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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2014-00222-02

Vigilancia judicial administrativa de proceso: procedimiento

Fecha
28 de marzo de 2019
Consejero ponente
Sandra Lisset Ibarra Vélez
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 52001-23-33-000-2014-00222-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de abril de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, en cuanto declaró la nulidad del acto administrativo del 25 de septiembre de 2013 proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño dentro de la vigilancia administrativa Nro. 52-001-11-001-2013-0037, por el cual se sancionó al señor Omar Bolaños Ordoñez, en su condición de Juez Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto, con un (1) punto menos en la calificación de factor eficiencia o rendimiento. SEGUNDO: REVOCAR el numeral quinto de la sentencia del 28 de abril de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, por el cual se condenó en costas a la parte demandante. En su lugar, se dispone: TERCERO: NEGAR la condena en costas.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 52001-23-33-000-2014-00222-02

Consejero ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez

28 de marzo de 2019

VIGILANCIA JUDICIAL ADMINISTRATIVA DE PROCESO - Procedimiento / ALTERACIÓN DEL TURNO PARA PROFERIR SENTENCIA / SANCIÓN DE REDUCCIÓN DEL PUNTAJE DE REDIMIENTO Y EFICIENCIA EN LA CALIFICACIÓN DE SERVICIOS / DEBIDO PROCESO -Vulneración / DERECHO DE DEFENSA – Vulneración

En principio, el acto administrativo acusado fue expedido de forma irregular al no tener en cuenta el procedimiento establecido para la vigilancia judicial administrativa y verse inmerso dentro de las causales de nulidad; sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado que no toda irregularidad en el proceso de expedición de los actos acarrea la nulidad de los mismos, pues se deberá revisar en el caso concreto si el requisito formal omitido constituye una garantía para el administrado, o si, en caso de no haberse presentado la omisión, hubiera cambiado el sentido de la decisión tomada.(…) En este orden de ideas, si bien el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, en la vigilancia judicial administrativa, no tuvo en cuenta el procedimiento establecido en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, relativo a la apertura de la vigilancia, la Sala debe decir que dicha omisión no es de carácter sustancial, pues al dar respuesta a las preguntas “¿Cuál habría sido la decisión final si se hubieran seguido las formas legales dejadas de lado? ¿Habría sido la misma que la establecida en el acto? ¿Habría sido otra?”, sugeridas por la jurisprudencia, el resultado de la decisión, pese a pretermitir la etapa 3 del acuerdo referido, hubiera sido la misma que la adoptada en el acto acusado. Lo anterior, toda vez que se cumplieron las demás fases y al momento de dar inicio a la vigilancia judicial administrativa se le solicitó al, Juez Segundo de Descongestión del Circuito de Pasto, el respectivo informe y las pruebas que quisiera hacer valer en el trámite administrativo, tal y como se observa en el auto del 12 de septiembre de 2013, por medio del cual la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura asumió el conocimiento de la vigilancia administrativa y en el Oficio CSJN. AJ-01332 del 12 de septiembre de 2013, por el cual se le comunicó lo resuelto a través en el auto citado.

ALTERACIÓN DEL TURNO PARA PROFERIR SENTENCIA- Prueba / MODIFICACIÓN DEL TURNO PARA PROFERIR SENTENCIA -Eventos

Si el acto acusado tuvo como fundamento la vulneración del turno establecido en el artículo 120 del Código General del Proceso, resulta que la prueba documental a la que se remitió el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño para demostrar la vulneración de dicho precepto no resulta conducente, pertinente ni idónea para fundamentar la sanción impuesta al señor Omar Bolaños Ordoñez, Juez Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto, puesto que en ninguna parte se observa que dicho listado contenga el requisito exigido en el artículo ibídem en cuanto a la fecha de pronunciamiento de la sentencia. Bien pudo la Administración advertir dicha falencia y encausar su actuación por dicha senda. No obstante, dio por probado que el documento denominado “Procesos que pasan al despacho del señor juez para sentencia”, era el mismo al que hace alusión el mencionado artículo 120 del Código General del Proceso, cuando la prueba documental arrimada al plenario es contundente en señalar que dicho documento no podía cimentar la sanción impuesta. .(…) si bien por ley los jueces deben respetar el orden de ingreso al despacho de los procesos para dictar sentencia, lo cierto es que a los juzgados administrativos, la norma les otorga el beneficio de modificar el respectivo turno, siempre y cuando el juez lo considere necesario; al respecto, se tiene que el [demanante], puso de presente en el trámite de vigilancia judicial administrativa, que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2010-00274 al igual que otros 122 expedientes fue remitido al juzgado de descongestión el 6 de septiembre de 2012, lo cual es un argumento válido para determinar que todos esos procesos se encontraban en las mismas condiciones para proferir sentencia, indistintamente del orden asignado en la lista que se expuso en la cartelera de la secretaría del despacho judicial. (…) En este sentido, la Sala advierte que la actuación desplegada por el aquí demandante, está justificada, y que la conducta reprochada por la entidad demandada es inexistente. Ello, teniendo en cuenta la naturaleza del despacho como juzgado de descongestión que debía cumplir con unas metas fijadas en el acuerdo de creación y que además, algunos de los procesos que estaban en igualdad de condiciones con el radicado 2010-00274, es decir, para dictar sentencia, ameritaron la adopción de autos de mejor proveer, lo que llevó a que se profiriera fallo sin seguir el orden estricto de la lista publicada en la secretaría del despacho judicial.

FUENTE FORMAL: LEY 446 DE 1998 - ARTÍCULO 18 / ACUERDO PSAA12-9219 DE FEBRERO 2012

VIGILANCIA JUDICIAL ADMINISTRATIVA DE PROCESO - Características

Es posible sostener que la figura de la vigilancia judicial administrativa, tiene las siguientes características: Corresponde a una función administrativa encaminada a garantizar que los servidores judiciales administren justicia en términos de oportunidad y eficiencia. No tiene una connotación disciplinaria para el funcionario o empleado sujeto a la mencionada vigilancia. Constituye un mecanismo para verificar el rendimiento y desempeño de los servidores judiciales en el ejercicio de las funciones legalmente asignadas. Es una herramienta dispuesta para la administración y los ciudadanos, encaminada a que los procesos judiciales no sean objeto de dilaciones injustificadas

FUENTE FORMAL : LEY 270 DE 1996 – ARTÍCULO 101 / ACUERDO 088 DE 1997 / ACUERDO PSAA11-8113 DE 2011 / ACUERDO PSAA11-8716 DE 2011/CÓDIGO GENERAL DELPROCESO -ARTÍCULO 120/ ACUERDO PSAA11-8716 DE 2011

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

Radicación número: 52001-23-33-000-2014-00222-02(2944-17)

Actor: OMAR BOLAÑOS ORDOÑEZ

Demandado: RAMA JUDICIAL – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL - CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE NARIÑO – SALA ADMINISTRATIVA

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Trámite: APELACIÓN SENTENCIA - LEY 1437 DE 2011
Asunto: VULNERACIÓN AL DERCHO AL DEBIDO PROCESO / VIGILANCIA JUDICIAL ADMINISTRATIVA
Decisión: CONFIRMA SENTENCIA QUE ACCEDIÓ A LAS PRETENSIONES

FALLO SEGUNDA INSTANCIA

Conoce la Sala el expediente de la referencia, con informe de la Secretaría una vez surtido el trámite previsto en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, para resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, contra la sentencia del 28 de abril de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda y sus fundamentos

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho establecido en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el señor Omar Bolaños Ordoñez, a través de apoderado, solicitó la nulidad del acto administrativo contenido en la decisión del 25 de septiembre de 2013 adoptada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño dentro de la vigilancia administrativa Nro. 52-001-11-001-2013-0037, por medio de la cual resolvió:

“PRIMERO-. DECLARAR que en la vigilancia judicial administrativa radicada con la partida No. 52-001-11-001-2013-0037 propuesta por el señor JOSE EDMUNDO CALVACHE LÓPEZ en contra del señor Juez Segundo Administrativo de descongestión (sic) del circuito (sic) de Pasto, OMAR BOLAÑOS, que ha existido quebramiento a los principios de publicidad, transparencia y buena fe, en conexidad con el de oportunidad y eficacia de la correcta Administración de Justicia.
SEGUNDO-. REPORTAR en la calificación del factor eficiencia o rendimiento la actuación inoportuna del señor OMAR BOLAÑOS, quien se desempeña actualmente como Juez 2º Administrativo de Descongestión de Pasto, e informar al H. Tribunal Administrativo de Nariño como evaluador directo del empleado judicial, con el fin de restarle un punto en la calificación del citado factor; lo anterior de conformidad con el Artículo 10º del Acuerdo PSAA11-8716 y al Acuerdo PSAA10-7636, Artículo 12, literal g).
(…)”

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó que se condene a la entidad demandada a: i) dejar sin efectos la sanción impuesta en el acto acusado y la decisión que en cumplimiento de dicho acto se haya proferido; ii) desanotar la sanción impuesta de su hoja de vida y las anotaciones que hayan existido por causa del acto acusado; y iii) dar cumplimiento a la sentencia en los términos establecidos en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

Para una mejor compresión del caso, la Sala se permite realizar un resumen de la situación fáctica presentada por el apoderado del demandante, así:

Informó que el 11 de noviembre de 2010, el señor Guillermo Muñoz Ricaurte, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la Universidad de Nariño en la que pretendió la nulidad de la Resolución 1600 del 20 de abril de 2010, por la cual se declaró terminada su comisión administrativa como Director del Departamento de Ingeniería Civil de la institución universitaria y, en consecuencia, como restablecimiento del derecho solicitó su reintegro al cargo y el pago de las sumas dejadas de percibir por su desvinculación.

Sostuvo que la anterior demanda le correspondió por reparto al Juez Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto, Omar Bolaños Ordoñez, siéndole asignado el radicado 2010-00274, quien a través de sentencia de 28 de febrero de 2013 accedió a las pretensiones de la demanda antes mencionada. Providencia que fue notificada por medio de edicto fijado el 6 de marzo de 2013 y frente a la cual no se interpuso recurso alguno.

Afirmó que el 10 de septiembre de 2013 el señor José Edmundo Calvache López, Rector y Representante Legal de la Universidad de Nariño, solicitó vigilancia judicial administrativa contra las actuaciones adelantadas por el Juez Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto -Omar Bolaños Ordoñez- dentro del proceso con radicado 2010-00274.

Lo anterior, al considerar que se presentó una deficiencia en la prestación del servicio por cuanto: 1) se dictó la sentencia antes del turno asignado en la cartelera de la secretaría del despacho judicial; y 2) no se le brindó a la “profesional encargada de la revisión de los asuntos” jurídicos en los que hace parte la institución universitaria, información con respecto al proceso cuando lo solicitó al juzgado; situaciones que vulneraron el derecho de defensa del ente universitario, toda vez que no pudo interponer recurso de apelación contra la decisión que lo condenó, causándole graves perjuicios morales y materiales.

Señaló que por auto del 12 de septiembre de 2013, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño asumió conocimiento de la solicitud de vigilancia administrativa al proceso 2010-00274, para lo cual solicitó al señor Omar Bolaños Ordoñez, Juez Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto, informe sobre los hechos materia de la vigilancia.

Adujo que, el 16 de septiembre de 2013 el señor Omar Bolaños Ordoñez dio contestación a la vigilancia administrativa, en la cual manifestó que: 1) no existió una deficiencia en la prestación del servicio de administración de justicia; 2) se respetaron los turnos para dictar una sentencia, pues estos se rigen por los parámetros establecidos en la ley y para cumplir las metas señaladas en el acuerdo de creación de los juzgados de descongestión; 3) en el edicto correspondiente se publicó toda la información relevante del proceso; y 4) solamente las partes en un proceso pueden revisarlo y solicitarlo para realizar copias del expediente.

Finalmente, indicó que en decisión del 25 de septiembre de 2013, el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño declaró responsable al señor Omar Bolaños Ordoñez en su calidad de Juez Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto, de la vulneración del derecho al debido proceso de la Universidad de Nariño, en tanto quebrantó los principios de publicidad, transparencia y buena fe, en conexidad con los de oportunidad y eficacia de la correcta administración de justicia, al dictar sentencia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2010-00274 antes del turno asignado en la cartelera dispuesta en la secretaría del despacho para tal fin. En consecuencia, ordenó restarle 1 punto en la calificación del factor eficacia o rendimiento, según lo artículos 10 del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011 y 12 literal g) del Acuerdo PSAA10-7636 de 2010.

Normas violadas y su concepto de violación

El apoderado del demandante citó como violadas las siguientes disposiciones:

• Constitución Política, artículos 1, 2, 29, 83, 121, 122, 123, 209 y 228.
• Ley 270 de 1996, artículos 4, 5, 7 y 153 (numerales 15 y 20).
• Ley 446 de 1998, artículos 17 y 18.
• Código Contencioso Administrativo, artículo 267.
• Código de Procedimiento Civil, artículos 309, 310, 311, 323 y 324.
• Acuerdo PSAA12-9219, artículos 5, 7 y 8.

Como concepto de violación expuso lo siguiente:

Vulneración del debido proceso por aplicación de normas derogadas

Manifestó que la decisión adoptada en contra del actor por el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño dentro de la vigilancia judicial administrativa Nro. 52-001-11-001-2013-0037, vulneró su derecho al debido proceso al emitirse con fundamento en normas derogadas y no vigentes, esto es, el Acuerdo 088 de 1997, que en su momento reguló el procedimiento de la vigilancia administrativa y el Acuerdo PSAA10-7636 de 2010 (literal g) del artículo 12), que preveía la sanción de restar 1 punto de la calificación de eficiencia, actos proferidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Vulneración del debido proceso por asunción de competencias jurisdiccionales

Señaló que en la vigilancia judicial administrativa el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño no tenía competencia para declarar en el acto administrativo acusado que el señor Omar Bolaños Ordoñez, Juez Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto, vulneró el debido proceso del solicitante, pues esto es del resorte exclusivo del juez constitucional mediante acción de tutela o de su superior jerárquico dentro de la jurisdicción contenciosa administrativa. Lo anterior, teniendo en cuenta que de conformidad con la Ley 270 de 1996, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura así como los Consejos Seccionales, no tiene atribulaciones judiciales sino únicamente administrativa.

Inexistencia de la infracción imputada

Sostuvo que en la decisión administrativa acusada, se pasó por alto la naturaleza del despacho en el que actúa como juez el señor Bolaños Ordoñez, la cual es de carácter especial, en tanto se trata de un juzgado de descongestión, que por organización debe realizar un listado de los procesos que ingresan al despacho para sentencia; no obstante el turno de cada proceso puede variar puesto que en algunos de ellos en lugar de proferirse una decisión de fondo se dictan autos de mejor proveer, lo que conlleva a que se profieran fallos de procesos que estaban más abajo del orden inicial; con esto, se justifica el hecho de dictar sentencias antes del turno establecido en un principio en la cartelera del despacho judicial, con lo cual se pretende no generar congestión alguna ni afectar a los usuarios de la administración de justicia.

Señaló que si bien es cierto que la sentencia se profirió con anterioridad al turno asignado, también lo es que las partes obtuvieron una ágil y pronta respuesta a la administración de justicia; situación que no puede servir de excusa para que el apoderado de la institución universitaria no haya cumplido con sus obligaciones y deberes al no revisar la cartelera de notificaciones y emplazamientos, dejando vencer los términos para apelar la decisión judicial.

Indicó que no se puede sancionar a un juez por proferir una sentencia oportuna y eficaz y que los turnos de la cartelera para dictar sentencia son simplemente referenciales, y que estos no relevan a las partes del litigio a estar atentas a las publicaciones de cartelera, como lo son las notificaciones de las sentencias a través de los correspondientes edictos, y que no es cierto que deba imprimirse una nueva lista de procesos para sentencia cada vez que uno de los turnos es evacuado.

Informó que la sentencia proferida el 28 de febrero de 2013 dentro del proceso 2010-00274, cumplió a cabalidad con el trámite legal establecido para su publicidad, pues fue debidamente notificada a través de edicto fijado en la cartelera del despacho el 6 de marzo de 2013, el cual permaneció allí hasta su desfijación, esto es, el 8 del mismo mes y año.

Mencionó que, en ningún momento se vulneró el principio de publicidad respecto del proceso contencioso administrativo en cuestión y/o de las providencias proferidas dentro de este, y lo que ocurrió fue una desatención del apoderado la Universidad de Nariño, pues incluso cuando se acercó a las instalaciones del Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto el 7 de marzo de 2013 –dentro del término de ejecutoria de la sentencia de 28 de febrero de 2013, ni siquiera indagó por el expediente del radicado 2010-00274 sino por el correspondiente al radicado 2012-00018.
1.2. Contestaciones de la demanda

La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial contestó la demandada a través de apoderada judicial oponiéndose a las pretensiones del libelo con los siguientes argumentos:

Sostuvo que el señor Omar Bolaños Ordoñez no ha logrado demostrar que con la expedición del acto administrativo acusado se hayan infringido las normas en las que debía fundarse, toda vez que no se ha probado la falta de aplicación de norma alguna, ni tampoco una errónea interpretación de las mismas; por el contrario, el acto fue debidamente motivado y es congruente con la conducta vigilada.

Señaló que no resulta justificado ni admisible que se alteren los turnos de los procesos para dictar sentencia con el objeto de cumplir con las metas de evacuación impuesta a los juzgados de descongestión. Al contrario, el Acuerdo PSAA12-9219 de 2012, que creó el Juzgado Segundo de Descongestión del Circuito de Pasto, en ninguna de sus disposiciones permitió que los funcionarios judiciales desconozcan las normas procedimentales, pues ello afectaría el debido proceso y el actuar jurisdiccional conforme a los principios que orientan el ejercicio de la función pública, concretamente la oportunidad y eficacia de la prestación del servicio.

Informó que el trámite de la vigilancia judicial administrativa Nro. 52-001-11-001-2013-0037, se adelantó de conformidad con lo establecido en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011 y no con lo dispuesto en el derogado Acuerdo 088 de 1997, como erradamente lo manifiesta la parte demandante. En consecuencia, mal se haría en establecer que existió nulidad frente al acto acusado por aplicación de normas no vigentes.

Sostuvo que si bien la decisión de restar 1 punto de la calificación de eficiencia se fundamentó en el Acuerdo PSAA10-7636 de 2010, el cual no estaba vigente, lo cierto es que el artículo 10 del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, que reglamentó el ejercicio de la vigilancia judicial administrativa, habilitó a la Administración para que imponga la sanción correspondiente, bien sea en el marco del mencionado acuerdo de 2010 o conforme al acuerdo que haga sus veces.

Adujo que la causal de nulidad invocada por la parte demandante, desviación de poder, nada tiene que ver con la naturaleza y característica de ésta, ya que al parecer se confunde con la falsa motivación, puesto que sus argumentos están encaminados a reprochar y controvertir la argumentación del acto administrativo acusado, sin exponer las razones o finalidad perseguida por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, que considera ajena a su competencia funcional

Manifestó que durante el trámite de la vigilancia judicial administrativa se respetó en todo momento el derecho de audiencia y defensa, pues al señor Omar Bolaños Ordoñez, Juez Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto, se le permitió dar sus explicaciones o justificaciones dentro de los términos legales, las razones que soportaban la queja presentada por el señor José Edmundo Calvache López y se le concedió la posibilidad de interponer el recurso de reposición frente al acto administrativo que decidió la controversia.

El Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, contestó la demanda mediante apoderado judicial oponiéndose a las pretensiones del libelo con los siguientes argumentos:

Recordó que a través de la vigilancia judicial administrativa, se pudo demostrar que el demandante en su calidad del Juez Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto quebrantó los principios de publicidad, transparencia y buena fe, en concordancia con el de oportunidad y eficacia de la correcta administración de justicia, por cuanto se presentó una deficiencia en la prestación del servicio, al alterarse los turnos para dictar la sentencia y no brindar a la parte demandada Universidad de Nariño información sobre el proceso contencioso administrativo cuando se solicitó.

Sostuvo que no es cierto que el programa de descongestión, incluido en el Plan Nacional de Descongestión, haya otorgado facultades a los funcionarios judiciales temporales para alterar los turnos so pretexto de cumplir las metas que se fijaron en los acuerdos de creación de los juzgados de descongestión.

Manifestó que si bien es cierto que dentro del proceso objeto de la vigilancia se dictó sentencia, también lo es que la misma fue proferida en un turno que no correspondía a los publicados por el juzgado, con lo que se vulneraron las garantías al debido proceso de la Universidad de Nariño y se le causaron graves perjuicios materiales y morales, por cuanto no tuvo la oportunidad de interponer los recursos de ley frente la decisión adoptada.

Informó que la decisión adoptada el 25 de septiembre de 2013, proferida dentro de la vigilancia administrativa Nro. 52-001-11-001-2013-0037, se fundamentó en lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, “Estatutaria de la administración de justicia”, específicamente en el numeral 6º que estableció que las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura tienen la función de “(e)jercer la vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de esta Rama”. Además, que el Acuerdo aplicado fue concretamente el PSAA11-8716 de 2011 y que el Acuerdo 088 de 1997 fue invocado como una referencia histórica.

Señaló que no era posible la aplicación del Acuerdo 1392 de 2002 a la vigilancia judicial administrativa, pues un Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá (sin especificarlo) ordenó su inaplicación mediante sentencia proferida el 21 de noviembre de 2013 dentro de la acción popular AP200900144 presentada por el señor Camilo Augusto Delgado Rodríguez contra la Nación – Rama Judicial.

Finalmente, indicó que la Sala Administrativa tiene claro el criterio constitucional sobre la autonomía e independencia judicial, por ello en la decisión adoptada contra el señor Bolaños Ordoñez se hace referencia a que la vigilancia administrativa es un instrumento que en ningún caso puede usurpar actividades esencialmente judiciales. Así las cosas, no es cierto que se haya realizado u ordenado actos contrarios a los de su competencia.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Nariño mediante sentencia de 28 de abril de 2013 declaró la nulidad del acto administrativo de 25 de septiembre de 2013 del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño –por medio del cual dentro del proceso de vigilancia administrativa se sancionó al señor Omar Bolaños-, dejó sin efectos la sanción impuesta al actor, ordenó desanotar los reportes de la calificación; y condenó en costas a la entidad demandada. Lo anterior con base en los siguientes argumentos:

Señaló que el acuerdo aplicable al caso del señor Omar Bolaños Ordoñez era el PSAA11-8716 de 2011 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, que dispuso un procedimiento nuevo y más específico en cuanto a las actuaciones y términos para el reparto, presentación de información y decisión de la vigilancia administrativa, el cual consagró las fases de 1) reparto; 2) recopilación de información; 3) apertura, comunicación, traslado y derecho de defensa; 4) proyecto de decisión; 5) notificación y recurso; y 6) comunicaciones.

Indicó que el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño desatendió el procedimiento establecido en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011 que reglamentó el ejercicio de la vigilancia judicial administrativa, por cuanto omitió una de sus fases, pues no emitió auto debidamente motivado para dar apertura al proceso de vigilancia, por lo tanto el acto acusado está viciado por expedición irregular.

Manifestó que la mencionada nulidad es sustancial, pues al omitirse la apertura del trámite de la vigilancia judicial administrativa, el servidor judicial no pudo conocer la motivación sobre los hechos que dieron lugar al trámite ni la argumentación jurídica que la originó y tampoco contó con el término de 3 días hábiles siguientes a la fecha de la comunicación de la apertura para ejercer su derecho de defensa.

1.4. Recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia del Tribunal Administrativo de Nariño

La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial:

Manifestó que si bien en el acto administrativo acusado se pasó por alto la fase 3 que establece el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura relativa a la apertura, comunicación, traslado y derecho de defensa en el trámite de vigilancia administrativa, también lo es que de conformidad con la jurisprudencia y el análisis del caso en concreto, dicha deficiencia no es de carácter sustancial, pues pese a haberse presentado tal omisión, el resultado de la vigilancia sería el mismo que se estableció en el acto demandado, toda vez que al funcionario judicial se le solicitó el respectivo informe, el cual presentó con sus argumentos de defensa así como con las pruebas que pretendía hacer valer.

Sostuvo que al funcionario judicial se le garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, tan es así, que con posterioridad a su informe se emitió la decisión de la vigilancia judicial administrativa, otra cosa seria que, se hubiese efectuado la apertura de la vigilancia y no se le hubiere permitido presentar sus explicaciones, lo cual no sucedió.

El Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño:

Manifestó que el señor Omar Bolaños Ordoñez, Juez Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 2010-00274, que fue objeto de la revisión judicial administrativa, profirió la sentencia de 28 de febrero de 2013, sin tener en cuenta el orden de los turnos asignados en la cartelera del juzgado para tal fin, de modo que la información dada en ésta no correspondía a la verdad, con lo cual se impidió a la Universidad de Nariño ejercer su derecho de defensa, pues no tuvo la oportunidad de interponer los recursos de ley contra la decisión que fue contraria a sus intereses.
Expresó que no es cierto que el programa de descongestión, incluido en el Plan Nacional de Descongestión, haya otorgado facultades temporales a los funcionarios judiciales para tomar decisiones como la de alterar turnos para dictar sentencias so pretexto de cumplir las metas que se fijaron en los acuerdos de creación de los juzgados de descongestión.

1.5. Alegatos de segunda instancia y concepto del Ministerio Público

La parte demandante y la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, presentaron escritos de alegatos de conclusión, en los que reiteraron los argumentos expuestos en la demanda, su contestación y en el recurso de apelación.

El Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño no presentó alegatos de conclusión y el agente del Ministerio Público ante esta Corporación no rindió concepto.

ll. CONSIDERACIONES

2.1. Cuestión previa

En este estado del proceso, es de señalar que la Sala no pasa por alto la carencia de personería jurídica para comparecer al asunto por parte del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño; sin embargo, en razón a que profirió el acto administrativo en cuestión en representación de la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y fue vinculado al proceso, en ánimo de hacer efectivo su derecho a la tutela judicial efectiva, se encuentra que le asiste legitimidad pasiva material para participar en la presente demanda. En consecuencia, se tendrán en cuenta sus actuaciones y argumentos planteados a lo largo del proceso en conjunto con los de la Dirección Ejecutiva de administración Judicial.

2.2. Planteamiento del problema jurídico

Atendiendo los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y la apelación, corresponde a la Sala establecer:

¿Si, el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, al pretermitir la fase de apertura dentro del proceso de vigilancia administrativa adelantado contra el señor Omar Bolaños Ordoñez en su calidad de Juez Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto, afectó sustancialmente el debido proceso y la garantía de defensa?.

En el evento que el problema jurídico anterior sea resuelto negativamente, se procederá a analizar los demás cargos de nulidad de la demanda que no fueron estudiados por el A quo y que se condensan en el siguiente problema jurídico:

¿Si, el sancionado incurrió típica y antijurídicamente en el quebrantamiento a los principios de publicidad, transparencia y buena fe en conexidad con el de oportunidad y eficacia correcta de la administración de justicia, al proferir sentencia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 2010-00274, antes del turno asignado en la cartelera de la secretaría del despacho?

La Sala analizará los problemas jurídicos planteados, previa exposición y análisis del marco jurídico de la vigilancia judicial administrativa.

2.3. La vigilancia judicial administrativa

La Ley 270 de 1996, “ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA”, en su artículo 101 precisó que las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura tendrían, entre otras, la función de ejercer “la vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de esta Rama”.

Posteriormente, dicho precepto fue reglamentado por el Acuerdo 088 de 1997, el cual en su artículo 1 definió el mecanismo de vigilancia judicial administrativa, así:

“ARTICULO PRIMERO.- DEFINICION. La Vigilancia Judicial es un mecanismo administrativo de carácter permanente, establecido por la Ley para asegurar que las labores de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial se desarrollen de manera oportuna y eficaz, y es diferente de la función jurisdiccional disciplinaria a cargo de las Salas Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura y de la de Control Disciplinario de la Procuraduría General de la Nación”.

En cuanto a la competencia para su conocimiento, se le atribuyó a las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO SEGUNDO.- COMPETENCIA. La vigilancia Judicial Administrativa está a cargo de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura, respecto de los despachos judiciales ubicados en el ámbito territorial de su competencia”.

Sobre al procedimiento y lineamientos a seguir, el mencionado Acuerdo 088 de 1997, en sus artículos 4 y subsiguientes estableció en resumen lo siguiente:

• Recibida la solicitud de vigilancia administrativa por el magistrado a quien le correspondió su conocimiento, por reparto, luego de verificada la existencia de una actuación u omisión contraria a la eficaz administración de justicia, deberá poner ésta en conocimiento del funcionario o empleado responsable, para explicar, justificar o desvirtuar los hechos que soportan la solicitud.

• Posteriormente, el magistrado evaluará las razones y explicaciones dadas y decidirá lo que corresponda, es decir, si existió alguna situación anómala, la cual sería tenida en cuenta por el evaluador de la calificación del factor eficiencia o rendimiento, restando 1 punto por cada anotación.

• En caso de verificarse que la conducta podía ser catalogada como falta disciplinaria u objeto de reproche penal, el magistrado correspondiente debía compulsar copias ante las autoridades correspondientes.

El mencionado acuerdo posteriormente fue derogado por el artículo 14 del Acuerdo PSAA11-8113 del 4 de mayo de 2011 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el cual a su vez fue derogado por el Acuerdo PSAA11-8716 del 6 de octubre de 2011 de esa misma entidad, actualmente vigente, por medio del cual se reglamentó el procedimiento y los términos para el cumplimiento de esta función, se ratificó que la vigilancia judicial administrativa debía ser conocida por los Consejos Seccionales de la Judicatura y aclaró la finalidad de esta función.

Este acuerdo también señaló, entre otras cosas, que la respectiva actuación se puede iniciar de oficio o a petición de parte y que si llegase a concluirse que las actuaciones u omisiones que dan origen a la misma constituyen una falta disciplinaria, se dará inmediatamente traslado a la entidad que corresponda. Además, estableció que la autonomía e independencia de los funcionarios contra quienes se adelante una investigación judicial administrativa debe ser respetada, sin que en ningún caso se pueda sugerir el sentido en que deben proferir sus decisiones.

A su turno, el Consejo de Estado ha indicado en cuanto a la atribución de ejercer “la vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y eficazmente”, que su naturaleza es administrativa, es consecuente con la facultad que tiene el Consejo Superior de la Judicatura para administrar el recurso humano de la Rama Judicial y propende por el interés general, en la medida en que se encamina a garantizar que la función de administrar justicia se ajuste a los principios de oportunidad y eficacia establecidos en los artículos 4 y 7 ibidem. Al respecto, se consideró:

“Siendo así, es pertinente comprender los alcances de esta potestad en aras de no confundirla con la disciplinaria, pues aunque ambas entran en el terreno de las sancionatorias, la vigilancia administrativa propende por la eficacia y eficiencia de la administración de justicia para lograr las finalidades que le ha instituido el artículo 228 de la C.P. que conjugan el propósito del mejoramiento del servicio y la disciplinaria, resuelve las infracciones en que incurren los funcionarios y empleados judiciales en el cumplimiento de los deberes y prohibiciones, vale decir frente a normas de carácter ético, dirigidas a exigir el acatamiento de las responsabilidades que le corresponden al servidor en el desenvolvimiento de su función.

Atendiendo el elemento material puede otorgarse el carácter de acto administrativo a las decisiones que expiden las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura en el ejercicio de la función de vigilancia administrativa, dado que la Sala administrativa cumple funciones administrativas si se revisan las contempladas en el artículo 101 de la Ley 270 de 1996, a diferencia de la función jurisdiccional que administra la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura en el orden nacional y seccional conforme a lo previsto en el Título IV, Capítulo IV de la Ley 270 de 1996.

En esta delimitación de facultades, se hace necesario señalar que el incumplimiento de los deberes y prohibiciones que le incumbe a los funcionarios y empleados judiciales, puede ser a su turno materia de conocimiento por la vía de la vigilancia administrativa, cuando quiera que éste afecte el mejoramiento del servicio, sin perjuicio de que se ejerza la potestad disciplinaria, sólo que se acude a un mecanismo expedito encaminado a lograr remover los factores que incidan en el mejoramiento del servicio, que comporta la adopción de correctivos y desde luego de sanciones en contra del servidor judicial que se reflejan en su rendimiento laboral”.

En tal sentido, es posible sostener que la figura de la vigilancia judicial administrativa, tiene las siguientes características:

Corresponde a una función administrativa encaminada a garantizar que los servidores judiciales administren justicia en términos de oportunidad y eficiencia.

No tiene una connotación disciplinaria para el funcionario o empleado sujeto a la mencionada vigilancia.

Constituye un mecanismo para verificar el rendimiento y desempeño de los servidores judiciales en el ejercicio de las funciones legalmente asignadas.

Es una herramienta dispuesta para la administración y los ciudadanos, encaminada a que los procesos judiciales no sean objeto de dilaciones injustificadas.

En cuanto a la infracción atribuida al señor Omar Bolaños Ordoñez en calidad de Juez Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto, esto es, el haber proferido sentencia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento con radicado 2010-00274, antes del turno asignado en la cartelera de la secretaría del juzgado del que era titular, se traen a colación las siguientes disposiciones:

El artículo 124 del Código de Procedimiento Civil preveía:

“ARTÍCULO 124. TÉRMINOS PARA DICTAR LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Los jueces deberán dictar los autos de sustanciación en el término de tres (3) días, los interlocutorios en el de diez (10) y las sentencias en el de cuarenta (40), contados todos desde que el expediente pase al despacho para tal fin.
(…)
En lugar visible de la secretaría deberán fijarse una lista de los procesos que se encuentren al despacho para sentencia, con indicación de la fecha de ingreso y la de pronunciamiento de aquella.
No obstante, cuando en disposición especial se autorice a decidir de fondo, por ausencia de oposición de la parte demandada, el juez deberá dictar inmediatamente la providencia respectiva.
(…)”

Es de señalar, que el artículo 120 del Código General del Proceso en similares términos consagra la misma obligación:

“ARTÍCULO 120. TÉRMINOS PARA DICTAR LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES POR FUERA DE AUDIENCIA. En las actuaciones que se surtan por fuera de audiencia los jueces y los magistrados deberán dictar los autos en el término de diez (10) días y las sentencias en el de cuarenta (40), contados desde que el expediente pase al despacho para tal fin.
En lugar visible de la secretaría deberá fijarse una lista de los procesos que se encuentren al despacho para sentencia, con indicación de la fecha de ingreso y la de pronunciamiento de aquella.
No obstante, cuando en disposición especial se autorice decidir de fondo por ausencia de oposición del demandado, el juez deberá dictar inmediatamente la providencia respectiva”.

De acuerdo con dichas normas, se establece como obligación de los juzgados fijar en un lugar visible de la secretaría los procesos que se encuentran al despacho para sentencia, con la indicación de la fecha de ingreso y asimismo, la de la decisión definitiva.

Por su parte, el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011 previó sobre la calificación de servicios de los funcionarios judiciales cuando está en firme la decisión en la que se define la infracción, lo siguiente:

“ARTÍCULO DÉCIMO.- EFECTOS DE LA DECISIÓN EN LA CALIFICACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS. En firme la decisión desfavorable, tendrá los efectos previstos en el literal g) del articulo 12 del Acuerdo PSAA10-7636 del 20 de diciembre de 2010, o el que haga sus veces, en la calificación integral de servicios, los cuales serán aplicados al momento de la consolidación de la misma, por la Sala Administrativa del Consejo Superior o Seccional de la Judicatura, según corresponda, así: por cada proceso en el cual se determine una actuación inoportuna e ineficaz de la administración de justicia, se restará un solo punto en la consolidación de la calificación del factor eficiencia o rendimiento.
La reducción de puntos, no podrá́ exceder el máximo del puntaje asignado al factor eficiencia o rendimiento del servidor judicial a quien se atribuye”. (Resaltado fuera del texto original)

En este orden, el literal g) del artículo 12 del Acuerdo PSAA10-7636 del 20 de diciembre de 2010, estableció que corresponde a las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura reportar toda actuación inoportuna e ineficaz de los funcionarios judiciales, de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 12.- DISTRIBUCIÓN, RECEPCIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN. Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura tendrán las siguientes obligaciones en relación con la información base para la evaluación de servicios, para lo cual utilizarán las herramientas tecnológicas existentes:
(…)
g)  Reportar toda actuación inoportuna e ineficaz de empleado o funcionario judicial determinada en desarrollo de la función de vigilancia judicial, la cual será tenida en cuenta por el respectivo evaluador para efectos de la calificación del factor eficiencia o rendimiento, así: por cada proceso en el cual se determine una actuación inoportuna e ineficaz se restará sólo un punto en la calificación del citado factor”. (Resaltado fuera del texto original)

Así las cosas, se precisa que en los casos en los que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura resuelva a través del trámite de vigilancia administrativa judicial (el cual se adelanta en aras de cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios), que un funcionario judicial incurrió en una actuación inoportuna e ineficaz, tanto el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, como el Acuerdo PSAA10-7636 del 20 de diciembre de 2010, establecieron que en la calificación de eficiencia o rendimiento se le restaría un punto por proceso en el que se demuestre la infracción.

2.4. Caso en concreto

De la revisión del expediente de la vigilancia administrativa, solicitada por el señor José Edmundo Calvache López al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2010-00274, adelantado por el señor Juez Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto Omar Bolaños Ordoñez, se tiene lo siguiente:

El 10 de septiembre de 2013, el señor José Edmundo Calvache en su calidad de Rector y Representante Legal de la Universidad de Nariño, formuló solicitud de vigilancia judicial administrativa a las actuaciones realizadas por el señor Omar Bolaños Ordoñez, Juez Segundo de Descongestión del Circuito de Pasto, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2010-00274, en donde actuó como parte demandante el señor Guillermo Muñoz Ricaurte y como demandada la institución universitaria mencionada.

En dicha solicitud se solicitó:

“Normalizar la situación de deficiencia en la prestación del servicio, teniendo en cuenta que existe publicada en la Secretaria del Despacho un listado de numeración de turnos de los asuntos que se decidirán de parte del señor Juez, y dichos turnos no son acatados en lo más mínimo.
Conminar al Señor Juez a aclarar a los empleados del Despacho, cuales son la funciones que guarda la publicación de información en la cartelera del Despacho Judicial y si dicha información resulta vinculante para su autoridad en calidad de Director del proceso.
Conminar al Señor Juez a requerir a la Secretaria del Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión, en el entendido que cualquier persona puede solicitar información con respecto al trámite de un proceso que curse en el Despacho Judicial, situación diferente es que solicite en préstamo el expediente para tomarle copias a las actuaciones.
En caso de que las actuaciones u omisiones relatadas con anterioridad, puedan ser constitutivas de una falta disciplinaria, se compulsen las copias respectivas, bien a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura o bien a la autoridad que se estime pertinente.”

Según Acta Individual de Reparto Nro. 39 de 2013, el 11 de septiembre de la misma anualidad se efectuó el reparto de la anterior solicitud.

Mediante auto del 12 de septiembre de 2013, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura asumió el conocimiento de la vigilancia administrativa y dispuso la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 4 del Acuerdo 088 de 1997, modificado por el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, en cumplimiento del numeral 6 del artículo 101 de la Ley 270 de 1996. Por lo anterior, resolvió:

“PRIMERO -. ASUMIR el conocimiento de la vigilancia judicial administrativa, propuesta por el señor JOSE EDMUNDO CALVACHE LOPEZ al proceso que contiene la acción de nulidad y Restablecimiento del Derecho No. 2010-00274 propuesta por el señor GUILLERMO MUÑOZ RICAURTE que cursa en el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTION DEL CIRCUITO DE PASTO conforme a los hechos narrados en su denuncia.
SEGUNDO -. SOLICITAR al señor JUEZ SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTION DE PASTO en su calidad de JUEZ del despacho en el cual se tramita la acción de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de la vigilancia para que en un termino de tres (3) días siguientes a la comunicación, realice un pronunciamiento, en el que pueda explicar, justificar, desvirtuar los hechos de que trata la queja propuesta por el peticionario arriba descrito, aducir las pruebas que considere convenientes. Se hará entrega de una copia de la queja”.

A través de Oficios CSJN. AJ-01333 y CSJN. AJ-01332 del 12 de septiembre de 2013, se les comunicó al señor José Edmundo Calvache López y al señor Omar Bolaños Ordoñez lo resuelto a través en el auto citado en el numeral anterior dentro del trámite de la vigilancia administrativa, respectivamente.

El 16 de septiembre de 2013, el señor Omar Bolaños Ordoñez, Juez Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto, procedió a dar respuesta a la solicitud efectuada mediante auto del 12 de septiembre de 2013, para lo cual manifestó que:

“(…) i) No existe una deficiencia en la prestación del servicio en el juzgado, pues los turnos para dictar una sentencia se rigen por los parámetros establecidos en la ley y para cumplir las metas señaladas en el acuerdo de creación de los juzgados de descongestión. ii) Toda la información relevante para las partes siempre es publicada en la cartelera bajo las disposiciones de la ley.
iii) Solamente las partes en un proceso, pueden revisarlo y solicitarlo para realizar copias del expediente”.

Por medio de decisión adoptada el 25 de septiembre de 2013, el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño resolvió la solicitud de vigilancia administrativa adelantada el proceso 2010-00274, para lo cual ordenó:

“PRIMERO-. DECLARAR que en la vigilancia judicial administrativa radicada con la partida No. 52-001-11-001-2013-0037 propuesta por el señor JOSE EDMUNDO CALVACHE LÓPEZ en contra del señor Juez Segundo Administrativo de descongestión (sic) del circuito (sic) de Pasto, OMAR BOLAÑOS, que ha existido quebramiento a los principios de publicidad, transparencia y buena fe, en conexidad con el de oportunidad y eficacia de la correcta Administración de Justicia.
SEGUNDO-. REPORTAR en la calificación del factor eficiencia o rendimiento la actuación inoportuna del señor OMAR BOLAÑOS, quien se desempeña actualmente como Juez 2º Administrativo de Descongestión de Pasto, e informar al H. Tribunal Administrativo de Nariño como evaluador directo del empleado judicial, con el fin de restarle un punto en la calificación del citado factor; lo anterior de conformidad con el Artículo 10º del Acuerdo PSAA11-8716 y al Acuerdo PSAA10-7636, Artículo 12, literal g).
TERCERO-. NOTIFICAR en forma personal del contenido de la presente decisión al doctor OMAR BOLAÑOS, y al señor JOSE EDMUNDO CALVACHE LÓPEZ solicitante de la presente vigilancia judicial administrativa.
CUARTO-. Contra esta decisión procede únicamente el recurso de reposición en vía gubernativa, que se deberá interponer dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de la presente, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

A través de Oficio CSJN-PSA.0663 del 25 de septiembre de 2013, el señor Omar Bolaños Ordoñez, Juez Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto, fue notificado de la anterior decisión, frente a la cual procedía únicamente el recurso de reposición según el artículo 8 del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, sin embargo, no interpuso tal recurso, al ser facultativo.

Establecido lo anterior, procede la Sala a resolver los problemas jurídicos planteados.

Resolución del primer problema jurídico. Pretermisión de una de las etapas del procedimiento establecido para la vigilancia judicial administrativa.

El a quo en la sentencia apelada en relación con este punto, señaló que el acto administrativo acusado se encuentra inmerso dentro de la causal de nulidad de expedición irregular del acto administrativo, pues el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño desatendió el procedimiento establecido en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, que reglamentó el ejercicio de la vigilancia judicial administrativa, por cuanto omitió una de sus fases al no emitir auto debidamente motivado a través del cual se dispuso la apertura, con lo que se le vulneró el derecho al debido proceso del señor Omar Bolaños Ordoñez.

Por su parte, la entidad apelante plantea que el a quo en la sentencia de primera instancia, no tuvo en cuenta que si bien es cierto existió una omisión en el procedimiento para proferir el acto acusado, relativo a la apertura, comunicación, traslado y derecho de defensa en la vigilancia judicial administrativa, también lo es que dicha deficiencia no es de carácter sustancial y no afecta la validez del acto administrativo, toda vez que al funcionario judicial se le solicitó el respectivo informe, así como las pruebas que quisiera hacer valer. Así las cosas, se le garantizó el debido proceso y el derecho de defensa.

Al respecto, debe decirse que de conformidad con las pruebas que obran en el plenario, lo señalado por la parte demandada y en atención a la fecha de presentación de la solicitud de la vigilancia judicial administrativa, esto es, el 10 de septiembre de 2013, que el Acuerdo aplicable para el trámite y decisión de la solicitud es el PSAA11-8716 de 2011, “Por el cual se reglamenta el ejercicio de la Vigilancia Judicial Administrativa consagrada en el artículo 101, numeral 6º, de la Ley 270 de 1996”.

Precisado lo anterior, es de señalar que dicho acuerdo estableció para el trámite de la vigilancia judicial administrativa el siguiente procedimiento:

“(…)
ARTÍCULO SEGUNDO.- Procedimiento. Para el trámite de la solicitud de vigilancia judicial administrativa se seguirá el siguiente procedimiento:
a) Formulación de la solicitud de Vigilancia Judicial Administrativa;
b) Reparto;
c) Recopilación de información;
d) Apertura, comunicación, traslado y derecho de defensa.
e) Proyecto de decisión.
f) Notificación y recurso.
g) Comunicaciones. Cuando se inicie de oficio, ésta no se someterá a reparto.
(…)”.

No obstante, revisado el procedimiento de la solicitud de vigilancia judicial administrativa adelantado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, el cual se describió en párrafos anteriores, la Sala encuentra que en él no se expidió auto de apertura, tal y como lo dispone el literal d) del artículo 2 del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011 y cuyo trámite se encuentra regulado en el artículo 6, que dispone:

“ARTÍCULO SEXTO: Apertura, Comunicación, Explicaciones y Medidas a Tomar en la Vigilancia Judicial Administrativa. El Magistrado a quien le corresponda por reparto la solicitud de vigilancia, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al vencimiento del término señalado en el artículo anterior, si encontrare mérito, dispondrá la apertura del trámite de vigilancia judicial, mediante auto motivado, en el que señalará en forma clara los hechos que dieron lugar al trámite, con la argumentación jurídica que origina la apertura; con la indicación concreta las medidas a tomar, -cuando a ello haya lugar-, que habrá de realizar el servidor judicial requerido para normalizar la situación de deficiencia de la administración de justicia; así mismo dispondrá que éste presente las explicaciones, justificaciones, informes, documentos y pruebas que pretenda hacer valer, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la apertura.
La anterior decisión le será comunicada al servidor judicial requerido por correo certificado y la constancia del envío se anexará al expediente.
El funcionario o empleado requerido está en la obligación de normalizar la situación de deficiencia dentro del término concedido para dar las explicaciones, sin perjuicio del procedimiento contemplado en el presente Acuerdo.
Cuando la deficiencia sea consecuencia de situaciones de naturaleza operativa, la Dirección Seccional de la Rama Judicial competente, a petición de la respectiva Sala Administrativa, adoptará en el mismo término y de acuerdo a las disponibilidades presupuestales, las medidas necesarias para atender los requerimientos del despacho judicial”.

Así las cosas, podría decirse que en el presente asunto, en principio, el acto administrativo acusado fue expedido de forma irregular al no tener en cuenta el procedimiento establecido para la vigilancia judicial administrativa y verse inmerso dentro de las causales de nulidad; sin embargo, la jurisprudencia de esta Corporación ha manifestado que no toda irregularidad en el proceso de expedición de los actos acarrea la nulidad de los mismos, pues se deberá revisar en el caso concreto si el requisito formal omitido constituye una garantía para el administrado, o si, en caso de no haberse presentado la omisión, hubiera cambiado el sentido de la decisión tomada. Así, en sentencia del 13 de octubre de 2016 se indicó lo siguiente:

“Respecto de la causal de nulidad alegada, esto es, la de la existencia de vicios de forma o procedimiento en la expedición de los actos administrativos demandados, la jurisprudencia de esta corporación ha precisado en reiteradas ocasiones que no toda irregularidad en el proceso de expedición acarrea la nulidad de los mismos. Así, en sentencia de 25 de mayo de 1968 se indicó lo siguiente:

«Aunque generalmente las formalidades hacen parte integrante de la manera de manifestarse la voluntad de la administración, no toda omisión de ellas acarrea la nulidad del acto, pues como dice Albert, en su obra “Contrôle Jurisdictionel de l’administration”, “Débese precaver de las matemáticas jurídicas, ya que proclamando que la nulidad se presume, no habría administración posible si el Consejo de Estado anulase los actos administrativos por omisión de formalidades insignificantes o de formalidades cuyo cumplimiento no habría, en la realidad de los hechos, podido procurar ninguna garantía suplementaria a los administrados”.

A su turno Walline opina: “Si el Consejo de Estado anulase despiadadamente por vicios de forma, los actos en cuyo cumplimiento se hubiese deslizado la menor incorrección de forma, la administración sería incitada para evitar la anulación de sus actos a exagerar la minuciosidad del formalismo y se vendría con ello a dilatar aún más los procedimientos burocráticos que ya de por sí pecan de complicados, ocasionando frecuentemente a los administrados una incomodidad excesiva.

Para distinguir entre las formas sustanciales y las accidentales, los tribunales deben examinar cada caso, con base en que solo las que constituyan una verdadera garantía y, por ende, un derecho para los asociados, su incumplimiento induce a nulidad. A este propósito el mismo Walline dice: “En cuanto a la determinación de cuando la formalidad tiene carácter sustancial y cuando no lo es, por lo general es una cuestión de hecho. La directiva jurisprudencial a este respecto es la siguiente: ¿Cuál habría sido la decisión final si se hubieran seguido las formas legales dejadas de lado?¿Habría sido la misma que la establecida en el acto? ¿Habría sido otra? La jurisprudencia no exige el cumplimiento regular de todas las formalidades prescritas a los administradores, sino solamente aquellas cuya observancia ha podido tener alguna influencia sobre las decisiones respectivas”. (Cita de Alberto Preciado, como las anteriores, en sus apuntes sobre la conferencia de Derecho administrativo especial, Universidad Javeriana, 1966).».

De acuerdo con lo expuesto en la sentencia transcrita, resulta importante resaltar que las formas sustanciales constituyen una garantía para la sociedad de que la administración no va a obrar de manera arbitraria. Es por ello que para determinar si se está en presencia de formas sustanciales de obligada observación o puramente accesorias, el operador jurídico debe preguntarse qué habría sucedido si se hubieran seguido las formas dejadas de lado.

En otro pronunciamiento, esta corporación realizó algunas precisiones respecto de las características que debe tener el defecto o la omisión en que se incurrió en la expedición del acto administrativo para que dé lugar a la nulidad del mismo:

«El artículo 84 del CCA., que establece las causales de nulidad de los actos administrativos, incluye dentro de las mismas, precisamente, la expedición en forma irregular, es decir, con desconocimiento de las normas que regulan los requisitos de formación del acto administrativo, incluyendo no sólo las etapas previas a su expedición, sino también los requerimientos relativos a la materialización misma del acto, es decir, la forma que deben revestir.

(…)

Se advierte, no obstante, que tanto la doctrina como la jurisprudencia, al tratar el tema de la formalidad del acto administrativo y la nulidad proveniente de su desconocimiento, han sido del criterio de que no cualquier defecto, puede tener la virtualidad de invalidar una decisión de la Administración, puesto que “…no todas las formas tienen un mismo alcance o valor…”, y ellas van desde las sustanciales hasta las meramente accesorias, siendo únicamente las primeras las que realmente inciden en la existencia del acto y su surgimiento a la vida jurídica y por lo tanto, la omisión de las mismas sí afecta su validez.

(…)

Es claro entonces, que al juez le corresponde dilucidar en cada caso concreto, la clase de requisito formal cuyo cumplimiento se echa de menos en la demanda y se aduce como causal de anulación de un acto administrativo, analizando, de un lado, las normas que establecen los requisitos formales de expedición del acto en cuestión y la incidencia de aquellos en la decisión; y de otro lado, las circunstancias en las que la Administración expidió el acto acusado sin el cumplimiento de alguno de tales requisitos formales, para concluir si efectivamente, la omisión es de tal gravedad, que amerita declarar la nulidad del acto administrativo acusado o si se trata de un requisito de menor entidad, cuyo desconocimiento en nada incide frente a la decisión de la Administración. Así lo ha considerado el Consejo de Estado, al sostener que “(…) la jurisprudencia de la Corporación ha diferenciado en los vicios de forma, aquellos que no son sustanciales al trámite o al debido proceso del acto, de aquéllos que sí lo son, para determinar que los primeros no tienen la virtud de generar la anulación del acto que lo padece.».

De acuerdo con lo expuesto, se deberá revisar en el caso concreto si el requisito formal omitido constituye una garantía para el administrado, o si, en caso de no haberse presentado la omisión, hubiera cambiado el sentido de la decisión tomada por el alcalde.”

En este orden de ideas, si bien el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, en la vigilancia judicial administrativa, no tuvo en cuenta el procedimiento establecido en el Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, relativo a la apertura de la vigilancia, la Sala debe decir que dicha omisión no es de carácter sustancial, pues al dar respuesta a las preguntas “¿Cuál habría sido la decisión final si se hubieran seguido las formas legales dejadas de lado? ¿Habría sido la misma que la establecida en el acto? ¿Habría sido otra?”, sugeridas por la jurisprudencia, el resultado de la decisión, pese a pretermitir la etapa 3 del acuerdo referido, hubiera sido la misma que la adoptada en el acto acusado.

Lo anterior, toda vez que se cumplieron las demás fases y al momento de dar inicio a la vigilancia judicial administrativa se le solicitó al señor Omar Bolaños Ordoñez, Juez Segundo de Descongestión del Circuito de Pasto, el respectivo informe y las pruebas que quisiera hacer valer en el trámite administrativo, tal y como se observa en el auto del 12 de septiembre de 2013, por medio del cual la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura asumió el conocimiento de la vigilancia administrativa y en el Oficio CSJN. AJ-01332 del 12 de septiembre de 2013, por el cual se le comunicó lo resuelto a través en el auto citado. Ambos actos dispusieron:

“(…)
SEGUNDO -. SOLICITAR al señor JUEZ SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE DESCONGESTION DE PASTO en su calidad de JUEZ del despacho en el cual se tramita la acción de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de la vigilancia para que en un termino de tres (3) días siguientes a la comunicación, realice un pronunciamiento, en el que pueda explicar, justificar, desvirtuar los hechos de que trata la queja propuesta por el peticionario arriba descrito, aducir las pruebas que considere convenientes. Se hará entrega de una copia de la queja”.

Es de señalar, que el funcionario judicial para dar cumplimiento a la anterior orden, allegó al proceso de la vigilancia judicial administrativa escrito del 16 de septiembre de 2013 en donde expuso las razones por las cuales no existía deficiencia en la prestación del servicio.

En ese orden de ideas, el cargo de apelación bajo análisis tiene vocación de prosperidad, toda vez que el señor Omar Bolaños Ordoñez tuvo la oportunidad de ejercer sus derechos de defensa y contradicción dentro del procedimiento de vigilancia judicial administrativa adelantado en su contra, en calidad de titular del Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto, por las actuaciones surtidas por el despacho judicial en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2010-0074.

Resolución del segundo problema jurídico. Saltarse el turno asignado en la cartelera de la secretaría del despacho para proferir sentencia

La apelante plantea que el a quo en la sentencia de primera instancia, desconoció que el señor Omar Bolaños Ordoñez, Juez Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto, dentro del proceso que fue objeto de la revisión judicial administrativa, no tuvo en cuenta el orden de los turnos para proferir la sentencia, con lo que impidió a la Universidad de Nariño ejercer su derecho de defensa, pues no tuvo la oportunidad de interponer los recursos de ley contra la decisión que resultó contraria a sus intereses.

Al respecto, hay que señalar que el artículo 124 del Código de Procedimiento Civil, hoy 120 del Código General del Proceso, estableció los términos para dictar resoluciones judiciales, de manera que los autos de sustanciación deberían dictarse en 3 días, los interlocutorios en 10 y las sentencias en 40, términos contados a partir del momento en que el expediente pase al despacho para tal fin.

A su vez, dispuso que los procesos que se encontraban al despacho para sentencia debían fijarse en un lugar visible de la secretaría con la indicación de la fecha de ingreso y la de pronunciamiento de aquella.

Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia T-945 de 2008, indicó que el orden de los turnos resultan vinculantes para los funcionarios judiciales, “(…) de manera que las providencias se dicten según el orden en que se avoca conocimiento de los procesos”.

Dicha Corporación, ha reiterado que el respeto estricto del turno para fallar resulta corolario de los principios constitucionales de igualdad y debido proceso, con lo que se permite la racionalización del servicio de la administración de justicia.

Ahora bien, de la revisión de los soportes que reposan en el plenario, la Sala observa que el fundamento de la sanción adoptada en el acto administrativo acusado, es lo establecido en el artículo 120 del Código General del Proceso, el cual dispuso que “En lugar visible de la secretaría deberán fijarse una lista de los procesos que se encuentren al despacho para sentencia, con indicación de la fecha de ingreso y la de pronunciamiento de aquella”.

Así, se observa que el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño fundamentó su decisión en el documento denominado “Procesos que pasan al despacho del señor juez para sentencia”, el cual relaciona unos procesos a cargo del Juzgado Segundo de Descongestión del Circuito de Pasto, del cual es titular el señor Omar Bolaños Ordoñez, dentro los que se aprecia aquel que motivó la solicitud de vigilancia judicial administrativa en la casilla número 83 de dicha lista; documento que proporciona la siguiente información con respecto a los procesos que se encontraban al despacho para proferir sentencia:

1) Número.
2) Radicación.
3) Acción.
4) Demandante.
5) Demandado.

No obstante, al estudiar y analizar el mencionado documento, se aprecia que el mismo no encuadra con aquel descrito en el artículo 120 del Código General del Proceso, por cuanto en dicha disposición se exige “(…) una lista de los procesos que se encuentren al despacho para sentencia, con indicación de la fecha de ingreso y la de pronunciamiento de aquella”, información que por ningún lado ofrece.

Así las cosas, si el acto acusado tuvo como fundamento la vulneración del turno establecido en el artículo 120 del Código General del Proceso, resulta que la prueba documental a la que se remitió el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño para demostrar la vulneración de dicho precepto no resulta conducente, pertinente ni idónea para fundamentar la sanción impuesta al señor Omar Bolaños Ordoñez, Juez Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto, puesto que en ninguna parte se observa que dicho listado contenga el requisito exigido en el artículo ibídem en cuanto a la fecha de pronunciamiento de la sentencia.

Bien pudo la Administración advertir dicha falencia y encausar su actuación por dicha senda. No obstante, dio por probado que el documento denominado “Procesos que pasan al despacho del señor juez para sentencia”, era el mismo al que hace alusión el mencionado artículo 120 del Código General del Proceso, cuando la prueba documental arrimada al plenario es contundente en señalar que dicho documento no podía cimentar la sanción impuesta.

Máxime lo anteriormente expuesto, se señala que el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 prevé que es obligatorio para los jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse; no obstante, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es posible que dicho orden se modifique, en tres eventos: i) en atención a la naturaleza de los asuntos; ii) a solicitud del agente del Ministerio Público; o iii) en atención a su importancia jurídica y trascendencia social.

Ahora bien, se tiene que de conformidad con el Acuerdo PSAA12-9219 de 2 de febrero 2012, en aras de continuar con el fortalecimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo con medidas de descongestión para lograr la evacuación de procesos en curso y garantizar la transición al nuevo régimen contenido en la Ley 1437 de 2011, de modo que se avance en la reducción del inventario de procesos, se creó transitoriamente en el artículo 3 un Juzgado Administrativo de Descongestión en el Circuito Judicial de Pasto, el cual corresponde, según se advierte en el expediente, al Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto, del cual era titular el señor Omar Bolaños Ordoñez, para la fecha de los hechos.

De acuerdo con el artículo 5 ibídem, el juzgado tendría a su cargo los procesos que le fueran redistribuidos en estado de fallo y en trámite provenientes de los juzgados permanentes y según lo dispuesto por el artículo 8 del acuerdo debería “fallar como mínimo 41 procesos mensuales y/o tramitar como mínimo 80 procesos mensuales por cargo”.

En esta medida se observa, que conforme lo manifestó el señor Omar Bolaños Ordoñez en el trámite de vigilancia administrativa:

“123 de los expedientes remitidos llegaron el 6 de septiembre de 2012, con acta del 30 de agosto de la misma anualidad, listos para dictar sentencia. Ello quiere decir que todos estos pasaron al Despacho para fallo ese mismo 6 de septiembre de 2012, pues no venían de un mismo trámite desarrollado en el juzgado descongestión, estando todos los asuntos en igualdad de condiciones en la fecha de entrada el despacho para proferir la sentencia, y por ende, pudiendo ser resueltos de fondo unos previamente a otros, teniendo en cuenta otros criterios, entre ellos la antigüedad, pero también, la complejidad y la tipología de los mismos, a fin, precisamente de cumplir con las metas ordenadas en el acuerdo de creación del juzgado, y en atención a las parámetros fijados en el mismo”.

En este orden se ideas, se considera que si bien por ley los jueces deben respetar el orden de ingreso al despacho de los procesos para dictar sentencia, lo cierto es que a los juzgados administrativos, la norma les otorga el beneficio de modificar el respectivo turno, siempre y cuando el juez lo considere necesario; al respecto, se tiene que el señor Bolaños Ordoñez, puso de presente en el trámite de vigilancia judicial administrativa, que el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2010-00274 al igual que otros 122 expedientes fue remitido al juzgado de descongestión el 6 de septiembre de 2012, lo cual es un argumento válido para determinar que todos esos procesos se encontraban en las mismas condiciones para proferir sentencia, indistintamente del orden asignado en la lista que se expuso en la cartelera de la secretaría del despacho judicial.

Ahora, aun cuando existió dicha lista, el señor Omar Bolaños Ordoñez adujo también en el escrito de la demanda objeto ahora de estudio, que muchos de los procesos que se encontraban pendientes para dictar sentencia requirieron auto de mejor proveer, lo cual condujo a que el orden para proferir sentencia de los procesos variara.

En este sentido, la Sala advierte que la actuación desplegada por el aquí demandante, está justificada, y que la conducta reprochada por la entidad demandada es inexistente. Ello, teniendo en cuenta la naturaleza del despacho como juzgado de descongestión que debía cumplir con unas metas fijadas en el acuerdo de creación y que además, algunos de los procesos que estaban en igualdad de condiciones con el radicado 2010-00274, es decir, para dictar sentencia, ameritaron la adopción de autos de mejor proveer, lo que llevó a que se profiriera fallo sin seguir el orden estricto de la lista publicada en la secretaría del despacho judicial.

Sumado a lo anterior, se resalta que la sentencia del 28 de febrero de 2013, dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto, mediante la cual se resolvió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho adelantada por el señor Guillermo Muñoz Ricaurte contra la Universidad de Nariño, se notificó por edicto fijado el 6 de marzo de 2013 y desfijado el 8 del mismo mes y año, de conformidad con el artículo 173 del CCA. Por consiguiente, la Universidad de Nariño, debió tener mayor diligencia con el ánimo de defender sus intereses en el proceso que versaba en su contra y así hacer uso del recurso de apelación procedente, sin que el turno y el orden para proferir sentencia sea una excusa para la interposición del mismo, puesto que lo uno no incide en lo otro.

Por las anteriores razones, la Sala no observa la configuración del cargo de apelación bajo análisis, de manera que la sentencia apelada que accedió a las pretensiones de la demanda amerita ser confirmada, pero por las consideraciones antes expuestas.

Finalmente en cuanto a la condena en costas que fue impuesta por el a quo, la Sala reiterara lo expuesto por ambas subsecciones de la Sección Segunda de esta Corporación, en la medida que el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011 entrega al juez la facultad de disponer sobre su condena, lo cual debe resultar de analizar diversos aspectos dentro de la actuación procesal, tales como la conducta de las partes, y que principalmente aparezcan causadas y comprobadas, siendo consonantes con el contenido del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012; descartándose así una apreciación objetiva que simplemente consulte quien resulte vencido para que le sean impuestas.

En el caso, la Sala observa que el a quo no hizo un análisis sobre la necesidad de condenar en costas a la parte vencida del proceso, atendiendo los criterios ya definidos por la jurisprudencia, echándose de menos además, alguna evidencia de causación de expensas que justifiquen su imposición a la parte demandada, quien dentro de sus facultades hizo uso mesurado de su derecho a la réplica y contradicción. Por ello, se revocará este aparte de la sentencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

Ill. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de abril de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, en cuanto declaró la nulidad del acto administrativo del 25 de septiembre de 2013 proferido por el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño dentro de la vigilancia administrativa Nro. 52-001-11-001-2013-0037, por el cual se sancionó al señor Omar Bolaños Ordoñez, en su condición de Juez Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito de Pasto, con un (1) punto menos en la calificación de factor eficiencia o rendimiento.

SEGUNDO: REVOCAR el numeral quinto de la sentencia del 28 de abril de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño, por el cual se condenó en costas a la parte demandante.

En su lugar, se dispone:

TERCERO: NEGAR la condena en costas.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

CARMELO PERDOMO CUÉTER CÉSAR PALOMINO CORTÉS

Informe de la Secretaría del 18 de enero de 2019, visible a folio 381 del expediente cuaderno principal. Ley 1437 de 2011. “Artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: (…)”. Visible a folios 64 a 78 del cuaderno principal. Ley 1437 de 2011, “Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. (…)”
El abogado Germán Montenegro Acosta. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
“Por el cual se reglamenta el ejercicio de la Vigilancia Judicial Administrativa consagrada en el artículo 101, numeral 6, de la ley 270 de 1996”.
“Por medio del cual se reglamenta el sistema de evaluación de servicios de los servidores y servidoras de la Rama Judicial vinculados por el sistema de carrera judicial”
(…)
ARTÍCULO 12.- Distribución, recepción y control de la información. Las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura tendrán las siguientes obligaciones en relación con la información base para la evaluación de servicios, para lo cual utilizarán las herramientas tecnológicas existentes:
(…)
g) Reportar toda actuación inoportuna e ineficaz de empleado o funcionario judicial determinada en desarrollo de la función de vigilancia judicial, la cual será tenida en cuenta por el respectivo evaluador para efectos de la calificación del factor eficiencia o rendimiento, así: por cada proceso en el cual se determine una actuación inoportuna e ineficaz se restará sólo un punto en la calificación del citado factor”.
“Estatutaria de administración de justicia”. Visible a folios 167 a 182 del cuaderno principal.
“Por el cual se adoptan medidas transitorias en el Distrito Judicial Administrativo de Nariño en el marco del Plan Especial de Descongestión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”
Visible a folios 186 a 191 del cuaderno principal. Visible a folios 285 a 306 del cuaderno principal. Visible a folios 308 a 310 del cuaderno principal.
“Por el cual se reglamenta el ejercicio de la Vigilancia Judicial Administrativa consagrada en el artículo 101, numeral 6°, de la Ley 270 de 1996.”.
“(…)
ARTICULO CUARTO.- PROCEDIMIENTO. Recibido el escrito, el Presidente de la Sala hará el reparto dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes. El Magistrado a quien le corresponda, analizará la relevancia de los hechos expuestos y procederá a su verificación, bien sea mediante requerimiento de información detallada o practicando una visita especial al despacho judicial de que se trate; en este último evento y si las circunstancias lo ameritan, revisará de oficio otros casos que deban ser objeto de la Vigilancia Judicial Administrativa, en los términos del presente Acuerdo. La labor de verificación podrá adelantarse por el Magistrado directamente o a través de sus auxiliares o de empleados de la Sala que él designe. Los resultados de la visita practicada se consignarán en un acta que se suscribirá por el funcionario o empleado visitador y por el titular del Despacho, así como por el empleado sobre el cual recaiga la observación, si fuere del caso. Si apareciere acreditada la existencia de una actuación u omisión contraria a la oportuna y eficaz administración de justicia en los términos del presente reglamento, ésta se pondrá en conocimiento del funcionario o empleado a quien se atribuye, mediante comunicación debidamente sustentada y suscrita por el Magistrado que conoce del asunto.

El anterior trámite no podrá exceder del plazo improrrogable de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha del reparto. ARTICULO QUINTO.- EXPLICACIONES. A partir del recibo de la comunicación, el funcionario o empleado requerido tendrá un término, también improrrogable, de cinco (5) días hábiles para explicar, justificar o desvirtuar los hechos de que trata la misma, y para aducir las pruebas y consideraciones que estime pertinentes. ARTICULO SEXTO.- DECISION. El Magistrado que conoce del asunto, evaluará las explicaciones del funcionario o empleado requerido, analizará las pruebas y decidirá si ha habido un desempeño contrario a la administración oportuna y eficaz de la Justicia en el preciso y específico proceso o actuación judicial de que se trate. Para el efecto se tendrá en cuenta que el hecho no obedezca a situaciones originadas en deficiencias operativas del despacho judicial, así como los factores reales e inmediatos de congestión no producidos por la acción u omisión del funcionario o empleado requerido, todo lo cual lo exime de los correctivos y anotaciones respectivas. La decisión se hará conocer del interesado, cuando lo hubiere, y del funcionario o empleado. ARTICULO SEPTIMO.- CORRECTIVOS. El funcionario o empleado requerido está en la obligación de normalizar la situación de deficiencia dentro del término concedido para dar las explicaciones, sin perjuicio del procedimiento contemplado en el presente Acuerdo. Cuando la deficiencia sea consecuencia de situaciones de naturaleza operativa, la Dirección Seccional de la Rama Judicial competente, a petición del Magistrado, adoptará en el mismo término y de acuerdo a las disponibilidades presupuestales, las medidas necesarias para atender los requerimientos del despacho judicial. ARTICULO OCTAVO.- EFECTOS. Toda actuación inoportuna e ineficaz del servidor público determinada en desarrollo de las diligencias de que trata este acuerdo, será tenida en cuenta por el respectivo evaluador para efectos de la calificación del factor eficiencia o rendimiento de que trata el  Acuerdo No. 198 de 1.996 de esta Sala, así: por cada anotación un punto menos. Así  mismo, incidirá en el otorgamiento de los estímulos y distinciones contemplados en el artículo 155 de la Ley 270 de 1.996,  y determinará la no aplicación del Acuerdo 106 de 1996. ARTICULO NOVENO.- INFRACCION DE OTRAS DISPOSICIONES. En caso de que las actuaciones u omisiones puedan ser constitutivas de una falta disciplinaria, el Magistrado, una vez finalizado el trámite administrativo propio de la Vigilancia Judicial, compulsará las copias pertinentes con destino a la autoridad competente; si se trata de conducta objeto de reproche y sanción penal, el magistrado competente debe ponerla en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación con toda la información y la documentación recaudada, tan pronto tenga conocimiento o noticia de la misma.
(…)”
, “Por el cual se reglamenta el ejercicio de la Vigilancia Judicial Administrativa consagrada en el artículo 101, numeral 6º, de la Ley 270 de 1996”
“Por el cual se reglamenta el ejercicio de la Vigilancia Judicial Administrativa consagrada en el artículo 101, numeral 6º, de la Ley 270 de 1996”.
“Artículo 4. Celeridad y oralidad. <Artículo modificado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1285_2009.html" \l "1" 1 de la Ley 1285 de 2009>. La administración de justicia debe ser pronta, cumplida y eficaz en la solución de fondo de los asuntos que se sometan a su conocimiento. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación injustificada constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar. Lo mismo se aplicará respecto de los titulares de la función disciplinaria. Las actuaciones que se realicen en los procesos judiciales deberán ser orales con las excepciones que establezca la ley.

Esta adoptará nuevos estatutos procesales con diligencias orales y por audiencias, en procura de la unificación de los procedimientos judiciales, y tendrá en cuenta los nuevos avances tecnológicos.
(…)”. Nota: Los Incisos 1 y 2 fueron declarados condicionalmente exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-713 de 2008, “en el entendido de que la oralidad sólo puede ser exigible de conformidad con las reglas procedimentales que fije el Legislador”.
“Artículo 7. Eficiencia. La administración de justicia debe ser eficiente. Los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, consejero ponente: Dr. Alejandro Ordóñez Maldonado, sentencia de 3 de octubre de 2002, radicado: 11001 03 25 000 2001 0035 01(498-01), actor: Luis Enrique Becerra Delgado, demandado: Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Administrativa de Risaralda. Artículo derogado por el literal c) del artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr015.html" \l "626" 626 de la HYPERLINK "http://go.vlex.com/vid/391649121?fbt=webapp_preview" \t "_blank" Ley 1564 de 2012. Rige a partir del 1o. de enero de 2014, en forma gradual, en los términos del numeral 6) del artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012_pr015.html" \l "627" 627. Artículo modificado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0794_2003.html" \l "16" 16 de la Ley 794 de 2003.
“Por el cual se reglamenta el ejercicio de la Vigilancia Judicial Administrativa consagrada en el artículo 101, numeral 6o, de la Ley 270 de 1996”.
“Por medio del cual se reglamenta el sistema de evaluación de servicios de los servidores y servidoras de la Rama Judicial vinculados por el sistema de carrera judicial”. Visible a folios 21 a 25 del cuaderno principal. Visible a folio 2 del cuaderno de pruebas. Visible a folios 4 y 5 del cuaderno de pruebas. Visible a folios 26 y 27 del cuaderno principal y 11 y 12 del cuaderno de pruebas, respectivamente. Visible a folios 28 a 34del cuaderno principal y 13 a 19 del cuaderno de pruebas. Visible a folios 92 a 100 del cuaderno principal y 33 a 41 del cuaderno de pruebas. Visible a folio 51 del cuaderno de pruebas.
“Por el cual se reglamenta el ejercicio de la Vigilancia Judicial Administrativa consagrada en el artículo 101, numeral 6o, de la Ley 270 de 1996” . Sentencia del 13 de octubre de 2016, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P. Gabriel Valbuena Hernández, radicado: 68001-23-31-000-2008-00129-01 (4357-13)
“Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 25 de mayo de 1968, Magistrado Ponente: ALFONSO MELUK. En el mismo sentido véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 15 de marzo de 1991, Expediente n.º 190, Magistrado Ponente: LIBARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. Al respecto, véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 15 de diciembre de 1993, Expediente n.º 2638, Magistrado Ponente: ERNESTO RAFAEL ARIZA MUÑOZ; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de 5 de septiembre de 1996, Expediente n.º 8991, Magistrado Ponente: JOAQUIN BARRETO RUÍZ; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 17 de octubre de 1997, Expediente No. 8417, Magistrado Ponente: DELIO GÓMEZ LEYVA; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 28 de octubre de 1999, Expediente n.º 3443, Magistrado Ponente: JUAN ALBERTO POLO FIGUEROA; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 9 de mayo de 2003, Expediente No.

6501, Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia de 6 de julio de 2006, Expediente n.º 3883, Magistrado Ponente: FILEMÓN JIMÉNEZ OCHOA; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de 20 de agosto de 2009, Expediente n.º 5876-05, Magistrado Ponente: BERTHA LUCÍA RAMÍREZ DE PÁEZ; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 30 de julio de 2015, Expediente n.º 20.141, Magistrado Ponente: CARMEN TERESA ORTÍZ DE RODRÍGUEZ. La doctrina también ha señalado que no todo defecto formal vicia de nulidad el acto administrativo. Al respecto véase: LIBARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, «Derecho Administrativo, general y colombiano», Decimoséptima Edición, Bogotá, Colombia, Temis, 2011, Pág.311; LIBARDO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, «El principio constitucional de la prevalencia del derecho sustancial», en Derecho constitucional y administrativo en la Constitución Política de Colombia, Bogotá, Biblioteca Jurídica Diké y Ediciones Rosaristas, 1997, págs.. 237 y ss.”
“Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 13 de mayo de 2009, Expediente n.º 27.832, Magistrado Ponente: RAMIRO SAAVEDRA BECERRA.”
Visible a folios 4 y 5 del cuaderno de pruebas. Visible a folios 26 y 27 del cuaderno principal y 11 y 12 del cuaderno de pruebas, respectivamente. Visible a folios 28 a 34del cuaderno principal y 13 a 19 del cuaderno de pruebas. Corte Constitucional, sentencia T-429 del 2005. Visible a folios 35 a 40 del cuaderno principal y 20 a 25 del cuaderno de pruebas.
“ARTICULO 18. ORDEN PARA PROFERIR SENTENCIAS. Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social”.
“Por el cual se adoptan medidas transitorias en el Distrito Judicial Administrativo de Nariño en el marco del Plan Especial de Descongestión de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”. Visible a folio 16 del cuaderno principal. Sentencia del 19 de enero de 2015, Nro. Interno 4583-2013, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren; Sentencia del 16 de julio de 2015, Nro. Interno 4044-2013, Consejera Ponente (e) Sandra Lisset Ibarra Vélez.

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