Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 41001-23-33-000-2015-00923-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 41001-23-33-000-2015-00923-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 41001-23-33-000-2015-00923-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
7 de abril de 2022
Radicado: 41001-23-33-000-2015-00923-01 (25959)
Demandante: Jaime Pulido Parra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIERREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., siete (7) de abril de dos mil veintidós (2022)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 41001-23-33-000-2015-00923-01 (25959)
Demandante JAIME PULIDO PARRA
Demandado DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES, DIAN
Temas Impuesto sobre la renta. Año 2010. Adición de ingresos. Valor
probatorio de la información exógena. Retención en la fuente
sobre pagos laborales como requisito de deducibilidad. Sanción
por inexactitud.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra
la sentencia del 23 de febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del
Huila, que resolvió:
«PRIMERO: Declarar la nulidad parcial de la Liquidación oficial N°. 132412014000026 del
16 de mayo de 2014 expedida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección
Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Neiva, por medio de la cual se modificó la
Liquidación Privada de Impuesto sobre la Renta y Complementarios año gravable 2010.
Igualmente se declara la nulidad parcial de la resolución N° 1320120150000026 del 30 de
abril de 2015 por el (sic) cual se resuelve el recurso de reconsideración, expedida por la
Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
SEGUNDO: Como restablecimiento del derecho la liquidación oficial del Impuesto sobre la
Renta y Complementarios año gravable 2010, del demandante, queda conforme se
estableció en la parte motiva (Párrafo 60) Liquidación del Tribunal.
TERCERO: En firme la presente decisión archívese la actuación. Lo anterior una vez hechas
las anotaciones en el software de gestión».
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 10 de agosto de 2011, Jaime Pulido Parra presentó su declaración de renta del
año gravable 20101, la cual corrigió el 16 de febrero de 20122.
Previo requerimiento especial3, la DIAN modificó la declaración privada del
demandante, mediante Liquidación Oficial de Revisión Nro. 132412014000026 del
16 de mayo de 20144, en el sentido de (i) adicionar ingresos por valor de $6.585.000
por concepto de «Honorarios, comisiones y servicios», (ii) desconocer $94.673.000 por
«Otros costos y deducciones» y (iii) aumentar en $45.000 el valor de la retención en la
1 Fl.9 del cuaderno de antecedentes 1.
2 Fl.109 del cuaderno de antecedentes 1.
3 Fls.343 a353 del cuaderno de antecedentes 2.
4 Fls.404 a 422 del cuaderno de antecedentes 2.
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Demandante: Jaime Pulido Parra
fuente. Los $94.673.000 a desconocer a título de «Otros costos y deducciones» estaban
compuestos así: $49.873.000 correspondientes a bonificaciones pagadas por el
actor a favor de sus trabajadores, que se rechazaban por no haberse practicado
retención en la fuente y no haber observado el tope del 40% para los aportes a la
seguridad social previsto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, y $44.800.000
por concepto del costo de una camioneta por incumplir los requisitos generales de
deducibilidad del artículo 107 del Estatuto Tributario. Estas modificaciones dieron
lugar a un mayor impuesto a cargo de $32.093.000 y a una sanción por inexactitud
de $51.277.000, para un total saldo a pagar de $82.725.000.
El 18 de julio de 2014, el actor interpuso recurso de reconsideración5 el cual fue
resuelto mediante la Resolución No.132012015000006 del 30 de abril de 20156, en
el sentido de confirmar parcialmente la liquidación recurrida, pues se levantó la
adición de ingresos en cuantía de $4.500.000, quedando la glosa en la suma de
$2.085.000 y se eliminó la retención en la fuente por $45.000 asociada a dicho
ingreso. En consecuencia, se fijó un mayor impuesto a cargo de $30.606.000 y una
sanción por inexactitud de $48.970.000.
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011 C.P.A.C.A.), la parte demandante
formuló las siguientes pretensiones7:
«1. Que se declare la nulidad total de la Liquidación de Revisión No.132412014000026 del
16 de mayo de 2014, por la cual se determinó el impuesto de renta correspondiente al
año 2010 y la sanción de inexactitud impuesta, expedida por la Dirección de Impuestos y
Aduanas de Neiva, a cargo del señor JAIME PULIDO PARRA.
2. Que se declare la nulidad total de la Resolución No.132012015000006 del 30 de abril de
2015, por medio de la cual se impartió confirmación a la mencionada Liquidación Oficial
de Revisión.
3. Que como consecuencia de las pretensiones anteriores y a título de Restablecimiento del
derecho se declare en firme la declaración de renta y complementarios del año 2010».
La parte demandante citó como normas violadas los artículos 29, 83, 95 numeral
10, 209 y 338 de la Constitución Política, 87-1, 107, 108, 177, 381 y 771-2 del
Estatuto Tributario y 30 de la Ley 1393 de 2010.
Como concepto de la violación expuso lo siguiente:
1. Adición de ingresos por $2.085.000, diferencia reportada en la
información exógena por la sociedad Continental Automotora S.A.
Señaló que, desde la respuesta al requerimiento especial y con fundamento en la
contabilidad, se manifestó que los ingresos por fletes por valor de $2.085.000 fueron
5 Fls.424 a 441 cuaderno de antecedentes 2.
6 Fls.451 a 459 cuaderno de antecedentes 2.
7 Fl. 5 del cuaderno principal 1.
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reflejados en la «Cuenta Fletes Varios», cuyo valor es de $74.132.000, de modo que el
servicio fue contabilizado y sobre él se tributó en el año 2010.
Precisó que para la adición de ingresos, la administración tuvo en cuenta la
información exógena, la cual no verificó directamente con los libros de contabilidad.
En esa medida, dijo que, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado,
la información exógena no constituye plena prueba, por lo que puede ser
desvirtuada con otros elementos de juicio que, en este caso, son la contabilidad y
la declaración de renta.
2. Rechazo de deducciones, por valor de $49.873.000.
Planteó que las expensas correspondientes a bonificaciones laborales por la suma
de $49.873.000 cumplen con los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario.
En adición, sostuvo que la DIAN rechazó este gasto porque no practicó la retención
en la fuente, conforme con el artículo 87-1 del Estatuto Tributario. Sin embargo,
adujo que esa exigencia no le era aplicable, ya que no tiene la calidad de agente
retenedor, pues no cumple con lo previsto en el artículo 368-2 ibídem.
Explicó que el gasto bajo análisis no es constitutivo de salario, de conformidad con
los artículos 128 del Código Sustantivo del Trabajo, de ahí que, para su
deducibilidad en el impuesto a la renta, no era obligatorio acreditar el pago de los
aportes parafiscales.
3. Rechazo de costo de camioneta por valor de $44.800.000.
Explicó que la administración rechazó este costo, con base en los artículos 107, 177
y 771-2 del Estatuto Tributario. Sin embargo, con ocasión de la respuesta al
requerimiento especial, se precisó y demostró que la camioneta fue adquirida el 24
de octubre de 2007, por $64.000.000, según la factura Nro. 7422 emitida por la
sociedad CAESCA, suma que constituye el precio de compra y/o costo. Asimismo,
sostuvo que el vehículo fue enajenado por $44.800.000, valor que fue declarado
como costo en el denuncio privado, con fundamento en el artículo 71 del Estatuto
Tributario. Indicó que esto era procedente, pues el activo estuvo en su poder por
más de 2 años y su costo fiscal fue superior al de la venta.
4. Improcedencia de la sanción por inexactitud.
Afirmó que su declaración de renta no contiene las conductas sancionables por el
artículo 647 del Estatuto Tributario, ya que no se incluyeron costos y deducciones
inexistentes que determinen un menor valor a pagar, en tanto que, como lo indicó,
estos resultan procedentes y ajustados a la normativa tributaria.
Oposición de la demanda
La parte demandada controvirtió las pretensiones de la actora con fundamento en
las siguientes razones8:
En lo que tiene que ver con la adición de ingresos por $2.085.000, dijo que esa
decisión no se había basado únicamente en la información exógena reportada por
8 Fls.67 a 73 del cuaderno principal.
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la sociedad Continental Automotores S.A., sino que también se tuvo en cuenta la
respuesta dada por el contribuyente al requerimiento especial, en la que éste afirmó
que la suma en discusión bien pudo haberse incluido en el rubro de «fletes varios o
fletes pendientes por determinar». En ese sentido, precisó que como el contribuyente
había aceptado el ingreso, ahora no puede pretender cuestionarlo con el argumento
de que la administración sólo tuvo en cuenta la información exógena, a la luz del
artículo 723 del Estatuto Tributario.
Agregó que, al tener la carga de la prueba, el actor debió demostrar que
efectivamente registró los $2.085.000 en su contabilidad. Sin embargo, señaló que
ni en sede administrativa ni judicial el contribuyente acreditó lo afirmado, pues no se
enviaron los documentos necesarios para el efecto.
En lo que tiene que ver con el rechazo de deducciones por $49.873.000 por
concepto de bonificaciones pagadas por el actor a sus empleados, explicó que, a la
luz del artículo 87-1 del Estatuto Tributario, para que estas erogaciones sean
deducibles es necesario haber practicado la correspondiente retención en la fuente,
obligación que en este evento no se cumplió.
Con fundamento en los conceptos Nro. 0700878 del 10 de septiembre de 1998 y
Nro. 050225 del 13 de agosto de 2013, aseveró que no se requiere tener la calidad
de comerciante para poder efectuar la retención en la fuente sobre los pagos por
concepto de salarios y demás emolumentos de la relación laboral. Así, concluyó
que, como no se practicó la retención en la fuente sobre las bonificaciones, éstas
deben ser rechazadas.
Sobre la misma expensa indicó también que las bonificaciones pagadas fueron
superiores al valor de los salarios cancelados durante el año 2010, con lo cual se
desconoció lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, que consagra que
las bonificaciones ocasionales no deben ser superiores al 40% del total de lo
remunerado. En esa medida, sostuvo que el actor no pagó la totalidad de los aportes
al sistema de seguridad social, de manera que no cumplió con lo previsto en el
artículo 108 del Estatuto Tributario.
En lo que respecta al rechazo del costo de la camioneta por la suma de $44.800.000,
resaltó que, en el recurso de reconsideración, el demandante relató que dicho
vehículo fue adquirido para «su uso personal y por ende no se obtiene ningún ingreso
generador de renta», de manera que esta erogación fue desconocida porque, según el
artículo 107 del Estatuto Tributario, para que un gasto sea deducible debe
acreditarse su relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la actividad
productora de renta.
Finalmente, en cuanto a la imposición de la sanción por inexactitud, manifestó que
la misma era procedente porque se fundamentó en la adición de ingresos y en el
desconocimiento de costos y deducciones, que derivaron en un menor valor a pagar
y que no corresponden a una diferencia de criterios.
Por último, solicitó que no se condenara en costas porque la discusión se basa en
la prevalencia del interés público, en la medida en que se trata de un asunto
tributario.
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Sentencia apelada
El Tribunal Administrativo del Huila9 accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó tener como liquidación
del impuesto a la renta del año 2010 del demandante la efectuada en la parte motiva
de la providencia impugnada. Todo lo anterior, con fundamento en las razones que
se exponen a continuación.
Sobre la adición de ingresos por $2.085.000, consideró que la DIAN no realizó un
análisis crítico, razonable y basado en las pruebas aportadas por el contribuyente
para inferir que éstas eran irreales frente a la información exógena, pues terminó
dándole prevalencia a esta última, «bajo la mera inferencia que no desvirtuaba la información
reportada, sin que indicara por qué aquella era más creíble y cierta que la del contribuyente».
Sostuvo que no compartía esa interpretación de la DIAN, porque la contabilidad
allegada por el contribuyente no ha sido desconocida, tachada de falsa o
desmentida por otros medios probatorios, de manera que no se ajustaba a derecho
darle mayor valor probatorio a la información exógena. Agregó que los datos
presentados por un tercero constituye una prueba testimonial, a la luz del artículo
750 del Estatuto Tributario, y como este caso trata sobre la adición de ingresos,
debe primar la prueba contable, como lo advirtió el Consejo de Estado en sentencia
del 10 de febrero de 2011 (exp. 16752, CP: William Giraldo Giraldo). Así las cosas,
concluyó que, por haberse violado el debido proceso del actor, procedía la nulidad
de los actos acusados.
En relación con el rechazo de las bonificaciones por valor de $49.873.000, manifestó
que, ante la afirmación del contribuyente de no tener la calidad de agente retenedor
por no cumplir las condiciones del artículo 368-2 del Estatuto Tributario, la
administración no demostró que el actor tuviera esa calidad, a pesar de que tenía la
carga de la prueba, sino que se limitó a aplicar el artículo 87-1 ibídem, sin tener la
certeza de que resultara aplicable.
Además, sostuvo que el desconocimiento de esta clase de deducciones con
fundamento en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, que consagra el límite del
40%, constituía una violación del debido proceso del demandante, pues esa norma
no estaba vigente cuando se realizaron los pagos. En consecuencia, adujo que la
DIAN debió reconocer la deducibilidad de estas erogaciones.
En lo que tiene que ver con el rechazo del costo de la camioneta por valor de
$44.800.000, determinó que la decisión de la DIAN se ajustaba a derecho, pues lo
manifestado por el contribuyente en sede administrativa comprobaba que tal
erogación no había tenido ninguna injerencia en la producción de la renta, por lo
que no cumplía con lo establecido en el artículo 107 del Estatuto Tributario.
Por último, respecto a la imposición de la sanción por inexactitud, resaltó que
procedía porque estaba acorde con el desconocimiento de costos y deducciones,
por lo que la incluyó en la liquidación efectuada en la parte motiva de la providencia,
sin explicar la forma en la que la calculó ni la tarifa utilizada para el efecto.
Finalmente, no condenó en costas porque «hubo debida argumentación de las partes».
9 Fls.104 a 112 del cuaderno principal.
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Recurso de apelación
La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la providencia de
primera instancia para que se revoque y, en su lugar, se confirme la legalidad de los
actos cuestionados10. A estos efectos, precisó que compartía plenamente la
decisión de mantener el rechazo del costo de la camioneta por valor de $44.800.000
y reiteró lo expuesto en la oposición a la demanda respecto a la adición de ingresos
por $2.085.000 y el rechazo de las deducciones por bonificaciones por $49.873.000.
Adicionalmente, en relación con la adición del ingreso, señaló que en ningún
momento se le dio más credibilidad a la información exógena, pues también se tuvo
en cuenta la manifestación del contribuyente según la cual los $2.085.000 pudieron
haberse incluido en su contabilidad en el rubro de «fletes varios o fletes pendientes por
determinar», de ahí que era el actor quien tenía la carga de demostrar que
efectivamente sí lo hizo, lo cual no ocurrió en este caso.
Respecto del rechazo de las bonificaciones por superar el límite del 40% solo señaló
que el argumento había sido planteado de manera adicional a la obligación de las
personas naturales de practicar retención en la fuente por concepto de pagos por
ingresos laborales.
Y agregó que, de la interpretación sistemática de los artículos 368-2, 383 y 402 del
Estatuto Tributario, es posible concluir que las personas naturales deben practicar
la retención en la fuente sobre los pagos por concepto de ingresos laborales y
demás emolumentos de la relación laboral. De ahí que como el actor no cumplió
con esa obligación, procede el rechazo de los gastos por bonificaciones. En cuanto
a la aplicación del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, dijo que había sido un
argumento adicional a la conclusión expuesta.
La parte actora no presentó recurso de apelación respecto a lo decidido en su contra
en la sentencia de primera instancia, esto es, en lo referente al rechazo del costo
de la camioneta por valor de $44.800.000.
Oposición al recurso de apelación
En el término previsto en el numeral 4 del artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 67 de
la Ley 2080 de 2021, no hubo pronunciamiento alguno respecto del recurso de
apelación presentado por la entidad demandada.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada contra la sentencia de primera instancia, que accedió parcialmente a
las pretensiones de la demanda dirigidas a obtener la nulidad de los actos
administrativos acusados, mediante los cuales la administración tributaria modificó
10 Índice 2 de Samai.
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la declaración de renta del actor correspondiente al año 2010, y le impuso sanción
por inexactitud.
Atendiendo estrictamente a los términos del recurso de apelación, los problemas
jurídicos a resolver en esta instancia se circunscriben a establecer (i) si procedía la
adición de ingresos por $2.085.000 y (ii) si procedía el rechazo de las erogaciones
por $49.873.000 por concepto de bonificaciones pagadas por el actor a algunos de
sus trabajadores, por no haber practicado retención en la fuente. En caso de que
prospere alguno de los anteriores puntos en litigio, se definirá sobre la procedencia
de la sanción por inexactitud.
Como cuestión previa, la Sala no se pronunciará sobre la decisión del a quo
consistente en mantener el rechazo del costo de la camioneta por valor de
$44.800.000, porque no fue apelado por la parte demandante, a pesar de tener
interés para ello, por ser una decisión tomada en su contra.
1. Sobre la adición de ingresos por $2.085.000.
Respecto de la adición de ingresos por valor de $2.085.000, derivada de la
diferencia determinada por la DIAN a partir de la información exógena reportada por
Continental Automotores S.A, consideró el Tribunal que la DIAN solo había tenido
en cuenta esa prueba, incurriendo en una indebida valoración probatoria, pues no
analizó u objetó la contabilidad que había suministrado el actor en sede
administrativa para desvirtuar la supuesta omisión de ingresos, la cual debía primar
sobre la información exógena.
La administración se opuso argumentando que la adición de ingresos era
procedente porque no es cierto que la entidad se haya fundamentado únicamente
en la información exógena, ya que también tuvo en cuenta la afirmación del
contribuyente, según la cual la suma en discusión se registró en el rubro «fletes varios
o fletes pendientes por determinar», lo cual no fue demostrado, a pesar de que el
demandante tenía la carga de la prueba.
Para resolver este debate, preciso es señalar que, de conformidad con el artículo
631 del Estatuto Tributario, la autoridad tributaria está facultada para solicitar a las
personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes información para el
debido control de los tributos.
Así, la información exógena constituye un mecanismo de control fiscal, «que provee
un principio de prueba o indicio de los hechos económicos que se persigue comprobar, de
ahí, que la actividad de fiscalización no puede limitarse a su incorporación a la actuación
administrativa, sino que la Administración debe adelantar las diligencias necesarias para su
constatación, permitiéndole al contribuyente y al propio tercero que suministre las
aclaraciones y explicaciones pertinentes»11 (subraya la Sala). Al hilo de lo anterior, esta
Judicatura12 ha desestimado la validez probatoria de dicha información cuando la
decisión administrativa carece de otros soportes o medios probatorios.
Para el caso concreto se encuentran acreditados los siguientes hechos:
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 63001-23-33-000-
2017-00430-02 (24842). Sentencia del 10 de marzo de 2022. CP: Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
12 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 54001-23-33-000-
2014-00423-01 (23435). Sentencia del 10 de septiembre de 2020. CP: Milton Chaves García.
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• Al contrastar la información exógena reportada por terceros, la administración
tributaria determinó que existía una omisión de ingresos por $2.085.000,
derivados de una operación llevada a cabo con la sociedad Continental
Automotora S.A.
• Para desvirtuar lo anterior, con ocasión de la inspección tributaria llevada a
cabo el 23 de julio de 2013, el contribuyente aportó un documento denominado
«RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE PRACTICARON EN EL AÑO GRAVABLE
2010»13, contentivo de la totalidad de los ingresos reportados en la declaración
de renta del año gravable 2010 ($985.882.809), junto con el nombre y NIT de
quienes le practicaron retención en la fuente, la tarifa y el valor retenido. En lo
relevante para este proceso, dentro de los rubros que se relacionan en el
documento aparecen «FLETES VARIOS» por $74.132.000, ingreso que no se
discrimina por tercero.
• En la respuesta al requerimiento especial, el contribuyente explicó:
«En este sentido la administración tributaria pretende adicionar a los ingresos la suma
de $6.585.00014y pasar de unos ingresos declarados de $873.133.000 a unos nuevos
ingresos por valor de $879.718.000, una situación un tanto fuera de lugar por parte del
funcionario, toda vez que se le envio (sic) un desglose detallado y en forma oportuna
de todos y cada uno de los ingresos y FLETES y en ellos se refleja una cuenta
denominada FLETES VARIOS por valor de $74.132.000, que bien puede incluirse el
valor de estos ingresos dentro de este rubro
DESGLOSE INICIAL
DESGLOSE DE FLETES $ 807.100.809
FLETES-CUANTIAS MENORES
$ 74.132.000
BENEFECIARIOPOR DETERMINAR
VENTA DE PRODUCTOS $ 2.100.000
VENTA DE ACTIVOS FIJOS $ 44.800.000
SALARIOS $ 57.750.000
TOTAL INGRESOS 2010 $ 985.883.809
(…)
Ahora bien, el por que de el (sic) rubro fletes varios , (sic) en este sentido nos remitimos
a la costumbre comercial de que el conductor del vehículo presta el servicio de
transporte automotor de carga por carretera y consigna el valor de este servicio a la
cuenta bancaria del propietario o tenedor del vehículo y no manifiesta a quien (sic) se
lo presto (sic) (…) otras veces sucede que se presta un servicio de flete y nosotros lo
facturamos al beneficiario final del servicio y ocurre que la Empresa (sic) transportadora
a través de la cual se presto (sic) dicho servicio nos lo declara, en este sentido nos
quedaría dos veces declarado el mismo ingreso, entre otras situaciones» (subraya la
Sala).
• En el recurso de reconsideración, el demandante expuso que era necesario
tener dentro del rubro de ingresos «el de FLETES-CUANTÍAS MENORES-
BENEFICIARIOS POR DETERMINAR, (sic) para incluir dentro de este rubro estos valores ,
(sic) que inicialmente se estipula en $ 74.132.000 y una vez descontados estos 02 valores
(transurenco y continental) quedaría en $ 67.547.000» y aportó el desglose antes
señalado, firmado por contador, en el que aparecen los ingresos varios por
13 Fl.170 a 172 del cuaderno de antecedentes 2.
14 Corresponde al valor inicial de la glosa, la que posteriormente se redujo a $2.085.000
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Demandante: Jaime Pulido Parra
este último valor ($ 67.547.000), que resulta de restar de $74.132.000 la suma
de $4.500.000 (glosa levantada por la DIAN y que reclasifica al tercero
Transurenco Ltda.) y la suma de $2.085.000, objeto de controversia, que
reclasifica al tercero Continental Automotora S.A.
Acorde con el criterio reiterado de esta Corporación15 «en virtud del principio general
de la carga de la prueba consagrado en el artículo 167 del CGP, corresponde al sujeto
pasivo demostrar los aspectos negativos de la base imponible (costos, gastos, impuestos
descontables, compras), pues es quien los invoca a su favor. A contrario sensu, en
aquellos casos en donde se pretenda alterar el aspecto positivo de la base gravable
(entiéndase adición de ingresos u operaciones sometidas a tributación), la carga se
asigna a la autoridad de impuestos, por ser quien se constituye como el sujeto que
invoca a su favor las respectivas normas tributarias»16 (énfasis de la Sala).
Lo anterior presenta especial relevancia si se tiene en cuenta que la información
exógena constituye un principio de prueba, es decir que por si sola no resulta
suficiente para desvirtuar la presunción de legalidad de la declaración.
Así, ante la respuesta del contribuyente, en la que ponía de presente que el ingreso
que se pretendía adicionar se encontraba declarado, comoquiera que hacía parte
del rubro «FLETES VARIOS» por valor de $74.132.000 ($67.547.000, luego de
reclasificar al respectivo tercero, los ingresos adicionados por la DIAN), la
administración estaba en la obligación de adelantar las diligencias necesarias para
su debida comprobación, pues contaba con la información discriminada de los
ingresos del actor por tercero, sin embargo, no lo hizo, pese a detentar amplias
facultades de fiscalización
No prospera el cargo de apelación.
2. Rechazo de los gastos por bonificaciones por valor de $49.873.000.
La DIAN negó la deducibilidad de los gastos por bonificaciones, por dos razones.
La primera, porque el actor no practicó retención en la fuente y la segunda porque
no observó el tope del 40% señalado en el artículo 30 de la Ley 1393 de 2010.
El a quo declaró la nulidad de esa decisión porque consideró que la administración
no demostró que el demandante cumpliera las condiciones del artículo 368-2 del
Estatuto Tributario para ser agente de retención. Adicionalmente, puntualizó que el
rechazo de las bonificaciones no podía fundamentarse en el artículo 30 de la Ley
1393 de 2010, pues esa disposición no se encontraba vigente para el momento en
que se efectuó el pago de las bonificaciones.
La demandada apeló y expuso que de la interpretación sistemática de los artículos
368-2, 383 y 402 del Estatuto Tributario, es posible concluir que las personas
naturales deben practicar retención en la fuente sobre los pagos por concepto de
ingresos laborales y demás emolumentos de la relación laboral. Además, sobre la
aplicación del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010 precisó textualmente que «los
15 Sentencias del 21 de febrero de 2019 (exp. 21366); del 08 de marzo de 2019 (exp. 21295); del 29 de agosto
de 2019 (exp. 21349); del 19 de febrero de 2020 (exp. 23296); del 27 de agosto de 2020 (exp. 21852); del
03 de septiembre de 2020 (exp. 21156); del 26 de noviembre de 2020 (exp. 21329); del 04 de marzo de
2021 (exp. 20813); CP. Julio Roberto Piza Rodríguez; y del 28 de octubre de 2021 (exp. 24837), CP: Stella
Jeannette Carvajal Basto.
16 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 63001-23-33-000-
2018-00065-01 (24514). Sentencia del 3 de marzo de 2022 CP: Julio Roberto Piza Rodríguez.
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argumentos dados fueron realizados de manera adicional a la conclusión desarrollada por
la administración tributaria en que la norma obliga a las personas naturales a practicar
retención en la fuente por concepto de pagos por ingresos laborales y demás emolumentos
de la relación laboral».
En atención a lo expuesto, de entrada, la Sala declara que no se pronunciará sobre
la aplicación del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010, en tanto que la DIAN no apeló
lo decidido por el Tribunal, esto es, que esa norma no era aplicable en el sub judice
por no encontrarse vigente en la fecha en que fueron efectuados los pagos de las
bonificaciones. De ahí que lo decidido por el Tribunal en relación con ese aspecto
debe ser confirmado, en aplicación del principio de congruencia. En consecuencia,
el pronunciamiento de la Sección se circunscribirá a determinar si el actor tenía la
obligación de practicar la retención en la fuente sobre los pagos por bonificaciones
realizados a favor de sus trabajadores.
A estos efectos, preciso es señalar que, según consta en los actos administrativos
enjuiciados, la entidad demandada consideró que el actor tenía la condición de
agente de retención por el hecho de haber realizado pagos originados en una
relación laboral. Así se extrae de los siguientes apartes de la liquidación oficial de
revisión:
«Dado que el contribuyente es persona natural cumple los preceptos para que sea
agente retenedor por ingresos laborales conforme lo estipula el artículo 338 del
estatuto Tributario (…) Luego el (sic) contribuyente le asiste la obligación de retener
y por no haber cumplido con dicha obligación no puede solicitar estos $ 49.873.000
como costo o deducción como lo estipula el artículo 87-1 del Estatuto Tributario.
(…)
No obstante, se observa que no cumplió con la retención en la fuente sobre ingresos
laborales, teniendo en cuenta que las personas naturales, tratándose de retenciones
en la fuente por concepto de ingresos laborales, premios de loterías, rifas, apuestas
y similares, las normas tributarias no exigen la condición de comerciante ni
determinado monto de patrimonio e ingresos para que pueda actuar como agente de
retención (...).
(…)
En atención a los anteriores artículos, el señor JAIME PULIDO PARRA, estaba
obligado a realizar retención en La (sic) fuente por los pagos que realizó por concepto
de salarios y demás emolumentos de la relación laboral, aún sin ser comerciante, so
pena de desconocer los valores por salarios y demás emolumentos de la relación
laboral, en atención a lo manifestado en el artículo 87-1 del Estatuto Tributario (…)»
(Subrayado de la Sala).
En opinión de la Sala, le asiste razón a la demandada al señalar que las personas
naturales son agentes de retención siempre que efectúen pagos de origen laboral,
independientemente de su calidad de comerciantes o del nivel de sus ingresos y
patrimonio brutos. Lo anterior, por las razones que se exponen a continuación.
Los agentes de retención están definidos, en forma general, en el artículo 368 del
Estatuto Tributario, en el cual se incluye textualmente a las personas naturales:
«Artículo 368.- Quienes son agentes de retención. Son agentes de retención o de percepción,
las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, los fondos
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de pensiones de jubilación e invalidez, los consorcios, las comunidades organizadas, las
uniones temporales y las demás personas naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas y
sociedades de hecho, que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en los cuales
deben, por expresa disposición legal, efectuar la retención o percepción del tributo
correspondiente».
Ahora bien, el artículo 368-2 del Estatuto Tributario prevé:
«Artículo 368-2. Personas naturales que son agentes de retención. Las personas naturales
que tengan la calidad de comerciantes y que en el año inmediatamente anterior tuvieren un
patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores a 30.000 UVT* también deberán practicar
retención en la fuente sobre los pagos o abonos en cuenta que efectúen por los conceptos a
los cuales se refieren los artículos 392, 395 y 401, a las tarifas y según las disposiciones
vigentes sobre cada uno de ellos».
Como se observa, la norma citada indica que las personas naturales que sean
comerciantes y que hayan tenido ingresos o patrimonio brutos superiores a 30.000
UVT en el año inmediatamente anterior serán «también» agentes de retención para
los conceptos señalados en los artículos 392 (honorarios, comisiones y servicios),
395 (rendimientos financieros) y 401 (otros ingresos) del Estatuto Tributario. Según
lo ha explicado esta Sección, «La razón para que se utilice la palabra “también”, es porque
los artículos aludidos refieren que los únicos que debían hacer retención a titulo de renta por
honorarios, comisiones, servicios y arrendamiento (artículo 392), o por rendimientos financieros
(artículo 395), o por otros ingresos tributarios (artículo 401), eran las personas jurídicas y las
sociedades de hecho»17.
En esas condiciones, es claro que, en virtud del artículo 368-2 del Estatuto
Tributario, en los eventos en los que las personas naturales realicen pagos por los
conceptos señalados en los artículos 392, 395 y 401 del Estatuto Tributario sólo
tendrán la condición de agentes de retención cuando sean comerciantes y su
patrimonio o ingresos brutos del año inmediatamente anterior superen el tope de
30.000 UVT.
Sin embargo, el artículo 383 del Estatuto Tributario, norma posterior al artículo 368-
2, regula la retención en la fuente aplicable a los pagos gravables efectuados por
las personas naturales originados en una relación laboral, o legal y reglamentaria.
De ahí que sea claro que todas las personas naturales que realicen esta clase de
pagos serán agentes de retención, con independencia de que sean comerciantes o
cumplan con los topes de ingresos o patrimonio brutos señalados por el gobierno
nacional para cada año gravable.
Nótese que el artículo 383 del Estatuto Tributaria regula, especial y
preferentemente, la retención en la fuente aplicable a los pagos gravables
originados en una relación laboral, o legal y reglamentaria, mientras que el artículo
368-2 del Estatuto Tributario establece la obligación de retener a cargo de las
personas naturales que cumplan las condiciones allí previstas, única y
exclusivamente, cuando realicen pagos por los conceptos señalados en los artículos
392, 395 y 401 del Estatuto Tributario, dentro de los que no se encuentran los pagos
gravables de origen laboral o legal y reglamentario, lo cual permite concluir que
todas las personas naturales son agentes de retención cuando realizan esta última
clase de pagos.
17 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 11001-03-27-000-
2011-00005-00(18638). Sentencia del 31 de julio de 2014. CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.
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En tal sentido se pronunció esta Sección, con ocasión de la sentencia del 31 de julio
de 2014 (exp. 18638, CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez): «Asimismo, deberán
actuar como agentes de retención en la fuente, a título de renta, todas las personas naturales que
efectúen pagos por concepto de salarios originados en una relación laboral, o legal y reglamentaria
de acuerdo con el artículo 383 del Estatuto Tributario sin importar si cumple con el requisito de
ingresos o patrimonio para ser agente de retención».
Descendiendo al caso concreto, se tiene entonces que, contrario a lo señalado por
el a quo, la administración no estaba obligada a demostrar que el actor cumplía con
las condiciones previstas en el artículo 368-2 del Estatuto Tributario para determinar
si era agente de retención respecto de los pagos por bonificaciones, derivados de
la relación laboral que mantenía con sus trabajadores. Lo anterior, porque la
condición de agente de retención del demandante surgía por expresa disposición
legal por el hecho de haber efectuado pagos laborales.
En esas condiciones, el actor estaba en la obligación de practicar retención en la
fuente sobre los pagos por bonificaciones y, como no lo hizo, la deducibilidad de
esta expensa es improcedente, a la luz del artículo 87-1 del Estatuto Tributario. Esto
se confirma si se tiene en cuenta que las bonificaciones pagadas por el actor a sus
trabajadores superaron las 95 UVT, que para el año 2010 equivalían a $2.332.72518,
según el cuadro que aparece en los actos acusados y que fue elaborado a partir de
la información aportada por el contribuyente:
Trabajador beneficiario de las bonificaciones Valor
Jhon Fabio Sánchez $14.706.000
Renato Alfonso Granda $9.202.000
William Vidarte Claros $5.898.000
Milton Ellery Quintero $6.659.000
Delio Tovar Díaz $7.630.000
Orlando Lizcano Gómez $5.778.000
Total $49.873.000
En conclusión, prospera el cargo de apelación.
Lo expuesto es suficiente para confirmar el numeral primero de la parte resolutiva
de la providencia impugnada, que declaró la nulidad parcial de los actos acusados,
sin embargo, se modificará el restablecimiento del derecho, fijando como saldo total
a pagar por el año gravable 2010 la suma de $59.240.000, conforme con la
siguiente liquidación:
Liquidación resolución Liquidación sentencia
Concepto renglón Declaración privada
recurso segunda instancia
Total patrimonio bruto (Sume 33 a 38) 32 1.396.871.000 1.396.871.000 1.396.871.000
Deudas 33 1.006.882.000 1.006.882.000 1.006.882.000
Total patrimonio líquido 34 389.989.000 389.989.000 389.989.000
Salarios y demás pagos laborales 35 57.750.000 57.750.000 57.750.000
Honorarios, comisiones y servicios 36 873.133.000 875.218.000 873.133.000
Intereses y rendimientos financieros 37 0 0 0
Otros ingresos (Arrendamientos, etc.) 38 55.000.000 55.000.000 55.000.000
Total ingresos recibidos por concepto de
renta 39 985.883.000 987.968.000 985.883.000
Ingresos no constitutivos de renta 40 0 0 0
Total ingresos netos 41 985.883.000 987.968.000 985.883.000
Deducción inversión en activos fijos 42 0 0 0
Otros costos y deducciones 43 897.204.000 802.531.000 802.531.000
Total costos y deducciones 44 897.204.000 802.531.000 802.531.000
18 De conformidad con la Resolución 012115 del 10 de octubre de 2009 emitida por la DIAN, el valor de la UVT
era de $24.555.
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Demandante: Jaime Pulido Parra
Liquidación resolución Liquidación sentencia
Concepto renglón Declaración privada
recurso segunda instancia
Renta líquida ordinaria del ejercicio 45 88.679.000 185.437.000 183.352.000
o Pérdida líquida del ejercicio 46 0 0 0
Compensaciones (Por exceso de renta
presuntiva) 47 0 0 0
Renta líquida 48 88.679.000 185.437.000 183.352.000
Renta presuntiva 49 10.179.000 10.179.000 10.179.000
Renta exenta 50 14.437.000 14.437.000 14.437.000
Rentas gravables 51 0 0 0
Renta líquida gravable 52 74.242.000 171.000.000 168.915.000
Ingresos por ganancias ocasionales 53 0 0 0
Costos por ganancias ocasionales 54 0 0 0
Ganancias ocas. no gravadas y exentas 55 0 0 0
Ganancias ocas. Gravables 56 0 0 0
Impuesto sobre la renta líquida gravable 57 11.948.000 42.554.000 41.868.000
Descuentos tributarios 58 0 0 0
Impuesto neto de renta 59 11.948.000 42.554.000 41.868.000
Impuesto de ganancias ocasionales 60 0 0 0
Total impuesto a cargo 61 11.948.000 42.554.000 41.868.000
Anticipo renta por el año gravable 2010 62 0 0 0
Saldo a favor año 2009 sin solicitud de
devolución o compensación 63 0 0 0
Total retenciones año 2010 64 12.808.000 12.808.000 12.808.000
Anticipo renta por el año gravable 2011 65 0 0 0
Saldo a pagar por impuesto 66 0 29.746.000 29.060.000
Sanciones 67 260.000 48.970.000 30.180.000
Total saldo a pagar 68 0 78.716.000 59.240.000
O Total saldo a favor 69 600.000 0 0
Sanción por inexactitud
Saldo a favor declarado (sin sanciones) $860.000
Saldo a pagar propuesto antes de sanción $29.060.000
Base para calcular la sanción $29.920.000
Tarifa (art. 288 Ley 1819) 100%
Valor sanción por inexactitud $29.920.000
3. Condena en costas
No habrá condena en costas en esta instancia, porque no fue demostrada su
causación, según lo exige el artículo 365 del Código General del Proceso, aplicable
en virtud del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia del 23 de
febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila.
2. Modificar el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia del 23 de
febrero de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila. En su lugar
se dispone:
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Radicado: 41001-23-33-000-2015-00923-01 (25959)
Demandante: Jaime Pulido Parra
«A título de restablecimiento del derecho, fijar como saldo total a pagar a cargo del
señor Jaime Pulido Parra, por concepto del impuesto sobre la renta del año 2010, la
suma de $59.240.000, conforme a la liquidación inserta en la parte motiva de esta
providencia».
3. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de
origen y cúmplase.
La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sala
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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