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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2015-00788-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2015-00788-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 3 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en su lugar, NEGAR, las pretensiones invocadas por Marlio Lozada García, de acuerdo con las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante, las cuales serán liquidadas por el a quo. TERCERO: Reconocer personería para actuar a Andrés Mauricio Muñoz Leguizamo como apoderado judicial de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva, conforme lo consignado en el expediente digital, visible en el aplicativo SAMAI índice 13. CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2015-00788-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

23 de abril de 2026

Radicado: 41001-23-33-000-2015-00788-01 (6409-2024)
Demandante: Marlio Lozada García

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C. veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2015-00788-01 (6409-2024)
Demandante: Marlio Lozada García
Demandado: E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo de Neiva

Tema: Relación laboral encubierta/ profesional universitario
del área de cartera y tesorería

Decisión: Revoca sentencia de primera instancia que concedió
pretensiones, en su lugar, se deniegan por no
acreditar la subordinación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
1.

recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del
3 de septiembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila,
mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES1

1.1 Pretensiones de la demanda

2.Declarar la nulidad del Oficio G-0116 del 23 de abril de 2015, expedido por la
ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva a través del
cual negó el reconocimiento de una relación laboral durante el período
comprendido entre el 16 de abril de 2004 y el 31 de octubre de 2013, así como
también de los emolumentos salariales y prestacionales a los que tiene derecho
el señor Marlio Lozada García.

1
Demanda visible en las páginas 76 a 103 del archivo «004Contrato Digitalizacion (.pdf) »., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.

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Demandante: Marlio Lozada García

3.A título de restablecimiento del derecho, solicitó que la ESE liquide y pague en
favor del actor, las diferencias salariales, el auxilio de cesantías, los intereses de
las cesantías, prima de servicios y vacaciones en dinero, con fundamento en los
salarios percibidos por los funcionarios de planta en el cargo de profesional
universitario del área de cartera o tesorería, así como la sanción moratoria por el
no pago de las cesantías y de salarios y prestaciones sociales y la indemnización
por el despido sin justa causa.

Finalmente, que se ordene la devolución de las sumas de dinero por concepto
4.

de cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones
en la proporción que le correspondía al empleador.

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

5.Manifestó que el señor Marlio Lozada García prestó sus servicios como / en
favor de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
entre el 16 de abril de 2004 y el 31 de octubre de 2013, por la cual recibió una
remuneración.

Explicó que la jornada de trabajo era de lunes a viernes y se le exigió el
6.

cumplimiento de horario de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:30 p.m. a 6:00 p.m. a
excepción de los viernes que la hora de salida era a las 5:00 p.m., además era
sometido a directrices de sus superiores y a un constante grado de
subordinación.

Indicó que las vinculaciones para cumplir con el servicio en el centro asistencial
7.

acaecieron mediante cooperativas de trabajo asociado, el consorcio de servicios
especializados en salud, asociaciones sindicales o de forma directa con la ESE,
prestación del servicio de la que siempre fue beneficiaria el hospital.

8. Señaló que las actividades desempeñadas en el área de cartera y tesorería de
la institución consistían en realizar el cobro de cartera, conciliaciones con las
EPS, descargar del sistema los pagos efectuados por las EPS, efectuar informes
a requeridos por la Secretaría Departamental de Salud y el Ministerio de Salud.
Además, apoyar a la gestión de la entidad con el desarrollo de actividades de
naturaleza administrativa en los procedimientos asignados al área de
subgerencia financiera.

9. Precisó que tales funciones también eran desplegadas de forma idéntica por
el personal de planta de la ESE, toda vez que el empleo de profesional
universitario código 2019 tenía a cargo labores similares, el cual fue previsto en
el artículo 18 del Decreto 785 de 2005.

10.Aseveró que el 27 de marzo de 2015 presentó reclamación administrativa ante
la ESE con el fin de que se declarara la existencia de una relación laboral entre
las partes, así como el consecuente pago de las acreencias e indemnizaciones

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laborales. Sin embargo, el centro asistencial resolvió desfavorablemente la
petición a través del Oficio G-0116 del 23 de abril de 2015

1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración

Se invocó la vulneración de los artículos 6, 13, 25, 53, 121, 122 y 123 de la
11.

Constitución Política; 3 y 26 del Decreto 2277 de 1979; 9 y 10 de la Ley 29 de
1989; 32-2 de la Ley 80; la Ley 6 de 1945 y los Decretos 3115 de 1968 y 1848
de 1969.

12.En el concepto de violación afirmó que el hospital desnaturalizó la figura del
contrato de prestación de servicios y de las cooperativas de trabajo asociado en
tanto se ejecutaron labores de carácter permanente durante un término de 9
años; que las actividades realizadas no lo eran de manera autónoma, temporales
o transitorias, dado que estaban previstas en el manual de funciones de la ESE
con la denominación de profesional universitario código 2019.

1.4. Contestación de la demanda2

13.La ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones, para lo cual desarrolló los
siguientes argumentos:

14.No actuó como empleadora del actor porque sus vinculaciones se
desarrollaron mediante las cooperativas de trabajo asociado o las agremiaciones
sindicales. En todo caso, aclaró que los momentos en los que se celebraron
contratos de prestación de servicios con el centro asistencial, el objeto
encomendado no fue el desempeño de labores habituales ni permanentes, pues
el trabajo se desarrollaba en diferentes servicios de cartera y tesorería.

15.Consideró que era improcedente el reconocimiento de los derechos
reclamados, ya que, el interesado no demostró los requisitos contemplados en el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, no existió ningún contrato
de trabajo entre las partes.

16.Puntualizó que las vinculaciones a través de cooperativas de trabajo asociado
eran avaladas por la Ley 1233 de 2009, regulación que permitió la contratación
con terceros para prestar servicios, de modo que la figura materializa a los
derechos fundamentales de asociación y trabajo en concordancia con el principio
de solidaridad que en estricto sentido son la esencia del cooperativismo, en el
cual subyace el trabajo autogestionado e independiente.

17.Con fundamento en lo anterior, presentó como excepciones de mérito las
siguientes: i) inexistencia de relación laboral; ii) prescripción.

2
Contestación visible en las páginas 7 a 27 del archivo «005Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.

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1.5. Sentencia de primera instancia3

18.El Tribunal dictó sentencia el 3 de septiembre de 2014, mediante la cual
declaró la nulidad del Oficio G- 0116 de abril 23 de 2015 y la existencia de la
relación laboral encubierta entre las partes entre el 16 de abril de 2004 al 31 de
agosto de 2012 como profesional universitario de cartera y desde el 31 de agosto
de 2012 y hasta el 31 de octubre de 2013 como profesional universitario de
tesorería.

19.Como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ordenó que la
ESE pagara al demandante la diferencia salarial y todas las prestaciones sociales
devengadas por otro funcionario en el cargo de profesional universitario de
cartera del 16 de abril de 2004 al 31 de agosto de 2012 y como profesional
universitario de tesorería desde el 31 de agosto de 2012 y hasta el 31 de octubre
de 2013, tomando como base para su liquidación, el salario percibido por otro
funcionario en el mismo cargo en dicha área de la subgerencia financiera de la
institución, en la medida que no fuera inferior a los honorarios recibidos.

20.Asimismo, ordenó determinar mes a mes la diferencia entre los aportes a la
seguridad social que se debieron efectuar y los realizados y cotizar directamente
a las entidades encargadas de su recaudo, las sumas faltantes por concepto de
aportes, en el porcentaje que le correspondía como empleador y durante todo el
tiempo en que se dio la relación laboral. Los aportes de la entidad deberán
cumplir la carga actuarial que sea necesaria; no obstante, el demandante deberá
acreditar que hizo el pago de su cuota parte de aportes a salud y pensiones,
pudiendo la demandada deducir de las sumas que resulten a favor del
demandante, los pagos de aportes que él no hubiere efectuado o realizado en
cuantía inferior.

21.Finalmente, dispuso: i) el ajuste de los valores de la condena conforme al IPC,
de acuerdo con el artículo 187 del CPACA; ii) el cumplimiento de la sentencia en
los términos del artículo 192 del CPACA; iii) negó las demás pretensiones de la
demanda y se abstuvo de condenar en costas.

Para arribar a las anteriores conclusiones, el Tribunal estudió los elementos
22.

que componen la relación laboral encubierta en los siguientes términos:

Prestación personal del servicio: Se acreditó que el demandante prestó sus
23.

servicios como profesional universitario de las áreas de cartera y tesorería de la
subgerencia financiera del Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo de Neiva entre el 16 de abril de 2004 y el 31 de octubre de 2013.

24.Que con las pruebas se constó lo siguiente: i) en virtud del contrato de apoyo
logístico celebrado por el centro asistencial con la cooperativa de trabajo
asociado INNOVAR, prestó servicios como profesional universitario del hospital

3
Índice 76 del aplicativo SAMAI-Primera instancia.

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en el período del 16 de abril de 2004 al 15 de diciembre de 2005; ii) como
consecuencia de la vinculación al consorcio de Servicios Especializados en Salud
laboró como profesional universitario de la entidad desde el 16 de marzo al 15 de
mayo de 2006; iii) derivado de la vinculación a la cooperativa de trabajo asociado
Unisalud se desempeñó como profesional universitario de la institución entre el 1
de enero al 30 de abril de 2007; iv) teniendo en cuenta la vinculación a la
cooperativa de trabajo asociado Gestión & Asesoría, prestó servicios como
profesional universitario del área de cartera hospital en el lapso de 1 de mayo a
31 de diciembre de 2011; v) con ocasión de contrato celebrado por la institución
con el sindicato Gremio de la Salud, laboró en calidad de profesional universitario
del área de tesorería del centro asistencial desde el 1 de agosto al 31 de octubre
de 2013; vi) celebró contratos de prestación de servicios de forma directa con el
hospital en lapsos del 16 de diciembre de 2005 al 31 de julio de 2013.

25.Remuneración: Al plenario se aportaron constancias de los pagos efectuados
por las cooperativas de trabajo asociado y la agremiación sindical, de la misma
manera, en los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes con
el centro asistencial se pactó el pago de honorarios mensuales.

26. Subordinación: Para el Tribunal se acreditó este elemento dado que el
demandante: i) prestó de forma permanente el servicio en las instalaciones del
HUHMPN en el mismo horario que los empleados vinculados bajo relación legal
y reglamentaria; ii) las actividades desarrolladas no fueron independientes o
autónomas pues estaban ligadas al devenir cotidiano de la institución de salud,
verbigracia, las de cobro y recaudo de servicios suministrados por el hospital, las
cuales se realizaron de forma continua durante 9 años, situación que desvirtúa la
esencia temporal u ocasional de la prestación del servicio a favor de la institución;
iii) ejecutaba las tareas conforme a las directrices de su coordinador del área o el
subgerente del área financiera y asistía a reuniones mensuales en las que se
evaluaba su labor y se le asignaban labores o compromisos; iv) de acuerdo a las
declaraciones de los señores Víctor Charry, Yolanda Ariza y Camilo Montealegre,
éstos coordinaban en asocio con la subgerencia financiera de la institución las
funciones del accionante como profesional universitario por la carencia de
personal que supliera las actividades a ejecutar, además, ellos precisaron que
ejercían liderazgo y tenían la potestad de asignar funciones a los miembros del
equipo.

27.Así las cosas, concluyó que las actividades llevadas a cabo por el demandante
hacían parte del giro ordinario del hospital, desnaturalizándose la vinculación por
prestación de servicios, cooperativas de trabajo asociado o agremiaciones
sindicales, es decir, acaeció una tercerización laboral cuya consecuencia es la
declaración de la relación laboral.

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1.6. Recurso de apelación4

28.La ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva
interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Al efecto,
solicitó su revocatoria para que, en su lugar, se negaran las pretensiones. Para
sustentar su inconformidad, expuso los siguientes argumentos:

29.En atención a los objetos de los contratos suscritos por la entidad con las
cooperativas de trabajo asociado Innovar, Unisalud, Gestión & Asesoría, el
consorcio de Servicio en Salud o con el sindicato Gremio de la Salud, se requería
la prestación de servicios derivado de la falta de personal capacitado que
atendiera los procesos para suplir la necesidad de la institución, toda vez que la
entidad tenía dificultades en su planta de personal y requería talento humano
adicional.

30.Fue desacertada la valoración de las declaraciones rendidas, pues el
declarante Camilo Montealegre Tovar no laboró en el área de cartera en la que
trabajaba el accionante y no conocía los períodos en los que trabajó. Además, la
deponente Yolanda Ariza Quintero no tenía claridad sobre la supervisión de los
contratos suscritos por la ESE con las cooperativas de trabajo asociado, a su vez,
el declarante Víctor Charry Olarte tampoco contaba con claridad si el interesado
era auxiliar o profesional.

31.Si bien el demandante siempre se benefició de una vinculación como
profesional universitario, lo cierto es que tal calidad estaba amparada desde la
figura de la prestación de servicios, ya que, en los objetos contractuales se pactó
el apoyo en el área administrativa y contable.

Contrario a lo considerado por el juez de primer grado que como el contrato
32.

de prestación de servicios 090-2006 contenía una cláusula de exclusividad era
un indicio de la relación laboral, a juicio del centro asistencial esta no es más que
una manifestación de la característica intuitu personae de los contratos estatales.

33.El desarrollo de las labores en el área de contabilidad, la cual posee
información sensible, requería la prestación de los servicios en las instalaciones
del hospital; no obstante, el interesado era autónomo e independencia en la forma
de organizar su jornada de trabajo, además nunca se le dieron llamados de
atención o se la ordenaron tareas diferentes a las pactadas entre las partes.

1.7. Trámite en segunda instancia

El recurso de apelación se admitió en auto del 11 de diciembre de 20245,
34.

oportunidad en la cual se indicó que el Ministerio Público podría emitir concepto

4
Índice 81 del aplicativo SAMAI-Primera instancia.
5
Índice 4 aplicativo SAMAI segunda instancia.

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desde que se admitiera el recurso hasta antes que ingresara el proceso al
despacho para fallo.

Dentro de esa oportunidad, la Procuraduría delegada de intervención séptima
35.

ante esta corporación6 rindió concepto a través del cual solicitó revocar la
sentencia de primera instancia, pues, a su criterio, no se acreditó la subordinación
que se predica de la ESE sobre la demandante.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

36.El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7.

37.De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso8, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación.

38.En ese sentido, comoquiera que solamente apeló la parte demandada, la
resolución del caso en esta instancia se ceñirá a los argumentos expuestos en el
recurso de alzada.

2.2. Problema jurídico

39.De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, el
problema jurídico se contrae a resolver los siguientes interrogantes:

¿si entre el señor Marlio Lozada García y la ESE Hospital Universitario
40.

Hernando Moncaleano Perdomo de Neiva existió una relación laboral encubierta
entre el 16 de abril de 2004 y el 31 de octubre de 2013?

41.De acreditarse lo anterior, se estudiará si sobre tal vínculo acaeció en todo o
en parte el fenómeno de la prescripción trienal y si la parte actora tiene derecho
al pago de las prestaciones sociales invocadas en la demanda.

6
Índice 11 aplicativo SAMAI segunda instancia.
7
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
8
«Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»

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2.3. De la relación laboral encubierta o subyacente

42.En lo relacionado con el derecho al trabajo, el artículo 53 Constitucional
consagra los derechos fundamentales de los trabajadores relacionados con la
igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil proporcional a la
cantidad y calidad de trabajo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos
establecidos en normas laborales, situación más favorable al trabajador en caso
de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho y
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por las partes.

43.En lo que respecta al contrato estatal de prestación de servicios el numeral 3.º
del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, señala que no son fuente de una relación
laboral ni generan la obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales; sin
embargo, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Constitucional ha
admitido que tal disposición no es aplicable cuando se demuestran los elementos
configurativos de una relación laboral, a saber: la subordinación continuada, la
prestación personal del servicio y la remuneración.

44. En esa lógica, en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, la Sección
Segunda del Consejo de Estado reiteró ciertos criterios elaborados por la
jurisprudencia para identificar, en el marco de los contratos de prestación de
servicios, el elemento de la subordinación, en cuanto requisito sine qua non para
declarar la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, a saber:
i) el lugar de trabajo, ii) el horario de las labores, iii) la dirección y control efectivo
de las actividades a ejecutar, que se materializa, por ejemplo, con el ius variandi o
con la inserción del prestador del servicio en el círculo rector, organizativo o
disciplinario de la entidad; y iv) que las actividades o tareas a desarrollar
correspondan de manera idéntica, semejante o equivalente a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral5.

45.En ese orden de ideas, cuando se acredite que el servicio se prestó de manera
personal, fue remunerado y en el desarrollo del mismo se siguieron - en cualquier
momento -órdenes o instrucciones, -en cuanto al modo, tiempo o cantidad de
trabajo-, y/o el contratante impuso reglamentos al contratista, que desbordan la
coordinación que debe existir entre ellos a la hora de ejecutar el objeto
contractual, se da paso a la continuada dependencia propia de los vínculos
de trabajo y se configura la relación laboral encubierta, pues el contratista no
ejerció su labor con independencia.

2.4. Cooperativas de Trabajo Asociado

De conformidad con la Ley 79 de 19889 y el Decreto 4588 de 200610, las
46.

cooperativas son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector de

9
«Por la cual se actualiza la Legislación Cooperativa».
10
«Artículo 3°. Naturaleza de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado. Son organizaciones sin
ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la economía, que asocian personas naturales que simultáneamente

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la economía solidaria, que vinculan el trabajo personal de sus asociados, quienes
a su vez son gestores, contribuyen económicamente a la cooperativa y aportan
directamente su capacidad de trabajo para el desarrollo de actividades
económicas, profesionales o intelectuales, esto con la finalidad de producir en
común bienes, prestar servicios o ejecutar obras para satisfacer las necesidades
de los asociados y de la comunidad en general.

Frente a este tipo de organizaciones, la Corte Constitucional11 al analizar la
47.

exequibilidad del artículo 59 de la Ley 79 de 1988, señaló lo siguiente:

«Las cooperativas de trabajo asociado nacen de la voluntad libre y autónoma de
un grupo de personas que decide unirse para trabajar mancomunadamente, bajo
sus propias reglas contenidas en los respectivos estatutos o reglamentos internos.
Dado que los socios son los mismos trabajadores, éstos pueden pactar las reglas
que han de gobernar las relaciones laborales, al margen del código que regula
esa materia. Todos los asociados tienen derecho a recibir una compensación por
el trabajo aportado, además de participar en la distribución equitativa de los
excedentes que obtenga la Cooperativa. Sólo en casos excepcionales y en forma
transitoria u ocasional se les permite contratar trabajadores no asociados, quienes
se regirán por la legislación laboral vigente».

Seguidamente, en cuanto a las compensaciones que perciben los socios de
48.

estas cooperativas, manifestó lo siguiente:

«Ahora bien: los principios mínimos fundamentales que rigen el trabajo contenidos
en el artículo 53 de la Carta que, como se ha dicho, "configuran el suelo axiológico
de los valores materiales expresados en la Constitución alrededor de la actividad
productiva del hombre, a los cuales debe sujetarse el Congreso en su actividad
legislativa, al igual que el aplicador o intérprete de las disposiciones de ese orden
y la sociedad en general (…) "no pretende una ciega unificación normativa en
materia laboral que desconozca la facultad del legislador de establecer regímenes
diferenciados mas no discriminatorios, atendiendo a las particularidades concretas
de las relaciones de trabajo que se pretenden regular. Su finalidad es la de exigir
al legislador la consagración uniforme en los distintos regímenes de los principios
mínimos fundamentales que protegen a los trabajadores y la manera de
garantizarlos, en aras de hacer efectivo el principio de igualdad ante la ley".

Ello no quiere decir que tales derechos fundamentales no deban ser respetados o
garantizados en las Cooperativas de Trabajo Asociado, pues éstos rigen para
todas las modalidades de trabajo. De no entenderse así, habría que sostener
inválidamente que la Constitución discrimina a los trabajadores, o en otras
palabras, que protege solamente a unos, lo cual no se ajusta con una
interpretación sistemática y teleológica de los artículos 25 y 53 del estatuto
superior. Es que derechos fundamentales como el de la igualdad de
oportunidades, el de una justa y equitativa compensación del trabajo en forma
proporcional a la cantidad y calidad del trabajo, el principio de favorabilidad a favor
del trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho, el derecho a la capacitación, al descanso necesario, a la
seguridad social, entre otros, no son ajenos a ninguna clase de trabajo».

son gestoras, contribuyen económicamente a la cooperativa y son aportantes directos de su capacidad de trabajo para el
desarrollo de actividades económicas, profesionales o intelectuales, con el fin de producir en común bienes, ejecutar
obras o prestar servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la comunidad en general».
11
Corte Constitucional. Sentencia C-211 de 2000.

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49.Igualmente, esta Subsección en sentencia de 15 de julio de 201912, indicó
que «[…] la finalidad, estructura y funcionamiento de las Cooperativas de Trabajo
Asociado son distintas a las de las empresas comerciales y, por consiguiente, es
válido que el legislador defina para ellas un régimen diferente, sin que ello
implique el desconocimiento de los derechos laborales constitucionalmente
protegidos. Es decir, que el trabajo asociado no puede ser utilizado
indebidamente para eludir las obligaciones de carácter laboral con los
trabajadores dependientes o subordinados, so pena de comprometer su
responsabilidad ante las autoridades correspondientes», razón por la cual,
cuando «[…] el asociado sea vinculado con otro ente, pero por órdenes puntuales
y estrictas de la Cooperativa así como del tercero, y pretenda que en aplicación
del principio de la primacía de la realidad sobre las formas se reconozca la
existencia de una relación laboral, deberá acreditar que se han consolidado los
elementos propios de la misma, a saber, prestación personal del servicio,
remuneración y subordinación».

2.6. Análisis de la Sala frente al primer problema jurídico

50.Obra en el expediente certificación expedida el 13 de abril de 200713 por el jefe
de la División de Recursos Humanos del centro asistencial en la cual señaló que
el demandante ha prestado sus servicios como profesional universitario en el
área de cartera a través de contratos de prestación de servicios o como asociado
o dependiente de cooperativas de trabajo asociado o de consorcios de servicios
de salud, desde el 16 de abril de 2004.

51.Asimismo, de acuerdo con lo detallado por las cooperativas de trabajado
asociado, consorcios de servicios en salud o agremiaciones sindicales se
observa que: i) la cooperativa de trabajado asociado INNOVAR certificó que
laboró como profesional universitario del 16 de abril de 2004 al 15 de diciembre
de 200514; ii) el consorcio de Servicios Especializado en Salud indicó que trabajó
como profesional universitario entre el 16 de marzo al 15 de mayo de 2006 15; iii)
la cooperativa de trabajado asociado Unisalud señaló que laboró como
profesional universitario del 1 de enero al 30 de abril de 200716; iv) la cooperativa
de trabajado asociado Gestión & Asesoría destacó que prestó sus servicios como
profesional universitario de cartera del 1 de mayo al 31 de diciembre de 201117;
v) el sindicato Gremios de la Salud sostuvo que se desempeñó como profesional
universitario de tesorería entre el 1 de agosto al 31 de octubre de 201318.

12
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Radicado 76001-23-31-000-2011-01249-01(2164-2018).
13
Certificación visible en la página 5 del archivo «002Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.
14
Certificación visible en la página 99 del archivo «001Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.
15
Certificación visible en la página 1 del archivo «002Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.
16
Certificación visible en la página 2 del archivo «002Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
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17
Certificación visible en la página 3 del archivo «002Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
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18
Certificación visible en la página 4 del archivo «002Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
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Radicado: 41001-23-33-000-2015-00788-01 (6409-2024)
Demandante: Marlio Lozada García

De igual manera, al expediente se allegaron copias de los siguientes contratos
52.

suscritos entre la entidad de salud y las cooperativas de trabajo asociado y la
agremiación sindical, así:

Razón Social
Contrato Inicio Finalización
(Empleador Formal)
Cooperativa de trabajo asociado Contrato de prestación
01/02/2004 30/04/2004
INNOVAR19 de apoyo logístico 017
Cooperativa de trabajo asociado Contrato de prestación
01/05/2004 31/07/2004
INNOVAR20 de apoyo logístico 072
Cooperativa de trabajo asociado Contrato de prestación
01/08/2004 30/09/2004
INNOVAR21 de apoyo logístico 122
Cooperativa de trabajo asociado Contrato de prestación
14/10/2004 13/11/2004
INNOVAR22 de apoyo logístico 151
Cooperativa de trabajo asociado Contrato de prestación
5/11/2004 04/02/2005
INNOVAR23 de apoyo logístico 169
Cooperativa de trabajo asociado Contrato de prestación
21/12/2004 20/01/2005
INNOVAR24 de apoyo logístico 155
Cooperativa de trabajo asociado Contrato de prestación
01/01/2005 31/01/2005
INNOVAR25 de apoyo logístico 002
Cooperativa de trabajo asociado Contrato de prestación
01/02/2005 28/02/2005
INNOVAR26 de apoyo logístico 021
Cooperativa de trabajo asociado Contrato de prestación
01/03/2005 30/04/2005
INNOVAR27 de apoyo logístico 058
Cooperativa de trabajo asociado Contrato de prestación
01/05/2005 31/05/2005
INNOVAR28 de apoyo logístico 069
Cooperativa de trabajo asociado Contrato de prestación
10/06/2005 10/08/2005
INNOVAR29 de apoyo logístico 92
Cooperativa de trabajo asociado Contrato de prestación
30/06/2005 31/08/2005
INNOVAR30 de apoyo logístico 103
Cooperativa de trabajo asociado Contrato de prestación
12/08/2005 11/10/2005
INNOVAR31 de apoyo logístico 115
Cooperativa de trabajo asociado Contrato de prestación
11/11/2005 10/12/2005
INNOVAR32 de apoyo logístico 152

19
Contrato visible en las páginas 59 a 63 del archivo «006Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
20
Contrato visible en las páginas 80 a 84 del archivo «006Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
21
Contrato visible en las páginas 95 a 99 del archivo «006Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
22
Contrato visible en las páginas 90 a 94 del archivo «006Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
23
Contrato visible en las páginas 75 a 79 del archivo «006Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
24
Contrato visible en las páginas 70 a 74 del archivo «006Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
25
Contrato visible en las páginas 96 a 100 del archivo «006Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
26
Contrato visible en las páginas 101 a 105 del archivo «006Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
27
Contrato visible en las páginas 1a 6 del archivo «007Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.
28
Contrato visible en las páginas 52 a 57 del archivo «006Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
29
Contrato visible en las páginas 46 a 52 del archivo «006Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
30
Contrato visible en las páginas 90 a 95 del archivo «006Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
31
Contrato visible en las páginas 33 a 39 del archivo «007Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
32
Contrato visible en las páginas 7 a 12 del archivo «007Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
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Radicado: 41001-23-33-000-2015-00788-01 (6409-2024)
Demandante: Marlio Lozada García

Contrato de prestación
Cooperativa de trabajo asociado de servicios
05/09/2011 31/12/2011
gestión & asesoría33 administrativos 239-
2011
Sindicato de gremio de la salud34 Contrato sindical 335 01/10/2013 31/10/2013

De otro lado, en el plenario obran copias de las órdenes de prestación de
53.

servicios suscritas por el demandante con el centro asistencial de forma directa
para que el señor Marlio Lozada García cumpliera los siguientes objetos, en los
períodos y por los valores que a continuación se relacionan:

No. Contrato u orden
de prestación de Objeto contratado Inicio Finalización Valor
servicios
Apoyo administrativo en el
área de cartera como
profesional universitario, $696.330
261 de 200535 16/12/2005 31/12/2005
realizando labores M/cte.
atenientes a su actividad
por 90 horas
Apoyo administrativo en el
área de cartera como
profesional universitario, $2.785.320
080 de 200636 01/01/2006 28/02/2006
realizando las labores M/cte.
atenientes a su actividad
mensual.
$696.330
OS0068737 Profesional universitario 01/03/2006 15/03/2006
M/cte.
del área de cartera del
$1.822.149
OS00089938 Hospital Universitario 01/06/2006 30/06/2006
M/cte.
Hernando Moncaleano
$1.822.149
OS00113139 Perdomo 01/07/2006 31/07/2006
M/cte.
Apoyo administrativo en el
área de cartera del
$911.075
OS00134640 Hospital Universitario 01/08/2006 15/08/2006
M/cte.
Hernando Moncaleano
Perdomo
Profesional universitario
del área de cartera del
Sin número41 Hospital Universitario 16/08/2006 30/08/2006 -0-
Hernando Moncaleano
Perdomo
Profesional universitario
$1.822.149
OS00162642 del área de cartera del 10/10/2006 10/11/2006
M/cte.
Hospital Universitario

33
Contrato visible en las páginas 1 a 12 del archivo «006Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
34
Contrato visible en las páginas 13 a 16 del archivo «007Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
35
Contrato visible en las páginas 6 a 8 del archivo «001Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.
36
Contrato visible en las páginas 9 a 11 del archivo «001Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
37
Contrato visible en la página 14 del archivo «001Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.
38
Contrato visible en la página 17 del archivo «001Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.
39
Contrato visible en la página 20 del archivo «001Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.
40
Contrato visible en la página 23 del archivo «001Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.
41
Información extraída de la certificación expedida el 13 de abril de 2007 por la jefe de la División de Recursos Humanos
del centro hospitalario, visible en la página 5 del archivo «002Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
42
Contrato visible en la página 26 del archivo «001Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
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Demandante: Marlio Lozada García

Hernando Moncaleano
Perdomo
Apoyo administrativo en el
área de cartera del
$2.368.793
OS00167043 Hospital Universitario 22/11/2006 30/12/2006
M/cte.
Hernando Moncaleano
Perdomo
Apoyo administrativo en el
área de cartera, conforme $6.012.900
OS00211344 04/05/2007 03/08/2007
a la propuesta presentada M/cte.
por el contratista
$2.004.300
OS00233445 06/08/2007 05/09/2007
M/cte.
$4.008.600
OS00252346 06/09/2007 05/11/2007
M/cte.
$2.004.300
OS00279447 Apoyo administrativo por 06/11/2007 05/12/2007
M/cte.
necesidad del servicio en
$1.670.250
OS00301848 el Hospital Universitario 06/12/2007 31/12/2007
M/cte.
Hernando Moncaleano
$4.200.000
OS00319749 Perdomo 01/01/2008 29/02/2008
M/cte.
$2.100.000
OS00344150 01/03/2008 31/03/2008
M/cte.
$2.100.000
OS00362051 01/04/2008 30/04/2008
M/cte.
Apoyo a la gestión $9.800.000
OS00493152 01/01/2012 30/04/2012
desarrollando actividades M/cte.
administrativas en los $4.900.000
OS00515253 03/05/2012 30/06/2012
procesos y subprocesos M/cte.
del área especificada $2.450.000
OS00534554 anteriormente en el 01/07/2012 31/07/2012
M/cte.
renglón denominado
Unidad (CARTERA), en
los días y horarios
necesarios de tal forma $10.942.400
OS00568355 16/08/2012 31/12/2012
que garantice la adecuada M/cte.
prestación de los servicios
de la salud de la ESE
Apoyo a la gestión de la $4.900.000
01OS000000599156 2/01/2013 28/02/2013
entidad, desarrollando M/cte.
actividades $2.450.000
01OS000000622857 1/03/2013 31/03/2013
administrativas en los M/cte.

43
Contrato visible en la página 31 del archivo «001Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.
44
Contrato visible en la página 34 del archivo «001Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.
45
Contrato visible en la página 37 del archivo «001Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.
46
Contrato visible en la página 40 del archivo «001Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.
47
Contrato visible en la página 42 del archivo «001Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.
48
Contrato visible en la página 45 del archivo «001Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.
49
Contrato visible en la página 48 del archivo «001Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.
50
Contrato visible en la página 48 del archivo «001Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.
51
Contrato visible en la página 54 del archivo «001Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.
52
Contrato visible en las páginas 57 y 58 del archivo «001Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
53
Contrato visible en las páginas 59 y 60 del archivo «001Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
54
Contrato visible en las páginas 62 y 63 del archivo «001Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
55
Contrato visible en las páginas 64 y 65 del archivo «001Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
56
Contrato visible en las páginas 69 y 70 del archivo «001Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
57
Contrato visible en las páginas 73 y 74 del archivo «001Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.

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Demandante: Marlio Lozada García

procesos y subprocesos $7.350.000
01OS000000636458 1/04/2013 30/06/2013
del área de M/cte.
SUBGERENCIA
FINANCIERA, en los días
y horarios determinados
por la entidad, de tal forma $2.450.000
01OS000000661959 1/07/2013 31/07/2013
que se garantice la M/cte.
adecuada prestación de
los servicios de la salud a
los usuarios de la ESE

54.Complementariamente, a través de la certificación expedida el 11 de marzo de
201560 por el jefe de la oficina de talento humano del ente hospitalario certificó la
realización de los precitados contratos y órdenes de prestación de servicios,
puntualizando que el actor laboró como profesional universitario en el área de
tesorería.

55.A su vez, mediante certificación del 9 de julio de 201261 signada por la jefe de
la oficina de gestión humana del hospital se especificó que en la ejecución de las
órdenes OS004931, OS005152 y OS005345 el accionante se desempeñó como
profesional universitario del área de cartera.

El jefe de la oficina de talento humano de la entidad a través de certificado del
56.

21 de agosto de 201362 señaló que en las referidas órdenes y en las identificadas
con números OS005683, 01OS0000005991, 01OS0000006228,
01OS0000006364 y 01OS0000006619 las tareas del accionante se desarrollaron
en calidad de profesional universitario del área de tesorería.

57.Es cierto que el centro asistencial en virtud del certificado suscrito el 21 de
agosto de 200863 por la jefe de la oficina de gestión humana aseguró que el actor
trabajó como auxiliar administrativo durante la ejecución de las órdenes
OS002113, OS002334, OS002523, OS002794, OS003018, OS003197,
OS003441 y OS003620; sin embargo, en el recurso de apelación, la parte
demandada enfatizó que durante toda la relación contractual actuó como
profesional universitario.

Teniendo en cuenta esa prueba documental la Sala constata que el
58.

demandante prestó sus servicios como profesional universitario para el apoyo
administrativo en cartera y tesorería de la ESE Hospital Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo de Neiva entre el 16 de abril de 2004 y el 31 de julio de
2013, ininterrumpidamente, a través de la suscripción de contratos con las
cooperativas de trabajo asociado Innovar, Unisalud, Gestión & Calidad, el

58
Contrato visible en las páginas 75 y 76 del archivo «001Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
59
Contrato visible en las páginas 80 y 81 del archivo «001Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
60
Documento visible en las páginas 9 y 10 del archivo «002Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
61
Documento visible en la página 7 del archivo «002Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.
62
Documento visible en la página 8 del archivo «002Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.
63
Documento visible en la página 6 del archivo «002Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.

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Demandante: Marlio Lozada García

consorcio de Servicios Especializado en Salud o el sindicato Gremios de la Salud,
así como mediante la celebración de órdenes de prestación de servicios de forma
directa con el ente hospitalario demandado.

59.Con relación a la contraprestación que se refiere a las sumas de dinero
recibidas por la contratista durante la ejecución de las actividades convenidas,
advierte la Sala que este elemento también se encuentra probado con las
órdenes de prestación de servicios suscritas por el demandante con el centro
asistencial demandado; los comprobantes de pago realizados por la cooperativa
de trabajo asociado Innovar en el 2004 y 200564; la constancia de pago realizado
por la cooperativa de trabajo asociado Servicios Especializados en Salud en abril
de 200665; los comprobantes de pago realizados por la cooperativa de trabajo
asociado Unisalud66 en los meses de enero, marzo y abril de 2007; así como con
los desprendibles de pago del ente hospitalario67 de los meses de marzo, abril,
junio, agosto, septiembre, octubre de 2006, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2007, enero a diciembre de 2008,
enero a diciembre de 2009, enero a diciembre de diciembre de 2010, enero a
septiembre de 2011, enero a diciembre de 2012, enero a julio de 2013; y las
constancias de pago efectuadas por el sindicato Gremios de la Salud68 en los
meses de agosto a octubre de 2013.

60.Respecto a la continuada subordinación y dependencia, se recuerda que
consiste en la facultad que le asiste al empleador para exigirle al trabajador el
cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o
cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo
el tiempo de duración del contrato.

61.Pues bien, como la vinculación de la demandante se dio por medio de
cooperativas de trabajo asociado, consorcio de servicios en salud y un sindicato,
la Sala recuerda que si bien ha sostenido69 que el ordenamiento jurídico prohíbe
el uso del trabajo asociado o de cooperativas como mecanismos para que el
Estado evada sus obligaciones laborales, también lo es que la ejecución de
funciones a través de dichos mecanismo asociativo no es suficiente por sí sola
para acreditar la existencia de una relación laboral, pues es necesario que quien
lo pretenda demuestre la configuración de los elementos del contrato de trabajo,
en especial la subordinación con la entidad pública que se señala como
empleadora real.

64
Documentos visibles en las páginas 12 a 19 del archivo «002Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
65
Documento visible en la página 22 del archivo «002Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.
66
Documentos visibles en las páginas 29 a 30 del archivo «002Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
67
Documentos visibles en las páginas 20 a 21, 23 a 28, 31 a 64 del archivo «002Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto
en el índice 72 del aplicativo SAMAI-Primera instancia.
68
Documentos visibles en las páginas 67 a 69 del archivo «002Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
69
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. 63001-2333-000-2016-00304-01 (5271-2022) y 76001-23-33-
000-2016-00058-01 (2752-2022) C.P: Luis Eduardo Mesa Nieves.

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Demandante: Marlio Lozada García

62.Por lo anterior, se abordará el estudio del elemento de la subordinación a la
luz de los criterios establecidos por la Corporación en la sentencia de unificación
SUJ-025-CE-S2-2021.

63.En cuanto al lugar de trabajo del demandante, se tiene que lo fue las
instalaciones de la Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo de
Neiva, según los contratos y los certificados de tiempo de servicios aportados al
proceso. A su vez, el declarante Helmo Gutiérrez Tovar especificó que el actor
se desempeñó en el área de cartera del centro asistencial desde la anualidad de
200470, por su parte, el deponente Camilo Montealegre Tovar sostuvo que el
accionante también prestó sus servicios en la dependencia de tesorería.

64.Además, la Sala advierte que el demandante laboró en el área de tesorería del
ente hospitalario a partir del 5 de septiembre de 2012, pues éste participó en las
sesiones adelantadas por la dependencia, conforme se detalló en las actas de
las reuniones llevadas a cabo el 5 de septiembre de 201271, 4 de octubre de
201272, 2 de noviembre de 201273, 7 de diciembre de 201274, 9 de enero de
201375, 7 de febrero de 201376, 6 de marzo de 201377, 4 de abril de 201378, 4 de
junio de 201379, 6 de mayo de 201380, 26 de julio de 201381, 26 de agosto de
201382, 19 de septiembre de 201383, 15 de octubre de 201384.

65.De modo que, en el período del 16 de abril de 2004 al 4 de septiembre de 2012
el accionante prestó sus servicios en el área de cartera y en el lapso del 5 de
septiembre de 2012 al 31 de octubre de 2013 trabajó en el área de tesorería.

66.Respecto al horario de servicio, no se observa en los documentos que se
haga referencia a ello, pero en la prueba testimonial sí. En la declaración rendida

70
Sobre el tema, el declarante expresó que «lo conozco desde el tiempo en que él se vinculó al hospital, que también fue
en el año 2004» y que «nosotros laborábamos únicamente en la oficina de cartera».
71
Documento visible en las páginas 57 a 60 del archivo «004Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
72
Documento visible en las páginas 52 a 55 del archivo «004Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
73
Documento visible en las páginas 41 a 43 del archivo «004Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
74
Documento visible en las páginas 46 a 51 del archivo «004Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
75
Documento visible en las páginas 29 a 32 del archivo «004Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
76
Documento visible en las páginas 25 a 27 del archivo «004Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
77
Documento visible en las páginas 21 a 23 del archivo «004Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
78
Documento visible en las páginas 16 a 19 del archivo «004Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
79
Documento visible en las páginas 8 a 10 del archivo «004Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
80
Documento visible en las páginas 12 a 14 del archivo «004Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
81
Documento visible en las páginas 3 a 6 del archivo «004Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
82
Documento visible en las páginas 105 a 107 del archivo «003Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
83
Documento visible en las páginas 98 a 99 del archivo «003Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
84
Documento visible en las páginas 101 a 103 del archivo «003Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.

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Demandante: Marlio Lozada García

por el accionante aseveró que «yo prestaba el servicio al hospital cumpliendo
horario de 7 a 12 y media, de 2 a 5 y los viernes hasta las 4 de la tarde».

67.No obstante, el testigo Víctor Charry Olarte ante la pregunta formulada por el
magistrado sustanciador consistente en si «el señor Marlio Rosada García estaba
obligado a cumplir horario de trabajo y jornada de trabajo», señaló que suponía
que los empleados estaban obligados a cumplir el horario de trabajo85, especificó
que la jornada de trabajo era de «de lunes a viernes, el lunes entrábamos a las 7
y media hasta las 5 de la tarde y el viernes entrábamos a las 7 y media y salíamos
a las 4 de la tarde».

68.A pesar de lo descrito por el actor en su declaración y el citado declarante, la
testigo Yolanda Ariza Quintero con ocasión al interrogante relativo a si al
interesado le era impuesta la jornada laboral o elegía las horas de trabajo 86,
contestó que a todo el personal de la subgerencia financiera de la institución y
afirmó que «todo el mundo entraba a las siete de la mañana, trabajábamos hasta
las doce del día, regresábamos a la oficina a las dos y media de la tarde y
salíamos a las seis de la tarde» […] « Eso era de lunes a jueves, en ese horario,
el viernes salíamos a las 5 de la tarde, pero entrábamos igual a las 7 de la
mañana».

69.En ese sentido, se presenta una contradicción entre lo afirmado por el
demandante y el declarante Víctor Charry Olarte, pues mientras estos señalaron
que la jornada de trabajo iniciaba a las 7:00 a.m. y culminaba a las 5:00 p.m., la
testigo Yolanda Ariza relató que el horario comenzaba a partir de las 7:30 a.m. y
finalizaba a las 6:00 p.m. Situación similar acaeció con el testimonio de la parte
demandada, Camilo Montealegre Tovar que explicó la franja horaria idéntica a la
manifestada por la testigo Ariza, al indicar que «nosotros trabajamos de lunes a
viernes en la mañana de siete a dos y media y por la tarde de dos y media a seis
únicamente el viernes en la tarde era hasta las cinco de la tarde en el tiempo que
laboró Marlio en la tesorería».

70.Además, el declarante Helmo Gutiérrez Tovar, contrario a lo mencionado por
los comentados testigos agregó que la jornada laboral también se extendía hasta
los fines de semana. Ciertamente, precisó que «muchas veces requerían
nuestros servicios los fines de semana o después del horario habitual, también
lo requerían». En consecuencia, no existe certeza si el horario era impuesto por
el ente hospitalario ni la jornada de trabajo del accionante en tanto los relatos no
fueron concretos a la situación propia del interesado y presentaron
incongruencias en sus dichos.

85
Al respecto, el declarante mencionó que «bueno la verdad es que supongo yo que ellos estaban obligados a cumplir el
horario de trabajo pero ellos conmigo mientras que estuvieron me cumplieron el horario porque yo soy muy cumplido en
ese tema, trabajamos de lunes a viernes desde las siete y media hasta las doce y hasta las cinco de la tarde, el viernes
salíamos a las cuatro de la tarde, igual siempre se cumplió horario, cualquier permiso que él necesitaba quien lo otorgaba
era yo pues porque yo era el jefe inmediato, yo nunca conocí quién manejaba la cooperativa que los había contratado a
ellos».
86
En efecto, el magistrado sustanciador le preguntó si «¿había autonomía del señor Marlio Lozada García para cumplir
su labor en los días, en las horas que él quisiera o necesariamente se inicia un rigor de horas y de días de trabajo?».

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Demandante: Marlio Lozada García

71.Ahora bien, se recuerda que el cumplimiento de horario per se no constituye
subordinación alguna, pues el acatamiento de éste también hace parte de la
coordinación que debe existir entre contratista y contratante en la ejecución
eficiente del objeto contractual. Por lo que, si bien pudo el demandante ejecutar
los objetos contractuales en alguna jornada, tal circunstancia resulta insuficiente
para acreditar la continua dependencia.

72.Ahora bien, en cuanto a la dirección y control efectivo de las actividades a
ejecutar, debe reiterarse que esta se refiere al control y manejo directo de la
entidad contratante sobre las actividades ejecutadas por el contratista, lo cual es
un requisito fundamental a efectos de constatar la presencia o no del elemento
de subordinación. De forma que, para probar la existencia de la relación laboral
encubierta, debe la parte demandante acreditar que se encontraba dentro del
círculo rector, disciplinario y organizativo de la entidad, a modo tal que se
concluya que las actividades ejecutadas eran dirigidas de manera contundente
por la entidad contratante.

El demandado en la alzada alegó que las pruebas aportadas al expediente no
73.

acreditaron los direccionamientos en el modo de cumplimiento de las
obligaciones contractuales contraídas o la falta de autonomía técnica y directiva
en la ejecución de los contratos de prestación de servicios del demandante.

74.Al respecto, la Sala considera que le asiste razón, pues con las pruebas
recaudadas y los testimonios practicados no se advierten los elementos de juicio
que se aluden suficientes para considerar que el actor prestó sus servicios bajo
una influencia decisiva de la E.S.E Hospital Universitario Hernando Moncaleano
Perdomo de Neiva, que conlleve a considerar la existencia del elemento de la
subordinación y por ende la relación laboral encubierta.

75.Con relación a los testimonios, se tiene que el señor Víctor Charry Olarte quien
se desempeñó como encargado del área de cartera del ente hospitalario entre
2005 y 200687, ante el interrogante formulado por el apoderado del demandante,
«si el señor Marlio Lozada tenía algún tipo de discrecionalidad sobre sus
funciones o sobre el horario que cumplía», sostuvo que el actor «tenía que
someterse a las normas que se hacían en el hospital y digamos en el
departamento de cartera de cumplir su horario y quien le daba las órdenes era
yo como jefe».

76.Ante lo dicho, es pertinente puntualizar que los procedimientos internos o
reglamentos de servicio del centro asistencial no denotan la imposición de
directrices particulares al interesado en tanto se dirigen a la generalidad de
trabajadores o contratistas de la institución. Además, la declaración no es idónea
para acreditar el posible direccionamiento del servicio del actor; toda vez que en
su relato dejó por sentado que no laboró en todo momento junto al demandante,
87
En detalle el declarante indicó que «yo tuve la oportunidad de conocer a Marlio en el año 2005 que yo estuve vinculado
en el hospital como profesional universitario en el área de cartera y Marlio fue asignado como uno de mis auxiliares de
cartera y él desarrollaba conjuntamente conmigo las labores que él antes mencionó. Estuvimos 2005 y 2006 que yo por
motivos personales me retiré del hospital».

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únicamente le consta la prestación del servicio del 2005 y 2006 a pesar de que
en la demanda se reclamó el reconocimiento de la relación laboral a partir del 16
de abril de 2004 y hasta el 31 de octubre de 2013.

77.A su vez, la testigo Yolanda Ariza Quintero que integró la planta de personal
del ente hospitalario entre noviembre de 2005 y octubre de 2013, época en la que
desempeñó el empleo de profesional universitario y coordinadora del área de
cartera88, indicó que las funciones a cargo de la dependencia, eran: «i) mantener
los estados de cartera con las entidades a las cuales nosotros les prestábamos
los servicios o los contratantes del hospital; ii) conciliaciones financieras iii) firmar
actas del cruce financiero en el que las entidades reconocían al hospital los
valores adeudados para identificar cuánto de ese valor estaba glosado o tenía
alguna objeción para el pago de las mismas; iv) imputaciones de las cuentas de
los pagos realizados por las instituciones». Especificó que «una de las funciones
específicas de Marlio era identificar los pagos que nos llegaban porque muchas
entidades consignaban, no reportaban los pagos».

78.El magistrado sustanciador le preguntó si el accionante gozaba de autonomía
para cumplir sus tareas en el momento que deseara89, y contestó «allá ninguno
de nosotros era autónomo porque teníamos que cumplir con un horario, teníamos
que cumplir con unas funciones asignadas al área y teníamos que dar unos
resultados de las funciones que nosotros teníamos asignadas». Ante esa
respuesta, el apoderado del actor le preguntó si para el cumplimiento de las
metas asignadas por el centro asistencial, ella tenía la potestad de imponer al
señor Lozada García «funciones encaminadas a cumplir esa finalidad», explicó
que «nosotros teníamos como departamento de cartera cumplir con unos
compromisos, y esos compromisos debíamos desarrollarlos mejor».

79.Igualmente, se le preguntó si «¿usted tenía algún tipo de potestad para
llamarle la atención o poner algún tipo de sanción disciplinaria?», y dijo «yo no
tenía esa facultad, mi única facultad era cumplir con los compromisos que debía».
Asimismo, el mandatario la instó a que especificara si «Marlio Lozada estaba bajo
su mando en el hospital y en el departamento que usted lideraba», contestó «yo
solamente coordinaba algunas funciones específicas de mi área y pues yo tenía
un equipo de apoyo y entre todos desarrollábamos las funciones».

80.El deponente Helmo Gutiérrez Tovar que fue compañero de trabajo del
accionante durante las anualidades de 2004 al 2011 en el área de cartera90, a la
pregunta formulada por el apoderado de la parte demandante «¿quién ejercía el

88
Sobre el punto, la deponente señaló que «yo fui nombrada y me posesioné como profesional universitario adscrita a la
subgerencia financiera y mis funciones fueron asignadas como coordinadora o profesional universitario del área de
cartera. En esta dependencia estuve desde noviembre del año 2005 hasta octubre de 2013».
89
En específico, el magistrado sustanciador le preguntó si «¿había autonomía del señor Marlio Lozada García para
cumplir su labor en los días, en las horas que él quisiera o necesariamente se inicia un rigor de horas y de días de
trabajo?».
90
Sobre el punto, el magistrado sustanciador le solicitó al testigo «que informe si usted ha tenido relaciones laborales con
el hospital universitario Hernando Moncaleano Perdomo y de ser cierto, ¿en qué tiempos y en qué cargos?», especificando
el declarante que «yo laboré con el hospital desde el año 2004 hasta el año 2011, creo. No, la fecha de retiro no me
acuerdo perfectamente cuál fue. Trabajé en la oficina de cartera». Asimismo, le preguntó «¿en qué condiciones es ese
conocimiento y qué relaciones ha tenido con él?», señalando el declarante que «lo conozco desde el tiempo en que él se
vinculó al hospital, que también fue en el año 2004, y nuestra relación ha sido una relación de amistad».

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poder sancionatorio o llamados de atención directamente sobre algún funcionario
que estaba vinculado mediante órdenes de prestación de servicio?», expresó que
«el jefe de cartera que estaba vinculado directamente con el hospital».

81.Y el testigo Camilo Montealegre Tovar que era el encargado del área de
tesorería y únicamente le consta la prestación del servicio dicha dependencia del
ente hospitalario en razón a que no pertenece a la de cartera91, indicó como
funciones ejercidas por el actor las de llevar un control de los contratos92; revisión
de cuentas93; y enviar documentos a la subgerencia financiera del hospital94. Al
ser preguntado por el magistrado sustanciador «si las labores las hacía el señor
Marlio Lozada García a su discrecionalidad o eran asignadas por alguna persona
de planta», contestó que alguna de las actividades las llevaba a cabo de forma
directa el actor o en coordinación con él o por disposición del subgerente
financiero del hospital95.

82.Las anteriores declaraciones no señalaron en detalle alguna situación en
particular de influencia en la manera en la cual el demandante ejecutaba las
labores o si este fue objeto de llamados de atención. Si bien el testigo Víctor
Charry afirmó que le daba órdenes como jefe al actor, no especificó cuáles eran
ellas, y tampoco refirió las condiciones de tiempo, modo y lugar en que ello
ocurrió. Lo que igualmente ocurre con el dicho de la señora Yolanda Ariza, pues
aunque afirmó que ninguna persona del área era áutonoma, lo que incluía al
demandante, no dio detalle respecto de la forma en que se direccionaba la labor
ejecutada por el demandante, además de que afirmó que no tenía poder
disciplinario sobre él.

36. En ese orden, los testigos no precisaron las órdenes, quién las impartía de
manera directa al demandante, en qué consistían, o la forma en que se
comunicaban o su periodicidad, de suerte que las declaraciones son insuficientes
para tener por acreditado que la entidad demandada determinaba las condiciones
o forma en que el actor debía realizar las labores encomendadas.

91
Sobre el punto, el magistrado sustanciador le solicitó al testigo «que informe si usted ha tenido vínculos laborales con
el hospital Hernando Moncaleano Perdomo, de ser cierto en qué tiempo y en qué cargos», expresando el declarante que
«estoy vinculado con el hospital desde el año 2000 hasta la fecha, desempeñando el cargo profesional universitario,
desempeñándome en varias dependencias durante todo este tiempo». Asimismo, le preguntó si «¿usted laboró en el área
de cartera del hospital universitario Hernando Moncaleano, de ser cierto en qué tiempo?», señalando el declarante que
«no, nunca he laborado durante todo este periodo en el área de cartera». Finalmente, le pidió que aclarara si «si usted
conoce al señor Mario Lozada García, de ser cierto en qué circunstancias y qué tipo de vínculos tiene con él», relatando
el deponente que «lo conozco desde que estuve vinculado allá con el hospital porque desempeñó, sé que estaba
trabajando con el área de cartera. Posteriormente ya duró como un año, un año largo en la parte de tesorería también
directamente».
92
En detalle, el testigo sostuvo que «en la tesorería se le asignaban en un oficio, por ejemplo, como esto es colaboración
con la oficina, una de las funciones por ejemplo era tener contactos, llevar como un control de los contratos […]».
93
Al respecto, el declarante aseveró que «Le tocaba también revisar las cuentas como revisión de cuentas que llegaban
todos si ya realmente tenían el trámite correspondiente de legalización, si estaban todo porque a pesar de que allá las
cuentas llegaban de contabilidad que es la dependencia en la cual se llenaban todos los requisitos, no sobraba que
nosotros como autocontrol hiciéramos una revisión también de las cuentas y esa era otra parte […]».
94
Sobre el punto, el deponente señaló que «otra de las funciones que tenía también el señor Marlio como también le
trasladaban los documentos, como estábamos bastante dispersos a la parte de la sugerencia pues colaboraba también
en otra parte de colaboración llevando los documentos, así fueron los cheques para que lo firmara, también porque era
en conjunto la firma de los cheques para que lo firmara el sugerente financiero, la sugerente en ese momento esas eran
entre otras cosas las funciones que desempeñaba Marlio […]».
95
Al respecto, el testigo afirmó que «unas funciones directamente las hacía directamente en colaboración, en coordinación
con la parte mía o si no también lo que ordenaba el subgerente financiero porque él también era el jefe inmediato de todos
nosotros y él podía ordenarle a Marlio o decirme a mí que le dijera Marlio que haga estas funciones porque nos llegó esta
situación nos lleve aquí por el estilo porque él sí era el sugerente de una persona de planta también como a mi persona».

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83.De otro lado, sobre los documentos que obran en el plenario, se observan
certificaciones expedidas por el testigo Camilo Montealegre Tovar en calidad de
tesorero del centro asistencial en las cuales certificó la realización de las
actividades llevadas a cabo por el accionante en los períodos de 1 a 30 de
septiembre de 201296, 1 a 31 de octubre de 201297, 1 a 30 de noviembre de
201298, 1 a 31 de diciembre de 201299. A saber: i) actualización de códigos
contables, nombres, cédula, Nit, direcciones y teléfonos de los proveedores y
terceros al nuevo programa Dinámica Gerencial; ii) realización manual de
traslados de saldos de cartera del programa SIIGHOS a dinámica gerencial; iii)
archivo de las órdenes de pago con las autorizaciones de pago por parte de la
gerencia; iv) copia de los traslados realizados en diferentes cuentas bancarias
de las anualidades de 2010 al 2012; v) copia de órdenes de pago de realizados
por Colombia Telecomunicaciones y Comcel; vi) actualización de las actas, dé
los subcomités de autocontrol; vii) realización de órdenes de pago de los
funcionarios de O.P.S.; traslado al archivo principal de carpetas que reposan en
tesorería de los años 2010 y 2011; viii) actualización del mapa de riesgos, plan
de gestión y plan de acción de tesorería; viii) relación de órdenes de pago
solicitadas por la Contraloría General de la República.

84. Igualmente, certificó la realización de las labores de los lapsos de 1 a 31 de
marzo de 2013100, 1 a 31 de abril de 2013101, 1 a 31 de mayo de 2013102, 1 a 30
de junio de 2013103, consistentes en lo siguiente: i) realización de actas del
subcomité de autocontrol; ii) realización de avances en el mes; iii) actualización
de los convenios; iv) revisión de documentación de las órdenes de pago y
realización de las mismas; v) solicitud de autorizaciones de pago; vi) descuentos
de los anticipos de las órdenes de pago; vi) envío de la relación de los descuentos
judiciales al Banco Agrario; vii) relación de las órdenes de pago para su empaste;
vii) seguimiento de los convenios con la Secretaría de Salud y sus rendimientos
financieros; viii) relación de comprobantes de egreso en las diferentes entidades;
ix) elaboración y entrega de cheques a los diferentes proveedores; x) realización
de comprobantes de egreso.

Si bien esas labores pueden estar conectadas con la misionalidad de la
85.

entidad o parte de ella, no es menos cierto que conforme con el artículo 32 de la
Ley 80 de 1993 las entidades pueden celebrar contratos de prestación de
servicios para el desarrollo de actividades relacionadas con la administración o

96
Documento visible en la página 94 del archivo «009Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.
97
Documento visible en la página 97 del archivo «009Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.
98
Documento visible en la página 3 del archivo «010Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.
99
Documento visible en la página 6 del archivo «010Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.
100
Documento visible en las páginas 54 y 55 del archivo «010Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
101
Documento visible en la página 46 del archivo «010Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del aplicativo
SAMAI-Primera instancia.
102
Documento visible en las páginas 37 y 38 del archivo «010Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
103
Documento visible en las páginas 30 y 31 del archivo «010Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
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funcionamiento de ellas, por lo que es indispensable que se acredite en el curso
del proceso que en la ejecución de ellas la E.S.E ejerció subordinación, pues de
no probarse, no puede concluirse que se configuró la desnaturalización del
vínculo contractual. De tal manera que, el demandante tiene la carga de efectuar
un ejercicio probatorio suficiente dirigido a demostrar que en la ejecución de los
servicios estuvo sujeto al cumplimiento de directrices u órdenes de un superior o
que debía ejecutar el contrato en las condiciones impuestas por la entidad, lo que
las pruebas mencionadas no alcanzan a acreditar.

86.Y si bien al proceso también se aportaron actas de reuniones realizadas en el
área de cartera y de tesorería en las que participó el actor, en las que se destaca
las siguientes:

Fecha Dependencia Acciones, tareas y compromisos
En asocio con Yolanda Ariza preparar facturas
1 20/01/2011104
Solsalud para adicionar a la demanda.
Cartera
2 10/06/2011105 El accionante no contó con ningún compromiso.
3 15/11/2011106 El actor no contó con ningún compromiso.
El accionante explicó el seguimiento y revisión que se
4 05/09/2012107 deben realizar a los planes de acción, mapa de
riesgos y flujos de caja.
5 02/11/2012108 El demandante no contó con ningún compromiso.
6 04/10/2012109 Tesorería El actor no contó con ningún compromiso.
Tener cuidado al pasar las órdenes de pago para las
trasferencias, respectivas, sean las mismas que se
7 07/12/2012110
encuentran en la relación del listado de los pagos a
realizar, y así evitar realizar un doble pago.
Tener cuidado con las órdenes de pago, para evitar
8 09/01/2013111
dobles abonos.
9 07/02/2013112 El interesado no contó con ningún compromiso.
Tener especial cuidado con la elaboración de las
10 06/03/2013113
órdenes de pago que presentan vencimiento 0 días.
Efectuar la consolidación de los terceros, que tienen
Tesorería duplicidad del Nit.

Realizar nuevamente el requerimiento a suministros.
11 04/04/2013114
Enviar a sistemas la actualización del listado de
entidades, para el recaudo con tarjetas débito y
crédito.

104
Documento visible en las páginas 73 a 75 del archivo «004Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
105
Documento visible en las páginas 70 a 72 del archivo «004Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
106
Documento visible en las páginas 67 a 68 del archivo «004Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
107
Documento visible en las páginas 57 a 60 del archivo «004Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
108
Documento visible en las páginas 46 a 51 del archivo «004Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
109
Documento visible en las páginas 52 a 55 del archivo «003Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
110
Documento visible en las páginas 41 a 43 del archivo «003Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
111
Documento visible en las páginas 29 a 32 del archivo «003Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
112
Documento visible en las páginas 25 a 27 del archivo «003Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
113
Documento visible en las páginas 21 a 23 del archivo «003Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
114
Documento visible en las páginas 16 a 19 del archivo «003Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 22
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Demandante: Marlio Lozada García

Informar a sistemas para implementar el Historial de
12 06/05/2013115
los pagarés.
Solicitar nuevamente a suministros la petición hecha
por la funcionaría de Caja.
En asocio con Camilo Montealegre y Elizabeth
13 04/06/2013116
Rodríguez, las órdenes de pago y comprobantes de
egreso, serán revisadas y refrendadas, de acuerdo al
formato de dinámica gerencial.
Realizar el requerimiento a Suministros para colocar
14 26/07/2013117 la película en las ventanas de la caja de urgencias y
de elaborar el plan de compras del 2014.
Enviar comunicación a la Gerencia relacionado con
15 26/08/2013118
los puntos de recaudo para las cajas del Hospital.
16 15/10/2013119 El accionante no contó con ningún compromiso.
Enviar a la Secretaría de Salud Departamental el
17 19/09/2013120 informe financiero del convenio 0265/2011 para su
liquidación.

87. Frente al cuadro que antecede se puntualiza lo siguiente: i) en las sesiones 2, 3,
5, 6, 9 y 16 únicamente participó el accionante sin que en estas se observaran
instrucciones o reglamentaciones del servicio en forma específica al señor Marlio
Lozada García; ii) en las reuniones 1, 4, 11, 13, 14, 15 y 17 se indicó como
responsable al demandante; sin embargo, no existen elementos adicionales de
juicio que denoten que con la realización de tales labores se desbordaron sus
funciones como profesional universitario para el apoyo administrativo en cartera
y tesorería del centro asistencial; iii) si bien las indicaciones de las sesiones 7, 8
y 10 dan alertas al demandante, las mismas no son constitutivas de
direccionamientos sino de la coordinación que debe existir entre contratista y
contratante para satisfacer el objeto contractual, además, tal circunstancia no se
presentó durante todo el tiempo de duración de la relación contractual.

88.Lo anterior, por cuanto las referidas sesiones 7, 8 y 10 solamente comprenden
un período limitado del servicio (7 de diciembre de 2012, 7 de febrero de 2013 y
6 de marzo de 2013) dentro de una relación contractual que se extendió por más
de 9 años. En ese sentido, resultaría desproporcionado acreditar el elemento
esencial del contrato realidad con base en un único indicio; pues adicional a
dichas actas, no reposan en el expediente otros documentos que corroboren el
aparente direccionamiento que recibió la demandante.

En ese orden de ideas, para la Sala no está acreditado que la entidad
89.

demandada hubiese actuado como verdadera empleadora de la demandante, por
haber dado órdenes o direccionamiento en la prestación de su servicio, o que le
impuso las condiciones de tiempo, modo y lugar de ejecución de los objetos

115
Documento visible en las páginas 12 a 14 del archivo «003Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
116
Documento visible en las páginas 8 a 10 del archivo «003Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
117
Documento visible en las páginas 3 a 6 del archivo «004Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72 del
aplicativo SAMAI-Primera instancia.
118
Documento visible en las páginas 105 a 107 del archivo «003Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72
del aplicativo SAMAI-Primera instancia.
119
Documento visible en las páginas 101 a 103 del archivo «003Contrato Digitalizacion (.pdf)»., adjunto en el índice 72
del aplicativo SAMAI-Primera instancia.
120
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contractuales. Dado que, en los períodos en los que el actor perteneció a las
cooperativas de trabajo asociado Innovar, Unisalud, Gestión & Asesoría, el
consorcio de Servicios Especializado en Salud y el sindicato Gremios de la Salud,
las pruebas que integran el expediente no permiten estipular directrices
concretas, imposiciones de horario institucional o condiciones de subordinación
directa frente al cargo particular de profesional universitario en las áreas de
cartera y tesorería del ente hospitalario.

90.En todo caso, es necesario recordar nuevamente que es responsabilidad de
quien pretende la declaratoria de una relación laboral con el Estado demostrar
que, durante la ejecución del servicio, se configuraron los tres elementos
esenciales: prestación personal, remuneración y, especialmente, subordinación.
Lo anterior, máxime si se tiene en cuenta que, en el proceso de regularización de
las plantas de personal de las entidades del Estado el Decreto 1376 de 2014121
el Decreto 1376 de 2014 se autorizó a las Empresas Sociales del Estado (ESE)
la satisfacción de sus funciones mediante la contratación de terceros en los
términos del artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, disposición que, al ser estudiada
por la Corte Constitucional en la sentencia C-171 de 2012122 fue declarada
exequible con una interpretación similar al contenido del artículo 32 inciso 3 de la
Ley 80 de 1993, esto es, que se podrán realizar estas vinculaciones siempre que
los servicios a satisfacer no puedan cumplirse con el personal de planta o
requieran servicios especializados. Lo que ocurrió en el presente caso, pues no
se probó la desnaturalización de las vinculaciones por terceros ni la de los
contratos de prestación de servicios.

91.En suma, siguiendo lo establecido en el artículo 167 del Código General del
Proceso «[…] incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo que era al actor a
quien le correspondía probar los supuestos de hecho de la configuración de la
relación encubierta que alegó que existió entre su persona con la entidad
enjuiciada a través de las pruebas pertinentes, suficientes y útiles del caso, tal y
como se ha sostenido la Subsección en casos anteriores123.

121
En cumplimiento del artículo 13 de la Ley 1610 de 2013
122
En detalle esta sentencia dice lo siguiente sobre el particular: «La norma acusada, tal y como está enunciada, se
encuentra en contravía de la prohibición a la administración pública de celebrar contratos de prestación de servicios para
el ejercicio de funciones de carácter permanente de las entidades estatales, funciones para cuyo cumplimiento se requiere
la creación de los empleos o cargos públicos correspondientes. Así las cosas, la Corte concluye que, tal y como se
encuentra redactada la norma, da lugar a una interpretación abiertamente inconstitucional, de manera que en principio
procedería una declaratoria de inexequibilidad de la misma. No obstante lo anterior, la Corte ha validado en innumerables
oportunidades la posibilidad de dictar sentencias moduladas, en las que se declare una exequibilidad condicionada, en
aquellos eventos en los que sea posible conservar el precepto normativo en el ordenamiento jurídico, dando aplicación al
principio pro legislatore, y siempre y cuando exista una interpretación de la norma que al incorporarla al alcance normativo
del precepto o al entendimiento del enunciado normativo, subsane la posible vulneración de la Carta Política y la torne en
constitucional. Por consiguiente, la Sala evidencia en este caso, la necesidad de incorporar al entendimiento de la norma
acusada, la única interpretación constitucional posible de la misma, de conformidad con la Constitución y la jurisprudencia
de este Alto Tribunal, según la cual, la potestad de contratación otorgada por el precepto demandado a las Empresas
Sociales del Estado para operar mediante terceros, solo podrá llevarse a cabo siempre y cuando no se trate de funciones
permanentes o propias de la entidad, cuando estas funciones no puedan llevarse a cabo por parte del personal de planta
de la entidad o cuando se requieran conocimientos especializados. Por lo tanto, la Corte declarará en la parte resolutiva
de esta sentencia, la exequibilidad condicionada del artículo 59 de la Ley 1438 de 2011, en el sentido anunciado».
123
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 28 de
noviembre de 2024. Expediente: 05001-23-33-000-2016-01020-01 (1379-2023). CP Luis Eduardo Mesa Nieves.

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92.Lo anterior, pues «si bien no puede decirse que existe una prueba reina para
demostrar el elemento de la subordinación y dependencia continuada, esta Sala
si ha considerado que para acreditar este elemento de la relación laboral, deben
aportarse aquellas que permitan acreditar fehacientemente que el contratista no
ejercía su actividad, para la cual fue contratado, en forma autónoma e
independiente, sino que debía someterse ineludiblemente a las órdenes e
instrucciones de funcionarios de la entidad, en las circunstancias de tiempo,
modo y lugar que estos impusieran»124.

93.Por tanto, la Subsección considera que le asiste razón a la entidad en los
planteamientos de su recurso de alzada, en tanto dentro del plenario no obran
los elementos que sustenten la existencia de una relación laboral encubierta
entre las partes, en especial, porque no se probó el elemento de subordinación.
Por lo tanto, se revocará la sentencia de primera instancia que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, para en su lugar, negarlas.

94. Por sustracción de materia no se estudiarán los demás reparos del apelante.

2.5. De la condena en costas en ambas instancias

95.La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

96.La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

97.En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

98.Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en ambas instancias a
la parte vencida, es decir, a la demandante. Para el efecto, conforme con el
artículo 366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado

124
Sentencia de 20 de abril de 2023; Sección Segunda, Subsección A, radicado 000 2014 00007 01 C.P Gabriel Valbuena
Hernández.

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ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal de primera instancia que conoció de este proceso.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley.

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 3 de septiembre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, por medio de la cual accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, en su lugar, NEGAR, las pretensiones invocadas
por Marlio Lozada García, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
motiva.

SEGUNDO: Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante, las
cuales serán liquidadas por el a quo.

TERCERO: Reconocer personería para actuar a Andrés Mauricio Muñoz
Leguizamo como apoderado judicial de la E.S.E Hospital Universitario Hernando
Moncaleano Perdomo de Neiva, conforme lo consignado en el expediente digital,
visible en el aplicativo SAMAI índice 13.

CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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