Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00237-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2018-00237-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2018-00237-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
23 de mayo de 2024
Radicación: 66001233300020180023701 (3569-2021)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 66001-23-33-000-2018-00237-01 (3569-2021)
Demandante: Jonathan Mauricio Henao Álvarez
Demandado: Municipio de Pereira
Temas: Relación laboral encubierta. Contrato de prestación de
servicios-vigilante. Calzado y vestido de labor. Prescripción.
MODIFICA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes, contra la
sentencia proferida el doce (12) de marzo de dos mil veintiuno (2021) por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, por medio de la
cual accedió parcialmente a las pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Jonathan Mauricio Henao Álvarez instauró demanda, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el
artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en contra del municipio de Pereira, con el fin de que se acceda a
las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del Oficio 11180 del 14 de marzo de 2018, por medio
del cual se negó la existencia de una relación laboral y el pago de las prestaciones
sociales derivadas de esta.
Que, se declare que existió una relación laboral subordinada entre el 11 de abril
de 2012 y el 31 de enero de 2016 y se ordene el reconocimiento de las
prestaciones devengadas por los empleados de la planta de personal de la
entidad territorial, liquidados de acuerdo con el valor pactado en el último contrato
suscrito.
Que el demandado pague los porcentajes de los aportes a pensión y salud que
debió trasladar a los fondos durante el tiempo en que estuvo vinculado. Además,
a título de reparación integral del daño, reintegre los valores que debió girar a la
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caja compensación.
Que las sumas de dinero sean ajustadas e indexadas en los términos del CPACA.
Que se condene al pago de costas a la entidad.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que prestó sus servicios al municipio de Pereira, como vigilante en diferentes
instituciones educativas, entre el 11 de abril de 2012 y el 31 de enero de 2016, a
través de varios contratos de prestación de servicios.
Que, según el objeto y alcance de los contratos de prestación de servicios, debía
cumplir con las siguientes actividades: (i) cumplir con los turnos de portería
asignados por el rector o director rural de la institución; (ii) custodiar y cuidar el
área o zona; (iii) controlar la entrada y salida de personas, vehículos y objetos del
plantel; (iv) velar por el buen estado y la conservación de los elementos de
seguridad e informar oportunamente las anomalías detectadas y (v) cumplir con
la actividad de conserje que se le asigne en coordinación con el rector o director
de la institución, según el área o zona, entre otras.
Que siempre estuvo subordinado a las órdenes de los rectores y/o directores de
las instituciones educativas del municipio de Pereira donde prestó sus servicios.
Que cumplió turnos de doce horas diarias alternadas, esto es, dos días y dos
noches seguidos con dos días de descanso, incluidos dominicales y festivos, por
lo que trabajó jornadas de veinte horas extras diurnas y nocturnas, sesenta con
recargos nocturnos y cuarenta y dos horas dominicales al mes.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 7 de septiembre de 2018 y, notificada
a la entidad demandada quien no contestó.
Se celebró audiencia inicial el 6 de agosto de 2019, en la cual se fijó el litigio, se
decretaron las pruebas solicitadas por la parte demandante y se programó la
audiencia para su práctica. Luego de agotado el periodo probatorio se dio
traslado a las partes para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual
fue apelada dentro del término oportuno por ambas partes.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Cuarta de Decisión, mediante
sentencia del doce (12) de marzo de dos mil veintiuno (2021), accedió
parcialmente a las pretensiones considerando que se probó que el demandante
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prestó sus servicios al municipio de Pereira.
Luego de efectuar un recuento del marco normativo y jurisprudencial aplicable,
consideró que, se configuró una relación laboral entre las partes, pues el
demandante prestó sus servicios como vigilante en establecimientos educativos
del ente territorial, entre el 11 de abril de 2012 y el 31 de enero de 2016, de
manera subordinada.
Que el objeto contractual y la naturaleza de los servicios de vigilancia en una
institución educativa hacían indiscutible la falta de independencia y de autonomía
del actor en el desarrollo de sus labores. La actividad debía ejecutarse de forma
permanente, continua y controlada, porque la seguridad de las instituciones debe
garantizarse siempre. Que no existía libertad técnica o administrativa en la labor,
como define la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Que la labor del actor fue permanente, pues se desempeñó durante más de tres
años como vigilante, siguiendo los parámetros de la entidad, sin que la relación
obedeciera a una simple coordinación de actividades, desdibujándose así los
presupuestos del contrato de prestación de servicios.
Conforme lo anterior, declaró probada la existencia de la relación laboral entre el
actor y el demandado y, ordenó el reconocimiento de las prestaciones sociales,
incluidas las vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías y las primas
legales, durante los periodos comprendidos entre el 2 de enero al 31 de diciembre
de 2014 y el 2 de enero de 2015 al 31 de enero de 2016, al haberse presentado
la prescripción de los anteriores tiempos, empleando como base para el cálculo
de aquellas los honorarios pactados en los contratos.
Declaró probada parcialmente, de manera oficiosa, la excepción de prescripción
extintiva de los derechos causados antes del 2 de enero de 2014, porque hubo
una interrupción de cuatro meses y dieciséis días entre la finalización del contrato
No. 125 de 2013 (15 de agosto de 2013) y el inicio del Contrato No. 11100116 (2
de enero de 2014), que implicó la ruptura del vínculo contractual y, el actor no
presentó la reclamación administrativa en los tres años siguientes a la finalización
del primer acuerdo, ya que la finalización se presentó el 23 de febrero de 2018.
Además, condenó a la entidad a pagar la compensación en dinero de las
dotaciones de vestido y calzado de labor, al encontrarse cumplidos los requisitos
definidos en el artículo 1 de la Ley 70 de 1988. Que, también era procedente el
pago al demandante de los porcentajes de cotización correspondientes a pensión
y salud de los tiempos no prescritos, al tratarse de una devolución o recobro de
lo pagado por aquel.
Ordenó al municipio de Pereira reconocer los porcentajes de cotización a pensión
durante el tiempo de cada contrato, considerando como Ingreso Base de
Cotización los honorarios pactados mes a mes y, si hay diferencia entre los
aportes realizados por el contratista y los que debieron efectuarse, hacer la
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respectiva contribución, en el monto correspondiente. Además, dispuso que el
tiempo laborado por el demandante debía computarse para efectos pensionales.
Negó las pretensiones relativas al pago de las horas extras, dominicales, festivos
y recargos, considerando que no existía pruebas del trabajo suplementario y el
reconocimiento de la prima de servicios, al tratarse de un emolumento exclusivo
para los empleados del orden nacional.
No condenó en costas a la parte demandada.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada interpuso recurso de apelación indicado que no se
configuró una relación laboral, pues los testigos son insuficientes para acreditar
la subordinación, sus afirmaciones no denotan una completa dependencia ni
refieren específicamente que el actor recibió órdenes y la persona que se las
impartió. Que, tampoco existían otras pruebas para determinar fehacientemente
que el demandante recibía instrucciones por medio de oficios, comunicados,
correos electrónicos, memorandos o llamados de atención, por su inobservancia
y, la evidencia daba cuenta de una coordinación de actividades, propia de la
modalidad contractual.
Que el actor incumplió la carga que le asistía de probar la existencia de personal
de planta que cumpliera las mismas funciones que él y la configuración de la
subordinación.
Que no era procedente el reconocimiento de la compensación en dinero de las
dotaciones de vestido y calzado, pues la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en la sentencia del 11 de mayo de 2017 expediente número 2013-00214-
01, señaló que no era una prestación social sino una laboral propia de los
empleados públicos y, por tanto, no aplicable a los contratistas, quienes no
adquieren esa condición cuando se declara la existencia de una relación laboral.
Que el análisis de la prescripción de los derechos laborales debe hacerse
individualmente frente a los contratos de prestación de servicios suscritos con el
demandante y declararse su configuración además de los tiempos considerados
por el juez de primera instancia, para el periodo del 1 de agosto de 2013 al 15 de
agosto de 2013, inclusive.
La parte demandante interpuso recurso de apelación en el que sostuvo que no
se configuró la excepción de prescripción parcial de los derechos reclamados,
porque las interrupciones existentes entre los contratos suscritos con el municipio
de Pereira obedecen al cambio de vigencia fiscal y temas administrativos y
presupuestales. Que, adicionalmente, la interrupción entre el 15 de agosto de
2013 y el 2 de enero de 2014 no desvirtúa la continuidad en la prestación, pues
continuó cumpliendo sus funciones, lo que es común en la administración.
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Por lo anterior, solicitó modificar la sentencia de primera instancia, para en su
lugar ordenar a la parte demandada reconocer las prestaciones sociales
causadas entre el 11 de abril de 2012 y el 30 de septiembre de 2013.
TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.
Por auto del veintiuno (21) de octubre de dos mil veintiuno (2021), se admitió el
recurso de apelación interpuesto y, al no haber pruebas que decretar, no se dio
el término de traslado para alegar, según lo establecido en la Ley 2080 de 2021
en su artículo 67 numeral 5 que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011.
El Agente del Ministerio Público no rindió concepto.
Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala deberá determinar, si entre las partes existió un vínculo laboral derivado
de la prestación de servicios profesionales y, si como consecuencia de ello, el
actor tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones dejadas de
percibir con ocasión de esa relación. Además, si en el caso no se configuró la
prescripción de los derechos laborales.
Superados los anteriores disensos, se estudiará la compensación monetaria de
la dotación de vestido y calzado de labor. Finalmente, se analizará lo
correspondiente a la condena en costas en segunda instancia.
Marco normativo y jurisprudencial
Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la
Ley 80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:
«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable ».
En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la
relación contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad
si entre el actor y la entidad demandada existía un verdadero contrato de
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prestación de servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la
que procede a analizarse.
La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia
o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el
elemento de la remuneración.
Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación
laboral ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la
sentencia C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa
claramente las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de
servicios, dice al respecto:
«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la
continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación
del mismo.
En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad
independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la
que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia
consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor
contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos
son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades
propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines
perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que
en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a
la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor
contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación
del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de
prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un
contrato de prestación de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos
del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
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servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas
para resaltar).
De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho
al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la
realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo
53 de la Constitución.
Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:
«2.3.3.2. Subordinación continuada
102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado
el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de
prestación del servicio.2
103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida-
ha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias
que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las
siguientes:
104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades.
Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las
innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta
circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso
concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de
planta.
105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que
exista subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual
sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de
urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la
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incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede
ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual
convenido.
106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición
de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius
variandi,3 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista
constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia
o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el
demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario
de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su
objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una
actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la
entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación
con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.
107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las
que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se
reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de
que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones
o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las
asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta
de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se
refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de
ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus
servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones
de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad
contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el
cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Por
consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de
sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de
la entidad.
108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de
actividades o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en
este caso la de abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación
laboral, pues, en la práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente
para satisfacer el objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del
contrato de prestación de servicios sí exige que las funciones del contratista
sean desarrolladas con un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la
necesidad de coordinación con la entidad contratante que, en ningún caso,
puede servir de justificación para ejercer comportamientos propios de la
subordinación laboral.
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(…)
3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley
80 de 1993.
131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados, es esencialmente temporal; por lo tanto, este
tipo de contratos, cuando se suscriben con personas naturales, no pueden
concatenarse indefinidamente en el tiempo.
132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta
donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de
los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para
su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el
tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe
estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del
negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con
suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un
contrato de prestación de servicios».
133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución
de los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones
imprevistas que exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo
estimado, ab initio, como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede
resultar insuficiente. En cualquier caso, las mismas razones que en su
momento justificaron la planeación del contrato inicial y la suscripción de los
contratos modificatorios del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en
los mencionados estudios previos.
134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla
a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se
derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan
acordarse para garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).
Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en
la ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una
relación laboral como son: una actividad personal, un salario y la
subordinación. Así lo ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado
en varias oportunidades:
“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en
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materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en
manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones
entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales
deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral
a través de un contrato de prestación de servicios.
42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la
presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del
acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que
se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad
personal del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del
trabajador y (iii) remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar un contrato de trabajo.» 1.
Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación
por parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su
calidad, tales como las prestaciones sociales.
Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por
ello se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Constitución Política.
Quiere hacer notar la Sala, que en determinados casos en los que a pesar de
que la vinculación se da mediante contrato de prestación servicios, en razón de
la actividad desarrollada, el Consejo de Estado ha dicho que se presume la
existencia de la relación de trabajo, tales son los casos de los docentes cuando
son contratados por instituciones educativas para cumplir funciones de docentes
y los celadores 2. Presunción que deberá tener un mínimo probatorio.
Resolución al caso concreto
Según las pruebas, se puede establecer que el demandante prestó sus servicios
al municipio de Pereira, a través de los siguientes contratos de prestación de
servicios:
• Contrato No. 1155 del 11 de abril de 2012, cuyo objeto fue «prestación de
servicios en la Secretaría de Educación para realizar actividades de apoyo
operativo en las instituciones educativas oficiales del municipio de Pereira en la
zona rural y urbana». El plazo de ejecución fue de 4 meses. Se pactó un valor
total de $ 4.364.0003.
• Contrato No. 1060 del 1 de agosto de 2012, con el mismo objeto contractual que
1 Sentencia del 28 de octubre 2021, Radicación número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
2 Consejo de Estado - Sección Segunda, Subsección “A”. Sentencia del 2 de mayo de 2013, Radicación
05001233100020040374201
3
Expediente digital, índice 2 de SAMAI del Consejo de Estado. Archivo
«4_660012333000201800237011EXPEDIENTEDIGI20211021141717», págs. 23 a 33.
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Radicación: 66001233300020180023701 (3569-2021)
el anterior. El plazo de ejecución fue de 1 mes y quince días. El valor pactado fue
de $ 1.636.5004.
• Contrato No. 1701 del 16 de septiembre de 2012, con el mismo objeto que el
primer acuerdo suscrito. El plazo de ejecución fue de 1 mes y quince días. El
valor pactado fue de $ 1.636.5005.
• Contrato No. 2329 del 11 de noviembre de 2012, con el mismo objeto que el
primer acuerdo suscrito. El plazo de ejecución fue de 1 mes y veintiún días. El
valor pactado fue de $ 1.491.0336.
• Contrato No. 0125 del 2 de enero de 2013, con el mismo objeto que el primer
acuerdo suscrito. El plazo de ejecución fue de 5 meses. El valor pactado fue de
$ 5.673.2007.
• Contrato No. 11100116 del 2 de enero de 2014, con el mismo objeto que el primer
acuerdo suscrito. El plazo de ejecución fue de 6 meses. El valor pactado fue de
$ 4.538.5608.
• Contrato No. 11100797 del 26 de junio de 2014, con el mismo objeto que el primer
acuerdo suscrito. El plazo de ejecución fue de 1 mes. El valor pactado fue de $
1.134.6409.
• Contrato No. 11101465 del 31 de julio de 2014, cuyo objeto fue «Prestar servicios
de apoyo a la gestión para realizar actividades operativas en uno de los
Establecimientos Educativos Oficiales o donde la Secretaría de Educación lo
requiera». El plazo de ejecución definido fue de 3 meses. El valor total del
contrato fue de $ 3.403.92010.
• Contrato No. 11101972 del 31 de octubre de 2014, con el mismo objeto que el
anterior acuerdo. El plazo de ejecución fue de 2 meses. El valor pactado fue de
$ 2.269.28011.
• Contrato No. 11100132 del 2 de enero de 2015, con el mismo objeto que los dos
anteriores acuerdos. El plazo de ejecución fue de 3 meses. El valor pactado fue
de $ 3.506.03712.
• Contrato No. 11100884 del 30 de marzo de 2015, con el mismo objeto que los
anteriores acuerdos. El plazo de ejecución fue de 2 meses y 14 días. El valor
pactado fue de $ 2.882.74213.
• Contrato No. 11101416 del 12 de junio 2015, con el mismo objeto que los
anteriores acuerdos. El plazo de ejecución fue de 6 meses y 15 días. El valor
4
Archivo «4_660012333000201800237011EXPEDIENTEDIGI20211021141717», págs.35 a 39.
5
Archivo «4_660012333000201800237011EXPEDIENTEDIGI20211021141717», págs. 41 a 45.
6
Archivo «4_660012333000201800237011EXPEDIENTEDIGI20211021141717», págs. 47 a 51.
7
Archivo «4_660012333000201800237011EXPEDIENTEDIGI20211021141717», págs. 53 a 54.
8
Archivo «4_660012333000201800237011EXPEDIENTEDIGI20211021141717», págs. 55 a 57.
9
Archivo «4_660012333000201800237011EXPEDIENTEDIGI20211021141717», págs. 59-60.
10
Archivo «4_660012333000201800237011EXPEDIENTEDIGI20211021141717», págs. 61-62.
11
Archivo «4_660012333000201800237011EXPEDIENTEDIGI20211021141717», págs. 63-64.
12
Archivo «4_660012333000201800237011EXPEDIENTEDIGI20211021141717», págs. 65-66.
13
Archivo «4_660012333000201800237011EXPEDIENTEDIGI20211021141717», págs. 67-68.
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11
Radicación: 66001233300020180023701 (3569-2021)
pactado fue de $ $7.596.41314.
• Contrato No. 000116 del 1 de enero de 2016, con el mismo objeto que los
anteriores acuerdos. El plazo de ejecución fue de 6 meses y 15 días. El valor
pactado fue de $ $7.596.41315.
De dichos contratos se puede inferir que el demandante prestó un servicio para
el municipio de Pereira de manera personal y que se pactó una remuneración.
En cuanto a la subordinación, se visualiza que, dentro del alcance y las
obligaciones definidas en los contratos suscritos entre las partes, estaban
comprendidos los siguientes:
(i) Controlar el ingreso del personal autorizado.
(ii) Comunicar al supervisor en forma oportuna sobre las inconsistencias y
anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o situaciones
operativas que se presenten en desarrollo de sus actividades.
(iii) Realizar las actividades objeto del presente contrato en forma
proactiva, atendiendo las necesidades del Establecimiento Educativo
respectivo.
De otra parte, se cuenta con las declaraciones de los señores Tiberio Mosquera
Cárdenas y Luis Alfonso Morales Pescador, compañeros de labores del
demandante en la Institución Manos Unidas, quienes, señalaron que este último
prestó sus servicios como vigilante en el municipio de Pereira y que cumplían un
horario de trabajo que era por turnos de doce horas durante todos los días de la
semana.
Que recibía órdenes de la rectora de la institución educativa y debía solicitarle
permiso para asuntarse de sus labores, coordinando con alguno de los
compañeros de labor su reemplazo. Que dentro de las funciones asignadas
estaba la de controlar la puerta de ingreso y salida y custodiar los elementos que
se encontraban en ella.
Se puede extraer del acervo probatorio que el demandante prestaba sus servicios
de manera dependiente y subordinada, pues de acuerdo con la naturaleza de la
labor y las obligaciones impuestas es evidente que en sus actividades debía
circunscribirse a las instrucciones de la entidad demandada y, específicamente,
a los horarios y a las necesidades de la institución educativa donde estuviera
asignado para prestar el servicio de vigilancia. Además, no podía ausentarse de
sus actividades o escoger o modificar el lugar de ejecución de aquellas, de forma
autónoma.
Con respecto a estas funciones de vigilancia, la jurisprudencia del Consejo de
14
Archivo «4_660012333000201800237011EXPEDIENTEDIGI20211021141717», págs. 69-70.
15
Archivo «4_660012333000201800237011EXPEDIENTEDIGI20211021141717», págs. 71-73.
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Radicación: 66001233300020180023701 (3569-2021)
Estado se ha referido a este asunto de la siguiente manera 16:
«Advierte la Sala que si una persona presta servicios como vigilante - celador
resulta inadmisible afirmar que realiza actividades temporales e
independientes, siendo que la labor contratada por la entidad exige que se
brinde el servicio de seguridad en forma permanente para poder funcionar con
total tranquilidad.
Carecería de cualquier lógica que los servicios de vigilancia se prestaran
ocasionalmente, siendo que la seguridad de la entidad puede verse afectada
en cualquier momento, lo que exige la presencia continua de una persona que
ofrezca y garantice la guarda de la misma.
Lo anterior permite concluir que, para cumplir con las labores de vigilancia, la
persona contratada para tal fin, debe atender y obedecer las órdenes de sus
superiores, a quienes les corresponde determinar en qué forma, horario y
dependencia se debe prestar el servicio, es decir, que el elemento de la
subordinación es indispensable para que se pueda desarrollar tal servicio».
Así, partiendo de la tesis jurisprudencial planteada por esta Corporación, de las
declaraciones rendidas en la audiencia de pruebas, de los objetos de los
contratos y del alcance de estos, se concluye que por las características de las
actividades realizadas por el accionante durante la ejecución de los mismos
existió una verdadera relación subordinada y dependiente.
Además, la Sala considera que en este caso no se puede hablar de coordinación,
como indica la entidad recurrente, ya que el actor estaba sujeto a las condiciones
específicas sobra la forma, cantidad y modo en que debía prestarse el servicio
de vigilancia en la institución educativa asignada, lo que denota, sin duda, que el
municipio de Pereira, empleador, tenía la posibilidad de disponer del trabajo del
demandante, lo que demuestra la existencia de una verdadera subordinación.
Por lo tanto, por encontrarse acreditados los elementos esenciales de una
relación laboral entre las partes, se confirmará la decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda, en este punto.
Prescripción.
Frente a la prescripción, esta Corporación ha unificado criterios acerca de la
manera como debe analizarse el fenómeno fijando las siguientes reglas 17:
• El término para exigir el reconocimiento de una relación laboral con el
Estado es de tres años contados a partir de la terminación del vínculo
contractual, y que pasado dicho tiempo se extingue el derecho a solicitar
las prestaciones que se deriven de aquella.
16 Consejo de Estado - Sección Segunda, Subsección “A”. Magistrado Ponente Alfonso Vargas Rincón.
Sentencia del 2 de mayo de 2013, Radicación 05001233100020040374201.
17
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ2-05
del 25 de agosto de 2016. Radicación 23001-23-33-000-2013-00260-01 (0088-2015).
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Radicación: 66001233300020180023701 (3569-2021)
• En los casos donde existe interrupción entre los contratos de prestación
de servicios y en su ejecución, debe analizarse la prescripción frente a
cada uno de ellos, a partir de sus fechas de finalización.
En la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 202118, esta Sección adoptó
el periodo de treinta días hábiles como indicador temporal de la no solución de
continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este
constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada caso y
de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario, habrá de
determinar si se presentó o no la solución de continuidad del vínculo laboral.
Es claro entonces que la misma sentencia de unificación, estableció que el juez
puede superar este término e incluso reducirlo en caso de que los contratos
tengan objetos totalmente diferentes. Es que pretender que ese término sea
inmodificable puede incluso conducir a que se presente todo lo contrario a lo que
quiso la sentencia porque la administración con el solo propósito de eludir la regla
podrá en todos los casos superar los 30 días para hacer el nuevo contrato.
Además; si se le exigiera al particular que reclame inmediatamente termina un
contrato, esto llevaría a que no se le volviera a contratar, por ello considera la
Sala, que se debe analizar en cada caso concreto de cuánto tiempo pudo haber
sido la interrupción y así determinar si la petición, se elevó o no dentro de un
“plazo razonable”.
Con las anteriores precisiones, se procede a analizar el presente asunto. En ese
sentido, se cuenta con la constancia de cumplimiento de contratos No.
108827282219, en la que la entidad certificó los contratos con el demandante se
ejecutaron en los siguientes periodos:
Contrato Duración Interrupción
1155 Inicio: 11/04/2012 Sin interrupción
Finalización: 10/08/2012
1060 Inicio: 11/08/2012 Sin interrupción
Finalización: 25/09/2012
1701 Inicio: 26/09/2012 Sin interrupción
Finalización: 10/11/2012
2329 Inicio: 11/11/2012 1 día hábil
Finalización: 30/12/2012
125 Inicio: 02/01/2013 4 meses y 16 días
Finalización: 15/08/2013 (93 días hábiles)
11100116 Inicio: 02/01/2014 Sin interrupción
Finalización: 30/06/2014
11100797 Inicio: 01/07/2014 Sin interrupción
Finalización: 30/07/2014
11101465 Inicio: 01/08/2014 Sin interrupción
Finalización: 31/10/2014
11101972 Inicio: 01/11/2014 1 día hábil
Finalización: 31/12/2014
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Radicado: 05001-23-33-
000-2013-01143-01 (1317-2016). Bogotá, D. C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintiuno (2021).
19 Certificación que obra en los folios 75 y 76 del Cuaderno Principal del expediente digital.
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14
Radicación: 66001233300020180023701 (3569-2021)
11100132 Inicio: 02/01/2015 Sin interrupción
Finalización: 01/04/2015
11100884 Inicio: 02/04/2015 Sin interrupción
Finalización: 15/06/2015
11101416 Inicio: 16/06/2015 Sin interrupción
Finalización: 31/12/2015
000116 Inicio: 01/01/2016
Finalización: 31/01/2016
En el presente caso, la Subsección observa que entre la culminación del contrato
125 del 2013 (15 de agosto de 2013) y el inicio del 11100116 de 2014 (2 de enero
de 2014) existió una interrupción superior a cuatro meses, término que se
considera ostensiblemente amplio y, que, implica un rompimiento del vínculo
contractual entre las partes.
Además, contrario a lo afirmado por la parte demandante en el recurso de
apelación no existe ninguna prueba que demuestre que ese tiempo obedeció a
trámites administrativos o de formalización del contrato o temas presupuestales
de la entidad territorial. Tampoco se corrobora su manifestación de que durante
ese tiempo siguió prestando el servicio, pues no hay ningún documento que lo
acredite y los testigos no dicen nada al respecto.
En ese sentido, a partir de la finalización del contrato 125 del 2013 surgió la
obligación de la parte demandante de reclamar su derecho dentro de los tres
años siguientes; pero está acreditado que lo hizo solo hasta el 23 de febrero de
2018, por lo que operó la prescripción extintiva frente a los derechos laborales
causados antes del 2 de enero de 2014.
En cuanto al segundo periodo de vinculación se advierte que ingresó el 2 de
enero de 2014 hasta el 31 de enero de 2016, sin que se presentaran
interrupciones significativas.
Así, como la reclamación administrativa se presentó el 23 de febrero de 2018,
considerando la fecha de respuesta a la misma que data del 14 de marzo de igual
año y la demanda se presentó el 6 de julio de 2018, no operó el fenómeno
prescriptivo frente a los derechos laborales del segundo período, considerando
que el demandante incoó la reclamación en los 3 años siguientes a la culminación
de tales lapsos, como concluyó el juez de primera instancia.
En ese orden de ideas, se confirmará la decisión apelada en este aspecto.
Calzado y vestido de labor.
Ahora, en relación con la prestación de reconocimiento y pago de la dotación de
calzado y vestido esta tiene como objeto el suministro de estos para realizar
actividades laborales, sobre este derecho la Corte Constitucional en sentencias
como la C-710 de 1996 se pronunció de la siguiente manera:
“Se entiende que en el cumplimiento de esta obligación, el empleador debe
respetar la dignidad del trabajador, suministrando elementos que no sólo le
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Radicación: 66001233300020180023701 (3569-2021)
permitan desarrollar en forma idónea su labor, sino que no pongan en ridículo
su imagen. Por tanto, el calzado y vestido que se entregan, han de ser
adecuados a la naturaleza del trabajo ejecutado, al medio ambiente en que
éste se desarrolla.
Así, por la naturaleza de esta prestación, es obvio que ella no pueda ser
compensada en dinero. Cosa distinta es que el trabajador decida no utilizar la
dotación entregada, caso en el cual, el empleador se exime, en el período
siguiente, de entregar vestido y calzado, tal como lo preceptúa el artículo 233,
sin que por ello se entienda que está incumpliendo con esta obligación.
Finalmente, es necesario aclarar que la prohibición que consagra la norma
acusada rige sólo durante la vigencia de la relación laboral, puesto que
finalizada ésta, el trabajador podrá solicitar al juez correspondiente, el pago de
la misma, si demuestra que durante la vigencia de su contrato, el empleador
no cumplió con ella. En este caso, la prestación incumplida, se pagará en
dinero, pues es un derecho que el trabajador tiene, y que no puede
renunciar”. (Negrillas para resaltar)
La dotación de vestimenta y calzado ha sido reconocida por la Corte
Constitucional como un derecho para todos los trabajadores que devenguen
hasta dos salarios mínimos para que les sea suministrado por parte del
empleador el calzado y vestido adecuados a la naturaleza del trabajo, en relación
a esta prestación la Corte establece que no es posible que sea compensada en
dinero, pero existe la posibilidad de que sea solicitado el pago en dinero cuando
el empleador en el desarrollo de la relación laboral no cumplió con la obligación
de suministrar esta prestación a los trabajadores.
Además, la Sala destaca que el órgano de cierre de la jurisdicción constitucional,
en la sentencia C-995 de 2000, determinó que la dotación de calzado y vestido
de labor corresponde a una prestación social, porque su propósito es cubrir la
necesidad de indumentaria derivada del desarrollo de la labor, quedando de esta
manera definida la naturaleza jurídica del auxilio aquí analizado.
Se precisa, igualmente, que, esta Sala de Decisión recientemente, en la
sentencia del 9 de mayo de 2022, expediente número
66001233300020170048101 (6257-2019), expuso que era procedente reconocer
la compensación por la falta de suministro de las dotaciones de calzado y vestido
en favor de un contratista-trabajador, al haberse declarado la existencia de una
relación laboral encubierta, acogiéndose el criterio afianzado por la Corte
Constitucional de que es una prestación social.
De esto, se concluye que en el caso bajo estudio sí es procedente la
compensación monetaria de la dotación de vestido y calzado, por lo que se
confirmará sobre este punto la sentencia de primera instancia.
Así, se da respuesta a las inconformidades planteadas en el recurso de apelación
y, en consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia en esos
puntos.
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Radicación: 66001233300020180023701 (3569-2021)
De la naturaleza de los aportes a seguridad social
La Subsección observa que, si bien el tema de los aportes a salud y pensión no
fue uno de los desacuerdos propuestos en la apelación, como bien se advirtió
con anterioridad, lo cierto es que en esta instancia es posible analizarlo, porque
el juez no puede mantener reconocimientos irregulares o, que, conlleven a un
enriquecimiento económico indebido y un detrimento patrimonial evidente, como
es el caso. Esto, en atención a lo previsto en los artículos 187 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 328 del
Código General del Proceso.
El Tribunal en el ordinal cuarto de la sentencia de primera instancia ordenó
reembolsar al demandante lo pagado por los aportes a cotización al sistema de
seguridad social en salud y pensiones por el tiempo en que prestó sus servicios.
Se precisa que mediante sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021 de 9 de
septiembre de 2021, se aclaró el carácter parafiscal de los aportes a pensión para
la financiación del Sistema General de Seguridad Social, que no son ingresos ni
beneficios económicos para el demandante, por lo que, esta Corporación señaló
que no corresponde el pago de estos rubros directamente a la parte interesada
ni es posible el reembolso de estos.
Frente a los aportes a salud, de conformidad con esta misma providencia, se ha
establecido que, corresponde al contratista sufragar dicha contribución, en tanto
está obligado por ley a hacerlo. Por esto, no es posible ordenar su devolución así
se haya declarado la existencia de un vínculo laboral, ya que, de admitirse tal
pretensión, se le estaría otorgando un beneficio propiamente económico, que no
influye en el derecho prestacional como tal.
En ese sentido, se revocará el numeral cuarto de la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, se negará la pretensión relativa al reintegro en favor del
demandante de los aportes a salud y pensión.
De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el
proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante
analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala
fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia
de fundamento legal.
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Radicación: 66001233300020180023701 (3569-2021)
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A considera que, en las sentencias proferidas a la luz de la nueva
normativa se deberá analizar la conducta realizada por las partes en el proceso,
entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica conforme a
lo señalado en el inciso 2º del art. 188 de la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir del
recurso de apelación, que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, las partes expusieron
argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses, en consecuencia,
no se impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. Revocar el ordinal cuarto de la sentencia del doce (12) de marzo de
veintiuno (2021), proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala
Cuarta de Decisión, para en su lugar negar la pretensión relativa al reintegro de
los aportes a salud y pensión a favor de la parte actora, según lo expuesto.
Segundo. Confirmar en lo demás la decisión de primera instancia.
Tercero. Sin condena en costas de segunda instancia.
Cuarto. Reconocer personería para actuar como apoderada de la parte
demandante a la abogada Martha Lucía Bedoya Marín, identificada con tarjeta
profesional 143.197 del Consejo Superior de la Judicatura, según la sustitución
de poder visible en el índice 14 del aplicativo SAMAI.
Quinto. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
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18
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