Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2023-00049-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 41001-23-33-000-2023-00049-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 41001-23-33-000-2023-00049-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
16 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00049-01 (72.050)
Demandante: Teresa Calimán
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otro
Referencia: Nulidad agraria
1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Nacional
de Tierras – ANT- contra la sentencia del 30 de julio de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, mediante la cual accedió a las pretensiones.
SÍNTESIS DEL CASO
2. La señora Teresa Calimán promovió demanda de nulidad agraria1 contra la
Agencia Nacional de Tierras 2 -ANT-, con vinculación del municipio de
Campoalegre, solicitando se declare la invalidez de la Resolución No.
20223100194826 del 28 de julio de 2022, por la cual la Agencia decidió sobre la
titulación de la posesión y saneamiento de la falsa tradición por prescripción
adquisitiva extraordinaria de dominio dentro del trámite administrativo de
formalización privada en favor del citado municipio del predio rural denominado
“Institución Educativa la Vuelta”, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria
No. 200-14322. En tal virtud, el extremo activo considera que en el desarrollo del
trámite administrativo adelantado por la ANT se vulneró su derecho fundamental al
debido proceso, dado que, entre otras falencias, no se notificó en debida forma el
acto administrativo de apertura del trámite de formalización de predios privados.
ANTECEDENTES
La demanda3 y las razones de hecho y de derecho en las que se sustenta
3. En escrito presentado el 7 de marzo de 20234, la señora Teresa Calimán, por
conducto de apoderado judicial, demandó en nulidad y restablecimiento del
1 El Decreto Ley 90 de 2017 en su artículo 39 establece la acción de nulidad agraria, no obstante en
su parágrafo dispone “Esta acción en cuanto a su formulación se sujetará a lo establecido para para
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en la Ley 1437 de 2011 o la
norma que la modifique o la sustituya, sin perjuicio de las facultades ultra y extra petita del juez
competente de conformidad con lo establecido en el presente decreto ley.”
2 En lo adelante ANT, la Agencia o la demandada.
3 Mediante auto de fecha 22 de junio de 2023 se admitió la demanda y se ordenó notificar a las partes
(índice 00005 SAMAI Primera Instancia).
4 Índice 00001 SAMAI.
1
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00049-01 (72.050)
Demandante: Teresa Calimán
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otro
Referencia: Nulidad agraria
derecho5 a la Agencia Nacional de Tierras -ANT- y al municipio de Campoalegre
(Huila), solicitando las siguientes declaraciones y condenas (transcritas en su tenor
literal, aun con los posibles errores):
“PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución N° 20223100194826 del 28 de
julio de 2022 expedida por el Subdirector de Seguridad Jurídica de la Agencia Nacional
de Tierras a través de la cual se declaró la titulación de la posesión y saneamiento de
la falsa tradición por acaecimiento de la prescripción adquisitiva extraordinaria de
dominio a favor del Municipio de Campoalegre (H) sobre el predio rural denominado
Institución Educativa La Vuelta identificado con el folio de matrícula N° 200-14322,
cédula catastral N°411320000000000310093000000000 ubicado en el Municipio de
Campoalegre (H).
SEGUNDA: Que se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio N°
20223101422541 del 31 de octubre de 2022 notificado vía correo electrónico el día 02
de noviembre de 2022, a través del cual la Agencia Nacional de Tierras absuelve la
petición incoada por mi representada con respecto a su solicitud de abstención de la
adjudicación del predio denominado La Vivienda a favor de la alcaldía municipal de
Campoalegre (H).
TERCERA: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de
restablecimiento del derecho se ordene a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS
proferir un acto administrativo a través de la cual declare que el inmueble denominado
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA VUELTA, con un área aproximada de 0 Ha + 2260 m2
ubicada en el Municipio de Campoalegre (H), identificado con cédula catastral N°
411320000000000310093000000000, que a su vez hace parte de un predio de mayor
extensión con dirección registral LA VIVIENDA y catastral LA VUELTA LOTE LA
VIVIENDA identificado con el folio de matrícula inmobiliaria N° 200-14322 es de
propiedad privada y pertenece a la señora TERESA CALIMAN, mayor de edad,
identificada con la cédula de ciudadanía N° 26.466.100 expedida en Campoalegre (H).
CUARTA: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento
del derecho se ordene la Agencia Nacional de Tierras que oficie a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos para que se elimine del certificado de libertad y
tradición del predio LA VUELTA LOTE LA VIVIENDA identificado con el folio de
matrícula inmobiliaria N° 200-14322 la anotación N°011 del 09 de septiembre de 2022
a través de la cual se registra, en virtud a la Resolución 20223100194826 proferida por
la Agencia Nacional de Tierras, la anotación que declara la titulación de la posesión y
saneamiento de la falsa tradición del inmueble a nombre del Municipio de
Campoalegre – Huila.
QUINTA: Se vincule mediante la figura de intervención de tercero con interés directo
al MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE (H) por resultar eventualmente afectado con la
sentencia a proferir, de conformidad con el artículo 171 numeral 3 de la Ley 1437 de
2011.
SEXTA: Que se condene en costas, incluyendo las agencias en derecho a la entidad
demandada.
4. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, en síntesis, adujo lo siguiente:
5 El Tribunal a través de auto del 14 de septiembre de 2023 negó la medida cautelar de suspensión
provisional de la Resolución No. 20223100194826 del 28 de julio de 2022 expedida por el Subdirector
de Seguridad Jurídica de la ANT (índice 00033 SAMAI).
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Demandante: Teresa Calimán
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otro
Referencia: Nulidad agraria
5. El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria -INCORA- mediante resolución
No. 1652 del 30 de octubre de 1981, le adjudicó a la demandante el predio
denominado “La Vivienda” identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 200-
14322 con extensión de 5 hectáreas (9730 m2) y linderos señalados en la demanda.
Dentro de este inmueble se encuentra el denominado “Escuela La Vuelta Institución
Educativa”, con área aproximada de “0 Ha + 2260m2”, inmueble sobre el cual versó
la solicitud de adjudicación incoada ante la Agencia Nacional de Tierras por el
municipio de Campoalegre.
6. La demandante promovió acción reivindicatoria contra la Junta de Acción
Comunal de la vereda La Vuelta, proceso que le correspondió conocer al Juzgado
Segundo Promiscuo Municipal de Campoalegre, el cual resolvió en sentencia del 28
de enero de 1999 “Declarar que pertenece de pleno y absoluto dominio de la señora
Teresa Calimán el predio denominado LA VIVIENDA” y “Ordenar a la demandada
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA VUELTA la RESTITUCIÓN del
predio donde actualmente funciona la escuela a la demandante TERESA CALIMÁN
dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria del presente fallo”; decisión que fue
confirmada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva mediante sentencia
del 14 de septiembre de 1999.
7. Posteriormente, la demandante suscribió contrato de arrendamiento con el
municipio de Campoalegre respecto del predio donde se encuentra la Escuela de la
Vereda La Vuelta; agregó que como propietaria ha cancelado el impuesto predial
correspondiente a los años 2009 a 2021.
8. Seguidamente, señaló que extraoficialmente tuvo noticia de la intención del
municipio de Campoalegre de solicitar a la Agencia Nacional de Tierras la titularidad
del predio donde funciona la Institución Educativa, por lo que el 11 de marzo de
2022 elevó petición a la ANT para que se abstuviera de realizar cualquier tipo de
adjudicación, dado que el predio era de su propiedad, para lo cual anexó los
documentos pertinentes.
9. El 20 de marzo de 2022 la Agencia dio respuesta refiriendo que la resolución
No. 1652 del 30 de octubre de 1981, por medio de la cual se le adjudicó el predio
denominado La Vivienda está ejecutoriada y registrada ante la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos, por lo que el derecho de propiedad se encuentra
consolidado “y su naturaleza jurídica es la de predio privado. Que, con respecto a
los trámites relacionados con predios de naturaleza privada, la Agencia Nacional de
Tierras no tiene injerencia alguna sobre estos, por cuanto, no goza de su titularidad.”
10. Sin embargo, la ANT profirió la Resolución No. 20223100038889 del 26 de
mayo de 2022 “Por la cual se inicia al trámite administrativo para los asuntos de
formalización privada, en el marco del procedimiento único regulado por el Decreto
Ley 902 del 2017”, donde resolvió dar apertura al trámite de titulación de la posesión
y saneamiento de la falsa tradición solicitado por el municipio de Campoalegre en
relación al predio denominado Institución Educativa “La Vuelta”; además, a pesar
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Referencia: Nulidad agraria
de que la citada resolución reconoce a la accionante como propietaria no se ordenó
notificarla personalmente, lo que en su sentir le vulneró el derecho al debido
proceso, pues le impidió ejercer su derecho de defensa y contradicción.
11. De otra parte, indicó que el 7 de julio de 2022 presentó petición ante la ANT
solicitando nuevamente se abstuviera de efectuar adjudicación alguna sobre el
predio de su propiedad.
12. El 28 de julio de 2022 la Agencia profirió la Resolución No. 20223100194826
“Por la cual se cierra el trámite administrativo de titulación de la posesión y
saneamiento de la falsa tradición respecto del predio denominado INSTITUCION
EDUCATIVA LA VUELTA solicitado por la ALCALDIA MUNICIPAL DE
CAMPOALEGRE, departamento del HUILA en el marco del Procedimiento Único
regulado por el Decreto Ley 902 del 2017”, resolviendo declarar la titulación de la
posesión sobre el predio rural INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA VUELTA, identificado
con el folio de matrícula No. 200-14322 y cédula catastral
411320000000000310093000000000, a favor del municipio de Campoalegre
(Huila); acto administrativo que tampoco fue notificado personalmente a la
demandante.
13. El 31 de octubre de 2022 la entidad brindó respuesta a la solicitud de la
accionante en el sentido que no era posible acceder porque el predio ya había sido
adjudicado a través de la referida resolución del 28 de julio de 2022.
14. Finalmente, señaló que el municipio de Campoalegre radicó demanda de
pertenencia sobre el predio en mención, proceso que se le asignó el radicado 2018-
00253-00, el cual aparece terminado por la figura del desistimiento tácito, asimismo,
la demandante promovió proceso declarativo reivindicatorio No. 2021-00055-00, y
que se encuentra en etapa de admisión y contestación de la demanda; siendo
inadmitida la demanda de reconvención, sin que aparezca que haya sido
subsanada.
15. Refirió como causales de nulidad del acto administrativo: (i) falsa motivación
y (ii) desconocimiento del derecho de audiencia y defensa. Explicó que la
administración omitió hechos que se encontraban demostrados y que, de haberlos
considerado, la decisión habría sido sustancialmente diferente; por ejemplo, en el
acto administrativo de apertura se reconoció como titular del derecho real de
dominio del predio objeto de análisis a la señora Teresa Calimán, sin embargo, la
entidad no le notificó el inicio del trámite administrativo violando así su debido
proceso.
16. Argumentó que la ANT adoptó la decisión enjuiciada basándose únicamente
en los testimonios de Miguel Fierro y Carlos Fernando Sánchez; no obstante, no es
cierto que se haya ejercido posesión sobre el citado predio desde hace 50 años,
pues, de ser así, la misma tendría que haberse ejercido desde el año 1972, fecha
en la cual el inmueble se encontraba bajo el dominio del INCORA; además que se
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Referencia: Nulidad agraria
desconocieron las sentencias favorables proferidas por la Jurisdicción Ordinaria
y el contrato de arrendamiento.
17. Frente a la vulneración al debido proceso indicó que existen terceros
necesarios y obligatorios en los diferentes trámites administrativos, tal como lo ha
indicado la jurisprudencia contencioso-administrativa6, pero independientemente de
la nominación, es deber inexcusable de la administración darles a conocer el inicio
de estos, con el fin de garantizar la contradicción y defensa, lo que no fue cumplido
frente a las decisiones de inicio y cierre de la actuación administrativa cuestionada
en el sub lite.
18. Concluyó que es evidente y flagrante la transgresión del derecho fundamental
al debido proceso, comoquiera que, la Agencia Nacional de Tierras estaba en la
obligación legal de notificar el inicio del trámite administrativo a la señora Teresa
Calimán, máxime cuando la misma autoridad reconoció en sus actos administrativos
que el predio sobre el cual adjudicó la titulación de la posesión es de naturaleza
privada; en consecuencia, se le privó de la posibilidad de solicitar pruebas y
controvertir las decisiones a través de los instrumentos previstos por el
ordenamiento jurídico.
La contestación de la demanda
19. El 18 de agosto de 2023 7 , la Agencia Nacional de Tierras a través de
apoderada contestó la demanda oponiéndose a todas y cada una de las
pretensiones, por carecer de fundamento fáctico y jurídico.
20. Expuso que la actuación administrativa no adoleció de ningún vicio porque el
acto administrativo cuestionado se notificó debidamente en el entendido que, en
cumplimiento de su parte resolutiva, se libraron los oficios correspondientes y se
realizaron las publicaciones del mismo en la página web de la Agencia, lo anterior,
en aplicación a los artículos 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, y la Resolución
740 de 20178 proferida por el Director General de la ANT. Y, en segundo lugar,
porque no se adelantó un proceso de adjudicación propio de predios baldíos, por el
contrario, la actuación que se siguió fue un proceso de titulación de la posesión y
saneamiento de la falsa tradición por acaecimiento de la prescripción adquisitiva
extraordinaria de dominio, el cual quedó materializado en la Resolución de cierre
No. 20223100194826 del 28 de julio de 2022.
21. Resaltó que la Subdirección Jurídica de la Agencia ordenó la inscripción del
auto de inicio No. 20223100038889 del 26 de mayo de 2022 en el folio de matrícula
6 Citó: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera, sentencia del 18
de noviembre de 2022, radicado: 08001-23-31-000-2004-01452-02. M.P. Roberto Augusto Serrato
Valdés. Actor: Cooperativa de Transportadores del Oriente. Demandado: Ministerio de Transporte.
7 Índice 00027 SAMAI.
8 “Por la cual se expide el Reglamento Operativo de los Planes de Ordenamiento Social de la
Propiedad, el Proceso Único de Ordenamiento Social de la Propiedad y se dictan otras
disposiciones”.
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Referencia: Nulidad agraria
inmobiliaria del citado predio, que se encuentra en la anotación No. 3 del 3 de
noviembre de 2021; inscripción que tiene como finalidad darles publicidad a los
trámites administrativos.
22. Reiteró que el acto administrativo cuestionado fue expedido con apego y
respeto a lo previsto en el Decreto Ley 902 de 2017 y las Resoluciones No. 740 de
2017 y 7622 de 2019. En consecuencia, no se evidencia que la Agencia Nacional
de Tierras haya actuado defectuosamente en el trámite administrativo final, pues,
todas y cada una de las etapas del procedimiento administrativo se surtieron de
conformidad con el debido proceso administrativo que finalmente derivó en la
expedición del acto demandado.
23. Adujo que la Agencia Nacional de Tierras concluyó que el municipio de
Campoalegre había ejercido posesión sobre el predio denominado “INSTITUCIÓN
EDUCATIVA LA VUELTA” por un periodo superior de diez (10) años, con un área
solicitada de 0 ha + 2260 m2, en virtud de las declaraciones de la Inspectora Diana
Jimena Cano, los señores Miguel Fierro y Carlos Fernando Sánchez, al igual que
del acta de colindancia suscrita por el señor Reynaldo Montealegre; y teniendo en
cuenta que no se presentó oposición alguna dentro de las oportunidades
establecidas, la Subdirección de Seguridad Jurídica procedió al cierre de la fase
administrativa para los asuntos de formalización privada.
24. En relación con la oponibilidad del acto administrativo señaló que el Auto No.
20223100038889 del 26 de mayo de 2022, fue notificado, publicado y comunicado,
así: (i) mediante constancia No. 20222200017837 se notificó por estado el 07 de
junio de 2022, (ii) a través del radicado No. 20223100661461 del 31 de mayo de
2022, se remitió el auto a la ORIP9 de Neiva, a efectos de su inscripción en el FM10
200-14322, (iii) por medio del radicado No.20223100695361 del 06 de junio de
2022, se solicitó al municipio de Campoalegre, la publicación del acto administrativo
de apertura en cartelera y/o sitio web de la Alcaldía, (iv) por medio del oficio No.
20223100701601 del 08 de junio de 2022, en cumplimiento con lo establecido en el
artículo 48 del Decreto Ley 902 de 2017, se comunicó a la Procuraduría 11 Judicial
II Ambiental y Agraria de Neiva el auto de inicio, y (v) con constancia del 07 de junio
de 2022, emitida por la emisora Radio Surcolombiana 1.060 A.M, se publicó el auto
No. 20223100038889 del 26 de mayo de 2022.
25. Agregó que la Resolución de cierre No. 20223100194826 del 28 de julio de
2022, fue notificada por aviso en la página electrónica de la ANT en un lugar de
acceso al público de la entidad, con copia íntegra del acto administrativo desde el
16 de agosto de 2022 por el término de cinco días hábiles, esto es, hasta el 22 de
agosto de 2022, y con radicado 20223101164331 del 7 de septiembre de 2022, se
solicitó a la ORIP de Neiva, el registro de la citada resolución; decisión que según
la entidad quedó ejecutoriada el 06 de septiembre de 2022.
9 Oficina de Registro de Instrumentos Públicos.
10 Folio de matrícula inmobiliaria.
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Demandante: Teresa Calimán
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otro
Referencia: Nulidad agraria
26. Sostuvo que el trámite administrativo para los asuntos de formalización
privada y administración de derechos, a través de los actos administrativos, tanto
de inicio como de cierre, surtieron su debida publicación y registro, además que la
accionante no era parte y nunca se constituyó como tal en el proceso, por lo que no
se vulneró ningún derecho subjetivo.
27. El municipio de Campoalegre no contestó la demanda.
La sentencia de primera instancia11
28. El Tribunal Administrativo del Huila, mediante sentencia anticipada del 30 de
julio de 202412, accedió a las pretensiones de la demanda13 al estimar viable el
cargo de nulidad por desconocimiento al debido proceso de la actora.
29. Sostuvo que fueron vulnerados los derechos de contradicción y defensa a la
demandante dentro la actuación administrativa adelantada por la ANT, al no
vincularla como parte (opositora) y dejar de notificarle de manera personal los actos
emitidos dentro de la misma, sin que resultara suficiente la notificación por aviso,
cuñas radiales y publicaciones en página web de la entidad, pues estas eran
subsidiarias de la personal frente a la actora, en la medida que aparece como
propietaria inscrita del derecho de dominio sobre el predio objeto de la actuación
administrativa.
30. Advirtió que con mayor razón se debe predicar la vulneración al debido
proceso cuando la actora presentó escritos el 11 de marzo y el 7 de julio de 2022
ante la ANT, en donde insistió se abstuviera de realizar adjudicación alguna sobre
el predio de su propiedad, en cuanto se reputaba como actual propietaria y realizaba
actos de señora y dueña sobre el mismo, anunciando en el último oficio aportar
copia de la resolución del INCORA que en 1984 le adjudicó el predio, copia de
sentencias a su favor emitidas dentro de un proceso reivindicatorio de 1999, y copia
11 Mediante auto de fecha 14 de septiembre de 2023, se adecuó el proceso para efectos de proferir
sentencia anticipada, se fijó el litigio, se decretaron las pruebas documentales y se corrió traslado
común por el término de diez días para alegar de conclusión (índice 00034 SAMAI).
12 Índice 00057 SAMAI.
13 Advierte la Sala que el Tribunal resolvió:
“PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de la resolución N° 20223100194826 del 28 de julio de 2022
emitida por la Agencia Nacional de Tierras, “Por la cual se cierra el trámite administrativo de titulación
de la posesión y saneamiento de la falsa Tradición respecto del predio denominado INSTITUCION
EDUCATIVA LA VUELTA solicitado por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE,
departamento del HUILA en el marco del Procedimiento Único regulado por el Decreto Ley 902 del
2017”.
SEGUNDO: ORDENAR a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBICOS DE NEIVA
para que en dentro de los ocho (8) días siguientes a la ejecutoria de esta decisión proceda a dejar
sin efecto las anotaciones No. 10 y 11 efectuadas en el folio de matrícula inmobiliaria N° 200-14322
en relación con la resolución No. 202231000194826 del 28 de julio de 2022 que declara la titulación
de la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio a favor del municipio de Campoalegre sobre
el predio rural denominado “Institución Educativa La Vuelta” y demás anotaciones que dependan de
la anterior, de manera que se restablezca a la señora TERESA CALIMAN como propietaria del
mismo.
TERCERO: SIN CONDENA en costas.”
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Referencia: Nulidad agraria
de un contrato de arrendamiento celebrado en el 2000 con el alcalde del momento
sobre el predio objeto del trámite administrativo, así como recibos de pago de
impuesto predial y paz y salvo, entre otros.
31. Reiteró el fallador de primer grado que la demandada mediante el acto
administrativo enjuiciado desconoció la calidad de opositora de la demandante, y
omitió valorar las pruebas que la actora allegó a la actuación; además que conforme
lo prescribe el artículo 77 del Decreto 902 de 2017, se debió notificar personalmente
a la señora Teresa Calimán dado que resultaba afectada con la decisión de fondo y
no está demostrado que la ANT haya agotado la misma para así eventualmente
acudir a las formas de notificación subsidiarias (aviso, emplazamientos, etc.).
32. Expuso que aunque el acto de cierre del trámite, era susceptible del recurso
de apelación, este no fue agotado pues la actora fue excluida del trámite y no se le
dio la oportunidad de interponerlo, al punto que el procedimiento administrativo fue
declarado como un asunto sin oposición, ante lo cual, expresamente el inciso 2° del
artículo 39 del Decreto 902 de 2017 señala para estos casos el término para
interponer la demanda “… será de 3 años contados a partir de la fecha de inscripción
del acto administrativo en el folio de matrícula inmobiliaria, la acción podrá
interponerse directamente sin necesidad de haber interpuesto los recursos
pertinentes contra el acto administrativo”.
33. Finalmente, el Tribunal no condenó en costas por cuanto no se causaron y al
no advertir en la posición de la parte demandada carencia manifiesta de fundamento
legal.
Recurso de apelación
34. El 21 de agosto de 202414, la Agencia Nacional de Tierras presentó recurso
de apelación en contra de la citada sentencia y solicitó que se revoque en su
integridad. En primer lugar, señaló que en relación a la notificación debe remitirse a
las disposiciones contenidas en los artículos 67 y 70 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), así como al artículo 70
del Decreto Ley 902 de 2017; y que la ANT actuó en cumplimiento de dicha
normatividad al notificar al municipio de Campoalegre, quien, en su calidad de
solicitante de la titulación, ostentaba la representación y, por ende, el interés directo
en el procedimiento.
35. Además, que la ANT no se limitó a la notificación, sino que adoptó medidas
adicionales para asegurar la máxima transparencia y accesibilidad del
procedimiento, esfuerzo que se materializó en notificaciones complementarias
mediante publicaciones y medios subsidiarios, tal como se refleja en la
comunicación enviada a la Procuraduría 11 Judicial II Ambiental y Agraria de Neiva
el 8 de junio de 2022, junto con las solicitudes de publicación en la Alcaldía Municipal
14 Índice 00060 SAMAI.
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Radicación: 41001-23-33-000-2023-00049-01 (72.050)
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Referencia: Nulidad agraria
de Campoalegre, evidenciando el diligente accionar de la entidad para garantizar
que la información fuera conocida por todas las partes con un interés legítimo.
36. Agregó que la ANT remitió el acto administrativo de inicio a la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos (ORIP) de Neiva, donde fue inscrito en el folio de
matrícula inmobiliaria No. 200-14322 mediante el radicado No. 20223100661461,
con lo cual se observó lo dispuesto en el artículo 70 del CPACA.
37. Alegó que el artículo 70 del Decreto Ley 902 de 2017, en su carácter de
norma complementaria, regula la notificación y publicidad de los actos
administrativos en los procedimientos de formalización privada y administración de
derechos. Conforme a esta disposición, el acto administrativo debe ser notificado
por aviso a los interesados y, adicionalmente, publicado en medios accesibles como
la página web de la entidad, del municipio donde se encuentra el predio, y en un
medio masivo de comunicación. Añadió que, siguiendo estas directrices, la ANT, en
fecha 6 de junio de 2022, mediante el radicado No. 20223100695361, solicitó la
publicación del acto administrativo en la cartelera y sitio web de la Alcaldía Municipal
de Campoalegre y se libraron los oficios correspondientes y se realizaron las
publicaciones exigidas en la página web, con lo cual se garantizó que la
demandante tuviera acceso a la información necesaria para ejercer sus derechos.
38. Concluyó que, al realizar las notificaciones y las inscripciones
correspondientes, actuó de conformidad con la normatividad vigente, garantizando
el derecho al debido proceso y asegurando que todas las actuaciones se
desarrollarán con la debida publicidad, tal como lo exige el ordenamiento jurídico
colombiano.
39. Afirmó que la presentación de una petición por parte de Teresa Calimán en
marzo de 2023 (sic), es un hecho que no solo demuestra su conocimiento del
procedimiento, sino que constituye un claro ejemplo de notificación por conducta
concluyente, figura jurídica que establece que la persona que actúa en un
procedimiento administrativo, reconociendo implícitamente su existencia y
contenido, queda notificada de manera efectiva; comportamiento procesal que
además invalida cualquier pretensión de falta de notificación y evidencia que la
demandante tuvo plena capacidad para intervenir en el proceso.
40. De otra parte, el recurrente señaló que la valoración de las pruebas es una
facultad discrecional de la administración, siempre que se ejerza dentro del marco
de la legalidad y la razonabilidad; y que la ANT evaluó las evidencias presentadas
por la demandante en conjunto con otros elementos que acreditaban la posesión
continua del predio por parte del municipio durante más de diez años, lo que
justificaba la titulación de la posesión y el saneamiento de la falsa tradición por
acaecimiento de la prescripción adquisitiva extraordinaria del dominio.
41. Argumentó que tanto el CPACA como el Decreto Ley 902 de 2017 permiten
el uso de notificaciones subsidiarias cuando, de manera justificada, no se puede
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Referencia: Nulidad agraria
realizar la notificación personal, pues no se impone un agotamiento exhaustivo de
todos los medios posibles para la notificación personal, sino que faculta el uso de
mecanismos alternativos cuando esta no sea factible. En este caso, la notificación
por estado, la inscripción en el FMI y la publicación en la cartelera y sitio web del
municipio se realizaron de manera simultánea y complementaria, lo que demuestra
que la ANT actuó de manera diligente y conforme a las disposiciones legales.
42. Finalmente, señaló que el Tribunal incurre en defecto sustantivo al no
reconocer que la demandante quedó notificada por conducta concluyente al haber
presentado petición en marzo de 2023 (sic), lo que demuestra su conocimiento
efectivo del procedimiento administrativo, e incurre en error al realizar una
interpretación no sistemática de las normas aplicables y aplicar una
injustificadamente regresiva del derecho, contraria a los principios fundamentales
del procedimiento administrativo.
Trámite en segunda instancia15.
43. El proceso fue asignado por reparto del 5 de septiembre de 2024 a la Sección
Primera16. A través de providencia del 30 de septiembre de 202417 se ordenó remitir
las presentes diligencias a la Sección Tercera atendiendo la distribución por
especialidad.
44. Posteriormente, este Despacho mediante auto de 5 de diciembre de 202418
requirió a la Agencia Nacional de Tierras y a la abogada Yaini Valentina Duarte
Benavides para que allegaran el poder conferido en debida forma.
45. Mediante auto de fecha 18 de marzo de 202519 el Despacho sustanciador
admitió el recurso de apelación interpuesto por la Agencia Nacional de Tierras.
46. Las partes no presentaron alegatos de conclusión en esta instancia
47. El Ministerio Público no emitió concepto.
CONSIDERACIONES
48. Como no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que
invalide lo actuado y evidenciado el cumplimiento de los presupuestos procesales:
15 El Tribunal Administrativo del Huila a través de auto del 28 de agosto de 2024, concedió en efecto
suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (Índice 00064 Samai).
16 Índice 00003 SAMAI Segunda Instancia.
17 Índice 00004 SAMAI
18 Índice 00011 SAMAI.
19 En el auto se informó a los sujetos procesales que se podían pronunciar respecto del recurso
interpuesto hasta la ejecutoria de esa providencia. Y el Ministerio Público podía hacerlo hasta que el
asunto ingresara al despacho para proferir sentencia (Índice 00017 SAMAI).
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jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación en la causa por
activa y pasiva, procede la Sala a decidir la segunda instancia de la presente litis.
Problema jurídico
49. A la Sala le corresponde estudiar los cargos de la alzada contra el fallo de
primera instancia, lo que impone el examen del procedimiento adoptado por la
demandada para proferir el acto enjuiciado, y así establecer, si el Tribunal a quo
incurrió en defecto sustantivo al realizar una inadecuada interpretación y aplicación
de las normas que gobernaron la actuación administrativa en particular, lo atinente
a las notificaciones y comunicaciones que se debieron hacer a los interesados, en
estos, la demandante,
50. Con el fin de abordar el problema jurídico planteado, la Sala seguirá el
siguiente itinerario de análisis: (i) marco normativo y jurisprudencial que regula el
procedimiento de formalización de la propiedad privada establecido en el Decreto
Ley 902 de 2017, (ii) relación de los hechos probados, y, (iii) examen de los cargos
de la alzada. Finalmente, se hará un pronunciamiento sobre las costas procesales.
Trámite de Formalización de la propiedad privada y seguridad jurídica
establecido en el Decreto Ley 902 de 201720
51. El Acto Legislativo 01 de 7 de julio de 2016, por medio del cual se
establecieron los instrumentos jurídicos para facilitar y asegurar la implementación
y el desarrollo normativo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la
construcción de una paz estable y duradera, se facultó al Presidente de la República
para expedir -pro tempore- decretos con fuerza de ley bajo los términos previstos
en la referida norma 21.
52. En el marco de aquella atribución legislativa y dado que la Reforma Rural
Integral se plasmó como uno de los ejes temáticos del Acuerdo Final de Paz, cuya
finalidad es sentar las bases y contribuir en la transformación estructural del campo,
se expidió el Decreto-Ley 902 de 201722. Una de las finalidades es que el Gobierno
Nacional adelantara las gestiones dirigidas a lograr la formalización de las tierras
20 La Sala retoma y acoge lo expuesto en la providencia de fecha 06 de junio de 2022, C.P. María
Adriana Marín, radicado: 11001-03-26-000-2020-00087-00(66135).
21 Artículo transitorio. Facultades presidenciales para la paz. Dentro de los 180 días siguientes a la
entrada en vigencia del presente acto legislativo, facúltase al Presidente de la República para expedir
los decretos con fuerza de ley cuyo contenido tendrá por objeto facilitar y asegurar la implementación
y desarrollo normativo del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una
Paz Estable y Duradera. Las anteriores facultades no podrán ser utilizadas para expedir actos
legislativos, leyes estatutarias, leyes orgánicas, leyes códigos, leyes que necesitan mayorías
calificada o absoluta para su aprobación, ni para decretar impuestos. Los decretos con fuerza de ley
que se dicten en desarrollo de este artículo tendrán control de constitucionalidad automático posterior
a su entrada en vigencia. El procedimiento de revisión de constitucionalidad de estas disposiciones
deberá surtirse por parte de la Corte Constitucional dentro de los dos meses siguientes a su
expedición”.
22 “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral
contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, específicamente el procedimiento para el
acceso y formalización y el Fondo de Tierras".
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rurales en Colombia, de forma progresiva y hasta llegar a una primera etapa que
incorpora 7 millones de hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural. El objeto
del decreto es:
“ARTÍCULO 1. OBJETO. El presente decreto tiene por objeto establecer medidas para
facilitar la implementación de la reforma rural integral en materia de acceso y formalización
de tierras.
En aplicación del presente Decreto Ley se respetarán los derechos adquiridos y garantías
constitucionales de los pueblos indígenas.
Nada de lo dispuesto en el presente Decreto podrá ser interpretado ni aplicado en forma tal
que afecte, menoscabe, disminuya o desconozca el derecho a la propiedad privada
debidamente registrada, legalmente adquirida, legalmente adquirida y ejercida, y protegida
por la Ley, como tampoco los derechos adquiridos. Todos y cada uno de los procedimientos y
fases procedimentales regulados en el presente Decreto deberán desarrollarse de manera que se
otorgue la totalidad de las garantías constitucionales legales, en particular las del debido
proceso, a quienes ostenten la propiedad privada de tierras dentro del territorio nacional, y serán
nulas las actuaciones que desconozcan o reduzcan dichas garantías, de conformidad con la
Constitución Política y la normatividad vigente. En todos los casos se respetarán los derechos
adquiridos, la confianza legítima y la buena fe.” (Resaltado Sala)
53. El artículo 3623 ibidem sobre la formalización de predios privados, como es el
objeto del presente asunto, dispone:
“ARTÍCULO 36. FORMALIZACIÓN DE PREDIOS PRIVADOS. En desarrollo de las funciones
establecidas por el artículo 103 de la Ley 1753 de 2015, sin perjuicio de las disposiciones sobre
titulación de baldíos y bienes fiscales patrimoniales, la Agencia Nacional de Tierras declarará
mediante acto administrativo motivado, previo cumplimiento de los requisitos legales, la titulación de
la posesión y saneamiento de la falsa tradición en favor de quienes ejerzan posesión sobre
inmuebles rurales de naturaleza privada, siempre y cuando en el marco del Procedimiento Único
de que trata el presente decreto ley no se presente oposición de quien alegue tener un
derecho real sobre el predio correspondiente, o quien demuestre sumariamente tener derecho
23 El artículo 36 del decreto estipula las facultades de la Agencia Nacional de Tierras para formalizar
la posesión y sanear la falsa tradición sobre los predios privados ubicados en zonas focalizadas, en
beneficio de los sujetos previstos en los artículos 4, 5 y 6 del decreto. La norma así mismo prevé
que, por fuera de tales zonas focalizadas, las correspondientes pretensiones de pertenencia podrán
seguir siendo tramitadas a través de las normas ordinariamente previstas por el Código Civil y el
Código General del Proceso. La Corte estima que el artículo en mención es exequible por cuanto no
elimina ni modifica sustancialmente la administración de justicia sino que únicamente altera el trámite
anteriormente previsto por la Ley 1753 de 2015[685] para la formalización de la posesión y
saneamiento de la falsa tradición, limitando dicho cambio a las zonas focalizadas. En el anterior
orden, la Corte no comparte la visión de algunos intervinientes según los cuales para efectuar tal
reforma debió acudirse al trámite de una ley estatutaria. Se insiste en que en ninguna de las
disposiciones del artículo señalado, así como ninguna de aquellas que prevé el decreto ley bajo
estudio, se afecta la estructura de la administración de justicia ni los principios sustanciales o
generales que la rigen y sobre este particular la jurisprudencia ha indicado que: "(...) únicamente
aquellas disposiciones que de una forma y otra se ocupen de afectar la estructura de la
administración de justicia, o de sentar principios sustanciales o generales sobre la materia, deben
observar los requerimientos especiales para este tipo de leyes [estatutarias] (...) En otros términos,
la reserva de ley estatutaria no significa que toda regulación que se relacione con los temas previstos
en el artículo 152 de la Carta Constitucional deba someterse a dicho trámite especial". Así mismo,
la Corte encuentra infundado cualquier argumento en torno a las supuestas facultades omnímodas
de la ANT para decretar la formalización de la posesión o saneamiento de la falsa tradición. Lo
anterior, habida cuenta de que la misma norma establece que los actos de la ANT son susceptibles
de control judicial a través de la acción de nulidad agraria que prevé el artículo 39 del mismo decreto.
Por estas razones la Corte Constitucional declarará la exequibilidad del artículo 36 del Decreto 902
de 2017.” Corte Constitucional mediante Sentencia C-073-18 de 12 de julio de 2018, Magistrada
Ponente Dra. Cristina Pardo Schlesinger.
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de otra naturaleza sobre el predio reclamado, caso en el cual, la Agencia Nacional de Tierras
formulará la solicitud de formalización ante el juez competente en los términos del presente decreto
ley, solicitando como pretensión principal el reconocimiento del derecho de propiedad a favor de
quien de conformidad con el informe técnico considere pertinente.
Los actos administrativos que declaren la titulación y saneamiento y por ende formalicen la propiedad
a los poseedores, serán susceptibles de ser controvertidos a través de la Acción de Nulidad Agraria
de que trata el artículo 39 del presente decreto.
Lo estipulado en el presente artículo no sustituye ni elimina las disposiciones del Código General del
Proceso o el Código Civil sobre declaración de pertenencia, las cuales podrán ser ejercidas por los
poseedores por fuera de las zonas focalizadas.
La formalización se realizará cumpliendo los requisitos exigidos en los artículos 4, 5 y 6 del presente
decreto ley, en observancia de lo estipulado en el artículo 20.
PARÁGRAFO 1. Se dará por acreditada la inexistencia de oposición dentro del Procedimiento
Único de que trata el presente decreto ley una vez agotadas las etapas de publicidad en las
zonas donde se adelantan los programas de formalización y en cumplimiento de las normas
establecidas para notificaciones, cuando transcurran diez (10) días hábiles desde que se realicen
las comunicaciones a que se refiere el artículo 73 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo – CPACA, sin que se presentare el titular de un derecho real o quien
aduzca tener derecho en los términos señalados en el presente artículo Lo anterior, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo 46 del presente decreto ley.
PARÁGRAFO 2. La formalización de que trata el presente artículo no aplicará en tierras y/o
territorios afectados por el despojo a causa del conflicto armado, previa verificación de las fuentes
institucionales pertinentes.” (Resaltado Sala)
54. Ahora bien, el Título VI reguló el nuevo Procedimiento Único Agrario (PUA),
en el cual se establecieron los lineamientos frente a los cuales, en el marco de la
reforma agraria, las autoridades intervienen en estos, para lo cual fija las formas,
causales, marco probatorio y procesos que deben surtirse para llevarlo a término.
55. Para mayor claridad y sin desconocer que algunos eventos están excluidos
de este proceso24, los asuntos que deben tramitarse bajo el Procedimiento Único
Agrario son los siguientes (art. 58):
Clase de asunto Etapas
1. Asignación y reconocimiento de derecho de Solo fase administrativa
propiedad sobre predios administrados o de la
ANT.
2. Asignación de recursos subsidiados o mediante Solo fase administrativa
crédito para la adquisición de predios rurales o
como medida compensatoria.
3. Formalización de predios privados. Fase administrativa,
siempre que no haya
oposición
24 Cit.: “Con todo, debe hacerse hincapié en que los procedimientos de constitución, ampliación,
restructuración, saneamiento y titulación colectiva de comunidades étnicas se surten bajo normas
especiales y, por tanto, no les es aplicable el nuevo procedimiento único agrario, de conformidad con
el artículo 59 del Decreto-Ley 902 de 2017.”
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4. Clarificación de la propiedad, deslinde y Fase administrativa y
recuperación de baldíos de que trata la Ley 160 de judicial
1994.
5. Extinción judicial del dominio sobre tierras Fase administrativa y
incultas de que trata la Ley 160 de 1994. judicial
6. Expropiación judicial de predios rurales de que Fase administrativa y
trata la Ley 160 de 1994. judicial
7. Caducidad administrativa, condición resolutoria Fase administrativa y
del subsidio, reversión y revocatoria de titulación de judicial
baldíos de que trata la Ley 160 de 1994.
8. Acción de resolución de controversias sobre la Fase administrativa y
adjudicación de que trata el presente decreto ley. judicial
9. Acción de nulidad agraria. Fase administrativa y
judicial
10. Los asuntos que fueren objeto de acumulación Fase administrativa y
procesal. judicial
56. Al respecto, conviene resaltar que el Procedimiento Único Agrario contempla
dos fases. Una administrativa en la que se establece la apertura, recaudo probatorio
y el mérito del asunto, y una judicial. Esta última, si bien no opera en todos los
asuntos, tiene por virtud, o bien decidir de fondo el trámite iniciado por la autoridad
agraria (art. 60), o bien controlar el acto administrativo definitivo cuando a ello haya
lugar (arts. 38 y 39).
57. La fase administrativa, que resulta análoga para ambos casos de la fase
judicial, se subdivide así:
Fase Administrativa Composición
1. Preliminar. Formación de expedientes, visitas de campo predio a
predio, el informe técnico jurídico preliminar y la
consolidación del registro de sujetos de ordenamiento
–período probatorio- (arts. 64 a 68).
2. De exposición de Audiencia de presentación (art. 72).
resultados
3. De decisiones y Cierre trámite administrativo para asuntos de
cierre administrativo asignación y reconocimiento de derechos; sin
oposición de formalización de predios privados;
asuntos con oposición (arts. 73 a 75).
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58. Sobre el particular ilustrado en la tabla, huelga advertir que la etapa preliminar
de la fase administrativa tiene como objeto la formación del expediente
administrativo, las visitas de campo, la elaboración del informe preliminar y la
consolidación del Registro de Sujetos del Ordenamiento (RESO). La fase de
resultados 25 tiene como finalidad consolidar el informe técnico jurídico, pues es
requisito para la decisión administrativa a que haya lugar, según sea el caso. Esta
etapa involucra la realización de una audiencia pública, mediante la cual se
establece un mapa general de los predios –levantamiento predial, linderos y área-
y se exponen los resultados sobre la selección de pobladores rurales, comodidades
y/o etnias, para los procesos de los numerales 1 y 2 del artículo 58 del Decreto-Ley
902 de 2017.
59. Finalmente, la fase de decisiones y cierre administrativo tiene por virtualidad
culminar la etapa administrativa, bien a través de una decisión definitiva que
otorgue o niegue el derecho, o bien con la expedición de un acto que
encuentre mérito o no para acudir a la fase judicial, según sea el caso (arts. 73,
74, 75).
60. Vale precisar que este procedimiento se aplica en su totalidad cuando se
trata de una zona focalizada, pues, en caso contrario –zona no focalizada-, se
prescinde de la fase de exposición de resultados26.
61. En esta fase administrativa, los asuntos relacionados con la asignación y
reconocimiento de derechos, y en los que no haya oposición de formalización
de predios privados, serán pasibles del recurso de reposición y, en subsidio,
el de apelación los actos definitivos. Así mismo, el acto que los decida será
susceptible de la acción de nulidad agraria ante la “jurisdicción agraria”. Por el
contrario, en los casos en los que haya oposición en el trámite no serán objeto de
25Cit.: “Decreto-Ley 902 de 2017. Artículo 72. De la presentación de resultados. En esta etapa se
citará a las partes, personas interesadas y en general a la comunidad a través de los medios masivos
que se consideren más expeditos, a una audiencia pública. La audiencia será convocada con una
antelación no inferior a siete (7) días a la celebración de esta. Podrán hacerse parte los terceros que
demuestren un interés legítimo en el asunto y tomarán el proceso en el estado en que se encuentre.
Lo anterior sólo podrá hacerse si se demuestra sumariamente la imposibilidad de haber asistido a la
visita de campo o de haberse vinculado al proceso con antelación. En dicha audiencia se presentará
el mapa general de los predios visitados, con el fin de que las partes indiquen sí están o no conformes
con el levantamiento predial, los linderos y el área de los predios y el cumplimiento de la función
social y ecológica de la propiedad. Además, se realizará la exposición de los resultados obtenidos
respecto a la selección de pobladores rurales, comunidades o etnias y predios, para los procesos de
asignación de derechos indicados en los numerales 1 y 2 del artículo 58 del presente decreto ley. Se
podrán suscribir actas de colindancias, si esto no fue posible en la visita de campo. Esta etapa tendrá
un término de treinta (30) días. Dicho término podrá prorrogarse por una sola vez, sin que con la
prórroga el término total exceda de sesenta (60) días. Con toda la información la Agencia Nacional
de Tierras, realizará el informe técnico jurídico definitivo, que servirá de sustento para la decisión
administrativa que corresponda según el asunto”.
26 “Decreto-Ley 902 de 2017. Artículo 61. Procedimiento único en zonas no focalizadas. Cuando se
trate de zonas no focalizadas se mantienen las etapas mencionadas en el artículo anterior y se
prescindirá de la etapa de exposición de resultados para todos los asuntos (…)”.
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recursos en la vía administrativa y tampoco de la acción de nulidad agraria, puesto
que su decisión de fondo se toma en sede judicial27.
62. Ahora bien, la Corte Constitucional28 ha señalado que una de las garantías
del derecho fundamental al debido proceso es el principio de publicidad, en virtud
del cual, se impone a las autoridades judiciales y administrativas, el deber de hacer
conocer a los administrados y a la comunidad en general, los actos que aquellas
profieran en ejercicio de sus funciones y que conduzcan a la creación, modificación
o extinción de un derecho o a la imposición de una obligación, sanción o multa, esto
a través de los mecanismos de comunicación instituidos en la ley29, con el fin de
que puedan ejercer sus derechos a la defensa y contradicción.
63. En relación con la notificación del auto de apertura del trámite administrativo,
el artículo 70 del citado decreto, establece:
“ARTÍCULO 70. APERTURA DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA LOS ASUNTOS
DE FORMALIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DERECHOS. Para los asuntos
contenidos en los numerales 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10 del artículo 58 del presente decreto ley, el
acto administrativo de apertura del trámite administrativo indicará las partes que al momento
de expedir el acto ya fueron identificadas, la naturaleza del asunto, la identificación del
predio, el contenido del informe técnico jurídico y la orden a la Oficina de Instrumentos
Públicos para que registre el acto de apertura en el correspondiente folio de matrícula.
El acto administrativo que se expida deberá ser notificado por aviso a los interesados
de conformidad con lo establecido en el artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de
2011, sin perjuicio de las notificaciones personales a las que haya lugar de conformidad
con la ley. Además, se ordenará publicar la parte resolutiva en la página electrónica de la
entidad y del municipio en donde se encuentra ubicado el predio y en un medio masivo de
comunicación en el territorio, con el fin de publicitar el acto para los terceros que puedan
resultar afectados con la actuación.
Lo anterior, con el fin de salvaguardar derechos de terceros que puedan resultar
afectados con la actuación administrativa, de conformidad como lo indica el
artículo 37 de la Ley 1437 de 2011.
Notificado, comunicado y publicitado el acto administrativo se correrá traslado a las
partes por el término de diez (10) días, donde podrán aportar o solicitar las pruebas que
consideren necesarias para hacer valer sus derechos.
PARÁGRAFO. Contra el acto administrativo de apertura no procede ningún recurso”.
(Resaltado y subrayas Sala)
27 “Decreto-Ley 902 de 2017. Artículo 76. Recursos y control judicial. Los actos administrativos de
los artículos 73 y 74 serán susceptibles de recurso de reposición y en subsidio apelación en los
términos previstos en la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 2363 de
2015. Frente a estos actos opera el control judicial ante la jurisdicción agraria mediante la acción de
nulidad agraria de la que trata el artículo 39 del presente decreto ley. No habrá lugar a la acción de
control de nulidad de que trata la Ley 1437 de 2011. Los actos administrativos del artículo 75 no
podrán ser objeto de recursos, ni de la acción de nulidad agraria, ni de la acción de control de nulidad
de que trata la Ley 1437 de 2011. Lo anterior teniendo en cuenta que la decisión de fondo será
tomada en sede judicial”.
28 Corte Constitucional, Sentencia C- 341 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
29 Sobre el tema se pueden consultar las Sentencia C-836 de 2001 y C-641 de 2002.
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64. La anterior norma hace referencia al artículo 37 del CPACA30, el cual frente
a los terceros, prescribe el deber de comunicar la existencia de actuaciones
administrativas de contenido particular y concreto, cuando a juicio de la autoridad
estas puedan resultar directamente afectadas por la decisión, para que puedan
constituirse como parte y hacer valer sus derechos, señalando el contenido y la
forma en que dicha comunicación se debe surtir:
“ARTÍCULO 37. DEBER DE COMUNICAR LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS A
TERCEROS. Cuando en una actuación administrativa de contenido particular y concreto la
autoridad advierta que terceras personas puedan resultar directamente afectadas por la
decisión, les comunicará la existencia de la actuación, el objeto de la misma y el nombre
del peticionario, si lo hubiere, para que puedan constituirse como parte y hacer valer sus
derechos.
La comunicación se remitirá a la dirección o correo electrónico que se conozca si no
hay otro medio más eficaz. De no ser posible dicha comunicación, o tratándose de
terceros indeterminados, la información se divulgará a través de un medio masivo de
comunicación nacional o local, según el caso, o a través de cualquier otro mecanismo
eficaz, habida cuenta de las condiciones de los posibles interesados. De tales actuaciones
se dejará constancia escrita en el expediente.”
65. El asunto que en esta oportunidad se presenta a consideración de la
Corporación es un buen ejemplo de aquellos casos en los que el proceso mediante
el cual se pretende aplicar una norma de derecho impone la integración sistemática
de diversos preceptos que regulan un mismo evento31. De nada sirve el ejercicio
de interpretación que se reduce a los límites de una sola disposición –v.gr. el artículo
70 Decreto Ley 902 de 2017-, cuando la adecuada comprensión de dicho precepto
depende de la integración de artículos contenidos en otras regulaciones.
66. Así, la cabal comprensión y aplicación del artículo 70 del Decreto ibidem
depende, como en efecto se expresa en la propia norma, de la interpretación integral
que se haga de este precepto con lo dispuesto en el mencionado artículo 37 de la
Ley 1437 de 2011. En este orden de ideas, ha de entenderse lo siguiente: (i) el acto
30 A dicha norma se le ejerció el control de constitucionalidad de forma posterior a su vigencia,
mediante sentencia C-341 de 2014, la Corte Constitucional declaró su exequibilidad, para lo cual
sostuvo: “5.6.6. Cabe resaltar que el deber de comunicar las actuaciones administrativas de que trata
el artículo 37, es a "terceras personas que puedan resultar directamente afectadas por la
decisión" que se adopte en la actuación y que como tal no son partes dentro de la misma, pudiéndose
en algunos casos desconocer su paradero, motivo por el cual la notificación personal no es
necesariamente el mecanismo idóneo para ponerle en conocimiento de la existencia de la actuación,
y en modo alguno cuando se trata de terceras personas indeterminadas. En este sentido, resulta
razonable, que el Legislador en ejercicio de su libertad de configuración, disponga diversas formas
de enteramiento, según las condiciones del tercero, de que se trate, como lo son: (i) la utilización de
los medios mas eficaces posibles (libertad de medios de comunicación); (ii) la remisión de la
comunicación a la dirección o correo electrónico del tercero si se conoce y si no hay otro medio
mas eficaz y (iii) la divulgación de la comunicación en un medio masivo de comunicación local o
nacional, las cuales aseguren en mayor medida que la información llegará a su destinatario, para
que este último pueda como lo señala el mismo artículo 37, "constituirse como parte y hacer valer
sus derechos", o incluso (iv) cuando luego de la ejecución de algunos actos administrativos en donde
quede claro el conocimiento de los terceros, se disponga la posibilidad de contradecir la decisión.”
31 Corte Constitucional, Sentencia C-569 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz, sobre la interpretación
sistemática de las normas jurídicas.
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Referencia: Nulidad agraria
administrativo de apertura deberá ser notificado por aviso al interesado 32 , (ii)
comunicación a los terceros afectados; y (iii) adicionalmente, publicación en la
página electrónica de la entidad, del municipio, y en un medio masivo de
comunicación del territorio.
67. La Subsección considera que la anterior interpretación es la que más ajusta
con el principio de publicidad en las actuaciones administrativas y con el derecho a
la propiedad privada, pues según el citado Decreto todos y cada uno de los
procedimientos y fases procedimentales regulados deberán desarrollarse de
manera que se otorgue la totalidad de las garantías legales, en particular las del
debido proceso, a quienes ostenten la propiedad privada, siendo nulas las
actuaciones que desconozcan o reduzcan dichas garantías.
68. Finalmente, el artículo 77 del Decreto Ley 902 de 2017, establece que las
decisiones de cierre del trámite administrativo para los asuntos sin oposición o con
oposición y los actos administrativos que resuelven los recursos de reposición y
apelación “serán notificados a las partes de manera personal conforme lo indica el
artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011”.
Caso concreto
69. La Subsección únicamente hará referencia a los hechos probados y a las
pruebas que resultan relevantes para resolver el problema jurídico identificado ut
supra. En ese sentido, revisado el expediente, se advierte lo siguiente 33:
70. Dentro del proceso quedó acreditado que el municipio de Campoalegre a
través de Oficio D.A. 100/054-2022 del 11 de abril de 2022 solicitó a la Agencia
Nacional de Tierras adelantar el procedimiento de titulación de la posesión y
saneamiento de la falsa tradición del predio “Institución Educativa La Vuelta 200-
14322 / 00-00-0031-0093”, ubicado en esa localidad34.
71. Igualmente, se allegó el documento preliminar análisis predial para zonas no
focalizadas donde estableció que el predio “Institución Educativa La Vuelta” hace
parte del predio de mayor extensión identificado con número predial
411320000000000310093000000000, folio de matrícula inmobiliaria asociado 200-
14322, dirección La Vuelta Lote La Vivienda, y titular del derecho de dominio Teresa
Calimán Quintero35:
32 El interesado corresponde al solicitante, en este caso, el Municipio de Campoalegre.
33 Los documentos a los que se hará referencia obran en los índices 3, 24, 27 y 28 de SAMAI.
34 Folios 16-18 Archivo “22ContestacionDemandaANT(.pdf) NroActua 28” índice 28 SAMAI.
35 Folios 73-80 Archivo “22ContestacionDemandaANT(.pdf) NroActua 28” índice 28 SAMAI.
18
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00049-01 (72.050)
Demandante: Teresa Calimán
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otro
Referencia: Nulidad agraria
72. Asimismo, está probado que la ANT expidió Auto No. 20223100038889 del
2022-05-2636, “Por el cual se inicia el trámite administrativo para los asuntos de
formalización privada, en el marco del procedimiento único regulado por el Decreto
Ley 902 del 2017”, en el cual resolvió entre otras cosas37 (transcrito en su tenor
literal, aun con los posibles errores):
“ARTÍCULO SEGUNDO: DAR INICIO al trámite administrativo de Titulación de la Posesión
y Saneamiento de la Falsa Tradición solicitado por el Municipio de Campo Alegre en
relación con el predio denominado INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA VUELTA, con un área
aproximada de con un área aproximada de 0 ha + 2260 m², ubicado en el municipio de
Campo Alegre del departamento de Huila, identificado con cédula catastral No.
411320000000000310093000000000, con número de expediente 202231004000203071E;
que, a su vez, hace parte de un predio de mayor extensión, con dirección registral LA
VIVIENDA y catastral LA VUELTA LOTE LA VIVIENDA, identificado con folio de matrícula
inmobiliaria No. 200-14322, de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Neiva y
cédula catastral No. 411320000000000310093000000000.
(…)
ARTÍCULO CUARTO: NOTIFICAR el presente acto administrativo en los términos del
artículo 70 del Decreto Ley 902 de 2017 y artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.”38
73. La anterior decisión de apertura del trámite de formalización de la propiedad
privada se notificó, comunicó y publicó, de la siguiente manera: (i) de forma personal
36 Folios 19-16 Archivo “22ContestacionDemandaANT(.pdf) NroActua 28” índice 28 SAMAI.
37 Advierte la Sala que en los numerales quinto a décimo se dispuso: (i) Notificar al Representante
legal del Municipio de Campoalegre, (ii) Ordenar a la Alcaldía Municipal de Campo Alegre,
departamento de Huila, la publicación del presente acto administrativo en su página o en su cartelera,
(iii) Comunicar el acto administrativo mediante publicación la página web o en la cartelera de la
Agencia Nacional de Tierras- ANT, (iv) Publicar la parte resolutiva en un medio de comunicación
masivo de circulación nacional o local, (v) Comunicar el acto al Ministerio Público, en cabeza del
procurador judicial, ambiental y agrario, y (vi) Ordenar al Registrador de Instrumentos Públicos del
Círculo de Neiva, que inscriba con el código registral número 0965- (Inicio del procedimiento único
de ordenamiento social de la propiedad rural) la medida de publicidad de este acto administrativo,
sobre el bien inmueble rural denominado registralmente como LA VIVIENDA, ubicado en el Municipio
de Campo Alegre, departamento de Huila, identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 200-
14322.
38 En las consideraciones del citado acto administrativo se señaló que el inmueble denominado
Institución Educativa La Vuelta con área de 2262 m2 hace parte de un predio de mayor extensión
identificado con predial 411320000000000310093000000000 y folio de matrícula inmobiliaria No.
200-14322, cuyo titular del derecho de dominio registrado es la señora CALIMAN VDA. DE
QUINTERO TERESA.
19
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00049-01 (72.050)
Demandante: Teresa Calimán
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otro
Referencia: Nulidad agraria
al solicitante – municipio de Campoalegre- el 7 de junio de 202239, (ii) por estado en
la página electrónica de la ANT el 7 de junio de 2022 40, (iii) comunicación a la
Procuraduría 11 Judicial II Ambiental y Agraria de Neiva mediante Oficio No.
20223100701601 del 2022-06-08 41 , y (v) publicación en la Emisora Radio
Surcolombiana 42 y presuntamente en la cartelera y/o sitio web de la Alcaldía
Municipal43. Además, según la entidad el mencionado acto quedó ejecutoriado el 8
de junio de 202244.
74. Además, obra en el plenario Oficio 20223100661461 del 31 de mayo de 2022,
suscrito por la Subdirección de Seguridad Jurídica mediante el cual solicitó a la
Oficina de Instrumentos Públicos el registro del Auto de Inicio No. 20223100038889
del 26/05/202245.
75. Posteriormente, a través de Resolución No. 20223100194826 del 28 de julio
de 202246, la Subdirección de Seguridad Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras
cerró la actuación administrativa que se adelantó con ocasión del trámite
administrativo de formalización privada y administración de derechos presentada
por el municipio de Campoalegre, y dispuso47:
“ARTÍCULO SEGUNDO: DECLARAR la titulación de la posesión y saneamiento de la falsa
tradición por acaecimiento de la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio dentro
del trámite administrativo de formalización privada y administración de derechos regulado
por el Decreto Ley 902 del 2017, a favor del MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE,
departamento de Huila, identificado con NIT. No. 891118119-9, sobre el predio rural
denominado INSTITUCION EDUCATIVA LA VUELTA, identificado con folio de matrícula
No. 200-14322 cédula catastral No. 411320000000000310093000000000, ubicado en el
municipio de Campo Alegre del departamento de Huila.
Nombre del RUPTA Matrícula Cédula Catastral Área del Área
predio Inmobiliaria predio a total del
formalizar predio
(Has)
39 Folio 41 Archivo “22ContestacionDemandaANT(.pdf) NroActua 28” índice 28 SAMAI.
40 Folios 57-59 y 85-87 Archivo “22ContestacionDemandaANT(.pdf) NroActua 28” índice 28 SAMAI.
41 Folios 39-40 Archivo “22ContestacionDemandaANT(.pdf) NroActua 28” índice 28 SAMAI.
42Constancia de fecha 07 de junio de 2022 de la Emisora Radio Surcolombiana 1.060 A.M. donde
manifiesta que dio lectura al edicto de la ANT respecto de los procesos de formalización de predios
privados rurales (Folios 60-62 índice 28 SAMAI).
43 Advierte la Sala que mediante Oficio 20223100695361 del 2022-06-06 la ANT solicitó a la Alcaldía
Municipal de Campoalegre la publicación del acto administrativo de apertura en la cartelera y/o sitio
web de la entidad (Folios 37-38 índice 28); sin embargo, no aportó constancia de ello.
44 Folio 41 Archivo “22ContestacionDemandaANT(.pdf) NroActua 28” índice 28 SAMAI.
45 Folios 35-36 Archivo “22ContestacionDemandaANT(.pdf) NroActua 28” índice 28 SAMAI.
46 “Por la cual se cierra el trámite administrativo de titulación de la posesión y saneamiento de la
falsa Tradición respecto del predio denominado INSTITUCION EDUCATIVA LA VUELTA solicitado
por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE, departamento del HUILA en el marco del
Procedimiento Único regulado por el Decreto Ley 902 del 2017”
47 Folios 27-34 y 122-129 Archivo “22ContestacionDemandaANT(.pdf) NroActua 28” índice 28
SAMAI.
20
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00049-01 (72.050)
Demandante: Teresa Calimán
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otro
Referencia: Nulidad agraria
INSTITUCIÓN NO 200-14322 411320000000000310093000000000 0 ha + Registral:
EDUCATIVA 2260 m2 5 ha +
LA VUELTA 9730 m2
Catastral:
5 ha +
9884 m2
ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR el presente acto administrativo al solicitante en los
términos del artículo 70 del Decreto Ley 902 de 2017 y Articulo 67 y siguientes de la Ley
1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
• CPACA.
(…)
ARTÍCULO OCTAVO: ORDENAR al Registrador de Instrumentos Públicos del Círculo de
Neiva – Huila, que inscriba con el código registral No. 01012 (Declaración de la Titulación
de la Posesión y Saneamiento de la Falsa Tradición – Decreto Ley 902 de 2017) que versa
sobre el cierre de procedimiento único de ordenamiento social de la propiedad rural,
desarrollado por la Agencia Nacional de Tierras – ANT, Nit 900948953-8, en el folio de
matrícula inmobiliaria N° 200-14322, que identifica el inmueble rural denominado LA
VIVIENDA. " ubicado en el municipio de Campo Alegre, del departamento de Huila. Una
vez cumplida la medida, informar a la Subdirección de Seguridad Jurídica de la ANT dicha
inscripción en el término máximo de diez (10) días hábiles.
ARTÍCULO NOVENO: ORDENAR la asignación de un folio de matrícula inmobiliaria para
el predio INSTITUCION EDUCATIVA LA VUELTA de la formalización de la propiedad
privada rural, con un área de 0 ha + 2260 m2, ubicado en el Municipio de Campo Alegre,
del departamento de Huila, donde inscriba como propietario al Municipio de Campo Alegre
identificado con NIT. No. 891118119-9, del predio que cuenta con los siguientes linderos:
(…)”
76. Del mismo modo, se probó que la anterior decisión definitiva se notificó de la
siguiente manera: (i) por aviso al solicitante (municipio de Campoalegre) en la
página web48 y en lugar de acceso al público de la entidad desde el 16 al 22 de
agosto de 202249, y (ii) por estado en la página electrónica de la ANT por el término
de cinco días hábiles a partir del 8 de agosto de 202250, sin que se haya interpuesto
recurso alguno, por lo que según la entidad quedó ejecutoriada el 06 de septiembre
de 202251.
77. De otra parte, se acreditó en el plenario que la señora Teresa Calimán 52 el
11 de marzo de 2022 radicó petición ante la ANT para que se abstuviera de realizar
adjudicación alguna del área de terreno donde se encuentra ubicada la Escuela La
48 http://www.ant.gov.co/
49 Folios 53-56, 68-71 y 81-84 Archivo “22ContestacionDemandaANT(.pdf) NroActua 28” índice 28
SAMAI.
50 Folios 63-66 Archivo “22ContestacionDemandaANT(.pdf) NroActua 28” índice 28 SAMAI.
51 Folio 67 Archivo “22ContestacionDemandaANT(.pdf) NroActua 28” índice 28 SAMAI.
52 Observa la Sala que en el mencionado documento se anotó como datos para la notificación: “Calle
16 # 16-33 Barrio Luciano Perdomo, Cel: 3213434277 y correo renzomurcia@yahoo.es”.
21
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00049-01 (72.050)
Demandante: Teresa Calimán
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otro
Referencia: Nulidad agraria
Vuelta en el predio denominado La Vivienda53, aduciendo que era la propietaria; y
la entidad demandada a través de Oficio No. 20224200268131 del 20 de marzo de
202254 dio respuesta señalando (transcrita en su tenor literal, aun con los posibles
errores): “(…) no es procedente acceder a lo por Usted solicitado, toda vez que la
Resolución No. 1652 del 30 de octubre de 1981 de mayo de 1984, por la cual se le adjudico
el predio denominado La Vivienda, ubicado en el municipio de Campoalegre-Huila,
actualmente se encuentra debidamente ejecutoriado, en firme y registrado ante la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo Registral que por su ubicación le
corresponde; por lo que el derecho de propiedad se encuentra consolidado y su naturaleza
jurídica es la de predio privado. Que, con respecto a los trámites relacionados con predios
de naturaleza privada, la Agencia Nacional de Tierras no tiene injerencia alguna sobre
estos, por cuanto, no goza de su titularidad. En consecuencia, cualquier conflicto que se
suscite en relación con la ocupación, titularidad y/o perturbación a la posesión, debe ser
dirimido por la Jurisdicción Ordinaria Civil o mediante procedimientos administrativos
desplegados por la inspección de policía donde se encuentra ubicado el inmueble, según
competencia conferida. (…)”
78. Igualmente, se observa petición radicada por la demandante el 7 de julio de
2022 ante el Director de la Agencia Nacional de Tierras donde solicitó 56 se
55
abstuviera de realizar adjudicación alguna al predio denominado “La Vivienda” al
municipio de Campoalegre, dado que aquella era la propietaria y ejercía actos de
señora y dueña; además mencionó anexar copia de la cédula, fallos de primera y
segunda instancia, certificado de tradición y libertad, copia del contrato de
arrendamiento, auto No. N°20223100038889 del 2022-05-26 de la ANT, respuesta
con radicado N°20224200268131, avalúo comercial No. 2020-0052, recibos de
pago impuesto predial y auto admisorio rad. 2021-000550057.
79. Finalmente, se evidencia que el Subdirector de Seguridad Jurídica de la ANT
mediante Oficio 20223101422541 del 31 de octubre de 2022 dio respuesta a los
radicados Nos. 20226200742702 y 20226200795652 de la accionante en los
siguientes términos: “En virtud de lo anterior, no se accede a lo solicitado toda vez
que esta agencia no adelantó un proceso de adjudicación propio de predios baldíos;
lo que se adelantó fue un proceso de la titulación de la posesión y saneamiento de
la falsa tradición por acaecimiento de la prescripción adquisitiva extraordinaria de
53 Folios 36-37 Archivo “2_Anexos(.pdf) NroActua 3” índice 3 SAMAI.
54 Folios 38-40 Archivo “2_Anexos(.pdf) NroActua 3” índice 3 SAMAI.
55 Folios 88-92 Archivo “22ContestacionDemandaANT(.pdf) NroActua 28” índice 28 SAMAI.
56 Se transcribe literal con los posibles errores “SOLICITO A LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
ADSTENERSE DE REALIZAR ADJUDICACION ALGUNA DEL PREDIO DENOMINADO LA VIVIENDA A
FAVOR DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CAMPOALEGRE; DEL CUAL YO TERESA CALIMAN VDA DE
QUINTERO SOY LA ACTUAL PROPIETARIA EJERCIENDO LOS ACTOS DE SEÑOR Y DUEÑO DEL PREDIO
EN MENCION IGUALMENTE, EN LA RESOLUCIÓN NO.1652 DEL 30 DE OCTUBRE DE 1981 DE MAYO DE
1984, POR LA CUAL SE ME FUE ADJUDICO EL PREDIO DENOMINADO LA VIVIENDA, UBICADO EN EL
MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE-HUILA, ACTUALMENTE SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE
EJECUTORIADO, EN FIRME Y REGISTRADO ANTE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PÚBLICOS DEL CIRCULO REGISTRAL QUE POR SU UBICACIÓN LE CORRESPONDE.”
57 Ver los documentos en los anexos de la demanda folios 50 a 104 y 109-121 índice 3 SAMAI.
22
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00049-01 (72.050)
Demandante: Teresa Calimán
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otro
Referencia: Nulidad agraria
dominio, el cual quedó materializado en la Resolución de cierre No.
20223100194826 del 28 de julio de 2022”.58
Análisis de los cargos de apelación
80. La Sala reitera que el alegado defecto sustantivo en el cual se fundan los
cargos del recurrente frente a la sentencia de primer grado se circunscriben a los
siguientes argumentos: (i) no era procedente la notificación personal a la
accionante, y la notificación por aviso era para el municipio de Campoalegre que
actuó como solicitante de la titulación, (ii) la notificación por estado, la inscripción en
el FMI y la publicación en la cartelera y sitio web del municipio que se realizaron de
manera simultánea y complementaria, lo cual evidencia un esfuerzo diligente por
asegurar que la información fuera accesible a todos los interesados, incluida la
demandante, y (iii) la presentación de una petición por parte de la señora Teresa
Calimán en marzo de 2023 (sic) revela la notificación por conducta concluyente; y
que aquella tuvo plena capacidad para intervenir en el proceso.
81. En línea con la pauta normativa y jurisprudencial relacionada ut supra y los
hechos acreditados, la Subsección anticipa que se desconoció el debido proceso
administrativo de la accionante, dado que la Agencia Nacional de Tierras en el
marco del procedimiento que adelantó para la formalización privada incurrió en
varias irregularidades adjetivas que vician y contagian de invalidez la resolución que
puso fin al trámite en cuestión, tal y como se pasará a explicar.
82. En primer lugar, si se acepta el argumento del apelante en el sentido que no
se requería la notificación personal del auto de apertura a la demandante; considera
la Sala que se debió remitir comunicación a la señora Teresa Calimán a la dirección
o correo electrónico, informando sobre la existencia de la actuación, el objeto y el
nombre del solicitante, para que aquella pudiera constituirse como parte y ejerciera
sus derechos a la contradicción y defensa.
83. Sin embargo, revisado de forma exhaustiva el expediente no obra
comunicación a la accionante sobre la expedición del Auto No. 20223100038889,
pese a que desde el documento preliminar de análisis predial se identificó a la
señora Teresa Calimán como propietaria del inmueble denominado “La Vivienda”
(predio de mayor extensión) identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 200-
14322, donde se encontraba el predio Institución Educativa La Vuelta que se
pretendía formalizar, es decir, la demandante era un tercero con interés directo
dentro de la citada actuación administrativa.
84. Aunado a ello, la Sala advierte que la ANT para el momento de proferir el
auto de apertura contaba con la dirección física y electrónica de la demandante,
pues ésta se los había comunicado en petición del 11 de marzo de 2022, por lo que
no existe argumento válido para no haber remitido la comunicación a la señora
58 Folios 44-46 Archivo “22ContestacionDemandaANT(.pdf) NroActua 28” índice 28 SAMAI.
23
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00049-01 (72.050)
Demandante: Teresa Calimán
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otro
Referencia: Nulidad agraria
Teresa Calimán. Adicionalmente, no se probó que se haya publicado la parte
resolutiva del auto en la página electrónica del municipio.
85. Ahora bien, refiere el recurrente que la inscripción del auto de inicio en el folio
de matrícula inmobiliaria No. 200-14322, cumplió el mandato de publicidad y
transparencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 del CPACA.
86. La Sala considera que la notificación establecida en el artículo 70 de la Ley
1437 de 2011, no suple o reemplaza la comunicación al tercero interesado en la
actuación administrativa (art. 37 ibidem); no obstante, la citada norma dispone “Los
actos de inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar los registros públicos
se entenderán notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación. Si el acto
de inscripción hubiere sido solicitado por entidad o persona distinta de quien
aparezca como titular del derecho, la inscripción deberá comunicarse a dicho titular
por cualquier medio idóneo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la
correspondiente anotación”; y atendiendo que la ANT fue la que solicitó a la Oficina
de Instrumentos Públicos de Neiva el registro del auto de inicio, se debió comunicar
dicho acto de inscripción a la titular del derecho de dominio, en este caso, a la
señora Teresa Calimán, lo cual tampoco se acreditó en el plenario.
87. Frente a la notificación por conducta concluyente con ocasión a la petición
radicada en marzo de 2023 (sic), debe decir la Sala que en el artículo 7259 de la Ley
1437 de 2011, el legislador previó que sin el lleno de los requisitos no se tendrá por
hecha la notificación, ni producirá efectos la decisión a menos que la parte
interesada revele que conoce el acto, consienta la decisión o interponga los
recursos legales. En este orden de ideas, la conducta concluyente es una modalidad
igualmente válida de notificación de los actos administrativos y se erige en un
mecanismo tendiente a subsanar las omisiones o irregularidades que se hayan
presentado al intentar la comunicación por el mecanismo principal.
88. Visto lo anterior, es claro que la actora al incoar la petición de fecha 7 de julio
de 2022 reveló que conocía la decisión administrativa de apertura y en virtud de
ello, solicitó a la Agencia se abstuviera de realizar adjudicación alguna sobre el
predio denominado “La Vivienda”, dado que se reputaba como propietaria y
realizaba actos de señora y dueña sobre éste. De manera que al extraerse de la
petición interpuesta por la interesada que esta conocía el Auto No. 20223100038889
del 2022-05-26, es dable señalar que operó la notificación por conducta
concluyente.
59 «ARTÍCULO 72. FALTA O IRREGULARIDAD DE LAS NOTIFICACIONES Y NOTIFICACIÓN POR
CONDUCTA CONCLUYENTE. Sin el lleno de los anteriores requisitos no se tendrá por hecha la
notificación, ni producirá efectos legales la decisión, a menos que la parte interesada revele que
conoce el acto, consienta la decisión o interponga los recursos legales».
24
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00049-01 (72.050)
Demandante: Teresa Calimán
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otro
Referencia: Nulidad agraria
89. No obstante, la ocurrencia de dicha figura no saneó o convalidó la
irregularidad en la que incurrió la administración al publicitar el acto administrativo,
pues de facto desconoció a la señora Teresa Calimán como opositora dentro del
trámite administrativo de formalización privada, además no se valoraron las pruebas
allegadas en la decisión de cierre como dispone el decreto en cita.
90. Al respecto, el artículo 4660 del Decreto Ley 902 de 2017, establece:
“ARTÍCULO 46. OPOSICIONES. A partir de la expedición del acto administrativo que acepta o
promueve alguno de los procedimientos objeto del Procedimiento Único de que trata el presente
decreto ley y hasta la decisión de cierre en fase administrativa, quien creyere que el predio objeto
de la respectiva actuación es de su propiedad, total o parcialmente, fuere poseedor de aquel
o considerare tener mejor derecho, titulares de derechos reales o razón fundada que impida
el trámite y resolución del asunto en cuestión, podrá formular su oposición por escrito o de
manera verbal, acompañando prueba sumaria en la cual funde su oposición.
Si el opositor se constituye como tal cerrada la etapa probatoria del Procedimiento Único las pruebas
que aporte serán valoradas por la Agencia Nacional de Tierras en la decisión de cierre.” (Resaltado
y subrayas Sala).
91. La Sala coincide con el a quo en el sentido que la Agencia Nacional de Tierras
ignoró las peticiones y pruebas aportadas por la demandante, pues en la Resolución
No. 20223100194826 del 28 de julio de 2022 consideró 61 que no se presentó
oposición alguna dentro de las oportunidades establecidas, pese a que como se
demostró, la señora Teresa Calimán de manera expresa manifestó ser propietaria
del predio objeto de formalización, por lo que no era viable expedir la decisión de
cierre del trámite administrativo, sino formular la solicitud de formalización ante el
juez competente, conforme lo dispone el artículo 3662 del Decreto Ley 902 de 2017.
60
ARTÍCULO 46. OPOSICIONES. A partir de la expedición del acto administrativo que acepta o
promueve alguno de los procedimientos objeto del Procedimiento Único de que trata el presente
decreto ley y hasta la decisión de cierre en fase administrativa, quien creyere que el predio objeto
de la respectiva actuación es de su propiedad, total o parcialmente, fuere poseedor de aquel
o considerare tener mejor derecho, titulares de derechos reales o razón fundada que impida
el trámite y resolución del asunto en cuestión, podrá formular su oposición por escrito o de
manera verbal, acompañando prueba sumaria en la cual funde su oposición.
Si el opositor se constituye como tal cerrada la etapa probatoria del Procedimiento Único las pruebas
que aporte serán valoradas por la Agencia Nacional de Tierras en la decisión de cierre.”
61
“(…) Que una vez surtidas las etapas y actuaciones correspondientes a la expedición, notificación
y firmeza del auto de inicio No. 20223100038889 de 26 de mayo de 2022, donde se incorporaron y
valoraron elementos conducentes, pertinentes y útiles, que acreditaron que el predio solicitado en
formalización denominado INSTITUCION EDUCATIVA LA VUELTA es de naturaleza privada y que
el MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE, departamento de Huila, identificado con NIT. No. 891118119-
9, demostró el ejercicio de la posesión de manera pública, pacífica e ininterrumpida durante el lapso
necesario para adquirir por prescripción extraordinaria de dominio, esto es, diez (10) años, ejerciendo
actos con ánimo de señor y dueño, sin haberse presentado oposición alguna dentro de las
oportunidades establecidas, la Subdirección de Seguridad Jurídica procederá al cierre de la fase
administrativa para los asuntos de formalización privada.”
62
“(…) siempre y cuando en el marco del Procedimiento Único de que trata el presente decreto ley
no se presente oposición de quien alegue tener un derecho real sobre el predio correspondiente, o
quien demuestre sumariamente tener derecho de otra naturaleza sobre el predio reclamado, caso
en el cual, la Agencia Nacional de Tierras formulará la solicitud de formalización ante el juez
competente en los términos del presente decreto ley, solicitando como pretensión principal el
reconocimiento del derecho de propiedad a favor de quien de conformidad con el informe técnico
considere pertinente.(…)”
25
Radicación: 41001-23-33-000-2023-00049-01 (72.050)
Demandante: Teresa Calimán
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otro
Referencia: Nulidad agraria
92. En efecto, el procedimiento previsto en este decreto ley le da facultades a la
Agencia Nacional de Tierras para titular la posesión y sanear la falsa tradición; no
obstante, en aras de garantizar los derechos de los terceros establece que ante una
oposición debe ser el juez el llamado a decidir el conflicto.
“ARTÍCULO 47. LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR LA FORMALIZACIÓN. En aquellos casos en
que se presente oposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del presente decreto
ley, en cualquiera de las circunstancias de competencia de la Agencia Nacional de Tierras o cuando
resulte fallida la respectiva conciliación, la Agencia Nacional de Tierras formulará la solicitud de
formalización ante el juez competente en los términos del presente decreto ley, solicitando como
pretensión principal el reconocimiento del derecho de propiedad a favor de quien de conformidad
con el informe técnico considere pertinente.” (Subrayas añadida).
93. Así las cosas, en el sub examine no era procedente declarar la titulación de
la posesión y saneamiento de la falsa tradición por acaecimiento de la prescripción
adquisitiva extraordinaria de dominio del predio rural Institución Educativa La Vuelta
a favor del municipio de Campoalegre, sino que el acto de cierre debió disponer la
presentación de la demanda ante el juez competente, conforme lo preceptuado en
el artículo 7563 del decreto ibidem.
94. Finalmente, a la demandante no solo se le excluyó como opositora dentro del
trámite de formalización, sino que, se insiste, las pruebas que aportó no fueron
valoradas ni confrontadas con las allegadas por el municipio de Campoalegre y así
verificar si era viable presentar la solicitud judicial de reconocimiento del derecho de
propiedad a favor de la entidad territorial.
95. En conclusión, la Subsección advierte que se vulneraron varias de las
garantías asociadas al derecho fundamental al debido proceso administrativo de la
parte actora (participación de los interesados en la actuación administrativa desde
su inicio hasta su culminación y la impugnación de las decisiones administrativas),
por lo siguiente:
(i) La indebida comunicación del Auto No. 20223100038889 del 26 de mayo de
2022 [en sí mismo] impidió que la propietaria del predio rural denominado “La
Vivienda” pudiese participar desde el inicio en el procedimiento de formalización de
predios privados que en esta instancia judicial se revisa.
(ii) La publicación en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo
de comunicación, son formas de publicación adicionales, que no suple o reemplaza
los mecanismos principales.
63 2ARTÍCULO 75. DECISIONES Y CIERRE DEL TRÁMITE ADMINISTRATIVO PARA LOS
ASUNTOS CON OPOSICIÓN. Con relación a los asuntos indicados en los numerales 3, 4 y 8 del
artículo 58 del presente decreto ley en los que se presentaron oposiciones, así como los establecidos
en los numerales 5, 6, 7 y 10 el acto administrativo de cierre dispondrá la presentación de la demanda
ante el juez competente en los términos del presente decreto.”
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Radicación: 41001-23-33-000-2023-00049-01 (72.050)
Demandante: Teresa Calimán
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otro
Referencia: Nulidad agraria
(iii) La notificación por conducta concluyente no saneó o convalidó la
irregularidad en la que incurrió la administración al publicitar el acto administrativo,
pues la Agencia no tuvo a la demandante como opositora dentro del trámite de
formalización privada, pese a que aquella se reputaba como propietaria y realizaba
actos de señora y dueña sobre el predio rural Institución Educativa La Vuelta.
(iv) En lo concerniente a la garantía de impugnar las decisiones administrativas,
no puede existir duda alguna de que la indebida comunicación del auto de apertura
incidió negativamente en la posibilidad que le asistía al extremo demandante de
recurrir (por la vía de la reposición y apelación) la Resolución No. 20223100194826
del 28 de julio de 2022, máxime cuando ni se le notificó personalmente dicho acto
administrativo, conforme al artículo 77 del citado decreto.
(v) Por último, considera la Sala que pese a la oposición expresada por la señora
Teresa Calimán ante la ANT esta profirió auto de decisión y cierre administrativo,
cuando lo procedente era formular la solicitud de formalización ante el juez
competente.
96. Por lo tanto, de acuerdo con lo previamente expuesto, no se advierte
irregularidad alguna en la decisión del Tribunal a quo (conforme a las súplicas de
la alzada); en consecuencia, se confirmará la sentencia proferida el 17 de julio de
2024 por el Tribunal Administrativo del Huila, por las motivaciones contenidas en la
presente sentencia.
Costas y agencias en derecho64
97. De conformidad con lo establecido en el artículo 188 del CPACA, la
liquidación y ejecución de la condena en costas se sujetará a las reglas del Código
de Procedimiento Civil, actualmente CGP. Según lo dispuesto en el numeral 1 del
artículo 365 ibidem65, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso.
98. Se advierte que, bajo las reglas del Código en cita, la condena en costas no
requiere de la apreciación o calificación de una conducta temeraria de la parte a la
cual se le imponen, toda vez que en el régimen actual dicha condena se determina
64 En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para demandar en costas a la
demandada (no así a la demandante vencida), debe acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación
del mandato incorporado -con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual
en todos los casos (salvo en litigios relacionados con grave violación de derechos humanos, donde
no procede, o en actuaciones gobernadas con reglas especiales, como los recursos extraordinarios),
corresponde comprobarse si la demanda careció manifiestamente de fundamento legal. Sin
embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica, por lo que -hasta tanto la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla y sin perjuicio de exponer, vía
aclaración, el anterior discernimiento- acogerá la actual posición mayoritaria de la Sección Tercera,
que se inclina por mantener un criterio objetivo.
65 “En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena
en costas se sujetará a las siguientes reglas: “1. Se condenará en costas a la parte vencida en el
proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja,
súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este
código”.
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Radicación: 41001-23-33-000-2023-00049-01 (72.050)
Demandante: Teresa Calimán
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otro
Referencia: Nulidad agraria
con fundamento en un criterio netamente objetivo, “siempre que exista prueba de
su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por
la ley”. La Sala condenará en costas a la demandada en la medida en que el recurso
que interpuso se resuelve de manera desfavorable66.
99. En relación con las agencias en derecho 67, se pone de presente que se
regirán por el artículo 5 del Acuerdo PSAA16-10554 de 201668 proferido por el
Consejo Superior de la Judicatura, vigente para el momento en el que se interpuso
la demanda. Para esta instancia se fija a cargo de la parte demandada -ANT y en
favor de la demandante en un (1) salario mínimo legal mensual vigente69 a la fecha
de ejecutoria de esta sentencia.
100. Ante esta definición, se impone la liquidación de las costas de manera
concentrada por parte del Tribunal de origen, en los términos del artículo 366 del
Código General del Proceso70.
101. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 30 de julio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila, por las razones expuestas en la presente
providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandada -
Agencia Nacional de Tierras, en favor de la demandante. Para el efecto, las
66 Según el numeral 1º del artículo 365 del CGP, se condenará en costas a la parte a la que se le
resuelva desfavorablemente el recurso de apelación. El numeral 3º también dispone que en la
providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda.
67 El pleito de la referencia corresponde a una nulidad y restablecimiento del derecho que implicó
que la demandante tuviera que designar abogado que ejerciera la defensa judicial de sus intereses,
gestión que genera agencias en derecho incluso por la sola vigilancia del proceso en segunda
instancia.
68 Acuerdo PSAA16-10554 de 2016. El artículo 5 establece que las agencias en derecho en segunda
instancia causadas en procesos declarativos serán “entre 1 y 6 S.M.L.M.V.”.
69 Sobre las labores de vigilancia del proceso como criterio suficiente para fijar agencias en derecho
se pueden consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Tercera, Subsección A, sentencias del 19 de febrero de 2021, exp. 64.401, C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico, 19 de marzo de 2021, exp. 68.836, C.P. María Adriana Marín; del 17 de junio de
2022, exp. 67.178, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; del 21 de noviembre de 2022, exp. 68.941,
C.P. Marta Nubia Velásquez Rico y del 3 de febrero de 2023, exp. 69.319, auto de 9 de abril de 2021,
C.P: María Adriana Marín, exp: 64.150 y auto de 19 de marzo de 2021, C.P: José Roberto Sáchica
Méndez, exp: 65.193.
70 A cuyo tenor: “Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el
juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede
ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas (…)”.
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Radicación: 41001-23-33-000-2023-00049-01 (72.050)
Demandante: Teresa Calimán
Demandado: Agencia Nacional de Tierras y otro
Referencia: Nulidad agraria
agencias en derecho se fijan en un (1) salario mínimo legal mensual vigente
(SMLMV) a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Las costas se liquidarán de
manera concentrada en el Tribunal a quo.
TERCERO: En firme esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el expediente al
Tribunal Administrativo de origen, para lo de su competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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