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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 41001-23-33-000-2022-00033-01

Fecha
3 de marzo de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 41001-23-33-000-2022-00033-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FA LLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 21 de abril de 2022, por el Tribunal Administrativo del Huila, y en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, por las razones explicadas en la parte motiva. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al Tribunal de origen. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 28 Radicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01 Solicitante: Duby Leici Ortíz Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 41001-23-33-000-2022-00033-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

3 de marzo de 2023

Radicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01
Solicitante: Duby Leici Ortíz

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., tres (3) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Radicación: 41001-23-33-000-2022-00033-01
Solicitante: DUBY LEICI ORTÍZ
Concejal acusada: BERTILDA RAMÍREZ VALDERRAMA

TESIS No hay lugar a decretar la desinvestidura de
un concejal que no tomó posesión del cargo
dentro de los tres días siguientes a la
instalación del período de sesiones del concejo
municipal debido a que estaba privado de la
libertad.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la señora Bertilda
Ramírez Valderrama en contra de la sentencia proferida el 21 de abril de
2022 por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual decretó su
desinvestidura como concejal del municipio de El Agrado, Huila, para el
período constitucional 2020-2023.

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1

Radicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01
Solicitante: Duby Leici Ortíz

I.- SÍNTESIS DEL CASO

1.1.- La causal de pérdida de investidura invocada 1

La señora Duby Leici Ortiz, actuando por conducto de apoderado, solicitó
se decretara la pérdida de investidura de la señora Bertilda Ramírez
Valderrama, por considerar que incurrió en las causales previstas en los
numerales 3, 4 y 5 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, así como
también invocó el artículo 110 de la Constitución Política.

1.2.- Los hechos que dan sustento a la causal alegada2

La solicitante informó que la señora Bertilda Ramírez Valderrama, mientras
se desempeñó como concejal del municipio de El Agrado, Huila, en el
período constitucional 2016- 2019, en atención a las conductas delictivas
denunciadas tanto en su contra, como de la alcaldesa del municipio y del
alcalde electo, le fue impuesta por un juez de control de garantías una
medida de aseguramiento intramural por los delitos de corrupción electoral,
fraude de inscripción de cédulas y concierto para delinquir.

Explicó que, “(…) al contar la señora BERTILDA RAMÍREZ VALDERRAMA,
[con] medida de aseguramiento intramural, la reciente elegida concejal
para el período constitucional 2020-2023, no adelantó ningún acto ni
actuaciones con el fin de justificar su asistencia a posesionarse, dentro del
lapso o término que concede la ley para adelantar dicha gestión”.

Sostuvo que la acusada incurrió en la causal de pérdida de investidura
prevista en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, toda vez

1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 23 33 000 2022 00033 01. “03. DEMANDA PÉRDIDA DE
INVESTIDURA”.
2
Ibídem.

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Radicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01
Solicitante: Duby Leici Ortíz

que, pese a que fue elegida concejal del municipio de El Agrado para el
período constitucional 2020-2023, no concurrió a tomar posesión ni en el
acto de instalación del concejo ni dentro de los tres días siguientes, sin
mediar razones de fuerza mayor que justificaran su proceder.

Afirmó que la acusada ha ostentado la investidura de concejal de El Agrado,
Huila, en tres oportunidades, y, por lo mismo, conocía a plenitud las
consecuencias que se derivaban del hecho de no tomar posesión del cargo
para el cual fue elegida.

Informó que “(…) dentro del interregno legal la demandada RAMÍREZ
VALDERRAMA, no expuso razón alguna solamente hasta el mes de junio del
2021, expuso unos razonamientos de que se encontraba privada la libertad
y por ello, incumplió su deber de posesionarse en el cargo de elección
popular para el cual fue elegida, no es una causa extraña ni un hecho
imprevisible o irresistible, pues todo ha sido mediado por su exclusiva
voluntad y deseo de infringir la ley”.

Arguyó que, con fundamento en lo anterior, la mesa directiva del concejo
municipal de El Agrado, Huila, profirió la resolución administrativa nro. 030
de 2020, por medio de la cual declaró la vacancia temporal de una curul en
el concejo municipal, es decir, le aplicaron la institución de la Silla Vacía,
acto que le fue notificado a la acusada en su casa de residencia el 4 de junio
de 2020, atendiendo que se encontraba privada de la libertad.

Por último, para sustentar las demás causales invocadas para solicitar la
desinvestidura de la acusada, esto es, el contenido del artículo 110
Constitucional, la indebida destinación de dineros públicos (numeral 4 del
artículo 48 de la Ley 617 de 2000) y el tráfico de influencias debidamente
comprobado (numeral 5 de la citada Ley 617 de 2000), hizo referencia a
los hechos por los cuales la acusada estuvo privada de la libertad, así como

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Solicitante: Duby Leici Ortíz

también a la institución de la Silla Vacía aplicada en el caso por la mesa
directiva del concejo municipal de El Agrado, Huila.

2.- Contestación de la concejal acusada

La señora Bertilda Ramírez Valderrama, actuando por conducto de
apoderado, se opuso a las pretensiones por considerar que no estaban
reunidos los presupuestos fácticos y jurídicos para decretar su
desinvestidura3.

Refiriéndose a las causales específicas invocadas en el caso expuso:

Aludió que, para determinar si se configuraban las causales de pérdida de
investidura, debía analizarse la diferencia existente entre este proceso y el
de nulidad electoral. Para ello citó la sentencia 01604 de 2 de julio de 2019
en donde se examinaron tales diferencias4, y a partir de allí señaló que en
este proceso de pérdida de investidura se debía analizar la conducta o
comportamiento del acusado.

Que en el caso concreto y refiriéndose a la primera causal invocada, esto
es, la prevista en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, de no
tomar posesión del cargo dentro de los tres días siguientes a la fecha de
instalación de la corporación, dijo que no había lugar a la pérdida porque la
falta de posesión sucedió como consecuencia de una situación de fuerza
mayor.

Agregó que los propios hechos de la demanda reconocen que fue privada
de la libertad como consecuencia de una medida de aseguramiento que le
impidió concurrir a la posesión dentro de los tres días siguientes a la

3
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 23 33 000 2022 00033 01. Contestación demanda pérdida de
investidura.
4
Expediente radicación nro. 11 001 03 15 000 2019 01604 00. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón.

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Solicitante: Duby Leici Ortíz

instalación del concejo y, por tal razón, no se trató de una situación de
irresponsabilidad, desidia o apatía para eludir sus deberes, sino que se
encontraba frente a una orden judicial que no podía resistir.

En relación con la segunda causal invocada, esto es, el artículo 110 de la
Constitución Política, por hacer contribución a partidos políticos, indicó que
se le endilga que pidió coimas a un contratista para ser invertidos en su
campaña, acusación que afirmó es falsa y además es atípica, y que, si la
causal se interpreta como se propone en la demanda, todos los elegidos
estarían incursos en la causal de pérdida de investidura.

Acerca de la tercera causal, esto es, la de indebida destinación de dineros
públicos, argumentó que para que se configure se requiere que el concejal
sea ordenador del gasto y dé una aplicación diferente a la establecida en la
ley o el reglamento a unos dineros públicos, y que en este caso, “(…) los
hechos denunciados no solo son falsos, sino que nada tienen que ver con la
causal de pérdida de investidura alegada y son manifestación de la
persecución de la que es y ha sido víctima la concejal Bertilda Ramírez”.

Frente a la cuarta causal de tráfico de influencias, dijo que en la demanda
se le acusa de recibir coimas de contratistas y que direccionó la ejecución
de las obras en beneficio de sus votantes, lo que no solo es falso, sino que
en modo alguno tipifica la causal, ya que el contratista es un particular, no
un servidor público.

En lo concerniente a la aplicación de la silla vacía, sostuvo que este
cuestionamiento no se sustenta en una causal de pérdida de investidura,
con lo cual claramente se pretende confundir instituciones que son
diferentes, ya que esta figura se trata de una sanción al partido para que
no reemplace a un miembro suyo en una bancada de la corporación,
mientras que la pérdida de investidura es un proceso sancionatorio,
alegación con la que se demuestra la persecución de la que ha sido víctima,

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Solicitante: Duby Leici Ortíz

máxime cuando se reintegró al cargo de concejal una vez recuperó su
libertad y ha cumplido con sus deberes.

3.- La sentencia de primera instancia

La Sala Plena del Tribunal Administrativo del Huila, en sentencia del 21
de abril de 2022, dispuso5:

“[…] PRIMERO: DECLARAR que la señora Bertilda Ramírez
Valderrama con C.C. No. 26.541.567, elegida como concejal del
municipio de El Agrado, para el período 2020-2023 por el partido
Conservador, incurrió en la causal de pérdida de investidura
consagrada en el numeral 3° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000,
conforme lo motivado

SEGUNDO: DECRETAR la pérdida de su investidura como concejal
del municipio de El Agrado – Huila de la señora Bertilda Ramírez
Valderrama con C.C. No. 26.541.567 de El Pital – Huila.

TERCERO: COMUNICAR la presente decisión al señor alcalde
municipal de El Agrado, al presidente del concejo municipal, al
registrador del estado civil del mismo municipio para lo de su cargo.

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)

Como razones de la decisión, indicó lo siguiente:

Al examinar la primera causal de pérdida de investidura invocada, esto
es, la de no tomar posesión del cargo de concejal, recordó los requisitos
que deben estar reunidos para que se configure y que la fuerza mayor,
como lo ha dicho el Consejo de Estado 6, debe cumplir los criterios
establecidos por el artículo 64 del Código Civil.

Consideró que en este evento, dentro la investigación penal aportada,
obra la orden de captura nro. 0075-2019 de diciembre 10 de 2019,

5
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 47001 23 33 000 2021 00025 01. “42SentenciaPrimeraInstanciaDecreta”.
6
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de
mayo de 2019. Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2018 03883 01 (PI).

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Solicitante: Duby Leici Ortíz

expedida por el Juzgado 18 Penal Municipal con función de control de
garantías de Bogotá, dentro del CUI nro. 11001600009920190009800,
por los delitos corrupción de sufragante, “en concurso heterogéneo con
fraude e inscripción de cédulas en concurso homogéneo y sucesivo”, en
concurso heterogéneo con el concierto para delinquir establecidos en el
código penal, del cual se deriva que la captura de la señora Bertilda
Ramírez Valderrama se produjo el 12 de diciembre de 2019.

Aseguró que, acorde con el certificado de libertad expedido el 25 de junio
de 2021 por el asesor jurídico del EPMSC de Garzón –Regional Central-,
se establece que la señora Bertilda Ramírez Valderrama estuvo privada
de la libertad desde el 21/12/2019 hasta el 24/06/2021, y se le concedió
salida por vencimiento de términos, conforme a la boleta de libertad nro.
009 expedida por el Juzgado 8 Penal Municipal de Neiva.

Adujo que, conforme con la certificación expedida por el presidente del
concejo municipal de El Agrado, la señora Bertilda Ramírez Valderrama
fue elegida concejal del ente territorial para el período del 1 de enero de
2020 hasta el 31 de diciembre de 2023 y se posesionó el 14 de enero de
2022, según acta nro. 002.

Respecto de la fuerza mayor puntualizó:

“[…] respecto a que la detención preventiva si constituye fuerza
mayor, se tiene que esta se aplica al tiempo en que estuvo privada de
libertad desde el 12 o 21 de diciembre de 2019 hasta el 24 de junio
de 2021, imposibilidad que no se aplica para el período del 24 de junio
de 2021 (fecha en la cual queda en libertad), hasta el 4 de enero de
2022 (fecha en la cual solicitó su posesión), toda vez que no se
advierten, ni se alegan, hechos externos, imprevisibles e irresistibles
que durante ese lapso de tiempo le hubieran impedido tomar posesión
de concejal.

79. Por lo tanto, la fuerza mayor argumentada por el apoderado de la
señora Bertilda Ramírez Valderrama ante la privación de la libertad,
en el presente caso se configura, y es aceptada por el Tribunal para el

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período anterior de la fecha en que quedó en libertad, mas no para el
siguiente esto es el 24 de junio y 3 de enero de 2022, por lo que no
hay fundamento legal alguno para que tomara posesión dentro de los
3 días siguientes, por lo que, se encuentra probada la causal del
numeral 3° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, que genera así la
pérdida de investidura de concejal del municipio de El Agrado de la
demandada y así se declarará […]”. (se destaca)

En relación con las demás causales invocadas en el caso, señaló, en
relación con la contenida en el artículo 110 de la Constitución Política de
hacer contribución a los partidos políticos, que no existía prueba alguna
en el proceso que así lo demostrara; en cuanto a la indebida destinación
de dineros públicos prevista en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617
de 2002, que no estaba configurada; que la causal de tráfico de
influencias debidamente comprobado prevista en el numeral 5 del artículo
48 de la Ley 617 de 2000, que tampoco estaba acreditada y, finalmente,
frente a la aplicación de la silla vacía, que no estaba establecida
constitucionalmente como causal de pérdida de investidura.

Con fundamento en lo analizado, decretó la desinvestidura de la acusada
dando aplicación a lo previsto por el numeral 3 del artículo 48 de la Ley
617 de 2000.

4.- El recurso de apelación presentado por la concejal acusada

Inconforme con la sentencia de primera instancia y dentro de la
oportunidad procesal correspondiente, la señora Bertilda Ramírez
Valderrama, obrando por conducto de apoderado, interpuso recurso de
apelación, para lo que manifestó 7:

Que como hechos constitutivos de la causal por la que se decretó su
desinvestidura quedaba claro que en la demanda se le reprochó no tomar

7
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 23 33 000 2022 00033 01. “RecursoApelacionSentencia”.

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Radicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01
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posesión del cargo de concejal dentro de los tres días siguientes a la
instalación del período de sesiones del concejo (enero de 2020), no
después de recuperada su libertad (entre junio de 2021 y enero de 2022),
y que incluso en la propia demanda se señala que desde junio de 2021
estuvo solicitando se le posesionara.

Señaló que el a quo, en los considerandos del fallo, aludió que solo
prosperó la causal primera, referida a no tomar posesión del cargo de
concejal y desechó las otras causales; “(…) no obstante, la sentencia
decretó la pérdida de investidura por no tomar posesión del cargo de
concejal inmediatamente después de recuperar la libertad el 24 de junio
de 2021. // No se decretó la pérdida de investidura por no tomar posesión
al momento de la instalación del concejo en enero de 2020, mientras
estuvo privada de la libertad, al considerar que dicha circunstancia
constituyó una FUERZA MAYOR”. Agregó:

“[…] Los hechos de una demanda de pérdida de investidura
constituyen la acusación de la infracción de alguna o varias de las
causales de pérdida de investidura. Al contestar la demanda, se
responde la acusación que se formula en los hechos.

En el caso que nos ocupa, se acusó a mi poderdante BERTILDA
RAMIREZ de no haber tomado posesión de la curul de concejal durante
los 3 primeros días de la instalación del concejo (en enero de 2020)
pero se le sancionó por una conducta distinta: no haberse posesionado
inmediatamente después de recuperada la libertad en junio de 2021.

Ese proceder del fallador constituye una abierta violación del DEBIDO
PROCESO SANCIONADOR pues una persona no puede ser sancionada
de lo que no se le ha acusado. Eso es como acusar a un procesado por
el HOMICIDIO de PEPITO PEREZ en enero de 2020, para terminar
condenándolo por el HOMICIDIO de FERNANDO FERNANDEZ en junio
de 2021. Claramente son hechos distintos.

Esa estructuración de la sentencia de pérdida de investidura aquí
cuestionada desconoce elementales principios del debido proceso:
solo se puede condenar de lo que se ha acusado. Se reitera, la
demanda señaló como infracción no haber tomado posesión del cargo
de concejal durante el tiempo en que BERTILDA ESTUVO DETENIDA
(enero de 2020); pero el Tribunal condenó por la “demora para
posesionarse después de recuperada la libertad (junio de 2021 a enero
de 2022).

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Solicitante: Duby Leici Ortíz

(…)

Como quiera que en los hechos de la demanda no se señaló ni hizo
reproche a la no posesión después de recuperada la libertad, esta
defensa jamás consideró necesario explicar lo sucedido ni aportar
pruebas sobre el lapso o periodo comprendido entre junio de 2021 y
enero de 2022.

La demanda sí señala que BERTILDA RAMIREZ intentó posesionarse
en junio de 2021, sin ahondar en el asunto, por cuanto no fue el objeto
de su reproche, y a sabiendas de que fue la Mesa Directiva del Concejo
del Agrado la que en ABIERTA VIOLACION DE SUS DERECHOS
POLITICOS retardó su posesión hasta enero de 2022.

Como ese período no se cuestionó en la demanda, no se presentaron
las pruebas de las solicitudes de posesión en la contestación.

Desde el día siguiente a su liberación, mi poderdante se presentó al
concejo y radicó escrito para posesionarse el cual fue desconocido por
la mesa directiva de la época que le puso trabas y obligó a mi
representada a interponer diferentes acciones judiciales hasta lograr
la posesión de concejal en enero de 2022.

Con este escrito se allegan pruebas documentales de las gestiones
realizadas por mi poderdante para tomar posesión y las negativas y
bloqueos a su posesión, lo que explican su demora en posesionarse.

[…]”.

El recurso de apelación fue concedido por auto del 3 de junio de 20228.

5.- Trámite de segunda

5.1. El expediente fue asignado a esta Sección por acta de reparto del 15
de junio de 20229.

5.2. Por auto del 10 de octubre de 2022, se admitió el recurso de
apelación y se rechazaron por improcedentes las solicitudes probatorias

8
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 23 33 000 2022 00033 01. Archivo 023.ConcedeApelación.
9
Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 23 33 000 2022 00033 01.

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Radicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01
Solicitante: Duby Leici Ortíz

efectuadas en esta instancia por el apoderado de la concejal acusada 10.
En dicho proveído se explicó:

“[…] En cuanto a los documentos referidos al (i) certificado de libertad
de la señora Bertilda Ramírez Valderrama del 25 de junio de 2021
suscrito por el asesor jurídico y el director del establecimiento Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, EPMSC GARZÓN –
REGIONAL CENTRAL (numeral 16), y (ii) el certificado del 8 de
noviembre de 2021 expedido por el secretario del Juzgado Segundo
Penal del Circuito de Garzón, Huila (numeral 17), ellos fueron
allegados por la concejal acusada cuando contestó la solicitud de
pérdida y se tuvieron como pruebas mediante el auto del 22 de marzo
de 2022, de manera que no es procedente decretarlas en esta
instancia por cuanto ya obran en el proceso.

Lo mismo ocurre frente a la documental relacionada con la credencial
de la elección de la señora Bertilda Ramírez Valderrama como concejal
del municipio de El Agrado, Huila, para el período constitucional 2020-
2023 (numeral 8), puesto que se trata de una prueba aportada por la
parte actora junto con la solicitud de la pérdida y también se tuvo
como tal en el auto del 22 de marzo de 2022.

En relación con la Resolución nro. 003 del 13 de enero de 2022
(numeral 21) y el escrito dirigido a la señora Bertilda Ramírez
Valderrama por parte del presidente del concejo del municipio de El
Agrado, Huila, bajo el asunto “[N]otificación de posesión a la curul de
concejal BERTILDA RAMÍREZ VALDERRAMA”, con firma de recibido del
13 de enero de 2022 (numeral 22), se advierte que fueron allegadas
por el apoderado de la solicitante mediante el correo electrónico que
envió el 24 de marzo de 2022 [ut supra 2.1.5.1, numerales ii) y iii)],
por lo que, si bien fueron aportados con posterioridad al 22 de marzo
de 2022, cuando el a quo abrió la etapa probatoria del proceso, en
dicho proveído se indicó que se tendrían como pruebas de la parte
demandante “los documentos acompañados a la demanda, así como
los incorporados legalmente en el transcurso del proceso” (se resalta);
además se observa que el tribunal en la sentencia de primera instancia
tuvo en cuenta los documentos enviados por el solicitante el 24 de
marzo de 202211.

(…)
Ahora bien, respecto de las demás documentales que fueron anexadas
con el escrito de apelación, el despacho considera que no hay lugar a

10
Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 23 33 000 2022 00033 01.
11
Al respecto, véase el numeral 75 de la sentencia proferida el 21 de abril de 2022 por
el Tribunal Administrativo del Huila, en el que se indicó: “75. Así mismo el Concejo
municipal de El Agrado profirió la Resolución Administrativa Numero 003 de enero 13 de
2022, mediante la cual se dio por terminada la vacancia temporal de la curul de la
concejal Bertilda Ramírez Valderrama, y ordenó su posesión”.

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Radicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01
Solicitante: Duby Leici Ortíz

acceder a la solicitud probatoria por las razones que pasan a
explicarse:

(i) El apoderado de la concejal acusada justificó la petición probatoria
en que, en la acción de pérdida de investidura, lo que se cuestionó fue
que la concejal no tomó posesión del cargo “dentro de los 3 días
siguientes a la instalación del período de sesiones del concejo (en
enero de 2020)”12, pero alegó que el a quo decretó la desinvestidura
“por no tomar posesión del cargo de concejal inmediatamente después
de recuperar la libertad el 24 de junio de 2021”13 y, en ese sentido,
como en “los hechos de la demanda no se señaló ni hizo reproche a la
no posesión después de recuperada la libertad, esta defensa jamás
consideró necesario explicar lo sucedido ni aportar pruebas sobre el
lapso o período comprendido entre junio de 2021 y enero de 2022”14.

(ii) Sin embargo, dicha circunstancia no se enmarca en los eventos
señalados por el artículo 212 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que determina los
casos en los que es procedente acceder a la petición probatoria en
segunda instancia; lo anterior, dado que las pruebas no fueron
pedidas de común acuerdo por las partes; se observa que el a quo
decretó las pruebas solicitadas, es decir, no negó ninguna; no se trata
de hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para
pedirlas en primera instancia, ni tampoco son pruebas que no
pudieron allegarse por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la
parte contraria […]”. (subrayas en la providencia)

5.3. El expediente ingresó a despacho para fallo en la fecha del 10 de
octubre de 202215.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

1.- Competencia de la Sección

Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación
interpuesto contra las sentencias proferidas en procesos de pérdida de
investidura de concejales y diputados, con base en lo previsto por el

12
Visto en el índice 50 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 2333 000 2022 00033 01.
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Visto en el índice 50 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 2333 000 2022 00033 01.
14
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radicado nro. 41001 2333 000 2022 00033 01.
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Radicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01
Solicitante: Duby Leici Ortíz

parágrafo 2 del artículo 48 de la Ley 617 de 200016 y por el numeral 5 del
artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo 2019 17, emitido por la
Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios
entre las secciones 18.

2.- Procedibilidad de la acción de pérdida de investidura

Para acreditar que la señora Bertilda Ramírez Valderrama fue elegida
concejal del municipio de El Agrado, Huila, por el partido Conservador
para el período constitucional 2020-2023, el solicitante aportó copia del
formulario E-27 19, credencial expedida por los miembros de la Comisión
Escrutadora Municipal de la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde
consta que la señora Ramírez Valderrama fue elegida concejal por el
municipio del Agrado, Huila, para el período 2020 – 2023 por el partido
conservador colombiano.

3.- Hechos probados

En el proceso está acreditado lo siguiente:

16
“Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario
1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se
dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para
la racionalización del gasto público nacional”. El parágrafo 2° del artículo 48, establece
que corresponde al Consejo de Estado conocer en segunda instancia de las pérdidas de
investidura que conozcan en primera instancia los Tribunales Administrativos.
17
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1° de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
18
“Artículo 13. Distribución de los procesos entre las Secciones. Para efectos de
repartimiento, los asuntos de que conoce la sala de lo Contencioso Administrativo se
distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen
de trabajo, así: Sección Primera: (…)5. El recurso de apelación contra las sentencias de
los Tribunales sobre pérdida de investidura (…)”.
19
Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 23 33 000 2022 00033 01.Archivo004.Anexosdemanda.pdf.Página
1 de 253.

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Solicitante: Duby Leici Ortíz

3.1. Se aportó al proceso copia del expediente penal con radicación nro.
11001 60 00 099 2019 00098 00, de las piezas procesales allí obrantes,
se desprende:

• Que el 13 de diciembre de 2019, hora 2:30 p.m., se abrió la carpeta de
audiencias de 1. Legalización de captura. 2. Imputación y 3. Solicitud de
medida de aseguramiento, por parte del Juez Octavo Municipal de Control
de Garantías de Neiva- Huila, en donde figuran como indiciados, entre
otros, la señora Bertilda Ramírez Valderrama, por los delitos de fraude en
inscripción de cédulas, corrupción de sufragante y concierto para
delinquir20.

• Según las actas de audiencias preliminares de imposición de medida de
aseguramiento y su continuación, las citadas audiencias se desarrollaron
en las fechas del 13, 16, 18 de diciembre y 21 de diciembre de 2019 21.

• Igualmente consta que se impuso medida de aseguramiento privativa
de la libertad de detención preventiva en establecimiento de reclusión, en
contra, entre otros, de la señora Bertilda Ramírez Valderrama 22, y que se
libró en su contra la boleta de detención y/o encarcelación nro. 90 del 21
de diciembre de 2019; en dicha boleta consta que se solicitó que se
hicieran las diligencias tendientes a que la señora Ramírez Valderrama
fuera remitida a la cárcel de Garzón, Huila, por tratarse de la más cercana
a su domicilio y lugar de ocurrencia de los hechos 23.

20
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 23 33 000 2022 00033 01. 01CuadernoGarantías.pdf.página 1.
21
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 23 33 000 2022 00033 01. 01CuadernoGarantías.pdf.páginas 59 a
67.
22
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 23 33 000 2022 00033 01. 01CuadernoGarantías.pdf.pag.54.
23
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 23 33 000 2022 00033 01. 01CuadernoGarantías.pdf.pag.57.

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Radicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01
Solicitante: Duby Leici Ortíz

3.2. En el proceso penal también obra la siguiente solicitud dirigida el 2
de enero de 2020 por el presidente del concejo de El Agrado, Huila a la
Juez Octavo Penal Municipal de Neiva, Huila 24:

La precitada solicitud fue respondida el 7 de enero de 2020 mediante el
oficio nro. 007, por parte de la Juez Octavo Penal Municipal de Neiva, con
funciones de control de garantías, en donde le indicó lo siguiente al
presidente del concejo municipal del municipio de El Agrado, Huila 25:

24
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 23 33 000 2022 00033 01. 01CuadernoGarantías.pdf.pag.45.
25
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 23 33 000 2022 00033 01. 01CuadernoGarantías.pdf.pag.57

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15

Radicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01
Solicitante: Duby Leici Ortíz

“[…] En atención a la solicitud elevada, me permito informarle que
este despacho adelantó audiencias preliminares desde el 13 hasta el
21 de diciembre de 2019, a la señora BERTILDA RAMÍREZ
VALDERRAMA y otros, en donde se legalizó la captura, formuló
imputación por los delitos de concierto para delinquir, corrupción al
sufragante, fraude en inscripción de cédulas y se le impuso medida de
aseguramiento privativa de la libertad de detención preventiva en
establecimiento de reclusión, contenida en el Art. 307 Literal A No. 1
del C.P.P.

Se advierte igualmente que la decisión atinente con la imposición de
la medida de aseguramiento que recae sobre la ciudadana en cita, fue
objeto de recurso de apelación por parte de su abogado defensor, y el
trámite será sometido a reparto por parte del Centro de Servicios
Judiciales ante los Jueces Penales del Circuito de Conocimiento de esta
ciudad, una vez cese la vacancia judicial […].

3.3. Por medio de la Resolución Administrativa nro. 30 del 28 de mayo de
2020, expedida por el presidente del concejo municipal de El Agrado,
Huila se dispuso 26:

“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Declárese la vacancia temporal de la
curul que ocupa la Honorable Concejal BERTILDA RAMÍREZ
VALDERRAMA, identificada con cédula (…) elegida como concejal
para el período constitucional 2020- 2023 por el PARTIDO
CONSERVADOR COLOMBIANO como consecuencia de
investigaciones judiciales como autora de la comisión dolosa del delito
de concierto para delinquir, en concurso heterogéneo con los delitos
de corrupción al sufragante en concurso homogéneo y sucesivo en
calidad de coautora, en circunstancias de mayor punibilidad, y se le
impuso MEDIDA DE ASEGURAMIENTO PREVENTIVA DE LA
LIBERTAD DE DETENCIÓN PREVENTIVA EN ESTABLECIMIENTO
DE RECLUSIÓN.

Parágrafo.- Por tratarse de una falta temporal y en cumplimiento de
lo dispuesto por el artículo 4 del Acto Legislativo 02 de 2015 que
modificó el artículo 134 de la Constitución Política, no se ordenará
el reemplazo de la curul, por lo tanto, se declarará silla vacía.

ARTÍCULO SEGUNDO: Para todos los efectos legales, reajústese la
plenaria del concejo municipal, para lo cual se tendrá como número
de miembros la totalidad de integrantes menos la curul de la concejal
BERTILDA RAMÍREZ VALDERRAMA y/o su apoderado.

26
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 23 33 000 2022 00033 01. Archivo 004AnexosDemanda.pdf.Página
91 de 253.

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ARTÍCULO CUARTO: La presente resolución rige a partir de la fecha
de su expedición.

[…]”. (mayúsculas y negrillas originales)

3.4. El 24 de junio de 2021 el Juzgado Primero Penal Municipal de Garzón,
Huila, expidió la boleta de libertad nro. 0009, en la que se comunicó que,
en la fecha, en audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de
términos, se ordenó la libertad inmediata, entre otras personas, de la
señora Bertilda Ramírez Valderrama 27.

3.5. Está acreditado que, mediante la Resolución administrativa nro. 003
del 13 de enero de 2022, expedida por la mesa directiva del concejo
municipal de El Agrado, Huila, se dio por terminada la vacancia temporal
de la curul de la concejal Bertilda Ramírez Valderrama y se ordenó su
posesión 28.

4.- Análisis de la Sala

La Sala advierte que concretará el examen del asunto a la causal con
fundamento en la cual el a quo decretó la desinvestidura de la señora
Bertilda Ramírez Valderrama como concejal del municipio de El Agrado,
Huila, período constitucional 2020 - 2023, esto es, la señalada en el
numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, que dispone:

“ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS,
CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS
DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y
concejales municipales y distritales y miembros de juntas
administradoras locales perderán su investidura:

(…)

27
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 41001 23 33 000 2022 00033 01. Archivoprocesopenal.pdf.
28
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
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3. Por no tomar posesión del cargo dentro de los tres (3) días
siguientes a la fecha de instalación de las asambleas o concejos, según
el caso, o a la fecha en que fueren llamados a posesionarse.

(…)

Parágrafo 1º. Las causales 2 y 3 no tendrán aplicación cuando medie
fuerza mayor (…)”.

Acorde con la jurisprudencia de la Corporación, la finalidad de esta causal
es garantizar el principio democrático de representación política porque
obliga a los miembros de las corporaciones públicas elegidos
popularmente a asumir el ejercicio del mandato que le confirió el pueblo
a través de su voto, so pena de la sanción prevista en la ley 29.

Al efecto, se ha explicado que el elegido contrae un compromiso con sus
electores y con la institución, por lo que no tomar posesión “implica una
ruptura del pacto político existente entre el elector o la institucionalidad
y el elegido, llamado o designado, elemento fundamental de la
democracia representativa; es decir, esta causal exige que la confianza
depositada por el elector (…) no resulte frustrada por la decisión unilateral
e injustificada del representante o senador [concejal] de no presentarse
a la posesión del cargo sin que medie fuerza mayor que así lo avale” 30.

Esta Sección también ha dicho que, de la disposición en cita, se desprende
que “(…) los ciudadanos que han sido elegidos por el voto popular como
miembros de una corporación administrativa de carácter territorial tienen
el deber legal de tomar posesión del cargo dentro del término
perentorio previsto en ella, so pena de incurrir en causal de pérdida de
investidura. Esta consecuencia, sin embargo, no opera cuando medie

29
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de
mayo de 2019. C.P. William Hernández Gómez. Expediente radicación nro. 11001 03 15
000 2018 03883 01; Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.
Sentencia del 9 de junio de 2022. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación
nro. 08001-23-33-000-2020-00573-01.
30
Ibídem.

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fuerza mayor que impida al elegido cumplir con tal obligación” 31.
(negrillas originales)

En este punto, valga precisar que el a quo decretó la desinvestidura de la
acusada bajo la consideración que debió tomar posesión del cargo de
concejal dentro de los tres días siguientes a la fecha en que recuperó la
libertad, lo que se produjo el 24 de junio de 2021, y que la fuerza mayor
que le impidió posesionarse podía predicarse durante el tiempo en que
estuvo privada de la libertad, pero no de allí en adelante; y como se
posesionó hasta el 3 de enero de 2022, había lugar a decretar su
desinvestidura.

A su turno, la acusada alega que, dado que lo controvertido en el escrito
de pérdida de investidura fue que no tomó posesión del cargo de concejal
dentro de los tres días siguientes a la fecha de instalación del concejo,
solo frente a esos hechos pudo ejercer su defensa, por lo que no había
lugar a decretar su desinvestidura por la falta de posesión dentro de los
tres días siguientes a la fecha en que recuperó su libertad, con lo cual se
le vulneró su derecho al debido proceso.
Por lo tanto, la Sala para determinar si le asiste o no razón a la recurrente,
examinará lo siguiente:

Los requisitos que deben estar reunidos para la configuración del
elemento objetivo de la causal invocada, son:

(i) Que el acusado haya sido elegido concejal.
(ii) Que no se posesione en el cargo dentro de los tres (3) días siguientes
a la fecha de la instalación del concejo o a la fecha en que sean llamados
a posesionarse.

31
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 10 de noviembre de 2017. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro.
66001-23-33-002-2016-00055- 01 (PI).

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Examinados en el caso concreto, se observa:

• La acusada fue elegida como concejal: Está acreditado en el proceso
que la señora Bertilda Ramírez Valderrama fue elegida concejal del
municipio de El Agrado, Huila, por el partido Conservador, para el período
constitucional 2020-2023.

• Que no se haya posesionado en el cargo dentro del término
señalado en la ley:

Como se precisó en líneas precedentes, el concejal elegido tiene el deber
de tomar posesión del cargo dentro de los tres días siguientes a la fecha
de la instalación del concejo, o la fecha en que fueren llamados a
posesionarse.

Para distinguir cuándo se entiende materializado el acto de posesión de
los concejales, la Sala ha explicado32:

“[…] El artículo 35 de la Ley 136 de 2 de junio de 199433, regula tanto
la instalación de los concejos municipales como la elección de sus
funcionarios así:

“[…] Artículo 35. Elección de funcionarios. Los concejos se
instalarán y elegirán a los funcionarios de su competencia en
los primeros diez días del mes de enero correspondiente a la
iniciación de sus períodos constitucionales, previo señalamiento
de fecha con tres días de anticipación. (…).

[…]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).

Una vez instalados los concejos municipales y en consonancia con el
artículo 122 Superior, el artículo 49 de la Ley 136 establece que los

32
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 28 de enero de 2021. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación nro.
68001-23-33-000-2020-00032-01 (PI).
33
“[…] Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios […]”.

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concejales se posesionarán en sus cargos ante el presidente de la
respectiva corporación (…).

De igual forma, en cuanto a estos actos de posesión de los concejales
y de instalación de los concejos, en sentencias de 27 de abril de 200634
y de 19 de junio de 200835, la Sala precisó:

“[…] Para resolver, debe precisarse que la posesión es el acto de
prestar ante el funcionario el juramento que ordena el artículo
122 de la Constitución Política. De este acto da fe un acta,
suscrita por quien toma el juramento y quien lo pronuncia. Sin
esta solemnidad no puede entrarse a servir ningún cargo. La
posesión es una declaración de voluntad administrativa, que
tiene consecuencias jurídicas36.

La instalación es un acto de la Corporación como tal y que se
celebra por una sola vez, al iniciarse el período constitucional.

A su turno, la iniciación del período de sesiones supone el acto de
instalación en que debieron posesionarse sus miembros […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).

Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de
la Constitución Política, en consonancia con lo dispuesto en el artículo
49 de la Ley 136, todos los servidores públicos, categoría a la cual
pertenecen los concejales, deberán posesionarse de manera previa al
ejercicio de su cargo, o lo que es lo mismo, prestar juramento de
cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes
correspondientes, por cuanto es tal acto el que los vincula
directamente con sus deberes, derechos y responsabilidades
institucionales37. […]”. (Negrillas y subrayas originales en la
providencia).

En este evento, las partes coinciden en que la señora Ramírez Valderrama
no tomó posesión del cargo de concejal del municipio de El Agrado, Huila,
para el período 2020-2023 en la fecha que se instaló el concejo en enero

34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 27 de abril de 2006, número único de radicado 23001-23-31-000-2004-00059-02,
consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade.
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia
de 19 de junio de 2008, número único de radicado 70001-23-31-000-2006-00531-01,
consejero ponente doctor Camilo Arciniegas Andrade.
36
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto de 16 de marzo de 1993,
expediente núm. 501, consejero ponente doctor Humberto Mora Osejo.
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de
marzo de 2017, número único de radicado 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero ponente
doctor Carlos Enrique Moreno Rubio (E). Ver también: Corte Constitucional, sentencia C-247 de
1995, y Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto núm. 1135 de 22 de julio de
1998.

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del año 2020 por encontrarse privada de la libertad. Precisamente, el
presidente del concejo municipal le dirigió una comunicación el 2 de enero
de 2020 a la Juez Octavo Penal Municipal de Neiva, con funciones de
control de garantías, indicándole que no había sido posible llevar a cabo
la posesión de la señora Ramírez Valderrama y que era de conocimiento
público que estaba privada de la libertad, lo que afectaba el quórum para
deliberar y decidir, razón por la cual solicitaba le informara sobre la
situación judicial de la concejal.

El parágrafo primero del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 establece un
eximente de responsabilidad para la causal que aquí se endilga,
consistente en que no se configura cuando medie fuerza mayor; así lo
precisó la Corte Constitucional en la sentencia SU-632 de 2017 al explicar:

“[…] 4.4. La fuerza mayor como eximente de responsabilidad
de cara a la causal de pérdida de investidura por
incumplimiento del deber de posesión en el cargo

Como se indicó, el artículo 48 de la Ley 617 de 2000 establece los
casos en los cuales los diputados, concejales municipales y distritales
y miembros de juntas administradoras locales pueden perder su
investidura. El numeral 3 indica que una de las causales para recibir
la sanción es no tomar posesión del cargo dentro de los tres días
siguientes a la instalación de la respectiva Corporación. Por su parte,
el parágrafo 1° de dicha norma establece que la causal citada no
tendrá aplicación cuando medie fuerza mayor.

La fuerza mayor, como eximente de responsabilidad, está señalada en
el artículo 64 del Código Civil (subrogado por artículo 1º de la Ley 95
de 1890), el cual dispone que: “[s]e llama fuerza mayor o caso
fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio,
un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad
ejercidos por un funcionario público. etc.”. Esta causal, por tanto,
requiere para obrar como justificación reunir un conjunto de
características, las cuales son básicamente: (i) que el hecho
sea irresistible; (ii) que sea imprevisible y (iii) que sea externo
respecto del obligado.

(…)

En este orden de ideas, es claro para la Corte que para que se
constituya la causal de exoneración descrita en el parágrafo 1º del
artículo 48 de la Ley 617 de 2000, es necesario que se presente el
fenómeno de fuerza mayor, el cual para su configuración requiere que

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quien alega la existencia de la misma pruebe que la decisión fue
externa, es decir, no intervino la voluntad del interesado en su
adopción, ni haya tenido control sobre la situación.

[…].” (subrayas ajenas)

La fuerza mayor se trata entonces de un eximente de responsabilidad que
busca romper el nexo para la estructuración de la causal; en
consecuencia, la Sala pasa a determinar si en este evento la conducta de
la acusada está justificada en fuerza mayor y, para ello, recuerda que la
jurisprudencia de esta Corporación ha entendido el concepto en la forma
señalada en la legislación civil, así 38:

“[…] 80. Visto el artículo 1.º de la Ley 95 de 2 de diciembre de 1890,
sobre reformas civiles, que subrogó el artículo 64 del Código Civil, “[…]
Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es
posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento
de enemigos, los actos [i.e] de autoridad ejercidos por un funcionario
público, etc. […]” (Destacado fuera de texto).

81. La definición legal establece un concepto unitario y conjunto de
las instituciones procesales que han sido denominadas como causa
extraña, al punto de señalar que el caso fortuito y la fuerza mayor se
constituyen por un “[…] imprevisto a que no es posible resistir […]”39.
No obstante lo anterior, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
diferenciado las dos figuras […]”.

En esa medida, la fuerza mayor es una situación imprevisible que es
imposible de resistir, por lo que dicho concepto envuelve las
características de imprevisible, irresistible y exterior. Así se ha
explicado40:

“[…] 82. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo

38
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 29 de
octubre de 2019. C.P. Hernando Sánchez Sánchez. Expediente radicación nro. 11001-
03-15-000-2018-02616- 01 (PI). (Acumulados 11001-03-15-000-2018-02616-01 y
11001-03-15-000-2018-02672-00).
39
Es importante resaltar que en el derecho internacional no se distingue entre el
concepto de fuerza mayor y caso fortuito. Se trata de la misma figura, entendida como
el imprevisto a que no es posible resistir.
40
Ibídem.

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23

Radicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01
Solicitante: Duby Leici Ortíz

de Estado, mediante sentencia proferida el 28 de mayo de 201941,
consideró que la configuración del fenómeno jurídico de fuerza mayor
debía cumplir tres requisitos, a saber: imprevisibilidad, irresistibilidad
y exterioridad. La sentencia los precisó de la siguiente manera:

83. La imprevisibilidad significa que “[…] quien aduce el hecho como
constitutivo de fuerza mayor estuvo impedido para actuar con el fin
de evitar sus consecuencias porque no podía prever con anterioridad
su ocurrencia; es decir, que no había alguna razón especial para que
el sujeto pensara que se produciría el acontecimiento que configura la
fuerza mayor. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de
Justicia, explica que el hecho imprevisible es aquel «que dentro de las
circunstancias normales de la vida, no sea posible contemplar por
anticipado su ocurrencia […]”.

84. La irresistibilidad implica que “[…] el cumplimiento de la
obligación se torne imposible pese a la conducta prudente adoptada
por el sujeto. Es decir, hace referencia a que quien alegue la fuerza
mayor debe probar que la situación que invoca conllevó la
imposibilidad de cumplir o de obrar de manera diferente a como lo
hizo; por lo tanto, no se trata de una simple dificultad sino de un
verdadero obstáculo insuperable […]”.

85. La exterioridad o extrañeza significa que “[…] no puede alegar
esa causa quien ha contribuido con su conducta a la realización del
hecho alegado; es decir, el afectado no puede haber intervenido en la
situación que le imposibilitó cumplir su deber u obligación, de forma
que no haya tenido control sobre la situación ni injerencia en esta. Por
esa razón el acontecimiento no puede ser imputable a la persona […]”.
Señala, además, que la exterioridad se concreta en que el
acontecimiento o circunstancia que se invoca como causa extraña,
también debe resultarle ajeno jurídicamente a quién lo alega; es decir,
quien lo alega no debe tener control sobre la situación, ni injerencia
en la misma y no debe tener el deber jurídico de responder. […]”.
(negrillas en la providencia)

En el asunto bajo examen, está acreditado que, para la fecha en que se
instaló el concejo del municipio de El Agrado, Huila, en el mes de enero
de 2020, la señora Bertilda Ramírez Valderrama estaba privada de la
libertad por cuenta del Juzgado Octavo Penal Municipal de Neiva, con
funciones de control de garantías, que le impuso medida de
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión y

41
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo; sentencia proferida
el 28 de mayo de 2019; proceso identificado con el número único de radicación
110010315000201803883-01; Consejero Ponente, doctor William Hernández Gómez.

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Solicitante: Duby Leici Ortíz

se libró en su contra la boleta de detención y/o encarcelación nro. 90 del
21 de diciembre de 2019.

En consecuencia, se desprende que la acusada no tomó posesión del
cargo de concejal dentro de los tres días siguientes a la instalación del
concejo del municipio de El Agrado, Huila, en enero del año 2020, por un
hecho que puede calificarse de imprevisible, irresistible y extraño, como
lo fue encontrarse privada de la libertad, sin que tuviera control o
injerencia de tal situación, puesto que le fue impuesta por una autoridad
judicial.

Frente al hecho constitutivo de fuerza mayor por privación de la libertad
de un congresista, [que también puede predicarse para el caso bajo de
los concejales], esta Corporación en sentencia proferida el 28 de mayo de
2019 explicó 42:

“[…] La Sala observa que en una primera fase la jurisprudencia de la
Corporación concluyó que la detención preventiva no constituye fuerza
mayor respecto de la causal invocada porque el proceso penal y su
detención no le son ajenos o extraños al congresista .

(…)

En un segundo momento esta Corporación concluyó que la detención
preventiva sí constituye fuerza mayor, porque ni el proceso penal ni
la privación de la libertad le son imputables al congresista en virtud
de la presunción de inocencia, y por tanto, tiene efecto exonerativo.

(…)

La Sala ratificará esta segunda y actual postura, porque es la que más
se ajusta a los postulados constitucionales y legales y a la garantía de
una interpretación pro homine o pro persona.

(…)

En efecto, el análisis de responsabilidad en el procedimiento de
pérdida de investidura debe ser subjetivo, dado su carácter
sancionador como expresión del ius puniendi estatal. Por esta razón,

42
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de
mayo de 2019. C.P. William Hernández Gómez. Expediente radicación nro. 11001 03 15
000 2018 03883 01 (PI).

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Radicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01
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la Sala considera que como la finalidad de la causal invocada es
sancionar la ruptura voluntaria del compromiso del congresista frente
al pueblo que representa, no es viable concluir que por el solo hecho
de que la persona sea privada de su libertad por una medida de
aseguramiento o detención preventiva, en el tramite un proceso penal
o solicitud de extradición, dicha situación es indefectiblemente
imputable para efectos de la causal de pérdida de investidura. Una
conclusión de tal magnitud, solo puede sustentarse con la sentencia
penal condenatoria proferida por el juez competente.

(…)

Por lo tanto, la privación de la libertad en el marco de un proceso penal
o de un trámite administrativo de extradición para afrontar un proceso
penal en el exterior, no permiten concluir a priori -en este juicio
sancionatorio de pérdida de investidura-, que el hecho que la originó
es imputable o atribuible al congresista que está pendiente de
posesión […]”.

De contera, el hecho de que la acusada estuviera privada de la libertad
por estar vinculada a un proceso penal en curso que se seguía en su
contra sí constituye fuerza mayor y ello le impidió tomar posesión del
cargo de concejal dentro de los tres días siguientes a la fecha de la
instalación del concejo, conclusión a la que también arribó el a quo.

Ahora bien, advierte la Sala que, pese a lo anterior, el a quo decidió
decretar la desinvestidura de la acusada bajo la consideración que no
tomó posesión del cargo de concejal dentro “de los tres días siguientes a
la fecha en que recuperó su libertad”, es decir, en otro momento distinto
al que se le imputó en la demanda.

En ese sentido, le asiste razón a la acusada cuando alega que se vulneró
su derecho de defensa, comoquiera que la sentencia tiene que ser
congruente con el objeto del litigio y los hechos esgrimidos por el
accionante, por expresa disposición legal, establecida para amparar el
derecho a la defensa del acusado en el proceso, lo que le exige al juez
decidir el caso atendiendo la causal de pérdida de investidura que invoca
el solicitante y los hechos en que dice fundamentarla.

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Radicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01
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Por consiguiente, dado que la solicitud de desinvestidura se sustentó en
que la acusada no tomó posesión del cargo dentro de los tres días
siguientes a la instalación del concejo, no podía hacerse extensiva la
causal para decretarla con fundamento en que no se posesionó dentro de
los tres días siguientes a la fecha en que recuperó su libertad, por no
tratarse del reproche endilgado y frente al cual la acusada no ejerció su
derecho de defensa.

Esta Sección ha dicho sobre la labor de interpretación de la demanda de
pérdida de investidura lo siguiente43:

“[…] Para efectos del análisis de la controversia, es menester
recordar que la Corporación en múltiples oportunidades ha
procedido, en atención al principio de prevalencia del derecho
sustancial, a interpretar la demanda, sin que en dicha labor, el juez
pueda sobrepasarse el límite fijado por el interesado .
(…)

Tratándose del medio de control de pérdida de investidura,
tenemos que el artículo 4 de la Ley 144 de 199444, establece los
requisitos mínimos que debe contener la solicitud de pérdida de
investidura, dentro de los que se encuentra la invocación de la
causal por la cual se solicita la pérdida de la investidura y
su debida explicación (literal c).
(…)

Sin embargo, esta labor de los jueces solo puede tener lugar en los
eventos en que exista falta de claridad, vaguedad o ambigüedad
en el escrito, y que a pesar de ellas, sea posible desentrañar el
sentido que decidió imprimirle el demandante, sin que ello
implique, de modo alguno, desquiciar los ejes básicos de la misma,
labor que en modo alguno supone el desconocimiento del carácter
rogado de esta jurisdicción ni la sustitución o relevo de las cargas
impuestas por la ley a las partes.

43
Consejo de Estado- Sala de lo Contencioso Administrativo- Sección Primera. Sentencia
del 13 de octubre de 2016. Expediente radicación nro. 810012339000 2016 00014 01.
Medio de control de pérdida de investidura. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
44
Dicha disposición legal es aplicable por virtud del artículo 55 de la Ley 136 de 1994,
que al tenor señala: «(…) ARTÍCULO 55. PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE
CONCEJAL. (…) La pérdida de la investidura será decretada por el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de la respectiva jurisdicción, siguiendo el procedimiento
establecido para los congresistas, en lo que corresponda».

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Radicación: 41001 23 33 000 2022 00033 01
Solicitante: Duby Leici Ortíz

En relación con las solicitudes de pérdida de investidura, lo anterior
se torna razonable en la medida en que la institución de la pérdida
de investidura tiene un evidente carácter sancionatorio y entraña
sanciones de mucha gravedad. De una parte, se le priva al
demandado de la calidad que tenía y es separado de las funciones
que ejercía y, de otra parte, acarrea una inhabilidad permanente
consistente en que el afectado no puede volver a ejercer cargos de
elección popular.

[…]” (negrillas en la providencia, subrayas de la Sala)

Así las cosas, la Sala estima que al tribunal de instancia le estaba vedado
sobrepasar los límites fijados por el solicitante, máxime tratándose de la
acción de pérdida de investidura, dado su evidente carácter sancionatorio
y, en consecuencia, no había lugar a decretar la desinvestidura de la
acusada.

Por los motivos analizados y sin ser necesario descender en otras
consideraciones, la Sala revocará la decisión proferida por el Tribunal de
instancia y, en su lugar, denegará la pérdida de investidura de la concejal
acusada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FA LLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 21 de abril de 2022, por
el Tribunal Administrativo del Huila, y en su lugar, negar las pretensiones
de la demanda, por las razones explicadas en la parte motiva.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, remítanse las diligencias al
Tribunal de origen.

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Solicitante: Duby Leici Ortíz

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.

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29

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