Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00421-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2019-00421-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 41001-23-33-000-2019-00421-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
10 de julio de 2024
Radicación: 66001233300020180023701 (3569-2021)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., diez (10) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 41001-23-33-000-2019-00421-01 (3189-2022)
Demandante: José Demetrio Montealegre Rojas
Demandado: Departamento del Huila y Municipio de Gigante
Temas: Relación laboral encubierta. Contrato de prestación de
servicios- Aplicación sentencia de unificación 2021.
Presunción docente. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el demandante y la parte
demandada municipio de Gigante, contra la sentencia proferida el siete (7) de
diciembre de dos mil veintiuno (2021) por el Tribunal Administrativo del Huila,
Sala Sexta de Decisión, por medio de la cual accedió parcialmente a las
pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor José Demetrio Montealegre Rojas instauró demanda, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en contra del Departamento del Huila y el Municipio de Gigante,
con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las Resoluciones 3085 del 23 de abril de 2019 y 270
del 5 de julio de 2019 expedidas por el Departamento del Huila; y el oficio No.
2019PQR00001876 del 22 de abril de 2019 y la Resolución No. 398 del 20 de
mayo de 2019 expedidos por el Municipio de Gigante, mediante los cuales se
negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de la
relación laboral, que dice, que existió entre él y las entidades demandadas.
Que, se declare que existió una relación laboral subordinada desde el año 1984
a 1993 y se ordene el reconocimiento de las prestaciones, así como el
reconocimiento del tiempo laborado para efectos pensionales y se realice la
indexación de las sumas adeudadas.
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HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el demandante prestó sus servicios personales como docente por contrato
en el centro docente El Piñal entre 1984 y 1993 y fue vinculado como docente de
planta a partir del 21 de diciembre de 1993.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 5 de septiembre de 2018 y, notificada
a las entidades demandadas quienes contestaron.
El Departamento del Huila indicó que compete a la parte demandante desvirtuar
la presunción de legalidad del contrato de prestación de servicios y la naturaleza
del mismo pues las entidades públicas no cuentan con el personal suficiente para
realizar sus actividades cotidianas y por eso están facultadas para contratar
personas naturales para suplir esa necesidad al tenor de lo dispuesto en el
artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
Propuso como excepciones las de inepta demanda por falta de agotar el requisito
previo de procedibilidad, inexistencia del derecho reclamado, prescripción y,
cobro de lo no debido.
El Municipio de Gigante manifestó que la entidad actuó dentro de los límites y
competencias que le asigna la Constitución y la Ley. Que no suscribió contrato
de prestación de servicio alguno con el señor José Demetrio Montealegre Rojas,
y la demanda carece de soportes que demuestren la veracidad de los hechos
que en ella se consignan.
Formuló las excepciones de falta de requisitos para el reconocimiento de una
relación laboral para con el municipio de Gigante Huila, inexigibilidad del pago de
la sanción moratoria, falta de legitimación en la causa por parte del municipio de
Gigante Huila y, prescripción.
Por auto del 12 de febrero de 2021 se difirió para su análisis en la sentencia la
resolución de las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva
formulada por el municipio de Gigante y la de prescripción propuesta por esa
misma entidad y el Departamento del Huila. Adicionalmente, se declaró no
probada la excepción de inepta demanda alegada por el Departamento del Huila.
Se celebró audiencia inicial el 13 de julio de 2021, en la cual se fijó el litigio, se
decretaron las pruebas y luego de la práctica de las mismas, se dio traslado a las
partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue apelada
dentro del término oportuno.
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SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión, mediante sentencia
del siete (7) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), accedió parcialmente a las
pretensiones considerando que solo se encuentra probado el periodo
comprendido del 22 de febrero al 22 de diciembre de 1993 pues se allegó el
contrato de prestación de servicios No. 010 suscrito por el señor José Demetrio
Montealegre Rojas con el municipio de Gigante como educador.
Que, en el interrogatorio de parte absuelto por el demandante, éste se ratificó en
los hechos de la demanda, la prestación del servicio educativo, la época, el
horario en que laboró y la fecha de contratación. Indicó que no tuvo vinculación
directa con el municipio de Gigante, pues éste solo era el puente para realizar los
contratos y enviarlos al Departamento; y que éste último le giraba al municipio los
dineros.
Que, a pesar de lo manifestado por el actor, no es posible tener como probada la
prestación del servicio por el periodo 1988 a 1992, porque, en el proceso no se
observan órdenes, autorizaciones y/o contratos de prestación de servicios que
se hubieren celebrado entre el actor y las entidades demandadas entre 1988 y
1992.
Que por el periodo -22 de febrero al 22 de diciembre de 1993- se demuestra
también la subordinación pues como lo ha indicado la jurisprudencia, pertenece
a la esencia de la labor docente el hecho de que el servicio se preste
personalmente y esté subordinado al cumplimiento de los reglamentos
educativos, a las políticas que fije el Ministerio de Educación, a la entidad
territorial correspondiente para que administre dicho servicio público en su
respectivo territorio, al pensum académico y al calendario escolar.
Que al quedar corroborada la relación entre el docente y el municipio de Gigante
mediante contrato de prestación de servicios no prospera la excepción de falta
de legitimación en la causa por pasiva alegada por dicha entidad.
Que, operó la prescripción trienal y en consecuencia el pago de los derechos
derivados de la relación laboral surgida entre las partes del 22 de febrero al 22
de diciembre de 1993, dado que la reclamación fue radicada tan solo hasta el 5
de abril de 2019, es decir, casi 26 años después de haber culminado el último
nexo contractual con el municipio, prescripción que no aplica a los aportes a
pensión por dicho lapso.
En cuanto a la indemnización moratoria reclamada, consideró el Tribunal que por
tratarse de una sentencia que declara la existencia de la relación laboral, no es
posible dar lugar al reconocimiento y consecuente pago de tal emolumento, pues
es a partir de la decisión que reconoce esa existencia laboral, la que permite
reclamarlas.
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Negó la actualización de las sumas adeudadas de las mesadas pensionales pues
en el proceso no se encontró acreditado el reconocimiento pensional en favor del
demandante.
No condenó en costas.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada municipio de Gigante interpuso recurso de apelación
indicando que, la Institución Educativa “C.D.R. El Piñal” era responsabilidad
institucional y administrativa del Departamento de Huila, por lo que la relación
contractual que existió en virtud del contrato de prestación de servicios N° 10 de
1993 lo fue entre 2 entes territoriales; sin embargo, el Juez responsabilizó
exclusivamente al municipio de Gigante, cuando además, este dentro de su
planta de empleos no tiene denominación si quiera asimilable a la de docente.
Que, el Municipio de Gigante es un municipio de sexta categoría no certificado y,
por lo tanto, la obligación para con la educación al interior del mismo recae de
forma exclusiva en el Departamento del Huila según lo establecido en el numeral
segundo del artículo 6 de la Ley 715 del 21 de diciembre de 2001.
Que, los docentes vinculados por el Departamento del Huila para suplir las
necesidades educativas de los municipios no certificados, como lo es el de
Gigante tan solo fungía como administrador de los recursos que le eran girados
por el Departamento, de tal forma que ni el nombramiento, ni la vinculación de
los docentes, y mucho menos el desembolso de los recursos para suplir el pago
de nómina era de su cargo.
Que, superado el análisis sobre la imposibilidad de tener como responsable al
Municipio, se torna evidente que no se configuró una relación laboral bajo el
entendido que no era el ente territorial el responsable de administrar y coordinar
la prestación de los servicios de educación en la Institución educativa El Piñal.
Que, además el Departamento se encargaba de ejercer la supervisión y vigilancia
del cumplimiento de estas actividades a través de sus Directores de Núcleo y la
Secretaría de Educación Departamental.
Que, de haber realizado un análisis integral de las pruebas recaudadas,
especialmente las documentales y testimoniales, se habría podido verificar que
el municipio no llevó a cabo conductas subordinantes para con el demandante
que terminaran desnaturalizando el contrato, frente al cual su única intervención
fue la de puente facilitador para su suscripción.
La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que sostuvo que el
Tribunal no les dio valor probatorio a las certificaciones laborales por el periodo
1984 a 1993 y esto no está acorde con la jurisprudencia relacionada pues los
demandados no suministraron ningún elemento de persuasión que se haya
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encaminado a desmentir lo que se certificó en cuanto a la labor desempeñada
por el docente.
Que, este periodo también fue demostrado con los testimonios, los cuales
tampoco tuvo en cuenta el fallador; vulnerándose así también el principio de
igualdad; ya que, el demandante cumplió con las mismas condiciones que
hubiere cumplido un docente de planta o nombrado por acto administrativo.
TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.
Por auto del once (11) de julio de dos mil veintidós (2022), se admitieron los
recursos de apelación interpuestos y, se dio traslado de 10 días para alegar de
conclusión.
Las partes guardaron silencio en esta etapa procesal y el Agente del Ministerio
Público no rindió concepto.
Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala deberá verificar si entre las partes existió un vínculo laboral derivado de
la prestación de servicios profesionales durante el periodo 1984 a 1993 y, si como
consecuencia de ello, el actor tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones dejadas de percibir con ocasión de esa relación.
Una vez superado este asunto se entrará a determinar, si el municipio de Gigante
– Huila es el único obligado o si, por el contrario, el Departamento del Huila
también deberá debe responder por las condenas ordenadas.
Finalmente, se analizará lo correspondiente a la condena en costas en segunda
instancia.
Marco normativo y jurisprudencial
Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la
Ley 80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:
«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
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En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable ».
En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la
relación contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad
si entre el actor y la entidad demandada existía un verdadero contrato de
prestación de servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la
que procede a analizarse.
La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia
o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el
elemento de la remuneración.
Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación
laboral ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la
sentencia C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa
claramente las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de
servicios, dice al respecto:
«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la
continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación
del mismo.
En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad
independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la
que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia
consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor
contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos
son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades
propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines
perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que
en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a
la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor
contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación
del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de
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prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un
contrato de prestación de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos
del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas
para resaltar).
De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho
al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la
realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo
53 de la Constitución.
Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:
«2.3.3.2. Subordinación continuada
102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado
el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de
prestación del servicio.2
103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida-
ha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias
que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las
siguientes:
104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades.
Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las
innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta
circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso
concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de
planta.
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105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que
exista subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual
sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de
urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la
incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede
ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual
convenido.
106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición
de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius
variandi,3 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista
constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia
o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el
demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario
de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su
objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una
actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la
entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación
con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.
107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las
que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se
reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de
que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones
o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las
asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta
de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se
refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de
ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus
servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones
de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad
contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el
cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Por
consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de
sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de
la entidad.
108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de
actividades o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en
este caso la de abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación
laboral, pues, en la práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente
para satisfacer el objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del
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contrato de prestación de servicios sí exige que las funciones del contratista
sean desarrolladas con un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la
necesidad de coordinación con la entidad contratante que, en ningún caso,
puede servir de justificación para ejercer comportamientos propios de la
subordinación laboral.
(…)
3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley
80 de 1993.
131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados, es esencialmente temporal; por lo tanto, este
tipo de contratos, cuando se suscriben con personas naturales, no pueden
concatenarse indefinidamente en el tiempo.
132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta
donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de
los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para
su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el
tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe
estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del
negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con
suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un
contrato de prestación de servicios».
133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución
de los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones
imprevistas que exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo
estimado, ab initio, como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede
resultar insuficiente. En cualquier caso, las mismas razones que en su
momento justificaron la planeación del contrato inicial y la suscripción de los
contratos modificatorios del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en
los mencionados estudios previos.
134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla
a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se
derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan
acordarse para garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).
Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en
la ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una
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relación laboral como son: una actividad personal, un salario y la
subordinación. Así lo ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado
en varias oportunidades:
“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en
materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en
manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones
entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales
deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral
a través de un contrato de prestación de servicios.
42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la
presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del
acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que
se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad
personal del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del
trabajador y (iii) remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar un contrato de trabajo.» 1.
Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación
por parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su
calidad, tales como las prestaciones sociales.
Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por
ello se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Constitución Política.
Quiere hacer notar la Sala, que en determinados casos en los que a pesar de
que la vinculación se da mediante contrato de prestación servicios, en razón de
la actividad desarrollada, el Consejo de Estado ha dicho que se presume la
existencia de la relación de trabajo, tales son los casos de los docentes cuando
son contratados por instituciones educativas para cumplir funciones de docentes
y los celadores 2. Presunción que deberá tener un mínimo probatorio.
Resolución del caso concreto
Probada como se tiene la prestación del servicio a órdenes del municipio, deberá
concentrarse la Sala en si esta se realizó de manera subordinada.
Para esto, se visualiza el alcance y las obligaciones definidas en los contratos de
prestación de servicios suscritos entre las partes. Particularmente, en el Contrato
1 Sentencia del 28 de octubre 2021, Radicación número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
2 Consejo de Estado - Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 2 de mayo de 2013, Radicación
05001233100020040374201
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Radicación: 41001-23-33-000-2019-00421-01 (3189-2022)
de Prestación de Servicios No. 10 3, cuyo objeto consistió en «prestar sus
servicios en el Centro Rural El Piñal, Vereda o inspección SILVANIA Municipio
de GIGANTE, impartiendo educación en el nivel primario de conformidad con el
calendario escolar y programas del Ministerio de Educación». El período de
ejecución fue de 10 meses desde el 22 de febrero hasta el 22 de diciembre de
1993, según el cual el contratista debía:
(i) Aceptar la supervisión y normas reglamentarias de la educación oficial
con la dependencia técnica de la dirección de núcleo educativo.
(ii) Efectuar los registros de calificaciones, suministrar informes a los
padres de familia y diligenciar los documentos referentes a la
administración de la escuela
(iii) Cumplir con la jornada laboral establecida para el personal docente
oficial.
De otra parte, se tienen las declaraciones del demandante y de los señores Saín
Bocanegra Ramón, Olga Lucía Quintero, José Ignacio Camacho Valbuena
compañeros de labores del actor en la Institución, quienes, señalaron que este
último prestó sus servicios como docente en el municipio de Gigante y que
cumplían un horario de trabajo que era de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. durante todos
los días de la semana. Que recibía órdenes del director de núcleo, señor Hugo
Cabrera, que los docentes del Fondo educativo Regional-FER eran vinculados
por contrato y, que esa era la diferencia con los de planta.
Esta Corporación en múltiples oportunidades 4 ha abordado el estudio de la
relación laboral encubierta frente al ejercicio de la docencia, entendiendo que
existe un vínculo y sometimiento subordinado y, se ha considerado que en el
ejercicio de tales funciones no es posible identificar las características de
autonomía e independencia propias de una relación contractual:
“Este criterio coincide con la línea jurisprudencial consolidada 5 de las
subsecciones de esta Sala, en el sentido de que la labor del docente
contratista no es independiente, sino que el servicio se presta de
manera personal y subordinada al cumplimiento de los reglamentos
propios del servicio público de la educación.
3 Folio 120 del Cuaderno Principal.
4 Ver entre otras, las sentencias del 2 de mayo de 2013, radicado: 05001233100020040374201 y la SUJ-
025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
5 Cita de la cita: Al respecto véanse las sentencias de (i) 30 de octubre de 2003 de la subsección B, C.P.
Jesús María Lemos Bustamante, número interno 24602003, actora: Sonia Stella Prada Cáceres, (ii) 30 de
marzo de 2006 de la subsección B, C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, expediente
52001233100019990121502 (466904), demandante: María Carmela Guerrero Benavides, (iii) 14 de agosto
de 2008 de Ja subsección A, C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente
68001231500020020090301 (015708), (iv) 1° de octubre de 2009 de la subsección B, C.P. Gerardo Arenas
Monsalve, expediente 04882009, actor: Liliana Esmeralda Jaimes Jaimes, (v) 4 de noviembre de 2010 de
la subsección A, C.P. Víctor Remando Alvarado Ardila, expediente 07612010, actor: Marisel Bohórquez
Sarmiento, (vi) 16 de febrero de 2012 de la subsección B, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, expediente
196111, actor: María Edilma Barrera Reyes, y (vii) 24 de octubre de 2012 de la subsección A, C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero, expediente 6800123310002003 0256801(120112), actor: Héctor Alfonso Cáceres
Gómez.
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Radicación: 41001-23-33-000-2019-00421-01 (3189-2022)
Igualmente, es menester anotar que la actividad docente no se
desarrolla en virtud de la coordinación imperante en los contratos
de prestación de servicios6, comoquiera que se cumple conforme a
las instrucciones, directrices y orientaciones de sus superiores en
el centro escolar, la secretaría de educación territorial y el Ministerio
de Educación Nacional, es decir, no bajo su propia dirección y
gobierno7, de lo cual se infiere que la subordinación y la
dependencia se encuentran inmersas en dicha labor, esto es,
connaturales al ejercicio docente sujeto a los reglamentos propios
del magisterio.
A manera de conclusión y de acuerdo con los derroteros trazados por
ambas subsecciones, dirá la Sala que la vinculación de docentes bajo la
modalidad de prestación de servicios, no desvirtúa el carácter personal
de su labor ni mucho menos es ajena al elemento subordinación existente
con el servicio público de educación, en razón a que al igual que los
docentes empleados públicos (i) se someten permanentemente a las
directrices, inspección y vigilancia de las diferentes autoridades
educativas, por lo que carecen de autonomía en el ejercicio de sus
funciones, (ii) cumplen órdenes por parte de sus superiores jerárquicos y
(iii) desarrollan sus funciones durante una jornada laboral de acuerdo con
el calendario académico de los establecimientos educativos estatales en
los que trabajen, motivo por el cual en virtud de los principios de primacía
de la realidad sobre las formalidades e igualdad, los docentes contratistas
merecen una protección especial por parte del Estado.” (Negrillas para
resaltar) 8
De conformidad con lo anterior, se logra demostrar además de la prestación
personal del servicio y la remuneración, la subordinación, pues de acuerdo con
la naturaleza de la labor y las obligaciones impuestas es evidente que, en sus
actividades, el actor debía circunscribirse a las instrucciones de la entidad
demandada y, específicamente, a los horarios y a las necesidades de la
institución educativa donde estaba asignado para prestar el servicio de docencia.
Además, no podía ausentarse de sus actividades o escoger o modificar el lugar
de ejecución de aquellas de forma autónoma.
6 Cita de la cita: La sala plena de la Corporación, en providencia de 18 de. noviembre de 2003,
expedienteJJ0039, consejero ponente Nicolás Pájaro Peñaranda, actora: María Zulay Ramírez Orozco,
indicó que era inaceptable reconocer la existencia de una relación laboral en circunstancias en las cuales
el contratista coordina con su contratante la prestación del servicio y precisó: "Es inaceptable, además,
porque si bien es cierto que la actividad del contratista puede ser igual a la de empleados de planta, no es
menos evidente que ello puede deberse a que este personal no alcance para colmar la aspiración del
servicio público,· situación que hace imperiosa la contratación de personas ajenas a la entidad. Y si ello es
así, resulta obvio que deben someterse a las pautas de ésta y a la forma como en ella se encuentran
coordinadas las distintas actividades. Sería absurdo que contratistas encargados del aseo, que deben
requerirse con urgencia durante la jornada ordinaria de trabajo de los empleados, laboren como ruedas
sueltas y a horas en que no se les necesita. Y lo propio puede afirmarse respecto del servicio de cafetería,
cuya prestación no puede adelantarse sino cuando se encuentra presente el personal de planta. En vez de
una subordinación lo que surge es una actividad coordinada con el quehacer diario de la entidad, basada
en las cláusulas contractuales":
7 Cita de la cita: Esta posición se sostuvo en decisión de la subsección B de esta sección de 4 de noviembre
de 2004, expediente 1500123310001999025610l (36612003), con ponencia del entonces consejero
Alejandro Ordóñez Maldonado, demandante: Marlén Fúquene Ramos.
8 Consejo de Estado - Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 2 de mayo de 2013, radicado:
05001233100020040374201.
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De esta manera, bien podría entenderse que, por la esencia de las actividades a
desarrollar, este tipo de objeto contractual implica de manera inescindible el
elemento de la subordinación. En tal sentido, el servicio de docencia, así
contratado también se encuentra desprovisto de la transitoriedad o temporalidad
que reviste una vinculación de carácter contractual; por lo que frente a las
personas naturales que son contratadas para prestar dicho servicio, se encuentra
implícito el elemento de la subordinación en tanto que el mismo resulta
indispensable para llevar a cabo la labor, estando sometido al cumplimiento de
órdenes y horario.
Además, la Sala considera que en este caso no se puede hablar de coordinación,
como indica la entidad recurrente, ya que el actor estaba sujeto a las condiciones
específicas sobra la forma, cantidad y modo en que debía prestarse el servicio
de docencia en la institución educativa asignada, lo que denota, sin duda, que el
municipio de Gigante, empleador, tenía la posibilidad de disponer del trabajo del
demandante, lo que demuestra la existencia de una verdadera subordinación.
Por lo tanto, por encontrarse acreditados los elementos esenciales de una
relación laboral entre las partes por los periodos del año 1993, se confirmará la
decisión del Tribunal Administrativo del Huila, en este punto.
Teniendo en cuenta los motivos de apelación del demandante, se procede a
revisar los periodos que considera que se deben tener en cuenta:
Según los formularios estadísticos básicos del Ministerio de Educación y el
DANE 9 aportados con la demanda, se observa que para los años 1984 a 1992 el
demandante prestó sus servicios en el Centro Docente Rural “El Piñal” en jornada
completa y “escuela nueva” en el Departamento del Huila para el municipio de
Gigante en la Vereda el Piñal.
A su vez, mediante certificación obrante a folio 64, expedida por la Secretaría de
Educación del Huila -Director de Núcleo Educativo N° 37 del 29 de octubre de
1998 se indicó que el actor para los años 1984 a 1987 estuvo vinculado por
contrato de modalidad solución educativa y de 1988 a 1993 también por
modalidad solución educativa, pero al Fondo Educativo Regional “FER” centro
docente rural mixto El Piñal.
Frente a este periodo (1984 a 1992), considera la Sala de subsección que, de la
prueba documental aportada no se logra determinar cuál fue la relación que se
presentó entre el demandante y el municipio de Gigante pues no se establece el
vínculo contractual o laboral que existió entre ambos y, por tanto, la forma a
través de la cual se presentó su vinculación con la entidad demandada y tampoco
muestran la existencia de una relación laboral con el municipio.
Es pertinente, resaltar que, en una oportunidad anterior, esta Sala de decisión
9 Véanse de folios 41 a 63
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expuso que la exigencia escrita del contrato de prestación de servicios para
efectos de analizar la configuración de una relación laboral encubierta no resulta
obligatoria, «por cuanto esta formalidad no es necesaria toda vez que lo que se
debe procurar es la demostración de los elementos de la relación de trabajo de
esto es, la subordinación, la prestación personal del servicio y la remuneración;
y esto no supone que deba existir un contrato, aunque en la mayoría de los casos
efectivamente es a partir de este tipo de contrato, que se descubren los
elementos mencionados»10.
Sin embargo, los medios probatorios que obren deberán tener tal entidad que
logre demostrar la forma y las características de la vinculación y no la simple
prestación del servicio.
Como se indicó con anterioridad, esta Corporación en múltiples oportunidades 11
ha abordado el estudio de la relación laboral encubierta frente al ejercicio de la
docencia, entendiendo que existe un vínculo y sometimiento subordinado, en el
presente asunto, a partir de las pruebas no logra determinarse algo más allá del
vínculo existente, sea asociativo, contractual o laboral entre el demandante y el
municipio, pues no se tienen mayores elementos para determinar las
circunstancias en que se desarrollaron dichas vinculaciones ni los periodos en
que se llevaron a cabo las mismas.
Por lo tanto, tal y como lo decidió el Juez de primera instancia, este periodo no
se encuentra debidamente demostrado para efectos de declarar una relación
laboral encubierta.
Ahora, el 22 de febrero de 1993 se suscribió el contrato N° 10 entre la alcaldesa
del municipio de Gigante y el actor con el objeto de que este prestara sus
servicios en el centro rural El Piñal “impartiendo educación en el nivel primario de
conformidad con el calendario escolar y programas del Ministerio de educación”.
Fl. 120
Se indicó que el término sería por 10 meses contados a partir del 22 de febrero
de 1993 y el valor sería de $1.006.480 pagaderos en mensualidades de
$1.006.480.
El señor Montealegre Rojas tomó posesión ante la Secretaría de Educación
“FER” como docente de planta del Departamento del Huila a partir del 22 de
diciembre de 1993 para prestar sus servicios como Educador CDR El Piñal –
Gigante, nombrado mediante Decreto 965 del 30 de noviembre de ese mismo
año. fl. 40.
Por lo tanto, dicho periodo sí cuenta con la suficiente información y elementos
10 Sentencia del 30 de noviembre de 2023, expediente con radicación número 47001-23-33-000-2018-
00036-01 (0701-2020) del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.
11 Ver entre otras, las sentencias del 2 de mayo de 2013, radicado: 05001233100020040374201 y la SUJ-
025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016).
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Radicación: 41001-23-33-000-2019-00421-01 (3189-2022)
para determinar las circunstancias en que se dio el vínculo pues se tiene el objeto,
el horario, los honorarios, los periodos, entre otros pormenores.
Por último, frente al punto de discusión correspondiente a cuál sería la autoridad
obligada a realizar el pago de los conceptos ordenados en primera instancia, la
sola interpretación de los efectos consecuentes de la configuración de una
relación laboral predicada del contrato suscrito entre el municipio y el actor,
indican que el sujeto responsable de tal carga debe ser quien encubrió dicho
vínculo de trabajo a través de contratos de prestación de servicios y quien se vio
beneficiado con el mismo, el cual para el caso fue el municipio de Gigante-Huila.
Sumado a lo anterior, se evidencia que quien suscribió el contrato y se obligó a
pagar los valores derivados de aquel fue el municipio de Gigante, sin que, a partir
de las pruebas obrantes en el expediente, se observe la participación u
obligatoriedad de las cláusulas contractuales a cargo de una entidad diferente. El
contrato es claro en que los valores pactados como contraprestación del servicio
deben ser cancelados por la entidad territorial mencionada y, que, en caso de
incumplimiento de las obligaciones derivados de este, el ordenador del gasto del
municipio era quien se encontraba facultado para terminar el contrato.
De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el
proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante
analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala
fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia
de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A considera que, en las sentencias proferidas a la luz de la nueva
normativa se deberá analizar la conducta realizada por las partes en el proceso,
entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica conforme a
lo señalado en el inciso 2º del art. 188 de la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir del
recurso de apelación, que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte vencida expuso
argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses, en consecuencia,
no se impondrá condena en costas.
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Radicación: 41001-23-33-000-2019-00421-01 (3189-2022)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Confirmar la sentencia del siete (7) de diciembre de veintiuno (2021),
proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de Decisión.
Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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