Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2018-00254-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2018-00254-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 41001-23-33-000-2018-00254-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
29 de agosto de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D. C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 41-001-23-33-000-2018-00254-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
ACTOR: JUAN CARLOS RAMÓN RUEDA
TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. AL MUNICIPIO LE
CORRESPONDE GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN SUS CORREGIMIENTOS,
INCLUSO SI UN TERCERO ESTÁ ENCARGADO PARA TAL EFECTO.
DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: AL GOCE DE
UN AMBIENTE SANO, A LA EXISTENCIA DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y
AL MANEJO Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS
NATURALES, A LA SALUBRIDAD PÚBLICA, A LA DEFENSA DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN Y AL ACCESO A LA
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE GARANTICE LA SALUBRIDAD
PÚBLICA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el
MUNICIPIO DE NEIVA contra la sentencia de 30 de agosto de
2022, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
HUILA1.
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En adelante el TRIBUNAL.
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Número único de radicación 41-001-23-33-000-2018-00254 -01
Actor: JUAN CARLOS RAMÓN RUEDA
I.- ANTECEDENTES
I.1- La Demanda
El señor JUAN CARLOS RAMÓN RUEDA, actuando en nombre
propio, en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo 88 de
la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto
de 19982, presentó demanda contra los municipios de NEIVA y
TELLO y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO
MAGDALENA – CAM3, tendiente a obtener la protección de los
derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la
existencia de equilibrio ecológico y al manejo y aprovechamiento
racional de los recursos naturales, a la salubridad pública, a la
defensa del patrimonio cultural de la nación y al acceso a la
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.
I.2.- Hechos
Sostuvo que el río Fortalecillas surte de agua para el consumo
humano al corregimiento que lleva su mismo nombre y que hace
2
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
3
En adelante la CAM.
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Actor: JUAN CARLOS RAMÓN RUEDA
parte del MUNICIPIO DE NEIVA, cuyo abastecimiento está en
riesgo debido a que las actividades mineras, piscícolas y agrícolas
han afectado su caudal.
Adujo que, en su calidad de concejal del MUNICIPIO DE NEIVA
durante los años 2016 y 2017, debatió en diferentes sesiones el
incumplimiento de las obligaciones derivadas de las concesiones y
licencias otorgadas por la CAM para la utilización del recurso hídrico
del río aludido y, además, ha solicitado: i) al ente territorial en
comento información sobre las acciones adelantadas para
salvaguardar la fuente hídrica; y ii) a la CAM que controle y vigile
las obligaciones derivadas de las concesiones que ha otorgado para
el uso del agua del río Fortalecillas.
Manifestó que la CAM determinó que la reducción del caudal del río
no solo es consecuencia de los intensos veranos, sino también
porque algunos usuarios localizados en la cuenca alta y media no
cumplen con la reglamentación.
Afirmó que cerca de 9.500 personas del corregimiento de
Fortalecillas están afectadas por la desmejora del caudal del río,
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aunado a que la bocatoma que surte el agua no cuenta con las
calidades técnicas para su finalidad.
I.3.- Pretensiones
Solicitó, además de la declaratoria de la vulneración de los derechos
invocados y de la responsabilidad por parte de las entidades
accionadas, lo siguiente:
“[…]1 Ordénese al municipio de Neiva, municipio de Tello y a la
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, ejercer
acciones de vigilancia y control, según lo determinado por la ley 99
de 1993, a lo largo del cauce del río Fortalecillas y velar por la correcta
aplicación e implementación de las concesiones otorgadas en cuanto
a la ejecución de las obras hidráulicas de captación y medición para
evitar el abuso y uso desmedido de la fuente hídrica. Ante lo cual,
estas entidades, deberán rendir informe de las acciones realizadas en
cumplimiento de lo anteriormente expuesto a los entes de control
(personería, procuraduría ambiental y agraria, contraloría municipal,
fiscalía general de la Nación, concejo municipal de Neiva).
2. Ordénese a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena
– CAM- y a los municipios de Neiva y Tello coordinar las acciones que
sean necesarias para que en el marco de lo establecido en el decreto
1640 de 2012 “por medio del cual se reglamentan los instrumentos
para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográfica
de río Fortalecillas según lo establece la citada norma en su título V,
planes de manejo ambiental, capítulo I, plan de manejo ambiental de
microcuencas.
3. Ordénese al municipio de Neiva, asumir su competencia con
respecto a la prestación de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado, con calidad y ajustándose a las normas sanitarias
vigentes en el territorio colombiano, del centro poblado de
Fortalecillas, garantizando los elementos técnicos, operativos y
financieros para la prestación de los servicios enunciados de manera
eficiente. Dicho suministro deberá garantizar el consumo diario que
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les permita vivir digna y sanamente hasta que se brinde una solución
definitiva al problema de provisión constante y de calidad del recurso
hídrico.
4. Consolidar y registrar en el sistema de registro de vigilancia de
calidad del agua para el consumo humano los resultados de los
análisis de las muestras de agua para consumo humano exigidas en
el decreto 1575 de 2007 y resolución 2115 de 2007 de manera
oportuna.
5. Practicar visitas de inspección sanitaria a los sistemas de
suministro de agua para consumo humano, con la periodicidad
requerida conforme al riesgo. De cada visita se diligenciará el
formulario único de acta, que para su efecto expedirá el ministerio de
la protección social, en la cual quede constancia del cumplimiento de
las buenas prácticas sanitarias encontradas en el sistema de
suministro de agua para consumo humano objeto de la inspección.
6. Realizar la vigilancia de las características adicionales definidas en
el mapa de riesgo, tanto en la red de distribución como en otros
medios de suministro de la misma.
7. Velar por el cumplimiento de la franja de seguridad para la
aplicación de plaguicidas en las cuencas que abastecen el acueducto
municipal, de conformidad con lo establecido en el decreto 1843 de
1991 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, mediante el
cual se regula el uso y manejo de los plaguicidas, en coordinación con
las autoridades ambientales y las personas prestadoras que
suministran o distribuyen agua para consumo humano […]”.
I.4.- DEFENSA
I.4.1.- El MUNICIPIO DE TELLO comentó que en cumplimiento de
su deber de preservar sus fuentes hídricas, desde el año 1997 ha
comprado varios predios “[…] que surten con sus fuentes hídricas la
cuenca del río Fortalecillas […]”, y promovió la creación de un parque
natural, para lo cual realizó acciones de aislamiento e instalación de
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vallas ambientales informativas y convenios con juntas de acción
comunal y la CAM para reforestación.
Señaló que no le asiste competencia para otorgar licencias
ambientales, ni concesiones sobre el uso del agua del río
Fortalecillas, cuya función es de la CAM a la que, además, le
corresponde verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas
de las autorizaciones que expide.
Adujo que la demanda carece de acerbo probatorio que demuestre
los hechos narrados por el actor en su escrito de demanda y, por
ende, la vulneración de los derechos colectivos alegada.
I.4.3.- El MUNICIPIO DE NEIVA4 indicó que si bien le corresponde
velar por el adecuado manejo de los recursos naturales, lo cierto es
que la CAM es la encargada de otorgar las concesiones de estos, así
como su administración, por lo que no le es dable intervenir en esos
asuntos conforme se advierte del Decreto 1541 de 28 de julio 19785.
4
Folios 178 a 184 cuaderno 1 expediente digital.
5
“Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no
marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973”
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Destacó que ejecutó el plan de desarrollo 2016-2019 “Neiva la Razón
de Todos” que incluye el programa “Plan Neiva” para optimizar los
niveles de prestación de los servicios públicos de acueductos rurales,
incluyendo el del corregimiento de Fortalecillas, con lo cual, a su
juicio, ha promovido el mejoramiento del servicio público de
acueducto y alcantarillado.
Propuso, con fundamento en lo anterior, las excepciones que
denominó “carencia de legitimación en la causa por pasiva”,
“cumplimiento del deber legal” e “inexistencia de vulneración de
derechos colectivos”.
I.4.4.- La CAM6 indicó que mediante Resolución núm. 0415 de 31
de marzo de 2005 reglamentó los usos y aprovechamientos de las
aguas del río Fortalecillas, conforme con lo previsto en el Decreto
1541 de 1978.
Sostuvo que de la oferta de 3.150 litros por segundo (lps) del caudal
del río, 50 fueron otorgados para la JUNTA ADMINISTRADORA
6
Folios 199 a 208 cuaderno 2 expediente digital.
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DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE
FORTALECILLAS -JASACF7, 1.416 para uso agropecuario, 1.264
para el canal La Florida y el resto para otros.
Propuso las excepciones que denominó “Inexistencia de la violación
de los derechos colectivos invocados” e “Inexistencia de pruebas que
demuestren la vulneración de los derechos colectivos invocados por
parte de la CAM”, que fundamentó en los siguientes argumentos:
Afirmó que ha realizado diferentes actividades de seguimiento y
control relacionadas con el cumplimiento de las normas de usos y
aprovechamiento de las aguas del río Fortalecillas, las cuales fueron
enunciadas8 y de las que concluyó que ha ejercido sus funciones
orientadas a la conservación, aprovechamiento racional de los
recursos naturales y a la protección del medio ambiente.
7
En adelante la JASACF.
8
Para le efecto, la CAM mencionó las siguientes actividades:i) Visita técnica al municipio de Tello
consignada en el acta núm. 067 de 11 de enero de 2017; ii) Visita técnica a los municipios de Tello y
Neiva consignada en el acta núm. 290 de 20 de enero de 2017; iii) Visita técnica a la planta de
tratamiento de Fortalecillas consignada en el acta núm. 1608 de 6 de julio de 2017; iv) Visita técnica
al canal Cequión consignada en el acta núm. 1795 de 28 de junio de 2017 en la que, entre otros
aspectos, consta que existe un usuario que presuntamente realizaba captación de aguas sin concesión
y contra quien estaba en trámite el proceso sancionatorio respectivo; v) Concepto técnico de visita
núm. 56 de 25 de enero de 2018 en la que se pone de manifiesto que identificaron infractores por
captación ilegal de agua para uso piscícola; y vi) Concepto técnico de visita núm. 2509 de 22 de junio
de 2018, relacionado con una denuncia efectuada por la JASACF por presunta contaminación por
presencia de cultivos de arroz en el MUNICIPIO DE NEIVA, en donde consta que no se presentó
evidencia de afectación ambiental y se recomendó archivar la denuncia.
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Argumentó que el actor no aportó prueba sobre la vulneración que
pregona, pese a que le corresponde dicha carga, lo que conduce a
denegar las pretensiones de la demanda.
I.4.5.- La JASACF9, vinculada por el Tribunal de forma oficiosa como
parte demandada, se opuso a las pretensiones de la demanda y
propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva y “buena fe”, para lo cual argumentó que:
-. Durante los últimos 30 años ha prestado de manera excelente el
servicio de acueducto en el corregimiento de Fortalecillas, sin que
haya existido amenaza o vulneración contra una persona en
particular o la comunidad.
Expuso que a través de la Resolución núm. 11841 de 27 de mayo de
2015, la CAM reglamentó el uso y aprovechamiento de las aguas del
río Fortalecillas y le autorizó un caudal en la forma allí detallada,
normativa que ha cumplido hasta el momento.
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Folios 300 a 306 cuaderno 2 expediente digital.
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-. Explicó que ha cumplido con la prestación de los servicios públicos
ordenados y reglamentados por la ley, por lo que es a los demás
demandados a quienes les corresponde responder por las
pretensiones de la demanda.
I.5.- Pacto de cumplimiento
La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el día 30 de
enero de 201910, la cual se declaró fallida por no existir ánimo
conciliatorio entre las partes.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
El TRIBUNAL, mediante sentencia de 30 de agosto de 2022, declaró
no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por
pasiva e inexistencia de la vulneración de los derechos colectivos
propuestas por el municipio de Neiva y por la JASPF, porque, a su
juicio, el ente territorial tiene la responsabilidad de la prestación del
servicio esencial de acueducto y alcantarillado en el corregimiento
de Fortalecillas y la Junta Administradora es la encargada directa de
10
Folios 268 y 269 cuaderno 2 expediente digital.
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la prestación del mismo, razón por la que sí estaban legitimados para
ser llamado como extremo pasivo de la acción, independiente de su
eventual responsabilidad.
Amparó el derecho colectivo de los moradores del corregimiento del
centro poblado de Fortalecillas al manejo y aprovechamiento racional
de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su
conservación, restauración o sustitución y, en consecuencia, ordenó
lo siguiente:
“[…] TERCERO.- Ordenar al Municipio de Neiva y a la Junta
Administradora de Servicios Públicos de Fortalecillas, que realicen los
planos y diseños de las obras de control de caudal del Río Fortalecillas
(obras de captación); lo cual, se debe cumplir antes de que expire la
anualidad 2022.
CUARTO.- Ordenar a la Junta Administradora de Servicios Públicos
de Fortalecillas, que antes de que expire la anualidad 2022, presente
en la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM- los
resultados de los análisis bacteriológicos y fisicoquímicos de las aguas
concesionadas (artículo décimo primero de la resolución 0415 de
2005).
QUINTO.- Exhortar a la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena -CAM, que preste asesoría y acompañamiento constante a
la Junta Administradora de Servicios Públicos de Fortalecillas; en lo
relacionado con la debida prestación del servicio de acueducto y
alcantarillado, y la operación del sistema.
SEXTO.- Ordenar la conformación del comité de verificación, del cual
hará parte un representante del municipio de Neiva, un representante
de la Corporación Autónoma Regional del Acto Magdalena -CAM-, un
representante de la Junta Administradora de Servicios Públicos de
Fortalecillas, y un representante de la Personería de Neiva; quienes
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rendirán un informe bimensual unificado sobre el avance de lo aquí
ordenado.
SÉPTIMO.- Denegar las demás súplicas de la demanda […]”.
Para el efecto, advirtió que al MUNICIPIO DE TELLO no le asiste
responsabilidad alguna, comoquiera que el corregimiento de
Fortalecillas pertenece a la jurisdicción del MUNICIPIO DE NEIVA,
amén de que tampoco habían pruebas que demostraran que aquél
ente territorial por acción u omisión hubiese afectado la fuente
hídrica origen de la controversia.
Indicó que la CAM otorgó varias concesiones en las que advirtió a
los beneficiarios que debían presentar para su aprobación los planos,
memorias y diseños de captación, control, conducción y distribución
de caudales, en plazo de 60 días calendario, contados a partir de su
ejecutoria.
Adujo que de los informes de seguimiento a las concesiones
elaborados por la CAM entre el año 2015 a 2020, colegía que no
todos los concesionarios han acatado sus compromisos, porque “[…]
se identificó que algunos captan más del caudal autorizado o lo
destinan a un uso diferente; otros realizan captaciones sin contar
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con la concesión, y otro grupo no tiene una adecuada disposición de
los residuos resultantes de la actividad piscícola […]”.
Precisó que, no obstante, no advertía que la CAM haya pretermitido
la vigilancia y control de los recursos hídricos o que hubiese
desconocido el orden de prioridades para las concesiones de aguas.
Explicó que al otorgar las concesiones, a través de la Resolución
núm. 0415 de 31 de marzo de 2005, la CAM advirtió a la JASACF
que dentro de los 30 días siguientes debía presentar los resultados
de los análisis bacteriológicos y fisicoquímicos de las aguas
concesionadas, además de |que los usuarios no podían hacer uso de
éstas hasta tanto no realizaran las obras de captación, obligaciones
que no habían sido satisfechas aún.
Consideró que en la medida en que tales omisiones no permitan
establecer la calidad del agua que consume el corregimiento, sin que
este cuente con la infraestructura que recomienda la CAM, era claro
que dichas circunstancias desconocen el derecho colectivo al
aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución,
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por lo que había lugar a impartir las órdenes antes señaladas.
Adujo que como no se demostró la vulneración de los derechos
colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio
ecológico y a la defensa del patrimonio cultural de la nación,
desestimaría su amparo.
III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El MUNICIPIO DE NEIVA argumentó que las llamadas a atender
las pretensiones de la demanda eran la CAM y la JASACF.
Sostuvo que no le consta que la calidad del agua para el consumo
humano y la disminución del caudal para satisfacer a las personas
que viven en el corregimiento de Fortalecillas se encuentre en riesgo,
comoquiera que de las pruebas aportadas no se evidenció que ello
sea así, sumado a que no fue posible que “[…] se realizaran los
dictámenes periciales de tipo técnico para establecer la calidad del
agua y condiciones de los aforos existentes en el río fortalecillas,
debido a que a la parte demandante no le fue posible sufragar los
costos de la correspondiente pericia […]”.
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Adujo que conforme con los numerales 9 y 12 del artículo 31 de la
Ley 99 de 22 de diciembre 199311, la CAM es la encargada de otorgar
concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas, así
como también ejerce las funciones de evaluación, control y
seguimiento ambiental del recurso hídrico, el suelo, el aire y los
demás recursos naturales renovables, por lo que, en su sentir, dicha
autoridad es la responsable del manejo de la cuenca y, por ende,
debe intervenir las concesiones otorgadas y determinar cuáles son
las posibles consecuencias de las dificultades en el suministro del
servicio de agua que se plantean.
Argumentó que la CAM goza de autonomía administrativa y
financiera y está investida de la facultad sancionatoria, incluso para
revocar las concesiones que otorga, de acuerdo con los artículos 1°
y 40 de la Ley 1333 de 21 de julio de 200912.
Destacó que la CAM fue quién expidió la Resolución núm. 415 de 31
de marzo de 2005 para reglamentar el uso y aprovechamiento de
las aguas del río Fortalecillas, por lo que es la llamada a ejercer el
11 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.”
12
“Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”.
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control y vigilancia de la aplicación de dicha norma.
Señaló que sí ha realizado gestiones para la protección del medio
ambiente y cuidado del río Fortalecillas, con reuniones y visitas a los
sitios de las concesiones, así como denunciado ante la CAM las
irregularidades que ha encontrado, con la finalidad de que tome las
medidas correspondientes.
Manifestó que no era responsable de la prestación de los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado, dado que para tal efecto fue
constituida la JASACF cuya persona jurídica es independiente y
percibe subsidios de tarifas que le gira por concepto de
reconocimiento a la prestación de los servicios de acueducto de los
usuarios de los estratos 1 y 2.
IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
IV.1.- Mediante auto de 10 noviembre de 202213, el Despacho
sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por el
MUNICIPIO DE NEIVA contra la sentencia de primera instancia y
13
Visible en el índice núm. 7 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.
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le advirtió al señor Procurador Delegado en lo Contencioso
Administrativo ante el Consejo de Estado que, de conformidad con
el numeral 6 del artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA, podría
emitir su concepto hasta antes de que ingresara el proceso al
despacho para sentencia.
Asimismo, en dicho auto se indicó que si en el término de ejecutoria
de la providencia las partes no solicitan la práctica de pruebas en los
términos del artículo 327 del CGP, se prescindirá del traslado para
alegar de conclusión y, en consecuencia, el expediente ingresará al
Despacho para fallo, conforme lo ordena el numeral 5 del artículo
247 del CPACA; y que, en todo caso, de acuerdo con el numeral 4
de la norma idem, los sujetos procesales podrían pronunciarse en
relación con el recurso de apelación interpuesto hasta la ejecutoria
del auto.
IV.2.- En el término referido en precedencia las partes no solicitaron
pruebas y guardaron silencio.
VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
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Generalidades de la acción popular
La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política
y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de
los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten
amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño
contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o
de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la
comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo
para la protección de sus derechos.
Caso concreto
Con fundamento en los antecedentes expuestos, a la Sala le
corresponde determinar si el MUNICIPIO DE NEIVA, en conjunto
con la JASACF, es responsable de realizar los planos y diseños de
las obras de control de caudal del río Fortalecillas, ordenados por el
Tribunal.
Para efecto de resolver el problema jurídico planteado, la Sala
destaca el siguiente material probatorio:
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• A través de la Resolución núm. 0415 de 31 de marzo de 200514 la
CAM reglamentó la corriente de uso público del río origen de la
controversia, para lo cual asignó un caudal de 50 lps al acueducto
del corregimiento de Fortalecillas, 1.416 lps para uso agropecuario,
1.263 lps para la primera derivación de nominada La Florida, 270 lps
para otros fuera de la cuenca y 150 lps como caudal ecológico.
En el numeral tercero de la referida Resolución la CAM dispuso que
los beneficiarios de la corriente del caudal asignado debían presentar
dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de esa decisión “[…]
los planos, memorias de diseños de obras de captación, control,
conducción y distribución de los caudales concedidos […]”, conforme
con el artículo 184 del Decreto 1541 de 28 de julio 197815, sin lo cual
no podrían hacer uso de las concesiones respectivas.
De igual forma, en el numeral vigésimo se advirtió a los beneficiarios
que debían cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 133
del Decreto 2811 de 1974, entre otras, la de construir y mantener
Folios 211 a 221 cuaderno 2 expediente digital.
14
“Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no
15
marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973”
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instalaciones y obras hidráulicas en condiciones adecuadas.
• Como consecuencia de una denuncia efectuada por la JASACF ante
la CAM por presuntas actividades realizadas por un tercero que
causarían afectación ambiental al río Fortalecillas, el 22 de agosto de
2017 dicha autoridad efectuó una visita16, producto de la cual emitió
el concepto técnico núm. 2095 de 23 de agosto de 2017, en el que
si bien determinó que no se había detectado infracción ambiental
alguna, era necesario recomendar a la JASACF lo siguiente:
“[…] 7. RECOMENDACIONES TÉCNICAS
Se recomienda a la Junta Administradora de Servicios Públicos de
Fortalecillas adelantar los estudios y diseños para la captación,
mediante derivación independiente, de las aguas que discurren por el
Río Fortalecillas; tal como se encuentra reglamentado mediante
Resolución CAM No. 0451 del 31 de marzo de 2005.
Adicionalmente se recomienda el archivo de la presente denuncia bajo
Radicado Cam […]”.
De lo anterior, la Sala advierte que la CAM le otorgó obligaciones
expresas a la JASACF, en virtud de la concesión otorgada mediante
la Resolución núm. 0415 de 31 de marzo de 2005, consistentes en:
i) presentar los planos, memorias de diseños de obras de captación,
16
CD 6 expediente digitalizado.
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control, conducción y distribución de los caudales concedidos, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 184 del Decreto 1541 de 1978,
obligación que fue reiterada en el 2017, sin que haya prueba de que
esto ha sido cumplido; y ii) dar cumplimiento a lo ordenado en el
artículo 133 del Decreto 2811 de 197417.
Sin embargo, y de acuerdo con lo considerado por el Tribunal, la Sala
advierte que el MUNICIPIO DE NEIVA también está llamado a
realizar los planos y diseños de las obras de control de caudal del
río, en atención a sus obligaciones en materia de prestación del
servicio público de acueducto en sus corregimientos que lo hacen
garante y responsable de la eficiencia del mismo, aun cuando se
hubiese constituido personas jurídicas terceras para ello.
En efecto, de conformidad con el artículo 36518 de la Constitución
17
Decreto 2811 de 1974, artículo 133: “ARTICULO 133. Los usuarios están obligados a:
a). Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto previsto en la resolución
de concesión, empleando sistemas técnicas de aprovechamiento.
b). No utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada;
c). Construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones adecuadas.
d). Evitar que las aguas que deriven de una corriente o depósito se derramen o salgan de las obras
que las deben contener;
e). Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras hidráulicas, caminos de vigilancia
y demás obras e instalaciones comunes;
f). Permitir la vigilancia e inspección y suministrar los datos sobre el uso de las aguas”.
18
“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar
su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán
sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá
la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés
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Política, al Estado le compete el deber de asegurar la prestación
eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio
nacional. El mismo texto constitucional autoriza que la prestación
del servicio se haga directa o indirectamente por parte del Estado, o
por comunidades organizadas, o por particulares.
En desarrollo de los anteriores preceptos, el Congreso de la
República expidió la Ley 142 de 11 de julio de 199419, la cual se
aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado, entre otros.
El artículo 15 de dicha normativa estableció que pueden prestar
servicios públicos:
“[…] ARTÍCULO 15. PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS
PÚBLICOS. Pueden prestar los servicios públicos:
15.1. Las empresas de servicios públicos.
15.2. Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas
mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad
principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de
servicios públicos.
15.3. Los municipios cuando asuman en forma directa, a
través de su administración central, la prestación de los
social, el Estado mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por
iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos,
deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del
ejercicio de la actividad lícita.”
19
Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones
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servicios públicos, conforme a lo dispuesto en esta Ley.
15.4. Las organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para
prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y
en áreas o zonas urbanas específicas.
15.5. Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos
durante los períodos de transición previstos en esta Ley.
15.6. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o
nacional que al momento de expedirse esta Ley estén prestando
cualquiera de los servicios públicos y se ajusten a lo establecido en el
parágrafo del artículo […]”.
Conforme con la norma en cita la prestación de los servicios públicos
puede realizarse directamente por el municipio, o a través de
terceros, sin embargo, esto último no exime de responsabilidad al
ente territorial en su deber de asegurar la prestación eficiente de los
servicios públicos20 y solucionar las necesidades insatisfechas de
salud, saneamiento ambiental, agua potable y servicios públicos
domiciliarios21.
Sobre el partícular, iterando la posición sobre ese tema, en sentencia
de 10 de noviembre de 202322, la Sala, al resolverse un asunto
similar al presente, en el que también estaba vinculado el
MUNICIPIO DE NEIVA frente a otro de sus corregimientos, indicó:
“[…] 56. Cabe agregar que, aun en el evento en que la
20
Constitución Política, artículo 365.
21
Ley 136 de 1994, artículo 3. Ley 142 de 1994, artículo 5°.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes, sentencia de 10 de noviembre de 2023, expediente núm. AP 41001-
23-33-000-2018-00250-01.
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prestación de esos servicios esté a cargo de una empresa de
servicios públicos, no por ello el municipio puede evadir su rol
de garante del servicio debido a que el ente territorial ejerce
un control de tutela sobre la empresa prestadora, tal y como
lo reconoció esta Sección en la sentencia de 18 de abril de
2013, al considerar que:
[…] Conforme a la Ley 142 de 1994, la prestación de los servicios
públicos puede realizarse directamente por el Municipio, o a través de
las organizaciones comunitarias, en las cuales participan los usuarios y
la comunidad en general, como entidades prestadoras del servicio de
acueducto. Sin embargo, ello no exime de responsabilidad al ente
territorial en su deber de asegurar la prestación eficiente de los
servicios públicos y solucionar las necesidades insatisfechas de salud,
saneamiento ambiental, agua potable y servicios públicos domiciliarios
[…]
57. Es más, esta Sección explicó en la sentencia de 9 de junio de 2021
que «en un Estado Social de Derecho las instituciones públicas no
están facultadas para desconocer los derechos de la población rural,
en virtud de las dificultades asociadas a la prestación de los servicios
públicos domiciliarios en tales sectores. (Por ello,) las autoridades
municipales no solo fungen como garantes del servicio en el territorio
urbano, en donde se concentra la mayor parte de la población, sino
que están llamadas a reducir las brechas de desigualdad existentes
en la zona rural, pues allí las mismas comunidades son las que se
organizan para fungir como prestadores, debido a que las empresas
prestadoras no tienen el interés de acceder a ese mercado por las
condiciones técnicas y económicas […]”.
Ahora bien, la obligación de garantía en la prestación de los servicios
públicos que radica en los municipios implica que éstos hagan la
inversión en la infraestructura requerida para tal efecto.
Asimismo, se precisa que el artículo 8° de la Ley 388 de 18 de julio
de 199723 determinó que la función pública del ordenamiento del
23
Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones
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territorio municipal o distrital se ejerce mediante la acción
urbanística de las entidades distritales y municipales, referida a las
decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les
son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la
intervención en los usos del suelo.
La referida normativa prevé que son acciones urbanísticas, entre
otras, las de: i) localizar y señalar las características de la
infraestructura para el transporte, los servicios públicos
domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos,
líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamientos de servicios de
interés público y social, tales como centros docentes y hospitalarios,
aeropuertos y lugares análogos; y ii) dirigir y realizar la ejecución
de obras de infraestructura para el transporte, los servicios
públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente
por la entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de
conformidad con las leyes.
Por su parte, el artículo 76 de la Ley 715 de 21 de diciembre 200124
24
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con
los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.
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señala que corresponde a los municipios, directa o indirectamente,
con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros,
promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y
en especial realizar directamente o a través de terceros en materia
de servicios públicos, además de las competencias establecidas en
otras normas vigentes, la construcción, ampliación
rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de
servicios públicos.
En el mismo sentido el parágrafo 2 del artículo 2.3.7.1.2.3 del
Decreto 1898 de 23 de noviembre 201625 prevé que los “[…]
municipios y distritos, acorde con su obligación constitucional y legal
de asegurar la prestación de los servicios a todos los habitantes de
su territorio, deberán apoyar técnicamente y mediante la
financiación de proyectos a los prestadores de su jurisdicción y en la
formulación e implementación de los planes de gestión a los que se
refiere el presente artículo [….]”.
25
“Por el cual se adiciona el Título 7, Capítulo 1, a la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015,
que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas
diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales”.
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Además del marco normativo expuesto, la Sala destaca que en la
aludida sentencia de 10 de noviembre de 2023, se precisó que:
“[…] 65. El anterior recuento normativo y jurisprudencial
permite concluir que la prestación del servicio público
domiciliario de acueducto y la construcción, ampliación,
rehabilitación y mejoramiento de esa infraestructura,
constituye una función principal de los municipios en orden a
garantizar su prestación eficiente y oportuna. Esta
responsabilidad se extiende a la zona rural del territorio colombiano
desde una estrategia de apoyo y fortalecimiento de los prestadores
de los servicios públicos domiciliarios.
66. Sin lugar a dudas, la prestación del servicio de acueducto en la
zona rural afronta múltiples dificultades de orden logístico, técnico y
económico. Pero ello no justifica una conducta negligente de las
autoridades territoriales locales cuando se trata de la correcta
prestación de esos servicios. Contrario sensu, la administración
cuenta con herramientas especiales para lograr tal objetivo de forma
equitativa […]”. (Destacado fuera de texto)
Lo anterior implica que corresponde al ente territorial efectuar
inversiones en infraestructura para la prestación de los servicios
públicos, así como apoyar financiera y técnicamente a los
prestadores de éstos.
En esas condiciones, los argumentos del recurso de apelación del
MUNICIPIO DE NEIVA no tienen vocación de prosperar por cuanto
sí está llamado a responder por la obligación que le fue impuesta en
la sentencia recurrida, pues la infraestructura que se requiere para
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la captación del recurso hídrico, redundará en la adecuada prestación
del servicio público y se tendrá un mejor control del volumen del
caudal del río.
Ahora, respecto del argumento del recurso del MUNICIPIO DE
NEIVA referente a que no le consta la calidad del agua que se le
suministra a la población del corregimiento de Fortalecillas, la Sala
se abstendrá de efectuar pronunciamiento alguno porque sobre ese
aspecto el a quo no le impuso orden alguna ni le atribuyó
responsabilidad, así como tampoco del control, vigilancia y facultad
sancionatoria por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
uso de las aguas de la fuente hídrica, dado que tales funciones han
sido ejecutadas por la CAM.
Finalmente, la Sala advierte que en las órdenes contenidas en los
ordinales tercero y cuarto26 de la parte resolutiva del fallo apelado,
el Tribunal dispuso que debían cumplirse antes de que expirara la
26
“TERCERO.- Ordenar al Municipio de Neiva y a la Junta Administradora de Servicios Públicos de
Fortalecillas, que realicen los planos y diseños de las obras de control de caudal del Río Fortalecillas
(obras de captación); lo cual, se debe cumplir antes de que expire la anualidad 2022.
CUARTO.- Ordenar a la Junta Administradora de Servicios Públicos de Fortalecillas, que antes de que
expire la anualidad 2022, presente en la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM- los
resultados de los análisis bacteriológicos y fisicoquímicos de las aguas concesionadas (artículo décimo
primero de la resolución 0415 de 2005)”.
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anulidad 2022. En consecuencia, dado que dicha vigencia ya feneció,
la Sala las modificará en el sentido de indicar que las medidas allí
ordenadas se cumplirán en cuatro meses, contados a partir de la
notificación de esta providencia.
Asimismo, se modificará el numeral SEXTO de la parte resolutiva de
la sentencia apelada en cuanto a que el Comité de Verificación del
cumplimiento de la sentencia también estará integrado por el
magistrado ponente del Tribunal, quien lo presidirá, como en efecto
se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia, y en
lo demás se confirmará.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR los numerales TERCERO, CUARTO y
SEXTO de la parte resolutiva de la sentencia de 30 de agosto de
2022, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA,
los cuales quedarán así:
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“[…] TERCERO.- Ordenar al Municipio de Neiva y a la Junta
Administradora de Servicios Públicos de Fortalecillas, que realicen
los planos y diseños de las obras de control de caudal del Río
Fortalecillas (obras de captación); lo cual, debe cumplirse en el
término de cuatro (4) meses, contados a partir de la notificación
de esta providencia.
CUARTO.- Ordenar a la Junta Administradora de Servicios
Públicos de Fortalecillas que, en el término de cuatro (4) meses,
contados a partir de la notificación de esta providencia, presente
ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -
CAM- los resultados de los análisis bacteriológicos y
fisicoquímicos de las aguas concesionadas (artículo décimo
primero de la resolución 0415 de 2005)”.
[…]
SEXTO.- Ordenar la conformación del comité de verificación,
integrado por el magistrado ponente del Tribunal, quien lo
presidirá, un representante del municipio de Neiva, un
representante de la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena -CAM-, un representante de la Junta Administradora
de Servicios Públicos del Corregimiento de Fortalecillas, un
representante de la Personería de Neiva y un representante del
Ministerio Público; quienes rendirán un informe bimensual
unificado sobre el avance de lo aquí ordenado”.
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.
TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del
Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.
Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de agosto de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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