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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2023-00368-01

Fecha
3 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 41001-23-33-000-2023-00368-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 19 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandada por las razones expuestas en esta providencia. TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 41001-23-33-000-2023-00368-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

3 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011.
Radicación : 41001-23-33-000-2023-00368-01 (2878-2025)1.
Demandante : Ana Ligia Camacho Noriega.
Demandada : Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial.
Tema : Vigilancia administrativa. Disminución de la calificación de
servicios en el factor rendimiento o eficiencia. Pérdida de
competencia prevista en el artículo 121 del C.G.P. Mora judicial
injustificada.
Decisión : Confirma la sentencia apelada. No se acreditó mora judicial
injustificada en la resolución de la solicitud de pérdida de
competencia. Los actos demandados incurrieron en falsa
motivación.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 19 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila2, a
través de la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La parte actora, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, promovió demanda contra la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial –
Rama Judicial, con el propósito de que se declarara la nulidad de las Resoluciones No.
CSJHUR23-183 del 7 de abril de 20233 y CSJHUR23-300 del 5 de junio de 20234,
expedidas por el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila. Mediante la primera, se
aplicó el mecanismo de vigilancia judicial administrativa y se disminuyó en un (1) punto
la calificación de servicios de la demandante en el factor rendimiento o eficiencia para el

1
Expediente digital.
2 Decisión suscrita por los magistrados: Nelcy Vargas Tovar, Gerardo Iván Muñoz Hermida y José Miller Lugo Barrero.
3 Notificada el 17 de abril de 2023 por correo electrónico.
4 Notificada el 7 de junio de 2023 por correo electrónico.

Radicación: 41001-23-33-000-2023-00368-01 (2878-2025).
Demandante: Ana Ligia Camacho Noriega.

periodo 2023; y, a través de la segunda, se resolvió el recurso de reposición interpuesto
contra aquella decisión, confirmándola.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se ordene la no aplicación del
mecanismo judicial de vigilancia administrativa al despacho del cual es titular y que,
además, no se disminuya su calificación de servicios del año 2023 como magistrada de
la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Neiva.

3. Como hechos de la demanda se indicó que Ana Ligia Camacho Noriega, se
desempeña como magistrada de la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Neiva desde el 9 de octubre de 2018. Agregó que, el 10 de febrero de
2023, el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila inició de oficio una actuación
administrativa en su contra, con ocasión del proceso identificado con radicado abreviado
No. 2019-00134-01, en el cual la funcionaria declaró la pérdida de competencia prevista
en el artículo 121 del Código General del Proceso.

4. Posteriormente, mediante Resolución No. CSJHUR23-183 del 7 de abril de 2023, el
Consejo Seccional de la Judicatura del Huila resolvió aplicar el mecanismo de vigilancia
judicial administrativa y disminuir en un (1) punto la calificación de servicios de la
demandante en el factor rendimiento o eficiencia para el año 2023. Para ello, consideró
que la magistrada incurrió en “tardanza injustificada para proferir el auto declarando la
pérdida de competencia”, dado que la solicitud fue presentada por el apoderado judicial
el 17 de noviembre de 2022 y solo fue resuelta el 7 de febrero de 2023.

5. Contra esa decisión la demandante interpuso recurso de reposición, en el que sostuvo
que no se configuraban los presupuestos para aplicar el mecanismo de vigilancia judicial
administrativa, entre otras razones, porque adujo no incurrió en mora o dilación
injustificada para proferir el auto que declaró la pérdida de competencia solicitada el 17
de noviembre de 2022 y resuelta el 7 de febrero de 2023.

6. Finalmente, mediante Resolución No. CSJHUR23-300 del 5 de junio de 2023, el
Consejo Seccional de la Judicatura del Huila decidió no reponer el acto recurrido y, en
consecuencia, dejó en firme la aplicación del mecanismo de vigilancia judicial
administrativa y la disminución de un (1) punto en la calificación de servicios de la
demandante.

Contestación de la demanda

7. La entidad demandada, Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda con fundamento en
la presunción de legalidad de los actos administrativos acusados. Al respecto, sostuvo
que correspondía a la parte actora desvirtuarla, carga que, a su juicio, no fue satisfecha
en el proceso.

2

Radicación: 41001-23-33-000-2023-00368-01 (2878-2025).
Demandante: Ana Ligia Camacho Noriega.

8. Como fundamento de su defensa, se refirió al marco normativo y a las características
del mecanismo de vigilancia judicial administrativa5, afirmó que, conforme al artículo 121
del Código General del Proceso, la demandante quebrantó los principios de oportunidad,
eficacia y correcta administración de justicia, por incurrir en mora o tardanza injustificada
para dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso identificado con radicado
No. 2019-00134-01. Agregó que esa omisión produjo el vencimiento del término previsto
en la citada disposición y, como consecuencia, la pérdida de competencia, la cual también
fue declarada tardíamente.

9. Adujo que la actuación desplegada por la demandante no estuvo justificada y que la
conducta reprochada sí se configuró, en atención a que, en su condición de magistrada,
debía cumplir de manera ejemplar los principios que rigen la administración de justicia,
actuar con eficiencia, adoptar las medidas necesarias para evitar la paralización de los
procesos, procurar la economía procesal y establecer prioridades frente a los asuntos
sometidos a su conocimiento.

10. Finalmente, indicó que la parte actora, tanto en el trámite de vigilancia judicial
administrativa como en el presente medio de control, pretendió generar confusión para
justificar la mora advertida en el proceso objeto de vigilancia, al equiparar dos situaciones
fácticas que, en criterio de la entidad, eran diferentes.

11. Explicó que los términos de un año y seis meses previstos en el artículo 121 del
Código General del Proceso se refieren a la decisión de fondo de la respectiva instancia,
actuación que puede involucrar múltiples trámites no siempre dependientes del
funcionario judicial. En cambio, sostuvo que la declaratoria de pérdida de competencia
corresponde a un acto específico y aislado, que no exige resolver el fondo del litigio, sino
verificar el vencimiento del término legal para decidir, esto es, de un año en primera
instancia o de seis meses en segunda instancia, contado, en este último evento, desde
la recepción del expediente.

II. SENTENCIA APELADA

12. El Tribunal Administrativo del Huila, en sentencia del 19 de agosto de 2025, declaró
la nulidad de los actos administrativos demandados expedidos por el Consejo Seccional
de la Judicatura del Huila, mediante las cuales se aplicó el mecanismo de vigilancia
judicial administrativa y se disminuyó en un punto la calificación de servicios de la
demandante en el factor eficiencia y rendimiento para el año 2023.

13. Como fundamento de su decisión, el a quo señaló que la demandante no incurrió en
mora judicial injustificada para proferir el auto del 7 de febrero de 2023, mediante el cual
resolvió la solicitud de pérdida de competencia. Para ello, reseñó las actuaciones surtidas
en segunda instancia por el despacho de esta dentro del proceso de responsabilidad civil

5 Hizo referencia al artículo 101 de la Ley 270 de 1996, al Acuerdo PSAA11-8716 del 6 de octubre de 2011 “Por el cual

se reglamenta el ejercicio de la Vigilancia Judicial Administrativa consagrada en el artículo 101, numeral 6º, de la Ley
270 de 1996”, a la Circular PSAC10-53 de 2010 de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura, una sentencia del Consejo de Estado proferida por la Subsección B de la Sección Segunda
el 3 de octubre de 2002 dentro del proceso identificado con el radicado 11001 03 25 000 2001 0035 01(498-01).

3

Radicación: 41001-23-33-000-2023-00368-01 (2878-2025).
Demandante: Ana Ligia Camacho Noriega.

extracontractual identificado con radicado n.º 41298-31-03-001-2019-00134-00/01,
desde su reparto e ingreso al despacho hasta la expedición del auto que declaró la
pérdida de competencia y ordenó la remisión del expediente al despacho siguiente en
turno.

14. El Tribunal precisó que la solicitud de pérdida de competencia fue presentada el 17
de noviembre de 2022, pero solo ingresó al despacho el 23 de noviembre siguiente, fecha
que debía tomarse como punto de partida para calcular la eventual mora. Así, concluyó
que entre el conocimiento efectivo de la solicitud y su decisión transcurrieron 36 días
hábiles, descontada la vacancia judicial. Además, descartó que la pérdida de
competencia debiera declararse de oficio o que operara automáticamente por el
vencimiento del término del artículo 121 del C.G.P. o por la sola solicitud de parte, pues,
conforme a la jurisprudencia constitucional y ordinaria, su configuración exige verificar
determinados presupuestos.

15. Precisó que la solicitud de pérdida de competencia no podía resolverse mediante un
simple cómputo de términos, sino que exigía verificar presupuestos como la interrupción
o suspensión del proceso, la prórroga de competencia, la conducta de las partes y la
razonabilidad del plazo. Además, aclaró que, conforme al artículo 121 del C.G.P. y su
condicionamiento constitucional6, el deber inmediato era informar al Consejo Superior de
la Judicatura sobre el vencimiento del término para fallar, mas no remitir automáticamente
el expediente al despacho siguiente.

16. En ese contexto, indicó que el eventual cumplimiento u omisión del deber de informar
al Consejo Superior de la Judicatura no hizo parte del análisis de los actos acusados ni
fue objeto de debate judicial. Por ello, una vez descartado que la pérdida de competencia
operara automáticamente o que el expediente debiera remitirse al día siguiente del
vencimiento del término para fallar, precisó que el estudio debía concentrarse en
establecer si la demandante incurrió en tardanza injustificada al resolver la solicitud de
pérdida de competencia.

17. Consideró que, aunque el despacho de la demandante excedió en 26 días hábiles el
término previsto en el artículo 120 del Código General del Proceso para dictar autos,
dicho lapso no resultaba excesivo, desproporcionado ni lesivo de los derechos de las
partes, pues fue razonable frente a la capacidad operativa del despacho. Para ello, tuvo
en cuenta la congestión judicial, la reducida planta de personal y las labores
administrativas derivadas de la presidencia del Tribunal, circunstancias estructurales y
funcionales que no fueron controvertidas por la entidad demandada. En consecuencia,

6 Dijo la sentencia apelada: “Aunque es cierto que el artículo 121 del C.G.P. prevé que ante la pérdida de competencia

“al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y remitir el expediente
al juez o magistrado que le sigue en turno”; no lo es menos, que la constitucionalidad del inciso 2 del artículo ibídem
se condicionó a que: “[…] la pérdida de competencia del funcionario judicial correspondiente sólo ocurre previa solicitud
de parte, sin perjuicio de su deber de informar al Consejo Superior de la Judicatura al día siguiente del término para
fallar, sobre la circunstancia de haber transcurrido dicho término sin que se haya proferido sentencia”. Es decir que, lo
que la Corte Constitucional condicionó fue, justamente, el momento en que se acaece la pérdida de competencia; pues
ya no opera automáticamente, sino cuando “una de las partes alegue su configuración”. No obstante, salvaguardó el
deber “de informar al Consejo Superior de la Judicatura al día siguiente del término para fallar”; pero en ningún
momento mencionó que también “al día siguiente del término para fallar” debía remitirse el expediente al despacho
siguiente en turno”.

4

Radicación: 41001-23-33-000-2023-00368-01 (2878-2025).
Demandante: Ana Ligia Camacho Noriega.

estimó contradictorio aceptar esas condiciones para justificar la demora en dictar
sentencia, pero descartarlas para resolver la solicitud de pérdida de competencia; por
tanto, señaló que no hubo actuación negligente ni mora injustificada y que los actos
acusados incurrieron en falsa motivación, al desconocer la realidad fáctica y jurídica del
despacho del cual era titular la demandante.

18. Agregó que las resoluciones demandadas evidenciaban que no se efectuó un análisis
sobre la naturaleza, génesis y alcance de las presuntas deficiencias que ocasionaron la
mora atribuida a la magistrada Camacho Noriega. En ese sentido, sostuvo que la
autoridad administrativa debió examinar, a la luz de los pronunciamientos del Consejo de
Estado7, si la dilación judicial era injustificada, si fue ocasionada por los servidores que
tenían a su cargo el impulso del asunto y si el tiempo de tardanza resultaba
desproporcionado frente al trámite correspondiente.

19. En ese sentido, sostuvo que, analizadas las anteriores circunstancias, las presuntas
deficiencias operativas y la congestión que padecía el despacho de la demandante no le
eran atribuibles. Por ello, estimó que debía ser “eximida de los correctivos y anotaciones
respectivas”, conforme a lo dispuesto en el artículo 7.º del Acuerdo n.º PSAA11-8716 del
6 de octubre de 20118.

20. Sostuvo que algunas afirmaciones relacionadas con la supuesta baja productividad
de la demandante y la reducción del reparto carecían de soporte probatorio dentro del
expediente administrativo9. Sobre el particular, señaló que esta Corporación, en un
asunto de similares características10, desestimó que el Consejo Seccional de la
Judicatura hubiera acudido a una prueba documental que no resultaba conducente,
pertinente ni idónea para fundamentar la aplicación del mecanismo de vigilancia judicial
administrativa a un juez administrativo, toda vez que, dicho elemento no daba cuenta
cierta de la conducta atribuida al funcionario judicial. En esa oportunidad se concluyó que
“dicho documento no podía cimentar la sanción impuesta”, razonamiento que, la primera
instancia aplicó al sub judice.

7 Para lo cual citó una sentencia del 5 de marzo de 2020 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado en el

proceso identificado con el radicado 81001-23-31-000-2012-00033 01 (50.142).
8 ARTÍCULO SEPTIMO.- Decisión. Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento de los términos

señalados en el artículo anterior, para dar explicaciones, el Magistrado que conoce del asunto sustanciará y someterá
a consideración de la Sala Administrativa, el proyecto de decisión sobre la vigilancia judicial administrativa practicada,
teniendo en cuenta los hechos, pruebas recopiladas y explicaciones dadas por los sujetos vigilados. Dentro del término
previsto en este artículo, la respectiva Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, decidirá si ha habido
un desempeño contrario a la administración oportuna y eficaz de la justicia en el preciso y específico proceso o
actuación judicial de que se trate.
Para el efecto se tendrá en cuenta que el hecho no obedezca a situaciones originadas en deficiencias
operativas del despacho judicial, no atribuibles al servidor judicial, así como los factores reales e inmediatos
de congestión no producidos por la acción u omisión del funcionario o empleado requerido, todo lo cual lo
exime de los correctivos y anotaciones respectivas. (negrilla fuera del texto original)
9 “En lo concerniente a incluir en los actos acusados afirmaciones sin respaldo probatorio, como una supuesta baja

productividad y reducción del reparto por su rol como presidenta, sin que se aportara la certificación citada ni constara
solicitud formal de disminución de reparto por su parte; basta con señalar que, en efecto, aunque esos argumentos
fueron planteados en las Resoluciones N° CSJHUR23-183 y CSJHUR23-300 de 2023, carecen de sustento probatorio.
Toda vez que ninguna de las pruebas incorporadas al trámite administrativo, dan cuenta de una baja productividad ni
de la reducción del reparto del despacho de la demandante, en virtud del ejercicio de la Presidencia del Tribunal
Superior de Neiva.”
10 Para lo cual citó la sentencia “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

Subsección B. Sentencia del 28 de marzo de 2019. Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez. Radicación: 52001-
23-33-000-2014-00222 02 (2944-17).”

5

Radicación: 41001-23-33-000-2023-00368-01 (2878-2025).
Demandante: Ana Ligia Camacho Noriega.

21. En consecuencia, declaró no probadas las excepciones formuladas por la entidad
demandada y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó corregir la calificación de
servicios de la magistrada demandante, de modo que fuera recalculada sin descontar el
punto disminuido en el factor eficiencia y rendimiento. Asimismo, se abstuvo de imponer
condena en costas.

III. RECURSO DE APELACIÓN

22. La Nación – Rama Judicial interpuso recurso de apelación contra la sentencia del 19
de agosto de 2025 y solicitó su revocatoria, para que, en su lugar, se negaran todas las
pretensiones de la demanda. Sostuvo que el Tribunal erró al concluir que los actos
acusados desconocieron la realidad fáctica y jurídica del despacho de la demandante,
pues, según afirmó, el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila sí valoró los
argumentos de defensa expuestos por la magistrada, la realidad estadística de su
despacho desde su posesión, su carga laboral, sus condiciones de operabilidad y la
comparación de su rendimiento con los demás despachos de la Sala Civil-Familia-Laboral
del Tribunal Superior de Neiva.

23. Indicó que los actos demandados no se fundaron únicamente en el vencimiento del
término previsto en el artículo 121 del Código General del Proceso ni en el auto del 7 de
febrero de 2023, sino en una valoración integral de las circunstancias que rodearon la
actuación judicial. En ese sentido, afirmó que en el proceso verbal No. 41298-31-03-001-
2019-00134-00/01 se acreditó que la demandante no dictó sentencia de segunda
instancia dentro del plazo legal, que la parte interesada alegó la pérdida de competencia
y que no existieron actuaciones procesales, conducta dilatoria de las partes, actividad
probatoria, complejidad del asunto o formalidades del trámite que justificaran la demora.

24. Reprochó que el Tribunal hubiera acogido como justificación la carga laboral, la
conformación del equipo de trabajo y las funciones administrativas derivadas de la
presidencia de la corporación, sin atender, según el apelante, a la naturaleza,
complejidad y devenir del proceso y señaló que, aunque la congestión judicial podía
constituir una justificación extraordinaria, correspondía a la demandante demostrar que
actuó con diligencia y que la demora obedeció a un estado de cosas singularizado,
probado e insuperable. Agregó que los factores de congestión existentes para 2021 no
la eximían de adoptar correctivos para impulsar el proceso y decidirlo dentro del término
prorrogado.

25. También sostuvo que no se justificaba la demora de 36 días hábiles para proferir el
auto que declaró la pérdida de competencia, pues, a diferencia de la sentencia, dicha
providencia no exigía un análisis exhaustivo de las piezas procesales ni valoración
probatoria de fondo. Añadió que la remisión tardía del expediente agravó la situación del
usuario de justicia, generó traumatismos y disfuncionalidades en el trámite y vulneró los
derechos de acceso a la administración de justicia y debido proceso.

6

Radicación: 41001-23-33-000-2023-00368-01 (2878-2025).
Demandante: Ana Ligia Camacho Noriega.

26. Finalmente, alegó que la sentencia resultó incongruente al tener por no acreditada la
reducción de la carga laboral por el ejercicio de la presidencia y, al mismo tiempo,
sustentar la falsa motivación en el incremento de actividades administrativas derivadas
de esa dignidad. Además, cuestionó que los magistrados que decidieron el asunto no se
hubieran apartado del conocimiento del proceso, al considerar que podían tener un
interés indirecto por encontrarse eventualmente en circunstancias similares frente a
trámites de vigilancia judicial administrativa.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

27. Mediante auto proferido el 1 de diciembre de 202511 se admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandada.

28. El Ministerio Público no rindió concepto.

V. CONSIDERACIONES

Competencia

29. La Sala es competente para conocer del recurso de apelación. Lo anterior, por cuanto
el artículo 152, numeral 22, del CPACA, en la modificación introducida por el artículo 24
de la Ley 2080 de 2021, asignó a los tribunales administrativos el conocimiento, en
primera instancia, de las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho sin cuantía
promovidas contra actos expedidos por autoridades del orden nacional o departamental.
Si bien el artículo 86 de la Ley 2080 de 2021 dispuso que las modificaciones en materia
de competencia solo serían aplicables a las demandas presentadas un año después de
su publicación, dicha condición se encuentra satisfecha en este caso, toda vez que la
demanda fue radicada el 22 de noviembre de 202312. En consecuencia, el presente
asunto se rige por las reglas de competencia previstas en la Ley 2080 de 2021 y, por
ende, corresponde a esta Corporación resolver la apelación formulada contra la sentencia
de primera instancia.

Problema jurídico

30. Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Huila erró al
declarar la nulidad de las resoluciones demandadas, al concluir que la demandante Ana
Ligia Camacho Noriega no incurrió en mora judicial injustificada al resolver la solicitud de
pérdida de competencia presentada dentro del proceso verbal radicado No. 41298-31-
03-001-2019-00134-00/01 y que, por tanto, no procedía la aplicación del mecanismo de
vigilancia judicial administrativa ni la disminución de su calificación de servicios.

11 Índice 0004 de Samai.
12 Ver archivo pdf de nombre: 002_ActaReparto3737

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Radicación: 41001-23-33-000-2023-00368-01 (2878-2025).
Demandante: Ana Ligia Camacho Noriega.

Análisis

31. La Sala confirmará la sentencia apelada, comoquiera que los actos administrativos
demandados incurrieron en falsa motivación, dado que la disminución de un punto en la
calificación de servicios de la demandante se sustentó en una mora que, conforme a las
circunstancias concretas del despacho judicial y a los parámetros fijados por la
jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa, no podía calificarse como
injustificada.

32. El presente asunto tuvo origen en la actuación administrativa iniciada de oficio por el
Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, con ocasión de la declaratoria de pérdida
de competencia proferida el 7 de febrero de 2023 por la magistrada Ana Ligia Camacho
Noriega, titular del despacho de la Sala Primera de Decisión Civil-Familia-Laboral del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro del proceso de responsabilidad
civil extracontractual identificado con radicado No. 41298-31-03-001-2019-00134-
00/01.13

33. Según se desprende de los actos administrativos demandados, la autoridad
administrativa consideró que la funcionaria incurrió en tardanza injustificada para resolver
la solicitud de pérdida de competencia presentada por una de las partes el 17 de
noviembre de 2022. Con fundamento en ello, dispuso aplicar el mecanismo de vigilancia
judicial administrativa y disminuir en un punto su calificación en el factor rendimiento o
eficiencia para el periodo 2023.14

34. Sobre el particular, precisa la Sala que el artículo 121 del Código General del
Proceso15 establece los términos máximos para dictar sentencia en cada instancia y

13 En providencia del 28 de febrero de 2023, el Consejo Superior de la Judicatura-Consejo Seccional de la Judicatura

del Huila, indicó: ”Confrontada la respuesta brindada por la funcionaria con los hechos constitutivos del trámite
administrativo y verificada la consulta de procesos en el aplicativo de la Rama Judicial, en ejercicio de las funciones
legales y reglamentarias asignadas en el artículo 101 numeral 6 LEAJ y de conformidad con lo ordenado en el Acuerdo
PSAA11-8717 del 6 de octubre de 2011, artículo 6, declara la APERTURA del trámite de vigilancia judicial
administrativa […]”
14 Si bien puede estar justificada la mora en dictar sentencia de segunda instancia en el proceso, debe resaltarse que

el artículo 121 C.G.P. impone al funcionario respectivo el deber de informar al Consejo Superior de la Judicatura sobre
la pérdida de competencia de manera inmediata y remitir el expediente al magistrado en turno. Es así como, vencido
ampliamente el término de la prórroga sin que se surtiera actuación alguna en el proceso, la funcionaria omitió cumplir
la norma citada, por lo que, al no hacerlo oficiosamente, el apoderado de la demandante le solicitó que declarara la
pérdida de competencia. Aún así, la respuesta de la funcionaria no fue inmediata, a pesar de que el artículo 121 C.G.P.
ordena que se haga “al día siguiente”, pues tardo más de dos meses en pronunciarse. […] Reitérese que no es la
demora en dictar sentencia lo que se censura, pues ya se concluyó que la tardanza en dictar sentencia es consecuencia
de la carga laboral que tiene la Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior de Neiva, aun cuando sigue siendo
motivo de preocupación la baja producción que tiene la funcionaria vigilada. Lo que se reprocha ahora es que, a pesar
de haberse vencido el plazo con su prórroga para dictar la sentencia, la funcionaria no haya dado cumplimiento al
artículo 121 C.G.P., remitiendo el expediente al funcionario en turno al día siguiente, según se ordena en el citado
artículo, ni inmediatamente después de haberlo requerido el apoderado de la demandante, sino más de dos meses
después de haberlo solicitado, agravando la situación del usuario. Bajo esta hipótesis, este Consejo Seccional
considera que le es atribuible la responsabilidad por la mora judicial injustificada a la doctora Ana Ligia Camacho
Noriega, razón suficiente para aplicar el mecanismo de vigilancia judicial y disponer la disminución de un (1) punto en
la calificación del factor rendimiento o eficiencia, para el periodo correspondiente al año 2023.
15 “ARTÍCULO 121. DURACIÓN DEL PROCESO. Salvo interrupción o suspensión del proceso por causa legal, no

podrá transcurrir un lapso superior a un (1) año para dictar sentencia de primera o única instancia, contado a partir de
la notificación del auto admisorio de la demanda o mandamiento ejecutivo a la parte demandada o ejecutada. Del
mismo modo, el plazo para resolver la segunda instancia, no podrá ser superior a seis (6) meses, contados a partir de
la recepción del expediente en la secretaría del juzgado o tribunal.

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Radicación: 41001-23-33-000-2023-00368-01 (2878-2025).
Demandante: Ana Ligia Camacho Noriega.

regula las consecuencias derivadas de su vencimiento. No obstante, conforme a lo
señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-443 de 201916, pérdida de
competencia no se configura por el simple transcurso del plazo legal, sino únicamente
cuando, vencido el término sin que se haya proferido la providencia correspondiente,
alguna de las partes alegue su ocurrencia, sin perjuicio del deber del funcionario judicial
de informar al Consejo Superior de la Judicatura acerca de dicha circunstancia.

35. En desarrollo de ese criterio, la Sentencia T-169 de 202217 precisó que la aplicación
del artículo 121 del Código General del Proceso no opera de manera automática, pues
exige valorar, entre otros aspectos, la existencia de causas legales de interrupción o
suspensión del proceso, las prórrogas de competencia decretadas, la incidencia de la
conducta de las partes en el trámite y la razonabilidad del tiempo empleado para adoptar
la decisión correspondiente. Asimismo, la remisión del expediente al funcionario siguiente
en turno constituye una consecuencia posterior a la declaratoria efectiva de pérdida de

<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> Vencido el respectivo término previsto en el inciso anterior sin haberse
dictado la providencia correspondiente, el funcionario perderá automáticamente competencia para conocer del
proceso, por lo cual, al día siguiente, deberá informarlo a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura
y remitir el expediente al juez o magistrado que le sigue en turno, quien asumirá competencia y proferirá la providencia
dentro del término máximo de seis (6) meses. La remisión del expediente se hará directamente, sin necesidad de
reparto ni participación de las oficinas de apoyo judicial. El juez o magistrado que recibe el proceso deberá informar a
la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sobre la recepción del expediente y la emisión de la
sentencia.
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por razones de congestión, podrá previamente indicar a
los jueces de determinados municipios o circuitos judiciales que la remisión de expedientes deba efectuarse al propio
Consejo Superior de la Judicatura, o a un juez determinado.
Cuando en el lugar no haya otro juez de la misma categoría y especialidad, el proceso pasará al juez que designe la
sala de gobierno del tribunal superior respectivo
Excepcionalmente el juez o magistrado podrá prorrogar por una sola vez el término para resolver la instancia respectiva,
hasta por seis (6) meses más, con explicación de la necesidad de hacerlo, mediante auto que no admite recurso.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible, aparte tachado INEXEQUIBLE> Será nula de pleno derecho la actuación
posterior que realice el juez que haya perdido competencia para emitir la respectiva providencia.
Para la observancia de los términos señalados en el presente artículo, el juez o magistrado ejercerá los poderes de
ordenación e instrucción, disciplinarios y correccionales establecidos en la ley.
<Inciso CONDICIONALMENTE exequible> El vencimiento de los términos a que se refiere este artículo, deberá ser
tenido en cuenta como criterio obligatorio de calificación de desempeño de los distintos funcionarios judiciales.
PARÁGRAFO. Lo previsto en este artículo también se aplicará a las autoridades administrativas cuando ejerzan
funciones jurisdiccionales. Cuando la autoridad administrativa pierda competencia, deberá remitirlo inmediatamente a
la autoridad judicial desplazada.”
16 Conformada la unidad normativa en función de la identidad de contenidos y con el propósito de evitar la inocuidad

del fallo judicial, se declarará la exequibilidad condicionada del inciso 2 del artículo 121 del CGP, para aclarar que este
es constitucional, en tanto se entienda que la pérdida de la competencia sólo se configura cuando, una vez expirado
el plazo legal sin que se haya proferido la providencia que pone fin a la instancia procesal, una de las partes alegue su
configuración, sin perjuicio del deber de informar al Consejo Superior de la Judicatura sobre la circunstancia de haber
transcurrido dicho término sin haberse proferido el auto o sentencia exigida en la ley.
17 […] “En cuanto a la configuración del defecto orgánico, derivado de la interpretación del artículo 121 del CGP, sostuvo

que en «sede de acción de tutela debe considerarse que el juez ordinario no incurre en defecto orgánico al aceptar
que el término previsto en el artículo 121 del CGP, para dictar sentencia de primera o de segunda instancia, si bien
implica un mandato legal que debe ser atendido, en todo caso un incumplimiento meramente objetivo del mismo no
puede implicar, a priori, la pérdida de la competencia del respectivo funcionario judicial y, por lo tanto la configuración
de la causal de nulidad de pleno derecho de las providencias dictadas por fuera del término fijado en dicha norma, no
opera de manera automática»[135].
Bajo esta perspectiva, la Sala de Revisión estableció que solo se podrá aplicar la disposición sobre pérdida de
competencia prevista en el artículo 121 del CGP, cuando concurran los siguientes elementos: «(i) Que la pérdida de
competencia se alegue por cualquiera de las partes antes de que se profiera sentencia de primera o de segunda
instancia. (ii) Que el incumplimiento del plazo fijado no se encuentre justificado por causa legal de interrupción o
suspensión del proceso. (iii) Que no se haya prorrogado la competencia por parte de la autoridad judicial a cargo del
trámite para resolver la instancia respectiva, de la manera prevista en el inciso quinto del artículo 121 del CGP. (iv) Que
la conducta de las partes no evidencie un uso desmedido, abusivo o dilatorio de los medios de defensa judicial durante
el trámite de la instancia correspondiente, que hayan incidido en el término de duración del proceso. (v) Que la
sentencia de primera o de segunda instancia, según corresponda, no se haya proferido en un plazo razonable” […]

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Radicación: 41001-23-33-000-2023-00368-01 (2878-2025).
Demandante: Ana Ligia Camacho Noriega.

competencia y no una obligación inmediata derivada del mero vencimiento del término
legal.

36. De otra parte, esta subsección18 ha indicado que para la configuración de una mora
judicial injustificada deben concurrir: (i) el incumplimiento de los términos previstos en la
ley para adelantar determinada actuación judicial; (ii) la omisión del funcionario en el
cumplimiento de sus deberes procesales; y (iii) la ausencia de un motivo razonable y
debidamente acreditado que explique la demora en la adopción de la decisión
correspondiente.

37. Bajo ese entendimiento, aunque se encuentra acreditado que en el proceso verbal
con radicado No. 41298-31-03-001-2019-00134-00/01 se superó el término previsto en
el artículo 121 del Código General del Proceso para decidir la segunda instancia, y que
la parte interesada solicitó la pérdida de competencia en noviembre de 2022, la cual fue
declarada en febrero de 2023, ello no permitía concluir, por sí solo, la existencia de
negligencia funcional atribuible a la magistrada Ana Ligia Camacho Noriega ni hacía
procedente la afectación de su calificación de servicios. Por el contrario, conforme a lo
informado por la servidora judicial y a lo consignado en los actos demandados19, existían
circunstancias operativas y estructurales que incidían en el funcionamiento del despacho,
entre ellas, la congestión judicial, la carga histórica recibida desde su posesión, la
promiscuidad de competencias de la Sala y el ejercicio simultáneo de funciones
administrativas como presidenta de la corporación.20

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 23 de agosto de 2018 proferida en el proceso

de radicado: 11001-03-15-000-2018-02247-00(AC).
19 Corresponde a la magistrada, como directora del despacho y del proceso, evitar acciones u omisiones propias que

afecten los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, bajo los cuales se debe impartir una recta y cumplida
administración de justicia como lo ordena el artículo 42 C.G.P., numeral 1°. En tal sentido, es deber de la funcionaria
ejercer un control permanente, estableciendo directrices para que las actuaciones se surtan en el menor tiempo posible,
con el fin de evitar dilaciones injustificadas en el trámite de los procesos. El artículo séptimo del Acuerdo PSAA11-8716
de 2011, establece que para la decisión de la vigilancia judicial “se tendrá en cuenta que el hecho no obedezca a
situaciones originadas en deficiencias operativas del despacho judicial, no atribuibles al servidor judicial, así como los
factores reales e inmediatos de congestión no producidos por la acción u omisión del funcionario o empleado requerido,
todo lo cual lo exime de los correctivos y anotaciones respectivas. […] Como justificación en la tardanza, la doctora
Camacho Noriega, expuso que desde la fecha en que fue recibido el memorial, esto es, el 17 de noviembre de 2022,
hasta el 7 de febrero de 2022, atendió 70 resoluciones concernientes a permisos y renuncias de permisos de los jueces
del distrito, empleados de Tribunal adscritos a la Sala Plena y Magistrados de la Corporación; 29 resoluciones de Sala
Plena y 6 de Salas de Gobierno; 40 solicitudes de teletrabajo; asistió a 2 reuniones de la Comisión Seccional
Interinstitucional del Huila; presidió 4 Salas de Gobierno y 29 Salas Plenas; admitió 30 recursos de apelación, tramitó
8 acciones de tutela de primera instancia y 24 de segunda instancia, 1 habeas corpus, 5 consultas de incidentes de
desacato y se decidieron 9 procesos en materia civil y de familia, 21 en laboral y dictó 150 autos de trámite. […] Si bien
la relación anterior refleja que la funcionaria, además de las labores ordinarias, ha atendido sus deberes como
presidenta de la Corporación, también se observa que recibe un menor reparto y tuvo una baja producción en
comparación con sus pares, como ya se explicó. Reitérese que no es la demora en dictar sentencia lo que se censura,
pues ya se concluyó que la tardanza en dictar sentencia es consecuencia de la carga laboral que tiene la Sala Civil,
Familia y Laboral del Tribunal Superior de Neiva, aun cuando sigue siendo motivo de preocupación la baja producción
que tiene la funcionaria vigilada. Lo que se reprocha ahora es que, a pesar de haberse vencido el plazo con su prórroga
para dictar la sentencia, la funcionaria no haya dado cumplimiento al artículo 121 C.G.P., remitiendo el expediente al
funcionario en turno al día siguiente, según se ordena en el citado artículo, ni inmediatamente después de haberlo
requerido el apoderado de la demandante, sino más de dos meses después de haberlo solicitado, agravando la
situación del usuario. Bajo esta hipótesis, este Consejo Seccional considera que le es atribuible la responsabilidad por
la mora judicial injustificada a la doctora Ana Ligia Camacho Noriega, razón suficiente para aplicar el mecanismo de
vigilancia judicial y disponer la disminución de un (1) punto en la calificación del factor rendimiento o eficiencia, para el
periodo correspondiente al año 2023.
20 Así se indicó en la respuesta dada por la demandante a la vigilancia administrativa el 20 de febrero de 2023.

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Demandante: Ana Ligia Camacho Noriega.

38. En ese contexto, la Sala no comparte el argumento de la apelante según el cual la
congestión judicial y las cargas administrativas invocadas por la demandante no
justificaban la tardanza en resolver la solicitud de pérdida de competencia ni en proferir
sentencia. Ello, porque la actuación administrativa evidencia que el despacho enfrentaba
una carga estructural significativa, derivada tanto del inventario recibido como de las
funciones administrativas asumidas por la magistrada en su condición de presidenta de
la corporación, circunstancias que incluso fueron reconocidas por la propia entidad
demandada en los actos acusados21. De ahí que resulte contradictorio admitir dichas
condiciones para explicar la mora en dictar sentencia, pero descartarlas al valorar el
tiempo empleado para resolver una solicitud directamente relacionada con esa misma
pérdida de competencia.

39. Ahora bien, aunque la entidad apelante sostuvo que el auto mediante el cual se
resolvió la solicitud de pérdida de competencia no requería un análisis complejo ni
valoración probatoria de fondo, lo cierto es que dicha providencia no podía limitarse a un
mero cómputo aritmético de términos. Como se explicó previamente, la configuración de
la pérdida de competencia exige verificar diversos presupuestos relacionados con la
razonabilidad del plazo, la existencia de causas justificativas de la demora, las eventuales
prórrogas de competencia y la incidencia de la conducta de las partes en el trámite
procesal. Por ello, no resulta acertado afirmar que la naturaleza particular de la decisión
permitía prescindir de dichas verificaciones o concluir automáticamente la existencia de
una mora injustificada.

40. Aunado a ello, la Sala advierte que la autoridad administrativa sustentó el reproche
funcional en apreciaciones relacionadas con una baja productividad respecto de los
demás despachos y una supuesta reducción del reparto, sin que tales afirmaciones
estuvieran suficientemente acreditadas dentro del expediente administrativo. Por el
contrario, la información allegada por la funcionaria durante el trámite administrativo, así
como los datos estadísticos valorados por la propia autoridad administrativa, daban
cuenta de un volumen considerable de ingresos y egresos, así como de la incidencia que
tuvieron las condiciones estructurales del despacho en los tiempos de respuesta judicial.
En consecuencia, la tardanza atribuida a la demandante (consistente en 26 días hábiles
para resolver la solicitud de pérdida de competencia) no puede considerarse
desproporcionada, irrazonable ni reveladora de una conducta negligente o arbitraria.

41. Tampoco prospera el argumento según el cual la sentencia apelada incurrió en
incongruencia al no tener por acreditada una reducción formal del reparto y,

21 Adicionalmente, como se observa en el cuadro comparativo, en 2021 el despacho vigilado tuvo más ingresos que

sus compañeros, asunto que tiene conexión con el rendimiento, debido a que la funcionaria vigilada debió ocupar más
tiempo en tramitar el mayor número de procesos recibidos, aumentando el nivel de congestión que ya traía. En
conclusión, es cierto que la funcionaria tiene una congestión “heredada”7 y que ha respondido en forma razonable
durante el tiempo que ha estado al frente de ese despacho, sin perjuicio de que durante 2021 y 2022, el Despacho 02
de la Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior de Neiva haya presentado una disminución en su producción,
circunstancia que es importante poner de presente a la magistrada con el fin de que tome los correctivos que sean
necesarios para evitar que aumente el inventario y los procesos a su cargo presenten mora. En ese orden de ideas, el
incumplimiento del término establecido en el artículo 121 C.G.P. no es producto de desatención o negligencia de la
magistrada, sino la suma de episodios ajenos, como la carga laboral, la congestión judicial previo a la llegada de la
doctora Camacho Noriega como titular del despacho, la pandemia por Covid 19, la digitalización de los expedientes,
entre otros.

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Radicación: 41001-23-33-000-2023-00368-01 (2878-2025).
Demandante: Ana Ligia Camacho Noriega.

simultáneamente, considerar relevantes las funciones administrativas derivadas de la
presidencia de la corporación. Ello, porque se trata de circunstancias distintas: una cosa
es la existencia de una disminución oficial del reparto de procesos, aspecto que no fue
acreditado en el expediente; y otra diferente es la carga funcional y administrativa
inherente al ejercicio de la presidencia del Tribunal, circunstancia que sí fue reconocida
dentro de la actuación administrativa y que razonablemente incidía en la dinámica
operativa del despacho.

42. Finalmente, en cuanto al cuestionamiento formulado por la apelante respecto de
posible afectación a la imparcialidad de los magistrados que profirieron la sentencia de
primera instancia, la Sala advierte que la sola circunstancia de que otros funcionarios
judiciales puedan eventualmente verse sometidos a actuaciones de vigilancia judicial
administrativa no configura una causal de impedimento, recusación o afectación de la
imparcialidad objetiva del juzgador. Las causales de impedimento son taxativas y de
aplicación restrictiva, son una excepción al cumplimiento de la función jurisdiccional del
Juez. Para que se configuren debe existir un “interés particular, personal, cierto y actual,
que tenga relación, al menos mediata, con el caso objeto de juzgamiento de manera que
impida una decisión imparcial.” Su presencia debe afectar el criterio del fallador de modo
tal que comprometa su independencia, serenidad de ánimo o transparencia en el
proceso22. En ese sentido, solo existe impedimento cuando se configure una de las
causales que expresamente previstas por el legislador23.

43. Además, si la entidad demandada consideraba que los magistrados que integraron
la Sala de decisión de primera instancia se encontraban incursos en alguna causal de
impedimento, debió hacer uso de la figura de la recusación establecida en el artículo 132
del CPACA, en concordancia con el artículo 141 y ss del CGP, no obstante, no obra
evidencia de que hubiese ejercido dicho mecanismo procesal. En consecuencia, dicho
reparo carece de sustento suficiente para desvirtuar la validez de la decisión apelada.

44. Así las cosas, para la Sala los actos administrativos acusados incurrieron en falsa
motivación, en tanto la manifestación de voluntad de la administración desconoció la
realidad fáctica y jurídica a la que se encontraba sometido el despacho de la demandante
y aplicó un criterio de valoración distinto frente a circunstancias estructurales y
funcionales acreditadas en el expediente, que incidían tanto en la expedición de la
sentencia como en la resolución de la solicitud de pérdida de competencia. En
consecuencia, se confirmará la sentencia apelada.

Condena en costas
45. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica

22 Consejo de Estado, sentencia del 12 de junio de 2014, radicado: 25000-23-41-000-2013-02797-02.
23 Artículo 130 del CPACA.

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Radicación: 41001-23-33-000-2023-00368-01 (2878-2025).
Demandante: Ana Ligia Camacho Noriega.

y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

46. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de trámites donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.

47. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de
nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas a
cargo de la parte vencida.

48. La eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el
primer inciso del artículo 188 del CPACA.

49. En consecuencia, se impondrá condena en costas a la parte demandada por cuanto
el recurso de apelación no prosperó. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del
Huila.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 19 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Huila, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandada por las razones expuestas en
esta providencia.

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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Radicación: 41001-23-33-000-2023-00368-01 (2878-2025).
Demandante: Ana Ligia Camacho Noriega.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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