Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 63001-23-33-000-2018-00065-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 63001-23-33-000-2018-00065-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 63001-23-33-000-2018-00065-01
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
3 de marzo de 2022
Radicado: 63001-23-33-000-2018-00065-01 (24514)
Demandante: 101 Corp Sucursal Colombia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá, D.C., tres (03) de marzo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 63001-23-33-000-2018-00065-01 (24514)
Demandante: 101 Corp Sucursal Colombia
Demandado: DIAN
Temas: Renta. CREE. IVA. 2013. Adición de ingresos. Carga de la prueba.
Pruebas.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia
del 07 de febrero de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Quindío, que
decidió negar pretensiones y se abstuvo de condenar en costas (f. 699).
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
El 14 de abril de 2014, la actora presentó autoliquidación del impuesto sobre la renta por
el año gravable 2013, que corrigió el 14 de enero de 2015 (ff. 17 y 610 caa). Dicha
corrección fue modificada por la Liquidación Oficial de Revisión nro. 012412016000013,
del 13 de diciembre de 2016 (ff. 851 a 869 caa), que adicionó ingresos por valor de
$1.567.916.000 e impuso sanciones por inexactitud y por irregularidades en la
contabilidad. Previo recurso de reconsideración, mediante la Resolución nro.
992232017000013, del 13 de diciembre de 2017, en virtud del principio de favorabilidad,
la Administración redujo la sanción por inexactitud impuesta y no incluyó en la liquidación
la sanción por irregularidades en la contabilidad (ff. 920 a 932 caa).
Por la Liquidación Oficial de Revisión nro. 900.003, del 13 de diciembre de 2016 (ff.1302
a 1317 caa), la Administración modificó la declaración del impuesto sobre la renta para
la equidad (CREE) del año gravable 2013 presentada por la actora, para adicionar
ingresos por $1.567.916.000 y sancionar por inexactitud. Previo recurso de
reconsideración, la Resolución nro. 900.004, del 19 de diciembre de 2017, disminuyó la
multa impuesta por favorabilidad (ff. 1366 a 1378 caa).
Por medio de la Liquidación Oficial de Revisión nro. 012412016000014, del 13 de
diciembre de 2016 (ff. 1661 a 1676 caa), la demandada modificó la declaración anual de
IVA correspondiente al 2013 presentada por la contribuyente, a fin de aumentar los
ingresos por operaciones gravadas en $505.682.000 y sancionar por inexactitud. Previo
recurso de reconsideración, la Resolución nro. 012012017000006, del 21 de diciembre
de 2017, modificó la antedicha liquidación, en tanto redujo la multa impuesta por
favorabilidad (ff. 1725 a 1739 caa).
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Radicado: 63001-23-33-000-2018-00065-01 (24514)
Demandante: 101 Corp Sucursal Colombia
ANTECEDENTES PROCESALES
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones (f.
329 y 330):
Primera: Declarar nula la Liquidación Oficial de Revisión N° 900003 del 13 de diciembre de 2016
emitida por la Jefe División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y
Aduanas de Armenia por impuesto para la equidad-CREE.
Segunda: Declarar nula la Resolución N° 900004 del 19 de diciembre de 2017 expedida por el Jefe
del Grupo Interno de Trabajo Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de
Armenia, por la cual se decide el recurso de reconsideración y modifica la Liquidación Oficial de
Revisión N° 900003 del 13 de diciembre de 2016 dentro del expediente N° GO201320160170.
Tercera: Declarar nula la Liquidación Oficial de Revisión N° 012412016000013 del 13 de diciembre
de 2016 emitida por el Jefe de División de Liquidación de la Dirección Seccional de Impuestos y
Aduanas de Armenia por Impuesto de Renta.
Cuarta: Declarar nula la Resolución N° 992232017000013 del 13 de diciembre de 2017 expedida por
la Subdirectora de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales, por medio de la cual decide recurso de reconsideración y
modifica la Liquidación Oficial de Revisión N° 012412016000013 del 13 de diciembre de 2016 dentro
del expediente N° GO20132014000474.
Quinta: Declarar nula la Liquidación Oficial de Revisión N° 012412016000014 del 13 de diciembre
de 2016 emitida por el Jefe de la División de Gestión y Liquidación de la Dirección Seccional de
Impuestos y Aduanas de Armenia por Impuesto sobre las Ventas-IVA.
Sexta: Declarar nula la Resolución N° 012012017000006 del 21 de diciembre de 2017 emitida por el
Jefe del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Impuestos y
Aduanas de Armenia por la cual decide el recurso de reconsideración y modifica Liquidación Oficial
de Revisión N° 012412016000014 del 13 de diciembre de 2016 dentro del expediente N°
GO20132016000176.
Séptima: Que a título de restablecimiento del derecho se declare en firme la declaración privada por
impuesto de renta año gravable 2013 presentada por 101 Corp Sucursal Colombia el 14 de abril de
2014 mediante formulario electrónico N° 1104601996217 y su corrección por formulario
1104603546917 presentada el 14 de enero de 2015.
Octava: Que a título de restablecimiento del derecho se declare en firme la declaración privada del
Impuesto de Renta para la Equidad-CREE N° 1401601431795 presentada por 101 Corp Sucursal
Colombia el 14 de abril de 2014.
Novena: Que a título de restablecimiento del derecho se declare en firme la declaración privada por
impuesto sobre las ventas-IVA año gravable 2013 presentada por 101 Corp Sucursal Colombia el 16
de enero de 2014 mediante formulario electrónico N° 3009607487007.
Décima: Ordene a la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas-DIAN en el orden jerárquico que
corresponda dentro de su estructura institucional, proceder con el archivo de cualquier actuación pre
jurídica, jurídica o coactiva que se adelante por concepto de Impuesto de renta, renta para la
equidad-CREE e impuesto sobre las Ventas-IVA por el año gravable 2013 en contra de 101 Corp
Sucursal Colombia.
A los anteriores efectos, invocó como normas vulneradas los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 5.°,
6.°, 25, 29, 31, 236, 237 y 238 de la Constitución; 26, 27, 28, 632, 647, 654, 655, 684,
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688, 703, 705, 713, 714, 743 y 772 a 775 del ET; y 138, 152, 156, 157, 159, 160, 161.2,
162, 166, 179, 180 y 306 del CPACA, bajo el siguiente concepto de violación (ff. 333 a
398):
Reprochó que la Administración adicionara ingresos en los tres impuestos debatidos con
base en facturas anuladas. Al respecto, relató que durante el 2013 fue accionista de una
sociedad de economía mixta, cuyos estatutos estipulaban que sería acreedora del 5% de
lo que recaudara dicha sociedad por concepto de operación y administración de las
multas y «fotomultas» de tránsito municipal de la alcaldía de Calarcá, como
contraprestación por servicios de «asesoría técnica especializada» que le prestaría
mensualmente. Manifestó que, con base en lo anterior, en el 2013, expidió 26 facturas
por los conceptos de «gestión técnica», «gestión comercial» y «participación en
dividendos». Puntualizó que anuló dichas facturas, dado que la deudora las rechazó,
habida cuenta de que lo pactado en los estatutos nunca se había ejecutado, de manera
que no tenía derecho a ello. Con fundamento en lo anterior, alegó que la adición debatida
era improcedente, especialmente porque la sociedad de la que era accionista no aceptó
los servicios facturados ni tampoco la «participación en dividendos». Añadió que la
Administración no demostró que hubiera percibido el ingreso adicionado; y que los actos
demandados incurrieron en falsa motivación y violaron el debido proceso, pues negaron
infundadamente los medios de prueba que aportó con la respuesta al requerimiento
especial, así como aquellos que solicitó en la misma etapa, que, a su juicio, demostrarían
que el ingreso en cuestión no se causó.
Subsidiariamente, sostuvo que, en caso de avalarse la adición de ingresos en disputa,
debería concluirse que la demandada notificó extemporáneamente el requerimiento
especial expedido en el marco del procedimiento de determinación oficial del IVA
debatido, pues si se aceptara dicha glosa, su término para presentar la declaración
revisada hubiera vencido el 17 de marzo de 2014, con lo cual dicho acto preparatorio
debía notificarse, a más tardar, el 17 de marzo de 2016, pero se notificó el 20 de abril de
2016. Sobre esa base, argumentó que los actos que liquidaron el IVA a su cargo por el
2013 estaban viciados de nulidad.
Finalmente, negó haber incurrido en inexactitud sancionable y que, de haberlo hecho,
sería producto de un error sobre el derecho aplicable. Defendió que llevó su contabilidad
en debida forma, por lo que se opuso a la sanción por irregularidades en la contabilidad
impuesta en la liquidación oficial de revisión del impuesto sobre la renta revisado.
Contestación de la demanda
La demandada se opuso a las pretensiones de la actora (ff. 432 a 494). Planteó la
excepción de inepta demanda por indebida acumulación de pretensiones, porque los
actos enjuiciados liquidaron tres impuestos disímiles que obedecían a conceptos y
hechos generadores diferentes, por lo que la acumulación efectuada por la actora era
improcedente. De fondo, argumentó que, en virtud de los estatutos de la sociedad de
economía mixta en la que la actora tenía participación, esta tendría derecho a percibir
tres tipos de ingresos de parte de dicha sociedad: por asesoría técnica, por gestión
comercial y por pago anticipado de utilidades futuras. Explicó que a lo largo del año 2013
la demandante obtuvo ingresos, discriminados así: $430.761.360 por concepto de gestión
técnica especializada, $74.920.547 por concepto de gestión comercial y $1.062.234.167
por concepto de anticipo de utilidades. Agregó que durante el mismo año la sociedad de
economía mixta pagó efectivamente a la demandante $409.000.000 por concepto de
anticipo de utilidades, suma que recibió uno de los accionistas de la actora.
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Alegó que su contraparte omitió registrar en las tres declaraciones revisadas los ingresos
derivados de los servicios que prestó a la sociedad de economía mixta, así como aquellos
provenientes de su participación en ella y que los motivos por los cuales no se pagaron
las facturas eran inoponibles al fisco. Sostuvo que los estatutos de la sociedad de
economía mixta no previeron la aceptación de las facturas como una condición a la que
estuvieran sometidos los pagos allí estipulados i.e. gestión de servicios especializados,
gestión comercial y el pago anticipado de utilidades futuras. Expuso que los actos
enjuiciados estaban respaldados en las pruebas recaudadas a lo largo de los
procedimientos de fiscalización; que aquellas solicitadas por la demandante se negaron
por inconducentes o superfluas; y que la contribuyente tuvo la oportunidad de cuestionar
todos los actos proferidos con ocasión de las actuaciones acusadas. Por ello, defendió
que los actos demandados respetaron el debido proceso y estuvieron debidamente
motivados. Por último, ratificó la procedencia de las sanciones por inexactitud y por
irregularidades en la contabilidad; esta última debido a que el obligado omitió registrar
contablemente las facturas que dieron lugar a los ingresos adicionados.
Sentencia apelada
El tribunal negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas (ff. 659 a 699).
Al efecto, avaló la glosa en disputa, porque consideró que los ingresos adicionados por
la autoridad fiscal estaban soportados en facturas expedidas con el lleno de los requisitos
legales que constituían, lo que denominó, un «título constitutivo del gravamen».
Adicionalmente, dado que la sociedad de economía mixta no negó haber recibido los
servicios facturados, infirió que estos sí se prestaron. Consideró que los actos enjuiciados
respetaron el debido proceso, porque estuvieron debidamente sustentados y motivados.
Aunque no analizó la procedencia en el caso concreto de las sanciones impuestas, negó
todas las pretensiones de la demanda.
Recurso de apelación
La actora apeló la sentencia del tribunal (ff. 706 a 724). Insistió en que no obtuvo ingresos
por los servicios de gestión técnica, gestión comercial y «participación en dividendos».
Agregó que la decisión de primera instancia no tuvo en cuenta que las facturas en que
se soportaban los ingresos adicionados fueron anuladas, y que omitió valorar la
contabilidad de la sociedad de economía mixta que, al no registrar un gasto, demostraban
que el ingreso no se causó. Reiteró que los actos acusados vulneraron el debido proceso,
puesto que no ordenaron practicar los medios de prueba que solicitó durante los
procedimientos administrativos enjuiciados. Censuró que el a quo no se pronunciara
sobre su argumento subsidiario relativo a la notificación extemporánea del requerimiento
especial proferido en el procedimiento que culminó con el acto que determinó el IVA a su
cargo por el 2013. Guardó silencio frente a las sanciones.
Alegatos de conclusión
Las partes reiteraron los argumentos expuestos en las anteriores etapas procesales (ff.
749 a 754 y 775 a 795). El ministerio público no rindió concepto.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1- Juzga la Sala la legalidad de los actos acusados, atendiendo a los cargos de apelación
formulados por la actora, en calidad de apelante única, contra la sentencia de primer
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grado, que negó las pretensiones de la demanda y no condenó en costas. En esos
términos, corresponde determinar si procedía la adición de ingresos que realizó la
autoridad de impuestos por servicios de asesoría técnica especializada y gestión
comercial, así como por el anticipo de utilidades futuras. En caso afirmativo, se estudiará
si los actos demandados vulneraron el debido proceso al negar las pruebas solicitadas
por la demandante. Si esa cuestión fuere resuelta de manera desfavorable a la
contribuyente, se analizará si el acto previo al que liquidó oficialmente el IVA a cargo de
la demandante se notificó extemporáneamente. Finalmente, se decidirá sobre las multas
impuestas.
2- En primer lugar, plantea la apelante que las rentas que le atribuye su contraparte haber
omitido no se causaron, pues el deudor de las facturas solicitó anularlas. En
contraposición, la Administración sostiene que la remuneración estipulada a favor de la
contribuyente no estaba condicionada a la aceptación de las facturas, a lo que agrega
que, según los estatutos de la compañía que debía asumir el pago, la falta de prestación
del servicio no era una razón válida para negar su reconocimiento, de modo que los
ingresos cuestionados sí se causaron y debieron integrar la base imponible de los
impuestos objeto de revisión. El a quo defiende que los ingresos sí se causaron pues
estaban respaldados en facturas de venta.
2.1- Sobre el particular, destaca la Sala que el artículo 27 del ET, en su versión vigente
para la época de los hechos, preveía que los contribuyentes que llevaran contabilidad por
el sistema de causación debían declarar los ingresos «causados en el año o período
gravable»; al paso que el artículo 28 ibidem señalaba que un ingreso se entendía causado
«cuando nace el derecho a exigir su pago, aunque no se haya hecho efectivo el cobro».
Así pues, los obligados a llevar contabilidad deben declarar los ingresos en el año en el
que nazca el derecho a exigir su pago, al margen de que este tenga lugar o no.
2.2- Aunado a lo anterior, cabe precisar que, de conformidad con el criterio reiterado de
esta corporación1, en virtud del principio general de la carga de la prueba consagrado en
el artículo 167 del CGP, corresponde al sujeto pasivo demostrar los aspectos negativos
de la base imponible (costos, gastos, impuestos descontables, compras), pues es quien
los invoca a su favor. A contrario sensu, en aquellos casos en donde se pretenda alterar
el aspecto positivo de la base gravable (entiéndase adición de ingresos u operaciones
sometidas a tributación), la carga se asigna a la autoridad de impuestos, por ser quien se
constituye como el sujeto que invoca a su favor las respectivas normas tributarias.
2.3- Ahora, la «anulación», «resolución» o «resciliación» de un negocio jurídico lleva,
naturalmente, a deshacer los efectos jurídicos que de él derivan, con consecuencias ex
tunc o ex nunc según el caso, lo que, a su vez, impide que se realice el hecho imponible
del impuesto sobre la renta (v. g. la obtención de ingresos susceptibles de incrementar el
patrimonio). Ahora, como modo de extinción de las obligaciones (artículo 1625 del CC),
el mutuo disenso puede ser expreso o tácito, y parte del aserto de que, así como las
partes gozaron y ejercieron su autonomía para celebrar un contrato, también la tienen
para eliminar el conjunto de disposiciones de intereses configurado precedentemente.
Así, sea consensual o solemne el contrato, su terminación anormal se prueba
demostrando que las partes consintieron en ello, sin que para esos efectos sea suficiente
anular una factura de venta con la correspondiente nota crédito, en la medida en que esa
1 Sentencias del 21 de febrero de 2019 (exp. 21366); del 08 de marzo de 2019 (exp. 21295); del 29 de agosto de 2019
(exp. 21349); del 19 de febrero de 2020 (exp. 23296); del 27 de agosto de 2020 (exp. 21852); del 03 de septiembre de
2020 (exp. 21156); del 26 de noviembre de 2020 (exp. 21329); del 04 de marzo de 2021 (exp. 20813); CP: Julio Roberto
Piza Rodríguez; y del 28 de octubre de 2021 (exp. 24837), CP: Stella Jeannette Carvajal Basto.
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conducta es apenas unilateral y puede deberse a otros factores. Le corresponde
demostrar la extinción de la obligación por mutuo disenso a quien la alega a su favor
(artículos 1757 del CC y 167 del CGP)2; más aún cuando la Administración demuestra la
procedencia de aumentar la base imponible autoliquidada por el sujeto pasivo, de modo
que a este corresponde controvertir probatoriamente los hallazgos de aquella (sentencias
del 31 de mayo y del 29 de agosto del 2018, y del 08 de marzo de 2019, exps. 20813,
21349 y 21295, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez).
2.4- En conclusión, corresponde a la Administración demostrar el supuesto de hecho que
da lugar al aumento de ingresos, en tanto es un factor positivo de la base gravable;
correlativamente, el obligado tributario podrá desvirtuar los hechos que fundamentan la
glosa planteada por la autoridad fiscal a efectos de comprobar la exactitud de su
autoliquidación.
3- Por otra parte, precisa la Sala que el anticipo de utilidades, dada su naturaleza de
anticipo, corresponde a una deuda a cargo del socio o accionista (beneficiario del
anticipo) y a favor de la sociedad que desembolsa el anticipo. Naturalmente, esa
acreencia se saldará en el momento en que los dividendos se abonen al accionista en
calidad de exigibles. Por tanto, tras el desembolso del anticipo de utilidades, la compañía
debe contabilizar una cuenta por cobrar cuyo deudor es el asociado que recibió el
anticipo; al paso que este debe registrar una cuenta por pagar a favor de quien hizo el
desembolso. De esa forma, dada la naturaleza de la operación, el beneficiario del anticipo
solo realiza un ingreso por concepto de dividendos (categoría de renta definida en el
entonces artículo 30 del ET) cuando se satisfaga la regla de causación fiscal prevista de
manera particular para estas rentas en el artículo 27, letra b., del ET (en la versión vigente
para la época de los hechos). En consecuencia, los ingresos por concepto de dividendos
no se causan hasta tanto no se abonen a favor del asociado en calidad de exigibles.
4- Sobre el derecho que tenía la demandante respecto de los ingresos por «gestión
comercial», «gestión técnica» y anticipo de utilidades futuras, echados en falta por la
Administración, el expediente muestra lo siguiente:
(i) El 26 de septiembre de 2012, en calidad de accionista, la demandante constituyó una
sociedad de economía mixta cuya razón social era «Trans Port Tech Sociedad de
Economía Mixta S.A.S.», cuyo objeto social era «la operación y administración de las
Multas y Foto Multas de Tránsito Municipal de la Alcaldía de Calarcá» (ff. 1117 a 1135
caa). Los artículos septuagésimo segundo, septuagésimo tercero y septuagésimo noveno
de los estatutos sociales estipulaban lo siguiente:
Artículo septuagésimo segundo: Asesoría técnica especializada para equipos de alta tecnología y
telecomunicaciones, requeridos para desarrollo del objeto social de la empresa: De manera
irrevocable los accionistas determinan de común acuerdo que durante la vida jurídica de la sociedad,
ésta reconocerá a 101 Corp, por concepto de la Asesoría técnica especializada, un valor en efectivo
equivalente al veinte por ciento (20%) de los recaudos brutos totales mensuales de la sociedad Trans
Port Tech Sociedad de Economía Mixta S.A.S., libres de impuestos pagaderos dentro de los cinco
(5) días siguientes al mes en que se causa este ingreso.
Artículo septuagésimo tercero: Gestión Comercial de la Sociedad: De manera irrevocable los
accionistas determinan de común acuerdo que durante la vida jurídica de la sociedad, ésta
reconocerá a 101 Corp, por concepto de Gestión Comercial para la operación de la empresa, un
valor en efectivo equivalente al cinco por ciento (5%) de los recaudos brutos totales mensuales de
la sociedad Trans Port Tech Sociedad de Economía Mixta S.A.S., libres de impuestos pagaderos
dentro de los cinco (5) días siguientes al mes en que se causa este ingreso.
2 Sentencia del 29 de abril de 2021 (exp. 20745, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez).
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Artículo septuagésimo noveno: Pago anticipado por concepto de utilidades futuras: Mensualmente
la Junta Directiva determinará de acuerdo con el comportamiento de los balances, estado de
resultados y flujo de caja de la sociedad, la entrega de recursos en efectivo a los accionistas,
provenientes de los excedentes de caja acumulados en el mes anterior, recursos que se
contabilizaron en la cuenta Deudores Socios, la cual se cruzará con los Dividendos que la Asamblea
de Accionistas Decrete.
(ii) El 12 de junio de 2013, la junta directiva de la sociedad en referencia determinó que:
«Los gastos de operación equivalen al 31 de mayo de 2013, al 44% de los ingresos de la
Sociedad por la Operación del sistema de comparendos Electrónicos en la ciudad de
Calarcá. Al adicionar el 25% al que tiene derecho el Accionista 101 Corp., en ejercicio de
los Artículos Septuagésimo Segundo y Septuagésimo Tercero, el cual asciende a la suma
de $217.385.729; a los gastos de operación de la Sociedad estos ascienden a la suma
de $591.583.967» (ff. 1136 a 1146 caa).
(iii) Según el Acta nro. 003, del 06 de agosto de 2013, los accionistas de la sociedad
reformaron los artículos septuagésimo segundo y septuagésimo tercero de los estatutos,
así (ff. 557 a 559 caa):
Artículo septuagésimo segundo: Asesoría técnica especializada para equipos de alta tecnología y
telecomunicaciones, requeridos para desarrollo del objeto social de la empresa: De manera
irrevocable los accionistas determinan de común acuerdo que durante la vida jurídica de la sociedad,
ésta reconocerá a 101 Corp, por concepto de la Asesoría técnica especializada, un valor en efectivo
equivalente al cinco por ciento (5%) de los recaudos brutos totales mensuales de la sociedad Trans
Port Tech Sociedad de Economía Mixta S.A.S., libres de impuestos pagaderos dentro de los cinco
(5) días siguientes al mes en que se causa este ingreso.
Artículo septuagésimo tercero: Requisitos para distribuir los ingresos: Los ingresos brutos de la
sociedad se distribuirán trimestralmente y serán pagados de la siguiente manera: (…) 101 Corp.
Gestión Técnica 5% (…) 101 Corp Panamá 34.93%.
(iv) El 30 de diciembre de 2013, la demandante expidió ocho facturas por concepto de
«Gestión comercial para la operación de la empresa Trans Port Tech Sociedad de
Economía Mixta S.A.S, artículo septuagésimo tercero del acto de constitución de la
sociedad Trans Port Tech Sociedad de Economía Mixta S.A.S» por valores de
$2.167.693, $1.899.865, $346.376, $10.683.746, $18.811.201, $11.266.069,
$16.806.174 y $4.697.570 para un total de $66.678.694. El valor facturado es el resultado
de sumar el 5% de los ingresos brutos obtenidos por Trans Port Tech entre el 01 de enero
y el 06 de agosto de 2013 más la retención fuente que esa sociedad debía practicarle a
la actora (ff. 597 a 604 caa).
(v) El 30 de diciembre de 2013, la actora expidió ocho facturas por concepto de «Gestión
Técnica Especializada para la operación de la Empresa Trans Port Tech Sociedad de
economía Mixta S.A.S., Artículo Septuagésimo Segundo del Acto de Constitución de la
Sociedad Trans Port Tech Sociedad de Economía Mixta S.A.S.» por valores de
$8.670.770, $7.599.462, $1.387.875, $42.734.981, $75.244.806, $45.064.276,
$67.224.698 y $18.790.278 para un total de $266.717.146. El valor facturado es el
resultado de sumar el 20% de los ingresos brutos obtenidos por Trans Port Tech entre el
01 de enero y el 06 de agosto de 2013 más el valor de la retención en la fuente que esa
sociedad debía practicarle a la actora (ff. 572 a 579 caa).
(vi) Entre el 30 de diciembre de 2013 y el 03 de enero de 2014, la contribuyente expidió
cinco facturas por concepto de «Gestión Técnica Especializada para la operación de la
Empresa Trans Port Tech Sociedad de economía Mixta S.A.S., Articulo Septuagésimo
Segundo del Acto de Constitución de la Sociedad Trans Port Tech Sociedad de Economía
Mixta S.A.S.» por valores de $32.712.659, $27.920.492, $23.820.418, $16.279.906 y
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$17.030.366 para un total de $117.763.841. El valor facturado es el resultado de sumar
el 5% de los ingresos brutos obtenidos por Trans Port Tech entre el 07 de agosto y el 31
de diciembre de 2013 más el valor de la retención en la fuente que esa sociedad debía
practicarle a la actora (ff. 580 a 584 caa).
(vii) Entre el 30 de diciembre de 2013 y el 03 de enero de 2014, el sujeto pasivo expidió
cinco facturas por concepto de «Participación de los ingresos por la Administración de
Multas y Fotomultas adelantados por Trans Port Tech Sociedad de Economía Mixta
S.A.S, Artículo Septuagésimo Tercero de los estatutos de Trans Port Tech Sociedad de
Economía Mixta S.A.S, Asamblea de Accionistas Acta 003 de 2013» por valores de
$297.860.151, $246.358.104, $214.714.280, $148.234.218 y $155.067.414 para un total
de $1.062.234.167. El valor facturado corresponde al 34,93% de los ingresos brutos
obtenidos por Trans Port Tech entre el 07 de agosto y el 31 de diciembre de 2013 más el
valor de la retención en la fuente esa sociedad debía practicarle a la actora (ff. 585 a 589
caa).
(viii) El 30 de diciembre de 2013, el representante legal de la sociedad deudora de las
facturas solicitó a la demandante anularlas, por cuanto «las mismas no constituyen
derechos ciertos en favor de la sociedad por usted representada, toda vez que los
conceptos en ellas contenidos vale decir estructuración técnica, gestión comercial y
participación de los ingresos brutos de la sociedad Trans Port Tech Sociedad de
Economía Mixta S.A.S., corresponden a reconocimientos económicos que no es posible
efectuar, lo anterior teniendo en cuenta el contenido de la providencia de la Procuraduría
General de la Nación» y que «Por lo anterior respetuosamente les solicito abstenerse de
generar cobro alguno por dichos conceptos, ya que el mismo no será reconocido ni
gestionado por la entidad que represento e igualmente se impartirán instrucciones al
departamento de contabilidad y presupuesto para que realice la correspondiente
devolución física de los documentos antes reseñados teniendo en cuenta los argumentos
del presente escrito» (f. 838 caa).
(ix) Según el Comprobante de Ajuste nro. 00000040, del 31 de diciembre de 2013, la
sociedad de economía mixta reversó los asientos contables con los cuales registró los
gastos por concepto de «gestión 5%» a favor de la demandante, por valor total de
$86.907.834 (f. 594 caa).
(x) La actora anuló las facturas descritas en los puntos iv a vii (ff. 283 a 321). Asimismo,
no registró en el «libro mayor y de balance» del 2013 los ingresos aludidos en dichas
facturas (ff. 93 a 170 caa).
(xi) Mediante comunicación del 10 de enero de 2014, la «Coordinadora de Contabilidad
y Presupuesto» de Trans Port Tech devolvió las facturas en cuestión, toda vez que «los
factores que allí se están causando, aún a la fecha la sociedad no ha determinado dichos
pagos. Es decir, no hay decisión en relación con la comisión para el pago asesoría
técnica, comercial, menos de distribución de dividendos, ya que estos son resorte de la
asamblea general, y de la junta directiva. Por lo tanto, en mi condición de contadora de
la organización, no puedo proceder a causar algo que en la contabilidad no tiene sustento
jurídico. Hasta tanto la Junta Directiva y la asamblea general dentro de su competencia
determinen el particular, procederé desde lo contable» (f. 204).
(xii) El 09 de enero de 2015, mediante respuesta al Requerimiento Ordinario nro. 1-01-
238-456-000050, expedido por la Dian el 24 de noviembre de 2014, el representante legal
de la demandante afirmó que «durante el periodo comprendido entre el 23 de agosto de
2012 y el 5 de diciembre de 2013, el señor Mauricio Alejandro Villa Sierra, actuó como
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Director Presidente de 101 Corp Panamá y a la vez ejerció la representación legal de la
sociedad, quien de manera arbitraria y desconociendo la sucursal de la sociedad 101
Corp en Colombia, recibió los dineros por conceptos de anticipo de utilidades entregados
por Trans Port Tech Sociedad de Economía Mixta SAS» (f. 376 caa). A continuación,
relacionó los pagos efectuados por Trans Port Tech entre el 14 de junio y el 03 de octubre
de 2013 a favor de la persona mencionada por valor total de $409.000.000. Los pagos se
llevaron a cabo mediante cheque o transferencia electrónica (ff. 377 a 378 caa). A raíz
de esos pagos, la actora registró en su balance general del 2013 una cuenta por cobrar
a accionistas, por valor de $409.000.000. Según las notas a los estados financieros, la
cuenta por cobrar correspondía al accionista de la demandante: «Mauricio Alejandro Villa
Sierra» (f. 87 caa).
(xiii) El 30 de octubre del 2015, el revisor fiscal de Trans Port Tech manifestó a la
demandante que «desde el punto de vista administrativo, ni mucho contable, nunca dio
aplicación y mucho menos realizó pago alguno a ninguno de los accionistas de la
sociedad por lo estipulado en la reforma estatutaria en las actas de asamblea de
accionistas No. 001 y 003 de 2013, las cuales establecían entre otras, la distribución
directa a los accionistas de la sociedad de los ingresos brutos de la misma, esto dando
aplicación al pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación», que «Por este
mismo motivo la sociedad Trans Port Tech Sociedad de Economía Mixta S.A.S. en
liquidación nunca dio aplicación y mucho menos realizó pago alguno por lo dispuesto en
los artículos septuagésimo segundo y septuagésimo tercero de los estatutos de la
sociedad, los cuales establecían pagos directos sobre los ingresos brutos de la sociedad
Trans Port Tech Sociedad de Economía Mixta en liquidación a favor de la sociedad 101
Corp por concepto de gestión técnica y gestión comercial» y que «Debido a lo anterior,
de igual manera certifico que durante el año gravable 2013, la sociedad Trans Port Tech
Sociedad de Economía Mixta S.A.S. en liquidación, no reconoció costo o gasto alguno
por conceptos de gestión técnica, ni gestión comercial a favor de la sociedad 101 Corp»
(ff. 536 y 537 caa).
(xiv) El 30 de junio de 2016, el gerente liquidador de la deudora afirmó que «no se incluyó
ningún pasivo en favor de la sociedad 101 Corp Sucursal Colombia por los conceptos de
gestión técnica, gestión comercial y distribución de dividendos, lo anterior teniendo en
cuenta el origen y destinación específica de los recursos administrados por la sociedad»
y que «no se vislumbró evidencia alguna de la aplicación práctica de la reforma estatutaria
establecida mediante acta No. 003 de 2013 de la asamblea extraordinaria de accionistas,
por lo cual la misma no fue tenida en cuenta para la adopción de decisiones dentro del
proceso de liquidación» (f. 839 caa).
(xv) Con base en las operaciones aludidas, la demandada adicionó ingresos en cuantía
de $1.567.916.000 a las autoliquidaciones presentadas por la demandante por concepto
de impuesto sobre la renta del 2013 y CREE del mismo periodo. Discriminó los ingresos
añadidos así: $74.920.547 por «gestión comercial»; $430.761.360 por «gestión técnica»;
y $1.062.234.167 por «participación en los ingresos» (ff. 851 a 869 y 1301 a 1317 caa).
(xvi) Por los mismos motivos, incrementó los ingresos registrados por la apelante en su
declaración anual del IVA correspondiente al 2013 en $505.681.907. Así: $430.761.360
por «gestión técnica» y $74.920.547 por «gestión comercial» (ff. 1661 a 1676 caa).
(xvii) El 08 de octubre de 2015, Trans Port Tech Sociedad de Economía Mixta y la
demandante celebraron un contrato de transacción que tenía por objeto «liquidar,
resolver y dar por terminadas todas las diferencias pasadas y presentes originadas y
derivadas de los contratos y/o acuerdos que están al origen de su relación comercial».
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En esa convención, la sociedad de economía mixta pactó que «[r]enuncia y desiste de
manera irrevocable a iniciar procesos de reestructuración de pasivos o de liquidación ante
la Superintendencia de Sociedades, en el entendido de que su liquidación se surtirá de
manera directa, dando atención a todos los acreedores, sin más afectación para quien
suscribe como acreedor este acuerdo, que la derivada de la disminución del monto de su
deuda que aquí se consigna». Por su parte, la demandante acordó que «[r]enuncia y
desiste de manera irrevocable a iniciar contra Trans Port Tech Sociedad de Economía
Mixta S.A.S. en liquidación procesos ejecutivos y/o acciones judiciales de cobro de las
facturas objeto de esta transacción, las cuales declara canceladas por el hecho de la
firma de este acuerdo, otorgando por este medio paz y salvo en favor de Trans Port Tech
Sociedad de Economía Mixta S.A.S. en liquidación de las obligaciones en él contenidas.
Así como al cobro por cualquier vía de la denominada gestión técnica o estructuración
técnica y gestión comercial contenidas en los artículos septuagésimo segundo y
septuagésimo terceros del contrato social así como de sus modificatorios o aclaratorios»
(ff. 400 a 405).
5- A partir de ese recuento fáctico, observa la Sala que el 26 de septiembre del 2012, la
demandante constituyó una sociedad de economía mixta. Inicialmente, en los estatutos
se estipuló que la actora tendría derecho a percibir ingresos mensuales por «asesoría
técnica», equivalentes al 20% «de los recaudos brutos totales mensuales» (artículo 72
de los estatutos sociales); por «gestión comercial», equivalentes al 5% del mismo
«recaudo» (artículo 73 de los estatutos sociales); y por «pago anticipado por concepto de
utilidades futuras», en la proporción que determinara la «Junta Directiva» (artículo 79 de
los estatutos sociales). El 06 de agosto de 2013, la asamblea general de accionistas
reformó los estatutos de la sociedad en mención. Como consecuencia de esa reforma, la
contribuyente tendría derecho a obtener ingresos por «asesoría técnica», equivalentes al
5% «de los recaudos brutos totales mensuales» (artículo 72 de los estatutos sociales); al
paso que los ingresos brutos de la sociedad «se distribuirán trimestralmente» y la
demandante tendría derecho al 5% por «gestión técnica» y a un 34,93% adicional —sin
que se especifique el concepto— (artículo 73 de los estatutos sociales). Por su parte, el
artículo 79 de los estatutos permaneció sin modificaciones. Con fundamento en esas
estipulaciones sociales, en el año revisado la apelante expidió 26 facturas a cargo de la
sociedad de economía mixta. Ocho de ellas por concepto de «gestión comercial», por
valor del 5% de los ingresos obtenidos por dicha sociedad entre el 01 de enero y el 06 de
agosto de 2013 más el monto de las retenciones en la fuente que la sociedad de
economía mixta debía practicar a la demandante, es decir, que corresponden a los
ingresos referidos en el artículo 73 de los estatutos sociales antes de la reforma
introducida, precisamente, el 06 de agosto de 2013. Asimismo, expidió 13 facturas por
«gestión técnica», ocho de ellas corresponden al 20% de los ingresos obtenidos por
Trans Port Tech entre el 01 de enero y el 06 de agosto de 2013; y las cinco restantes al
5% de los ingresos obtenidos por la compañía en mención entre el 06 de agosto y el 31
de diciembre del año revisado; de modo que corresponden a lo pactado en el artículo 72
de los estatutos sociales, antes —las primeras ocho facturas— y después —las restantes
cinco facturas— de la reforma estatutaria llevada a cabo el 06 de agosto de 2013.
Finalmente, expidió cinco facturas por concepto de «Participación de los ingresos por la
Administración de Multas y Fotomultas» cuyo valor corresponde al 34,93% de los
ingresos recibidos por la sociedad de economía mixta entre agosto y diciembre del año
revisado, esto es, a lo estipulado en el artículo 73 de los estatutos sociales, después de
la reforma en cita.
A pesar de que la actora anuló todas las facturas descritas, con fundamento en ellas, la
demandada adicionó ingresos por $1.567.916.000 en el impuesto sobre la renta a cargo
de la demandante por el 2013 y la misma cifra en el CREE del mismo periodo gravable.
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Por los mismos motivos, la Administración adicionó $505.682.000 al revisar la
autoliquidación anual del IVA presentada por el sujeto pasivo por el año 2013, excluyendo
de la glosa planteada los ingresos por concepto de «Participación de los ingresos por la
Administración de Multas y Fotomultas».
5.1- Así, el debate se concentra en establecer si procede la adición de ingresos planteada
por la Administración, que encuentra sustento probatorio exclusivamente en facturas
anuladas que fueron emitidas por la demandante.
5.2- Destaca la Sala que, contrario a lo afirmado por la autoridad tributaria, los ingresos
por «gestión comercial» y «gestión técnica» no encuentran su fuente en los estatutos de
la sociedad de economía mixta de la que la actora era accionista, sino en la prestación
de un servicio. En efecto, la demandante debía brindar a la compañía en comento
«Asesoría técnica especializada para equipos de alta tecnología y telecomunicaciones»,
así como «Gestión Comercial para la operación de la empresa»; y como contraprestación
recibiría un porcentaje «de los recaudos brutos totales mensuales» de la sociedad de
economía mixta. Consecuentemente, el negocio que daría lugar a los ingresos sería la
prestación de servicios a favor de Trans Port Tech. Pues bien, al margen de la licitud de
la operación, las partes de dicho negocio (la actora y Trans Port Tech) podían darlo por
terminado de común acuerdo, con lo cual desharían sus efectos jurídicos. Sucede que
en el expediente está demostrado que tanto la demandante como la sociedad de
economía mixta manifestaron la decisión conjunta de no ejecutar la prestación de
servicios acordada, de modo que la actora no adquirió el derecho a exigir el pago pactado
y, por ende, no se causaron los ingresos aludidos por la Administración. Efectivamente,
las comunicaciones del representante legal y del revisor fiscal de Trans Port Tech dan
cuenta de que dicha compañía negó haber recibido los servicios acordados, se negó a
pagar las facturas expedidas por la actora y manifestó a su contraparte contractual que
el negocio no se ejecutaría; lo cual se vio reflejado en la contabilidad de esa sociedad,
pues reversó los asientos contables con los que registró el gasto por concepto de los
servicios descritos y, a su vez, ocasionó que la apelante anulara las facturas que había
expedido por ese concepto. Adicionalmente, la actora no contabilizó los ingresos echados
en falta por la Dian. En ese sentido, la contabilidad de ambas partes evidencia que el
negocio no se llevó a cabo, puesto que Trans Port Tech no registró el gasto ni la
demandante contabilizó el ingreso. De hecho, el 08 de octubre del 2015, ambas partes
celebraron un contrato de transacción para evitar litigios futuros derivados de su relación
comercial, en el cual aceptaron que las facturas en cuestión no contenían derechos
ciertos para ninguna de las partes. Con todo, advierte la Sala que la autoridad de
impuestos no ejerció actividad probatoria tendente a constatar que los servicios se hayan
prestado ni que la demandante haya recibido pagos por ese concepto, pues la glosa se
sustenta fácticamente en unas facturas emitidas por la demandante y que, a la postre,
fueron anuladas por los motivos reseñados. En definitiva, quedó probado en el plenario
que, por mutuo acuerdo, las partes terminaron el negocio que daría lugar a los ingresos
adicionados por la demandada.
En consecuencia, las pruebas obrantes en el expediente no acreditan la adición de
ingresos que pretendió la Administración tributaria, por conceptos de la «gestión
comercial» y la «gestión técnica», y, de manera concurrente, el ejercicio probatorio de la
demandante desvirtuó esa glosa. Prospera el cargo de apelación al respecto.
5.3- En relación con el pago anticipado de utilidades futuras, cabe reiterar que, de
conformidad con las razones expuestas en el fundamento jurídico nro. 3 de este proveído,
el anticipo de utilidades corresponde a un pasivo a cargo del asociado que recibe el
anticipo, el cual se cancela cuando se lleve a cabo el decreto de dividendos. Entonces,
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no hay lugar a adicionar ingresos por ese concepto, pues, al margen de que se haya
facturado y pagado el anticipo, esta operación constituye un pasivo y el ingreso solo se
causa cuando la sociedad abone en cuenta los dividendos en calidad de exigibles
(artículo 27.b del ET, vigente para la época de los hechos), circunstancia que no quedó
demostrada en el expediente. Es más, la Administración alegó que Trans Port Tech
(quien pagó el anticipo) contabilizó un pasivo, mientras que la demandante registró en su
contabilidad una cuenta por pagar a favor de la referida compañía de economía mixta.
Consecuentemente, la suma adicionada por la autoridad fiscal no corresponde a la
definición de dividendos prevista en el artículo 30 del ET. Por consiguiente, al margen del
juicio sobre la legalidad de la operación, tampoco es procedente la adición de ingresos
por anticipo de utilidades. Prospera el cargo de apelación.
6- En definitiva, por las razones expuestas, la adición planteada por la Administración en
los actos enjuiciados es improcedente. Entonces, hay lugar a rechazar las glosas
formuladas por la demandada respecto de los tres impuestos debatidos, pues tenían
fundamento en los mismos hechos que han quedado desvirtuados.
7- Afirmada la improcedencia de la adición de ingresos efectuada por la autoridad fiscal,
devino en atípica la conducta desplegada por la demandante, por lo cual no hay lugar al
reproche punitivo del artículo 647 del ET. En consecuencia, se anulan las sanciones por
inexactitud impuestas.
8- Por último, sería del caso analizar la procedencia de la sanción por irregularidades en
la contabilidad impuesta en el acto que liquidó oficialmente el impuesto sobre la renta a
cargo de la actora por el año 2013. No obstante, al resolver el recurso de reconsideración
presentado en contra de la antedicha liquidación oficial, la Administración omitió referirse
a tal multa y no la incluyó al calcular las sanciones procedentes, de modo que no hay
lugar a pronunciarse sobre el particular.
9- En suma, la Sala revocará la sentencia de primer grado a fin de declarar la nulidad
total de los actos enjuiciados.
10- Por no estar probadas en el expediente, la Sala se abstendrá de condenar en costas
en esta instancia, conforme con lo establecido en el artículo 365.8 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Modificar el ordinal 1.º de la sentencia apelada. En su lugar,
Primero. Declarar la nulidad de los actos demandados.
Segundo. A título de restablecimiento del derecho, declarar la firmeza de las declaraciones
presentadas por la demandante los días 16 de enero de 2014, 14 de abril de 2014 y 14 de enero del
2015, respecto del IVA, CREE e impuesto sobre la renta, respectivamente, correspondientes al 2013.
2. Sin condena en costas en segunda instancia.
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Cópiese, notifíquese, comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO MILTON CHAVES GARCÍA
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