Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00480-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2016-00480-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2016-00480-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-23-33-000-2016-00480-01 (1959-2020)
Demandante: Cristian Alfredo Reyes Serpa
Demandado: Unidades Tecnológicas de Santander - U.T.S.
Tema: El acto enjuiciado debe ser el que definió la situación jurídica
particular que se debate. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el cinco (05) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) por el
Tribunal Administrativo de Santander, que negó las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. El señor Cristian Alfredo Reyes Serpa instauró demanda en contra de las
Unidades Tecnológicas de Santander - U.T.S.-, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin
de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad del Oficio emitido el 15 de diciembre de 2015, por el
cual las Unidades Tecnológicas de Santander - U.T.S.- negó el pago de las acreencias
laborales solicitadas.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el pago de: a) la diferencia
salarial derivada de la disminución del salario (asignación básica) de mayo a
septiembre de 2011, b) la nivelación del salario con ocasión de la disminución de la
prima técnica desde el 2011 hasta el 6 de abril de 2015, c) el consecuente pago del
valor omitido por concepto de aportes al Sistema General de Seguridad Social; el
reconocimiento de intereses moratorios e indexación.
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HECHOS
4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
5. Que, en la Resolución 02-094 del 26 de agosto de 1998, el rector de las UTS lo
nombró en calidad de Vicerrector Nivel 1 Grado 02 y tomó posesión el 27 de agosto
de 1998.
6. Que fue ratificado en dicho cargo mediante los actos 01-025 del 15 de
noviembre de 2001 (con posesión del 19 de marzo de 2002); y el 02-778 del 17 de
diciembre de 2008, sin solución de continuidad.
7. Que su salario estuvo compuesto por una asignación básica mensual y,
además, por una prima técnica que le fue otorgada en la Resolución 02-167 del 26 de
mayo de 2004, por valor del 37% de la asignación básica mensual.
8. Que, el 19 de septiembre de 2010, fue encargado como rector hasta el 29 de
abril de 2011, pues a partir del 30 de abril del mismo año regresó quien ocupaba dicho
rol.
9. Que, para el 2010 ― en calidad de vicerrector―, devengó una asignación
básica de $8.045.580 y una prima técnica de $3.781.423, equivalente al 47% de la
asignación básica mensual.
10. Que para el año 2011, el incremento salarial fijado por la entidad fue del 4%,
pero la entidad demandada le disminuyó la asignación básica por el período
comprendido entre mayo y septiembre de esa anualidad y también la prima técnica
desde enero de 2011 hasta su fecha de retiro, el 6 de abril de 20151; sin mediar acto
administrativo alguno.
11. Que el 23 de octubre de 2015, elevó solicitud ante las UTS por la cual pidió el
pago de la diferencia salarial y obtuvo respuesta el 15 de diciembre de 2015 en el acto
que se demanda.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
12. Se indicaron como normas violadas los artículos 1, 2, 13, 25, 29, 48 y 53 de la
Constitución Política y el artículo 2 literal a) de la Ley 4 de 1992.
13. En el concepto de la violación manifestó que el acto administrativo acusado está
viciado por falsa motivación porque las razones de hecho expuestas no obedecen a la
realidad pues, no puede desconocerse que tuvo una disminución salarial. Sostuvo,
1 Si bien la fecha de retiro no se especifica en los hechos, se agrega para dar claridad del asunto. Así se observa
de la carta de renuncia del señor Alfredo Reyes Serpa, radicada ante las Unidades Tecnológicas de Santander el
27 de marzo de 2015; en donde se indicó que presentaba renuncia al cargo de vicerrector, a partir del 6 de abril de
2015. Páginas 449 y 133.
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además, que el acto viola las normas en que debía fundarse, puesto que la
disminución salarial atenta contra las disposiciones normativas citadas; incidió en los
pagos realizados al Sistema de Seguridad Social y se extralimitó en la facultad que
tiene el empleador para alterar las condiciones de trabajo (modo, lugar, cantidad y
tiempo de labor) del empleado; sin acto administrativo que lo justificara.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
14. El 12 de mayo de 2017 se admitió la demanda,2 la entidad accionada, al
contestar, expresó3 que al demandante no se le adeuda suma alguna por diferencia
salarial, puesto que después de su renuncia se había realizado la liquidación de retiro4
en debida forma y la asignación básica y prima técnica pagadas durante el año 2011
hasta el 2015, respetaban los acuerdos que el Consejo Directivo anualmente fijó.
15. Que la variación salarial entre el 1° de septiembre de 2010 y el 30 de abril de
2011, se debía al encargo que tuvo como rector, por la licencia no remunerada
solicitada por el rector en aquella época y que dicho encargo finalizó en abril de 2011,
por lo que a partir de mayo de ese año regresó como vicerrector.
16. Que la prima técnica se limitó a las condiciones descritas en las Resoluciones
02-167 del 26 de mayo de 2004 (37%) y 02-630 del 10 de mayo de 2011 (30%), por lo
que concluye que la disminución estuvo de acuerdo con los parámetros legales, dado
que el rector de las UTS está facultado para asignar y reajustar la prima técnica por el
grado de autonomía de que gozan las entidades territoriales y descentralizadas.
17. Se corrió traslado de las excepciones propuestas5, la audiencia inicial se realizó
el 18 de julio de 20186 y el 7 de septiembre de 2018, agotado el período probatorio, se
corrió traslado para alegar7.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
18. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 5 de noviembre
de 2.019, negó las pretensiones. Consideró que la disminución salarial alegada por el
actor había sido ocasionada por la decisión contenida en la Resolución 02-630 del 10
de mayo de 2011, en la cual las UTS definieron modificar el porcentaje de la prima
técnica percibida, para ser reconocida por valor del 30% de la asignación básica
mensual.
19. Que si bien en el folio 239 se observaba que las UTS advertían que la
Resolución en mención no había sido notificada al demandante ―razón por la que, en
2 Folio 71 del expediente físico.
3 Folios 69 a 84 del expediente físico.
4 Visible en la página 134 del expediente físico.
5 Folio 225 del expediente físico.
6 Folio 249 del expediente físico.
7 Folio 665 del expediente físico.
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efecto, no conocía su existencia―, el Tribunal consideró que ese era un aspecto que
afectaba la eficacia del acto administrativo, pero no su existencia, resaltando que al
no ser notificado no produce efectos jurídicos sobre el titular del derecho que modifica.
20. Que, si pese a la omisión en la notificación del acto, la administración ejecutó
la decisión en él contenida, lo que se materializó fue una operación administrativa que,
como tal, debió ser controvertida mediante una reparación directa y no por una nulidad
y restablecimiento del derecho8.
21. Que el demandante supo del detrimento salarial a partir de enero de 2011 pero
que la disminución obedeció a la Resolución 02-630 del 10 de mayo de 2011, la cual,
resaltó, goza de presunción de legalidad.
22. Que, de conformidad con el Decreto 1661 de 1991, la prima técnica puede ser
revisada previa evaluación de los criterios con los que fue otorgada, ―tal como lo hizo
el Consejo Directivo de las UTS, invocando principios de eficacia eficiencia en el gasto
público, así como el de autonomía administrativa y presupuestal―. Finalmente, resaltó
que la indebida notificación del acto no enerva su legalidad.
23. Que, si bien se había desmejorado la remuneración mensual del actor, la
reducción de la prima técnica estaba legalmente soportada, por lo que negó las
pretensiones.
RECURSO DE APELACIÓN
24. La parte demandante9 interpuso recurso de apelación en el que insiste en que
el acto debe ser declarado nulo porque en él nunca se dio razón de la existencia de la
Resolución 02-630 del 10 de mayo de 2011, sino que se limitó a indicar que los valores
cancelados se ajustaban a los lineamientos del Consejo Directivo.
25. Que, si bien el Tribunal dio plena validez a la existencia de esa resolución, lo
cierto es que se contaba con una prueba que ponía en duda su existencia para la
fecha, pues «(…) la Secretaría General de la época de la demanda, le entrega copia
a mi mandante, del oficio de fecha marzo 12 de 2015, en donde (…) informa que la
disminución del porcentaje de prima técnica, fue por orden verbal de la Secretaría
General de la época, lo que implica que no tuvo soporte legal y mucho menos
documental alguno; pues de ser así, se habría cumplido con la notificación de la
misma»10.
26. Que, el acto demandado adolece de falsa motivación porque únicamente se dio
cuenta de las razones por las que la prima técnica fue disminuida, sin explicar la causa
de la disminución de la asignación básica mensual lo que evidencia que los valores no
estuvieron debidamente liquidados.
8 Folios 694 del expediente físico.
9 Folios 700 a 706 del expediente físico.
10 Folio 701 del expediente físico.
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27. Que, la disminución de la prima técnica vulneró los derechos fundamentales
porque se bajó a más de la mitad a pesar de que las circunstancias de hecho y derecho
por las que se otorgó inicialmente en 37% y 47%, seguían vigentes; lo que atentó
directamente contra los principios de buena fe, la lealtad y veracidad; por lo que solicitó
revocar la sentencia y acceder a las pretensiones.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
28. El 15 de septiembre de 2020 se admitió el recurso de apelación11 y se corrió
traslado para alegar de conclusión el 9 de diciembre del mismo año12. La parte
demandante reiteró sus argumentos13. El ministerio público y el demandado guardaron
silencio.
29. Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
30. De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto, la Sala debería definir si el
demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la diferencia salarial
ocasionada por la disminución de la asignación básica de mayo a septiembre de 2011,
la nivelación de la prima técnica desde el mes de enero de 2011 hasta el 6 de abril de
2015 y el consecuente pago del valor omitido por concepto de aportes al Sistema
General de Seguridad Social, el reconocimiento de intereses moratorios y la
indexación; no obstante, advierte la Sala que el acto enjuiciado no es pasible de control
judicial porque no fue el que definió la situación jurídica particular y concreta que se
debate en el caso en concreto. Veamos:
31. Si bien el 23 de octubre de 2015, el demandante solicitó el pago indexado del
mayor valor del salario a partir del mes de enero de 201014, lo cual fue negado
mediante el acto que hoy se demanda15, lo cierto es que el acto administrativo que
definió la situación jurídica particular y concreta respecto al pago del salario, prima
técnica y demás prestaciones devengadas, fue la Liquidación No. 15A08638 del 10 de
julio de 201516.
32. Dicho acto contiene la liquidación definitiva de personal de planta 2015, por la
que se reconoció y ordenó el pago de $8.013.193,00, por concepto de «otros salarios
y prestaciones y servicios personales asociados» y, al ser su liquidación definitiva,
dada la aceptación de su renuncia a partir del 6 de abril de 201517, fue la que determinó
el valor de lo que hoy es objeto de demanda.
11 Índice 05 SAMAI.
12 Índice 10 SAMAI.
13 Índice 13 SAMAI.
14 Tal como se observa de la petición radicada el 23 de otubre de 2015 ante las Unidades Tecnológicas de
Santander, a las 10:10 am. Páginas 3 a 4 del expediente físico.
15 Acto administrativo visible en las páginas 5 a 6 del expediente físico.
16 Visible en folio 134 del expediente físico.
17 Así se observa de la carta de renuncia del señor Alfredo Reyes Serpa, radicada ante las Unidades Tecnológicas
de Santander el 27 de marzo de 2015; en donde se indicó que presentaba renuncia al cargo de vicerrector, a partir
del 6 de abril de 2015. Páginas 449 y 133.
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33. Se observa, además, que la Liquidación No. 15A08638 del 10 de julio de 2015
fue notificada al demandante, al día siguiente de su expedición ―sábado 11 de julio―,
de forma personal, tal como se observa en el folio 134 del expediente físico en donde
consta su firma y cédula.
34. En consecuencia, si el demandante estaba inconforme con la liquidación de sus
salarios, prestaciones y servicios personales realizada a través de la decisión del
15A08638 del 10 de julio de 2015, lo procedente era que la impugnara y sometiera su
conocimiento ante esta jurisdicción, y no la presentación de una nueva reclamación,
con lo cual se pretende revivir el término procesal para demandar, tal como la ha
expresado esta Subsección mediante sentencia del 12 de marzo de 202618:
«(…) De la lectura de ese documento se aprecia que la entidad no resolvió de
fondo la petición invocada (…) —relacionada con el pago de prestaciones sociales
por el período descrito en la demanda—, sino que, en aplicación del inciso
segundo del artículo 19 del CPACA, indicó que se trataba de una petición
reiterativa, pues sobre ella ya se había pronunciado mediante el Oficio SE-UAF
1749 del 15 de junio de 2017, en el cual se explicó que (…) no eran acreedores de
obligaciones laborales.
Conforme lo anterior, la Subsección considera que (…) no demandó dentro del
presente proceso el acto administrativo que definió de fondo su situación jurídica
particular (el Oficio SE- UAF 1.749 de junio 15 de 2017), esto es, el que negó su
petición de existencia de una relación laboral encubierta—o de funcionario público
de hecho— con el municipio de Manizales y, como consecuencia, el pago de las
acreencias laborales que considera le fueron desconocidas.
Por lo anterior, y atendiendo a similares casos que en precedencia esta
Subsección ha conocido, es menester confirmar la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones, pero no por las razones allí expuestas, sino por el
hecho que el demandante no solicitó judicialmente la nulidad del acto
administrativo que resolvió de fondo (y negativamente) la situación jurídica que
depreca en sede judicial.
En ese sentido, al no haberse demandado el acto administrativo a través del cual
la entidad definió esa situación jurídica, por sustracción de materia, no hay lugar a
pronunciarse sobre ese restablecimiento y deben negarse las pretensiones de la
demanda (…)»
35. Si bien el caso citado se trató de una relación laboral encubierta, la lógica
jurídica que se desarrolla es la misma que debe aplicarse para la resolución de este
caso, puesto que es claro que el acto administrativo demandable es aquel que ordena
el reconocimiento y pago de las prestaciones, pues se trató de una suma unitaria y,
por tanto, tiene el carácter de definitivo.
18 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 12 de marzo de 2026. Exp. 17001-23-33-
000-2020-00171-02 (0392-2023). C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
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36. En consecuencia, se confirmará la decisión apelada, pero por los motivos
expuestos en esta decisión.
De la condena en costas
37. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
38. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
39. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
40. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Santander.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el 05 de noviembre de 2019 por el
Tribunal Administrativo de Santander, de conformidad con los motivos expuestos.
Segundo. Se condena en costas a la parte demandante. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo de Santander.
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Tercero. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo
a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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