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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00575-01

Fecha
28 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2018-00575-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. MODIFICAR el ordinal SEGUNDO del numeral segundo de la parte resolutiva de la providencia de 16 de septiembre de 2020, el cual quedará de la siguiente manera: SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, DECLARAR la existencia de un contrato realidad entre el MUNICIPIO DE IPIALES y el señor JAIRO IVÁN PEREIRA AUX, desde el 20 de diciembre de 2013 hasta el 29 de febrero de 2016. ORDENAR al MUNICIPIO DE IPIALES reconocer y pagar a favor del señor JAIRO IVÁN PEREIRA AUX, quince millones doscientos veintisiete mil setecientos setenta y cuatro ($15.227.774), por concepto de las prestaciones sociales incluidas en la liquidación realizada en la parte motiva de esta providencia. Además, CONDENAR al MUNICIPIO DE IPIALES a pagar a favor de la demandante el valor equivalente a seis (6) dotaciones de calzado y vestido que debieron suministrarse el 30 de abril, 30 de agosto, 30 de diciembre de 2014; el 30 de abril, 30 de agosto, y 30 de diciembre de 2015; y 30 de abril de 2016, teniendo en cuenta el valor establecido por dicha entidad en cada vigencia fiscal al momento de la causación de la respectiva dotación Así mismo, el MUNICIPIO DE IPIALES, deberá tomar durante el tiempo comprendido entre 20 de diciembre de 2013 hasta el 29 de febrero de 2016, el ingreso base de cotización pensional de los salarios que debió devengar el demandante, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para efectos de lo anterior, deberá tener en cuenta los documentos visibles a folios 401-459 del cuaderno principal 1, a través de los cuales el actor acredita las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso el porcentaje que le incumbía como trabajador. SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada. 13 www.consejodeestado.gov.co […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2018-00575-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

28 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho- Ley 1437 de 2011
Radicación: 52001-23-33-000-2018-00575-01 (1510-2021)
Demandante: Jairo Iván Pereira Aux
Demandado: Municipio de Ipiales (Nariño)

Temas: Desnaturalización del contrato de prestación de servicios –
principio de primacía de la realidad sobre las formas – Celador
plaza de mercado.

Decisión: Modifica la sentencia de primera instancia para precisar los
factores que se reconocen a título de restablecimiento del
derecho.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el municipio de Ipiales
contra la sentencia del 16 de septiembre de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. El señor Jairo Iván Pereira Aux interpuso demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el fin de que se declare
la nulidad del Oficio 12301-10 del 21 de junio de 2018.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó: i) declarar la existencia
de una relación laboral entre las partes desde el 15 de noviembre de 2013 hasta
el 31 de marzo de 2016; ii) ordenar el pago de los emolumentos laborales dejados
de percibir, incluidos salarios, prestaciones sociales, cesantías e intereses,
vacaciones y primas legalmente reconocidas, así como los valores
correspondientes a dotación, auxilio de transporte y alimentación; iii) imponer la
sanción por la no consignación oportuna de las cesantías y sus intereses; iv)
ordenar el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social durante el periodo
de la vinculación; v) aplicar la indexación con base en el IPC; y vi) condenar en
costas y agencias en derecho a la entidad demandada.

3. Como hechos relevantes afirmó que prestó sus servicios como celador en
la plaza de mercado minorista «Ipiales Somos Todos», entre el 15 de noviembre
de 2013 y el 31 de marzo de 2016.

4. Como concepto de violación argumentó que los actos acusados
infringieron normas superiores1, en tanto la modalidad contractual utilizada
impidió el reconocimiento de sus prestaciones sociales, pese a que sus funciones

1 Artículos 13,25,48 y 53 de la Constitución Política; Ley 65 de 1946;Decreto 1160 de 1947; Decreto 1045

de 1978; 32 de la Ley 80 de 1993; 22 y 23 de la Ley 100 de 1993; Ley 344 de 1996; Decreto 2712 de 1999;
Decreto 1267 de 2001; y Decreto 1919 de 2002.

1
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Demandante: Jairo Iván Pereira Aux

se desarrollaban bajo cumplimiento de horarios, instrucciones directas de
superiores y lineamientos propios de la entidad demandada, circunstancias que
evidenciaban una verdadera relación laboral.

Contestación de la demanda

5. La entidad demandada se opuso a las pretensiones y señaló que no se
vulneraron derechos laborales del actor, dado que la vinculación que existió entre
las partes fue exclusivamente contractual.

6. Sostuvo que el reconocimiento de una relación laboral exige demostrar
que el demandante desempeñó funciones equiparables a las de un servidor
público bajo los elementos propios de dicho vínculo.

7. Agregó que la continuidad en la prestación del servicio no se encuentra
acreditada, puesto que en la ejecución de los contratos de prestación de servicios
suscritos por el señor Jairo Iván Pereira Aux con el municipio de Ipiales existió
solución de continuidad, ya que entre uno y otro mediaron interrupciones
superiores a quince (15) días.

8. Propuso como excepciones la inexistencia de la condición de empleado
público, la prescripción, la inexistencia de la relación laboral, la buena fe y la
excepción innominada.

La sentencia apelada

9. El Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Primera de Decisión, mediante
sentencia del 16 de septiembre de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda al encontrar acreditada la continuada subordinación en la
prestación del servicio.

10. Igualmente, ordenó la liquidación de las prestaciones sociales en el lapso
comprendido entre el 20 de diciembre de 2013 y el 29 de febrero de 2016, para
lo cual indicó que se debe tomar como base los honorarios contractuales
derivados de los contratos de prestación de servicios suscritos entre las partes.

11. Además, manifestó que el señor Pereira Aux prestó sus servicios de
manera personal como vigilante, conforme a los contratos de prestación de
servicios suscritos, los cuales, por su naturaleza intuito personae, exigen que la
actividad sea ejecutada directamente por el contratista.

12. Añadió que, aunque existieron interrupciones contractuales, estas no
superaron los quince días hábiles previstos en el Decreto 1848 de 1969; por
tanto, no se configuró ruptura en la continuidad del servicio.

13. En cuanto a la remuneración, precisó que el demandante recibió
mensualmente los honorarios pactados en cada contrato, conforme se acreditó
en las liquidaciones de nómina aportadas, las cuales evidencian el pago

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Demandante: Jairo Iván Pereira Aux

correspondiente a los periodos en los que estuvo vinculado.

14. En lo relativo a la subordinación, consideró demostrado dicho elemento al
analizar las funciones asignadas en los contratos, a saber: i) prestar el servicio
de conserjería y vigilancia dentro de los turnos establecidos; ii) apoyar el control
de acceso a las instalaciones, permitiendo el ingreso únicamente a personas
autorizadas; iii) informar oportunamente sobre desperfectos o anomalías; iv)
vigilar el edificio y los bienes muebles durante el día y la noche, asegurando el
cierre adecuado de puertas; v) recibir y orientar a los usuarios que ingresaban en
vehículos; vi) ejecutar actividades dirigidas al control y protección de las
instalaciones; y vii) atender al público y suministrar la información requerida.
Tales funciones son equivalentes a las de un empleado de planta que ejerce
labores similares, según el manual específico de funciones del municipio de
Ipiales.

15. Igualmente, puso de presente que en el expediente obran los informes de
actividades presentados por el demandante ante el municipio de Ipiales, los
cuales reflejan el cumplimiento de las labores contratadas.

16. También se encuentran las declaraciones de los señores Henry Parra Bran
y Edgar Alfredo Revelo, quienes manifestaron haber sido compañeros de trabajo
del demandante entre 2013 y 2015 y quienes señalaron que este desempeñaba
funciones de seguridad y vigilancia, cumplía un horario fijado por el supervisor,
no se ausentaba para disfrutar vacaciones ni por otras razones y que debía
dirigirse ante el administrador del lugar de trabajo para pedir permisos para
ausentarse por razones de salud.

17. Además, indicaron que a este se le proporcionaba la dotación y los
elementos para sus labores y que existían otros cuatro vigilantes quienes ejercían
funciones internas y externas de seguridad.

18. A partir del conjunto de pruebas documentales y testimoniales, el Tribunal
concluyó que se configuró una verdadera relación laboral, al concurrir los
elementos de prestación personal del servicio, remuneración y subordinación.

19. En consecuencia, determinó que el demandante laboró para el municipio
de Ipiales entre el 20 de diciembre de 2013 y el 29 de febrero de 2016.
Igualmente, estableció que no operó la prescripción, pues el último contrato
terminó el 29 de febrero de 2016 y la reclamación se presentó el 30 de mayo de
20182.

20. Respecto de la pretensión de reembolso de los aportes al Sistema de
Seguridad Social, concluyó que no era procedente, dado que el demandante
estaba legalmente obligado a efectuar tales pagos, razón por la cual no cabe su
devolución.

2 En la providencia no se especificó la fecha de presentación de la demanda, sin embargo, se advierte que

esta se radicó el 3 de diciembre de 2018.

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Demandante: Jairo Iván Pereira Aux

21. Finalmente, precisó que la entidad accionada deberá tomar el ingreso
base de cotización del demandante correspondiente al periodo comprendido
entre el 20 de diciembre de 2013 y el 29 de febrero de 2016 y, en caso de existir
diferencias entre los aportes efectuados como contratista y los que debieron
realizarse bajo una relación laboral, deberá consignar al fondo de pensiones la
suma faltante, únicamente en el porcentaje a su cargo como empleador.

22. Por último, condenó en costas a la entidad demandada.

El recurso de apelación

23. La entidad demandada interpuso recurso de apelación y sostuvo que
existieron interrupciones entre los contratos de prestación de servicios,
particularmente entre los identificados como 1040-15-06-171 de 2015 (mayo de
2015) y 1040-15-06-238 de 2015 (junio de 2015), en los que transcurrió un
periodo de 21 días, superior al límite de 15 días hábiles, sin que obre prueba
documental que demuestre la prestación efectiva del servicio por parte del
demandante durante ese lapso.

24. Con fundamento en lo anterior, la entidad afirmó que el término de
prescripción debía replantearse. Sostuvo que, respecto de los periodos
anteriores a octubre de 2015, debía aplicarse la excepción de prescripción, pues
la interrupción detectada impediría considerar la relación contractual como
continua. En consecuencia, solicitó que los contratos de prestación de servicios
fueran analizados de manera individual para establecer la procedencia de la
excepción alegada.

25. Añadió que, a su juicio, no se encontraban acreditados los tres elementos
configurativos de la relación laboral, razón por la cual no era posible declarar la
existencia del vínculo de trabajo alegado por el demandante.

26. En relación con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social,
argumentó que correspondía al demandante demostrar que dichos aportes no se
realizaron o que las cotizaciones efectuadas fueron inferiores a las que debieron
liquidarse. Solo en ese evento podría generarse la obligación para la entidad de
asumir el valor faltante.

27. Reiteró que nunca existe obligación de devolver al trabajador las sumas
que este haya pagado por concepto de aportes, pues ello constituiría un beneficio
económico sin incidencia en su derecho pensional, como lo señaló el Consejo de
Estado en la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

28. Por auto del 9 de septiembre de 20213 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte entidad demandada contra la sentencia de primera

3 Índice 4 de SAMAI de Consejo de Estado

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Radicado: 52001-23-33-000-2018-00575-01 (1510-2021)
Demandante: Jairo Iván Pereira Aux

instancia; y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión el 30 de junio
de 20224.

29. Las partes no se pronunciaron en esta etapa del proceso.

30. El ministerio público rindió concepto5 en el que solicitó que se confirme la
sentencia de primera instancia, al considerar acreditados los elementos
configurativos de la relación laboral. Señaló que el contrato de prestación de
servicios 171 de 2015 finalizó el 29 de mayo de ese año y que el contrato
siguiente, identificado con el 238 de 2015, inició el 19 de junio de 2015. Indicó
que entre la terminación del primero y el inicio del segundo transcurrió un periodo
inferior a 30 días hábiles, por lo cual estimó demostrado que no operó la
prescripción y que la relación laboral se mantuvo sin interrupciones durante todo
el periodo laborado.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

31. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021,
el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico

32. Corresponde determinar si se configuró la desnaturalización de los
contratos de prestación de servicios celebrados entre el señor Jairo Iván Pereira
Aux y el municipio de Ipiales, en virtud del principio de primacía de la realidad
sobre las formalidades, durante el período comprendido entre el 15 de noviembre
de 2013 y el 31 de marzo de 2016. Para tal efecto, la Sala debe establecer si
durante ese lapso existió continuada subordinación en la ejecución de las tareas.
En caso de acreditarse este elemento, la Sala analizará si el estudio sobre la
prescripción realizado por el Tribunal Administrativo de Nariño se ajustó a los
criterios jurisprudenciales fijados por esta Corporación.

Análisis del problema jurídico

33. La Sala modificará la decisión apelada, pues las pruebas del expediente
acreditan la continuada subordinación durante la ejecución de los objetos
contractuales y la continuidad material del servicio; sin embargo, la sentencia
recurrida no estableció de manera clara la forma en que se debe restablecer el
derecho.

34. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, la Sala estima necesario
destacar que el demandante fue vinculado a través de contratos de prestación
de servicios, así:

4 Índice 10 de SAMAI de Consejo de Estado
5 Índice 15 de SAMAI de Consejo de Estado

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Radicado: 52001-23-33-000-2018-00575-01 (1510-2021)
Demandante: Jairo Iván Pereira Aux

Contrato u Interrupción
Plazo o
orden de Objeto Valor
duración
servicios
Prestación de servicios personales $5.887.0007
20 de diciembre de apoyo a la gestión en la $ 841.0008
de 2013 hasta el conserjería y cuidado de las $ 841.0009 Sin
3376
29 de agosto de instalaciones de la Palza de interrupción
2014 Mercado Minorista «Ipiales somos
todos»
Prestación de servicios personales $1.682.00011
1 de septiembre de apoyo a la gestión en la $841.00012
1040-15-06- al 28 de conserjería y cuidado de las Sin
6210 noviembre de instalaciones de la Palza de interrupción
2014 Mercado Minorista «Ipiales somos
todos»
Prestación de servicios personales $ 841.000
de apoyo a la gestión en la
1 al 31 de
1040-15-06- conserjería y cuidado de las 5 días
diciembre de
13513 instalaciones de la Palza de hábiles
2014
Mercado Minorista «Ipiales somos
todos»
Prestación de servicios personales $.
de apoyo a la gestión en la 1.749.28015 6 días
9 de enero al 30
1040-15-06- conserjería y cuidado de las $874.64016 hábiles
de marzo de
5414 instalaciones de la Palza de
2015
Mercado Minorista «Ipiales somos
todos»
Prestación de servicios personales $ 960.000
de apoyo a la gestión en la
1040-15-06- 9 al 30 de abril conserjería y cuidado de las 6 días
14417 de 2015 instalaciones de la Palza de hábiles
Mercado Minorista «Ipiales somos
todos»
Prestación de servicios personales $ 960.000
de apoyo a la gestión en la
1040-15-06- 11 al 29 de mayo conserjería y cuidado de las 13 días
17118 de 2015 instalaciones de la Palza de hábiles
Mercado Minorista «Ipiales somos
todos»
Prestación de servicios personales $
de apoyo a la gestión en la 4.800.00020 10 días
19 de junio al 30
1040-15-06- conserjería y cuidado de las $1.920.00021 hábiles
de diciembre de
23819 instalaciones de la Palza de
2015
Mercado Minorista «Ipiales somos
todos»
Prestación de servicios personales $1.920.00
de apoyo a la gestión en la ---
15 de enero al 31
conserjería y cuidado de las
SG-05122 de marzo de
instalaciones de la Palza de
2016
Mercado Minorista «Ipiales somos
todos»

6 Folios 101 a 107, 111 a 131. Cuaderno 1. Índice 2 SAMAI del Consejo de Estado
7 Valor inicial del contrato
8Valor adicionado mediante acta de modificación núm 1
9 Valor adicionado mediante acta de modificación núm 2
10 Folios 101 a 107, 133 a 147. Ibidem
11 Valor inicial del contrato
12 Valor adicionado mediante acta de modificación del 30 de octubre de 2014
13 Folios 101 a 107, 149 a 161. Ibidem
14 Folios 101 a 107, 163 a 179. Ibidem
15 Valor inicial del contrato
16 Adición según acta de modificación del 26 de febrero de 2014
17 Folios 101 a 107, 181 a 191. Ibidem
18 Folios 101 a 107, 193 a 205. Ibidem
19 Folios 101 a 107, 207 a 223. Ibidem
20 Valor inicial del contrato
21 Adición según acta de modificación del 29 de octubre de 2015
22 Folios 225 a 230. Ibidem

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Radicado: 52001-23-33-000-2018-00575-01 (1510-2021)
Demandante: Jairo Iván Pereira Aux

35. En primera instancia se recibieron los testimonios de los señores Henry
Parra Bran y Edgar Alfredo Revelo. De dichas declaraciones se destacan los
siguientes aspectos:

i) El señor Henry Parra Bran declaró que conoció al demandante cuando
ambos trabajaron en la plaza de mercado entre los años 2013 y 2015: el
primero en el área de espacios públicos y el segundo como vigilante.

Explicó que el actor cumplía turnos asignados por el superior de vigilancia,
quien además verificaba el desarrollo de sus funciones. Añadió que el
administrador de la plaza autorizaba los permisos para atender diligencias
médicas o asuntos personales.

Señaló, igualmente, que el demandante desempeñaba labores de
seguridad dentro de la plaza, portaba uniforme, tolfa, radio de
comunicación y escarapela que lo identificaba como vigilante; implementos
que —según dijo— eran suministrados por la alcaldía de Ipiales, entidad
que no contrataba empresas privadas de vigilancia.

Finalmente, precisó que el actor solo podía ausentarse en situaciones de
emergencia, las cuales debían informarse al superior para que este
asignara un reemplazo.

ii) El señor Edgar Alfredo Revelo manifestó que fue compañero de trabajo del
demandante en el área de vigilancia entre 2013 y 2016: el primero prestaba
el servicio de celaduría en la plaza de mercado y el testigo laboraba en el
área de cobro de transporte.

Indicó que el demandante permanecía en la plaza y que desarrolló las
funciones asignadas y que coincidían en los relevos de turno, los cuales
exigían la entrega del radio al jefe inmediato y la firma de la minuta de
ingreso y salida.

Señaló que el demandante recibía elementos como radio y tolfa, y portaba
una chaqueta distintiva con el logo «plaza de mercado Ipiales somos
todos». Añadió que los permisos debían solicitarse por escrito ante el
gerente de la plaza.

Finalmente, precisó que la alcaldía efectuaba el pago del salario, mientras
que el contratista asumía los aportes al sistema de seguridad social.

36. De entrada, resulta pertinente recordar que la continuada subordinación
denota el «poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir
la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e
instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como
este debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son
propias […] se destaca dentro del elemento de subordinación, no solamente el

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poder de dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el
poder disciplinario que el empleador ejerce sobre este […]»23.

37. De acuerdo con el material probatorio, quedó establecido entre el señor
Jairo Iván Pereira Aux y la Alcaldía de Ipiales celebraron varios contratos de
prestación de servicios, a través de los cuales el contratista desarrolló de
manera personal labores de vigilancia en la plaza de mercado minorista. Dichas
actividades fueron remuneradas mediante honorarios pagados mensualmente.

38. Asimismo, obran en el expediente desprendibles de pago24, informes de
actividades25, manual especifico de funciones del municipio de Ipiales26, y copia
del libro de registro de turnos27.

39. Tales documentos, junto con las declaraciones testimoniales, permiten
concluir que la alcaldía de Ipiales permitió la desnaturalización de los contratos
de prestación de servicios, evidenciada en la asignación de turnos, en la entrega
de elementos necesarios para la ejecución de sus funciones y en la existencia
de órdenes que limitaban la libertad del demandante, sin que se pueda predicar
autonomía o independencia en la ejecución del servicio contratado por parte del
señor Pereira Aux.

40. Ahora bien, respecto del argumento de la entidad demandada según el
cual existió solución de continuidad entre los contratos de prestación de
servicios, se advierte que ninguno de ellos superó los treinta (30) días hábiles
de interrupción, parámetro fijado por la sentencia de unificación SUJ-025-CE-
S2-2021 del 9 de septiembre de 2021. En consecuencia, el cómputo del término
prescriptivo efectuado por el Tribunal se ajusta a derecho.

41. Dado que el Tribunal accedió de manera genérica al reconocimiento de
las prestaciones sociales reclamadas a continuación se precisan los ítems que
componen la condena:

42. Vacaciones, cesantías e intereses sobre las cesantías: al estar
previstas en el artículo 5 del Decreto 1045 de 1978.

43. En consecuencia, se ordenará su pago por los períodos cubiertos por los
contratos suscritos con la alcaldía de Ipiales, liquidados con base en los
honorarios convenidos.

44. La dotación de calzado y vestido de labor La Ley 70 de 1988,
reglamentada por el Decreto 1978 de 1989, estableció que los trabajadores
permanentes vinculados mediante relación legal y reglamentaria o contrato de
trabajo tienen derecho a recibir, cada cuatro meses, un par de zapatos y un

23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia

del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).
24 Folios 354 a 399. Ibidem.
25 Folios 3 a 29. Cuaderno 2. Ibidem.
26 CD Folio 231. Cuaderno 1. Ibidem
27 Folios 75 a 632. Cuaderno 2. Ibidem

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Demandante: Jairo Iván Pereira Aux

vestido de labor, siempre que devenguen una remuneración inferior a dos
salarios mínimos y hayan trabajado de manera continua al menos tres meses.
La entrega debe realizarse el 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de
cada año.

45. Adicionalmente, esta corporación ha considerado viable el reconocimiento
de la dotación de vestido y calzado en los casos en que se declara la existencia
de una relación laboral encubierta con una entidad pública del orden territorial28,
y ha precisado que dicha prestación social no puede reconocerse en dinero
mientras esté vigente el vínculo laboral, pero sí es posible compensarla de esa
forma si ha ocurrido el retiro del servicio29.

46. Para la época de los contratos, los valores del salario mínimo y los
honorarios pactados eran:

Año Monto del salario Doble salario Promedio mensual de
mínimo mínimo honorarios pactados
para cada contrato
2013 $589.700 $1.179.400 $841.000
2014 $616.000 $1.232.000 $841.000
2015 $644.350 $1.288.700 $960.000
2016 $689.455 $1.378.910 $640.000

47. Así las cosas, la demandante devengó remuneraciones mensuales
inferiores a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes durante los
años 2014, 2015, y 2016.

48. Por lo expuesto, la Alcaldía de Ipiales deberá reconocer y pagar a favor del
demandante la compensación en dinero correspondiente por las dotaciones
de vestido y calzado causadas durante los siguientes contratos: 337 de 2013;
1040-15-06-62, 10140-15-06-135 de 2014; y 10140-15-06-54,10140-15-06-
144, 10140-15-06-171, 10140-15-06-238 de 2015; y SG-051 de 2016, teniendo
en cuenta el valor establecido por dicha entidad en cada vigencia fiscal al
momento de la adquisición de la dotación, así:

i) Una dotación de calzado y vestido del 30 de abril de 2014.
ii) Una dotación de calzado y vestido del 30 de agosto de 2014.
iii) Una dotación de calzado y vestido del 30 de diciembre de 2014.
iv) Una dotación de calzado y vestido del 30 de abril de 2015.
v) Una dotación de calzado y vestido del 30 de agosto de 2015.
vi) Una dotación de calzado y vestido del 30 de diciembre de 2015.
vii) Una dotación de calzado y vestido del 30 de abril de 201630.

47. El auxilio de transporte: Creado por la Ley 15 de 1959 y reglamentado
por el Decreto 1258 de 1959, se reconoce únicamente a los trabajadores que

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, i) sentencia

del 9 de mayo de 2022, expediente 66001-23-33-000-2017-00481-01 (6257-2019); y ii) sentencia del 23 de
mayo de 2024, expediente 66001-23-33-000-2018-00237-01 (3569-2021).
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia

del 12 de diciembre de 2023, expediente 66001-23-33-000-2017-00274-01 (2189-2020).
30 Si bien para la fecha ya se había terminado el contrato, se cumple con el requisito de prestación de

servicio de 3 meses continuos.

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perciben ingresos iguales o inferiores a dos salarios mínimos legales mensuales
vigentes.31.

48. En consecuencia, procede respecto del contrato 337 de 2013; 1040-15-
06-62, 10140-15-06-135 de 2014; y 10140-15-06-54,10140-15-06-144, 10140-
15-06-171, 10140-15-06-238 de 2015; y SG-051 de 2016, dado que la
remuneración prevista fue inferior a dos salarios mínimos.32

Año Monto del Doble salario Valor del auxilio de Promedio mensual de
salario mínimo transporte honorarios pactados
mínimo para cada contrato
2013 $589.700 $1.179.400 $70.500 $841.000
2014 $616.000 $1.232.000 $72.000 $841.000
2015 $644.350 $1.288.700 $74.000 $960.000
2016 $689.455 $1.378.910 $77.700 $640.000

49. El subsidio de alimentación: Previsto en los artículos 42 y 51 del Decreto
1042 de 1978 para empleados del orden nacional cuya asignación no supere el
límite allí fijado; el artículo 4 del Decreto 627 de 2007 extendió este beneficio a
empleados de entidades territoriales que devengaran una asignación básica
mensual igual o inferior a $993.591 COP.

50. En desarrollo de tales disposiciones, los decretos anuales que fijan los
límites salariales del nivel territorial precisan la asignación máxima para acceder
al subsidio.

51. En el expediente se acreditan las condiciones salariales para reconocer el
subsidio de alimentación durante los siguientes períodos:
2013 Del 20 al 31 de diciembre (contrato 337 de 2013)
2014 Del 1de enero al 29 de agosto (contrato 337 de 2013)
Del 1 de septiembre al 28 de noviembre (contrato 1040-15-06-62 de 2014)
Del 1 al 31 de diciembre ( contrato 1040-15-06-135 de 2014)
2015 Del 9 de enero al 30 de marzo (contrato 1040-15-06-54 de 2015)
Del 9 al 30 de abril (contrato 1040-15-06-144 de 2015)
Del 11 al 29 de mayo (contrato 1040-15-06-171 de 2015)
Del 19 de junio al 31 de diciembre ( contrato 1040-15-06-238 de 2015)
2016 Del 15 de enero al 31 de marzo ( contrato SG-051 de 2016)

52. Trabajo suplementario: no se reconocerá ya que en los contratos que
suscribió el demandante no se demostró que se haya presentado.

53. Bonificación por servicios prestados: el artículo 1 del Decreto 2418 de
2015 33 dispuso que los empleados públicos vinculados a partir del 1 de enero
de 2016 tienen derecho a esta bonificación por cada año continuo de servicio
en una misma entidad.

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia

del 8 de octubre de 2020, expediente 76001-23-31-000-2011-00625-02 (5279-2018).
32 Para el año Decreto 2553 de 2015, estableció que para el año 2016 el auxilio de transporte mensual será

de $77.000.
33 Por el cual se regula la bonificación por servicios prestados para los empleados públicos del nivel territorial

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54. La norma prevé, además, que cuando el servidor se retire antes de
completar el año continuo, la entidad deberá reconocer y pagar la bonificación
de manera proporcional al tiempo efectivamente laborado.

55. En el caso examinado, se evidencia que durante el año 2016 el
demandante prestó sus servicios por un término de tres (3) meses, lapso que
no permite consolidar el año de servicio continuo exigido para el reconocimiento
pleno de la bonificación. Sin embargo, en atención a lo dispuesto en el Decreto
2418 de 2015, sí procede el reconocimiento proporcional, calculado con base
en el período efectivamente trabajado y de conformidad con los factores
salariales que integran dicha bonificación.

56. La prima de navidad: Aunque la sentencia de primera instancia no la
mencionó de manera expresa, esta prestación se encuentra prevista en el
artículo 5 del Decreto 1045 de 1978, por lo cual debe entenderse incluida dentro
de las prestaciones reconocidas por el Tribunal.

57. En consecuencia, se liquidará dicha prestación desde el 20 de diciembre
de 2013 hasta el 30 de marzo de 2016.

58. La prima de servicios: el Decreto 2351 de 2014 estableció que los
empleados públicos de la Rama Ejecutiva del nivel territorial tendrían derecho
a la prima de servicio prevista en el Decreto 1042 de 1978, a partir del año 2015.

59. Por lo tanto, solo se reconocerá desde el 9 de enero hasta el 31 de marzo
de 2016, periodo en que se cumplieron los requisitos legales.

60. En mérito de lo expuesto, la Sala modificará el numeral segundo de la
sentencia de primera instancia, conforme a la liquidación que se detalla a
continuación:

De IPC IPC # # SALA AUXI AUXIL AUXI AUXIL TOTA CESA CESA INTER PRIM PRIM
sde Di mese RIO LIO IO DE LIO IO DE L NTIA NTIA ES A DE A DE
as s PRO DE TRAN DE ALIME ANUA SOBR SERV SERVI
po comp MED. TRAN SPT. ALIM NT L E LA ICIO CIO
Añ FIN INIC r lpor MENS SPT. INDEX ENT INDEX SALA INDEX CESA INDEX
o AL IAL añ año UAL ADO ADO RIOS ADA NTIA ADA
o POR INDEX
AÑO ADA
201 151 76,1 12 0,4 841.0 70.50 140.42 46.19 92.008 336.4 28.19 56.160 225 14.01 27.919
3 ,76 9 00 0 6 2 00 5 7
201 151 79,9 24 8 841.0 72.00 136.66 46.19 87.681 6.756. 630.1 1.196. 96.091 280.3 532.12
4 ,76 5 1 00 0 9 2 033 55 152 33 5
201 151 82,0 89 2 841.0 72.00 133.23 46.19 85.479 2.494. 214.7 397.40 11.790 70.08 129.69
4 ,76 1 00 0 6 2 967 57 9 3 0
201 151 82,0 31 1 841.0 72.00 133.23 46.19 85.479 869.0 73.47 135.96 1.405 35.04 64.845
4 ,76 1 00 0 6 2 33 5 6 2
201 151 83,0 81 2,2 874.6 74.00 135.30 49.76 90.996 2.361. 203.4 372.04 10.045 80.17 146.59
5 ,76 0 40 0 4 7 528 79 8 5 5
201 151 84,9 22 0,73 960.0 74.00 132.27 49.76 88.959 704.0 59.28 105.97 777 29.20 52.195
5 ,76 0 00 0 6 7 00 3 0 0
201 151 85,1 19 0,63 960.0 74.00 131.93 49.76 88.729 608.0 51.12 91.153 577 25.20 44.929
5 ,76 2 00 0 4 7 00 6 0
201 151 85,2 19 6,5 960.0 74.00 131.79 49.76 88.636 6.240. 569.8 1.014. 65.971 260.0 463.06
5 ,76 1 5 00 0 5 7 000 62 931 00 3
201 151 89,1 76 2,8 640.0 77.00 131.01 53.63 91.260 1.621. 140.5 239.14 6.058 74.66 127.04
6 ,76 9 00 0 8 4 333 48 8 7 8

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Demandante: Jairo Iván Pereira Aux

De IPC IPC # # SALA PRIM PRIM VACA VACA PRIM PRIM BONIFIC BONIFIC
sde Di mese RIO A DE A DE CION CION A DE A DE ACIÓN ACION
as s PRO NAVI NAVI VACA VACA POR POR
po comp MED. DAD DAD CION CION SERVICI SERVICI
r lpor MENS OS OS
Añ FIN INIC añ año UAL INDEX INDEX INDEX INDEXA
o AL IAL o POR ADA ADA ADA DA
AÑO
201 151 76,1 12 0,4 841.0 28.11 56.005 15.981 31.832 15.981 31.832 0 0
3 ,76 9 00 7
201 151 79,9 24 8 841.0 594.5 1.128. 328.88 624.28 328.88 624.28 0 0
4 ,76 5 1 00 12 495 2 0 2 0
201 151 82,0 89 2 841.0 142.7 264.24 119.28 220.74 119.28 220.74 0 0
4 ,76 1 00 97 6 9 4 9 4
201 151 82,0 31 1 841.0 70.61 130.67 41.424 76.656 41.424 76.656 0 0
4 ,76 1 00 4 2
201 151 83,0 81 2,2 874.6 163.3 298.58 113.07 206.74 113.07 206.74 0 0
5 ,76 0 40 03 9 2 5 2 5
201 151 84,9 22 0,73 960.0 58.71 104.95 33.189 59.327 33.189 59.327 0 0
5 ,76 0 00 6 6
201 151 85,1 19 0,63 960.0 50.63 90.278 28.655 51.089 28.655 51.089 0 0
5 ,76 2 00 6
201 151 85,2 19 6,5 960.0 545.2 971.09 299.38 533.21 299.38 533.21 0 0
5 ,76 1 5 00 50 7 8 4 8 4
201 151 89,1 76 2,8 640.0 152.3 259.27 82.001 139.52 82.001 139.52 320.000 544.000
6 ,76 9 00 80 9 8 8

TOTAL AUXILIO AUXILI CESANT INTERE PRIMA PRIMA VACACIO PRIMA DE BONIFICA
PRESTACIO DE O DE IAS S DE DE NES VACACIO CIÒN POR $15.227.
NES TRANSPO ALIMEN INDEXA CESAN SERVIC NAVIDA INDEXAD NES SERVICIO 774
SOCIALES RTE TO DA TIA IO D AS INDEXAD S
INDEXADA INDEXAD INDEXA INDEXA INDEXA INDEXA A INDEXADA
S O DO DO DA DA

$ $ $ $ $ $ $ $ $ 544.492
1.205.896 799.226 3.608.93 192.939 1.588.4 3.303.6 1.943.415 1.943.415
7 09 17

La condena en costas en segunda instancia

61. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

62. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

63. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

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64. En consecuencia, se impondrán costas a la alcaldía de Ipiales en segunda
instancia, por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Nariño.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

PRIMERO. MODIFICAR el ordinal SEGUNDO del numeral segundo de la parte
resolutiva de la providencia de 16 de septiembre de 2020, el cual quedará de la
siguiente manera:

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento
del derecho, DECLARAR la existencia de un contrato realidad entre el
MUNICIPIO DE IPIALES y el señor JAIRO IVÁN PEREIRA AUX, desde el
20 de diciembre de 2013 hasta el 29 de febrero de 2016.

ORDENAR al MUNICIPIO DE IPIALES reconocer y pagar a favor del señor
JAIRO IVÁN PEREIRA AUX, quince millones doscientos veintisiete mil
setecientos setenta y cuatro ($15.227.774), por concepto de las
prestaciones sociales incluidas en la liquidación realizada en la parte motiva
de esta providencia.

Además, CONDENAR al MUNICIPIO DE IPIALES a pagar a favor de la
demandante el valor equivalente a seis (6) dotaciones de calzado y vestido
que debieron suministrarse el 30 de abril, 30 de agosto, 30 de diciembre de
2014; el 30 de abril, 30 de agosto, y 30 de diciembre de 2015; y 30 de abril
de 2016, teniendo en cuenta el valor establecido por dicha entidad en cada
vigencia fiscal al momento de la causación de la respectiva dotación

Así mismo, el MUNICIPIO DE IPIALES, deberá tomar durante el tiempo
comprendido entre 20 de diciembre de 2013 hasta el 29 de febrero de 2016,
el ingreso base de cotización pensional de los salarios que debió devengar
el demandante, mes a mes, y si existe diferencia entre los aportes
realizados como contratista y los que se debieron efectuar, cotizar al
respectivo fondo de pensiones la suma faltante por concepto de aportes a
pensión solo en el porcentaje que le correspondía como empleador. Para
efectos de lo anterior, deberá tener en cuenta los documentos visibles a
folios 401-459 del cuaderno principal 1, a través de los cuales el actor
acredita las cotizaciones que realizó al mencionado sistema durante sus
vínculos contractuales y en la eventualidad de que no las hubiese hecho o
existiese diferencia en su contra, tendrá la carga de cancelar o completar,
según el caso el porcentaje que le incumbía como trabajador.

SEGUNDO. CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada.

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Demandante: Jairo Iván Pereira Aux

TERCERO. CONDENAR en costas de segunda instancia al municipio de Ipiales
a favor del Señor Jairo Iván Pereira Aux. Para tal efecto, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo de Nariño.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones respectivas y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: la presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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