RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 41001-23-33-000-2022-00199-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2022-00199-01

Fecha
30 de marzo de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2022-00199-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 7 de febrero de 2023 del Tribunal Administrativo del Huila para, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda de cumplimiento. SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO. En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 41001-23-33-000-2022-00199-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

30 de marzo de 2023

Demandante: Personería Municipal de Isnos (HUILA)
Demandado: Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional
Radicación: 41001-23-33-000-2022-00199-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 41001-23-33-000-2022-00199-01
Demandante: PERSONERÍA MUNICIPAL DE ISNOS (HUILA)
Demandado: NACIÓN — MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL —
POLICÍA NACIONAL — ESTACIÓN DE POLÍCIA DE ISNOS
(HUILA)

Tema: Revoca orden de cumplimiento para, en su lugar, negar las
pretensiones de la demanda. El artículo cuya orden se dispuso
en primera instancia no contiene un mandato imperativo e
inobjetable

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por el extremo pasivo contra la
sentencia de 7 de febrero de 2023. En la desición mencionada, el Tribunal
Administrativo del Huila ordenó el cumplimiento del artículo 19 de la Ley 62 de
19931.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de cumplimiento

En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, el personero
municipal de Isnos (Huila) presentó demanda contra la Nación –– Ministerio de
Defensa Nacional — Policía Nacional — estación de Policía de Isnos (Huila). A su
juicio, es continúa la falta de atención a los sucesos que requieren una reacción
inmediata y controles permanentes por parte de la demandada en el municipio;
por tato, en el escrito se pretendió el obedecimiento de los artículos 5.º, 8.º y 19
de la Ley 62 de 1993, de la siguiente manera:

1. Se reconozca el incumplimiento de las normas aquí inculcadas.

2. Se ordene y garantice el cumplimiento del artículo 5, 8 y 19 de la Ley 62 de 1993
y en consecuencia se exhorte POLICIA NACIONAL – ESTACIÓN DE POLICIA DE

1
«Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un establecimiento público de
seguridad social y Bienestar para la Policía Nacional, se crea la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República».

1
Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Personería Municipal de Isnos (HUILA)
Demandado: Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional
Radicación: 41001-23-33-000-2022-00199-01

ISNOS HUILA al ejercicio de la autoridad policial en el territorio rural del municipio
de Isnos Huila, en razón al mandato legal inadvertido[2].

2. Hechos

2.1. La autoridad accionante manifestó que el alcalde del municipio de Isnos
(Huila) dispuso la reducción de los horarios de funcionamiento de los
establecimientos de comercio de «venta de licores y diversión nocturna», por
medio de los Decretos 041 de 10 de mayo y 055 de 19 de julio de 2022. Sostuvo
que dichas medidas administrativas, posiblemente, estimularon el aumento de
esas actividades y los casos de lesiones personales sufridas por la población de la
zona rural de ese ente territorial, según consta en el oficio de reporte n.º 200-35-
02-2022/200 de 29 de julio de 2022 de la E.S.E. Hospital San José.

2.2. La parte actora indicó que la convivencia y el orden público en el municipio se
han visto perturbados. Que la comunidad3 y las propias autoridades municipales4
presentaron diversas quejas a la Personería, en donde se expresa «… la falta de
asistencia por parte de la Policía Nacional - Estación de Policía de Isnos Huila
frente a los casos de Policía…». Agregó que dicha problemática se expuso en
diferentes consejos de seguridad en el año 20225.

2.3. La Personería solicitó el cumplimiento de los artículos 5.º, 8.º y 19 de la Ley
62 de 1993 a la estación de Policía de Isnos (Huila), por medio de oficio PMI-663-
2022 de 26 de agosto de 2022.

2.4. En respuesta de 16 de octubre de 20226, el comandante de la estación le
indicó al actor que ha realizado la mayoría de los acompañamientos requeridos
por las diferentes dependencias de la Alcaldía; no obstante, aceptó que no fue
posible en algunos casos, en razón a la escasez de personal y por las
instrucciones del alto mando que, de acuerdo con informes de inteligencia,
alertaron sobre atentados contra la fuerza pública. Señaló que los
desplazamientos de los uniformados deben ser coordinados con miembros del
Ejército y que, pese a que intentó la concurrencia de la fuerza militar, no obtuvo
respuesta por parte de la institución castrense.

2
Se transcribe tal cual incluso con posibles errores.
3
El Personero destacó las quejas e insistencia del presidente y vicepresidente de la Junta de
Acción Comunal de la vereda Bordones (Isnos – Huila).
4
El actor refirió a los siguientes oficios: C.F.J. 308-2022 de 7 de septiembre de 2022 de la
Comisaria de Familia de Isnos, 2022CJ001311 – 1 de 6 de septiembre de 2022 y 2022CS001255-3
de 25 de agosto de 2022 de la Secretaría de Desarrollo Social y Económico del municipio de Isnos
y 2022CS001312-1 de 7 de septiembre de 2022 y 2022CS001328-1 de 9 de septiembre de 2022
de la secretaría de Gobierno y Dirección Administrativa.
5
El accionante aportó las actas de los siguientes consejos de seguridad: 001 de 31 de enero de
2022, 007 de 15 de junio de 2022, y 008 de 13 de julio de 2022 y 010 de 1º de septiembre de 2022.
6
radicado GS-2022-09305- Deuil/Dipit-Estis-1.10.

2

Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Personería Municipal de Isnos (HUILA)
Demandado: Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional
Radicación: 41001-23-33-000-2022-00199-01

2.5. El accionante señaló que obtuvo información del Batallón de Infantería 27
(Magdalena) en donde se le manifestó que no es propio de las funciones del
Ejército atender los casos de policía, en el oficio 2022801000905071 de 28 de
abril de 2022. Igualmente, el personero expresó que el comandante de la estación
de Policía de Isnos comunicó a la alcaldesa del municipio que presta la atención a
los casos de policía en la zona rural del ente territorial.

En criterio del accionante, lo anterior denota el incumplimiento de los deberes de
la accionada y que las razones que expuso el comandante de la estación de
Policía del municipio no son ciertas. Precisó que el grupo Cobras de la Policía y el
Ejército realizaron operaciones coordinadas en la vereda Bordones solo el 18 de
septiembre y 21 de octubre de 2022. No obstante; a su juicio, es continúa la falta
de atención a los sucesos que requieren una reacción inmediata y controles
permanentes por parte de la Policía Nacional, toda vez que la ciudadanía rural
tiene la percepción de que no existe la ley ni la autoridad.

3. Admisión de la demanda y decreto de pruebas

En auto de 29 de noviembre de 20227, el magistrado ponente del Tribunal
Administrativo del Huila admitió la demanda y ordenó la notificación de lo decidido
al demandante y a la Nación –– Ministerio de Defensa Nacional — Policía
Nacional — estación de Policía de Isnos (Huila). Asimismo, tuvo como pruebas los
documentos aportados por el personero actor.

Posteriormente, en providencia de 16 de enero de 2023, el magistrado
sustanciador del asunto negó el decreto de las pruebas solicitadas por el extremo
pasivo por considerarlas innecesarias. De oficio, dispuso las siguientes:

(1) Ordenó a la Comisaría de Familia, a la Secretaría de Desarrollo Social y
Económico, a la Secretaría de Gobierno y Dirección Administrativa y a la Alcaldía
del Municipio de Isnos que (i) certificaran si persistía la negativa de la Policía
Nacional para el acompañamiento a las zonas rurales del municipio mencionado, y
(ii) que remitieran copia de las actas de los consejos de seguridad realizados con
su intervención en el año 2022;

(2) Requirió al director general de la Policía Nacional y al comandante de Policía
del departamento del Huila para que certificaran si durante el año 2022 se prohibió
a los integrantes de la estación de Policía del municipio de Isnos que salieran y
realizaran actividades de control y de apoyo a las autoridades municipales en la
zona rural de ese ente territorial;

7
Previamente, el magistrado ponente del Tribunal requirió al actor para que acreditara su calidad
de personero municipal de Isnos (Huila), en auto de 21 de noviembre de 2022.

3

Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Personería Municipal de Isnos (HUILA)
Demandado: Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional
Radicación: 41001-23-33-000-2022-00199-01

(3) Solicitó a los comandantes de la Novena Brigada y del Batallón de Infantería
27 (Magdalena) del Ejército Nacional que informaran si el comandante de la
estación de Policía del municipio de Isnos, durante el año 2022, pidió su
acompañamiento para realizar actividades de control con las autoridades de dicho
municipio en la zona rural del ente territorial y, en caso positivo, que remitieran sus
respectivas respuestas y soportes.

4. Informe

La Nación –– Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional — estación de
Policía de Isnos (Huila) se opuso a la prosperidad de la demanda. Aseveró que
cumple a cabalidad con sus funciones en la jurisdicción del municipio, de acuerdo
con las capacidades institucionales disponibles.

La accionada ratificó que se redujeron los horarios de funcionamiento de los
establecimientos de comercio. Sin embargo, alegó que la información de la E.S.E.
Hospital San José no permite concluir que las lesiones y accidentes de tránsito,
por la ingesta de alcohol, son producto de la falta de atención de la Policía
Nacional. Explicó que el deber de control se encuentra a cargo de todas las
autoridades de policía, incluso las municipales, conforme a los artículos 18 y 19 de
la Ley 1801 de 2016.

Asimismo, señaló que solicitó al Ejército Nacional su acompañamiento en distintas
ocasiones para los desplazamientos en la zona rural, ante las alertas de
inteligencia sobre posibles atentados en contra de la fuerza pública, pero no
recibió respuesta. En consecuencia, se indicó que el personal de la estación de
Policía de Isnos no realizó algunos acompañamientos en la zona porque no podía
correr el riesgo de ataques por grupos armados ilegales. En todo caso, se precisó
que las inconformidades frente al funcionamiento de los establecimientos de
comercio del municipio fueron abordadas en el consejo de seguridad de 15 de
junio de 2022 en donde se suscribió el compromiso de emitir un decreto para
componer el orden público en cabeza de la Secretaría de Gobierno y su
cumplimiento por parte de la comunidad, la Policía Nacional, el Ejército Nacional y
la Administración municipal.

5. Sentencia de primera instancia

Por medio de decisión de 7 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo del Huila
resolvió:

PRIMERO: DECLARAR que la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, ha
omitido el cumplimiento parcial del artículo 19 de la Ley 62 de 1993 en lo atinente a
la zona rural del municipio de Isnos - Huila.

4

Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Personería Municipal de Isnos (HUILA)
Demandado: Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional
Radicación: 41001-23-33-000-2022-00199-01

SEGUNDO: ORDENAR a la Nación- Ministerio de Defensa - Policía Nacional que
dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión, adopte las
actuaciones administrativas, policiales, de mando, planeación, ejecución y demás
que sean necesarias, para que en forma inmediata se cumpla lo dispuesto en el
artículo 19 de la Ley 62 de 1993 relacionado con: i) prestar el auxilio que requiere la
ejecución de las providencias administrativas en el ámbito rural del municipio de
Isnos y, ii) ejercer de manera permanente las funciones de vigilancia urbana, rural y
cívica, vigilancia y protección de los recursos naturales relacionados con la calidad
del medio ambiente, la ecología y el ornato público, en el ámbito rural del municipio
de Isnos.

TERCERO. ORDENAR que, dentro del mismo término señalado en el resolutivo
anterior, la Nación- Ministerio de Defensa - Policía Nacional, por conducto de su
Director o la persona que él delegue, adelante y realice los acuerdos o convenios
inter-institucionales que permitan y garanticen el acompañamiento del Ejército
Nacional a los policiales que prestan sus servicios en la estación de Policía de
Isnos, de manera que haya cabal cumplimiento de las funciones señaladas en el
artículo 1[9] de la de la Ley 62 de 199[3][8] en la zona rural de dicho municipio. Copia
de lo actuado se remitirá de inmediato a esta Corporación. […]

El a quo indicó que los artículos 5.º y 8.º de la Ley 62 de 1993 son disposiciones
de carácter general; por lo tanto, no contienen una orden perentoria que sea
exigible a la demandada. Explicó que, el primer artículo citado, definió a la
institución policial y, el segundo, «… aunque alude a la obligatoriedad de intervenir
“frente a los casos de policía”, es una obligación en abstracto que se materializa
de manera específica en los casos que la constitución o la ley señalan como casos
de policía».

Sobre el artículo 19 de la Ley 62 de 1993, el Tribunal consideró que «… si bien
está nominado como “Funciones Generales”, en manera alguna esa generalidad
implica indeterminación …». Explicó que la norma citada contiene los deberes
claros, expresos y exigibles de: (i) proteger a todas las personas residentes en
Colombia; (ii) garantizar el ejercicio de las libertades públicas y derechos que de
estas se deriven; (iii) prestar el auxilio que requiere la ejecución de las leyes y las
providencias judiciales y administrativas; (iv) ejercer de manera permanente las
funciones de vigilancia y protección de los recursos naturales relacionados con la
calidad del medio ambiente, la ecología y el ornato público, en los ámbitos urbano
y rural.

De acuerdo con lo anterior, señaló que son imperativos de ejecución inmediata
«…pues no están sujetos a plazos o condiciones, especialmente en lo relacionado
con la obligación de prestar auxilio en la ejecución de providencias administrativas
y llevar a cabo la vigilancia rural».

A partir de las pruebas decretadas en el proceso, la Sala encontró acreditado que
la estación de Policía de Isnos no ejerció sus funciones en la zona rural en el

8
Por error mecanográfico se indicó el número «5».

5

Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Personería Municipal de Isnos (HUILA)
Demandado: Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional
Radicación: 41001-23-33-000-2022-00199-01

2022. Sostuvo que si bien la demandada alegó la falta de personal y la
imposibilidad de realizar acompañamientos a las autoridades del municipio sin la
coordinación con el Ejército Nacional «… no especificó la época donde hubo
carencia de personal ni acompañó los oficios solicitando el apoyo del Ejército y por
eso, en sentir de la Sala, ello no acaeció durante todo el año 2022 para que de
esa manera pudiera relevarse de la obligación de vigilancia de la zona rural y de
hacer el acompañamiento a las autoridades municipales en las ocasiones que le
fue solicitado». En todo caso, a partir de las pruebas decretadas de oficio
(certificaciones y anexos que el comisario de familia y el secretario de Gobierno y
director administrativo del municipio allegaron al proceso), el a quo encontró
demostrado que la accionada se negó al acompañamiento en algunas
oportunidades en el 2022.

Seguidamente, el Tribunal señaló que, ocasionalmente, el extremo pasivo realizó
el control policial en la zona rural, pero concluyó que

… no hubo una adecuada, oportuna y permanente prestación de las funciones de
asistencia y vigilancia consagradas en el artículo 1[9] de la de la Ley 62 de 199[3][9]
a que se hizo referencia y ameritan acoger el amparo incoado. No desconoce el
Tribunal que en algún tiempo la estación de policía del municipio de Isnos, recibió
instrucciones de los mandos superiores donde dispusieron abstenerse de realizar
actividades en la zona rural o llevarlas a cabo con apoyo del Ejército nacional, para
salvaguardar la seguridad de los integrantes de la institución, más, sin embargo,
esas directrices no pueden ser una cortapisa para que de manera permanente se
dejen de cumplir las atribuciones que le corresponden a la entidad…[10].

6. Impugnación

La parte accionada solicitó revocar las órdenes de la sentencia de primera
instancia. Consideró que el Tribunal incurrió en defecto fáctico. Primeramente,
reiteró su argumentación en cuanto a que las pruebas aportadas por el personero
municipal no acreditan el incumplimiento endilgado. Segundamente, señaló que la
documental decretada de oficio y que permitió concluir la desatención de las
funciones del artículo 19 de la Ley 62 de 1993, si bien dan cuenta de que no se
realizó el acompañamiento a las autoridades municipales en el año 2022, lo fue
porque no hay el personal suficiente en la estación de Policía de Isnos y en la
medida en que debió contar con la coordinación del Ejército Nacional para el
desplazamiento de sus agentes. En todo caso, alegó que en el año 2023 ha
asistido a las diversas autoridades del municipio cuando lo han requerido.

En ese sentido, discrepó de la conclusión y valoración probatoria realizada por la
primera instancia y alegó que no tuvo en cuenta que sí aportó diversos oficios y
poligrafías que dan cuenta de los requerimientos que hizo al Ejército Nacional
para coordinar el acompañamiento a las autoridades municipales y de las

9
Ibidem.
10
Se transcribe tal cual incluso con posibles errores.

6

Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Personería Municipal de Isnos (HUILA)
Demandado: Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional
Radicación: 41001-23-33-000-2022-00199-01

diversas actuaciones de policía que llevó a cabo en el ente territorial para el año
2022. En suma, sostuvo que su actuar se encuentra justificado ante el déficit de
personal, las advertencias de posibles atentados contra la fuerza pública y la falta
de respuesta del Ejército Nacional; por tanto, considera que debe revocarse la
orden de cumplimiento.

En tercer lugar, precisó que «… [l]a actividad de Policía es una labor
estrictamente material y no jurídica, y su finalidad es la de preservar la
convivencia y restablecer todos los comportamientos que la alteren», según la Ley
1801 de 2016. No obstante, alegó que dicha labor está supeditada a las
capacidades institucionales existentes «… es lo que se denomina el principio de
la relatividad de las obligaciones “al Estado se le deben exigir los medios que
corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la
concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente”»11.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 7
de febrero de 2023 del Tribunal Administrativo del Huila, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA,
así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de
2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la
competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de «… las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por
los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

2. Problema jurídico a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 7
de febrero de 2023. Para lo anterior, la Sala plantea los siguientes problemas
jurídicos a resolver:

¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia a la demandada respecto de los artículos 5.º, 8.º y 19 de la Ley 62 de
1993, de conformidad con lo previsto en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?

¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?

11
La impugnante citó «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera
Subsección B, sentencia del 23-05-2018, CP. STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO».

7

Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Personería Municipal de Isnos (HUILA)
Demandado: Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional
Radicación: 41001-23-33-000-2022-00199-01

¿El artículo 19 de la Ley 62 de 1993 contiene los mandatos imperativos e
inobjetables que se pretendieron en la demanda y se debe mantener la orden del
a quo o, por el contrario, corresponde revocar la decisión de primera instancia de
acuerdo con la argumentación de la impugnación?

3. Razones jurídicas de la decisión

La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia; (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto y (iv) el fondo del asunto, esto es, el estudio de la impugnación y lo
concluido por el Tribunal a quo.

3.1. Generalidades

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo12 para que toda persona pueda «… acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido». En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que «[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos».

Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado social de derecho y que dentro de
sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos
y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución Política), el
medio de control permite la realización de este postulado para lograr la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en atención de sus funciones públicas.

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló:

[E]l objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e
incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial

12
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación n.º 20001-23-33-000-2016-
00371-01 (ACU), sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-
00814-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación n.º
11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia
de 23 de junio de 2022, radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.

8

Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Personería Municipal de Isnos (HUILA)
Demandado: Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional
Radicación: 41001-23-33-000-2022-00199-01

para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto
administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este
carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y
efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a
asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo13.

Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir los siguientes requisitos
mínimos:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su imperioso
incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «…
cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio
irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo
8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el rechazo de la acción
de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]14.

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.

(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de
la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la administración
[artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos,
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.

Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde a determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o
del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya
dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º de la
Ley 393 de 1997]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad o no
de la/s pretensión/es formulada/s.

13
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara.
14
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.

9

Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Personería Municipal de Isnos (HUILA)
Demandado: Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional
Radicación: 41001-23-33-000-2022-00199-01

3.2. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica de
aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150.10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política15.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
Administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales «… pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la
efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión
llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no
procede [e]sta acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas
supremas»16.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado17.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales. Lo anterior, se explica en:

[G]arantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea efectuada por el juez
natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido para ello y evitar
la alteración de las competencias que han sido radicadas en las diferentes
jurisdicciones. No puede entenderse que el Constituyente haya creado la acción de
cumplimiento como un instrumento paralelo a los medios judiciales ordinarios; por
ello la causal señalada, le imprime a la acción de cumplimiento el carácter de

15
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce,
providencia de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
16
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación n.º 44001-
23-31-000-2004-0047-01(ACU), M.P. Darío Quiñones Pinilla.
17
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación n.º 76001-
23-31-000-2011-00891-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia (E).

10

Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Personería Municipal de Isnos (HUILA)
Demandado: Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional
Radicación: 41001-23-33-000-2022-00199-01

mecanismo residual y subsidiario. En el evento consagrado como excepción, la
norma habilita al Juez de la acción de cumplimiento para que, pese a la existencia
de un instrumento judicial, se pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero
siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad
e inminencia del perjuicio18.

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,19 a menos que estén apropiados;20 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior21.

3.3. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este22 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.

Sobre este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que «… el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento»23. Igualmente, esta Sección24 ha dicho que:

Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

18
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1 de noviembre de 2012, radicación n.º
76001-23-31-000-2012-00499-01(ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
19
Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación n.º 05001-
23-31-000-2000-4673-01(ACU). M.P. Darío Quiñones Pinilla.
20
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación n.º
25000-23-41-000-2015-00493-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
21
Sentencia antes citada.
22
Sobre el particular esta Sección ha dicho «[l]a Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber
inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la acción por
carecer del requisito de renuencia».
23
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación n.º
2011-01063 (ACU), M.P. Mauricio Torres Cuervo.
24
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación n.º 47001-
23-31-000-2011-00024-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia.

11

Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Personería Municipal de Isnos (HUILA)
Demandado: Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional
Radicación: 41001-23-33-000-2022-00199-01

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de
ley o actos administrativos [25] (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece que
«[c]on el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud».

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición «… tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia». Resulta relevante para la Sala precisar que la
renuencia debe entenderse como la negativa del ente accionado frente a la
solicitud de cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta
oportunamente o porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al
querer del ciudadano»26

En el caso concreto, con la demanda se acompañó copia del escrito de 26 de
agosto de 2022, en el que el actor solicitó al comandante de la estación de Policía

25
[En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24
de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»].
26
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.

12

Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Personería Municipal de Isnos (HUILA)
Demandado: Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional
Radicación: 41001-23-33-000-2022-00199-01

de Isnos (Huila) el obedecimiento de los artículos 5.º, 8.º y 19 de la Ley 62 de
1993. En el documento se aludió a la falta de atención de los casos de
perturbación de la convivencia y orden público en zona rural del ente territorial,
derivados de las quejas de la comunidad y de las dependencias que conforman la
administración municipal.

El 16 de octubre de 2022, el comandante de la estación de Policía respondió al
actor que ha realizado la mayoría de los acompañamientos requeridos por las
diferentes dependencias de la Alcaldía; no obstante, aceptó que no fue posible en
algunos casos por la escasez de personal y las instrucciones del alto mando que,
de acuerdo con informes de inteligencia, alertaron sobre atentados contra la fuerza
pública. Igualmente, señaló que intentó la coordinación con miembros del Ejército
para el desplazamiento de sus agentes, pero no obtuvo respuesta por parte de la
institución castrense.

Lo anterior, resulta suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de
constitución en renuencia respecto de los artículos invocados en las pretensiones
de la demanda. Habida cuenta de que la respuesta emitida por la accionada es
contraria al querer del personero demandante.

3.4. Procedencia de la acción.

La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la observancia de
una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone
determinada actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es
la observancia del ordenamiento jurídico vigente. El demandante invocó como
disposiciones incumplidas los artículos 5.º, 8.º y 19 de la Ley 62 de 1993 que
disponen:

LEY 62 DE 1993
(Agosto 12)
Diario Oficial No. 40.987, de 12 de agosto de 1993
Por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional, se crea un
establecimiento público de seguridad social y Bienestar para la Policía Nacional, se
crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de
facultades extraordinarias al Presidente de la República.

ARTÍCULO 5o. DEFINICIÓN. La Policía Nacional es un cuerpo armado, instituido
para prestar un servicio público de carácter permanente, de naturaleza civil y a
cargo de la Nación. Su fin primordial es el mantenimiento de las condiciones
necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas para asegurar la
paz ciudadana.

ARTÍCULO 8o. OBLIGATORIEDAD DE INTERVENIR. El personal uniformado de la
Policía Nacional, cualquiera que sea su especialidad o circunstancia en que se
halle, tiene la obligación de intervenir frente a los casos de Policía, de acuerdo con
la Constitución Política, el presente Estatuto y demás disposiciones legales.

13

Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Personería Municipal de Isnos (HUILA)
Demandado: Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional
Radicación: 41001-23-33-000-2022-00199-01

ARTÍCULO 19. FUNCIONES GENERALES. La Policía Nacional está instituida para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, garantizar el ejercicio de las
libertades públicas y los derechos que de éstas se deriven, prestar el auxilio que
requiere la ejecución de las leyes y las providencias judiciales y administrativas, y
ejercer, de manera permanente, las funciones de: Policía Judicial, respecto de los
delitos y contravenciones; educativa, a través de orientación a la comunidad en el
respecto a la ley; preventiva, de la comisión de hechos punibles; de solidaridad,
entre la Policía y la comunidad; de atención al menor, de vigilancia urbana, rural y
cívica; de coordinación penitenciaria; y, de vigilancia y protección de los recursos
naturales relacionados con la calidad del medio ambiente, la ecología y el ornato
público, en los ámbitos urbano y rural.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que se pidió el obedecimiento de normas,
cuya vigencia no se advierte afectada por otra disposición normativa o decisión
judicial. Por tanto, el primer requisito para la procedencia de la acción se
encuentra satisfecho.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.º de la Ley 393 de
1997, este mecanismo constitucional no procederá cuando el afectado tenga o
haya tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr el efectivo
obedecimiento de la norma o acto administrativo, salvo que, de no proceder el juez,
se cause un perjuicio grave e inminente para el accionante. Igualmente, esta
Sección en reiterada jurisprudencia27 ha desarrollado «… la existencia de otro
mecanismo judicial», como causal de improcedencia, en aquellos casos en los que
no se acredite un perjuicio irremediable.

En el caso concreto, la Sala considera que la parte actora no cuenta con otro
medio judicial efectivo para lograr que se ordene el acatamiento de los artículos
de 5.º, 8.º y 19 de la Ley 62 de 1993. Asimismo, lo solicitado no involucra la
protección de derechos fundamentales toda vez que no fueron invocados en las
pretensiones de la demanda. Tampoco las normas invocadas implican un gasto
no presupuestado. En consecuencia, como los requisitos mínimos se cumplen en
este asunto, la Sala procederá al estudio del fondo del asunto.

3.5. De la existencia de un mandato imperativo e inobjetable

La finalidad de la acción de cumplimiento es que toda persona pueda acudir ante la
autoridad judicial competente para hacer efectivo el obedecimiento de una ley o de
un acto administrativo, tal como lo dispone el artículo 87 constitucional. Sin
embargo, a través de esta acción no es posible ordenar ejecutar toda clase de

27
Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU),
MP. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n° 25000-23-31-000-
2012-00425-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado n°
05001-23-31-000-2006-01095-01(ACU). MP. Mauricio Torres Cuervo.

14

Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Personería Municipal de Isnos (HUILA)
Demandado: Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional
Radicación: 41001-23-33-000-2022-00199-01

disposiciones, sino aquellas que contienen prescripciones que se caracterizan
como deberes28.

Los deberes legales o administrativos que pueden ser cumplidos a través de las
órdenes del juez constitucional son los que albergan un mandato perentorio, claro y
directo a cargo de determinada autoridad, un mandato imperativo e inobjetable en
los términos de los artículos 5.º, 7.º, 15, 21 y 25 de la Ley 393 de 1997. Así, por
ejemplo, si la norma prevé una facultad o su ejercicio es discrecional, no se
cumplirá el requisito bajo estudio y no pueden prosperar las pretensiones de la
demanda.

Como se expuso en el acápite de antecedentes, el a quo consideró que el artículo
19 de la Ley 62 de 1993 era el único que contenía mandatos imperativos e
inobjetables, consistentes en funciones generales que encontró desatendidas por
parte de la demandada, de acuerdo con las pruebas decretadas en el proceso.
Respecto de las demás disposiciones invocadas por el accionante [artículos 5.º y
8.º ejusdem], la primera instancia concluyó que eran genéricos/abstractos y; por
ende, de esos artículos no se puede predicar la existencia de deberes claros
expresos y exigibles a través de esta acción, postura que comparte la Sala aunado
a que el actor no controvirtió dicha conclusión.

Ahora bien, el estudio del fondo del asunto, en esta instancia, se circunscribirá en
lo que tiene que ver con el artículo 19 ejusdem porque fue la disposición en la cual
el Tribunal cimentó su decisión y que resultó desfavorable a la autoridad
impugnante. Precisado lo anterior, esta Sección anticipa que no comparte lo
concluido por el a quo y que se revocaran las órdenes de cumplimiento en
atención a que la disposición citada no contiene mandatos imperativos e
inobjetables.

En efecto, el artículo 19 ejusdem empieza por señalar que se refiere a «Funciones
Generales» a cargo de la Policía Nacional. El Tribunal indicó que contenía
imperativos de ejecución inmediata «…pues no están sujetos a plazos o
condiciones, especialmente en lo relacionado con la obligación de prestar auxilio
en la ejecución de providencias administrativas y llevar a cabo la vigilancia rural».
No obstante, se observa que el artículo 20 siguiente desvirtúa dicha conclusión
toda vez que dispuso «… [e]l Gobierno Nacional desarrollará la estructura a que
se refiere el artículo 18 y las funciones establecidas en el artículo anterior
teniendo en cuenta criterios que respondan a la especialización de la carrera
policial, eficacia y desarrollo de mecanismos de participación comunitaria»
(se destaca).

28
Deber: Aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes
naturales o positivas. (Diccionario de la Real Academia Española).

15

Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Personería Municipal de Isnos (HUILA)
Demandado: Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional
Radicación: 41001-23-33-000-2022-00199-01

Lo anterior implica que no se puede predicar la existencia de mandatos
imperativos claros, expresos y exigibles a cargo de la demandada pues,
precisamente, tal carácter solo surgiría del desarrollo que el legislador atribuyó al
Gobierno nacional a partir de criterios de especialidad de la carrera policial, de
eficacia y mecanismos de participación comunitaria. Sin ese adelanto normativo
no se puede establecer de manera clara y precisa el qué, cómo, quién, cuándo y
dónde se deben concretar las funciones generales, que seguidamente se
denominaron de policía judicial y que se endilgó incumplido a la accionada.

Sin embargo, como se explicó, del solo contenido del artículo 19 de la referida ley
no es posible. Por tanto, la conclusión del a quo conlleva a que sea el juez de
cumplimiento el que cree las obligaciones que no dispuso de forma perentoria la
ley en la norma analizada y que subrogue la potestad que se dejó a cargo de otra
Rama del Poder Público, lo cual no es posible realizar a través de este mecanismo
judicial.

Adicionalmente, si en gracia de discusión se considerara que lo anterior no es
suficiente para revocar la orden de cumplimiento, como se indicó, también se
observa que las funciones que especificó el artículo 19 de carácter permanente, el
legislador las denominó como de «…: Policía Judicial, respecto de los delitos y
contravenciones; …». Al respecto, debe recordarse que en cuanto al concepto de
función de «policía judicial» a cargo de la Policía Nacional, la Corte Constitucional
precisó que es excepcional y potestativa29:

[…] la Policía Judicial es una función ejercida por servidores públicos especializados
de diversas dependencias o por unidades institucionales organizadas para el efecto.
Esta definición parte de un presupuesto orgánico y otro funcional de la Policía
Judicial, explicados por la jurisprudencia constitucional30. Así, desde el punto de
vista orgánico, la Policía Judicial implica el conjunto de autoridades y servidores
públicos que colaboran en la investigación de los delitos y la captura de sus
responsables. Para la Corte, “la concepción moderna de la policía judicial es la de
un cuerpo que requiere la aplicación de principios de unidad orgánica y, sobre todo,
de especialización científica y que actúa bajo la dirección funcional de los fiscales o
los jueces.” En el caso colombiano, se exige que las tareas de Policía Judicial se
realicen por funcionarios especializados, quienes obran bajo la dirección,
coordinación y responsabilidad funcional de la Fiscalía General de la Nación.

Ahora bien, desde el punto de vista funcional, el precedente en comento define a la
Policía Judicial como una actividad necesaria para la investigación penal, de
manera que hace parte de la función judicial del Estado. En ese orden de ideas,
“[c]onstituye en este aspecto la actividad desarrollada con ocasión de la comisión
de un delito, encaminada a su esclarecimiento e individualización de los presuntos
responsables, operación que no es característica ni propia de la policía, aun cuando

29
Sentencia C-276 de 2019 en donde se realizó el estudio de constitucionalidad del numeral 3.º del
artículo 298 de la Ley 906 de 2004.
30
Sentencias C-594 de 2014, M.P. Jorge Pretelt Chaljub; C-789 de 2006, M.P. Nilson Pinilla Pinilla;
C-024 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-1056 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz y C-
429 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Las citas textuales en este apartado son
tomadas del primero de los fallos citados, el cual recapituló el precedente analizado.

16

Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Personería Municipal de Isnos (HUILA)
Demandado: Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional
Radicación: 41001-23-33-000-2022-00199-01

miembros de esta institución en sus dependencias especializadas puedan ser
investidos de tal función o supletoriamente la tengan que ejercer, lo cual es
ocasional y excepcional.” Es por esta razón que la labor de la Policía Judicial
tiene carácter investigativo y concurre con las funciones de instrucción a
cargo de la Fiscalía General de la Nación. “En este aspecto, según las exigencias
de cada fase del proceso, la ley atribuye a la policía judicial una mayor iniciativa
propia, que luego se torna menor y finalmente desaparece. En todo caso, se orienta
sustancialmente a la comprobación de hechos y circunstancias relevantes para el
juzgamiento”.

[…]

[…] la Sala advierte que mientras la policía judicial es una función estatal de apoyo
a la investigación penal, las autoridades de policía están entre las instancias que
ejercen la actividad de policía, la cual comprende las tareas en procura de la
seguridad y la convivencia ciudadana, dirigidas a la satisfacción de los derechos
fundamentales de las personas. En otras palabras, la policía judicial es una función
especializada y que está concentrada en la investigación penal y el aseguramiento
de los responsables de delitos. En cambio, la actividad de policía es una faceta
estatal mucho más amplia, que comprende tanto la definición de políticas públicas
para la protección del orden público, como la ejecución de tareas materiales para el
cumplimiento de los objetivos vinculados al logro de la convivencia y la protección
de los derechos.

Con todo, ambos escenarios tienen puntos de encuentro en lo que respecta a la
materia analizada. Así, como ya se indicó, el parágrafo del artículo 201 del Código
de Procedimiento Penal determina que la Policía Nacional puede ejercer
funciones de policía judicial en aquellos lugares donde no haya servidores
públicos que ejerzan esa tarea. […]

28. Con fundamento en estas previsiones legales es claro que, si bien la
policía judicial es una función diferente a la ejercida por las autoridades de
policía, en determinadas circunstancias, que son excepcionales, estas
quedan investidas de las potestades propias de aquella. Sin embargo, de ello
no se sigue que se trate de instituciones análogas. […] (negrilla y subraya de la
Sala).

En este orden de ideas, se debe revocar la decisión del Tribunal y, en su lugar,
negar lo pretendido toda vez que el artículo 19 de la Ley 62 de 1993 es genérico y
no contiene mandatos imperativos e inobjetables a cargo de la autoridad
accionada. Dicha conclusión encuentra sustento en lo dispuesto en el artículo 20
de la misma ley que precisa que debe existir un desarrollo por parte del Gobierno
nacional y, en todo caso, porque las funciones a las que el legislador se refirió son
de policía judicial que como se expuso son especializadas, excepcionales y
potestativas por parte de la Policía Nacional «puede», de acuerdo con el parágrafo
1.º del artículo 201 del Código de Procedimiento Penal31 y que según lo expuesto
por la Corte Constitucional la responsabilidad de aquellas estaría a cargo de la
Fiscalía General de la Nación que no fue demandada.

31
«… PARÁGRAFO 1o. En los lugares del territorio nacional donde no hubiere miembros de
policía judicial de la Policía Nacional, estas funciones las podrá ejercer la Policía Nacional. …»

17

Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Personería Municipal de Isnos (HUILA)
Demandado: Nación — Ministerio de Defensa Nacional — Policía Nacional
Radicación: 41001-23-33-000-2022-00199-01

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley

III. FALLA:

PRIMERO. REVOCAR la sentencia de 7 de febrero de 2023 del Tribunal
Administrativo del Huila para, en su lugar, NEGAR las pretensiones de la
demanda de cumplimiento.

SEGUNDO. NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO. En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081

18

Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.