Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00171-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2020-00171-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2020-00171-02
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
12 de marzo de 2026
Radicado: 17001-23-33-000-2020-00171-02 (0392-2023)
Demandante: Libardo Giraldo Giraldo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C. doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 17001-23-33-000-2020-00171-02 (0392-2023)
Demandante: Libardo Giraldo Giraldo
Demandado: Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio –
FOMAG, Departamento de Caldas y otros
Tema: Relación laboral encubierta/celador colegio
Decisión: Confirma sentencia de primera instancia que negó
pretensiones de la demanda por otras razones. No demandó
el acto administrativo definitivo.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide el
1.
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del
18 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES 1
1.1 Pretensiones de la demanda
Declarar la nulidad del Oficio SE-UAF 4623 del 10 de diciembre de 2019,
2.
proferido por el secretario de Educación de Manizales, mediante el cual negó la
existencia de una relación laboral entre las partes, así como el pago de las
respectivas prestaciones sociales a las que aduce tener derecho el actor.
Declarar que entre el demandante y el municipio de Manizales existió una
3.
relación laboral entre el 1 de noviembre de 1977 y el 5 de febrero de 2018; y que
durante ese lapso adquirió la condición de empleado público de hecho.
4.A título de restablecimiento del derecho, solicitó se condene a la entidad pagar
las prestaciones sociales, la sanción moratoria por el no pago de las cesantías,
«la indemnización en igualdad de condiciones a los empleados de su misma
1Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia - 02Demanda.pdf pág.9.
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categoría por razón del servicio prestado» y los aportes a pensión que no fueron
cotizados durante la vigencia de la relación laboral.
Además, solicitó el pago de la indemnización por despido sin justa causa, de las
5.
horas extras laboradas y de las dotaciones correspondientes.
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
6.El señor Libardo Giraldo Giraldo laboró en la Escuela Nueva Sarita Bernal Java,
ubicada en la vereda Java del municipio de Manizales, departamento de Caldas,
entre el 1 de noviembre de 1977 y el 5 de enero de 2018, a través de un «contrato
verbal de trabajo a término indefinido».
Que dicha institución fue construida por el municipio de Manizales y el Comité
7.
de Cafeteros de Caldas, y que la propiedad, de acuerdo con la ficha catastral 00-
02-0015-0021-000, es del ente territorial.
8. Que los servicios fueron prestados todos los días de la semana, en un horario
comprendido entre las siete de la mañana y las seis de la tarde, durante el cual
realizaba actividades de aseo y arreglos locativos, y entre las ocho de la noche y
la una de la madrugada, celaduría.
9.Que la subordinación a la que fue sometido el demandante se evidencia en la
supervisión ejercida sobre la prestación del servicio, en cuanto a la manera, el
horario, la calidad y la cantidad de su trabajo.
10.La contraprestación por los servicios prestados por el actor se realizó en
especie, en la medida en que se le permitió junto a su esposa habitar en la
vivienda ubicada en la institución en la que desarrollaba sus labores, y en la que
nunca pagaron servicios públicos. De modo que su manutención, al igual que la
de su esposa, la procuraba con ayuda de sus hijos; aunado a lo que recibía de
los docentes que impartían clases en ese lugar, a partir de «algunos alimentos
que, luego de preparados, no eran consumidos por algunos niños y de otros que
faltaban a clases».
11.Precisó que la rectora del plantel educativo, señora Ibeth Julieta Moncada,
realizó el 1° de abril de 2015 un contrato de arrendamiento con su esposa, Luz
Dari Jaramillo de Giraldo; sin embargo, ella no lo firmó, pero aparece suscrito con
la firma de otra persona.
12. Que a principios del año 2017, la señora Nancy Stella Grisales García, en
calidad de directora y jefa de núcleo del Colegio María Goretti, en su sede de la
vereda El Tablazo, en Manizales, le indicó verbalmente al actor que debía
abandonar, junto con su esposa, el inmueble de la entidad educativa en la que
trabajaba, circunstancia que se materializó el 5 de enero de 2018.
13.Los días 16 y 17 de marzo de 2017, ante el Juzgado Primero Civil Municipal,
se recaudaron testimonios anticipados de Lucero Agudelo Álzate, Luz Melva
Jiménez Marín, María Herlinda Isaza Gil, Rut Mary Álvarez Vásquez, José Docit
Vargas Zamora, José Luis Jiménez Ramírez y Luis Delio Jiménez Ramírez,
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quienes describieron las particularidades del servicio prestado por el demandante
que se relatan en este proceso.
14.El 6 de diciembre de 2019, el demandante, a través de apoderado, presentó
reclamación administrativa en la que solicitó el reconocimiento y pago de las
acreencias laborales presuntamente desconocidas durante la relación laboral. En
respuesta, el 10 de diciembre del mismo año, la Secretaría de Educación de
Manizales expidió el acto administrativo SE-UAF 4623, mediante el cual negó la
existencia de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales
reclamadas.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
15.Se invocó la vulneración de la Constitución Política, concretamente de los
artículos 11, 13, 26, 48, 49 y 53. En cuanto a las disposiciones legales
presuntamente vulneradas, se citaron las Leyes 443 de 1998, 909 de 2004, 1285
de 2009 y 446 de 1998, así como las demás normas que se estimaron infringidas.
16.Explicó que el acto administrativo demandado incurre en falsa motivación, por
cuanto desconoció que el actor prestó sus servicios de forma personal,
ininterrumpida y subordinada al municipio de Manizales, a través de un contrato
laboral de trabajo. Tales circunstancias, a su juicio, permiten advertir que, en
realidad, ostentó la condición de funcionario público de hecho, dado que para su
vinculación se omitieron los presupuestos propios de la carrera administrativa
previstos, en particular, en las Leyes 443 de 1998 y 909 de 2004.
1.4. Contestación de la demanda
17. El municipio de Manizales2 se opuso a las pretensiones de la demanda.
18.Expresó que las afirmaciones del actor relativas a que su esposa no suscribió
el contrato de arrendamiento debían ser probadas.
19.Que el área de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación, le indicó al
actor, mediante oficio del 23 de octubre de 2000, que no tenía derecho a las
acreencias laborales pretendidas, por cuanto no había registro alguno de haber
sido trabajador ni constancia de la existencia del empleo que afirma haber
desempeñado.
20.En consecuencia, propuso como excepciones las siguientes: i) falta de
legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no existió vínculo legal y
reglamentario entre el demandante y el municipio; ii) inexistencia del derecho
reclamado, dado que el actor no probó los elementos esenciales de una relación
laboral con la entidad; iii) improcedencia del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el Oficio SE-UAF 4623 del 10 de diciembre
de 2019; iv) prescripción; y v) excepción genérica.
2 Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia - 16Contestacion
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Finalmente, llamó en garantía a los rectores de la institución educativa en la
21.
que el demandante manifestó haber prestado sus servicios y de los miembros del
Consejo Directivo del mismo para el lapso comprendido entre el 1 de noviembre
de 1977 y el 5 de enero de 2018 3.
1.5. Trámite procesal y contestaciones al llamamiento en garantía
22.En auto del 14 de diciembre de 2020, el Tribunal admitió el llamamiento en
garantía4; quienes dentro del término para contestarlo, se pronunciaron así:
22.1 Diego Alejandro Cortés —en calidad de miembro del Consejo
Directivo— indicó que su competencia no recaía sobre el manejo del personal
del plantel educativo, por lo que solicitó su desvinculación del proceso 5.
22.2 Nancy Stella Grisales García —en calidad de directora docente de la
Escuela Nueva Sarita Bernal Java desde el 17 de enero de 2017 hasta la fecha
de contestación— expresó que, contrario a lo afirmado en la demanda, durante
ese período el demandante nunca desempeñó funciones en la institución
educativa, sino que únicamente habitaba el inmueble perteneciente al
municipio. En todo caso, precisó que, si bien la administración, a solicitud del
actor, expidió el Oficio SE-UAF-4623, dicho documento no constituye un acto
administrativo de fondo, por lo que propuso la excepción de «improcedencia
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el oficio
SE-UAF 4623 del 10 de diciembre de 2019»6.
22.3 Jorge Alberto Idarraga Orozco —en calidad de miembro del Consejo
Directivo— manifestó que no le constan los hechos de la demanda y propuso
como excepción de mérito la «falta de legitimación en la causa por pasiva
como llamado en garantía», dado que no tiene vínculo legal ni reglamentario
con el municipio de Manizales7.
22.4 Robinson Alvarado Giraldo —en calidad de miembro del Consejo
Directivo y docente de la Institución Educativa Rural María Goretti desde el 18
de febrero de 2014— explicó que tiene conocimiento de que el actor nunca
desempeñó funciones docentes ni actividades que permitan declarar la
existencia de una relación laboral 8.
22.5 Gloria Ines Marín Cancelado —en calidad de miembro del Consejo
Directivo— señaló que le consta que el demandante nunca trabajó para la
entidad y que únicamente habitaba el inmueble de la institución, circunstancia
que no genera derecho a las prestaciones reclamadas 9.
22.6 Carlos
Alberto Morales Giraldo se opuso a las pretensiones de la
demanda y al llamamiento en garantía. Explicó que durante el período en que
3 Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia - 17LlamamientoEnGarantia.pdf
4 Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia - 37AutoAdmiteLlamamiento.pdf
5 Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia - 41ContestaciónDiegoAlejandroCortésA.pdf
6 Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia - 43ContestaciónNancyStellaGrisales.pdf
7 Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia - 45ContestaciónJorgeAlbertoIdarraga.pdf
8 Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia - 48ContestacionRobinsonAlvarado.pdf
9 Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia - 50ContestaciónGloriaInesMarinC.pdf
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ejerció como rector nunca impartió órdenes ni realizó requerimientos al
demandante10.
22.7 Sorangela Hernández Ramirez —en calidad de miembro del Consejo
Directivo— indicó que no le constan los hechos de la demanda. No obstante,
precisó que entre la entidad y el actor no existió vinculación laboral, sino un
contrato de arrendamiento para habitar el inmueble de la institución 11.
22.8 Juliet Johana Delgado Hurtado —en calidad de miembro del Consejo
Directivo— alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto del
llamamiento en garantía, toda vez que no tiene relación alguna con la entidad
demandada12.
22.9 María Eugenia Rodríguez Sánchez —en calidad de docente de la
institución educativa desde 1992— indicó que para el año 2010 fungió como
miembro del Consejo Directivo y que, en ese contexto, presume que el
municipio autorizó recursos para contratar al demandante con el fin de que
desempeñara funciones de celaduría y aseo 13.
22.10 Alba Miryam Patino Vargas —en calidad de miembro del Consejo
Directivo— indicó que no le constan los hechos de la demanda, de manera
que el actor debe probarlos14.
22.11 Aleyda Quintero Valencia —en calidad de rectora de la institución
educativa entre 1994 y 2012— sostuvo que no procede acción de repetición
en su contra, por cuanto su conducta durante el período en que ejerció el cargo
no fue dolosa ni culposa 15.
22.12 Ibeth Julieta Moncada —en calidad de directiva docente en la entidad
educativa entre 2012 y 2017— indicó que, durante el período en que ejerció
sus funciones, el actor no desempeñó labores docentes ni otras que permitan
inferir la existencia de una relación laboral 16.
22.13 En la audiencia inicial celebrada el 4 de mayo de 2021 se dispuso la
vinculación de la Nación - Ministerio de Educación Nacional y del
Departamento de Caldas, aunado a que se designó a Felipe Zuluaga Gutiérrez
como curador ad litem de los demás vinculados al proceso como llamados en
garantía17.
22.14 En desarrollo de dicha obligación , el mentado curador contestó el
llamamiento en representación de Adriana Castaño, Alba Miryam Patiño,
Álvaro Pérez Castellanos, Carolina Salgado Duque, Consuelo Valencia A,
Daniel Jiménez, Faisulier Vallejo Hurtado, José Felipe Galindo, Juan Manuel
10 Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia - 52ContestaciónCarlosAMorales.pdf
11 Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia - 54ContestaciónSorAngelaHernández
12 Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia - 56ContestaciónJuliethJohannaDelgadoH.pdf
13 Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia - 58ContestacionMaríaEugeniaRodríguez.pdf
14Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia - 60ContestaciónAlbaMiriamPatiño
15 Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia - 73ContestaciónAleydaQuintero.pdf
16 Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia -
85ContestacionDemandaIbethMoncadaAportadaEnAudiencia.pdf
17Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia - 83ActaAudienciaInicialOrdenaSaneamiento.pdf
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Galindo Robledo, Leidy Lorena Molano, Lisímaco Hincapié, Lucía Rivas, Luis
Alberto Candelo Muñoz, Luz Amanda Jaramillo, Luz Marina Duque, Magnolia
Amparo Oliveros, Martha Lucía Ospina, María Alejandra Gallo, María Beatriz
Carvajal Patiño, Mariluz Sánchez, Nidia Vallejo, Nilsa Morales, Olga Adiela
Gutiérrez, Richard Pirazan Osorio y Yesica López. Respecto de todos ellos, el
curador se opuso a las pretensiones, al considerar que no se aportaron
pruebas suficientes para acreditar la existencia de una relación laboral entre
las partes, por lo que solicitó que estas fueran desestimadas 18.
22.15 El departamento de Caldas contestó la demanda oponiéndose tanto a
las pretensiones como a su vinculación al proceso. Indicó que no se encuentra
legitimado en la causa por pasiva, en tanto no fungió como contratante real ni
aparente del demandante en la relación jurídica de la que se deriva la
reclamación de las acreencias laborales 19.
1.6. Sentencia de primera instancia 20
23.El Tribunal dictó sentencia el 18 de febrero de 2022, mediante la cual negó las
pretensiones de la demanda, sin condena en costas.
24.Para arribar a dicha conclusión, el a quo explicó que no se acreditó claramente
la prestación personal del servicio y la subordinación del demandante,
circunstancia suficiente para que se negaran las pretensiones. Lo anterior fue
desarrollado en los siguientes términos:
25.Prestación personal del servicio: Señaló que el actor, en la demanda, dijo
haber realizado funciones en la Institución Educativa Sarita Bernal Java entre el
1.º de noviembre de 1977 y el 5 de enero de 2018, afirmación frente a la cual no
hubo oposición expresa de las demás partes.
26.No obstante, aunque algunos testimonios dieron cuenta de la presencia del
actor en la institución, respecto de los extremos temporales del servicio no se
aportó prueba documental, ni los declarantes lograron identificar con claridad los
períodos en que el actor relató en la demanda como objeto de sus funciones.
27.De otra parte, sobre las funciones desempeñadas en la demanda se sostuvo
que estas comprendían diversas actividades, entre ellas, labores de aseo,
vigilancia y mantenimiento. Sin embargo, la valoración conjunta de los
testimonios evidenció que tales oficios eran realizados tanto por el actor como
por su esposa, Luz Dary Jaramillo. En esa medida, para el Tribunal no existió una
imposición dirigida exclusivamente a él, pues las actividades podían ser
realizadas indistintamente por su compañera.
Subordinación: el Tribunal concluyó que este elemento no se encontraba
28.
acreditado, por las siguientes razones 21:
18 Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia - 95ContestaciónLlamamientoGtia.pdf
19 Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia - 99ContestaciónDeptoCaldas.pdf
20 Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia - 165FalloPrimeraInstancia.pdf
21 Sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 del 09 de septiembre de 2021 Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
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Demandante: Libardo Giraldo Giraldo
28.1 A los testigos, en conjunto, no les constaba si el actor cumplía o no un
horario y menos aún su imposición.
28.2 De los testimonios no se advertía la existencia de indicios de
direccionamiento o control efectivo de las actividades que el actor pudo
realizar, a través de llamados de atención u otras manifestaciones de poder
subordinante. Además, las funciones que, según los declarantes,
desempeñaba el demandante respondían a solicitudes puntuales de los
docentes de la institución —lo que, en todo caso, no equivalía a una relación
de jerarquización— y tampoco a directrices institucionales formales.
Por lo anterior declaró probadas las excepciones propuestas por el municipio
29.
de Manizales y el departamento de Caldas referentes a la inexistencia del
derecho reclamado, no cumplimiento de los requisitos esenciales que regulan el
contrato laboral y cobro de lo no debido.
1.7. Recurso de apelación 22
30.El demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, a fin de que se revoque y, en su lugar, se acceda a las pretensiones
de la demanda. Para sustentar su inconformidad, desarrolló los siguientes
argumentos:
El análisis integral de los testimonios si evidencian indicios suficientes para
31.
demostrar la existencia de una relación laboral entre el demandante y el municipio
de Manizales.
32.En detalle, explicó que las declaraciones de Luis Delio Jiménez Marín, Lucía
Muñoz Uribe, Lucero Agudelo Álzate y Luz Melva Jiménez son fundamentales
para el caso, toda vez que dichas personas tuvieron conocimiento directo de los
hechos relacionados con el servicio prestado por el demandante en favor de la
entidad. En efecto, indicó que estos testigos dieron cuenta de las órdenes que
recibió, lo que, a su juicio, evidencia la subordinación y dependencia en el
ejercicio de sus funciones.
En conclusión, consideró que a lo largo del proceso se demostró la existencia
33.
de todos los elementos constitutivos de la relación laboral entre las partes, por lo
que resulta necesario revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
acceder a las pretensiones.
Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir
previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
34. El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
22 Índice 02 aplicativo SAMAI segunda instancia - 168RecursoApelación
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interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 23.
35.De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código
General del Proceso24, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita solamente a lo expuesto por el apelante, pero cuando ambas partes
hayan apelado toda la sentencia o cuando quien no apeló hubiere adherido al
recurso, el superior resolverá sin limitación. En este caso únicamente apeló el
demandante, razón por la cual se procede al estudio de sus reparos.
2.2. Problema jurídico
36.De acuerdo con las premisas anteriores, en principio corresponde a la
Subsección estudiar los reparos del recurso de apelación interpuesto por el
demandante; no obstante, del análisis del expediente se advierte que no se
demandó el acto administrativo que definiera de fondo la situación jurídica que
se depreca en este caso.
37.Por lo tanto, como el inciso segundo del artículo 187 del CPACA otorga al juez
de segunda instancia competencia para pronunciarse sobre todas las
excepciones —no solo las propuestas, sino también aquellas que encuentre
probadas de oficio, aun cuando exista silencio del inferior—, la Sala estudiará las
consecuencias jurídicas derivadas del hecho de que el actor no hu biera
demandado un acto administrativo de fondo, previo a la exposición de las
premisas jurídicas y fácticas que sustentarán la conclusión.
2.3. Análisis de la Sala
38.El artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, sobre el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, señala que «toda persona que se crea lesionada
en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir que se
declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y
se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
[…]» (resaltado de la Sala).
39.Asimismo, el artículo 163 ibidem, sobre la individualización de las
pretensiones señala que «cuando se pretenda la nulidad de un acto
administrativo este se debe individualizar con toda precisión […]».
40.La jurisprudencia de esta Corporación 25 sobre la individualización del acto
demandado por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
pronunció:
23 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
24 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de abril de 2019, radicado: 25000-
23-42-000-2016-03390-01(4082-17).
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«Para el caso del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
es relevante identificar la actuación que produjo el perjuicio, es decir, debe
demandarse judicialmente aquel acto administrativo que generó la lesión alegada
sobre el derecho subjetivo, para que pueda válidamente traducirse en un
restablecimiento en favor de la parte demandante.
[…]
De manera que lo importante es que el juez analice en cada caso, si el acto
definitivo particular que se demanda es una declaración de voluntad de la
administración dirigida a producir efectos jurídicos, si crea, modifica o extingue
la situación subjetiva de la cual se pueda pedir el correspondiente restablecimiento
en sede judicial y a través del respectivo medio de control» (resaltado de la Sala).
Al descender al asunto bajo estudio, se advierte que el demandante solicitó la
41.
nulidad del Oficio SE-UAF 4623 del 10 de diciembre de 2019, proferido por el
municipio de Manizales, mediante el cual se niega la relación laboral encubierta
en los siguientes términos:
«Por medio del presente me permito dar respuesta a su solicitud de "aceptar la
existencia del contrato realidad entre el señor LIBARDO GIRALDO GIRALDO y la
señora LUZ DARI JARAMILLO DE GIRALDO Con la Alcaldía de Manizales-
Secretaría de Educación. Adicionalmente que se reconozcan y hagan efectivos los
derechos fundamentales al trabajo en condiciones dignas, a un salario digno, a
todas las acreencias laborales, a la salud, a la seguridad social, a la pensión, a la
ARL y todos aquellos conexos".
En este sentido me permito indicarle que la Ley 1437 de 2011 artículo 19, modificado
por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015 expresa: ... "respecto de peticiones
reiterativas ya resueltas, la autoridad podrá remitirse a las respuestas anteriores,
salvo que se trate de derechos imprescriptibles, o de peticiones que se hubieran
negado por no acreditar requisitos, siempre que en la nueva petición se subsane".
Atendiendo esta premisa, la Secretaría de Educación reitera lo afirmado en el oficio
SE- UAF 1.749 de junio 15 de 2017 en el cual se informó que "una vez
verificado por el profesional de Recursos Humanos y la Técnico Operativo de
nómina de la Secretaría de Educación del Municipio de Manizales, se observa
que sus representados no se encuentran vinculados a la planta de personal
de las instituciones educativas oficiales del Municipio de Manizales, por lo
cual esta entidad no accede al despacho favorable de lo solicitado, al no ser
acreedores de las obligaciones laborales reclamadas por sus mandatarios".
Adicionalmente, se reitera lo expresado en el oficio SE- UAF 2199 del 14 de
agosto de 2018 en el cual el Profesional de Recursos Humanos y la Profesional de
nómina de la Secretaría de Educación del Municipio de Manizales expresan lo
siguiente:
"Por medio de la presente nos permitimos informar que la señora LUZ DARI
JARAMILLO DE GIRALDO (…) y el señor LIBARDO GIRALDO GIRALDO (…), una
vez verificado en hojas de vida y en el sistema de nómina Humano, no pertenecen,
ni han pertenecido a la planta de personal de la Secretaría de Educación del
Municipio de Manizales".
Así las cosas, no se puede acceder a las pretensiones de su apoderados LUZ DARI
JARAMILLO DE GIRALDO (…) y el señor LIBARDO GIRALDO GIRALDO (…),
fundamentados en la inexistencia de vínculo legal y reglamentario entre ellos y este
ente territorial que justifique el reconocimiento y pago de las acreencias laborales
reclamadas».
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Radicado: 17001-23-33-000-2020-00171-02 (0392-2023)
Demandante: Libardo Giraldo Giraldo
42.De la lectura de ese documento se aprecia que la entidad no resolvió de fondo
la petición invocada por el actor y su esposa —relacionada con el pago de
prestaciones sociales por el período descrito en la demanda—, sino que, en
aplicación del inciso segundo del artículo 19 del CPACA, indicó que se trataba
de una petición reiterativa, pues sobre ella ya se había pronunciado mediante el
Oficio SE-UAF 1749 del 15 de junio de 2017, en el cual se explicó que tanto el
actor como su esposa no estaban vinculados a la planta de personal de las
instituciones educativas del municipio y por lo tanto no eran acreedores de
obligaciones laborales.
43.Conforme lo anterior, la Subsección considera que el señor Giraldo Giraldo no
demandó dentro del presente proceso el acto administrativo que definió de fondo
su situación jurídica particular (el Oficio SE- UAF 1.749 de junio 15 de 2017),
esto es, el que negó su petición de existencia de una relación laboral
encubierta—o de funcionario público de hecho— con el municipio de Manizales
y, como consecuencia, el pago de las acreencias laborales que considera le
fueron desconocidas.
44.Por lo anterior, y atendiendo a similares casos que en precedencia esta
Subsección ha conocido 26, es menester confirmar la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones, pero no por las razones allí expuestas, sino
por el hecho que el demandante no solicitó judicialmente la nulidad del acto
administrativo que resolvió de fondo (y negativamente) la situación jurídica que
depreca en sede judicial.
45.En ese sentido, al no haberse demandado el acto administrativo a través del
cual la entidad definió esa situación jurídica, por sustracción de materia, no hay
lugar a pronunciarse sobre ese restablecimiento y deben negarse las
pretensiones de la demanda.
46.En ese orden de ideas, se confirmará la sentencia apelada, pero por las
razones expuestas en esta providencia.
2.4. De la condena en costas en ambas instancias
47.La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
48.La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
26 Véase, por ejemplo, Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda-
Subsección A. c.p: Luis Eduardo Mesa Nieves, sentencias del dieciocho (18) de septiembre de dos mil
veinticinco (2025) bajo radicado 25000-23-42-000-2019-00825-01 (2265-2024) y dieciséis (16) de octubre
de dos mil veinticinco (2025) bajo radicado 41001-23-33-000-2015-00892-01 (4351-2024).
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procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
49.En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
50.Bajo ese entendido, se condenará a pagar las costas en ambas instancias a
la parte vencida, es decir, a la parte demandante. Para el efecto, conforme con
el artículo 366 del CGP las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal de primera instancia que conoció de este proceso.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 18 de febrero de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda,
pero por las razones expuestas en la parte motiva.
SEGUNDO: CONDÉNESE en costas en ambas instancias al demandante,
conforme la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: EFECTÚENSE las anotaciones correspondientes en el sistema de
gestión judicial SAMAI y una vez en firme esta providencia devuélvase el
expediente al tribunal de origen
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede Electrónica de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI. https://samai.consejodeestado.gov.co/
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