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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2018-00285-01

Fecha
17 de junio de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2018-00285-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo del Huila, que negó las pretensiones de la demanda, en el proceso promovido por la señora Limbania García Lemus, contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 41 «[…] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación». 23 Radicación: 41001-23-33-000-2018-00285-01 (1554-2021) Demandante: Limbania García Lemus Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia. Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2018-00285-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

17 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 41001-23-33-000-2018-00285-01 (1554-2021)
Demandante: Limbania García Lemus
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio
Temas: Reliquidación de pensión de jubilación a docente

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra
la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo del
Huila, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, la señora Limbania García Lemus formuló demanda,
en orden a que se declare la nulidad de la Resolución 5607 del 19 de septiembre
de 2017, emitida por el secretario de educación del departamento del Huila, en
nombre y representación de la Nación, Ministerio de Educación, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, por medio de la cual se reconoció una pensión
de jubilación a su favor.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00285-01 (1554-2021)
Demandante: Limbania García Lemus

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
i) condenar a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, a incluir los tiempos laborados a través de
contratos de prestación de servicios, desde el 16 de julio de 1988 hasta el 11 de
diciembre de 1996, con el fin de reconocer y pagar una pensión de jubilación, a
partir del 25 de mayo de 2014, en los términos de la Ley 33 de 1985, esto es,
tomando una tasa de reemplazo del 75 % del salario básico y demás factores
salariales devengados durante el último año anterior a la adquisición del estatus
jurídico pensional, a saber: la asignación básica y las primas de navidad, de
vacaciones y de servicios; ii) ordenar a la entidad demandada pagar las mesadas
atrasadas, desde el momento de la consolidación del derecho hasta la fecha
efectiva del pago; iii) condenar a la demandada a indexar los valores reconocidos,
de conformidad con el IPC certificado por el DANE; iv) condenar al pago de intereses
moratorios, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 195 del CPACA; v)
dar cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y siguientes
del CPACA; y vi) condenar en costas y agencias en derecho a la demandada.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

i) El 25 de mayo de 1959, nació la señora Limbania García Lemus, es decir, cumplió
55 años de edad en el año 2014.

ii) La señora Limbania García Lemus ha prestado sus servicios como docente oficial
por más de 20 años, de la siguiente forma:

Vinculación Período Tiempo laborado
Contrato de prestación de servicios, Desde el 16/07/88 hasta el 4 meses y 15 días
municipio de La Plata 30/11/88
Contrato de prestación de servicios
(soluciones educativas) municipio Desde el 01/03/93 hasta el 9 meses
de La Plata 30/11/93
Contrato de prestación de servicios
(soluciones educativas) municipio Desde el 16/02/94 hasta el 9 meses
de La Plata 15/11/94
Contrato de prestación de servicios Desde el 14/03/95 hasta el
departamento del Huila 13/12/95 9 meses

2

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00285-01 (1554-2021)
Demandante: Limbania García Lemus

Contrato de prestación de servicios Desde el 01/02/96 hasta el
departamento del Huila 11/12/96 9 meses, 10 días
Nombramiento en propiedad,
Decreto 489 de 2 de mayo de 1997 Desde el 02/05/97 al 01/06/17 20 años, 1 mes
Total 23 años, 5 meses, 25 días

iii) El 5 de julio de 2017, la actora solicitó a la Secretaría de Educación del
departamento del Huila el reconocimiento y pago de una pensión vitalicia de
jubilación.

iv) El 19 de septiembre de 2017, la Secretaría de Educación del departamento del
Huila expidió la Resolución 5607, mediante la cual reconoció una pensión de
jubilación a la señora García Lemus a partir del 2 de mayo de 2017, en cuantía de
$ 2.513.745. Para tal efecto, la entidad referida tuvo en cuenta los tiempos de
servicios desde el 2 de mayo de 1997 hasta el 2 de mayo de 2017, desestimando
el período laborado a través de contratos de prestación de servicios desde el 16 de
julio 1988 hasta el 11 de diciembre de 1996.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron los artículos 1.º, 2.º, 13, 23, 25, 48 y 53 de la Constitución
Política; 11 y 12 de la Ley 43 de 1945; 17 de la Ley 6 de 1945; 1.º de la Ley 33 de
1985; 15, numeral 3, literal a) de la Ley 91 de 1989; 7 del Decreto 1950 de 1973;
1.º, 2.º y 36, literal f) del Decreto 2277 de 1979.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
siguientes argumentos:

i) El Consejo de Estado ha señalado que la vinculación a través de contratos de
prestación de servicios en la actividad docente se debe tener en cuenta para efectos
pensionales,1 de manera que una posición contraria atentaría con lo establecido en
el artículo 48 de la Constitución Política y en la Ley 100 de 1993. En consecuencia,
el tiempo laborado bajo esa modalidad es idóneo para completar los 20 años de
servicios exigidos en la Ley 33 de 1985.

1 El apoderado de la demandante cita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Segunda, sentencias de 8 de agosto de 2003, radicación 0396-03; y radicados
850012331000200300482 y 68001231500020000284101.

3

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00285-01 (1554-2021)
Demandante: Limbania García Lemus

ii) Pese a que hayan prescrito las prestaciones económicas de la relación laboral
producto de los contratos de prestación de servicios, ello no es óbice para que dicho
tiempo tenga efectos en el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación
solicitada, pues el derecho a la pensión de jubilación es imprescriptible.

iii) Es de carácter vinculante y obligatorio el precedente sentado por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, a través de la sentencia de unificación del 4 de agosto
de 2010,2 según el cual la Ley 33 de 1985 no indica en forma taxativa los factores
salariales que conforman la base de liquidación pensional, de forma que no impide
la inclusión de otros conceptos devengados por el trabajador, y que constituyan
salario, durante el último año de prestación de servicios.

1.2. Contestación de la demanda

La Nación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por intermedio
de apoderado, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que
se expresan a continuación:3

i) Se encuentra acreditada la excepción de falta de integración del litisconsorcio
necesario, comoquiera que la FIDUPREVISORA S.A., es la sociedad encargada de la
administración de los recursos del FOMAG, pues, en virtud del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero y de la ley mercantil, ejerce un control fiduciario en relación con
la viabilidad del pago de las prestaciones sociales reconocidas por el nominador y
empleador de los maestros afiliados al fondo.

Lo anterior, aunado a que el artículo 53 del Código General del Proceso consagró
la capacidad de los patrimonios autónomos para comparecer a procesos judiciales
que se susciten con ocasión del cumplimiento de los fines a los que fueron afectos
o de las obligaciones que surjan. En efecto, los patrimonios autónomos tienen
capacidad para ser parte en procesos judiciales, pues son los receptores de los
derechos y obligaciones legales y convencionales derivados de los actos o contratos

2 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación de 4 de agosto de 2010, expediente

N.º 25000232500020060750901 (0112-2009), consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3 Folios 78 al 83 del cuaderno 1.

4

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00285-01 (1554-2021)
Demandante: Limbania García Lemus

celebrados y ejecutados por el fiduciario, en cumplimiento del contrato de fiducia
mercantil.

ii) Igualmente, está acreditada la excepción de falta de integración del litisconsorcio
necesario, porque la Secretaría de Educación departamental del Huila fue la entidad
que expidió el acto administrativo censurado, en ejercicio de las competencias
consagradas en el artículo 3 del Decreto 2831 de 2005, es decir, es la competente
para resolver las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que paga el
FOMAG.

iii) De conformidad con el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, los docentes
nacionalizados vinculados a corte 31 de diciembre de 1989, mantendrán el régimen
prestacional que venían gozando, esto es, la Ley 33 de 1985.

Ahora, la Corte Constitucional en la Sentencia SU-230 de 2015 y el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018,4 sostuvieron que el
ingreso base de liquidación no es un aspecto sometido a transición. No obstante,
esta última corporación señaló que aquella regla no es aplicable a los docentes
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y vinculados
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

Por otro lado, el Consejo de Estado en la providencia unificadora del 28 de agosto
de 2018, afirmó que, de acuerdo con la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los
que se hayan realizado aportes o cotizaciones al sistema de seguridad social en
pensiones, pueden incluirse como elemento salarial en la liquidación de la mesada
pensional. Así las cosas, al no determinar expresamente que esta subregla no sea
aplicable al personal docente, habrá de entenderse que recae sobre todos los
funcionarios sin distinción alguna.

iv) Los argumentos de la demandante carecen de veracidad pues se encuentra
acreditada la excepción de prescripción.

4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de agosto de
2018, expediente: 52001-23-33-000-2012-00143-01.

5

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00285-01 (1554-2021)
Demandante: Limbania García Lemus

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia proferida el 24 de
noviembre de 2020, negó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se
pronunció en estos términos:5

i) La excepción de falta de integración del litisconsorcio necesario respecto de la
FIDUPREVISORA S.A., está llamada a prosperar, comoquiera que las prestaciones

sociales de los docentes oficiales están a cargo de la Nación, por disposición de los
artículos 2, 5 y 9 de la Ley 91 de 1989 y su pago se realiza a través del FOMAG. De
ahí que la fiduciaria no es quien ordena aquel pago, ya que cumple una labor
meramente ejecutora, conforme se infiere del Decreto 2831 de 2005.

ii) La excepción de falta de integración del litisconsorcio necesario con la Secretaría
de Educación departamental del Huila no está llamada a prosperar, en la medida en
que actúa en nombre y representación de la Nación, de acuerdo con el artículo 9 de
la Ley 91 de 1989. Lo anterior, aunado a que el artículo 56 de la Ley 962 de 2005
precisó que las prestaciones sociales de los docentes oficiales son reconocidas por
el FOMAG.

iii) El Consejo de Estado mediante sentencia de unificación CE-SUJ2 del 25 de
agosto de 2016, consideró que la vinculación de docentes mediante contrato de
prestación de servicios lleva implícito los elementos de la relación laboral, sin
embargo, su reconocimiento no opera de pleno derecho. El tribunal acoge esta
postura pues a partir de la sentencia que reconoce la existencia de la relación
laboral, emergen los derechos prestacionales del contratista específicamente para
fines pensionales, cuando no se han efectuado los respectivos aportes.

iv) En el sub lite, el régimen pensional de la demandante es el contenido en la Ley
91 de 1988 y, por remisión, la Ley 33 de 1985, ya que su ingreso y afiliación al
FOMAG fue antes de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, el 2 de

mayo de 1997, cuando tomó posesión del cargo de docente en propiedad. Dicho

5 Folios 208 al 215 del cuaderno 2.

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Demandante: Limbania García Lemus

régimen no cambia en caso de acoger, eventualmente, la postura de tener como
laborados los tiempos bajo la modalidad de OPS, pues de todas maneras se trata de
períodos en entidades públicas anteriores a la Ley 812 de 2003.

v) Se encuentra acreditado en el acervo probatorio que la actora, además del
período que tuvo en cuenta la entidad demandada para reconocer la pensión de
jubilación, prestó sus servicios como docente, mediante contratos de prestación de
servicios, de la siguiente manera:

Entidad Periodo Tiempo de servicio
Junta de acción comunal de la
Vereda Alto Patico del municipio Desde el 16/07/88 hasta el 4 meses, 14 días
de La Plata (convenio suscrito con 30/11/88
el departamento del Huila)
Departamento del Huila Desde el 15/02/89 hasta el 4 meses, 1 día
16/06/89
Departamento del Huila Desde el 16/07/89 hasta el 4 meses, 14 días
30/11/89
Departamento del Huila Desde el 06/02/90 hasta el 4 meses, 9 días
15/06/90
Municipio de La Plata Desde el 01/03/93 hasta el 9 meses
30/11/93
Municipio de La Plata Desde el 16/02/94 hasta el 9 meses
15/11/94
Departamento del Huila Desde el 14/03/95 hasta el 9 meses
13/12/95
Total 3 años, 8 meses y 8 días

Ahora, para que dichos tiempos sean tenidos en cuenta para acreditar 20 años de
servicio, debió aportarse la prueba que indicara que fueron reconocidos por vía
judicial a través de la declaración de existencia de una verdadera relación laboral
encubierta o subyacente entre la demandante y las entidades territoriales, lo cual
no obra en el expediente.

vi) En el caso de adoptar la tesis contraria, es decir, que los tiempos referidos sean
considerados para fines pensionales, las condiciones de la actora no cambiarían
porque al ordenar un nuevo reconocimiento, la prestación debería liquidarse con el
75 % del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el año anterior
al estatus pensional, esto es, el 25 de mayo de 2014 y el único factor sería la
asignación básica; lo que sin duda aminoraría la cuantía previamente reconocida.
En efecto, en el acto administrativo demandado además de la asignación básica, se

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Demandante: Limbania García Lemus

incluyeron como factores salariales, la doceava parte de las primas de navidad, y
de vacaciones, a pesar de no estar enlistado en el artículo 3 de la Ley 33 de 1985.

1.4. El recurso de apelación

La señora Limbania García Lemus, por conducto de apoderado, interpuso recurso
de apelación6 y lo sustentó así:

i) El Consejo de Estado ha señalado que los elementos propios de la relación laboral
son consustanciales a los contratos de prestación de servicios de los docentes y en
ese sentido, ha condenado a entidades territoriales a realizar el pago de las
prestaciones sociales, sin necesidad de solicitar en sede administrativa la
declaración de la existencia de la relación laboral. De ahí que en virtud del artículo
53 de la Constitución Política, el tiempo laborado en modalidad contractual o laboral
debe incluirse dentro de los 20 años exigidos por la ley para efectos de la
reliquidación de la pensión de jubilación, en los términos pretendidos.7

ii) Se acreditó en el expediente que la demandante laboró como educadora
vinculada a través de contratos de prestación de servicios en el municipio de la Plata
y en el departamento del Huila, durante el periodo comprendido entre el 16/07/88 y
el 11/12/96. Por consiguiente, a la luz de lo contemplado en el artículo 81 de la Ley
812 de 2003, el régimen aplicable es el establecido para los docentes vinculados
con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha norma, es decir, la Ley 33 de
1985.

iii) La demandante alcanzó el estatus jurídico pensional el 25 de mayo de 2014, de
tal forma que deben reconocerse las mesadas pensionales dejadas de percibir
desde el 25 de mayo de 2014 hasta el 02 de mayo de 2017.

«Ahora bien, teniendo en cuenta que al modificar la fecha de status (sic) pensional
y así mismo el valor de la mesada pensional esta última podría resultar ser inferior
a aquella que ya le fue reconocida a la demandante mediante Resolución No. 5607

6 Índice 2 del sistema SAMAI, en el cual consta el expediente ordinario de forma digital.
7 El apoderado de la demandante cita al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 30 de mayo de 2019, radicado N.º 76001 23 31 000
2012 00358 01 (2615-15).

8

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00285-01 (1554-2021)
Demandante: Limbania García Lemus

de 19 de septiembre de 2017 solicito al Honorable Magistrado(a) se ordene a la
entidad accionada mantenga en nómina la mesada pensional que sea más
favorable a los intereses prestacionales de la docente, esto en aplicación al principio
de favorabilidad y de la condición más beneficiosa al trabajador.».

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. La demandante
La señora Limbania García Lemus, por intermedio de apoderado, solicitó revocar lo
decidido en primera instancia, con fundamento en el recurso de apelación.8

1.5.2. La entidad demandada

Vencido el término para presentar alegatos de conclusión, concedido de
conformidad con lo establecido en el numeral 4º del artículo 247 de la Ley 1437 de
2011, la entidad demandada guardó silencio.9

1.6. El ministerio público

El agente del ministerio público no rindió concepto.10

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a establecer si, conforme a lo expuesto en el recurso de apelación,
el período en el que la actora ejerció como docente a través de contratos de
prestación de servicios, debe considerarse como tiempo de servicio efectivamente
laborado y acumulable para la acreditación de requisitos, con el fin de ordenar la
reliquidación de su pensión de jubilación.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

8
Memorial allegado por correo electrónico, adjuntado a SAMAI.
9
Revisado el expediente y el aplicativo SAMAI, no se advierte que la parte demandada haya allegado
alegatos de conclusión en esta instancia.
10 Revisado el expediente y el aplicativo SAMAI, no se observa que el agente del ministerio público

haya rendido concepto.

9

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00285-01 (1554-2021)
Demandante: Limbania García Lemus

2.2.1. Régimen pensional aplicable a los docentes oficiales

Frente al régimen de pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio
público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
esta Corporación mediante sentencia de unificación del 25 de abril de 2019,
señaló:11

a) En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes vinculados
antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo régimen de
pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta son solo
aquellos sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de acuerdo con
el artículo 1.º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor
diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

b) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigor de la Ley 812 de 2003,
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de
2003, con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la edad que
será de 57 años para hombres y mujeres. Los factores que se deben incluir en el
ingreso base de liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los
que se efectuaron las respectivas cotizaciones.

Las reglas fijadas por la Sección Segunda, que tienen carácter vinculante y
obligatorio, se sustentaron en los siguientes argumentos:

51. En criterio de la Sala, los factores que hacen parte de la base de liquidación y sobre
los cuales se deben hacer los aportes en el régimen general de pensiones de la Ley 33
de 1985, son únicamente los señalados de manera expresa en el mencionado artículo
1º de la Ley 62 de 1985.

52. Luego entonces, los factores que deben incluirse en la base de la liquidación de la
pensión de jubilación de los docentes bajo el régimen general de la Ley 33 de 1985 son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad, técnica,
ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras; bonificación
por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna
o en día de descanso obligatorio.

11 Consejo de Estado, Sala lo de Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de
unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019, de 25 de abril de 2019, radicado 680012333000201500569-01.

10

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00285-01 (1554-2021)
Demandante: Limbania García Lemus

53. La Ley 91 de 1989 estableció en el artículo 8º un esquema de cotizaciones o aportes
de la Nación como empleadora, y de los docentes como trabajadores, distinto al de los
empleados públicos del orden nacional. En el mencionado artículo 8º, que contiene los
recursos con los que se financia el Fomag, se incluyeron en los numerales 1 y 3, el 5%
del sueldo básico mensual del personal afiliado al Fondo, y el 8 % equivalente al aporte
de la Nación sobre “los factores salariales que forman parte del rubro de pago por
servicios personales de los docentes”, respectivamente.

[…] 62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando los principios
constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, acoge el criterio de interpretación sobre
los factores salariales que se deben tener en cuenta para la liquidación de la mesada
pensional en el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los factores que se deben tener en cuenta
para la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio
público oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, fijando la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los docentes
vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan del mismo
régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden
nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener en cuenta
son solo los factores sobre los que se hayan efectuado los respectivos aportes de
acuerdo con el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado artículo.

63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que sostenía la
Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto de 2010, según la cual, en la
base de liquidación de la pensión de jubilación ordinaria de los docentes se incluían
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

64. De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la liquidación de las pensiones
sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado
las cotizaciones”. Los docentes no están exceptuados de esta disposición para el goce
de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base de liquidación de
esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los factores sobre los que se aporta y
que están contenidos en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985.

65. La regla que rige para el ingreso base de liquidación en la pensión de jubilación de
los docentes es la prevista en la Ley 33 de 1985 en cuanto a periodo y factores. Lo que
quiere decir que el periodo es el de un (1) año y los factores son únicamente los que se
señalan en el artículo 1º de la Ley 62 de 1985 que modificó el artículo 3º de la Ley 33 de
1985.

66. Los docentes, como ya lo precisó la Sala, están exceptuados del Sistema General
de Pensiones, por lo que no les aplica el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que establece
un régimen de transición y fija reglas propias para el Ingreso Base de Liquidación al
disponer que: “El ingreso base para liquidar la pensión de vejez de las personas referidas
en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho,
será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado
durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la
variación del Índice de Precios al consumidor según certificación que expida el DANE”.
Por la misma razón, tampoco les aplica la regla sobre Ingreso Base de Liquidación

11

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00285-01 (1554-2021)
Demandante: Limbania García Lemus

prevista en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 que fija en 10 años el periodo que se
debe tomar para la liquidación de la mesada pensional.

67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes nacionales y
nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990, de acuerdo con las
Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes reglas:

• Edad: 55 años

• Tiempo de servicios: 20 años

• Tasa de remplazo: 75%

• Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el período del último
año de servicio docente y ii) los factores que hayan servido de base para calcular los
aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación;
dominicales y feriados; horas extras; bonificación por servicios prestados; y
trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.

2.2.2. Del tiempo de servicios prestados por docentes bajo la modalidad de
contratos de prestación de servicios para efectos del reconocimiento
pensional

Frente a la procedencia de tener en cuenta el tiempo de servicios prestados por
docentes bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios para efectos del
reconocimiento pensional, esta Sala en sentencia del 18 de marzo de 2021, sostuvo
lo siguiente:12

Ahora, si bien no se niega la existencia de contratos de prestación de servicios de la
demandante con COOPEQ y con el Municipio de Armenia, lo cierto es que tal hecho de
ninguna manera implica asumir que la calidad de sus actividades fue otra diferente a la
de una docente oficial propiamente dicha, esto al margen de que los efectos jurídicos en
cuanto a la relación laboral no se hayan configurado en su momento.

Lo expuesto implica que sin perjuicio del vínculo contractual existente en tales
períodos y sin que en esta sentencia se emita pronunciamiento sobre una eventual
declaratoria de existencia de una relación laboral para aquella época, sí debe
entenderse que la señora Arbeláez Latorre ejerció funciones propias e inherentes
a la condición de docente estatal desde el 15 de marzo de 2001, es decir, a partir
de la primera ejecución del contrato de trabajo suscrito con la mentada
cooperativa para ser desarrollado en instituciones educativas de la entidad
territorial referida.

12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 18 de marzo de 2021, radicado 63001-23-33-000-2014-00249-01 (0249-2016).

12

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00285-01 (1554-2021)
Demandante: Limbania García Lemus

Adicionalmente, esta conclusión halla respaldo en la sentencia de unificación CESUJ2
n.° 5 del 25 de agosto de 2016 proferida por el Consejo de Estado13, en la cual se precisó
que «[…] la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de servicios, no
desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al elemento
subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a que al igual que
los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las directrices,
inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas, por lo que carecen de
autonomía en el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus
superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de
acuerdo con el calendario académico de los establecimientos educativos estatales en
los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía de la realidad
sobre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas merecen una protección
especial por parte del Estado. […]».
[…] A manera de colofón de estas precisiones, la Subsección encuentra ajustada
a la realidad jurídica y jurisprudencial del caso, el tener como demostrada a favor
de la libelista la prestación de servicios propios de una docente oficial por el
tiempo que se ejecutaron los contratos respectivos celebrados entre aquella y el
Municipio de Armenia. Esto en atención a que los mentados vínculos contractuales, en
esencia lo que consolidaron fue una relación laboral subrepticia que implica tener en
cuenta su vigencia para efectos de acumular ese lapso al período de labores de la
demandante como educadora estatal y por ende que se deriven las consecuencias, que
en lo que respecta al marco normativo aplicable le correspondían en virtud de dicha
calidad, tal como fue deprecado en la demanda.

No obstante, debe resaltarse que, tanto las pretensiones formuladas, así como el
litigio fijado, limitaron los efectos de la referida situación, solo a los impactos que
en lo atinente al derecho a la pensión conlleva esta evidencia de una relación
laboral oculta, y no al reconocimiento de otro tipo de prestaciones o derechos
derivados de un vínculo laboral asimilable al legal y reglamentario que detentan
los docentes oficiales, pues ello no había sido materia de discusión.

En suma, para el caso sub iudice, las referidas consideraciones únicamente implican
tener el período durante el cual subsistió la enervada relación contractual, como tiempo
de servicio efectivamente laborado y acumulable en materia de acreditación de requisitos
para acceder al reconocimiento de una pensión de jubilación por parte de la señora
Arbeláez Latorre, sobre el cual efectivamente debieron efectuarse las respectivas
cotizaciones.

Lo expuesto también ha sido materia de pronunciamiento por parte de esta Subsección
con base en las consideraciones esbozadas, específicamente para casos de
reconocimiento14 y de reliquidación pensional15, que fueron analizados bajo los mismos
supuestos del sub examine, pero relacionados con una docente que se desempeñó
como tal a través de contratos de prestación de servicios.

13 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de Unificación CESUJ2 n.° 5

del 25 de agosto de 2016. Rad.: 23001233300020130026001 (00882015).
14 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.

Sentencias del 11 de febrero de 2021 dictadas en los procesos con radicados: 81001-23-33-000-
2013-00079-01 (4021-2014) y 81001-23-33-000-2013-00005-01 (4114-2014); así como en
providencia del 18 de febrero de 2021 proferida en el proceso con radicado: 81001-23-33-000-2013-
00012-02 (4163-2014).
15 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.

Sentencia del 18 de noviembre de 2020. Radicado: 66001-23-33-000-2016-00082-01 (4676-2017).

13

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00285-01 (1554-2021)
Demandante: Limbania García Lemus

[…] Lo anterior, se reitera, habida cuenta de que la naturaleza y calidad de docente oficial
no se desvirtúa ni se determina por el tipo de vinculación al Estado (contractual o legal y
reglamentaria). Aquella condición se fundamenta en la actividad o funciones realmente
desarrolladas desde la perspectiva propia del cargo o servicio prestado, el cual en todo
caso fue el de educadora de planteles públicos de un ente territorial.

Tal hecho es el que efectivamente define la calidad de docente estatal, ello por mandato
constitucional del artículo 53 Superior que predica la primacía de la realidad sobre la
forma, sin que por tal motivo se declare la existencia automática de una relación laboral
en esta instancia por respeto y garantía del derecho de defensa y contradicción de la
parte demandada, debido a la limitación de competencia que el litigio objeto de debate
fijó.

De acuerdo a lo reseñado hasta este punto, resulta adecuado asentir que la entidad
demandada debió tener en cuenta el 15 de marzo de 2001 como fecha a partir de la cual
la demandante adquirió la calidad de docente oficial, y en consecuencia, aplicar el
régimen de las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988 a efectos de determinar la procedencia
del derecho prestacional reclamado, por presentarse una acumulación de aportes
privados y públicos.

Conforme lo expuesto, es dable concluir que la Sala ha defendido la tesis según la
cual ante la existencia de este tipo de relaciones contractuales de prestación de
servicios, es posible tener en cuenta el período durante el cual subsistió ese negocio
jurídico como tiempo de servicio efectivamente laborado y acumulable en materia
de acreditación de requisitos para acceder al reconocimiento de una pensión de
jubilación, bajo el entendido de que el interesado desempeñó una función idéntica
a aquella que realizan los docentes oficiales vinculados a través de una relación
legal y reglamentaria.

2.3. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

El 25 de mayo de 1959, nació la señora Limbania García Lemus, según consta en
la cédula de ciudadanía aportada al expediente.16

La actora prestó sus servicios como docente en los siguientes períodos y bajo las
siguientes modalidades de vinculación, a saber:

Vinculación Período

16 Folio 27 del cuaderno 1.

14

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00285-01 (1554-2021)
Demandante: Limbania García Lemus

Contrato de prestación de servicios suscrito entre la
demandante y la Junta de acción comunal de la Vereda Alto Desde el 16/07/88 hasta el 30/11/88
Patico del municipio de La Plata (convenio suscrito con el
departamento del Huila)17
Contrato de prestación de servicios suscrito entre la Desde el 15/02/89 hasta el 16/06/89
demandante y el departamento del Huila18
Contrato de prestación de servicios suscrito entre la Desde el 16/07/89 hasta el 30/11/89
demandante y el departamento del Huila19
Contrato de prestación de servicios suscrito entre la Desde el 06/02/90 hasta el 15/06/90
demandante y el departamento del Huila20
Contrato de prestación de servicios celebrado entre la Desde el 01/03/93 hasta el 30/11/93
demandante y el municipio de La Plata21
Contrato de prestación de servicios celebrado entre la Desde el 16/02/94 hasta el 15/11/94
demandante y el municipio de La Plata22
9 meses contados desde la
Contrato de prestación de servicios suscrito el 14/03/95 legalización del contrato, esto es,
entre la demandante y el departamento del Huila23 desde el 14/03/95 hasta el 13/12/95
2 meses contados desde la
Contrato de prestación de servicios suscrito el 16/02/96 legalización del contrato, esto es,
entre la demandante y el departamento del Huila 24 desde el 16/02/96.

El 12 de abril de 1996, se suscribió
otrosí mediante el cual se modificó
las cláusulas segunda y tercera del
contrato inicial, con el fin de
prorrogar el plazo por 1 mes más, y
adicionar su valor por la suma de
$172.304

Total: Desde el 16/02/96 hasta el
15/05/96

El 24 de abril de 2017, la Secretaría de Educación del Huila emitió el formato único
para la expedición de certificado de historia laboral,25 a través del cual se señala
que la demandante laboró en calidad de docente oficial, de la siguiente forma:

Tipo de A.A. N.º de A.A. Fecha de A.A.
Novedad

Tipo de novedad: Ing y Reing. Decreto 489 02/05/1997
Plantel Educativo: San Rafael
Municipio: La Plata (Hui)

17 Folios 28 y 29 del cuaderno 1.
18 Conforme consta en certificaciones emitidas la Secretaría de Educación del departamento del

Huila el 27 de abril de 1996 y el 7 de marzo de 1997, folios 158 y 159 del cuaderno 1.
19 Conforme consta en certificaciones emitidas la Secretaría de Educación del departamento del

Huila el 27 de abril de 1996 y el 7 de marzo de 1997, folios 158 y 159 del cuaderno 1.
20 Ibidem.
21 Folios 30 al 32 ibidem.
22 Folios 33 y 34 ibidem.
23 Folios 37 al 39 ibidem.
24 Folios 138 y 146 ibidem.
25 Folios 186 y 187 ibidem.

15

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00285-01 (1554-2021)
Demandante: Limbania García Lemus

Tipo de novedad: Organizac y Distrib de Decreto 93 09/02/2004
Planta
Plantel Educativo: San Rafael
Municipio: La Plata (Hui)
Tipo de novedad: Ascensos/Reubicación
Plantel Educativo: San Rafael Resolución 2887 03/09/2009
Municipio: La Plata (Hui)
Tipo de novedad: Traslados
Plantel Educativo: San Rafael Decreto 085 20/01/2012
Municipio: La Plata (Hui)
Tipo de novedad: Ascensos/Reubicación
Plantel Educativo: San Rafael Resolución 1077 11/04/2012
Municipio: La Plata (Hui)
El 19 de septiembre de 2017, como consecuencia de una solicitud elevada por la
señora García Lemus, la Secretaría de Educación departamental del Huila – FNPSM
expidió la Resolución 5607,26 mediante la cual reconoció una pensión de jubilación
a la actora, como docente de vinculación nacional, a partir del 2 de mayo de 2017,
en los siguientes términos:

[…] Que el (la) docente nació el 25/05/1959 y cuenta con 55 años de edad.
Que de acuerdo con los certificados de tiempo de servicio allegados, se establece
que el educador (a) prestó y ha prestados sus servicios así:

ENTIDAD DESDE HASTA Tiempo Total Días
Años – Meses - Días
FNPSM DEPTO 02/05/1997 02/05/2017 20 - 0 - 1 7201
HUILA
TOTALES 20 - 0 - 1 7201

[…] Que el (la) docente adquirió el status (sic) de jubilado (a) el 02/05/2017, fecha en
la que se encontraba afiliado (a) al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio.

Que los factores que sirvieron como base para la liquidación son:

FACTOR VALOR
Promedio Asignación básica mensual […] $3.213.520
1/12 Prima navidad $ (sic)
1/12 (doceava) Prima vacaciones […] $138.140
TOTAL SALARIO BASE DE LIQUIDACIÓN $3.351.660
Porcentaje 75%
VALOR DE LA MESADA PENSIONAL $2.513.745

La entidad demandada señaló que el valor de la pensión de jubilación
correspondería a la suma de $ 2.513.745, equivalente al 75 % del promedio de los

26 Folios 19 al 22 del cuaderno 1.

16

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00285-01 (1554-2021)
Demandante: Limbania García Lemus

factores devengados en el último año de servicio, conforme las Leyes 6 de 1945, 33
de 1985, 71 de 1988, 1151 y 1122 de 2007, y 1250 de 2008.

La señora García Lemus devengó los siguientes factores salariales en los años
2013, 2014, 2016: a. asignación básica; b. prima de navidad; c. prima de vacaciones
docentes; y d. prima de servicios (2014 y 2016); y para el año 2017, asignación
básica.27

El 11 de abril de 2019, en la audiencia de pruebas de que trata el artículo 181 del
CPACA, el magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Huila recepcionó el

interrogatorio a la demandante, en los siguientes términos:28

Limbania García Lemus.29 Preguntado: Informe si en ese tiempo [en el que estuvo
vinculada a través de contratos de prestación de servicios], ¿si usted estuvo afiliada al
sistema general de seguridad social en pensiones, de ser cierto en qué fondo estuvo
afiliada? Contestó: Señor magistrado, no estuve afiliada porque a mi me contrataba el
municipio […] porque yo consideraba que no me correspondía a mi sino al ente
contratista (sic). Preguntado: ¿díganos si en esos contratos se estableció en alguna de
sus cláusulas que era obligación suya pagar aportes a seguridad social en pensión,
como requisito para poder pagar a usted su remuneración? Contestó: Señor magistrado,
en los contratos no hay esa aclaración […].

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

A fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala considera necesario señalar
que en el sub lite no se reprocha la calidad de docente oficial de la demandante
vinculada al servicio con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
pues las partes así lo reconocen.

El objeto de la inconformidad de la recurrente radica en que la entidad demandada
al momento de realizar el reconocimiento pensional a su favor, no tuvo en cuenta el
tiempo de servicio prestado como docente a través de contratos de prestación de
servicios, en el período comprendido entre el 16 de julio de 1988 y el 11 de diciembre
de 1996, pues solamente consideró el lapso que laboró en calidad de afiliada al

27 Conforme las certificaciones expedidas por la Secretaría de Educación departamental del Huila en

las fechas 26 de julio de 2016 y 12 de julio de 2017, folios 46, 47, 188 y 189 del cuaderno 1.
28 CD a folio 198 del cuaderno 1.
29 CD a folio 198 ibidem, minuto 5:00 en adelante.

17

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00285-01 (1554-2021)
Demandante: Limbania García Lemus

FNPSM.

Esta actuación, a su juicio, desconoce que las normas que regulan el
reconocimiento de la pensión de jubilación a los docentes, en ninguno de sus
apartes señalan que el tiempo de servicio prestado mediante orden de prestación
de servicios no pueda ser sumado para ser acreedor de dicha prestación.

Por su parte, el a quo aseveró que los tiempos laborados por la actora bajo la
modalidad de contrato de prestación de servicios no se podían considerar para
efectos pensionales, en la medida en que no se acreditó que judicialmente se
hubiera declarado la existencia de una relación laboral encubierta o subyacente.

Pues bien, para la Sala, el a quo incurre en un yerro al considerar que no es posible
tener los tiempos laborados por la actora bajo la modalidad de contrato de
prestación de servicios para efectos pensionales, por las siguientes razones:

Del material probatorio allegado al expediente se advierte que la parte actora ejerció
labores como servidora pública, en calidad de docente oficial para el departamento
del Huila, por virtud del nombramiento realizado en el empleo de educadora, grado
1 del escalafón nacional, desde el 2 de mayo de 199730 hasta el 2 de mayo de
2017.31 Durante este período no existe duda de una vinculación legal y
reglamentaria con el Estado.

También se observa que la demandante cumplió actividades como docente bajo la
modalidad de contratos de prestación de servicios suscritos con el departamento
del Huila y con el municipio de La Plata, en los siguientes períodos: a. desde el 16
de julio hasta el 30 de noviembre de 1988; b. desde el 15 de febrero hasta el 16 de
junio de 1989; c. desde el 16 de julio hasta el 30 de noviembre de 1989; d. desde el
6 de febrero hasta el 15 de junio de 1990; e. desde el 1.º de marzo hasta el 30 de
noviembre de 1993; f. desde el 16 de febrero hasta el 15 de noviembre de 1994; g.
desde el 14 de marzo hasta el 13 de diciembre de 1995; y h. desde el 16 de febrero
hasta el 15 de mayo de 1996.

30 Folio 53 del cuaderno 1.
31 Según consta en la parte motiva de la Resolución 5607 del 19 de septiembre de 2017, folio 19 del

cuaderno 1.

18

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00285-01 (1554-2021)
Demandante: Limbania García Lemus

Lo expuesto implica que sin perjuicio del vínculo contractual existente en aquellos
períodos y, sin que en esta sentencia se emita pronunciamiento sobre una
eventual declaratoria de existencia de una relación laboral encubierta o
subyacente para aquella época, la actora ejerció funciones propias e inherentes
a la función de docente mediante contratos estatales de prestación de servicios en
instituciones educativas de la entidad territorial referida.

En ese orden, en principio, los lapsos respecto de los cuales se celebraron
contratos de prestación de servicios deben ser considerados como tiempos
laborados para efectos pensionales, en razón a que la Sala, se reitera, ha
defendido la tesis según la cual ante la existencia de este tipo de negocios jurídicos
es posible tener en cuenta el período durante el cual subsistió esa relación
contractual como tiempo de servicio efectivamente laborado y acumulable en
materia de acreditación de requisitos para acceder al reconocimiento de una
pensión de jubilación, bajo el entendido de que el interesado desempeñó una
función similar a aquella que realizan los docentes oficiales vinculados a través de
una relación legal y reglamentaria.

Esta conclusión encuentra adicionalmente respaldo en la sentencia de unificación
CESUJ2 n.° 5 del 25 de agosto de 2016 proferida por el Consejo de Estado,32 en la
que se precisó que «la vinculación de docentes bajo la modalidad de prestación de
servicios no desvirtúa el carácter personal de su labor ni mucho menos es ajena al
elemento subordinación existente con el servicio público de educación, en razón a
que al igual que los docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente
a las directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades educativas,
por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus funciones, (ii) cumplen
órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y (iii) desarrollan sus funciones
durante una jornada laboral de acuerdo con el calendario académico de los
establecimientos educativos estatales en los que trabajen, motivo por el cual en
virtud de los principios de primacía de la realidad sobre las formalidades e igualdad,
los docentes contratistas merecen una protección especial por parte del Estado».

32 Consejo de Estado. Sala Plena de la Sección Segunda. Sentencia de Unificación CESUJ2 n.° 5

del 25 de agosto de 2016. Rad.: 23001233300020130026001 (00882015).

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Radicación: 41001-23-33-000-2018-00285-01 (1554-2021)
Demandante: Limbania García Lemus

Teniendo en cuenta lo anterior, del material probatorio obrante en el expediente se
tiene que a. la demandante acreditó 55 años de edad el 25 de mayo de 201433; b.
de la sumatoria de los tiempos servidos, primero como docente contratista34 y luego
en propiedad,35 acreditó 20 años de labor el 27 de mayo de 2013; y c. según el
certificado expedido por la Secretaría de Educación departamental del Huila, dentro
del período comprendido entre el 25 de mayo de 2013 y el 24 de mayo de 2014,36
devengó asignación básica, prima de navidad, prima de servicios y prima de
vacaciones.

Así las cosas, adquirió el estatus pensional el 25 de mayo de 2014, cuando cumplió
55 años de edad, razón por la cual tendría derecho al reconocimiento de la pensión
a partir de esa fecha.

No obstante, la Sala halla la razón al a quo cuando expresó que aunque los períodos
bajo la modalidad de contrato de prestación de servicios se consideraran como
tiempos laborados para efectos pensionales, no es procedente acceder a lo
pretendido por la demandante, como se expone a continuación:

De acuerdo con la regla establecida en la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2
-2019 del 25 de abril de 2019,37 el ingreso base de liquidación de la pensión de la
demandante debe comprender: a. el período correspondiente al último año de
servicio, anterior a la consolidación del estatus pensional; y b. los factores que
hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985,
que, se repite, son: asignación básica; gastos de representación; primas de

33 Según copia de la cédula de ciudadanía que obra a folio 27 del cuaderno 1, la actora nació el 25

de mayo de 1959.
34 Desde el 16 de julio hasta el 30 de noviembre de 1988; b) desde el 15 de febrero hasta el 16 de

junio de 1989; c) desde el 16 de julio hasta el 30 de noviembre de 1989; d) desde el 6 de febrero
hasta el 15 de junio de 1990; e) desde el 1.º de marzo hasta el 30 de noviembre de 1993; f) desde
el 16 de febrero hasta el 15 de noviembre de 1994; g) desde el 14 de marzo hasta el 13 de diciembre
de 1995; y h) desde el 16 de febrero hasta el 15 de mayo de 1996.
35 Desde el 2 de mayo de 1997.
36 Folios 46 y 47 del cuaderno 1.
37
Que constituye un precedente vinculante y obligatorio para los casos que guardan identidad fáctica
y que se encuentran pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial, siempre que
no se haya configurado el fenómeno de la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables, como sucede en el sub judice, dado que la providencia apelada no
ha quedado ejecutoriada.

20

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00285-01 (1554-2021)
Demandante: Limbania García Lemus

antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas
extras; bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

Contrastados los factores enlistados en la anterior disposición con los devengados
por la actora durante el mencionado período, comprendido entre el 25 de mayo de
2013 y el 24 de mayo de 201438, se concluye que el único factor salarial que coincide
es la asignación básica.

Sin embargo, la entidad demandada en la Resolución 5607 del 19 de septiembre de
2017 incluyó factores no consagrados en la Ley 62 de 1985, tales como las
doceavas partes de las primas de navidad y de vacaciones.

De esta manera, la Sala advierte que si bien la liquidación efectuada por la autoridad
pensional no está acorde con las reglas sentadas por esta Corporación en la
sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2 -2019 del 25 de abril de 2019, porque
fueron incluidos los factores de las primas de navidad y de vacaciones, en sus
doceavas partes; lo cierto es que dicha liquidación resulta ser más beneficiosa para
la demandante que si se accediera a lo pretendido, pues para ello se debería aplicar
las reglas de unificación contenidas en la sentencia aludida, esto es, incluir
únicamente la asignación básica. Por consiguiente, en virtud de los principios de
favorabilidad y congruencia, no se hará más gravosa su situación inicial. En
consecuencia, la Sala no modificará este aspecto contenido en el acto
administrativo censurado.39

Además, si lo que la demandante pretendía era que se le tuviera en cuenta el
período laborado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, en
calidad de docente, con el fin de que la pensión de jubilación le hubiese sido
reconocida a partir del 25 de mayo de 2014, con los factores salariales devengados
en el año previo a la adquisición del estatus jurídico pensional y no desde el 2 de

38 Folios 46 y 47 del cuaderno 1.
39 Se recuerda que la entidad demandada consideró que la actora tenía derecho a que la prestación

fuera liquidada de acuerdo a lo devengado durante el último año anterior a la fecha de consolidación
del estatus jurídico pensional y tomando una tasa de reemplazo del 75%. Folios 19 al 22 del cuaderno
1.

21

Radicación: 41001-23-33-000-2018-00285-01 (1554-2021)
Demandante: Limbania García Lemus

mayo de 2017, con los factores que se tuvieron en cuenta en el acto reprochado, le
correspondía demostrar, en el recurso de apelación, a través de un ejercicio
aritmético, que la pensión de jubilación liquidada como lo solicitó le resultaba más
favorable que la reconocida, sin embargo, no lo hizo.

En consecuencia, no es dable, como lo invoca la parte actora, por un lado, reconocer
el retroactivo pensional por el período comprendido entre el 25 de mayo de 2014 y
el 2 de mayo de 2017 y, por el otro, mantener la mesada pensional liquidada con
los factores salariales inicialmente tenidos en cuenta en el acto reprochado, en la
medida en que de accederse a sus pretensiones, correspondería a la Sala aplicar
en su totalidad la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2 -2019 del 25 de abril de
2019 y ello desmejoraría su prestación. Por lo expuesto, se impone confirmar la
sentencia emitida por el a quo el 24 de noviembre de 2020.

3. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 201640, respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la condena
en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del Código
General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise si ellas
se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del
proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de las partes.

Así mismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según sea
la parte vencida el empleador o el trabajador y la complejidad e intensidad de la
participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de costas se

40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.

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Demandante: Limbania García Lemus

tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las agencias en
derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede condenar en
costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y atendiendo lo dispuesto en el numeral 8. ° del
artículo 365 del Código General del Proceso41, la Sala se abstendrá de condenar en
costas, en cuanto no resultaron probadas, teniendo en consideración que la decisión
es el resultado de un cambio jurisprudencial que se produjo durante el transcurso
del proceso.

4. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, se concluye que la demandante no logró desvirtuar la presunción de
legalidad del acto administrativo reprochado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 24 de noviembre de 2020 por el
Tribunal Administrativo del Huila, que negó las pretensiones de la demanda, en el
proceso promovido por la señora Limbania García Lemus, contra la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

41 «[…] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la

medida de su comprobación».

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Demandante: Limbania García Lemus

Segundo. Sin condena en costas en segunda instancia.

Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen y háganse las anotaciones pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Firmado electrónicamente Ausente en comisión

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

SBZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.

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