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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2018-00250-01

Fecha
10 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2018-00250-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, los ordinales tercero y sexto de la sentencia proferida el 23 de agosto de 2022 por la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Huila y, en su lugar, disponer lo siguiente: […] TERCERO.- Ordenar al Municipio de Neiva que apoye técnica y financieramente a la Junta Administradora del servicio de acueducto y alcantarillado del Caguán, en el marco del “programa de fortalecimiento para 47 ARTÍCULO 144. De los medidores individuales. Los contratos uniformes pueden exigir que los suscriptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumentos necesarios para medir sus consumos. En tal caso, los suscriptores o usuarios podrán adquirir los bienes y servicios respectivos a quien a bien tengan; y la empresa deberá aceptarlos siempre que reúnan las características técnicas a las que se refiere el inciso siguiente.(…) 23 Radicación: 41-001-2333-000-2018-00250-01 Demandante: Juan Carlos Ramón Rueda las personas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo que atiendan zonas rurales de su jurisdicción, o del “plan de gestión”, a efectos de fortalecer la micromedición y mejorar el uso eficiente del recurso hídrico. Para tal efecto, ambas entidades deberán efectuar un diagnóstico actual de la problemática y priorizar las medidas que identifiquen conjuntamente como pertinentes, así como ejecutar las respectivas acciones, en el lapso de un año contado a partir de la ejecutoria de esta providencia. […] SEXTO. ORDENAR la conformación del COMITÉ DE VERIFICACIÓN que estará presidido por el magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Huila e integrado por el actor popular, un representante del municipio de Neiva, un representante de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, un representante de la Junta Administradora de Acueducto y Alcantarillado del Caguán y un representante del Ministerio Público. […] SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primera instancia. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia. CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 41001-23-33-000-2018-00250-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

10 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: Medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos
Radicación: 41-001-2333-000-2018-00250-01
Demandante: Juan Carlos Ramón Rueda
Demandados: Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena y
municipio de Neiva
Vinculados: Junta Administradora del servicio de acueducto y alcantarillado
del Caguán
Tema: Reiteración jurisprudencial sobre las competencias de los
municipios como garantes de la prestación del servicio público
domiciliario de acueducto en la zona rural

Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderada
judicial del municipio de Neiva, en contra de la sentencia de 23 de agosto de 20221,
proferida por la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Huila2.

I. Antecedentes

I.1. La demanda

1. El ciudadano Juan Carlos Ramón Rueda3 demandó al municipio de Neiva y a la
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, en ejercicio de la acción
popular establecida en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por
las leyes 472 de 19984 y 1437 de 20115, con miras a obtener la protección de los
derechos colectivos previstos en los literales a), c), f) y g) del artículo 4° de la Ley
472 de 1998.

2. En su libelo petitorio, formuló las siguientes pretensiones:

1 Índice 2 expediente digital
2 Sala de Decisión integrada por los Magistrados Ramiro Aponte Pino (ponente), Jorge Alirio Cortes

Sotto y Enrique Dussan Cabrera.
3 Actuando en calidad de Consejal
4 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el

ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
5 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

Administrativo”.

2

Radicación: 41-001-2333-000-2018-00250-01
Demandante: Juan Carlos Ramón Rueda

[…] 1. Ordénese a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena –
CAM, amparar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto Nacional 1541
de 1978 con fundamento al orden de prioridad para otorgar concesiones de
aguas prevaleciendo el uso o utilización del recurso hídrico para el consumo
humano, colectivo o comunitario, sea urbano o rural, como lo establece la
norma, con respecto a las concesiones otorgadas aguas arriba de la boca toma
del acueducto actual del centro poblado de El Caguán, en jurisdicción del
municipio de Neiva.

2. Ordénese al municipio de Neiva y a la Corporación Autónoma Regional del
Alto Magdalena – CAM, ejercer acciones de vigilancia y control, según lo
determinado por la Ley 99 de 1993, a lo largo del cauce de las fuentes hídricas
Neme y Salado para velar por la correcta aplicación e implementación de las
concesiones otorgadas en cuanto al cumplimiento estricto de los caudales
otorgados por la autoridad ambiental, especialmente, en los puntos de
captación y medición para evitar el abuso y uso desmedido de la fuente hídrica.
Ante lo cual, estas entidades, deberán rendir informe de las acciones realizadas
en cumplimiento de lo anteriormente expuesto a los entes de control
(Personería, Procuraduría Ambiental y Agraria, Contraloría Municipal, Fiscalía
General de la Nación, Concejo municipal de Neiva).

3. Ordénese al municipio de Neiva, asumir su competencia con respecto a la
prestación de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, con calidad
y ajustándose a las normas sanitarias vigentes en el territorio colombiano, del
centro poblado de El Caguán, garantizando los elementos técnicos, operativos
y financieros para la prestación de los servicios enunciados de manera
eficiente. […]6

3. Como fundamento de la acción popular, el demandante explicó que las quebradas
El Neme y El salado surten de agua al corregimiento del Caguán del municipio de
Neiva. Sin embargo, advirtió que el desarrollo de actividades mineras, ganadería de
búfalos, actividad piscícola e irrigación de cultivos estaría afectando la calidad y
continuidad de ese recurso hídrico.

4. En tal contexto, informó que el Consejo de Neiva solicitó a la administración
municipal, en las sesiones de noviembre de 2016, enero, marzo, julio, agosto y
octubre de 2017, que adelante acciones de control y protección de las quebradas
El Neme y El salado, debido a que los sujetos que cuentan con una concesión de
aguas estarían incumpliendo los límites de consumo impuestos en cada permiso.

5. Adujo que el 12 de julio de 2017 el actor popular presentó una petición a la
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena para que iniciara los procesos
sancionatorios que estimara pertinentes, «con el fin de hacer cumplir los actos
administrativos que conceden los respectivos permisos de uso de las aguas del rio
El Neme y El Salado».

6. Por último, puso de presente que 6500 habitantes del corregimiento del Caguán
«se han visto perjudicados por la desmejora del afluente hídrico (…) toda vez que
la bocatoma que surte agua al corregimiento no cuenta con las calidades técnicas,
administrativas, financieras para ejercer esta actividad y además no le llega la

6 Cuaderno 1 del expediente judicial folios 8 y 9.

3

Radicación: 41-001-2333-000-2018-00250-01
Demandante: Juan Carlos Ramón Rueda

cantidad precisa (…). Así mismo, las pocas aguas que llegan a la bocatoma del
acueducto, presentan altos grados contaminación, ya sea por los residuos que
generan los lagos que han sido dedicados a proyectos piscícolas y la continua
utilización estas aguas para el alimento de búfalos». Por ello, mencionó que es
necesario instalar medidores de agua para cada una de las concesiones otorgadas.

I.2. Actuación procesal relevante en primera instancia

7. El Juzgado Noveno Oral Administrativo de Neiva, mediante auto de 1 de marzo
de 20187, admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente
a las autoridades accionadas para que contestaran, propusieran excepciones y
aportaran y/o solicitaran la práctica de pruebas. Igualmente, notificó al agente del
Ministerio Público, al Defensor del Pueblo y a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado. Asimismo, dispuso comunicar el proceso a los miembros de la
comunidad.

8. A través de auto de 25 de mayo de 20188, el Juzgado Noveno Oral Administrativo
de Neiva declaró la falta de competencia y remitió el expediente al Tribunal
Administrativo del Huila.

9. Mediante auto de 23 de julio de 20189, la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Huila avocó el conocimiento del proceso.

10. Posteriormente, el a quo denegó la solicitud cautelar mediante auto de 5 de
octubre de 201810. Y, a través de auto de 28 de febrero de 201911, vinculó a la Junta
Administradora del Servicio de Acueducto y Alcantarillado del Caguán.

11. Más adelante, a través de auto de 9 de agosto de 201912, el magistrado a cargo
de la sustanciación del proceso declaró fallida la audiencia especial de que trata el
artículo 27 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998, debido a la falta de ánimo
conciliatorio de los sujetos procesales.

I.3. Contestaciones de la demanda

I.3.1. El apoderado judicial del municipio de Neiva, mediante escrito de 20 de abril
de 2018, se opuso a las pretensiones de la demanda, tras asegurar que esa entidad
territorial no vulneró los derechos colectivos objeto del litigio13.

12. Afirmó que el municipio de Neiva «no ejerce el control y vigilancia sobre las
concesiones que otorga la (…) autoridad ambiental, como tampoco verifica el

7 Ibidem, folios 26 y ss.
8 Ibidem, folios 172 y ss.
9 Ibidem, folios 180 y ss.
10 Cuaderno de la medida cautelar folios 39 y ss.
11 Ibidem, folios 187 y ss.
12 Cuaderno 2 del expediente judicial folios 218 y ss.
13 Ibidem, folios 34 y ss.

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Radicación: 41-001-2333-000-2018-00250-01
Demandante: Juan Carlos Ramón Rueda

cumplimiento de los términos y condiciones en que fueron concedidas». Además, la
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM) detenta la competencia
sancionatoria en materia ambiental en el área rural del municipio de Neiva, conforme
a lo previsto en el artículo 1° de la Ley 1333 de 2009.

13. Adujo que el demandante no demostró que sea deficiente la calidad del agua
para el consumo humano, o que haya disminuido el caudal de las cuencas utilizadas
para satisfacer las necesidades de los residentes del corregimiento del Caguán.

14. Solicitó vincular al proceso a la Junta Administradora del Servicio de Acueducto
y Alcantarillado del Caguán por cuanto presta el servicio objeto del litigio y, en
consecuencia, «debe realizar todas las gestiones que sean del caso para solucionar
los inconvenientes que impidan la buena prestación del servicio, esto es, acudir ante
la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM, a efectos de que
solucione la problemática y se dé prioridad a la concesión para consumo humano,
frente a las demás otorgadas para otros fines, como el agrícola, piscícola y demás».

15. Indicó que ese prestador cuenta con un estudio tarifario y percibe los subsidios
que le gira el municipio de Neiva por la prestación del servicio de acueducto a los
usuarios de los estratos 1 y 2. Además, el ente territorial solicitó a la
Superintendencia de los Servicios Públicos Domiciliarios, mediante oficio No. 049
de 22 de enero de 2018, la inclusión de ese acueducto veredal como beneficiario
de un Plan de Mejoramiento y de Gestión.

16. En tal sentido, propuso las excepciones de: (i) falta de legitimación en la causa
por activa; (ii) inexistente vulneración de un derecho colectivo; y (iii) genérica.

I.3.2. El apoderado judicial de la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena, mediante escrito de 20 de abril de 201814, alegó que no vulneró los
derechos colectivos cuestionados.

17. Aclaró que esa autoridad ambiental, a través de la Resolución CAM No. 1164 de
24 de mayo de 2011, ordenó la revisión y actualización de la reglamentación del Río
Arenoso que incluye las Quebradas Neme y Salado. En consecuencia, relató el
procedimiento administrativo que culminó con la expedición de la Resolución 2619
de agosto 30 de 2016 "por la cual se reglamenta el uso y aprovechamiento de las
aguas de las corrientes Arenoso y sus principales afluentes, que incluye las
quebradas el Limon, Neme, Salado, Jagual, El Chorro, El Humeque, La Medina, El
Oso, La Ulloa, Virolindo, La Honda, El Guadual y los nacimientos zanja Verde, La
Chuquía y El Barato, que discurren por los municipios de Neiva y Rivera, en el
Departamento del Huila".

18. Explicó que la nueva reglamentación del rio Arenoso disminuyó
considerablemente el caudal asignado a las partes, dadas las condiciones actuales

14 Ibidem, folios 81 y ss.

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Radicación: 41-001-2333-000-2018-00250-01
Demandante: Juan Carlos Ramón Rueda

de disponibilidad del recurso y los datos oficiales de la población del corregimiento
del Caguán.

19. Puso de presente que «la CAM actualmente tramita un proceso sancionatorio en
contra de los señores JOSÉ GILBERTO COMETA HERNANDEZ, MARÍA
CONSTANZA COMETA HERNANDEZ, BLANCA INES COMETA HERNANDEZ y
GLADIS ESTELA COMETA HERNANDEZ, en su condición de infractores de las
normas ambientales por las contravenciones llevadas a cabo en la zona de
influencia de las quebradas Neme-Salado, (…) encontrándose hasta la presente
fecha en etapa de descargos, precisando que la formulación del pliego de cargos
fue realizada mediante auto No. 049 del 16 de febrero de 2017, por incumplimiento
a la Resolución No. 1235 del 11 de diciembre de 1984 por captación sobre la
derivación D.1.1, de mayor caudal del concesionado, y por no contar con obras de
captación, control y distribución que garantice la derivación exclusiva del caudal
concesionado».

20. Indicó que el corregimiento del Caguán no presenta escases de agua, según la
información recaudada en el expediente sancionatorio DTN-1-203-2014. Sin
embargo, «es necesario realizar un diagnóstico detallado del sistema y realizar los
diseños y adecuaciones requerida para mejorar su eficiencia, donde deber ser
incluida la instalación y puesta en marcha del total de micromedidores, (…) pues si
no se cobra a los suscriptores lo efectivamente usado, se gasta sin control y no
podrá optimizarse el sistema».

21. En ese orden, concluyó que: «la CAM ha venido dando cumplimiento a su
función fundamental de administrar los recursos naturales en la jurisdicción del
departamento del Huila y para el caso en concreto ha expedido los actos
administrativos correspondientes conforme a la normatividad ambiental vigente para
cada caso en particular, realizando los controles y seguimientos a dichos
instrumentos ambientales, y finalmente ha iniciado los procesos sancionatorios
cuando se han infringido las normas de protección ambiental en la zona de
influencia del rio arenoso y sus afluentes, donde se incluyen las quebradas Neme-
Salado, tal como se demuestra con el expediente CAM DTN-1- 203-2014».

I.3.3. La representante legal de la Junta Administradora del Servicio de
Acueducto y Alcantarillado del Caguán solicitó, en el escrito de 18 de marzo de

6

Radicación: 41-001-2333-000-2018-00250-01
Demandante: Juan Carlos Ramón Rueda

201915, el amparo de los derechos colectivos y la vinculación al presente medio de
control en calidad de coadyuvante.

22. Adujo que las quebradas “El Neme” y “El Salado” llegan a «una gran represa que
ocupa el cauce de estas aguas, para el abastecimiento y mantenimiento de crianza
de búfalos». Por ello, «las pocas aguas que llegan a la bocatoma del acueducto
están contaminadas por los desperdicios originados por la crianza de búfalos».
Además, «dentro del cauce del recurso hídrico, se puede observar que se han
llevado a gran escala tala de árboles, afectado por consiguiente la vida y disfrute de
las quebradas».

23. Explicó que, «si bien la Junta Administradora del servicio de Acueducto ha
ejercido la competencia de una manera cuidadosa del recurso hídrico (…), no ha
sido suficiente, por cuanto el ente territorial, municipio de Neiva, no ofrece en gran
medida apoyo presupuestal o técnico a la junta administradora». Por ello, elevó las
siguientes solicitudes:

[…] Que la alcaldía de Neiva. preste de manera eficiente, ayuda técnica,
financiera a la JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO
Y ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DEL CAGUÁN MUNICIPIO DE
NEIVA, Se ejerzan acciones de control y vigilancia a los cauces de las
quebradas EL Neme y EL Salado.
Se contribuya por parte de las entidades CAM y ALCALDIA DE NEIVA,
acciones de reforestación en toda la cuenca de las quebradas El Neme y EL
Salado.
Se declare como fuentes protegidas las quebradas El Neme y EL Salado, en
donde se ejecuten las acciones en pro de crear todo un plan de ordenamiento
de estas cuencas. […]

II. LA SENTENCIA APELADA

24. La Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo del Huila, en la
sentencia de 23 de agosto de 2022, amparó «el derecho colectivo de la población
habitante del corregimiento del centro poblado del Caguán (jurisdicción del
municipio de Neiva) al manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales
para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o
sustitución».

25. Para arribar a esa determinación, el Tribunal explicó que el objeto del litigio
consistía en determinar si «las fuentes hídricas El Neme y El Salado son objeto de
la contaminación que les endilga el actor popular y si la disminución del caudal (por
la falta de control de las concesiones) afecta la prestación del servicio de acueducto
en el corregimiento El Caguán».

26. Posteriormente, al descender en el caso concreto, negó la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva propuesta por el municipio de Neiva, debido a

15 Ibidem, folios 198 y ss.

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Radicación: 41-001-2333-000-2018-00250-01
Demandante: Juan Carlos Ramón Rueda

que el ente territorial «tiene la responsabilidad de satisfacer y garantizar la
prestación del servicio esencial de acueducto y alcantarillado en el centro poblado
(…), independientemente de que se haya conformado una junta administradora»,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 311 de la Carta Política, en el artículo
65 (numeral 6°) de la Ley 99 de 1993, en el artículo 5º de la ley 142 de 1994 y en el
artículo 2º de la Ley 1333 de 2009.

27. Actoseguido, recapituló el material probatorio y destacó que la autoridad
ambiental inició un procedimiento sancionatorio porque «la derivación que va por
tubo hacia la bocatoma del acueducto del corregimiento de Caguán (H) se
encontraba sellada (…) (con el propósito de direccionar las aguas al) predio
Monteleón».

28. También puso de presente que la CAM en el informe técnico de 8 de agosto de
2017 afirmó que «para resolver los problemas del acueducto del Caguán es
necesario entonces realizar un diagnóstico detallado del sistema y realizar los
diseños y adecuaciones requeridas para mejorar su eficiencia, donde debe ser
incluida la instalación y puesta en marcha del total de micromedidores».

29. Explicó que, de conformidad con el testimonio de la presidente de la Junta
Administradora de Acueducto y Alcantarillado del corregimiento de El Caguán, «el
caudal concesionado es insuficiente para abastecer la comunidad, teniendo en
cuenta el aumento de la población y por la obstrucción de agua que realiza el
propietario de la finca Monteleón».

30. A partir de lo anterior, se refirió a los posibles impactos ambientales causados
por la concesión de agua otorgada al señor José Gilberto Cometa Hernández, en
los siguientes términos:

[…] Los informes rendidos por la CAM (en especial los del 5 de julio de 2018 y
el 8 de agosto de 2019) permiten colegir que: i) el uso del caudal de la quebrada
El Neme fue concesionado al señor José Gilberto Cometa Hernández a través
de la resolución 2619 del 30 de agosto de 2016; ii) aunque en el año 2014 se
inició un proceso sancionatorio contra los propietarios del predio Monteleón
(familia Cometa) al impedir el paso natural del caudal con piedras (sellamiento)
en la derivación que va hacia la bocatoma del acueducto14; en los últimos
informes rendidos por esa autoridad ambiental se observa que “no hay
evidencias de afectaciones ambientales ni riesgo de afectación potencial”. Por
lo tanto, se recomendó “el archivo de la denuncia ya que no se evidenció
afectación ambiental alguna”. iii) con los medios de convicción obrantes en el
expediente (…) no se acreditó que la captación del recurso hídrico supere el
volumen otorgado en la concesión; y iv) tampoco se observan conductas que
puedan constituir infracciones medio ambientales por parte de los propietarios
de la finca Monteleón. […]

31. En cuanto a la concesión de aguas conferida a la Junta Administradora de
Acueducto y Alcantarillado del Corregimiento del Caguán, el Tribunal advirtió que
cuenta con caudal suficiente, pero que el prestador «está incumpliendo la
normatividad ambiental (…), no ha presentado el programa para el uso eficiente y

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Radicación: 41-001-2333-000-2018-00250-01
Demandante: Juan Carlos Ramón Rueda

ahorro de agua (PUEEA) a la Corporación Autónoma del Alto Magdalena para su
posterior aprobación» y «está captando más de lo asignado según el cuadro de
caudales, lo que nos indica que la Quebrada el Neme está generando muy buena
oferta para suplir la demanda de los usuarios».

32. Afirmó que la autoridad ambiental, al momento de otorgar esos permisos, respetó
el orden de prioridades previsto para el uso de las aguas y, además, ejerció sus
funciones de vigilancia y control del recurso hídrico. Sin embargo, reconoció que la
prestación del servicio de acueducto en El Caguán presentaba dos falencias, a
saber:

[…] i).- Para optimizar el uso del recurso hídrico se requiere la instalación y
reparación de todos los micromedidores de los usuarios. (…)

ii).- La Junta Administradora no ha presentado los diseños y los planos de las
obras de control de caudales (artículo 3º resolución 2619 de 2016); ni el
programa para el uso eficiente y ahorro de agua (PUEAA); los cuales, deben
ser estudiados y aprobados por la CAM. […]

33. Por ello, impartió las siguientes órdenes de amparo:

[…] TERCERO.- Ordenar al Municipio de Neiva y a la Junta Administradora de
Acueducto y Alcantarillado del Caguán, que realicen la instalación y reparación
(cuando a ello hubiera lugar) de los micro medidores de los suscriptores del
servicio de acueducto de El Caguán; lo cual, se debe cumplir antes de que
expire la anualidad 2023.

CUARTO.- Ordenar a la Junta Administradora de Acueducto y Alcantarillado
del Caguán, que antes de que expire la anualidad 2022, presente para su
aprobación en la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-
el programa para el uso eficiente y ahorro de agua (PUEAA); y los diseños y
planos de las obras de control de caudales (artículo 3º resolución 2619 de
2016).

QUINTO.- Exhortar a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -
CAM, que le preste asesoría y acompañamiento constante a la Junta
Administradora de Acueducto y Alcantarillado de El Caguán; en lo relacionado
con la debida prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, y la óptima
operación del sistema.

SEXTO.- Ordenar la conformación del comité de verificación, del cual hará
parte un representante del municipio de Neiva, un representante de la
Corporación Autónoma Regional del Acto Magdalena -CAM- un representante
de la Junta Administradora de Acueducto y Alcantarillado del Caguán, y un
representante de la personería municipal de Neiva; quienes rendirán un informe
bimensual unificado sobre el avance de lo aquí ordenado.

SÉPTIMO.- Denegar las demás súplicas de la demanda. […]

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Radicación: 41-001-2333-000-2018-00250-01
Demandante: Juan Carlos Ramón Rueda

III. Fundamentos del recurso de apelación

34. El apoderado judicial del Municipio de Neiva, en el recurso de apelación de 8 de
julio de 202216, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia tras
considerar que no se demostró la transgresión del derecho colectivo amparado, ni
se acreditó la deficiente calidad del agua o la disminución del caudal necesario para
satisfacer las necesidades de consumo.

35. Explicó que la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena y la Junta
Administradora de Acueducto y Alcantarillado del Caguán eran las entidades
responsables de cumplir con las órdenes de amparo, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 31 (numerales 9° y 12°) de la Ley 99 de 1993, en los artículos
1° y 40 de la Ley 1333 de 2009 y en el artículo 15 (numeral 4°) de la Ley 142 de
1994.

36. A su juicio, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena es quien debe
hacer seguimiento a las concesiones otorgadas, así como sancionar a los
infractores de las normas ambientales. Además, explicó que la Junta Administradora
de Acueducto y Alcantarillado del Caguán presta los servicios de acueducto y
alcantarillado de manera eficiente, como «una persona jurídica totalmente distinta
de la entidad territorial, con autonomía e independencia, que la hace capaz de
contraer derechos y obligaciones».

37. Adujo que «la administración municipal contrario a lo manifestado por el
accionante, si ha realizado gestiones de tipo administrativo para la protección del
medioambiente y el cuidado de las fuentes hídricas el Neme y el Salado (…) es
decir, que una vez se evidencia la situación presentada, la misma fue puesta en
conocimiento de la CAM».

38. Además, precisó que «el Municipio de Neiva no es autoridad ambiental y, en
consecuencia, no tiene poder sancionatorio, ni facultades de ejercer vigilancia y
control respecto de actos administrativos expedidos por la CAM», pues «el
procedimiento establecido en el Decreto Ley 1541 de 1978 que hace referencia al
otorgamiento y expedición de la concesión, en ninguno de sus apartes se encuentra
consignado la intervención del ente territorial».

IV. Trámite en segunda instancia

39. Mediante auto de 10 de octubre de 2022, el magistrado sustanciador del proceso
en primera instancia concedió el recurso de apelación interpuesto por el municipio.

16 Índice 2 Samai.

Documento 10_630012333000202100124001RECIBEMEMORIALAPELACION20220708161614.

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Radicación: 41-001-2333-000-2018-00250-01
Demandante: Juan Carlos Ramón Rueda

40. Este Despacho, a través de auto de 31 de octubre de 202217, admitió ese recurso
de apelación y advirtió a los sujetos procesales que «no habrá lugar a dar traslado
para alegar de conclusión en tanto que no existen pruebas por practicar en el
presente proceso».

41. El Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado, mediante escrito
de 8 de noviembre de 2022, solicitó la confirmación de la sentencia de 23 de agosto
de 2022 debido a que el municipio funge como garante de la prestación del servicio
de acueducto.

42. Consideró que la amenaza de los derechos colectivos amparados se originó en
«las falencias en la implementación de micromedidores, así como también en la
presentación de los diseños y los planos de las obras de control de caudales, (…) y
el programa para el uso eficiente y ahorro del agua por parte de la junta
administradora».

43. A su juicio, «las deficiencias en la instalación de micromedidores, así como el
rezago en la reparación de los que se encuentran instalados pero dañados, puede
propiciar mal uso y desperdicio de agua».

44. Explicó que el numeral 15.4 del artículo 15 de la Ley 142 de 1994 faculta a las
organizaciones comunitarias para que presten el servicio de acueducto en la zona
rural, pero ello no implica que el ente territorial pierda sus competencias en la
materia porque «la prestación de los servicios públicos es una obligación que
siempre estará en cabeza del Estado» (art. 5º de la Ley 142 de 1994).

45. Finalmente, mencionó que «las entidades demandadas están interconectadas
entre sí, lo que permite concluir que el cumplimiento de las funciones que les asisten
desde el punto de la guarda y protección del medio ambiente, junto con la adecuada
prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, son un común denominador
que obliga a tanto a la entidad territorial, como también a los demás entes de
imputación demandados».

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

46. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 199818, en
concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 del CPACA19 y con el artículo

17 Expediente digital, anotación 7.
18
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. Disposición referente a la procedencia de los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias proferidas primera instancia en acciones populares.
19
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Disposición relativa
a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia.

11

Radicación: 41-001-2333-000-2018-00250-01
Demandante: Juan Carlos Ramón Rueda

13 del Acuerdo N.° 080 de 201920, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación
interpuestos contra de las sentencias proferidas en primera instancia por los
tribunales administrativos, en el marco de las acciones populares.

V.2. Planteamiento del problema jurídico

47. El ciudadano Juan Carlos Ramón Rueda demandó al municipio de Neiva y a la
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, con miras a obtener la
protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia
del equilibrio ecológico, a la seguridad y salubridad pública, al acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, al acceso a los
servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, quebrantados por
los impactos ocasionados a las quebradas El Neme y El salado que afectan la
prestación del servicio de acueducto en el corregimiento del Caguán.

48. Para resolver la controversia, el a quo vinculó al proceso a la Junta
Administradora del Servicio de Acueducto y Alcantarillado del Caguán.

49. Una vez culminó el trámite procesal de primera instancia, mediante sentencia de
23 de agosto de 2022, la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Huila accedió parcialmente a las súplicas de la demanda en el sentido de amparar
el derecho colectivo previsto en el literal c) del artículo 4° de la Ley 472. Por ello,
ordenó «al Municipio de Neiva y a la Junta Administradora de Acueducto y
Alcantarillado del Caguán, que realicen la instalación y reparación (cuando a ello
hubiera lugar) de los micro medidores de los suscriptores del servicio de acueducto
de El Caguán».

50. Inconforme con esa decisión, la apoderada del municipio de Neiva afirmó en su
recurso de apelación que: (i) el demandante no acreditó la transgresión del derecho
colectivo amparado; (ii) la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena y la
Junta Administradora de Acueducto y Alcantarillado del Caguán eran las entidades
responsables de cumplir con las órdenes de amparo; y (iii) el ente territorial ya
culminó las acciones de su competencia porque informó la problemática a la
autoridad ambiental.

51. Así las cosas, corresponde a la Sala determinar si el municipio de Neiva
transgredió el derecho colectivo previsto en el literal c) del artículo 4° de la Ley 472
y si le corresponde cumplir con las órdenes de restablecimiento.

V.3. La solución del caso concreto

20
Mediante el cual se establece la distribución de los negocios entre las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado.

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Radicación: 41-001-2333-000-2018-00250-01
Demandante: Juan Carlos Ramón Rueda

52. A efectos de resolver el problema jurídico, es necesario tener en cuenta que los
municipios son garantes de la prestación eficiente de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en virtud de lo reglado por los
artículos 311 (numerales 1, 7 y 9)21, 35622, 36523 y 36724 de la Constitución Política.

53. Por ello, la Ley 136 de 1994, en su artículo 3º, modificado por el artículo 6º de la
Ley 1551 de 2012, estableció que esa entidad territorial, entre otras funciones, es la
llamada a solucionar las necesidades existentes en materia de servicios públicos.
Mientras que el artículo 76 de la Ley 715 de 21 de diciembre de 2001, le atribuyó la
responsabilidad de construir, ampliar, rehabilitar y mejorar la infraestructura de los
servicios públicos, directamente o a través de terceros.

54. En el mismo sentido, la Ley 142 de 11 de julio de 199425, en su artículo 5°,
encomendó a los municipios las siguientes competencias:

[…]Es competencia de los Municipios en relación con los servicios públicos, que
ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos que con sujeción a ella
expidan los concejos:

5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, por empresas
de servicios públicos de carácter oficial, privado o mixto, o directamente por la
administración central del respectivo Municipio en los casos previstos en el artículo
siguiente. [prestación directa de los servicios por parte de los municipios] […].

55. El artículo 8° de la Ley 388 de 18 de julio de 1997 también determinó que las
entidades municipales, a través de la acción urbanística, debían efectuar el
ordenamiento de su territorio, incluyendo entre estas acciones, la ejecución de obras

21 El artículo 311 de la Constitución indica que «[…] [a]l Municipio como entidad fundamental de la

división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine
la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir
las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes […]».
22 El artículo 356 de la Constitución establece que «[…] la ley, a iniciativa del Gobierno, fijará los

servicios a cargo de la Nación y de los Departamentos, Distritos, y Municipios. Para efecto de atender
los servicios a cargo de éstos y a proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación,
se crea el Sistema General de Participaciones de los Departamentos, Distritos y Municipios. […]».
Además, «[…] [t]eniendo en cuenta los principios de solidaridad, complementariedad y
subsidiariedad, la ley señalará los casos en los cuales la Nación podrá concurrir a la financiación de
los gastos en los servicios que sean señalados por la ley como de competencia de los
departamentos, distritos y municipios. […]».
23 El artículo 365 de la Constitución Política refiere que «[l]os servicios públicos son inherentes a la

finalidad social del Estado [motivo por el cual le corresponde] […] asegurar su prestación eficiente a
todos los habitantes del territorio nacional». La disposición subsiguiente menciona que «[e]l bienestar
general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado
[y que] [s]erá objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de
salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable».
24 El artículo 367 superior advierte que «[…] [l]os servicios públicos domiciliarios se prestarán

directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las
conveniencias generales lo permitan y aconsejen […]».
25 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras

disposiciones”.

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Radicación: 41-001-2333-000-2018-00250-01
Demandante: Juan Carlos Ramón Rueda

de infraestructura para los servicios públicos domiciliarios y los equipamientos
públicos.

56. Cabe agregar que, aun en el evento en que la prestación de esos servicios este
a cargo de una empresa de servicios públicos, no por ello el municipio puede evadir
su rol de garante del servicio debido a que el ente territorial ejerce un control de
tutela sobre la empresa prestadora26, tal y como lo reconoció esta Sección en la
sentencia de 18 de abril de 201327, al considerar que:

[…] Conforme a la Ley 142 de 1994, la prestación de los servicios públicos puede
realizarse directamente por el Municipio, o a través de las organizaciones
comunitarias, en las cuales participan los usuarios y la comunidad en general,
como entidades prestadoras del servicio de acueducto.

Sin embargo, ello no exime de responsabilidad al ente territorial en su
deber de asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos[5] y
solucionar las necesidades insatisfechas de salud, saneamiento ambiental,
agua potable y servicios públicos domiciliarios.[…] (Negrilla fuera del texto)

57. Es más, esta Sección explicó en la sentencia de 9 de junio de 2021 que «en un
Estado Social de Derecho las instituciones públicas no están facultadas para
desconocer los derechos de la población rural, en virtud de las dificultades
asociadas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios en tales sectores.
(Por ello,) las autoridades municipales no solo fungen como garantes del servicio
en el territorio urbano, en donde se concentra la mayor parte de la población, sino
que están llamadas a reducir las brechas de desigualdad existentes en la zona rural,
pues allí las mismas comunidades son las que se organizan para fungir como
prestadores, debido a que las empresas prestadoras no tienen el interés de acceder
a ese mercado por las condiciones técnicas y económicas»28.

58. Nótese que el Decreto 1898 de 23 de noviembre de 201629, adicionó el título 7
del capítulo 1° de la parte 3 del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, a efectos de
reglamentar un esquema diferencial para la prestación de los servicios de
acueducto, alcantarillado y aseo en los centros poblados rurales; y otro esquema
diferencial para cumplir con ese objetivo en las demás zonas rurales de nuestro
país. En ambos esquemas, el ente territorial es responsable de asegurar la prestación
del servicio de acueducto de conformidad con los criterios diferenciales allí definidos.
Veamos:

26 Expediente nro. 2003-01062-01. Consejero ponente Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.
27 Expediente nro. 2010-00672-01. Consejera ponente María Elizabeth García González.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente:

Roberto Augusto Serrato Valdés, Radicación número: 15001-23-33-000-2010-01320-01, Actora:
ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO EL TRIUNFO DE LA VEREDA SAN MARTÍN DEL
MUNICIPIO DE CÓMBITA BOYACÁ.
29 " Por el cual se adiciona el Título 7, Capítulo 1, a la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015,

que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas
diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales"

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Radicación: 41-001-2333-000-2018-00250-01
Demandante: Juan Carlos Ramón Rueda

[…] SECCIÓN 2

ESQUEMAS DIFERENCIALES DE PRESTACIÓN DE ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO O ASEO EN ZONAS RURALES

ARTÍCULO 2.3.7.1.2.1. Adopción de infraestructura básica de agua potable y
saneamiento básico en zonas rurales. Es responsabilidad de los municipios
y distritos asegurar que los centros poblados rurales cuenten con la
infraestructura de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo.
En caso de que el municipio o distrito identifique razones técnicas, operativas
o socioeconómicas que impidan la prestación mediante sistemas de acueducto,
alcantarillado o el servicio de aseo en los centros poblados rurales, se podrá
implementar lo dispuesto en la sección 3 del presente capítulo.

PARÁGRAFO. Para la identificación de los centros poblados rurales y demás
zonas rurales, se emplearán las categorías del suelo rural determinadas en el
Plan de Ordenamiento Territorial - POT, Plan Básico de Ordenamiento
Territorial — PBOT o Esquema de Ordenamiento Territorial - EOT - de cada
municipio o distrito, según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 388 de 1997
y en los artículos 2.2 2.2.1.3 y 2.2.2.2.1.4 del Decreto 1077 de 2015, o aquellas
disposiciones de ordenamiento del suelo rural que las modifiquen, adicionen o
sustituyan. Los municipios y distritos deben informar sobre las condiciones de
acceso a agua potable y saneamiento básico en dichas áreas, de acuerdo con
los reportes, los mecanismos y la periodicidad que defina el Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio. (…)

SECCIÓN 3

ESQUEMAS DIFERENCIALES PARA EL APROVISIONAMIENTO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

ARTÍCULO 2.3.7.1.3.1. Adopción de soluciones alternativas en zonas
rurales. Es responsabilidad de los municipios y distritos asegurar el
aprovisionamiento de agua potable y saneamiento básico en zona rural
diferente a los centros poblados rurales. Para estos efectos, los proyectos de
soluciones alternativas deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 2 3 7 1
.3 6. del presente capítulo. […] (Negrilla fuera del texto)

59. El artículo 2.3.7.1.2.3. del decreto ibidem precisó que los prestadores de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en los centros poblados rurales podían
sujetarse a condiciones diferenciales en cuanto a los estándares de calidad del
agua, micromedición y continuidad, para lo cual tenían que formalizar un plan de
gestión y reportarlo a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

60. La misma norma agregó que «los municipios y distritos, acorde con su obligación
constitucional y legal de asegurar la prestación de los servicios a todos los
habitantes de su territorio, deberán apoyar técnicamente y mediante la financiación
de proyectos a los prestadores de su jurisdicción y en la formulación e
implementación de los planes de gestión a los que se refiere el presente artículo».

61. Ese plan de gestión incluye: (i) el plan de aseguramiento y fortalecimiento del
prestador; (ii) el plan de obras e inversiones con plazos y fuentes de financiación; y

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Radicación: 41-001-2333-000-2018-00250-01
Demandante: Juan Carlos Ramón Rueda

(iii) el plan de cumplimiento de acciones a corto, mediano y largo plazo (artículo
2.3.7.1.2.3.).

62. Paralelamente, los artículos 2.3.7.1.3.2. y siguientes, aclararon que quienes
prestan el servicio en zona rural no catalogada como centro poblado podían
implementar una solución alternativa para el aprovisionamiento de agua para
consumo humano, sin adquirir la calidad o los deberes de las “personas prestadoras
del servicio”30. En estos sectores, «las entidades públicas, conforme a sus
competencias, podrán implementar programas e iniciativas de apoyo y promoción
del acceso al agua para consumo humano y del saneamiento básico en zonas
rurales, y financiar los dispositivos de tratamiento de agua, siempre y cuando se
incluyan los componentes para la formulación de proyectos de soluciones
alternativas establecidos en el presente artículo, y los recursos con los que se
financien se encuentren habilitados para tal fin».

63. El Decreto 1898 de 201631 definió, además, la siguiente herramienta de
fortalecimiento de ambos esquemas diferenciales:

[…] Artículo 2.3.7.1.4.2. Fortalecimiento para prestadores de zonas rurales a
cargo de los municipios y distritos. Los municipios y distritos deberán
estructurar e implementar un programa de fortalecimiento para las
personas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo
que atiendan zonas rurales de su jurisdicción, acorde con el artículo 11 de
la Ley 1176 de 2007 En este programa se definirán acciones concretas para la
administración y operación de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo,
el acompañamiento en aspectos jurídicos, técnicos y administrativos, la gestión
de información y la estructuración de proyectos, de acuerdo con lo que defina
el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. (Negrilla fuera del texto)

64. Aunado a ello, el artículo 2.3.7.1.4.7. del decreto ibidem señaló que la gestión social
para el acceso al agua para el consumo humano y doméstico, y al saneamiento
básico en zonas rurales, estará a cargo de las entidades territoriales en coordinación
con las autoridades sanitarias y ambientales de su jurisdicción, para el desarrollo de
las siguientes actividades:

[…]1 Acompañamiento a la población rural en los entornos en los cuales
transcurre su vida cotidiana, tales como viviendas, centros de salud, centros
educativos, centros laborales y comunitarios, para la implementación de
estrategias tales como la de Entornos Saludables, que permitan reducir los
riesgos de enfermedades asociadas con las deficiencias en la calidad del agua
y saneamiento e higiene

30 “ARTÍCULO 2.3.7.1.3.1. (…)

PARÁGRAFO 2°, Teniendo en cuenta que las soluciones alternativas definidas en la presente
sección no se constituyen en prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo, en los términos de los numerales 14.22, 14.23, y 14.24 del artículo 14 de la
Ley 142 de 1994, para las mismas no son aplicables las disposiciones de la citada norma. En
consecuencia, los administradores de puntos de suministro o de abastos de agua no están sujetos
a la regulación de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento: y no son objeto de
vigilancia por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
31 "Por el cual se adiciona el Título 7, Capítulo 1, a la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015,

que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas
diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales"

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Radicación: 41-001-2333-000-2018-00250-01
Demandante: Juan Carlos Ramón Rueda

2. El uso adecuado, apropiación y promoción de las soluciones alternativas
de agua para el consumo humano y doméstico y para saneamiento básico.

3. Divulgación de los beneficios derivados del acceso al agua para el consumo
humano y doméstico, y del saneamiento básico en zonas rurales.

4. Promoción de los programas de cultura del agua, uso eficiente y ahorro
del agua, buenas prácticas en el manejo de residuos líquidos y sólidos
domésticos, y otras iniciativas de buenas prácticas y hábitos saludables,
mediante el trabajo social con las familias y comunidades. […] (Negrilla fuera del
texto)

65. El anterior recuento normativo y jurisprudencial permite concluir que la prestación
del servicio público domiciliario de acueducto y la construcción, ampliación,
rehabilitación y mejoramiento de esa infraestructura, constituye una función
principal de los municipios en orden a garantizar su prestación eficiente y oportuna.
Esta responsabilidad se extiende a la zona rural del territorio colombiano desde una
estrategia de apoyo y fortalecimiento de los prestadores de los servicios públicos
domiciliarios.

66. Sin lugar a dudas, la prestación del servicio de acueducto en la zona rural afronta
múltiples dificultades de orden logístico, técnico y económico. Pero ello no justifica una
conducta negligente de las autoridades territoriales locales cuando se trata de la
correcta prestación de esos servicios. Contrario sensu, la administración cuenta con
herramientas especiales para lograr tal objetivo de forma equitativa.

67. En ese orden de ideas, y descendiendo al caso concreto, es importante tener en
cuenta que la Junta Administradora de servicios públicos de acueducto y
alcantarillado del corregimiento del Caguán interpuso una denuncia en el año 2014
en contra del señor Gilberto Cometa Fierro, en calidad de propietario de la Finca
Monteleón por el uso inadecuado de la concesión de aguas otorgada mediante
Resolución 1235 de 11 de diciembre de 1984.

68. Con ocasión de esa denuncia, la autoridad ambiental expidió el concepto técnico
1008 de 1 de agosto de 2014 que contiene los resultados de la visita realizada a la
quebrada el Neme en la Hacienda Monteleón por la profesional de la CAM Yulieth
Pantevez Cuellar y por los funcionarios de la Junta Administradora de servicios
públicos de acueducto y alcantarillado del corregimiento del Caguán32.

69. En dicha visita la autoridad ambiental no solo evaluó los impactos generados por
el propietario de la Finca Monteleón, sino que advirtió los siguientes hallazgos
relacionados con el prestador de servicios públicos domiciliarios:

[…] Según aforo aguas arriba de la bocatoma del corregimiento del Caguán, se
observa un caudal suficiente para el abastecimiento del corregimiento, ya que
arroja un caudal de 38,87 LPS, quebrada neme-salado y el caudal

32 Abraham Bonilla y Víctor Casagua.

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Radicación: 41-001-2333-000-2018-00250-01
Demandante: Juan Carlos Ramón Rueda

concesionado mediante resolución 1045 del 22 de noviembre de 2001 es de
21.64 Lps.
Según visita de campo también cabe resaltar que el corregimiento del
Caguán (H), no cuenta con medición del servicio del agua a través de
medidores, aun cuando estos ya están instalados en las viviendas
correspondientes. (…)

7. RECOMENDACIQNES TÉCNICAS
(…) De igual manera para la Junta Administrado de Acueducto del Caguán, y
según lo dispuesto en el Reglamento Técnico del Sector de Aqua Potable y
Saneamiento Básico RAS2000, es obligatorio colocar medidores
domiciliarios para cada uno de los suscriptores individuales del servicio
del acueducto; así mismo, la presentación del Programa de Uso Eficiente
y Ahorro del Agua en cumplimiento con lo establecido en el artículo 6 de
la Ley 373 de 1997 y la Ley 142 de 1994. […] (Negrilla fuera del texto)33

70. Cabe traer a colación además el concepto técnico 1890 de 9 de agosto de 2017
elaborado por la funcionaria de la CAM Hilda Jazmín Rodríguez Calderón, que
detalla los hallazgos advertidos por la autoridad ambiental en la visita de
seguimiento al cumplimiento de la Resolución 1045 del 22 de noviembre de 2001.
En dicha instancia participaron el actor popular, el entonces secretario de Ambiente
y Desarrollo Rural Sostenible del municipio34, la presidenta de la Junta35 y los
funcionarios de la CAM Carlos Andrés González Torres, Hilda Jazmín Rodríguez
Calderón, Carlos Alberto Vargas y Karol Lorena Méndez.

71. Lossiguientes apartados de ese documento recopilan las causas de los
problemas existentes en la prestación de ese servicio:

[…] La presidenta que comenta la problemática del Acueducto, informa que se
presenta escasez de agua debido principalmente a los conflictos con el predio
Monteleon y a la construcción de un proyecto urbanístico denominado Villa
Nohora, donde a través de tutelas han conseguido que a algunas viviendas les
hayan tenido que permitir la conexión al sistema de acueducto.

Se le comenta por parte de la CAM a la Presidenta que el problema también
es de tipo técnico por las pérdidas de agua en la conducción desarenador-
Planta de tratamiento, capacidad de la planta de tratamiento, pero
principalmente por el desperdicio de agua por parte de los usuarios que
no cuentan con contadores en funcionamiento y se les cobra una tarifa
básica, a lo que la Presidenta responde que la mayoría tienen contadores en
funcionamiento; se revisan tres contadores, incluido el de su vivienda y se
encontraron sin funcionar.

(…) Se consulta en los archivos de la CAM, los caudales aforados aguas arriba
de la bocatoma del Caguán para diferentes años y en varios periodos
climáticos, (…) donde se evidencia que solamente en periodos críticos y
pocas veces se ha aforado un caudal menor al concesionado para el
acueducto del Caguán.

Se realizan en este mismo sitio unos cálculos aproximados, concluyendo que
el problema del acueducto no es por caudal, prueba de ello es que no están

33 Cuaderno 1 del expediente judicial folios 97 y ss.
34 Cristian Camilo Polanco
35 María Magdalena Saavedra

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Radicación: 41-001-2333-000-2018-00250-01
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aprovechando todo el agua que se capta y están retornando una parte a la
quebrada, el caudal asignado de 21,64LPS es muy superior al necesario para
abastecer la población actual y proyectada del Caguán, si se considera una
dotación de 150 Lt/Hab*dia, este caudal alcanzaría para abastecer una
población de 12.465 personas; si se considera que según la información
suministrada por la presidenta de la junta del acueducto, los suscriptores
actuales son 1340 y que se cada familia está conformada por un promedio de
5 personas, actualmente se tendría una población de 6700 habitantes.

(…) Se considera por lo tanto que el problema que atraviesa el acueducto
es de orden técnico y puede ser ocasionado por la falta de planificación
en la inclusión de nuevos usuarios, poco diámetro de la tubería de
conducción desarenador-Planta de tratamiento de agua potable, baja
capacidad de la planta de agua potable, falta de micromedicion, etc. Las
razones técnicas de las falencias del acueducto deben ser resueltas con
un estudio técnico.

3. CONCEPTO TÉCNICO
De acuerdo a lo observado en la visita de campo se concluye que los
problemas del acueducto del Corregimiento el Caguán no se presentan
por escasez de agua en la quebrada Neme-Salado, por las siguientes
razones:

El caudal aguas arriba de la bocatoma fue de 34L/S, la mayoría captado, antes
del desarenador se retorna a la quebrada 9 L/S, por lo que a la planta de
tratamiento debería llegar 25 L/S pero se comprobó que solo llegaban 17 L/S,
por lo que en el tramo desarenador- planta de tratamiento se están perdiendo
8 L/S.

En seguimientos realizados en otras fechas se ha comprobado que el caudal
que transporta la quebrada en el sitio de captación de este acueducto, es
muy superior al caudal concesionado, el cual fue otorgado mediante la
resolución 1045 del 22 de noviembre de 2001. De acuerdo a la resolución 2619
del 30/08/16 que ya se encuentra vigente (se anexa), por medio de la cual se
realizó la reglamentación del rio arenoso, se disminuyó el caudal otorgado al
acueducto el Caguán de 21,64 L/S a 14,24 L/S porque se realizó un cálculo de
proyectar de población a 25 años, encontrando que para el año 2037 se tendrá
una población de 5086 habitantes; por lo tanto en la resolución 1045 del 22 de
Noviembre de 2001 se había otorgado un caudal excesivo.

Para resolver los problemas del acueducto del Caguán es necesario entonces
realizar un diagnóstico detallado del sistema y realizar los diseños y
adecuaciones requeridas para mejorar su eficiencia, donde debe ser
incluida la instalación y puesta en marcha del total de micromedidores,
sin los cuales no va a ser suficiente ningún caudal, pues si no se cobra a
los suscriptores lo efectivamente usado, se gastará sin control y no podrá
optimizarse el sistema.

Además, es indispensable que en cumplimiento de la Ley 373 de 1997, la Junta
Administradora del Acueducto, y aprovechando el estudio que se
proyecta realizar, elabore y presente a la CAM el Plan de Uso Eficiente y
Ahorro del Agua que deberá contener las metas anuales de reducción de
pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas
superficiales, lluvias subterráneas, los incentivos y otros aspectos que defina
la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena y cuyo objetivo
fundamental es como su nombre lo indica, propender por el uso racional del
agua para darle un manejo sostenible

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Radicación: 41-001-2333-000-2018-00250-01
Demandante: Juan Carlos Ramón Rueda

3. REQUERIMIENTOS
Requerir a la Junta Administradora del Acueducto la presentación del
PUEAA, el cumplimiento de la Ley 373 de 1997.

4. RECOMENDACIONES.
Realizar diagnostico técnico, rediseño y adecuaciones necesarias del
acueducto del Caguán, como única y definitiva solución a los problemas
presentados en el mismo […] (Negrilla fuera del texto)36.

72. Como puede apreciarse, a 2017, se demostró que el problema de abastecimiento
de agua potable que presenta el corregimiento del Caguán no se debía a la
insuficiencia del recurso hídrico, sino al mal funcionamiento de los medidores, a la
ausencia de un Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua y a las debilidades
técnicas de la infraestructura de captación y conducción.

73. Esto significaba que los principales responsables de la transgresión del recurso
hídrico son tanto el prestador del servicio, como el garante de esa prestación, pues
no era pertinente una nueva evaluación de las concesiones otorgadas por parte de
la autoridad ambiental, en tanto no se acreditó la merma del recurso.

74. Precisamente, en el plenario reposan las actas de visita No. 144 de 24 de
septiembre de 201437, 1578 de 17 de octubre de 201438, 1672 de 1 de noviembre
de 201439 y 343 de 25 de febrero de 201540, suscritas por el funcionario de la CAM
Javier Sterling Bobadilla, quien verificó cuál era el caudal registrado en el lugar en
donde el acueducto realiza la captación, obteniendo los siguientes resultados:

ACTAS Caudal
Acta 144 de 24 de septiembre de 2014 28,3 LPS
Acta 1578 de 17 de octubre de 2014 26,9 LPS
Acta 1672 de 1 de noviembre de 2014 38,4 LPS
Acta 343 de 25 de febrero de 2015 30,29 LPS

75. Valga anotar que la autoridad ambiental, a través de la Resolución 1045 de 22
de noviembre de 2001, había otorgado una concesión de aguas para ese acueducto
en un caudal de 21.64 Lps. Y, con ocasión de la expedición de la Resolución 2619
de agosto 30 de 2016, disminuyó este caudal a 14.24 Lps teniendo en cuenta el
número de usuarios del servicio. Esto significa que el recurso hídrico era suficiente
para suplir el consumo eficiente de agua potable del corregimiento, pero el problema
se originó en el insuficiente control por parte del prestador del servicio.

76. Tales problemáticas se corroboraron en el testimonio rendido el 18 de noviembre
de 2019 por la presidente de la Junta Administradora de Acueducto y Alcantarillado
del corregimiento de El Caguán María Magdalena Saavedra Saavedra, quien afirmó

36 Cuaderno 1 del expediente judicial folios 162 y ss.
37 Ibidem, folios 126.
38 Ibidem, folios 127.
39 Ibidem, folios 128.
40 Ibidem, folios 124 y ss.

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Demandante: Juan Carlos Ramón Rueda

además que el municipio no ha realizado acciones de fortalecimiento del prestador
del servicio, como puede observarse:

[…] Pregunta: ¿Doña María, usted ha evidenciado algún control por parte de
la entidad territorial municipio de Neiva?

Respuesta: Desafortunadamente no tengo ninguna clase información, ni he
visto desde hace más de 3 años que soy presidenta de la Junta del Acueducto,
que hayan hecho algo que mejore este problema. Al contrario, la alcaldía dice
que es obligación de la Junta administradora de prestar el buen servicio
de acueducto y alcantarillado, pero se le olvida al señor alcalde que es
obligación del municipio y del departamento que en las veredas se preste
un buen servicio, aunque haya una Junta administradora de servicio de
acuerdo41.

Pregunta: (…) ¿Ha tenido (…) la Junta (…) apoyo financiero por parte de la
entidad territorial (…) durante el tiempo que usted lleva como presidenta?

Respuesta: No hemos recibido ninguna clase de aporte que digan esto es para
la Junta, para ayudar para alguna cosa, ni de la alcaldía. Pues sí nos ha
colaborado, pero Por ahí para cambiar tuberías42. (…) Lo que pasa es que en
el Caguán no había medición hace 3 años (…). Uno pagaba una cuota de 5000
pesos tomara agua o no tomara no, pero desde que se puso a trabajar la planta
de tratamiento se está cobrando la medición y la gente es muy reacia, es difícil
cambiar una (…) cultura (…). Hay 1450 suscriptores inscritos y cuando
entramos estaba dañado casi la mitad de los contadores, pero nosotros hemos
hecho campañas y afortunadamente hemos mermado mucho. Un porcentaje
muy grande de los contadores dañados, o sea que sí estamos haciendo
medición del agua en el corregimiento del Caguán43. […]

77. Este testimonio acredita que el municipio para noviembre de 2019 todavía no
había ejercido las competencias previstas en Decreto 1898 de 2016, para apoyar la
implementación de un plan de gestión o un programa de fortalecimiento para el
prestador del servicio de acueducto en esa zona rural, a pesar de que la apoderada
del ente territorial en el escrito de contestación de la demanda allegó la solicitud que
presentó para tal efecto ante la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios en el año 2018.

78. En efecto, en el plenario se demostró que la entonces alcaldesa encargada de
Neiva44 solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante
oficio 049 de 22 de enero de 201845, su apoyó en la formulación de la siguiente
estrategia de mejoramiento de los acueductos veredales del municipio:

[…] el día 10 de enero del presente año en las oficinas de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD en la ciudad de Bogotá, se manifestó
la necesidad de un apoyo por parte de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios - SSPD para la reorganización de las Juntas
administradoras de acueductos y alcantarillados de la zona rural del municipio

41 CD Audiencia desde minuto 50:42 hasta minuto 51:12.
42 CD Audiencia desde minuto 55:50 hasta minuto 56:24
43 CD Audiencia desde minuto 56:50 hasta minuto 57:29
44 Diana Paola Solaque Guzmán
45 Cuaderno 1 del expediente judicial folios 78 y ss.

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Demandante: Juan Carlos Ramón Rueda

de Neiva, debido a las inconsistencias que se han venido presentando en la
administración de la infraestructura y la posibilidad de un manejo de recursos y
aportes (subsidios) más eficientes que permitan ofrecerle a los ciudadanos de
toda la zona rural agua potable de calidad.

Nuestra principal problemática es que las juntas administradoras no están
cumpliendo sus funciones y por ende sus respectivas plantas de tratamiento
para potabilizar el agua (PTAP) no logran contar con los recursos suficientes
para la compra de todos los insumos necesarios para su correcto
funcionamiento. (…)

El Municipio de Neiva desde el año 2015 y de acuerdo a lo establecido en su
Plan de Desarrollo "Neiva La Razón de Todos", adelanta el Programa de
Fortalecimiento Institucional a los Acueductos Rurales, con el objeto de
mejorar los niveles de prestación del servicio de los acueductos rurales,
cuya cobertura ha venido siendo progresiva, al punto que hoy existen diez
(10) organizaciones vinculadas (…) y en virtud de la reunión sostenida el
dia10 de enero de 2018, solicitamos la inclusión de los acueductos
veredales del Municipio de Neiva como beneficiarios para la formulación
e implementación de programas de gestión necesarios, en concordancia
con el artículo 79 de la ley 142 de 1994. […] (Negrilla fuera del texto)

79. Aunasí, el recurrente no aportó junto con la alzada ninguna prueba que
demuestre el cumplimiento cabal de sus funciones o que, en efecto, ese oficio
condujo a una acción verificable. Por el contrario, insiste en que la Junta
Administradora del servicio de acueducto y alcantarillado del Caguán es la única
responsable de cumplir con las órdenes de amparo, desconociendo con ello el
régimen normativo previamente citado.

80. Así las cosas, la Sala observa que la responsabilidad atribuida al municipio de
Neiva por la transgresión del derecho colectivo previsto en el literal c) del artículo 4°
de la Ley 472 se sustenta en tres razones. En primer lugar, el municipio es
responsable de garantizar a sus habitantes el derecho de acceso al agua apta para
el consumo humano, en condiciones de disponibilidad efectiva, en cantidades
suficientes y de manera continua y permanente46. En segundo lugar, la misma
entidad, en la contestación de la demanda, puso de presente el compromiso de la
administración de adoptar un programa de fortalecimiento institucional del
acueducto rural del municipio de Caguán. Y, en tercer lugar, en el plenario está
acreditado que el esquema de prestación de servicios presenta fallas técnicas de
conducción y medición que favorecen el uso ineficiente del recurso hídrico.

46 Ver la Observación General No. 15 del 2002 del Comité de Derechos Económicos Sociales y

Culturales de las Naciones Unidas, la Resolución AG/ 10967 de la Asamblea General de la ONU, el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, la Declaración de Mar del Plata de 1977, la Conferencia de Dublín de
1992, la Declaración de Río de Janeiro de 1992, la Nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible de
2015, la Convención Americana de Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, así como
las sentencias de la Corte Constitucional: T-092 de 1993, T-092 de 1994, T-231 de 1993, T-471 de
1993, T-410 de 2003, C-220 de 2011, T-154 de 2013, T- 028 de 2014, T-891 de 2014, T-225 de 2015
y T-103 de 2016.

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Demandante: Juan Carlos Ramón Rueda

81. En otras palabras, la conducta del municipio como primera entidad llamada a
garantizar el servicio público domiciliario de agua potable, ha sido omisiva ante el
comportamiento ineficiente del prestador del servicio. De ahí que el Tribunal de
primera instancia sí logró establecer un nexo de causalidad entre la afectación del
derecho colectivo amparado y la actitud pasiva del municipio de Neiva.

82. Sin embargo, la Sala advierte que es pertinente modificar la instrucción judicial
cuestionada para que la administración local acate la orden de conformidad con el
principio de planeación y teniendo en cuenta lo señalado en los artículos 14447 y
146 de la Ley 142 de 1994. Por ello, el ordinal tercero de la sentencia de 23 de
agosto de 2022 quedará así:

[…] TERCERO.- Ordenar al Municipio de Neiva que apoye técnica y
financieramente a la Junta Administradora del servicio de acueducto y
alcantarillado del Caguán, en el marco del “programa de fortalecimiento para
las personas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo
que atiendan zonas rurales de su jurisdicción, o del “plan de gestión”, a efectos
de fortalecer la micromedición y mejorar el uso eficiente del recurso hídrico.

Para tal efecto, ambas entidades deberán efectuar un diagnóstico actual de la
problemática y priorizar las medidas que identifiquen conjuntamente como
pertinentes, así como ejecutar las respectivas acciones, en el lapso de un año
contado a partir de la ejecutoria de esta providencia. […]

83. Conjuntamente, la Sala modificará parcialmente el ordinal sexto de la sentencia
de primera instancia, a efectos de integrar el comité de verificación de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 472.

84. Por último, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y 365 del
Código General del Proceso y atendiendo el criterio sostenido por la Sala Especial
de Decisión No. 27 en providencia del 6 de agosto de 2019, a través del cual se
unificó la jurisprudencia de la Corporación respecto de la condena en costas
procesales en acciones populares, no se condenará en costas en esta instancia.

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia, los ordinales tercero y sexto de la sentencia proferida el 23 de
agosto de 2022 por la Sala Cuarta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Huila
y, en su lugar, disponer lo siguiente:

[…] TERCERO.- Ordenar al Municipio de Neiva que apoye técnica y
financieramente a la Junta Administradora del servicio de acueducto y
alcantarillado del Caguán, en el marco del “programa de fortalecimiento para

47 ARTÍCULO 144. De los medidores individuales. Los contratos uniformes pueden exigir que los

suscriptores o usuarios adquieran, instalen, mantengan y reparen los instrumentos necesarios para
medir sus consumos. En tal caso, los suscriptores o usuarios podrán adquirir los bienes y servicios
respectivos a quien a bien tengan; y la empresa deberá aceptarlos siempre que reúnan las
características técnicas a las que se refiere el inciso siguiente.(…)

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Demandante: Juan Carlos Ramón Rueda

las personas prestadoras de los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo
que atiendan zonas rurales de su jurisdicción, o del “plan de gestión”, a efectos
de fortalecer la micromedición y mejorar el uso eficiente del recurso hídrico.

Para tal efecto, ambas entidades deberán efectuar un diagnóstico actual de la
problemática y priorizar las medidas que identifiquen conjuntamente como
pertinentes, así como ejecutar las respectivas acciones, en el lapso de un año
contado a partir de la ejecutoria de esta providencia. […]

SEXTO. ORDENAR la conformación del COMITÉ DE VERIFICACIÓN que
estará presidido por el magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Huila
e integrado por el actor popular, un representante del municipio de Neiva, un
representante de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena, un
representante de la Junta Administradora de Acueducto y Alcantarillado del
Caguán y un representante del Ministerio Público. […]

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia de primera instancia.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

QUINTO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriado este
proveído.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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