Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00400-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00400-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2019-00400-01
Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Velez
28 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Bogotá D.C., 28 de julio de 2022
Radicación: 41001233300020190040001
No. Interno: 1068-2022
Demandante: Jaime Bustos Yepes
Demandado: Nación – Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y departamento del
Huila.
Asunto: Cesantías anualizadas y sanción moratoria.
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA.
__________________________________________________________________
I. ASUNTO
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila de fecha 4 de mayo
de 2021 por medio del cual negó la pretensión referida al reconocimiento y pago de
la sanción moratoria solicitada y declaró probada la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda respecto de la pretensión de reconocimiento y pago de
las cesantías de los años 1994 a 1996.
II. ANTECEDENTES
La demanda.
2. El señor Jaime Bustos Yepes en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presenta demanda contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el
departamento del Huila con la que pretende se declare la nulidad del acto ficto o
presunto surgido del silencio de la demandada frente a la petición radicada el 5 de
septiembre de 2018 por medio de la cual solicitó el reconocimiento y pago de las
cesantías anualizadas causadas en los años 1994 a 1996 y la sanción moratoria
derivada del incumplimiento en la consignación anualizada de dicho auxilio.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicita se condene a las accionadas al
reconocimiento y pago de las cesantías correspondiente al año 1994 a 1996 y la
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Demandante: Jaime Bustos Yepes
Expediente: 1068-2022
Demandados: Fomag y departamento del Huila.
sanción moratoria por la no consignación de las cesantías correspondiente a dichas
anualidades.
Las anteriores pretensiones se sustentan en los siguientes hechos relevantes que
se extraen de la demanda:
4. Sostiene que labora como docente para el departamento del Huila desde el 6 de
septiembre de 1994 y que dicha entidad no consignó las cesantías que le
correspondían en los años 1994 a 1996 dentro del plazo legal, es decir, hasta el 14
de febrero del año siguiente de su causación, por lo que consecuencialmente está
obligado a pagar a su favor el equivalente a un día de salario por cada día de mora,
sin que tal sanción haya sido reconocida.
5. En virtud de lo anterior, es decir, con ocasión del incumplimiento en la
consignación de las cesantías, el 5 de septiembre de 2018 solicitó el reconocimiento
y pago de las cesantías causadas en los años 1994 a 1996 y que no fueron
consignadas, además de la sanción moratoria por el no pago oportuno del
mencionado auxilio; petición que hasta la fecha no ha tenido respuesta y por lo tanto
el 6 de diciembre de ese año se configuró el silencio negativo que origina el acto
ficto enjuiciado.
Concepto de violación.
6. De manera puntual, no invoca una causal de nulidad, sino que en forma genérica
hace referencia al auxilio de cesantías, su función y naturaleza, pero sin aterrizar
tales conceptualizaciones al caso del demandante. De otra parte, refiriendo a la
sanción moratoria, indica que los docentes tienen derecho a que se les reconozca
la penalidad consagrada en la ley, pues el legislador tuvo a bien consagrar la
sanción moratoria en el caso de que el empleador realizara el pago de las cesantías
más allá del término legal, por lo cual, la Ley 1071 de 2006 que modificó la Ley 244
de 1995 fijó los términos para el pago oportuno de dicha prestación en beneficio de
los servidores públicos.
7. Enfatiza en que la indemnización por mora en el pago de las cesantías de los
servidores públicos fue establecida mediante Ley 244 de 1995 como una sanción a
cargo del empleador moroso y a favor del trabajador con el objetivo de resarcir los
daños que se causen a este último ante el incumplimiento en el pago del auxilio de
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Demandante: Jaime Bustos Yepes
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Demandados: Fomag y departamento del Huila.
cesantías, norma que fue modifica por la Ley 1071 de 2006 que estableció que son
destinatarios de ellas, todos los servidores públicos, razón por la cual estima que
los docentes tiene derecho a la referida penalidad
Contestación a la demanda.
8. La Nación- Ministerio de Educación Nacional- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio se opuso a las pretensiones y solicitó que
se nieguen porque si bien no se pronunció sobre la petición radicada, lo cierto es
que la misma no encuentra sustento normativo como quiera que la Ley 1071 de
2006 no consagra la obligación de pagar una sanción moratoria por el pago
inoportuno de una diferencia de cesantías o reliquidación de éstas, resultando
improcedente aplicar analógicamente la sanción que dicha norma estableció a
situaciones no previstas en ella. Adujo que el reajuste de las cesantías o la
diferencia que se cause por la liquidación de las mismas o su falta de consignación,
no se encuentra enmarcada dentro de los supuestos normativos para que se genere
la sanción moratoria, pues ello no implica que la prestación se hubiese pagado en
forma inoportuna o de forma tardía.
9. El departamento del Huila se opone a las pretensiones de la demanda porque
de acuerdo a los artículos 2 numeral 5, 3 y 9 de la Ley 91 de 1989; 4 y 5 del Decreto
3752 de 2003 y, 56 de la Ley 962 de 2005, la Nación a través del Fonpremag es la
encargada de reconocer y pagar las prestaciones sociales de los docentes
nacionales y nacionalizados que se causen a partir de la vigencia de la primera de
las mencionadas leyes, correspondiendo a las entidades territoriales únicamente
expedir el acto administrativo que las reconoce, pero siempre actuando a nombre
del citado Fondo. A partir de lo anterior, propuso las excepciones de: a) inepta
demanda por falta de requisitos formales – falta de poder suficientes para demandar
(previa), b) falta de legitimación en la causa por pasiva al señalar que es el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales el encargado de las prestaciones sociales del
magisterio; c) falta de integración del litisconsorcio necesario, pues estima que era
el municipio de Villavieja la responsable de realizar los aportes y d) prescripción al
estimar que la actora reclamó la penalidad tres años después de su exigibilidad.
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Demandante: Jaime Bustos Yepes
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Demandados: Fomag y departamento del Huila.
Con auto del 12 de noviembre de 2020 (f. 001 digital), el tribunal decidió las
excepciones propuestas y declaró probada la de falta de legitimación en la causa
por pasiva y se desvinculó al departamento del Huila del presente proceso.
Sentencia apelada1.
10. El Tribunal Administrativo del Huila mediante sentencia de fecha 4 de mayo de
2021 negó la pretensión referida a la sanción moratoria y declaró probada la
excepción de ineptitud de la demanda respecto de la pretensión de reconocimiento
y pago de las cesantías anualizadas correspondiente a los años 1994 a 1996.
11. Como sustento de la decisión indicó que en lo concerniente a la excepción de
ineptitud de la demanda, el acto administrativo que le reconoció y ordenó el pago de
cesantías parciales al actor, esto es, la Resolución No. 4613 del 12 de noviembre
de 201, es el acto que desconoció el derecho subjetivo hoy pretendido por él, pues
cuando el acto ficto demandado surgió a la vida jurídica, ya la administración se
había pronunciado sobre el pago de las cesantías parciales sin incluir las
reclamadas. En esa medida, el demandante al conocer que en la liquidación parcial
de las cesantías no se incluyó lo correspondiente a las causadas en los años 1994
a 1996, debió cuestionar la Resolución No. 4613 del 12 de noviembre de 2013 ya
sea a través de los recursos en sede administrativa (siendo obligatorio el de
apelación pues la reposición es opcional) y/o haberla demandado ante esta
jurisdicción a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
y no lo hizo.
12. En lo atinente a la sanción moratoria reclamada, precisa el tribunal que el
incumplimiento en el reconocimiento y pago de las cesantías analizadas no genera
el derecho a que se reconozcan la penalidad regulada en la Ley 244 de 1995
modificada por la Ley 1071 de 2006, como lo pretende la parte actora, pues esta
sanción se reconoce una sola vez por la mora en el pago de las cesantías definitivas,
mientras que la sanción por mora que se configura por el incumplimiento del
empleador en consignar las cesantías anualizadas antes del 15 de febrero de cada
año se encuentran reguladas por la Ley 50 de 1990, de manera que no es
procedente reconocer la sanción por mora en los términos solicitados por la
accionante como quiera que esta la sustentó en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071
1 Folios 210 a 219.
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Demandante: Jaime Bustos Yepes
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Demandados: Fomag y departamento del Huila.
de 2006. Conforme a lo anterior y como el objeto del presente litigio atañe a la falta
de consignación de las cesantías causadas de 1994 a 1996, lo cierto es que la
sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 no resulta
aplicable al caso sub examine, por lo que en este preciso aspecto deberá negarse
la pretensión formulada en cuanto no fueron desconocidas en el acto que se ataca
ni en el que debió demandarse
13. Si se admitiera que lo reclamado es la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990
correspondiente a las cesantías anualizadas, las mismas se encuentran prescritas,
toda vez que las cesantías causadas en los años 1994 a 1996 debieron consignarse
hasta antes del 15 de febrero del año siguiente al de su causación, esto es, 15 de
febrero de 1995, 15 de febrero de 1996 y 15 de febrero de 1997, respectivamente y
según la parte actora ello no se hizo. La sanción moratoria de la última de las
anualidades, esto es la correspondiente a las cesantías del año 1996, la sanción se
configuró desde el 15 de febrero de 1997 y podía ser reclamada hasta el 15 de
febrero de 2000, lo que no ocurrió porque la solicitud se elevó el 5 de septiembre de
2018, lo que pone en evidencia la ocurrencia de la prescripción del derecho y con
mayor razón, las de los años anteriores.
Recurso de apelación.
14. La apoderada judicial de la parte demandante interpone recurso de apelación
contra el fallo de primera instancia y dirige su argumentación únicamente a
controvertir lo atinente a la declaratoria de ineptitud de la demanda respecto de la
pretensión de reconocimiento de las cesantías anualizadas de los años 1994 a 1996
que no le fueron consignadas. Aduce que los actos administrativos acusados fueron
aquellos que negaron el reconocimiento y pago de las cesantías correspondientes
a los años 1994 a 1996 que es la pretensión principal de la demanda. Indica que si
bien es cierto la Resolución 4613 de 2013 reconoce y ordena el pago de las
cesantías parciales al docente, también lo es que no se está pretendiendo la nulidad
de ese acto administrativo sino de aquellos que negaron el reconocimiento y pago
de unas cesantías que no fueron consignadas. Finalmente, hace un recuento acerca
de la naturaleza jurídica de las cesantías.
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Demandante: Jaime Bustos Yepes
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Demandados: Fomag y departamento del Huila.
Alegatos de conclusión y concepto del Ministerio Público.
15. Las partes no hicieron uso de esta oportunidad procesal y el Ministerio Público
no emitió concepto en el presente asunto.
CONSIDERACIONES
Análisis del asunto.
16. Agotado el trámite legal del proceso ordinario dentro del presente asunto,
encontrándose en la oportunidad para decidir el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante, sin que se evidencien vicios que acarreen nulidades y
requieran el ejercicio de control de legalidad por parte del órgano judicial, se
procederá a plantear el siguiente:
Problema Jurídico.
17. El problema jurídico a resolver se circunscribe en determinar si en el presente
caso se configura la excepción de inepta demanda declarada por el a quo respecto
del reconocimiento y pago de las cesantías de los años 1994 a 1996, por no haber
demandado la Resolución 4613 del 12 de noviembre 2013 que le reconoció
cesantías parciales a partir del año 1997 o si en su defecto, al tratarse de una
prestación periódica teniendo en cuenta que el vínculo se encuentra vigente, el
demandante puede acusar los actos fictos que le negaron el reconocimiento y pago
de las cesantías que no le fue incluida en la resolución anterior. En aras de resolver
el problema jurídico planteado, se analizará la naturaleza de las cesantías y con
base en ello, resolver el caso concreto.
De la naturaleza del auxilio de cesantías.
18. Las cesantías corresponden a una prestación social a cargo del empleador y su
creación estuvo encaminada a que constituyeran un auxilio para el trabajador que
quedara cesante. En el ordenamiento jurídico colombiano existen dos regímenes
para la liquidación y pago de las cesantías, a saber: a) el retroactivo y b) el
anualizado.
19. En el primer caso, el valor del auxilio se encuentra en poder del empleador
durante la vigencia de la relación laboral y se paga con base al último salario
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devengado, de conformidad con las leyes 6ª del 19 de febrero de 19452 y el Decreto
1160 del 28 de marzo de 19473. Por su parte, el régimen anualizado fue regulado
inicialmente por el Decreto 3118 del 26 de diciembre de 19684 y más adelante por
la Ley 50 del 28 de diciembre de 19905 disponiendo que las cesantías se liquidan
anualmente y deben consignarse a la administradora del fondo de cesantías a más
tardar el 14 de febrero de cada año, salvo lo previsto para el caso del Fondo
Nacional del Ahorro.
20. Ahora, para efectos de determinar el carácter unitario o periódico del auxilio de
cesantías, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido como criterio la
culminación o vigencia del vínculo laboral. En tal sentido, esta Corporación ha
precisado que mientras el vínculo laboral del servidor público se encuentre vigente
se considera que las prestaciones que se pagan con regularidad tienen la
connotación de periódicas, pero la pierden una vez ocurre la desvinculación, pues
a partir de ese momento se expide un acto administrativo que define el derecho y,
por lo tanto, debe demandarse dentro de la oportunidad prevista por el legislador.
Entonces, mientras subsista el vínculo laboral, el auxilio de cesantías tiene la
connotación de periódico pese a que se hagan pagos parciales o se consignen
anualmente a la cuenta de ahorro individual en el respectivo fondo. Sobre el
particular se ha explicado6:
«[…] Lo anterior permite inferir que mientras subsista el vínculo laboral, la prestación
social de las cesantías es periódica, aun cuando esta se liquide de manera
anualizada como comporta el caso concreto objeto de análisis.
En efecto, la Sección Segunda del Consejo de Estado, al sentar jurisprudencia sobre
la prescripción del derecho al auxilio de cesantías, también concluyó que mientras
subsista el vínculo laboral, pese a que se hagan pagos parciales o se consignen
anualmente a la cuenta de ahorro individual en el respectivo fondo administrador, tal
liquidación no es definitiva pues solo adquiere este carácter cuando termina la
relación laboral es decir, cuando el empleado queda cesante, momento en el cual
se efectúa la liquidación definitiva y el pago de la totalidad de la prestación. Por esta
razón concluyó que mientras esté vigente el vínculo no existe prescripción al
derecho al auxilio de cesantías…».
2
“Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos
colectivos y jurisdicción especial de trabajo.”
3 “Sobre auxilio de cesantía.”
4
Por el cual se crea el Fondo Nacional de Ahorro, se establecen normas sobre auxilio de cesantía de empleados públicos y
de trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones
5 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones.”
6
Ver pronunciamiento similares entre otros los siguientes: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, sentencia de 4 de septiembre de 2017, expediente: 76001 23 33 000 2014 00498 01 (3751-2014), auto de
8 de septiembre de 2017, CP Sandra Lisset Ibarra Vélez, radicación: 76001-23-33-000-2016-01293-01 (4218-2016);
sentencia de fecha 17 de febrero de 2022 proferida dentro del proceso con radicado No 41001-23-33-000-2019-00016-
01(0995-2021), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Demandante: Jaime Bustos Yepes
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Demandados: Fomag y departamento del Huila.
21. No obstante y a sabiendas que la mencionada resolución hace alusión a la
liquidación parcial del auxilio de cesantías, se entiende que la prestación sobre la
cual se erige la petición es de carácter periódico, en la medida en que el trabajador
no se ha desvinculado de su cargo al momento de efectuar la respectiva
reclamación y formulación de la demanda y por tal motivo, era procedente acudir a
la jurisdicción en cualquier momento antes de la terminación del vínculo laboral, so
pena de que a partir de allí dejara de considerarse una prestación periódica. Así las
cosas, mientras subsista el vínculo laboral, la prestación social de las cesantías es
periódica y aunque esta haya sido objeto de liquidación parcial, puede ser
reclamada con posterioridad, precisamente por su carácter periódico.
Solución del caso.
22. Establecido lo anterior, corresponde a la Sala analizar si el demandante se
encuentra facultado para demandar los actos administrativos a través de los cuales
le fue negada las cesantías anualizadas correspondiente a los años 1994 a 1996,
pese a que mediante Resolución No.4613 de 20137 de manera previa le fue
reconocida cesantías parciales a partir del año 1997 hasta el 2012 y por
consiguiente, si los actos administrativos que le niegan el derecho reclamado son
susceptibles de control judicial.
23. En el asunto bajo estudio el demandante pretende la nulidad del acto ficto
configurado respecto de la no contestación a la petición incoada en fecha 5
septiembre de 2018 ante el departamento del Huila y el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio a través de las cuales pretendía el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria derivada del incumplimiento en la
consignación de las cesantías correspondientes a los años 1994 a 1996 y la
consignación de dicha prestación social correspondiente a la prenotada anualidad.
En efecto, del escrito petitorio se observa que la accionante solicitó lo siguiente 8:
«[…] El reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas que se le adeudan a mi
representado JAIME BUSTOS YEPES causadas en los años 1994, 1995 y 1996 y
las que han ocasionado el incumplimiento de la consignación anualizada de las
cesantías en el respectivo fondo.
Que sobre el monto que se reconozca y cancele la respectiva indexación desde el
momento en que no se cancelaron las cesantías en debida forma hasta la fecha en
7
Folios 161 al 163.
8 Ver folios 38 a 45 del expediente.
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que se efectúe el pago de las cesantías adeudadas, teniendo de presente que aún
subsiste la relación laboral…».
24. A su turno, se observa que a folio 39 a 43 del expediente, reposa copia de la
Resolución No. 4613 del 12 de noviembre de 2013 a través de la cual, la secretaría
de educación del departamento del Huila le reconoce al señor Jaime Bustos Yepes
la suma de $21.652.385.oo por concepto de cesantías parciales liquidadas desde
el año 1997 a 2012, a pesar de que en dicho acto administrativo se dejó consignado
que la actora contaba con 18 años, 3 meses y 24 días de vinculación en su rol de
docente al servicio de la educación departamental, periodo comprendido del
06/09/1994 al 30/12/2012.
25. Conforme lo expuesto, se tiene que en efecto al señor Jaime Bustos le fue
reconocida cesantías parciales a través de la resolución prenotadla cual fue
liquidada a partir de la anualidad 1997, es decir, que en ella no le fue incluido el
auxilio correspondiste a los años 1994, 1995 y 1996. Al examinar dicho acto
administrativo, se tiene que la aludida resolución en su artículo cuarto consagró
que contra dicho acto administrativo procedía el recurso de reposición, de manera
que, si el actor notó que en la liquidación parcial de sus cesantías no le había sido
incluida las anualidades 1994 a 1996, debió interponer el medio de impugnación
que procedía contra la mencionada resolución a fin de que la administración se
pronunciara respecto de tal yerro y de esa manera, obtener la autorización de sus
cesantías parciales en debida forma o en su defecto, acudir ante la jurisdicción a
controvertir el pluricitado acto administrativo.
26. No obstante lo anterior, la Sección Segunda9 en esta materia ha prohijado la
tesis según la cual, mientras subsista la vigencia del vínculo laboral del reclamante
en tratándose de cesantías anualizadas, la parte interesada puede provocar el
pronunciamiento de la administración con el fin de obtener el reconocimiento de las
cesantías correspondiente a la vigencia que no le ha sido reconocida y la entidad
demandada está en la obligación de emitir una respuesta oportuna y de fondo
respecto de lo solicitado.
9
Sentencia del 13 de febrero de 2014, Radicación: 66001233100020110011701 (0798-2013), actor: Oliverio Aguirre
Orozco; Auto de 21 de marzo de 2019, radicado NO. 13001 2331 000 2010 00335 01 (5019-2014); sentencia de 4 de
septiembre de 2017, expediente: 76001 23 33 000 2014 00498 01 (3751-2014); Auto del 23 de julio de 2020, expediente
47001-23-33-000-2019-00083-01 (4142-19), sentencia del 31 de marzo de 2022, radicación No 41001-23-33-000-2019-
00386-01 (1751-2021), Actor: Esther Castro Duran, MP. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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27. Así las cosas, en el presente caso, ante la respuesta negativa de la
administración a la petición interpuesta por el demandante referente al
reconocimiento de las cesantías anualizadas correspondiente a las anualidades de
1994 a 1996, si tiene que dicho acto es susceptible de enjuiciamiento ante esta
jurisdicción a través del medio de control ejercido, por lo tanto, resulta válido discutir
el periodo o anualidades de cesantías que no le fue reconocida en Resolución No.
4613 del 12 de noviembre de 2013, puesto que el auxilio de cesantías se considera
como una prestación periódica mientras se encuentre vigente el vínculo laboral del
servidor público, evidenciando la Sala que el demandante para la fecha en que
instauró la reclamación administrativa e inclusive, para la época en que interpuso la
demanda objeto de estudio, se encuentra prestando su servicio al departamento del
Huila tal como se constata con la certificación de historia laboral obrante a folio 120
a 122 del expediente.
28. Una vez dilucidado lo anterior, procede la Sala a valorar las pruebas que reposan
en el plenario tendiente a establecer si el demandante tiene derecho a reclamar el
reconocimiento y pago de las cesantías correspondientes a los años 1994 a 1996. Es
así como se observa que la parte actora acreditó su vinculación con el acta de
posesión de fecha 6 de septiembre de 199410 como educador en la escuela El Líbano
del municipio de Villavieja. Así mismo, de la Resolución 4613 del 12 de noviembre de
2013 se establece que la secretaría de educación del departamento del Huila le
reconoció la suma de $21652.385.oo por concepto de cesantías parciales liquidadas
desde el año 1997 a 201211.
29. Al valorar las pruebas antes descritas, la Sala observa que se carece de soporte
que demuestre que al demnadante señor Jaime Bustos le fue consignado las
cesantías correspondientes a la anualidad reclamada, por lo que le asiste el derecho
a que le sea reconocido y consignado el valor de las cesantías correspondiente a los
años 1994, 1995 y 1996 toda vez que acreditó haber tomado posesión del cargo de
educador en fecha 6 de septiembre de dicha anualidad sin que la parte accionada
probara que consignó el auxilio de cesantías de tales anualidades.
30. Así las cosas, la Sala confirmará parcialmente la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila de fecha 4 de mayo de 2021 en cuanto negó la
pretensión referida al reconocimiento y pago de la sanción moratoria solicitada con
10
Folio 45 del expediente.
11 Folios 39 al429 del expediente.
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fundamento en la Ley 244 de 1995 y 1071 de 2006 y revocará el numeral segundo
de la parte resolutiva de la referida providencia que declaró probada la excepción
de ineptitud de la demanda respecto de la pretensión de reconocimiento y pago de
las cesantías anualizadas correspondiente a los años 1994, 1995 y 1996 y en su
lugar, se declarará la nulidad parcial del acto ficto configurado respecto de la
petición incoada en fecha 5 de septiembre de 2018 que negó dicha pretensión y
como consecuencia de ello, a título de restablecimiento del derecho ordenar a la
Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestacionales
Sociales del Magisterio – departamento del Huila reconocer y consignar las
cesantías correspondientes a los años 1994, 1995 y 1996, debidamente indexados.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia, en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila de fecha 4 de mayo de 2021 en cuanto negó la pretensión
referida al reconocimiento y pago de la sanción moratoria solicitada con fundamento
en la Ley 244 de 1995 y 1071 de 2006.
SEGUNDO: REVOCAR el numeral segundo de la aludida sentencia por medio del
cual el Tribunal Administrativo del Huila declaró probada la excepción de ineptitud
de la demanda respecto de la pretensión de reconocimiento y pago de las cesantías
anualizadas correspondiente a los añ0s 1994, 1995 y 1996. El cual quedará así:
«SEGUNDO: DECLARAR la nulidad parcial del acto ficto configurado respecto
de la petición incoada en fecha 5 de septiembre de 2018 que negó dicha
pretensión y como consecuencia de ello, a título de restablecimiento del derecho
ordenar a la nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestacionales Sociales del Magisterio reconocer y consignar las cesantías del
docente Jaime Bustos Yepes correspondiente a las anualidades de 1994, 1995 y
1996, suma que deberá reportarse en forma actualizada y dar cumplimiento al
presente fallo en los términos del artículo 192 del CPACA».
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Demandante: Jaime Bustos Yepes
Expediente: 1068-2022
Demandados: Fomag y departamento del Huila.
TERCERO: Sin condena en costas.
CUARTO: Por secretaría de la Sección Segunda devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previa las anotaciones de rigor en la plataforma SAMAI.
Notifíquese y cúmplase
Firma electrónica
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ
Firma electrónica Firma electrónica
CÉSAR PALOMINO CORTÉS CARMELO PERDOMO CUÉTER
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante
el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida
la integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Visitas/documentos/evalidador.
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