condena en
costas de segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F AL L A
Primero. Confirmar la sentencia proferida el 27 de mayo de 2019, por el Tribunal
Administrativo del Huila, que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso
promovido por la señora Nidia Muñoz Arce contra la Empresa Social del Estado
Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, de acuerdo con lo
expresado en la parte motiva.
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Demandante: Nidia Muñoz Arce
Segundo. Abstenerse de condenar en costas de segunda instancia, por las razones
expuestas en las consideraciones de este proveído.
Tercero. Reconocer a las abogadas Adriana María Azuero Pérez y Elizabeth
Quintero Espinoza, como apoderadas judiciales de la ESE Hospital Universitario
Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, en la forma y para los efectos de los
poderes allegados en los índice 17 y 19 de la plataforma Samai; sin embargo, se
precisa que esta última es quien, en la actualidad, ostenta la representación judicial
de dicha entidad.
Cuarto. Por Secretaría de la Sección Segunda, devolver el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DDG
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