Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00481-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 66001-23-33-000-2017-00481-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 66001-23-33-000-2017-00481-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
9 de mayo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., nueve (9) de mayo de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 66001-23-33-000-2017-00481-01 (6257-2019)
Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
Demandado: Municipio de Pereira
Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral
subyacente o encubierta, solución de continuidad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes, quienes
actúan por intermedio de apoderado, contra la sentencia proferida el 15 de agosto
de 2019 por el Tribunal Administrativo de Risaralda, por medio de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo (CPACA),el señor Luis Enrique Ramírez Esquivel,
mediante apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo en orden a que se declare la nulidad del Oficio 10936 del 23 de
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 66001-23-33-000-2017-00481-01 (6257-19)
Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
marzo de 2017, expedido por la directora administrativa de Prestación del Servicio
Educativo de la Secretaría de Educación del municipio de Pereira, por medio del
cual se negó el reconocimiento de los derechos prestacionales y de seguridad
social reclamados, así como la existencia de una relación laboral entre el
demandante y la entidad.
Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó i) declarar que entre aquel y la referida entidad existió una relación laboral
producto de la subordinación a que fue sujeto en la ejecución de los contratos de
prestación de servicios suscritos entre el 1° de marzo de 2012 y el 31 de enero de
2016; ii) condenar a la Secretaría de Educación del municipio de Pereira a
reconocer y pagar las prestaciones sociales, debidamente indexadas, tales como
cesantías, intereses a la cesantías, primas de navidad, servicios, y vacacional,
vacaciones, auxilios de alimentación y de transporte, dotación, bonificaciones por
recreación, horas extra, dominicales, festivos, recargos nocturnos y demás
prestaciones devengadas por los empleados de planta con idénticas o similares
funciones, las cuales se tendrán que liquidar conforme el valor pactado en los
contratos ejecutados; iii) reconocer a su favor el valor de los porcentajes de
cotización correspondientes a salud y pensión que fueron asumidos en su
totalidad por él; iv) declarar que el tiempo laborado se debe computar para efectos
pensionales; v) pagar las cotizaciones efectuadas a la caja de compensación
familiar por el lapso que trabajó; vi) reconocer sanción moratoria por cada día de
retardo en el pago de las cesantías; vii) indexar los valores que resulten; y viii)
condenar en costas a la demandada.
1.1.2. Hechos
Como hechos relevantes, el apoderado del demandante señaló los siguientes:
i) El 1° de marzo de 2012, el señor Luis Ernesto Ramírez Esquivel fue vinculado
a través de contratos de prestación de servicios a la Secretaría de Educación del
municipio de Pereira para desempeñarse como vigilante y/o celador en diferentes
2
Radicado: 66001-23-33-000-2017-00481-01 (6257-19)
Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
instituciones educativas del municipio, vínculo que se prorrogó hasta el 31 de
enero de 2016.
ii) Cumplió funciones bajo condiciones de subordinación propias de una relación
laboral, recibía órdenes, debía acatar un horario de lunes a sábado en turnos de
12 horas, cumpliendo un mínimo de 70 horas semanales, y seguía con rigor las
órdenes de los rectores de la respectiva institución educativa en la que prestara
los servicios.
iii) La contratación se realizó por cuanto en la planta de empleos de la entidad
territorial no existía suficiente personal para satisfacer la totalidad del servicio de
vigilancia requerido en las instalaciones educativas.
iv) Las labores fueron desarrolladas directamente, de manera personal y
exclusiva y nunca se le cancelaron las prestaciones sociales a las que
normalmente tenían derecho aquellos quienes ocupaban cargos en la planta del
municipio.
v) El 8 de marzo de 2016, solicitó el reconocimiento de los derechos deprecados;
sin embargo, la entidad demandada mediante el Oficio 10936 del 23 de marzo de
2017, dio respuesta negativa a su petición.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
Como tales se señalaron los artículos 2, 4, 6, 13, 25, 28, 53, 90, 209, 229 y 330 de
la Constitución Política; 23 del Código Sustantivo del Trabajo; y 1, 5, 6, y 8 del
Decreto 3135 de 1968. Asimismo, invocó como violadas las Leyes 21 de 1982 y
100 de 1993; y los Decretos 1848 de 1969 y 1295 de 1994.
Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los
argumentos que se resumen a continuación:
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Radicado: 66001-23-33-000-2017-00481-01 (6257-19)
Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
i) El acto administrativo demandado transgrede los derechos del demandante,
toda vez que las labores para las cuales se contrató encuadran dentro de una
clara relación de naturaleza legal y reglamentaria, pues de manera evidente
aparecen los elementos esenciales del contrato de trabajo a que alude el artículo
23 del Código Sustantivo del Trabajo.
ii) Cuando existe un contrato de prestación de servicios entre una persona y
una entidad pública y se demuestra la existencia de los tres elementos propios de
una relación de trabajo, esto es, subordinación, prestación personal y
remuneración, surge el derecho a que sea reconocida una relación laboral, lo que
en consecuencia confiere al trabajador el derecho a reclamar una indemnización.
iii) Al demandante debió habérsele brindado un trato igual al que recibían las
demás personas vinculadas en la Secretaría de Educación del municipio de
Pereira en calidad de empleados públicos; sin embargo, nunca se le reconocieron
las prestaciones sociales a las que tenía derecho como contraprestación de su
servicio subordinado.
1.2. Contestación de la demanda
Municipio de Pereira
El apoderado de la demandada se opuso a las pretensiones de la demanda 1 y
expuso las siguientes razones de defensa:
i) Entre el municipio de Pereira y el demandante se celebraron unos contratos
de prestación de servicios en condiciones dignas y justas, percibiendo honorarios
por las actividades desarrolladas, por lo que en ningún momento se contravinieron
sus derechos fundamentales.
1
Folios 74 al 80.
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Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
ii) No por el hecho de ser contratista se debía dejar la ejecución del contrato al
libre albedrío del demandante, ya que la institución es la llamada a garantizar la
efectiva prestación del servicio.
iii) Los contratos de prestación de servicios celebrados siempre estuvieron
regidos por las disposiciones contenidas en el artículo 32, numeral 3, de la Ley 80
de 1993, por lo que en ningún momento adquirieron la naturaleza de contratos de
trabajo.
iv) La entidad territorial no ha quebrantado ninguno de los preceptos en
materia laboral señalados por la parte actora, porque la modalidad de contratación
que se utilizó para vincularlo y el objeto contractual concertado no genera la
obligación de pagar las sumas reclamadas.
Propuso las excepciones de inexistencia del contrato de trabajo o relación laboral,
inexistencia de causa para demandar y cobro de lo no debido, y prescripción.
1.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante sentencia escrita proferida el 15
de agosto de 2019,2 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con
sustento en las siguientes consideraciones:
i) De acuerdo con el objeto de los contratos, el demandante prestó sus
servicios de vigilancia a la Secretaría de Educación del municipio de Pereira y por
dicha labor era remunerado mensualmente con recursos de su patrimonio,
configurándose dos de los elementos de la relación laboral, esto es, prestación
personal del servicio y remuneración.
ii) No fue desvirtuado por la entidad demandada el hecho de que el señor
Ramírez Esquivel debía prestar sus servicios de forma permanente, personal y
2
Folios 151 al 170. Con ponencia del magistrado Juan Carlos Hincapié Mejía.
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Radicado: 66001-23-33-000-2017-00481-01 (6257-19)
Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
bajo un horario de trabajo, función que no era realizada de forma autónoma e
independiente, pues la actividad de vigilancia exige subordinación.
iii) Así pues, al encontrarse probada la existencia de una verdadera relación
laboral entre las partes deviene el reconocimiento de prestaciones sociales, las
cuales se tendrían que liquidar con base en los honorarios contractuales pactados
en cada encargo, el consecuente cómputo del tiempo laborado para efectos
pensionales y el pago de las cotizaciones correspondientes a la seguridad social
en pensiones al respectivo fondo de pensiones.
iv) No se evidencia la ocurrencia del fenómeno de la prescripción en este caso,
debido a que el transcurso de días entre uno y otro contrato no dio lugar a la
terminación o rompimiento del vínculo, teniendo en cuenta las reglas de
unificación plasmadas en la sentencia del 25 de agosto de 2016, proferida por el
Consejo de Estado.
v) Posteriormente, negó las pretensiones de reconocimiento de las
cotizaciones efectuadas a la Caja de Compensación Familiar y la sanción
moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías.
vi) En suma, declaró no probada la excepción de prescripción, y la nulidad del
acto administrativo demandado; condenó al municipio de Pereira a pagar en favor
del demandante las prestaciones laborales de orden legal a las cuales tiene
derecho, incluyendo vacaciones, cesantías, y primas legales a las que haya lugar,
tomando como base los honorarios derivados de los contratos de prestación de
servicios suscritos en los períodos en los cuales se demostró la existencia de la
relación laboral; cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por
concepto de pensión, pero solo en el porcentaje que le correspondía como
empleador; y negó las demás pretensiones de la demanda.
1.4. Los recursos de apelación
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Radicado: 66001-23-33-000-2017-00481-01 (6257-19)
Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
1.4.1. El demandante
El señor Luis Ernesto Ramírez Esquivel, por intermedio de su apoderado,
interpuso recurso de apelación3 en contra de la sentencia previamente
referenciada y solicitó que se modifique y, en su lugar, se emita pronunciamiento
respecto a la compensación por concepto de dotación y el reconocimiento del
trabajo suplementario al que tiene derecho. Como sustento de su petición expuso
lo siguiente:
i) En el presente caso se debió condenar a la compensación por concepto de
dotación conforme lo dispuesto en la Ley 70 de 1988, ya que a los empleados del
sector oficial que laboran al servicio de los entes públicos les asiste derecho a que
se les suministre cada 4 meses, en forma gratuita, un par de zapatos y un vestido
de labor, siempre y cuando la remuneración sea inferior a 2 veces el salario
mínimo legal mensual vigente, prestación que se puede compensar en dinero y,
no obstante ello, el Tribunal no emitió pronunciamiento alguno.
ii) Igualmente, en la sentencia se guardó silencio respecto al reconocimiento del
trabajo suplementario y los recargos correspondientes, aun cuando este se
encuentra debidamente acreditado en el plenario a través de los testimonios
rendidos que dan cuenta de que su jornada laboral estaba compuesta de turnos
de 12 horas, luego se desprende que trabajaba en promedio 20 horas extras
diurnas y nocturnas, 60 horas con recargo nocturno y 42 horas dominicales, sin
contar los días festivos.
1.4.2. La demandada
El apoderado del municipio de Pereira interpuso recurso de apelación en el que
solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia para en su lugar denegar
3
Folios 186 y 187.
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Radicado: 66001-23-33-000-2017-00481-01 (6257-19)
Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
las pretensiones de la demanda. Como sustento de su petición expuso lo
siguiente:4
i) Los contratos de prestación de servicios celebrados con el demandante
tuvieron un objeto especifico, reglado por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, esto
es, la realización temporal de actividades inherentes al funcionamiento de la
entidad. El señor Ramírez Esquivel conocía con anticipación, es decir, desde
antes de suscribir los encargos la fecha de expiración del plazo de estos, por
ende, es facultad de la administración realizar un nuevo contrato.
ii) El actor tuvo la discrecionalidad de decidir si aceptaba o no todos los
contratos de prestación de servicios.
iii) Cumplir un horario en ejecución de un contrato de prestación de servicios
no implica que se esté en presencia de un contrato de trabajo o una relación
laboral encubierta o subyacente, pues en muchas ocasiones dicho horario surge
de la concertación contractual entre las partes para poder desarrollar el objeto
encomendado en forma coordinada.
iv) No deben tenerse en cuenta las declaraciones recepcionadas porque hacen
alusión únicamente a vivencias y circunstancias propias de los testigos y muy
poco hacen referencia a los hechos de la demanda.
1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia
1.5.1. El demandante
El señor Luis Ernesto Ramírez Esquivel, por intermedio de su apoderado,
descorrió el término para alegar y reiteró los argumentos esbozados en el recurso
de apelación.5
4
Folios 172 al 185.
5
Memorial allegado en medio magnético, índice 15 de la plataforma SAMAI.
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Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
1.5.2. La demandada
El municipio de Pereira hizo énfasis en que las pretensiones de la demanda no
debieron prosperar en cuanto no existió entre el señor Ramírez Esquivel y la
entidad una relación laboral, sino una relación contractual regida por las Leyes 80
de 1993 y 1150 de 2007, por tanto, solicitó fuera revocada la sentencia apelada. 6
1.6. El ministerio público
El agente del ministerio público no rindió concepto. 7
La Sala decide, previas las siguientes
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
De conformidad con los argumentos expuestos en los recursos de apelación
presentados, la Sala debe establecer lo siguiente:
1. Si entre el señor Luis Ernesto Ramírez Esquivel y el municipio de Pereira,
existió una verdadera relación laboral que tenga como consecuencia el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no devengó durante el
tiempo en que permaneció vinculado contractualmente y, de ser así,
2. Si se deben reconocer, además de las prestaciones sociales otorgadas en el
fallo de primera instancia, los valores correspondientes a la compensación por
concepto de dotación y el reconocimiento del trabajo suplementario.
6
Memorial allegado en medio magnético, índice 16 de la plataforma SAMAI.
7
Folio 208.
9
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Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
2.2. Marco normativo y jurisprudencial
De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de
septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco
normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones
laborales encubiertas o subyacentes es el siguiente:
El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y
principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad,
el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez,
los artículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la
igualdad y el trabajo digno:
Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un
trabajo en condiciones dignas y justas.
Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de
oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir
y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho; y, vii) primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.
Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales
sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la
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Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el
ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-8 a través del
principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el cual fue
desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización 9, en cuya
virtud «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a
formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».
Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de
San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San
Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el
derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una
vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente
escogida o aceptada», de manera que todos los Estados parte deben garantizar,
como mínimo, «(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias (...)», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un
salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas
garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos
1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los
Estados parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento interno,
para efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el
trabajo. En consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdos o
8
Aprobada el 11 de abril de 1919.
9
Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.
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Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
los convenios laborales pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana o los
derechos de los trabajadores en Colombia.
Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar
que «no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el
presupuesto correspondiente», define una característica esencial de las relaciones
laborales de naturaleza legal y reglamentaria y constituye fundamento
constitucional para prohibir la suscripción de contratos de prestación de servicios
para vincular personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de
las entidades estatales.
A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a
nivel legal, como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la
actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia
del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del
servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la
existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta
de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.
Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado
la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a
falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.
2.2.1. El contrato estatal de prestación de servicios
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Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de
gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración
para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del
Estado, es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto
general de contratación pública; se trata, por tanto, de un contrato típico, pues está
definido en el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece
lo siguiente:
3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.
Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales
destacan las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios
855 de 1994, 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de
2008, 2025 de 2009, 4266 de 2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas,
subrogadas, derogadas e incluso compiladas en el Decreto 1082 de 2015, 10 cuyo
Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día, la mayor parte de las disposiciones
reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.
Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario
que complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta
corporación, se pueden considerar como características del contrato estatal de
prestación de servicios las siguientes:
i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
10«Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación
nacional»,
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entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.
ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades
«no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».11
iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta
subordinación o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de
1993 determina que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni
prestaciones sociales».12
A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del
objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de
recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes.
2.2.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente por contratos de prestación de servicios
Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de esta
corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es
aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de un contrato de
trabajo.
Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la
prevalencia de la realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse, que
11 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un
apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.
12 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que
en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para
perfeccionarlo rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte
Constitucional, en sentencia C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del
numeral 3º del artículo 32, indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley
exequibles, salvo que se acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».
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Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
si bajo el ropaje externo de un contrato de prestación de servicios se esconde una
auténtica relación de trabajo, esta da lugar al surgimiento del deber de retribución
de las prestaciones sociales a cargo de la Administración. No obstante, aun
cuando se acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que
emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral, por lo que, en
ningún caso, será posible darle la categoría de empleado público a quien prestó
sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo 122 de la
Carta Política.13
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones
como parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada
vinculación contractual.
2.2.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de
servicios profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del
objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que permiten
contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollarlo.
No obstante, al ser un contrato temporal, el término por el cual se celebra debe
estar consignado en los estudios previos dentro del objeto contractual.
Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:
(...) para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con
un mismo contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos
inequívocos de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos
ellos forman parte de una misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y
permanente, que desborda el «término estrictamente indispensable» del artículo 32
de la Ley 80 de 1993, los demandantes deberán demostrar, con fundamento en los
estudios previos y demás documentos precontractuales y contractuales, que el objeto
de dichos contratos, las necesidades que se querían satisfacer, las condiciones
pactadas al momento de su celebración y las circunstancias que rodearon su
ejecución, develan la subyacencia de una verdadera relación laboral encubierta y el
consiguiente desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales, por haber
fungido, en la práctica, no como simples contratistas, autónomos e independientes,
13
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-2001-05650-
01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez
15
Radicado: 66001-23-33-000-2017-00481-01 (6257-19)
Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
sino como verdaderos servidores en el contexto de una relación laboral de raigambre
funcionarial.
2.2.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye
el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al
empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o
cantidad de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación
del servicio.14
A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las
siguientes circunstancias:
i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la
Sala Plena estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe
valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los
empleados de planta.
ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación,
y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades
de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.)
habitualmente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para
atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de
trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,15 la dirección y control efectivo de
las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado
08001-23-33-000-2013-00074-01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.
15 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs.
54 y 55.
16
Radicado: 66001-23-33-000-2017-00481-01 (6257-19)
Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal
contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas
idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la
existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la
ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación
laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.
2.2.2.3. Prestación personal del servicio. Como personal natural, la labor
encomendada al presunto contratista debe ser prestada de forma personal y
directamente por este; 16 pues, gracias a sus capacidades o cualificaciones
profesionales, fue a él a quien se eligió y no a otro; por lo que, dadas las
condiciones para su ejecución, el contratista no pudo delegar el ejercicio de sus
actividades en terceras personas. 17
2.2.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha
debido recibir una contraprestación económica, con independencia de si la entidad
contratante fue la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el carácter fijo
o periódico de la remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el
nombre de honorarios, los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que,
por dicho concepto, enseñen los montos que correspondan a la prestación del
servicio contratado.
2.2.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021
16 Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del contrato de
trabajo] «La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
17 Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; de 1
de marzo de 2018; radicado 2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
17
Radicado: 66001-23-33-000-2017-00481-01 (6257-19)
Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
2.2.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude
el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase
precontractual, pues es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función
del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima
«imprescindible» para su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato
debe ser por el tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y
este debe estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio
jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones
que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».18
En ese sentido, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta
del contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos
contenidos en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera
que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que
de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan
acordarse para garantizar su cumplimiento.
Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está
relacionado directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la
formulación de los documentos que conforman la etapa precontractual, en cada
proceso de selección pública, es manifestación de una correcta y trasparente
planeación. En este sentido, la exigencia de introducir un «término estrictamente
indispensable» para la ejecución del objeto convenido en la etapa precontractual
no es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio de planeación –
y en consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del negocio
jurídico.19
18
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013;
radicado 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
19
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.
18
Radicado: 66001-23-33-000-2017-00481-01 (6257-19)
Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
2.2.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un periodo de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de
continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se
itera, constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada
caso y de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario,
habrá de determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.
Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:
Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con
una misma persona natural, en los que concurran todos los elementos
constitutivos de una auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución
de continuidad entre el contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de
aquél y la fecha en que inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de
treinta (30) días hábiles, siempre y cuando se constate que los objetos
contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y
apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades.
Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar
de haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual.
En el evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno
extintivo respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en
la cual no procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales
que de aquellos hubiesen podido generarse.
Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre
periodos contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia
de Unificación del 25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter], la cual estableció, a efectos de declarar probada la
excepción de prescripción en los contratos de prestación de servicios», lo
siguiente:
(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización,
puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la
vocación de permanencia en el servicio.
19
Radicado: 66001-23-33-000-2017-00481-01 (6257-19)
Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
[...]
(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de
la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de
tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual. (Negrillas fuera
del texto)
En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral
encubierta o subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando
no se presenta la reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los
3 años siguientes a la terminación del vínculo develado como laboral.20
2.2.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda
consideró «improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista
debe sufragar dicha contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla, y,
por lo tanto, no es procedente ordenar su devolución, aunque se haya declarado la
existencia de una relación laboral encubierta.
Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía
judicial y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso concreto a la
luz de dichos parámetros.
2.3. Hechos probados.
De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:
20 En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el término de
la solución de continuidad unificado solo cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral cuya duración
deba ser examinada.
20
Radicado: 66001-23-33-000-2017-00481-01 (6257-19)
Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
2.3.1. En torno a la relación que invoca el demandante
El señor Luis Ernesto Ramírez Esquivel tuvo las siguientes vinculaciones con el
municipio de Pereira para prestar labores como vigilante:
Órdenes prestación de servicios entre 2008 y 2013
# núm.. Fecha inicio Fecha Duración Objeto
terminación
1 0852 - 01/03/2012 30/07/2012 5
2012 meses
(Fl. 11)
Adición
2 1162 - 01/08/2012 15/09/2012 1 mes
2012 y 15
(Fl. 15) días
3 1803 - 16/09/2012 31/10/2012 1 mes
2012 y 15
(Fl. 18) días Prestación de servicios de
4 2442 – 01/11/2012 31/12/2012 2
2012 meses apoyo operativo en el
(Fl. 21) establecimiento educativo
Adición Combia del municipio de
5 0241 - 02/01/2013 15/08/2013 7 Pereira o donde la Secretaría
2013 meses de educación municipal lo
(Fl. 24) y 15
días
requiera por necesidad del
servicio.
6 11101611 16/08/2013 15/09/2013 1 mes
• 2013
(Fl. 26)
7 11102276 16/09/2013 15/10/2010 1 mes
• 2013
(Fl. 27)
8 11102592 16/10/2013 31/10/2013 15 días
• 2013
(Fl. 28)
9 11102886 01/11/2013 31/12/2013 2
• 2013 meses
(Fl. 29)
10 11100227 02/01/2014 30/06/2014 6
• 2014 meses
(Fl. 30)
11 11100908 01/07/2014 31/07/2014 1 mes
• 2014
(Fl. 32)
12 11101577 01/08/2014 31/10/2014 3
• 2014 meses
(Fl. 33)
21
Radicado: 66001-23-33-000-2017-00481-01 (6257-19)
Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
13 11102087- 01/11/2014 31/12/2014 2
2014 meses
(Fl. 34)
14 11100521 02/01/2015 01/04/2015 3
• 2015 meses
(Fl. 35)
15 11100728 02/04/2015 15/06/2015 2
• 2015 meses
(Fl. 36) y 14
días
16 11101531 16/06/2015 31/12/2015 6
• 2015 meses
(Fl. 37) y 15
días
17 0218 - 01/01/2016 30/01/2016 1 mes
2016
(Fl. 38)
i) El 25 de mayo de 2017, el municipio de Pereira certificó que esa entidad
suscribió los referidos contratos de prestación de servicios con el demandante,
entre el 1° de marzo de 2012 y el 30 de enero de 2016, e indicó además la
vigencia y el valor de cada encargo.21
2.3.2. En relación con la reclamación en sede administrativa
i) El 8 de marzo de 2017, el demandante a través de su apoderado y en
ejercicio del derecho de petición solicitó al municipio de Pereira fuera expedido un
acto administrativo en el cual se declarara que entre esa institución y aquel existió
una relación laboral entre el 1° de marzo de 2012 y el 30 de enero de 2016; y
como consecuencia de ello reconociera y pagara las prestaciones y prerrogativas
salariales y laborales a las que tiene derecho, entre otras pretensiones. 22
ii) El 26 de noviembre de 2016, mediante Oficio D-2985, el asesor jurídico de
la ESE Salud Pereira despachó de manera desfavorable las pretensiones
invocadas por carecer de fundamento legal, bajo los siguientes argumentos: 23
21
Folio 40.
22
Folios 2 al 9.
23
Folio 10.
22
Radicado: 66001-23-33-000-2017-00481-01 (6257-19)
Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
Tal como lo señala en su escrito de reclamación (hecho 2), el señor Ramírez
Esquivel laboró en el Municipio de Pereira – Secretaría de Educación Municipal
mediante contrato de prestación de servicios y orden de trabajo y no a través de un
contrato laboral en el que claramente el contratista acuerda en forma voluntaria la
realización de unas actividades, con una fecha de inicio y finalización de la
ejecución del mismo sin el cumplimiento de horarios, manifestando a su vez que no
existe relación laboral ni de subordinación y que bajo esta modalidad el mismo se
compromete a cancelar lo correspondiente a los aportes al sistema de seguridad
social a título de trabajador independiente, razón por la cual no es posible acceder a
su solicitud.
2.3.3. Las declaraciones rendidas en el proceso
El 8 de mayo de 2019, rindieron testimonio los señores Artemo Giraldo Zuluaga y
John Jefferson Álzate Rendón; quienes relataron acerca de las circunstancias
concernientes a la prestación de servicios del accionante como vigilante en la
Secretaría de Educación de Pereira (Risaralda), su trabajo por el sistema de
turnos y el cumplimiento de sus funciones bajo las órdenes del rector de la
institución educativa en la que estuviera prestando el servicio.24
2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala
Contra la sentencia del 15 de agosto de 2019, dictada por el Tribunal
Administrativo de Risaralda, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, se formularon los recursos de apelación objeto de análisis para
controvertir, por una parte, la decisión de declarar una relación laboral encubierta
o subyacente entre el demandante y el municipio de Pereira y, por otra parte, para
solicitar que se ordene el reconocimiento y pago de las dotaciones y las horas
extras que deprecó el señor Ramírez Esquivel.
Así las cosas, para resolver la alzada se deben solucionar los siguientes
interrogantes.
24
Folios 111 y 116 y cd 117.
23
Radicado: 66001-23-33-000-2017-00481-01 (6257-19)
Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
2.4.1. ¿Existió entre el señor Luis Ernesto Ramírez Esquivel y el municipio
de Pereira una relación laboral encubierta o subyacente que permita el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales que no devengó durante
el tiempo en que permaneció vinculado contractualmente?
De acuerdo con el material probatorio que obra dentro del expediente, se tiene
que el demandante estuvo vinculado por más de tres años con la entidad
demandada, desarrollando un objeto similar en cada contrato (indicio del carácter
permanente de sus funciones) y que la relación que los unió reúne los elementos
propios del contrato de trabajo, tal como se precisa a continuación:
2.4.1.1. Prestación personal del servicio
En primer lugar, el demandante acredita la prestación personal del servicio, a
través de los 17 contratos de prestación de servicios suscritos, los cuales se
detallaron en el acápite de hechos probados de esta providencia.
Si bien los objetos de cada vinculación fueron para prestar apoyo operativo a la
gestión en los establecimientos educativos oficiales del municipio de Pereira o
donde la Secretaría de Educación lo necesitara, se puede sintetizar que la
actividad desarrollada por el señor Ramírez Esquivel fue la de vigilancia.
En segundo lugar, las funciones detalladas en el objeto contractual obrantes en los
contratos de prestación de servicios dejan ver la vocación personalísima de las
actividades que el demandante debía desplegar, a saber:
1. Controlar el ingreso del personal autorizado; 2. comunicar al supervisor en forma
oportuna sobre las inconsistencias, anomalías relacionadas con los asuntos,
elementos, bienes, o situaciones operativas que se presentan en desarrollo de sus
actividades; 3. realizar las actividades objeto del presente contrato en forma
proactiva, entre otras.
2.4.1.2. Subordinación continuada
24
Radicado: 66001-23-33-000-2017-00481-01 (6257-19)
Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
Siguiendo los criterios consolidados en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-
S2-2021, son indicios de la subordinación ciertas circunstancias que permiten
determinar su existencia, entre estas, las siguientes:
i) El lugar de trabajo: En el presente asunto el demandante tuvo que prestar
sus servicios personales al interior de la institución educativa Combia en el
municipio de Pereira y otras instituciones oficiales a las que fue remitido por la
Secretaría de Educación Municipal.
ii) El horario de labores: las declaraciones recaudadas coinciden en señalar
el cumplimiento de turnos de trabajo de 12 horas diarias, testimonios que merecen
credibilidad, toda vez que relatan la manera cómo el accionante ejecutó las
actividades para las cuales fue contratado, además que ilustró sobre la forma
como la Secretaría de Educación Municipal ordenaba la prestación del servicio
de vigilancia las 24 horas del día en las diferentes instituciones educativas
oficiales.
iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar: según se
desprende de la lectura de las obligaciones contractuales y de las demás pruebas
obrantes en el plenario las tareas desarrolladas por los vigilantes eran
direccionadas y dirigidas por el rector de la institución educativa oficial a la que
fuera asignado el demandante, quien le indicaba las actividades a desarrollar y la
jornada que debía cubrir.
iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que
tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los
elementos configurativos de la relación laboral:
No se puede perder de vista que el objeto contractual es la prestación del servicio
de vigilancia. Al respecto, la Sección Segunda de esta Corporación ha sido del
criterio de que los vigilantes, por la labor que desarrollan, carecen de autonomía e
25
Radicado: 66001-23-33-000-2017-00481-01 (6257-19)
Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
independencia en el ejercicio de sus funciones. Concretamente se ha sostenido lo
siguiente:
si una persona presta servicios como vigilante por varios años resulta inadmisible
afirmar que realiza actividades temporales e independientes, siendo que la labor
contratada por la entidad exige que se brinde el servicio de seguridad en forma
permanente para poder funcionar con total tranquilidad. Carecería de cualquier
lógica que los servicios de vigilancia se prestaran ocasionalmente, siendo que la
seguridad de la entidad puede verse afectada en cualquier momento, lo que exige la
presencia continua de una persona que ofrezca y garantice la guarda de la misma.
Lo anterior permite concluir que para cumplir con las labores de vigilancia, la
persona contratada para tal fin, debe atender y obedecer las órdenes de sus
superiores, a quienes les corresponde determinar en qué forma, horario y
dependencia se debe prestar el servicio, es decir, que el elemento de la
subordinación es indispensable para que se pueda desarrollar tal servicio.25
Así pues, en el presente caso se puede concluir que, en desarrollo de las labores
de vigilancia, el demandante debía atender las órdenes del contratante a quien le
correspondía determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que
debía prestarse el servicio, lo que acredita el elemento de la subordinación
En este punto es del caso precisar que el principio de coordinación, ínsito en los
contratos de prestación de servicios, consiste en la sincronización de las
actividades que ejerce el contratista con las directrices que imparte el contratante
para la ejecución eficiente y eficaz del contrato, por lo que es indispensable que
exista una concertación contractual, en la que aquel cumple su contrato con
independencia, pero en armonía con las condiciones necesarias impuestas por su
contraparte, respecto de las cuales esta ejerce control, seguimiento y vigilancia al
pacto suscrito.26
Lo anterior difiere de la subordinación, en virtud de la cual existe una sujeción del
trabajador hacia su empleador y, en tal sentido, este cuenta en todo momento con
la posibilidad de disponer del trabajo de aquel, quien a su vez tiene la obligación
correlativa de obedecerle. En efecto, el empleador impone las condiciones de
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
providencia del 2 de mayo de 2013, expediente 05001-23-31-000-2004-03742-01 (2027-12).
26
Sentencia del 4 de marzo de 2021, expediente 81001-23-39-000-2016-00118-01(1717-18), M. P.
Carmelo Perdomo Cuéter.
26
Radicado: 66001-23-33-000-2017-00481-01 (6257-19)
Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
tiempo, modo y lugar, inclusive con sus propios elementos o instrumentos, para
que el trabajador desarrolle sus labores, sin que le asista ningún tipo de
independencia.
En ese orden, en el presente caso no puede hablarse de coordinación, como
pretende la entidad demandada, toda vez que el desempeño de las funciones por
parte del actor estaba sujeto a la imposición de medidas y/o órdenes de la entidad
territorial, tales como: el establecimiento de horarios o turnos, prácticamente
inmodificables debido al funcionamiento de las instituciones educativas y la
imposibilidad de la prestación del servicio por otras personas, lo que denota sin
lugar a hesitación alguna que la accionada, en su condición de empleadora, tenía
la posibilidad de disponer del trabajo del señor Ramírez Esquivel, hecho que
demuestra la existencia de una verdadera subordinación.
De las referidas circunstancias puede inferirse que el señor Luis Ernesto Ramírez
Esquivel laboraba bajo una continua subordinación, pues además de prestar sus
servicios en las instalaciones educativas y cumplir con el horario impuesto a través
de la asignación de turnos de trabajo, también recibía instrucciones precisas sobre
la forma como debía prestar el servicio.
2.4.1.3. Remuneración
Finalmente, el tercer elemento que se somete a comprobación es el relacionado
con el pago de un salario periódico. En el sub lite, queda acreditada la
remuneración efectuada mensualmente por el referido ente territorial al
demandante con los contratos de prestación de servicios, documentos que
constituyen prueba suficiente para probar la contraprestación pactada por los
servicios prestados como vigilante.
Aunado a todo lo anterior, se evidencia que la relación contractual no tuvo carácter
temporal, sino permanente o con ánimo de permanencia, en la medida en que se
desarrolló por más de 3 años, período en el cual el demandante desplegó las
27
Radicado: 66001-23-33-000-2017-00481-01 (6257-19)
Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
funciones de vigilante de manera uniforme según los objetos contractuales
concertados; por consiguiente, se suplió una función permanente de la entidad.
En suma, esta Sala encuentra plenamente acreditados los elementos esenciales
de una relación laboral (encubierta o subyacente) entre la parte demandante y la
entidad demandada; en consecuencia, considera que la decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda se encuentra ajustada a derecho.
2.4.2. ¿Se debe declarar la prescripción respecto de alguno o algunos de los
contratos?
Una vez se ha comprobado la existencia de la relación laboral entre la contratista y
la entidad pública, en tanto se ha descubierto la simulación del contrato de
prestación de servicios, corresponde determinar si esta llegó a ser interrumpida en
algún momento.
Según la jurisprudencia del Consejo de Estado del 9 de septiembre de 2021, para
efectos de la prescripción del derecho solo se tienen en cuenta los períodos
acreditados a través de las vinculaciones o contratos de prestación de servicios y
se aplica el término de 30 días hábiles para determinar la no solución de
continuidad.
2.4.2.1. Existencia de una relación laboral continuada
Tal como lo consideró el a quo en el presente caso, y siguiendo el criterio acogido
en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, se concluye que no se
presentó el referido fenómeno prescriptivo, pues el vínculo contractual se
desarrolló entre el 1° de marzo de 2012 y el 30 de enero de 2016 y sobre dicho
lapso se advierte que el demandante prestó sus servicios como vigilante en la
Secretaría de Educación del municipio de Pereira en una continuada relación
laboral, por cuanto no se vio interrumpida en ningún momento, ya que los
interregnos entre cada contrato no fueron superiores a los 30 días hábiles.
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Radicado: 66001-23-33-000-2017-00481-01 (6257-19)
Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
2.4.3. Finalmente, respecto a los puntos de inconformidad señalados en el
recurso de apelación de la parte demandante se tiene que, en primer término, la
dotación fue prevista en la Ley 70 de 1988, con el propósito de suministrar
calzado y vestido de labor a los empleados del sector público. En efecto, el
artículo 1° ibidem expresamente consagró lo siguiente:
ARTÍCULO 1°. Los empleados del sector oficial que trabajan al servicio de los
Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos
Públicos, Unidades Administrativas Especiales, Empresas Industriales y
Comerciales de tipo oficial y Sociedades de Economía Mixta, tendrán derecho a que
la entidad con que laboran les suministre cada cuatro (4) meses, en forma gratuita
un par de zapatos y un (1) vestido de labor, siempre que su remuneración mensual
sea inferior a dos 2 veces el salario mínimo vigente. Esta prestación se reconocerá
al empleado oficial que haya cumplido más de tres (3) meses al servicio de la
entidad empleadora.
Posteriormente, el Decreto 1978 de 1989, por el cual se reglamentó parcialmente
la mencionada Ley 70 de 1988, estableció dicha prerrogativa, además, a los
siguientes servidores públicos y precisó las reglas que a continuación se
prescriben:
ARTÍCULO 1°. Los trabajadores permanentes vinculados mediante relación legal y
reglamentaria o por contrato de trabajo, al servicio de los Ministerios,
Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos,
Unidades Administrativas Especiales, Empresas Industriales o Comerciales de tipo
oficial y Sociedades de Economía Mixta, tanto en el orden nacional como en las
entidades territoriales, tendrán derecho a que la respectiva entidad les suministre en
forma gratuita, cada cuatro (4) meses, un par de zapatos y un vestido de trabajo.
ARTÍCULO 2°. El suministro a que se refiere el artículo anterior deberá hacerse los
días 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de cada año. La entrega de esta
dotación para el trabajo, no constituye salario ni se computará como factor del
mismo en ningún caso.
ARTÍCULO 3°. Para tener derecho a la dotación a que se refiere este Decreto, el
trabajador debe haber laborado para la respectiva entidad por los menos tres (3)
meses en forma ininterrumpida, antes de la fecha de cada suministro y devengar
una remuneración mensual inferior a dos (2) veces el salario mínimo legal vigente.
ARTÍCULO 4°. La remuneración a que se refiere el artículo anterior corresponde a
la asignación básica mensual.
ARTÍCULO 5°. Se consideran como calzado y vestido de labor, para los efectos de
la Ley 70 de 1988 y de este Decreto, las prendas apropiadas para la clase de
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Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
labores que desempeñan los trabajadores beneficiarios, de acuerdo con el medio
ambiente en donde cumplen sus actividades.
Teniendo en cuenta el contenido de la norma, los requisitos para acceder al
reconocimiento y pago de la dotación son: i) que el servidor reciba una
remuneración mensual inferior a dos salarios mínimos legales vigentes; y ii) que
haya cumplido tres meses al servicio de la entidad al momento de la causación de
cada dotación.
Por su parte, la Corte Constitucional en la sentencia C-995 de 2000, definió la
naturaleza jurídica del suministro de calzado y vestido de labor como una
«prestación social».
Teniendo en cuenta ello, la Sala encuentra que entre 2012 y 2016, período frente
al cual se reconocerán las prestaciones salariales al demandante al haber sido
acreditada la relación laboral encubierta o subyacente, el salario mínimo legal
mensual vigente establecido para cada año fue el siguiente:
Año Monto del salario X2 Honorarios pactados
mínimo en cada contrato
2012 566.700 1.133.400 1.091.000
2013 589.700 1.179.400 1.134.640
2014 616.000 1.232.000 1.134.640
2015 644.350 1.288.700 1.168.679
2016 689.455 1.378.910 1.168.679
Así pues, de la anterior tabla se puede inferir que el demandante devengó una
asignación mensual inferior a dos salarios mínimos, por lo que acreditó el
presupuesto exigido por la Ley 70 de 1988, para acceder al reconocimiento de la
dotación, además de tener una antigüedad mayor a tres meses anteriores a la
causación del referido derecho (abril, agosto y diciembre) en la mayoría de los
años en que prestó sus servicios.
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Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
Además, en gracia de discusión, no se encuentra probado en el expediente que al
demandante se le hubieran suministrado las dotaciones anuales de calzado y
vestido de labor.
Así las cosas, se concluye que al señor Ramírez Esquivel le asiste el derecho al
suministro de la dotación de calzado y vestido de labor por haber acreditado los
requisitos señalados en la ley. Sin embargo, teniendo en cuenta que el vínculo
contractual feneció, carece de objeto entregar dicha prestación en especie, por
ello el reconocimiento tendrá que hacerse en dinero, a título de indemnización.
En ese orden, se adicionará la sentencia de primera instancia para ordenar al
municipio de Pereira, en aplicación del principio de primacía de la realidad, pagar
lo correspondiente al número de los pares de zapatos y vestidos de labor a cuya
dotación tenía derecho el señor Ramírez Esquivel por cada año de servicios desde
el 1° de marzo de 2012 hasta 30 de enero de 2016, teniendo en cuenta el valor
establecido por el ente territorial en cada vigencia fiscal, al momento de la
adquisición de la dotación de los empleados que cumplen con los requisitos
legales mencionados.
En segundo término, respecto del reconocimiento de las horas extras, se debe
decir que al realizar un análisis de las previsiones del Decreto 1042 de 1978 se
observa que el literal b) del artículo 36, dispone que el trabajo suplementario
deberá ser autorizado previamente, mediante comunicación escrita, en la cual
se especifiquen las actividades que hayan de desarrollarse, lo cual no se
demuestra en el proceso.27
De suerte que, contrario a lo afirmado en el recurso de apelación, dentro del
expediente no existe prueba de la causación de estas prestaciones, por cuanto no
se puede establecer su cantidad exacta ni la expresa autorización para su
ejecución por parte del ente demandado.
27
Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, subsección B,
sentencia de 6 de octubre de 2016, expediente 66001-23-33-000-2013-00091-01(0237-14),
consejera ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
Además, aun cuando los testigos afirmaron que trabajaban en turnos de 12 horas,
y con base en esas declaraciones se acreditó en párrafos anteriores el
cumplimiento de horario por parte del demandante como indicio de
subordinación,28 no puede perderse de vista que el artículo 33 del Decreto 1042
de 1978 establece que a los empleos cuyas funciones impliquen el desarrollo de
actividades de simple vigilancia podrá señalársele una jornada de trabajo de 12
horas diarias.
Así las cosas, como las labores realizadas por los celadores implican una
disponibilidad permanente, dicho personal, por disposición legal, no está sujeto
necesariamente a una jornada ordinaria de trabajo (de 8 horas), sino a una
jornada especial hasta de 12 horas diarias.
En ese orden, carecería de sustento la afirmación de que el señor Ramírez
Esquivel trabajó horas extras cuando cumplía la jornada u horario de 12 horas.
Aunado a esto, en gracia de discusión, en el expediente no obran medios de
prueba adicionales que acrediten la fecha y hora exacta en la que prestó el
servicio el actor (como por ejemplo las planillas de turnos o libros de minuta de
entrega y finalización de turno), luego no tendría la Sala elementos de juicio que
permitieran esclarecer si las presuntas horas extras laboradas fueron diurnas,
nocturnas, dominicales o en festivos, para así poder realizar una liquidación en los
términos en que se solicitó en la demanda.
En consideración a todo lo anterior la decisión denegatoria del Tribunal sobre este
punto se encuentra ajustada.
2.5. De la condena en costas
28
Página 25 de esta sentencia.
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Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,29 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.
Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según
sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.
Conforme a las anteriores reglas, y en atención a lo dispuesto en artículo 365 del
Código General del Proceso, 30 la Sala considera que es dable condenar en costas
de segunda instancia a la entidad demandada, toda vez que resultó vencida en el
proceso.
29
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01
(1291-2014), C. P. William Hernández Gómez.
30
«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».
33
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Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que al señor Luis Ernesto Ramírez Esquivel, como
parte trabajadora de una relación laboral (encubierta o subyacente), le asiste el
derecho al reconocimiento de las prestaciones sociales que depreca (cesantías,
intereses a las cesantías, vacaciones, primas, entre otras), por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia. Así las cosas, se adicionará la
decisión de primera instancia para plasmar las precisiones advertidas en las
consideraciones sobres las dotaciones. Con condena en costas de la segunda
instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero.- Adicionar la sentencia del 15 de agosto de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Risaralda, dentro del proceso instaurado por el señor
Luis Ernesto Ramírez Esquivel en contra del municipio de Pereira, Secretaría de
Educación Municipal, en el sentido de ordenar lo siguiente:
Ordenar al municipio de Pereira reconocer y pagar al señor Luis Ernesto Ramírez
Esquivel el valor que corresponda por concepto de las dotaciones dejadas de
percibir entre el 1° de marzo de 2012 y el 30 de enero de 2016, a las cuales
tenga derecho, teniendo en cuenta el valor establecido por el ente territorial en
cada vigencia fiscal al momento de la adquisición de la dotación de los
empleados que cumplen con los requisitos establecidos en el Decreto 1978 de
1989, conforme quedó expuesto en la parte motiva de esta providencia.
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Demandante: Luis Ernesto Ramírez Esquivel
Segundo.- Confirmar en lo demás la decisión de instancia.
Tercero.- Condenar en constas de segunda instancia al municipio de Pereira, las
cuales deberán ser liquidadas por el Tribunal Administrativo de Risaralda.
En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a
realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
Avm
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
35
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