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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2015-00892-01

Fecha
16 de octubre de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2015-00892-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 11 de junio de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Huila negó las pretensiones de la demanda que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó el señor Alberto Sánchez Durán en contra de la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en esta instancia, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta decisión devolver el expediente al tribunal de origen. 17 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad corresponde al Código General del Proceso. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 41001-23-33-000-2015-00892-01 (4351-2024) Demandante: Alberto Sánchez Durán

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2015-00892-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

16 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 41001-23-33-000-2015-00892-01 (4351-2024)
Demandante: Alberto Sánchez Durán
Demandado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial
Tema: Nivelación salarial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta oportunidad se resolverá el recurso de apelación presentado por la
parte demandante contra la sentencia de fecha 11 de junio de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo del Huila, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

2. Pretensiones1. Anular el oficio UDAEOF15-1144 del 20 de abril de 2015, a
través del cual la directora de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la
Judicatura negó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial y prestacional
existente entre el cargo de profesional universitario grado 14 de la seccional de
auditoría de Neiva y el profesional grado 18 de la unidad de auditoría de las
seccionales de Bogotá, Medellín y Cali.

3. Como restablecimiento del derecho solicitó: i) condenar a la entidad demandada
a reconocer y pagar la diferencia salarial dejada de percibir desde el 19 de abril de
2012 e; ii) inaplicar el artículo 3.° del Acuerdo 37 del 14 de abril de 1994.

4. Así mismo, exigió la actualización de la condena junto con el cumplimiento de
la sentencia en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.).

5. Hechos. Mediante el Acuerdo nro. 37 de 14 de abril de 1994, la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura creó y determinó la planta de
personal de las unidades de control interno en las direcciones y consejos
seccionales del país.

1 Tomadas del escrito de subsanación visible a folios 79 y 80 del expediente físico. En un principio, la parte

demandante solicitó la nulidad del oficio RYC 035879 del 3 de mayo de 2013, tal como se observa en el folio
61. Sin embargo, mediante auto del 8 de septiembre de 2017 -folio 76-, el tribunal inadmitió la demanda para
que se subsanaran las falencias advertidas, entre ellas, que se identificaran con claridad los actos
administrativos enjuiciados. A partir de entonces, el actor manifestó que la decisión objeto de demanda es la
que aquí se ha señalado.

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Demandante: Alberto Sánchez Durán

6. Fue así como en las seccionales de Bogotá, Medellín y Cali se concibió el
empleo de profesional universitario grado 18, profesional universitario grado 14 y
asistente administrativo grado 12; mientras que en las demás dependencias
territoriales solamente creó los dos últimos cargos en reseña.

7. Por Acuerdo nro. PSAAO5-2961 de 30 de junio de 2005, la aludida corporación
concibió el manual de funciones para los cargos adscritos a esas unidades, para lo
cual determinó que los profesionales universitarios grados 14 y 18 tendrían las
mismas actividades laborales.

8. El 19 de abril de 2015, el actor solicitó el reconocimiento y pago de la nivelación
salarial a la que tenía derecho, la cual fue negada por medio del acto administrativo
que ahora se demanda que, por cierto, no fue notificado en debida forma.

9. Fundamentos de derecho. Para la parte actora, la decisión cuestionada
infringió los siguientes artículos: 13, 25 y 53 de la Constitución Política; 84 y 85 del
CPACA; 7.° de la Ley 1496 de 2011 y 152 y 157 de la Ley 270 de 1996. Al exponer
el concepto de violación, invocó la siguiente causal de nulidad:

10. Violación de las normas en que debía fundarse. Las funciones del cargo
ostentado por el demandante resultan idénticas a las asignadas al empleo de
profesional universitario grado 18. En consecuencia, al tener las mismas
responsabilidades, deberes y cumplir igual jornada laboral, debe reconocérsele al
señor Sánchez Durán el derecho a ser remunerado en igualdad de condiciones, en
atención al principio constitucional de «a trabajo igual, salario igual».

11. La anterior tesis fue avalada por el Tribunal Administrativo del Huila, el Consejo
de Estado y la Corte Constitucional en diferentes providencias.

12. Así las cosas, a la Rama Judicial le correspondía demostrar las razones
objetivas para justificar la diferencia salarial existente entre los empleos antes
mencionados.

13. Contestación de la demanda2. Dentro de la oportunidad de ley, la accionada
contestó la demanda en los siguientes términos:

14. El demandante no tiene derecho a la diferencia salarial solicitada, por no tener
los mismos estándares de carga laboral que un profesional universitario grado 18
de la seccional de Bogotá, tal como fue explicado en el oficio UDAEOF13-669 del
22 de marzo de 2013.

15. En ese contexto, es claro que la argumentación presentada por el actor resulta
huérfana, máxime si se tiene en cuenta que no se invocaron razones para demostrar
su dicho.

2 Ver folios 109 a 118 del expediente físico.

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Demandante: Alberto Sánchez Durán

16. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial no está autorizada para
interpretar e inaplicar las leyes, pues esa potestad es del resorte exclusivo de los
jueces de la República.

17. Propuso las excepciones de «inexistencia de la obligación», «cosa juzgada» e
«innominada».

18. En lo que toca a la cosa juzgada3, manifestó que el litigio sometido a
consideración judicial ya fue objeto de dos pronunciamientos, a saber: 41001-13-
33-003-2013-00289-00 y 41001-13-33-003-2014-00056-00.

19. Sentencia de primera instancia4. El 11 de junio de 2024, el Tribunal
Administrativo del Huila dictó sentencia en la que negó las súplicas de la demanda.
Después de relacionar los hechos debidamente probados en el expediente,
concluyó lo siguiente:

20. Desde la adopción de la planta de personal de la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura, a través del Acuerdo 022 de 1994, los requisitos
para acceder a los cargos de profesional universitario grado 18 y grado 14 han sido
distintos.

21. En efecto, para ejercer el empleo de profesional universitario grado 18 se exige
título profesional en derecho, economía, administración pública, administración de
empresas o ingeniería ambiental, así como dos (2) años de experiencia profesional
en el campo de la administración pública, auditoría y/o implementación de sistemas
de calidad. En contraste, para desempeñarse como profesional universitario grado
14 se requiere únicamente un (1) año de experiencia en las mismas condiciones.

22. Tal diferenciación también se reflejó en la convocatoria al concurso de méritos
para proveer los cargos de la Unidad de Auditoría del Consejo Superior de la
Judicatura, en la que se fijaron requisitos disímiles para dichos empleos, lo que
demuestra que las condiciones de acceso no son homogéneas.

23. Este argumento encuentra respaldo en la jurisprudencia de unificación del
Consejo de Estado relativa al cargo de abogado asesor, en la cual se precisó que
no se vulnera el principio de «a trabajo igual, salario igual» cuando, pese a que las
funciones asignadas a dos empleos puedan parecer semejantes, los requisitos
exigidos para su ejercicio son distintos, pues ello refleja una diferencia objetiva que
justifica la divergencia en el régimen salarial.

24. Adicional a lo expuesto, para el a quo, la carga laboral también constituye un
elemento diferenciador entre los empleos. Mientras que un profesional universitario

3 En la audiencia inicial celebrada el 22 de junio de 2017 -fls 171 a 174-, el a quo declaró infundada la aludida

excepción, luego de evidenciar: i) que el objeto debatido en esos procesos no era similar al del caso actual,
pues en aquellos se demandó un acto administrativo distinto -el oficio UDAEOF13-669 de 22 de marzo de 2013-
y; ii) que tales asuntos finalizaron a través de autos que rechazaron las respectivas demandas, decisiones que
no son definitivas y, por tanto, carecen del carácter de inmutabilidad exigido por el referido medio exceptivo.
4 Ver índice 77 de la plataforma SAMAI de primera instancia .

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grado 18 tiene a su cargo un número considerablemente mayor de despachos
judiciales para auditar (Bogotá: 973, Medellín: 718 y Cali: 483), en el caso de Neiva,
el universo de unidades judiciales asignadas corresponde a 203.

25. En conclusión, pese a los empleos tienen las mismas funciones, los requisitos
para acceder a cada uno de ellos, así como la carga laboral asignada, resultan
distintos, lo que constituye una diferencia objetiva y razonable que impide acceder
a lo pretendido en esta sede judicial.

26. Recurso de apelación5. Inconforme con la anterior decisión, el apoderado de
la parte demandante la recurrió en apelación. Con tales propósitos, arguyó:

27. Si bien el tribunal concluyó que los cargos de profesional universitario objeto de
comparación desarrollan las mismas funciones, conforme las pruebas allegadas a
folios 277 y subsiguientes, se puede establecer que existió una diferencia en cuanto
a la remuneración de los cargos en comento.

28. Frente a los argumentos del a quo, orientados a justificar las diferencias
salariales, señaló que la carga laboral nunca ha sido un criterio determinante para
establecer disparidades remuneratorias, en tanto resulta lógico que el volumen de
trabajo en Cundinamarca sea mayor que en el Huila.

29. En segundo lugar, sostuvo que la diferencia de un (1) año de experiencia exigida
para desempeñar el cargo no consulta la ontología del principio de a trabajo igual,
salario igual y, además, desconoce el derecho a la igualdad, en la medida en que
se trata de empleos en los cuales se cumplen las mismas funciones.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

30. La admisión del recurso6. Mediante auto de 25 de septiembre de 2024 se
admitió el recurso de apelación. Dentro de la oportunidad conferida solo se registró
la intervención del agente del ministerio público delegado7 ante esta corporación,
quien solicitó confirmar el fallo de primera instancia, dado que no se acreditó que el
demandante cumpliera las mismas funciones y en la misma proporcionalidad que
las de un profesional universitario grado 18.

31. Control de legalidad8. Luego de las revisiones de rigor, no se advierte ninguna
causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado hasta ahora, por lo que se
resolverá la alzada, previas las siguientes:

5 Ver índice 82 de la plataforma SAMAI de primera instancia.
6 Folio 369 del expediente físico.
7 Ver índice 08 de la plataforma SAMAI.
8 El artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 establece que «Agotada cada etapa del proceso, el juez ejercerá el

control de legalidad para sanear los vicios que acarrean nulidades, los cuales, salvo que se trate de hechos
nuevos, no se podrán alegar en etapas siguientes».

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II. CONSIDERACIONES

32. Competencia. De acuerdo con lo establecido en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,9 esta sala de
subsección es competente para resolver el recurso de apelación.

33. Marco de análisis de la segunda instancia. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 328 del Código General del Proceso,10 el juez de segunda instancia
debe pronunciarse únicamente sobre los argumentos invocados por el recurrente,
salvo que ambas partes hayan apelado toda la sentencia, caso en el cual podrá
resolver sin limitaciones. En el asunto actual, este tribunal solo emitirá juicio frente
a las razones expuestas en la alzada por el apoderado de la parte demandante, en
su condición de apelante único.

34. Problemas jurídicos. De conformidad con los argumentos planteados por la
apelante, se debe determinar si ¿Los cargos públicos objeto de comparación
detentan funciones, requisitos y responsabilidades distintas que justifican la
diferencia salarial reclamada?

35. El caso concreto. La sala no resolverá el problema jurídico planteado, debido
a que la parte demandante no demandó el acto administrativo que definió la
situación jurídica frente a la diferencia salarial y prestacional reclamada, como pasa
a explicarse:

36. El artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (C.P.A.C.A.), sobre el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, señala que «toda persona que se crea lesionada en un derecho
subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad
del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el
derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. […]». (El énfasis es
nuestro)

37. Asimismo, el artículo 163 ibidem, sobre la individualización de las pretensiones
señala que «cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe
individualizar con toda precisión. […]».

38. La jurisprudencia de esta corporación11, sobre la individualización del acto
demandado a través del citado medio judicial, concluyó:

«Para el caso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es
relevante identificar la actuación que produjo el perjuicio, es decir, debe
demandarse judicialmente aquel acto administrativo que generó la lesión alegada

9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
10 «competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las disposiciones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley […]»
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de abril de 2019, radicado: 25000-

23-42-000-2016-03390-01(4082-17).

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sobre el derecho subjetivo, para que pueda válidamente traducirse en un
restablecimiento en favor de la parte demandante.

[…]

De manera que lo importante es que el juez analice en cada caso, si el acto definitivo
particular que se demanda es una declaración de voluntad de la administración
dirigida a producir efectos jurídicos, si crea, modifica o extingue la situación
subjetiva de la cual se pueda pedir el correspondiente restablecimiento en sede
judicial y a través del respectivo medio de control».

39. Pues bien, al compás de lo explicado, se precisa que en el expediente se
encuentran probadas las siguientes situaciones de hecho:

40. El 24 de diciembre de 201212, el señor Alberto Sánchez Durán junto con otros
servidores, solicitó ante el Consejo Superior de la Judicatura el reconocimiento y
pago de la diferencia salarial existente entre el empleo de profesional universitario
grado 14 -desempeñado por él- y el mismo cargo, pero grado 18. Con tal finalidad,
expresó que ambas ocupaciones tienen asignadas las mismas funciones, pero el
que se encuentra catalogado con un mayor grado es remunerado con un salario
básico superior. Dicha petición fue negada a través del oficio UDAEOF13-669 del
22 de marzo de 201313, en la que textualmente se afirmó:

«En atención al tema del asunto, me permito informar que la diferencia de salarios
entre los profesionales grado 14 de las ciudades con menor volumen de trabajo
como lo son Neiva, Pereira, Popayán, Montería, entre otras, y de los profesionales
grado 18 de las ciudades de Medellín, Cali y Bogotá, corresponde al volumen de
trabajo y la cantidad de Despachos a los cuales deben realizarse la auditoría, tal
como se ve en el cuadro que se relaciona a continuación.

Ciudad No. De Juzgados No. de despachos de Tribunal
Magistrados de Tribunal
Neiva 47 9 Tribunal de
Neiva
Bogotá 400 87 Tribunal de
Bogotá
Medellín 178 53 Tribunal de
Medellín
Cali 143 33 Tribunal de
Cali

Así las cosas, se precisa que el Gobierno Nacional es el encargado de asignar los
salarios a los funcionarios públicos, en este caso a los de la Rama Judicial.

De otra parte, es necesario resaltar que la carga laboral es un factor diferenciador
para asignar los sueldos, así las cosas se considera que la nivelación salarial que
solicitan no es posible en este momento toda vez que, dichos valores se encuentran
debidamente sustentados en la cantidad de trabajo que tiene las seccionales de las
ciudades de Bogotá, Medellín y Cali tal como se muestra en el cuadro anterior.»

12 Folios 47 a 51 del expediente físico.
13 Folio 52 del expediente físico.

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41. El 18 de abril de 201514, el demandante reiteró ese requerimiento. Mediante el
oficio UDAEOF15-1144 del 30 de abril de 201515, la entidad demandada emitió
respuesta en los siguientes términos16:

«En atención a su solicitud mediante la cual solicita, “se nivele el salario del suscrito
(Profesional Universitario grado 14 de la Oficina Seccional de Auditoría de Neiva)
respecto al salario del Profesional Universitario grado 18 de las seccionales de
Bogotá, Medellín y Cali, adscritos a la Unidad de Auditoría de la Sala Administrativa
del Consejo Superior de la Judicatura”, me permito informar que por tratarse de una
petición reiterativa, de conformidad con el inciso segundo del artículo 19 de la Ley
1437 de 2011 (Código de Procedimiento y de lo Contencioso Administrativo), el cual
señala que “(…) Respecto de peticiones reiterativas ya resueltas; la autoridad podrá
remitirse a las respuestas anteriores”, esta Unidad se remite a lo resuelto en el oficio
UDAEOF13-669 de fecha 22 de marzo del 2013.

Por lo tanto, cualquier solicitud que eleve sobre los mismos aspectos, ha de
entenderse contestada con la respuesta inicial que se brindó dentro de la actuación
administrativa adelantada por esta unidad, en la cual se ele respetaron los principios
y derechos como el de contradicción, doble instancia y debido proceso.

Ha de advertirse que frente a la inconformidad por lo resuelto en el acto
administrativo con el que se resuelve su petición de nivelación salarial, contaba con
la instancia judicial ante la jurisdicción contencioso administrativa, actuación que fue
adelantada por usted, tal y como consta en la acta de audiencia de conciliación
extrajudicial de radicación No. 13-1104 del 12 de junio de 2013, expedida por la
Procuraduría 153 Judicial II para Asuntos Administrativos, iniciando posteriormente
Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, cuyo reparto correspondió al
Juzgado Tercero Administrativo Oral de Neiva».

42. Pues bien, realizadas las comparativas de ambas manifestaciones, estima la
sala que el acto administrativo demandado (oficio UDAEOF15-1144 del 30 de abril
de 2015) no constituye un pronunciamiento de fondo y definitivo de la administración
respecto a la petición planteada por la demandante.

43. Este último oficio se limitó a reiterar que la solicitud ya había sido decidida
mediante el oficio UDAEOF13-669 del 22 de marzo de 2013, el cual sí constituye
un pronunciamiento de fondo que creó una situación jurídica concreta, negando la
nivelación salarial reclamada por el demandante.

44. En consecuencia, comoquiera que el señor Alberto Sánchez Durán no dirigió su
demanda contra el acto administrativo que había resuelto su situación jurídica, se
confirmará por las razones expuestas en precedencia la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda.

45. Condena en costas. La modificación del artículo 188 del C.P.A.C.A., efectuada
por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por
parte de esta corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar
de lo anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida

14 Folio 20 del expediente físico.
15 Folio 21 del expediente físico.
16 La transcripción corresponde al texto de esa respuesta, con los errores de escritura insertos en ella.

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reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

46. La pretensión del legislador fue instar la condena en costas cuando la demanda
carezca manifiestamente de fundamento legal, únicamente en asuntos de interés
público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede
dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos en los que no se ventila un interés público, lo dispuesto en el artículo 188
del C.P.A.C.A. se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia deberá imponer
costas sobre la parte vencida en el proceso, y su liquidación y ejecución se regirá
por las normas del C.G.P.17

47. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del C.G.P. teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del C.P.A.C.A.

48. En consecuencia, se impondrán costas a la parte actora, por cuanto en la
presente decisión no se acogieron los argumentos planteados en el recurso de
apelación por el presentado. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del
C.G.P., las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del respectivo
tribunal.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de fecha 11 de junio de 2024, por medio de
la cual el Tribunal Administrativo del Huila negó las pretensiones de la demanda
que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
presentó el señor Alberto Sánchez Durán en contra de la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

SEGUNDO. CONDENAR a la parte demandante al pago de las costas en esta
instancia, conforme a lo indicado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. EFECTUAR las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
decisión devolver el expediente al tribunal de origen.

17 La redacción original de la norma se refiere al Código de Procedimiento Civil, sin embargo, en la actualidad

corresponde al Código General del Proceso.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente)

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los consejeros de Estado en la sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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