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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00016-01

Fecha
17 de febrero de 2022
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Velez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00016-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila de fecha 26 de marzo de 2020 en cuanto negó la pretensión de sanción moratoria reclamada por la parte actora, conforme lo expuesto en el presente proveído. SEGUNDO: REVOCAR el numeral primero de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila de fecha 26 de marzo de 2020 por medio del cual declaró probada la excepción de ineptitud de la demanda respecto de la pretensión de reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas correspondiente a los años 1996 y subsiguientes. El cual quedará así: «PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del Oficio No. SGG-293 del 29 de julio de 2018 y el acto ficto configurado el 06 de octubre de 2018, los cuales negaron dicha pretensión y como consecuencia de ello, a título de restablecimiento del derecho ordenar a la nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestacionales Sociales del Magisterio – departamento del Huila reconocer y consignar las cesantías de la docente Alicia Ortiz Avilés correspondientes a la anualidad de 1996, suma que deberá reportarse en forma actualizada y dar cumplimiento al presente fallo en los términos del artículo 192 del CPACA». TERCERO: Sin condena en costas. CUARTO: Reconocer personería jurídica al abogado Helber Mauricio Sandoval Cumbe con cedula de ciudadanía No. 7.707.551 de Neiva y tarjeta profesional No. 115.703 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar dentro del proceso de la referencia como apoderado del municipio de Baraya – Huila. QUINTO: Reconocer personería jurídica a la abogada Carol Tatiana Quiza Galindo con cedula de ciudadanía No. 36.314.466 de Neiva y tarjeta profesional No. 157.672 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar dentro del proceso de la referencia como apoderada de la señora Alicia Ortiz Aviles. Página 13 de 13 Demandante Alicia Ortiz Aviles Expediente: 0995-2021 Demandados: Fomag y municipio de Baraya - Huila. SEXTO: Por secretaría de la Sección Segunda devuélvase el expediente al tribunal de origen, previa las anotaciones de rigor en la plataforma SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2019-00016-01

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez

17 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá D.C., 17 de febrero de 2022

Radicación: 41001-23-33-000-2019-00016-01.
No. Interno: 0995-2021
Demandante: Alicia Ortiz Aviles
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y municipio de
Baraya - Huila.
Asunto: Sanción moratoria régimen de cesantías anualizadas.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA.
__________________________________________________________________

I. ASUNTO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila de fecha 26 de marzo
de 2020 por medio del cual declaró probada la excepción de ineptitud sustantiva de
la demanda respecto de la pretensión de reconocimiento y pago de las cesantías
anualizadas correspondiente a los años 1996 y subsiguientes y negó la sanción
moratoria por el incumplimiento en la consignación de las cesantías correspondiente
a los años 1996 y posteriores.

II. ANTECEDENTES

La demanda.

2. La señora Alicia Ortiz Aviles en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presenta demanda contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el
municipio de Baraya - Huila con la que pretende se declare la nulidad del Oficio No.
SGG-293 del 29 de julio de 2018 y el acto ficto configurado el 06 de octubre de 2018
frente a la solicitud de reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas
causadas en el año 1996 y subsiguientes, y de la sanción moratoria derivada del
incumplimiento en la consignación anualizada de las cesantías correspondiente a
dichas anualidades.

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Demandante Alicia Ortiz Aviles
Expediente: 0995-2021
Demandados: Fomag y municipio de Baraya - Huila.

3. A título de restablecimiento del derecho, solicita se condene a las accionadas al
reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas correspondiente a los años
1996 y subsiguientes, y la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías
correspondientes a dichas anualidades y el pago de los intereses moratorios según
lo previsto en la Ley 1071 de 2006.

4. Las anteriores pretensiones se sustentan en los siguientes hechos relevantes que
se extraen de la demanda1:

5. Sostiene que labora en el departamento del Huila desde el 07 de febrero de 1996
y a la fecha de presentación de la demanda, presta sus servicios en la referida
entidad territorial. Afirma que el departamento del Huila no consignó dentro del plazo
fijado en la ley, las cesantías correspondientes a los años 1996 y subsiguientes.

6. En virtud de lo anterior, es decir, con ocasión del incumplimiento en la
consignación de las cesantías, el departamento del Huila está llamado a reconocer
y pagar el equivalente a un día de salario por cada día de mora en la consignación
de las cesantías de los años 1996 y subsiguientes. En razón a ello, manifiesta que
el 06 de julio de 2018 instauró ante el departamento del Huila petición tendiente al
reconocimiento y pago de las cesantías causadas en los años 1996 y posteriores, y
de la sanción moratoria por el incumplimiento en la consignación de la aludida
prestación social, solicitud que fue negada alegando que las referidas prestaciones
se encuentran prescritas. De la misma manera, el 04 de julio de 2018 interpuso
petición ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio la cual no fue
resuelta por la accionada.

Concepto de violación2.

7. De manera puntual, no invoca una causal de nulidad, sino que en forma genérica
hace referencia al auxilio de cesantías, su función y naturaleza, pero sin aterrizar
tales conceptualizaciones al caso de la demandante. Es así como refiriendo a la
sanción moratoria, indica que los docentes tienen derecho a que se les reconozca
la penalidad consagrada en la ley, pues el legislador tuvo a bien consagrar la
sanción moratoria en el caso de que el empleador realizara el pago de las cesantías
más allá del término legal, por lo cual, la Ley 1071 de 2006 que modificó la Ley 244

1
Folios 2 a 3 del expediente.
2
Folios 3 a 22 del expediente.

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Demandante Alicia Ortiz Aviles
Expediente: 0995-2021
Demandados: Fomag y municipio de Baraya - Huila.

de 1995 fijó los términos para el pago oportuno de dicha prestación en beneficio de
los servidores públicos.

8. Enfatiza en que la indemnización por mora en el pago de las cesantías de los
servidores públicos fue establecida mediante Ley 244 de 1995 como una sanción a
cargo del empleador moroso y a favor del trabajador con el objetivo de resarcir los
daños que se causen a este último ante el incumplimiento en el pago del auxilio de
cesantías, norma que fue modifica por la Ley 1071 de 2006 que estableció que son
destinatarios de ellas, todos los servidores públicos, razón por la cual estima que
los docentes tiene derecho a la referida penalidad

9. El departamento del Huila se opone a las pretensiones de la demanda, para lo
cual, indica que de acuerdo con el Decreto 0011 de 1996 el departamento del Huila
nombró a la demandante en calidad de docente para que ejerciera las funciones en
el municipio de Baraya, por lo que, la entidad llamada a realizar el reporte y
consignación de las cesantías de los años 1996 y posteriores es el prenotado
municipio. Aduce la falta de legitimación en la causa por pasiva del ente
departamental, al señalar que es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales el
encargado de las prestaciones sociales del magisterio. Así mismo, aduce cobro de
lo no debido al considerar que los docentes que ingresaron con posterioridad al 1
de enero de 1990 por el solo hecho de ser designado por el alcalde o gobernador
no adquieren la calidad de territorial, puesto que por disposición del artículo 15 de
la Ley 91 de 1989 los maestros vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990,
para efecto de las prestaciones sociales y económicas se rigen por las normas
aplicables a los empleados públicos del orden nacional. Y finalmente, alegó el medio
extintivo de la prescripción, al estimar que la actora reclamó la penalidad tres años
después de su exigibilidad.

10. Por su parte, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales guardó silencio en
esta oportunidad procesal.

Sentencia apelada3.

11. El Tribunal Administrativo del Huila mediante sentencia de fecha 26 de marzo
de 2020 declaró probada la excepción de ineptitud de la demanda respecto de la
pretensión de reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas correspondiente

3 Folios 210 a 219.

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Demandante Alicia Ortiz Aviles
Expediente: 0995-2021
Demandados: Fomag y municipio de Baraya - Huila.

a los años 1996 y subsiguientes, y negó la pretensión referida a la sanción moratoria
de la Ley 1071 de 2006.

12. Como sustento de la decisión indicó que en lo concerniente a la excepción de
ineptitud de la demanda, sostuvo que el acto administrativo que generó la presunta
lesión sobre el derecho subjetivo, esto es, el reconocimiento y pago de las cesantías
anualizadas de los años 1996 y subsiguientes es la Resolución No. 3895 del 20 de
agosto de 2014, pues es en esta resolución que la entidad al liquidar las cesantías
parciales tuvo en cuenta los valores reportados a partir del año 1997 y no los
referidos al año 1996 que fue cuando inició su relación laboral, de manera que la
actora al observar que no le fue incluida dicha anualidad en la mencionada
resolución, debió controvertir tal decisión ya fuese en sede administrativa o en vía
jurisdiccional lo cual no ocurrió, por consiguiente, debió ser la prenotada resolución
el acto acusado y no el ficto que demandó.

13. En lo atinente a la sanción moratoria reclamada, precisa el tribunal que el
incumplimiento en el reconocimiento y pago de las cesantías analizadas no genera
el derecho a que se reconozcan la penalidad regulada en la Ley 244 de 1995
modificada por la Ley 1071 de 2006, como lo pretende la parte actora, pues esta
sanción se reconoce una sola vez por la mora en el pago de las cesantías definitivas,
mientras que la sanción por mora que se configura por el incumplimiento del
empleador en consignar las cesantías anualizadas antes del 15 de febrero de cada
año, se encuentran reguladas por la Ley 50 de 1990, de manera que no es
procedente reconocer la sanción por mora en los términos solicitados por la
accionante como quiera que esta la sustentó en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071
de 2006. Si se admitiera que lo reclamado es la sanción moratoria de la Ley 50 de
1990 correspondiente a las cesantías anualizadas, las mismas se encuentran
prescritas, por cuanto a partir del 15 de febrero de 1997 empezó a correr los tres
años con que contaba para exigirlas, observando que solo lo hizo hasta el 06 de
julio de 2018.

Recurso de apelación.

14. La apoderada judicial de la parte demandante interpone recurso de apelación
contra el fallo de primera instancia y dirige su argumentación únicamente a
controvertir lo atinente a la declaratoria de ineptitud de la demanda respecto de la
pretensión de reconocimiento de las cesantías anualizadas del año 1996 que no le

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Demandante Alicia Ortiz Aviles
Expediente: 0995-2021
Demandados: Fomag y municipio de Baraya - Huila.

fueron consignadas. Aduce que los actos administrativos acusados fueron aquellos
que negaron el reconocimiento y pago de las cesantías de los años 1996 y
subsiguientes que es la pretensión principal de la demanda. Indica que si bien es
cierto la Resolución 3895 del 20 de agosto de 2014 reconoce y ordena el pago de
las cesantías a la docente, también lo es que no se está pretendiendo la nulidad de
ese acto administrativo sino de aquellos que negaron el reconocimiento y pago de
unas cesantías que no fueron consignadas. Finalmente, hace un recuento acerca
de la naturaleza jurídica de las cesantías.

Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público.

15. La parte demandada sostuvo que el Tribunal Administrativo del Huila al declarar
probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda lo realizó de forma
determinante, en razón a que no solamente se omitió por completo indicar la causal
de nulidad, sino también por cuanto en la demanda se reclaman acreencias
laborales que en caso de ser procedentes le corresponderían a una entidad
diferente al municipio, de no ser porque se encuentran prescritas en la medida en
que datan del año 19964.

16. La parte demandante no hizo uso de esta oportunidad procesal. El Ministerio
Público no emitió concepto en el presente asunto.

CONSIDERACIONES

Análisis del asunto.

17. Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto,
encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante, sin que se evidencien vicios que acarreen nulidades y
requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial, se
procederá a plantear el siguiente:

Problema Jurídico.

18. El problema jurídico a resolver se circunscribe en determinar si en el presente
caso se configura la excepción de inepta demanda declarada por el a quo respecto
del reconocimiento y pago de las cesantías de los años 1996 y posteriores, por no

4
Del 06 de septiembre de 2021, visible a índice 15 de SAMAI.

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Demandante Alicia Ortiz Aviles
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haber demandado la actora la Resolución 3895 del 20 de agosto de 2014 que le
reconoció cesantías parciales a partir del año 1997 o si en su defecto, al tratarse de
una prestación periódica teniendo en cuenta que el vínculo se encuentra vigente, la
demandante puede acusar los actos fictos que le negaron el reconocimiento y pago
de las cesantías del año 1996 que no le fue incluida en la resolución anterior. En
aras de resolver el problema jurídico planteado, se analizará la naturaleza de las
cesantías y con base en ello, resolver el caso concreto.

De la naturaleza del auxilio de cesantías.

19. Las cesantías corresponden a una prestación social a cargo del empleador y su
creación estuvo encaminada a que constituyeran un auxilio para el trabajador que
quedara cesante. En el ordenamiento jurídico colombiano existen dos regímenes
para la liquidación y pago de las cesantías, a saber: a) el retroactivo y b) el
anualizado.

20. En el primer caso, el valor del auxilio se encuentra en poder del empleador
durante la vigencia de la relación laboral y se paga con base al último salario
devengado, de conformidad con las leyes 6ª del 19 de febrero de 19455 y el Decreto
1160 del 28 de marzo de 19476. Por su parte, el régimen anualizado fue regulado
inicialmente por el Decreto 3118 del 26 de diciembre de 19687 y más adelante por
la Ley 50 del 28 de diciembre de 19908 disponiendo que las cesantías se liquidan
anualmente y deben consignarse a la administradora del fondo de cesantías a más
tardar el 14 de febrero de cada año, salvo lo previsto para el caso del Fondo
Nacional del Ahorro.

21. Ahora, para efectos de determinar el carácter unitario o periódico del auxilio de
cesantías, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido como criterio la
culminación o vigencia del vínculo laboral. En tal sentido, esta Corporación ha
precisado que mientras el vínculo laboral del servidor público se encuentre vigente
se considera que las prestaciones que se pagan con regularidad tienen la
connotación de periódicas, pero la pierden una vez ocurre la desvinculación, pues
a partir de ese momento se expide un acto administrativo que define el derecho y,

5 “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos
colectivos y jurisdicción especial de trabajo.”
6 “Sobre auxilio de cesantía.”
7
Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantía de empleados públicos y
de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones
8 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”

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Demandante Alicia Ortiz Aviles
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por lo tanto, debe demandarse dentro de la oportunidad prevista por el legislador.
Entonces, mientras subsista el vínculo laboral, el auxilio de cesantías tiene la
connotación de periódico pese a que se hagan pagos parciales o se consignen
anualmente a la cuenta de ahorro individual en el respectivo fondo. Sobre el
particular se ha explicado9:

«[…] Lo anterior permite inferir que mientras subsista el vínculo laboral, la prestación
social de las cesantías es periódica, aun cuando esta se liquide de manera
anualizada como comporta el caso concreto objeto de análisis.

En efecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado, al sentar jurisprudencia sobre
la prescripción del derecho al auxilio de cesantías, también concluyó que mientras
subsista el vínculo laboral, pese a que se hagan pagos parciales o se consignen
anualmente a la cuenta de ahorro individual en el respectivo fondo administrador, tal
liquidación no es definitiva pues solo adquiere este carácter cuando termina la
relación laboral es decir, cuando el empleado queda cesante, momento en el cual
se efectúa la liquidación definitiva y el pago de la totalidad de la prestación. Por esta
razón concluyó que mientras esté vigente el vínculo no existe prescripción al
derecho al auxilio de cesantías…».

22. No obstante y a sabiendas que la mencionada resolución hace alusión a la
liquidación parcial del auxilio de cesantías, se entiende que la prestación sobre la
cual se erige la petición es de carácter periódico, en la medida en que el trabajador
no se ha desvinculado de su cargo al momento de efectuar la respectiva
reclamación y formulación de la demanda y por tal motivo, era procedente acudir a
la jurisdicción en cualquier momento antes de la terminación del vínculo laboral, so
pena de que a partir de allí dejara de considerarse una prestación periódica. Así las
cosas, mientras subsista el vínculo laboral, la prestación social de las cesantías es
periódica y aunque esta haya sido objeto de liquidación parcial, puede ser
reclamada con posterioridad, precisamente por su carácter periódico.

Solución del caso.

23. Establecido lo anterior, corresponde a la Sala analizar si la demandante se
encuentra facultada para demandar los actos administrativos a través de los cuales
le fue negada las cesantías anualizadas correspondiente a los años 1996 y
posteriores, pese a que mediante Resolución No. 3895 del 20 de agosto 2014 de
manera previa le fue reconocida cesantías parciales a partir del año 1997 hasta el

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 4 de septiembre de 2017,
expediente: 76001 23 33 000 2014 00498 01 (3751-2014), auto de 8 de septiembre de 2017, CP Sandra Lisset Ibarra Vélez,
radicación: 76001-23-33-000-2016-01293-01 (4218-2016).

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2013 y por consiguiente, si los actos administrativos que le niegan el derecho
reclamado son susceptibles de control judicial.

24. De lo anterior, la Sala evidencia que a pesar de que la demandante pretende el
reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas que se le adeudan causadas
en el año 1996 y las que han ocasionado el incumplimiento de la consignación
anualizada de las cesantías en el respectivo fondo, ésta no precisa en la petición de
vía administrativa ni en la demanda las anualidades posteriores al 2013 que no le
fueron consignadas y además, no obra en el expediente prueba fehaciente que
demuestre el incumplimiento por parte de la parte accionada el reconocimiento y
pago de las cesantías correspondientes a las anualidades subsiguientes al 2013,
por lo que en consecuencia sólo se realizará el análisis respecto a los años 1996 a
2013.

25. En el asunto bajo estudio la demandante alega la nulidad del Oficio No. SGG-
293 del 29 de julio de 2018 y el acto ficto configurado el 06 de octubre de 2018, toda
vez que la parte accionada le negó el reconocimiento y pago del auxilio de cesantías
correspondientes a los años 1996 y subsiguientes. En efecto, del escrito petitorio
se observa que la accionante solicitó lo siguiente 10:

«[…] El reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas que se le adeudan […]
causadas en el año 1996 y las que han ocasionado el incumplimiento de la
consignación anualizada de las cesantías en el respectivo fondo.

Que sobre el monto que se reconozca y cancele la respectiva indexación desde el
momento en que no se cancelaron las cesantías en debida forma hasta la fecha en
que se efectúe el pago de las cesantías adeudadas, teniendo de presente que aún
subsiste la relación laboral…».

26. A su turno, se observa que a folio 58 a 62 del expediente, reposa copia de la
Resolución No. 3895 del 20 de agosto de 2014 a través de la cual, la secretaría de
educación del departamento del Huila le reconoce a la señora Alicia Ortiz Aviles la
suma de $21.295.680.oo por concepto de cesantías parciales liquidadas desde el
año 1997 a 2013, a pesar de que en dicho acto administrativo se dejó consignado
que la actora contaba con 17 años, 10 meses y 23 días de vinculación en su rol de
docente al servicio de la educación departamental, periodo comprendido del
07/02/1996 al 30/12/2013.

10 Ver folios 38 a 45 del expediente.

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27. Conforme lo expuesto, se tiene que en efecto a la señora Alicia Ortiz Aviles le
fue reconocida cesantías parciales a través de la Resolución No. 3895 del 20 de
agosto de 2014, la cual fue liquidada a partir de la anualidad 1997 a 2013, es decir,
que en la prenotada resolución no le fue incluida la anualidad de 1996.

28. Entonces, es claro que la demandante en fecha 06 de julio de 2018 elevó
solicitud de reconocimiento y liquidación parcial de sus cesantías con destino a
compra de vivienda11, la cual le fue resuelta a través de la Resolución 3895 del 20
de agosto de 2014 siendo liquidada la aludida prestación a partir de la anualidad
1997 a 2013, decisión que en su artículo cuarto consagró que contra dicho acto
administrativo procedía el recurso de reposición, de manera que, si a la actora en la
liquidación parcial de sus cesantías no le había sido incluida la anualidad de 1996,
debió interponer el medio de impugnación que procedía contra la mencionada
resolución a fin de que la administración se pronunciara respecto de tal yerro y de
esa manera, obtener la autorización de sus cesantías parciales en debida forma o
en su defecto, acudir ante la jurisdicción a controvertir la prenotada resolución.

29. No obstante lo anterior, la Sección Segunda en esta materia ha prohijado la tesis
según la cual, mientras subsista la vigencia del vínculo laboral del reclamante en
tratándose de cesantías anualizadas, la parte interesada puede provocar el
pronunciamiento de la administración con el fin de obtener el reconocimiento de las
cesantías correspondiente a la vigencia que no le ha sido reconocida y la entidad
demandada está en la obligación de emitir una respuesta oportuna y de fondo
respecto de lo solicitado.

30. Así las cosas, en el presente caso, ante la respuesta negativa de la
administración a la petición interpuesta por la demandante referente al
reconocimiento de las cesantías anualizadas correspondiente a la anualidad de
1996, es susceptible de enjuiciamiento ante esta jurisdicción a través del medio de
control ejercido, por lo tanto, resulta válido discutir el periodo o anualidad de
cesantías que no le fue reconocida en Resolución No. 3895 de 2014, puesto que el
auxilio de cesantías se considera como una prestación periódica mientras se
encuentre vigente el vínculo laboral del servidor público, evidenciando la Sala que
la demandante para la fecha en que instauró la reclamación administrativa e

11 Ver Resolución No 3895 de 2014, folios 58 a 62.

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inclusive, para la época en que interpuso la demanda objeto de estudio, se
encuentra prestando su servicio al departamento del Huila.

31. Una vez dilucidado lo anterior, procede la Sala a valorar las pruebas que reposan
en el plenario tendiente a establecer si la demandante tiene derecho a que le sea
reconocido y consignado las cesantías correspondientes al año 1996. Es así como se
observa que la parte actora acreditó su vinculación con el acta de posesión de fecha
07 de febrero de 199612 como educadora CDR “LA UNIÓN” de Baraya – Huila. Así
mismo, allegó copia de la Resolución 3895 del 20 de agosto de 2014 a través de la
cual, la secretaría de educación del departamento del Huila le reconoce a la señora
Alicia Ortiz Aviles la suma de $21.295. 680.oo por concepto de cesantías parciales
liquidadas desde el año 1997 a 201313.

32. Al valorar las pruebas antes descritas, la Sala observa que se carece de soporte
que pruebe que el Fondo Nacional de Prestacionales Sociales del Magisterio haya
consignado las cesantías correspondientes a la anualidad reclamada, por lo que a la
demandante le asiste el derecho a que le sea reconocido y consignado el valor de las
cesantías correspondiente al año 1996 toda vez que acreditó haber tomado posesión
del cargo de educadora en fecha 07 de febrero de dicha anualidad.

33. Por otra parte, en lo concerniente a la sanción moratoria solicitada por la
demandante; si bien el recurso de apelación no hace alusión concreta a la penalidad
impuesta al empleador por incumplir el plazo señalado (antes del 15 de febrero del
año siguiente) para consignarle las cesantías al trabajador, se colige que a pesar de
que en la sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal Administrativo del
Huila se hizo mención a la prescripción en la parte considerativa pero no en la parte
resolutiva, se procederá a analizar la prescripción de los años correspondientes 1996
al 2013.

34. En lo relativo a la penalidad por el retardo en la consignación de las cesantías del
año 2013, se obtiene que la sanción moratoria se habría causado a partir del 15 de
febrero de 2014, pero la petición sólo se radicó hasta el 06 de julio de 2018, esto es,
4 años, 4 meses y 21 días después, por lo que se tiene que el derecho a dicha
penalidad se extinguió, habida cuenta que transcurrió más de 3 años contados a partir
del 15 de febrero de 2014 (fecha en que se hizo exigible), para reclamar la sanción

12
Folios 64 a 65 del expediente.
13 Folios 58 a 62 del expediente.

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moratoria por el año 2013. La misma suerte corre la penalidad respecto de las
cesantías de los años 1996 a 2012, la cual debía ser presentada, a más tardar, en su
orden, los días 15 de febrero del 2000 y así sucesivamente por cada anualidad hasta
el 15 de febrero de 2017 que corresponde a las cesantías del año 2013, plazos
individuales que fueron ampliamente superados dado que formuló la solicitud de
reconocimiento de la sanción el 06 de julio de 2018, circunstancia en virtud de la cual
se configura el medio extintivo del derecho.

35. En ese sentido, se observa que operó la prescripción de la sanción moratoria
reclamada por la accionante por la no consignación de las cesantías correspondientes
a las anualidades 1996 hasta el 2013.

36. Adicionalmente, en cuanto a la condena en costas a la parte demandada, la
jurisprudencia de la Sala14 en dicha temática ha precisado que el artículo 188 del
CPACA entrega al juez la facultad de disponer sobre su condena, lo cual debe
resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como
la conducta de las partes, y que principalmente aparezcan causadas y
comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 del CGP.

37. Al realizar un análisis sobre la necesidad de condenar en costas a la parte
vencida del proceso, atendiendo los criterios ya definidos por la jurisprudencia, no
se encuentra evidencia de causación de expensas que justifiquen su imposición a
la parte demandada, por ello, esta sentencia se abstendrá de condenarla en costas.

38. Así las cosas, la Sala confirmará parcialmente la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila de fecha 26 de marzo de 2020 en lo atinente a
revocar el numeral primero de la parte resolutiva de la providencia el cual dispuso
declarar probada la excepción de ineptitud de la demanda respecto de la pretensión
de reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas correspondiente a los años
1996 y subsiguientes, y en su lugar, declarará la nulidad parcial del Oficio No. SGG-
293 del 29 de julio de 2018 y el acto ficto configurado el 06 de octubre de 2018, los
cuales negaron dicha pretensión y como consecuencia de ello, a título de
restablecimiento del derecho ordenar a la nación - Ministerio de Educación Nacional
• Fondo Nacional de Prestacionales Sociales del Magisterio – departamento del
Huila reconocer y consignar las cesantías correspondientes a la anualidad de 1996.

14
Sentencia del 19 de enero de 2015, No. Interno 4583-2013, consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren;
Sentencia del 16 de julio de 2015, No. Interno 4044-2013, consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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Demandante Alicia Ortiz Aviles
Expediente: 0995-2021
Demandados: Fomag y municipio de Baraya - Huila.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia, en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila de fecha 26 de marzo de 2020 en cuanto negó la pretensión
de sanción moratoria reclamada por la parte actora, conforme lo expuesto en el
presente proveído.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral primero de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila de fecha 26 de marzo de 2020 por medio del cual declaró
probada la excepción de ineptitud de la demanda respecto de la pretensión de
reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas correspondiente a los años
1996 y subsiguientes. El cual quedará así:

«PRIMERO: DECLARAR la nulidad parcial del Oficio No. SGG-293 del 29 de
julio de 2018 y el acto ficto configurado el 06 de octubre de 2018, los cuales
negaron dicha pretensión y como consecuencia de ello, a título de
restablecimiento del derecho ordenar a la nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestacionales Sociales del Magisterio –
departamento del Huila reconocer y consignar las cesantías de la docente Alicia
Ortiz Avilés correspondientes a la anualidad de 1996, suma que deberá reportarse
en forma actualizada y dar cumplimiento al presente fallo en los términos del
artículo 192 del CPACA».

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Reconocer personería jurídica al abogado Helber Mauricio Sandoval
Cumbe con cedula de ciudadanía No. 7.707.551 de Neiva y tarjeta profesional No.
115.703 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar dentro del proceso de la
referencia como apoderado del municipio de Baraya – Huila.

QUINTO: Reconocer personería jurídica a la abogada Carol Tatiana Quiza Galindo
con cedula de ciudadanía No. 36.314.466 de Neiva y tarjeta profesional No. 157.672
del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar dentro del proceso de la
referencia como apoderada de la señora Alicia Ortiz Aviles.

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Demandante Alicia Ortiz Aviles
Expediente: 0995-2021
Demandados: Fomag y municipio de Baraya - Huila.

SEXTO: Por secretaría de la Sección Segunda devuélvase el expediente al tribunal
de origen, previa las anotaciones de rigor en la plataforma SAMAI.

Notifíquese y cúmplase

Firma electrónica
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Firma electrónica Firma electrónica
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida
la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Visitas/documentos/evalidador.

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