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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2018-00254-01

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2018-00254-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR los numerales TERCERO, CUARTO y SEXTO de la parte resolutiva de la sentencia de 30 de agosto de 2022, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, los cuales quedarán así: Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 30 Número único de radicación 41-001-23-33-000-2018-00254 -01 Actor: JUAN CARLOS RAMÓN RUEDA “[…] TERCERO.- Ordenar al Municipio de Neiva y a la Junta Administradora de Servicios Públicos de Fortalecillas, que realicen los planos y diseños de las obras de control de caudal del Río Fortalecillas (obras de captación); lo cual, debe cumplirse en el término de cuatro (4) meses, contados a partir de la notificación de esta providencia. CUARTO.- Ordenar a la Junta Administradora de Servicios Públicos de Fortalecillas que, en el término de cuatro (4) meses, contados a partir de la notificación de esta providencia, presente ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena - CAM- los resultados de los análisis bacteriológicos y fisicoquímicos de las aguas concesionadas (artículo décimo primero de la resolución 0415 de 2005)”. […] SEXTO.- Ordenar la conformación del comité de verificación, integrado por el magistrado ponente del Tribunal, quien lo presidirá, un representante del municipio de Neiva, un representante de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM-, un representante de la Junta Administradora de Servicios Públicos del Corregimiento de Fortalecillas, un representante de la Personería de Neiva y un representante del Ministerio Público; quienes rendirán un informe bimensual unificado sobre el avance de lo aquí ordenado”. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 31 Número único de radicación 41-001-23-33-000-2018-00254 -01 Actor: JUAN CARLOS RAMÓN RUEDA

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 41001-23-33-000-2018-00254-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

29 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 41-001-23-33-000-2018-00254-01
ACCIÓN POPULAR – FALLO
ACTOR: JUAN CARLOS RAMÓN RUEDA

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. AL MUNICIPIO LE
CORRESPONDE GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN SUS CORREGIMIENTOS,
INCLUSO SI UN TERCERO ESTÁ ENCARGADO PARA TAL EFECTO.

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: AL GOCE DE
UN AMBIENTE SANO, A LA EXISTENCIA DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y
AL MANEJO Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS
NATURALES, A LA SALUBRIDAD PÚBLICA, A LA DEFENSA DEL
PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN Y AL ACCESO A LA
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE GARANTICE LA SALUBRIDAD
PÚBLICA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el

MUNICIPIO DE NEIVA contra la sentencia de 30 de agosto de

2022, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL

HUILA1.

1
En adelante el TRIBUNAL.

2

Número único de radicación 41-001-23-33-000-2018-00254 -01
Actor: JUAN CARLOS RAMÓN RUEDA

I.- ANTECEDENTES

I.1- La Demanda

El señor JUAN CARLOS RAMÓN RUEDA, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo 88 de

la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto

de 19982, presentó demanda contra los municipios de NEIVA y

TELLO y la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO

MAGDALENA – CAM3, tendiente a obtener la protección de los

derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la

existencia de equilibrio ecológico y al manejo y aprovechamiento

racional de los recursos naturales, a la salubridad pública, a la

defensa del patrimonio cultural de la nación y al acceso a la

infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública.

I.2.- Hechos

Sostuvo que el río Fortalecillas surte de agua para el consumo

humano al corregimiento que lleva su mismo nombre y que hace

2
“Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el
ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
3
En adelante la CAM.

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3

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Actor: JUAN CARLOS RAMÓN RUEDA

parte del MUNICIPIO DE NEIVA, cuyo abastecimiento está en

riesgo debido a que las actividades mineras, piscícolas y agrícolas

han afectado su caudal.

Adujo que, en su calidad de concejal del MUNICIPIO DE NEIVA

durante los años 2016 y 2017, debatió en diferentes sesiones el

incumplimiento de las obligaciones derivadas de las concesiones y

licencias otorgadas por la CAM para la utilización del recurso hídrico

del río aludido y, además, ha solicitado: i) al ente territorial en

comento información sobre las acciones adelantadas para

salvaguardar la fuente hídrica; y ii) a la CAM que controle y vigile

las obligaciones derivadas de las concesiones que ha otorgado para

el uso del agua del río Fortalecillas.

Manifestó que la CAM determinó que la reducción del caudal del río

no solo es consecuencia de los intensos veranos, sino también

porque algunos usuarios localizados en la cuenca alta y media no

cumplen con la reglamentación.

Afirmó que cerca de 9.500 personas del corregimiento de

Fortalecillas están afectadas por la desmejora del caudal del río,

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aunado a que la bocatoma que surte el agua no cuenta con las

calidades técnicas para su finalidad.

I.3.- Pretensiones

Solicitó, además de la declaratoria de la vulneración de los derechos

invocados y de la responsabilidad por parte de las entidades

accionadas, lo siguiente:

“[…]1 Ordénese al municipio de Neiva, municipio de Tello y a la
Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM, ejercer
acciones de vigilancia y control, según lo determinado por la ley 99
de 1993, a lo largo del cauce del río Fortalecillas y velar por la correcta
aplicación e implementación de las concesiones otorgadas en cuanto
a la ejecución de las obras hidráulicas de captación y medición para
evitar el abuso y uso desmedido de la fuente hídrica. Ante lo cual,
estas entidades, deberán rendir informe de las acciones realizadas en
cumplimiento de lo anteriormente expuesto a los entes de control
(personería, procuraduría ambiental y agraria, contraloría municipal,
fiscalía general de la Nación, concejo municipal de Neiva).

2. Ordénese a la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena
– CAM- y a los municipios de Neiva y Tello coordinar las acciones que
sean necesarias para que en el marco de lo establecido en el decreto
1640 de 2012 “por medio del cual se reglamentan los instrumentos
para la planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográfica
de río Fortalecillas según lo establece la citada norma en su título V,
planes de manejo ambiental, capítulo I, plan de manejo ambiental de
microcuencas.

3. Ordénese al municipio de Neiva, asumir su competencia con
respecto a la prestación de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado, con calidad y ajustándose a las normas sanitarias
vigentes en el territorio colombiano, del centro poblado de
Fortalecillas, garantizando los elementos técnicos, operativos y
financieros para la prestación de los servicios enunciados de manera
eficiente. Dicho suministro deberá garantizar el consumo diario que

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les permita vivir digna y sanamente hasta que se brinde una solución
definitiva al problema de provisión constante y de calidad del recurso
hídrico.

4. Consolidar y registrar en el sistema de registro de vigilancia de
calidad del agua para el consumo humano los resultados de los
análisis de las muestras de agua para consumo humano exigidas en
el decreto 1575 de 2007 y resolución 2115 de 2007 de manera
oportuna.

5. Practicar visitas de inspección sanitaria a los sistemas de
suministro de agua para consumo humano, con la periodicidad
requerida conforme al riesgo. De cada visita se diligenciará el
formulario único de acta, que para su efecto expedirá el ministerio de
la protección social, en la cual quede constancia del cumplimiento de
las buenas prácticas sanitarias encontradas en el sistema de
suministro de agua para consumo humano objeto de la inspección.

6. Realizar la vigilancia de las características adicionales definidas en
el mapa de riesgo, tanto en la red de distribución como en otros
medios de suministro de la misma.

7. Velar por el cumplimiento de la franja de seguridad para la
aplicación de plaguicidas en las cuencas que abastecen el acueducto
municipal, de conformidad con lo establecido en el decreto 1843 de
1991 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya, mediante el
cual se regula el uso y manejo de los plaguicidas, en coordinación con
las autoridades ambientales y las personas prestadoras que
suministran o distribuyen agua para consumo humano […]”.

I.4.- DEFENSA

I.4.1.- El MUNICIPIO DE TELLO comentó que en cumplimiento de

su deber de preservar sus fuentes hídricas, desde el año 1997 ha

comprado varios predios “[…] que surten con sus fuentes hídricas la

cuenca del río Fortalecillas […]”, y promovió la creación de un parque

natural, para lo cual realizó acciones de aislamiento e instalación de

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vallas ambientales informativas y convenios con juntas de acción

comunal y la CAM para reforestación.

Señaló que no le asiste competencia para otorgar licencias

ambientales, ni concesiones sobre el uso del agua del río

Fortalecillas, cuya función es de la CAM a la que, además, le

corresponde verificar el cumplimiento de las obligaciones derivadas

de las autorizaciones que expide.

Adujo que la demanda carece de acerbo probatorio que demuestre

los hechos narrados por el actor en su escrito de demanda y, por

ende, la vulneración de los derechos colectivos alegada.

I.4.3.- El MUNICIPIO DE NEIVA4 indicó que si bien le corresponde

velar por el adecuado manejo de los recursos naturales, lo cierto es

que la CAM es la encargada de otorgar las concesiones de estos, así

como su administración, por lo que no le es dable intervenir en esos

asuntos conforme se advierte del Decreto 1541 de 28 de julio 19785.

4
Folios 178 a 184 cuaderno 1 expediente digital.
5
“Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no
marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973”

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Destacó que ejecutó el plan de desarrollo 2016-2019 “Neiva la Razón

de Todos” que incluye el programa “Plan Neiva” para optimizar los

niveles de prestación de los servicios públicos de acueductos rurales,

incluyendo el del corregimiento de Fortalecillas, con lo cual, a su

juicio, ha promovido el mejoramiento del servicio público de

acueducto y alcantarillado.

Propuso, con fundamento en lo anterior, las excepciones que

denominó “carencia de legitimación en la causa por pasiva”,

“cumplimiento del deber legal” e “inexistencia de vulneración de

derechos colectivos”.

I.4.4.- La CAM6 indicó que mediante Resolución núm. 0415 de 31

de marzo de 2005 reglamentó los usos y aprovechamientos de las

aguas del río Fortalecillas, conforme con lo previsto en el Decreto

1541 de 1978.

Sostuvo que de la oferta de 3.150 litros por segundo (lps) del caudal

del río, 50 fueron otorgados para la JUNTA ADMINISTRADORA

6
Folios 199 a 208 cuaderno 2 expediente digital.

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DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE

FORTALECILLAS -JASACF7, 1.416 para uso agropecuario, 1.264

para el canal La Florida y el resto para otros.

Propuso las excepciones que denominó “Inexistencia de la violación

de los derechos colectivos invocados” e “Inexistencia de pruebas que

demuestren la vulneración de los derechos colectivos invocados por

parte de la CAM”, que fundamentó en los siguientes argumentos:

Afirmó que ha realizado diferentes actividades de seguimiento y

control relacionadas con el cumplimiento de las normas de usos y

aprovechamiento de las aguas del río Fortalecillas, las cuales fueron

enunciadas8 y de las que concluyó que ha ejercido sus funciones

orientadas a la conservación, aprovechamiento racional de los

recursos naturales y a la protección del medio ambiente.

7
En adelante la JASACF.
8
Para le efecto, la CAM mencionó las siguientes actividades:i) Visita técnica al municipio de Tello
consignada en el acta núm. 067 de 11 de enero de 2017; ii) Visita técnica a los municipios de Tello y
Neiva consignada en el acta núm. 290 de 20 de enero de 2017; iii) Visita técnica a la planta de
tratamiento de Fortalecillas consignada en el acta núm. 1608 de 6 de julio de 2017; iv) Visita técnica
al canal Cequión consignada en el acta núm. 1795 de 28 de junio de 2017 en la que, entre otros
aspectos, consta que existe un usuario que presuntamente realizaba captación de aguas sin concesión
y contra quien estaba en trámite el proceso sancionatorio respectivo; v) Concepto técnico de visita
núm. 56 de 25 de enero de 2018 en la que se pone de manifiesto que identificaron infractores por
captación ilegal de agua para uso piscícola; y vi) Concepto técnico de visita núm. 2509 de 22 de junio
de 2018, relacionado con una denuncia efectuada por la JASACF por presunta contaminación por
presencia de cultivos de arroz en el MUNICIPIO DE NEIVA, en donde consta que no se presentó
evidencia de afectación ambiental y se recomendó archivar la denuncia.

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Argumentó que el actor no aportó prueba sobre la vulneración que

pregona, pese a que le corresponde dicha carga, lo que conduce a

denegar las pretensiones de la demanda.

I.4.5.- La JASACF9, vinculada por el Tribunal de forma oficiosa como

parte demandada, se opuso a las pretensiones de la demanda y

propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por

pasiva y “buena fe”, para lo cual argumentó que:

-. Durante los últimos 30 años ha prestado de manera excelente el

servicio de acueducto en el corregimiento de Fortalecillas, sin que

haya existido amenaza o vulneración contra una persona en

particular o la comunidad.

Expuso que a través de la Resolución núm. 11841 de 27 de mayo de

2015, la CAM reglamentó el uso y aprovechamiento de las aguas del

río Fortalecillas y le autorizó un caudal en la forma allí detallada,

normativa que ha cumplido hasta el momento.

9
Folios 300 a 306 cuaderno 2 expediente digital.

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-. Explicó que ha cumplido con la prestación de los servicios públicos

ordenados y reglamentados por la ley, por lo que es a los demás

demandados a quienes les corresponde responder por las

pretensiones de la demanda.

I.5.- Pacto de cumplimiento

La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el día 30 de

enero de 201910, la cual se declaró fallida por no existir ánimo

conciliatorio entre las partes.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El TRIBUNAL, mediante sentencia de 30 de agosto de 2022, declaró

no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa por

pasiva e inexistencia de la vulneración de los derechos colectivos

propuestas por el municipio de Neiva y por la JASPF, porque, a su

juicio, el ente territorial tiene la responsabilidad de la prestación del

servicio esencial de acueducto y alcantarillado en el corregimiento

de Fortalecillas y la Junta Administradora es la encargada directa de

10
Folios 268 y 269 cuaderno 2 expediente digital.

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la prestación del mismo, razón por la que sí estaban legitimados para

ser llamado como extremo pasivo de la acción, independiente de su

eventual responsabilidad.

Amparó el derecho colectivo de los moradores del corregimiento del

centro poblado de Fortalecillas al manejo y aprovechamiento racional

de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su

conservación, restauración o sustitución y, en consecuencia, ordenó

lo siguiente:

“[…] TERCERO.- Ordenar al Municipio de Neiva y a la Junta
Administradora de Servicios Públicos de Fortalecillas, que realicen los
planos y diseños de las obras de control de caudal del Río Fortalecillas
(obras de captación); lo cual, se debe cumplir antes de que expire la
anualidad 2022.

CUARTO.- Ordenar a la Junta Administradora de Servicios Públicos
de Fortalecillas, que antes de que expire la anualidad 2022, presente
en la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM- los
resultados de los análisis bacteriológicos y fisicoquímicos de las aguas
concesionadas (artículo décimo primero de la resolución 0415 de
2005).

QUINTO.- Exhortar a la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena -CAM, que preste asesoría y acompañamiento constante a
la Junta Administradora de Servicios Públicos de Fortalecillas; en lo
relacionado con la debida prestación del servicio de acueducto y
alcantarillado, y la operación del sistema.

SEXTO.- Ordenar la conformación del comité de verificación, del cual
hará parte un representante del municipio de Neiva, un representante
de la Corporación Autónoma Regional del Acto Magdalena -CAM-, un
representante de la Junta Administradora de Servicios Públicos de
Fortalecillas, y un representante de la Personería de Neiva; quienes

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rendirán un informe bimensual unificado sobre el avance de lo aquí
ordenado.

SÉPTIMO.- Denegar las demás súplicas de la demanda […]”.

Para el efecto, advirtió que al MUNICIPIO DE TELLO no le asiste

responsabilidad alguna, comoquiera que el corregimiento de

Fortalecillas pertenece a la jurisdicción del MUNICIPIO DE NEIVA,

amén de que tampoco habían pruebas que demostraran que aquél

ente territorial por acción u omisión hubiese afectado la fuente

hídrica origen de la controversia.

Indicó que la CAM otorgó varias concesiones en las que advirtió a

los beneficiarios que debían presentar para su aprobación los planos,

memorias y diseños de captación, control, conducción y distribución

de caudales, en plazo de 60 días calendario, contados a partir de su

ejecutoria.

Adujo que de los informes de seguimiento a las concesiones

elaborados por la CAM entre el año 2015 a 2020, colegía que no

todos los concesionarios han acatado sus compromisos, porque “[…]

se identificó que algunos captan más del caudal autorizado o lo

destinan a un uso diferente; otros realizan captaciones sin contar

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con la concesión, y otro grupo no tiene una adecuada disposición de

los residuos resultantes de la actividad piscícola […]”.

Precisó que, no obstante, no advertía que la CAM haya pretermitido

la vigilancia y control de los recursos hídricos o que hubiese

desconocido el orden de prioridades para las concesiones de aguas.

Explicó que al otorgar las concesiones, a través de la Resolución

núm. 0415 de 31 de marzo de 2005, la CAM advirtió a la JASACF

que dentro de los 30 días siguientes debía presentar los resultados

de los análisis bacteriológicos y fisicoquímicos de las aguas

concesionadas, además de |que los usuarios no podían hacer uso de

éstas hasta tanto no realizaran las obras de captación, obligaciones

que no habían sido satisfechas aún.

Consideró que en la medida en que tales omisiones no permitan

establecer la calidad del agua que consume el corregimiento, sin que

este cuente con la infraestructura que recomienda la CAM, era claro

que dichas circunstancias desconocen el derecho colectivo al

aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar

su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución,

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por lo que había lugar a impartir las órdenes antes señaladas.

Adujo que como no se demostró la vulneración de los derechos

colectivos al goce de un ambiente sano, a la existencia del equilibrio

ecológico y a la defensa del patrimonio cultural de la nación,

desestimaría su amparo.

III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

El MUNICIPIO DE NEIVA argumentó que las llamadas a atender

las pretensiones de la demanda eran la CAM y la JASACF.

Sostuvo que no le consta que la calidad del agua para el consumo

humano y la disminución del caudal para satisfacer a las personas

que viven en el corregimiento de Fortalecillas se encuentre en riesgo,

comoquiera que de las pruebas aportadas no se evidenció que ello

sea así, sumado a que no fue posible que “[…] se realizaran los

dictámenes periciales de tipo técnico para establecer la calidad del

agua y condiciones de los aforos existentes en el río fortalecillas,

debido a que a la parte demandante no le fue posible sufragar los

costos de la correspondiente pericia […]”.

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Adujo que conforme con los numerales 9 y 12 del artículo 31 de la

Ley 99 de 22 de diciembre 199311, la CAM es la encargada de otorgar

concesiones para el uso de aguas superficiales y subterráneas, así

como también ejerce las funciones de evaluación, control y

seguimiento ambiental del recurso hídrico, el suelo, el aire y los

demás recursos naturales renovables, por lo que, en su sentir, dicha

autoridad es la responsable del manejo de la cuenca y, por ende,

debe intervenir las concesiones otorgadas y determinar cuáles son

las posibles consecuencias de las dificultades en el suministro del

servicio de agua que se plantean.

Argumentó que la CAM goza de autonomía administrativa y

financiera y está investida de la facultad sancionatoria, incluso para

revocar las concesiones que otorga, de acuerdo con los artículos 1°

y 40 de la Ley 1333 de 21 de julio de 200912.

Destacó que la CAM fue quién expidió la Resolución núm. 415 de 31

de marzo de 2005 para reglamentar el uso y aprovechamiento de

las aguas del río Fortalecillas, por lo que es la llamada a ejercer el

11 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema
Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.”
12
“Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”.

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control y vigilancia de la aplicación de dicha norma.

Señaló que sí ha realizado gestiones para la protección del medio

ambiente y cuidado del río Fortalecillas, con reuniones y visitas a los

sitios de las concesiones, así como denunciado ante la CAM las

irregularidades que ha encontrado, con la finalidad de que tome las

medidas correspondientes.

Manifestó que no era responsable de la prestación de los servicios

públicos de acueducto y alcantarillado, dado que para tal efecto fue

constituida la JASACF cuya persona jurídica es independiente y

percibe subsidios de tarifas que le gira por concepto de

reconocimiento a la prestación de los servicios de acueducto de los

usuarios de los estratos 1 y 2.

IV.- TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

IV.1.- Mediante auto de 10 noviembre de 202213, el Despacho

sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por el

MUNICIPIO DE NEIVA contra la sentencia de primera instancia y

13
Visible en el índice núm. 7 del expediente digital de segunda instancia en SAMAI.

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le advirtió al señor Procurador Delegado en lo Contencioso

Administrativo ante el Consejo de Estado que, de conformidad con

el numeral 6 del artículo 247 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA, podría

emitir su concepto hasta antes de que ingresara el proceso al

despacho para sentencia.

Asimismo, en dicho auto se indicó que si en el término de ejecutoria

de la providencia las partes no solicitan la práctica de pruebas en los

términos del artículo 327 del CGP, se prescindirá del traslado para

alegar de conclusión y, en consecuencia, el expediente ingresará al

Despacho para fallo, conforme lo ordena el numeral 5 del artículo

247 del CPACA; y que, en todo caso, de acuerdo con el numeral 4

de la norma idem, los sujetos procesales podrían pronunciarse en

relación con el recurso de apelación interpuesto hasta la ejecutoria

del auto.

IV.2.- En el término referido en precedencia las partes no solicitaron

pruebas y guardaron silencio.

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

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Actor: JUAN CARLOS RAMÓN RUEDA

Generalidades de la acción popular

La acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política

y desarrollada por la Ley 472, tiene como finalidad la protección de

los derechos e intereses colectivos, cuando éstos resulten

amenazados o vulnerados, exista peligro o agravio o un daño

contingente, por la acción o la omisión de las autoridades públicas o

de los particulares. El objetivo de estas acciones es dotar a la

comunidad afectada de un mecanismo jurídico expedito y sencillo

para la protección de sus derechos.

Caso concreto

Con fundamento en los antecedentes expuestos, a la Sala le

corresponde determinar si el MUNICIPIO DE NEIVA, en conjunto

con la JASACF, es responsable de realizar los planos y diseños de

las obras de control de caudal del río Fortalecillas, ordenados por el

Tribunal.

Para efecto de resolver el problema jurídico planteado, la Sala

destaca el siguiente material probatorio:

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• A través de la Resolución núm. 0415 de 31 de marzo de 200514 la

CAM reglamentó la corriente de uso público del río origen de la

controversia, para lo cual asignó un caudal de 50 lps al acueducto

del corregimiento de Fortalecillas, 1.416 lps para uso agropecuario,

1.263 lps para la primera derivación de nominada La Florida, 270 lps

para otros fuera de la cuenca y 150 lps como caudal ecológico.

En el numeral tercero de la referida Resolución la CAM dispuso que

los beneficiarios de la corriente del caudal asignado debían presentar

dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de esa decisión “[…]

los planos, memorias de diseños de obras de captación, control,

conducción y distribución de los caudales concedidos […]”, conforme

con el artículo 184 del Decreto 1541 de 28 de julio 197815, sin lo cual

no podrían hacer uso de las concesiones respectivas.

De igual forma, en el numeral vigésimo se advirtió a los beneficiarios

que debían cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 133

del Decreto 2811 de 1974, entre otras, la de construir y mantener

Folios 211 a 221 cuaderno 2 expediente digital.
14

“Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no
15

marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973”

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instalaciones y obras hidráulicas en condiciones adecuadas.

• Como consecuencia de una denuncia efectuada por la JASACF ante

la CAM por presuntas actividades realizadas por un tercero que

causarían afectación ambiental al río Fortalecillas, el 22 de agosto de

2017 dicha autoridad efectuó una visita16, producto de la cual emitió

el concepto técnico núm. 2095 de 23 de agosto de 2017, en el que

si bien determinó que no se había detectado infracción ambiental

alguna, era necesario recomendar a la JASACF lo siguiente:

“[…] 7. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

Se recomienda a la Junta Administradora de Servicios Públicos de
Fortalecillas adelantar los estudios y diseños para la captación,
mediante derivación independiente, de las aguas que discurren por el
Río Fortalecillas; tal como se encuentra reglamentado mediante
Resolución CAM No. 0451 del 31 de marzo de 2005.

Adicionalmente se recomienda el archivo de la presente denuncia bajo
Radicado Cam […]”.

De lo anterior, la Sala advierte que la CAM le otorgó obligaciones

expresas a la JASACF, en virtud de la concesión otorgada mediante

la Resolución núm. 0415 de 31 de marzo de 2005, consistentes en:

i) presentar los planos, memorias de diseños de obras de captación,

16
CD 6 expediente digitalizado.

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control, conducción y distribución de los caudales concedidos, de

acuerdo con lo previsto en el artículo 184 del Decreto 1541 de 1978,

obligación que fue reiterada en el 2017, sin que haya prueba de que

esto ha sido cumplido; y ii) dar cumplimiento a lo ordenado en el

artículo 133 del Decreto 2811 de 197417.

Sin embargo, y de acuerdo con lo considerado por el Tribunal, la Sala

advierte que el MUNICIPIO DE NEIVA también está llamado a

realizar los planos y diseños de las obras de control de caudal del

río, en atención a sus obligaciones en materia de prestación del

servicio público de acueducto en sus corregimientos que lo hacen

garante y responsable de la eficiencia del mismo, aun cuando se

hubiese constituido personas jurídicas terceras para ello.

En efecto, de conformidad con el artículo 36518 de la Constitución

17
Decreto 2811 de 1974, artículo 133: “ARTICULO 133. Los usuarios están obligados a:

a). Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto previsto en la resolución
de concesión, empleando sistemas técnicas de aprovechamiento.
b). No utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada;
c). Construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones adecuadas.
d). Evitar que las aguas que deriven de una corriente o depósito se derramen o salgan de las obras
que las deben contener;
e). Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras hidráulicas, caminos de vigilancia
y demás obras e instalaciones comunes;
f). Permitir la vigilancia e inspección y suministrar los datos sobre el uso de las aguas”.
18
“Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar
su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán
sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá
la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés

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Política, al Estado le compete el deber de asegurar la prestación

eficiente de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio

nacional. El mismo texto constitucional autoriza que la prestación

del servicio se haga directa o indirectamente por parte del Estado, o

por comunidades organizadas, o por particulares.

En desarrollo de los anteriores preceptos, el Congreso de la

República expidió la Ley 142 de 11 de julio de 199419, la cual se

aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto y

alcantarillado, entre otros.

El artículo 15 de dicha normativa estableció que pueden prestar

servicios públicos:

“[…] ARTÍCULO 15. PERSONAS QUE PRESTAN SERVICIOS
PÚBLICOS. Pueden prestar los servicios públicos:

15.1. Las empresas de servicios públicos.
15.2. Las personas naturales o jurídicas que produzcan para ellas
mismas, o como consecuencia o complemento de su actividad
principal, los bienes y servicios propios del objeto de las empresas de
servicios públicos.
15.3. Los municipios cuando asuman en forma directa, a
través de su administración central, la prestación de los

social, el Estado mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una y otra cámara, por
iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos,
deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del
ejercicio de la actividad lícita.”
19
Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones

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servicios públicos, conforme a lo dispuesto en esta Ley.
15.4. Las organizaciones autorizadas conforme a esta Ley para
prestar servicios públicos en municipios menores en zonas rurales y
en áreas o zonas urbanas específicas.
15.5. Las entidades autorizadas para prestar servicios públicos
durante los períodos de transición previstos en esta Ley.
15.6. Las entidades descentralizadas de cualquier orden territorial o
nacional que al momento de expedirse esta Ley estén prestando
cualquiera de los servicios públicos y se ajusten a lo establecido en el
parágrafo del artículo […]”.

Conforme con la norma en cita la prestación de los servicios públicos

puede realizarse directamente por el municipio, o a través de

terceros, sin embargo, esto último no exime de responsabilidad al

ente territorial en su deber de asegurar la prestación eficiente de los

servicios públicos20 y solucionar las necesidades insatisfechas de

salud, saneamiento ambiental, agua potable y servicios públicos

domiciliarios21.

Sobre el partícular, iterando la posición sobre ese tema, en sentencia

de 10 de noviembre de 202322, la Sala, al resolverse un asunto

similar al presente, en el que también estaba vinculado el

MUNICIPIO DE NEIVA frente a otro de sus corregimientos, indicó:

“[…] 56. Cabe agregar que, aun en el evento en que la

20
Constitución Política, artículo 365.
21
Ley 136 de 1994, artículo 3. Ley 142 de 1994, artículo 5°.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes, sentencia de 10 de noviembre de 2023, expediente núm. AP 41001-
23-33-000-2018-00250-01.

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prestación de esos servicios esté a cargo de una empresa de
servicios públicos, no por ello el municipio puede evadir su rol
de garante del servicio debido a que el ente territorial ejerce
un control de tutela sobre la empresa prestadora, tal y como
lo reconoció esta Sección en la sentencia de 18 de abril de
2013, al considerar que:

[…] Conforme a la Ley 142 de 1994, la prestación de los servicios
públicos puede realizarse directamente por el Municipio, o a través de
las organizaciones comunitarias, en las cuales participan los usuarios y
la comunidad en general, como entidades prestadoras del servicio de
acueducto. Sin embargo, ello no exime de responsabilidad al ente
territorial en su deber de asegurar la prestación eficiente de los
servicios públicos y solucionar las necesidades insatisfechas de salud,
saneamiento ambiental, agua potable y servicios públicos domiciliarios
[…]

57. Es más, esta Sección explicó en la sentencia de 9 de junio de 2021
que «en un Estado Social de Derecho las instituciones públicas no
están facultadas para desconocer los derechos de la población rural,
en virtud de las dificultades asociadas a la prestación de los servicios
públicos domiciliarios en tales sectores. (Por ello,) las autoridades
municipales no solo fungen como garantes del servicio en el territorio
urbano, en donde se concentra la mayor parte de la población, sino
que están llamadas a reducir las brechas de desigualdad existentes
en la zona rural, pues allí las mismas comunidades son las que se
organizan para fungir como prestadores, debido a que las empresas
prestadoras no tienen el interés de acceder a ese mercado por las
condiciones técnicas y económicas […]”.

Ahora bien, la obligación de garantía en la prestación de los servicios

públicos que radica en los municipios implica que éstos hagan la

inversión en la infraestructura requerida para tal efecto.

Asimismo, se precisa que el artículo 8° de la Ley 388 de 18 de julio

de 199723 determinó que la función pública del ordenamiento del

23
Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones

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territorio municipal o distrital se ejerce mediante la acción

urbanística de las entidades distritales y municipales, referida a las

decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les

son propias, relacionadas con el ordenamiento del territorio y la

intervención en los usos del suelo.

La referida normativa prevé que son acciones urbanísticas, entre

otras, las de: i) localizar y señalar las características de la

infraestructura para el transporte, los servicios públicos

domiciliarios, la disposición y tratamiento de los residuos sólidos,

líquidos, tóxicos y peligrosos y los equipamientos de servicios de

interés público y social, tales como centros docentes y hospitalarios,

aeropuertos y lugares análogos; y ii) dirigir y realizar la ejecución

de obras de infraestructura para el transporte, los servicios

públicos domiciliarios y los equipamientos públicos, directamente

por la entidad pública o por entidades mixtas o privadas, de

conformidad con las leyes.

Por su parte, el artículo 76 de la Ley 715 de 21 de diciembre 200124

24
Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con
los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.

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señala que corresponde a los municipios, directa o indirectamente,

con recursos propios, del Sistema General de Participaciones u otros,

promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal y

en especial realizar directamente o a través de terceros en materia

de servicios públicos, además de las competencias establecidas en

otras normas vigentes, la construcción, ampliación

rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de

servicios públicos.

En el mismo sentido el parágrafo 2 del artículo 2.3.7.1.2.3 del

Decreto 1898 de 23 de noviembre 201625 prevé que los “[…]

municipios y distritos, acorde con su obligación constitucional y legal

de asegurar la prestación de los servicios a todos los habitantes de

su territorio, deberán apoyar técnicamente y mediante la

financiación de proyectos a los prestadores de su jurisdicción y en la

formulación e implementación de los planes de gestión a los que se

refiere el presente artículo [….]”.

25
“Por el cual se adiciona el Título 7, Capítulo 1, a la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015,
que reglamenta parcialmente el artículo 18 de la Ley 1753 de 2015, en lo referente a esquemas
diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en zonas rurales”.

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Además del marco normativo expuesto, la Sala destaca que en la

aludida sentencia de 10 de noviembre de 2023, se precisó que:

“[…] 65. El anterior recuento normativo y jurisprudencial
permite concluir que la prestación del servicio público
domiciliario de acueducto y la construcción, ampliación,
rehabilitación y mejoramiento de esa infraestructura,
constituye una función principal de los municipios en orden a
garantizar su prestación eficiente y oportuna. Esta
responsabilidad se extiende a la zona rural del territorio colombiano
desde una estrategia de apoyo y fortalecimiento de los prestadores
de los servicios públicos domiciliarios.

66. Sin lugar a dudas, la prestación del servicio de acueducto en la
zona rural afronta múltiples dificultades de orden logístico, técnico y
económico. Pero ello no justifica una conducta negligente de las
autoridades territoriales locales cuando se trata de la correcta
prestación de esos servicios. Contrario sensu, la administración
cuenta con herramientas especiales para lograr tal objetivo de forma
equitativa […]”. (Destacado fuera de texto)

Lo anterior implica que corresponde al ente territorial efectuar

inversiones en infraestructura para la prestación de los servicios

públicos, así como apoyar financiera y técnicamente a los

prestadores de éstos.

En esas condiciones, los argumentos del recurso de apelación del

MUNICIPIO DE NEIVA no tienen vocación de prosperar por cuanto

sí está llamado a responder por la obligación que le fue impuesta en

la sentencia recurrida, pues la infraestructura que se requiere para

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la captación del recurso hídrico, redundará en la adecuada prestación

del servicio público y se tendrá un mejor control del volumen del

caudal del río.

Ahora, respecto del argumento del recurso del MUNICIPIO DE

NEIVA referente a que no le consta la calidad del agua que se le

suministra a la población del corregimiento de Fortalecillas, la Sala

se abstendrá de efectuar pronunciamiento alguno porque sobre ese

aspecto el a quo no le impuso orden alguna ni le atribuyó

responsabilidad, así como tampoco del control, vigilancia y facultad

sancionatoria por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del

uso de las aguas de la fuente hídrica, dado que tales funciones han

sido ejecutadas por la CAM.

Finalmente, la Sala advierte que en las órdenes contenidas en los

ordinales tercero y cuarto26 de la parte resolutiva del fallo apelado,

el Tribunal dispuso que debían cumplirse antes de que expirara la

26
“TERCERO.- Ordenar al Municipio de Neiva y a la Junta Administradora de Servicios Públicos de
Fortalecillas, que realicen los planos y diseños de las obras de control de caudal del Río Fortalecillas
(obras de captación); lo cual, se debe cumplir antes de que expire la anualidad 2022.

CUARTO.- Ordenar a la Junta Administradora de Servicios Públicos de Fortalecillas, que antes de que
expire la anualidad 2022, presente en la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -CAM- los
resultados de los análisis bacteriológicos y fisicoquímicos de las aguas concesionadas (artículo décimo
primero de la resolución 0415 de 2005)”.

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anulidad 2022. En consecuencia, dado que dicha vigencia ya feneció,

la Sala las modificará en el sentido de indicar que las medidas allí

ordenadas se cumplirán en cuatro meses, contados a partir de la

notificación de esta providencia.

Asimismo, se modificará el numeral SEXTO de la parte resolutiva de

la sentencia apelada en cuanto a que el Comité de Verificación del

cumplimiento de la sentencia también estará integrado por el

magistrado ponente del Tribunal, quien lo presidirá, como en efecto

se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia, y en

lo demás se confirmará.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR los numerales TERCERO, CUARTO y

SEXTO de la parte resolutiva de la sentencia de 30 de agosto de

2022, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA,

los cuales quedarán así:

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“[…] TERCERO.- Ordenar al Municipio de Neiva y a la Junta
Administradora de Servicios Públicos de Fortalecillas, que realicen
los planos y diseños de las obras de control de caudal del Río
Fortalecillas (obras de captación); lo cual, debe cumplirse en el
término de cuatro (4) meses, contados a partir de la notificación
de esta providencia.

CUARTO.- Ordenar a la Junta Administradora de Servicios
Públicos de Fortalecillas que, en el término de cuatro (4) meses,
contados a partir de la notificación de esta providencia, presente
ante la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena -
CAM- los resultados de los análisis bacteriológicos y
fisicoquímicos de las aguas concesionadas (artículo décimo
primero de la resolución 0415 de 2005)”.

[…]

SEXTO.- Ordenar la conformación del comité de verificación,
integrado por el magistrado ponente del Tribunal, quien lo
presidirá, un representante del municipio de Neiva, un
representante de la Corporación Autónoma Regional del Alto
Magdalena -CAM-, un representante de la Junta Administradora
de Servicios Públicos del Corregimiento de Fortalecillas, un
representante de la Personería de Neiva y un representante del
Ministerio Público; quienes rendirán un informe bimensual
unificado sobre el avance de lo aquí ordenado”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del

Pueblo para los efectos del artículo 80 de la Ley 472.

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal

de origen.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 29 de agosto de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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