Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2026-00044-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 41001-23-33-000-2026-00044-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 41001-23-33-000-2026-00044-01
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
4 de junio de 2026
Demandante: Carlos Alberto Flórez Batista
Demandados: Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Neiva y otro
Radicado: 41001-23-33-000-2026-00044-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 41001-23-33-000-2026-00044-01
Demandante: CARLOS ALBERTO FLÓREZ BATISTA
Demandados: JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE NEIVA Y OTRO
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Improcedencia de la
acción por no cumplir con el requisito adjetivo de subsidiariedad.
Confirma decisión de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide la impugnación instaurada por la parte actora contra la sentencia del
11 de marzo de 2026, por la cual el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Segunda
de Decisión declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito
de subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
El señor Carlos Alberto Flórez Batista, actuando en nombre propio, presentó acción
de tutela contra la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila y el Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, con el fin de que se amparen
sus derechos fundamentales, a la doble instancia, al debido proceso, de acceso a
la administración de justicia, de seguridad social y dignidad humana.
La parte actora estimó vulneradas sus garantías constitucionales con ocasión del
auto del 25 de noviembre de 2025, proferido por el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito Judicial de Neiva. Mediante dicha providencia, el despacho rechazó por
improcedentes los recursos de reposición y en subsidio apelación interpuestos
contra la decisión de remitir a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez la alzada
formulada frente al dictamen pericial No. 07202500904 del 4 de agosto de 2025.
Dicha prueba se decretó dentro del medio de control de reparación directa con
radicado 41001-33-33-001-2024-00160-00, el cual se promovió contra el municipio
de Neiva.
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Demandante: Carlos Alberto Flórez Batista
Demandados: Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Neiva y otro
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1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora pretende:
1. Amparar mis derechos fundamentales a la Doble Instancia, debido
proceso, acceso a la administración de justicia, seguridad social.
2. Ordenar al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Neiva
que permita el trámite del recurso presentado contra el dictamen.
3. Ordenar a la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila que
remita el expediente a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez,
para que se surta la segunda instancia correspondiente.
4. Adoptar las demás medidas necesarias para la protección efectiva de mis
derechos fundamentales1.
1.3. Hechos
Revisado el expediente se hallaron los siguientes supuestos fácticos que, a juicio
de la sala, resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente
asunto.
El señor Flórez Batista sufrió el 2 de mayo de 2022 un accidente de tránsito que le
ocasionó múltiples lesiones, entre ellas un trauma craneoencefálico severo. Dicho
evento generó secuelas físicas, neurológicas y cognitivas que afectaron de manera
directa su vida cotidiana y limitaron su capacidad laboral.
Posteriormente, el afectado instauró el medio de control de reparación directa contra
el municipio de Neiva la pretensión de la demanda consistió en obtener una
indemnización por los perjuicios materiales e inmateriales que padeció, como
consecuencia del accidente de tránsito que ocurrió el 2 de mayo de 2022., trámite
que se adelanta ante el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de esa
ciudad.
Dentro de ese proceso judicial, el 8 de julio de 2025 dicha autoridad decretó de oficio
la práctica de un dictamen pericial sobre la pérdida de capacidad laboral del
demandante. El 4 de agosto de 20252, la Junta Regional de Calificación de Invalidez
del Huila emitió dicho dictamen, en el cual estableció una pérdida de capacidad
laboral [en adelante PCL] equivalente al 36.88%.
Expuso que, ante la inconformidad con el dictamen, el 20 de agosto de 2025
interpuso un recurso de reposición y, en subsidio, de apelación ante la Junta
Regional de Calificación de Invalidez del Huila. El 21 de agosto de 2025, dicha Junta
1
Transcripción literal del escrito de tutela presentado, con posibles errores.
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Dictamen No. 07202500904 del 4 de agosto de 2025 y notificado el 8 de agosto del mismo año.
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informó que los recursos debían tramitarse ante el juzgado, por tratarse de una
prueba decretada de oficio por la autoridad judicial, adicionalmente la autoridad
judicial por medio de auto del 25 de septiembre de 2025 dio traslado a las partes
por un término de 3 días.
Explicó que el 25 de agosto y el 29 de septiembre de 2025, solicitó al juzgado la
admisión de los recursos interpuestos y la remisión del expediente a la segunda
instancia.
El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva por medio de auto
del 25 de noviembre de 20253, rechazó por improcedentes los recursos
interpuestos, al considerar que no se había objetado el dictamen ni solicitado la
comparecencia del perito.
1.4. Sustento de la vulneración
El actor arguyó la vulneración de sus derechos fundamentales a la doble instancia,
al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y
a la dignidad humana.
Fundamentó dicha vulneración en la omisión del juzgado y de la junta regional de
tramitar y remitir a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el recurso de
apelación interpuesto contra el dictamen pericial.
Alegó que la decisión constituía un defecto que desconocía el procedimiento legal
para controvertir el dictamen, situación que lo dejó sin una vía efectiva para ejercer
su derecho a la defensa y a la contradicción.
Explicó que las autoridades incurrieron en:
• Desconocimiento del procedimiento especial: por cuanto el despacho judicial
omitió que los dictámenes de las juntas de calificación de invalidez
configuraron una naturaleza especial, ya que estas actuaciones contaron con
un mecanismo propio de impugnación, el cual se surtió mediante el recurso
de apelación ante la junta nacional. Por tal motivo, no resultó procedente la
exigencia de un nuevo dictamen ante la misma junta regional, toda vez que
dicha orden careció de sustento legal.
• Exceso ritual manifiesto: pues la autoridad judicial requirió la objeción del
dictamen bajo la causal de error grave, institución jurídica que el
ordenamiento eliminó del marco normativo actual. Este proceder evidenció
un desconocimiento del derecho vigente y vulneró el principio de legalidad.
3
Índice 58 Samai. Ejecutoriada el 1 de diciembre de 2025, índice Samai 61. Rad. 41001-33-33-001-
2024-00160-00.
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• Omisión del deber de protección: consideró que el juez y la junta impusieron
barreras formales y desproporcionadas que vaciaron el derecho de defensa
y contradicción de un sujeto de especial protección constitucional,
atendiendo a su estado de salud.
• Desconocimiento de la naturaleza privada del gasto: expuso que, a pesar de
haber sido decretado por el juez, el costo del dictamen fue asumido en su
totalidad con recursos privados, circunstancia que reforzaba su derecho a
solicitar la revisión de este por parte del superior funcional.
1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia
Mediante auto del 25 de febrero del 2026, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal
Administrativo del Huila admitió la acción de tutela, ordenó notificar al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva y a la Junta Regional de
Calificación de Invalidez del Huila.
1.6. Contestaciones
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva
La juez de la providencia cuestionada allegó informe con fecha del 3 de marzo de
20264. En dicho escrito, la juez sostuvo que el despacho no había vulnerado los
derechos fundamentales al debido proceso, a la doble instancia, al acceso a la
administración de justicia ni a la seguridad social del accionante.
Explicó que la situación se derivó de una impericia y desconocimiento procesal por
parte de la defensa del actor, por cuanto la apoderada judicial intentó interponer
recursos administrativos de reposición y apelación directamente ante la Junta
Regional de Calificación de Invalidez del Huila contra un dictamen de pérdida de
capacidad laboral, desconociendo que, al haber sido decretado dentro de un
proceso judicial, la junta actuaba como perito y sus conceptos no admitían dichos
recursos.
Aclaró que el accionante debió ejercer la contradicción del dictamen pericial
mediante los mecanismos judiciales correspondientes, tales como solicitar la
comparecencia del perito en audiencia o aportar un dictamen distinto, actuaciones
que la parte actora omitió.
Además, se argumentó que el accionante no utilizó los recursos legales disponibles
contra la providencia del 25 de noviembre de 2025, que rechazó sus recursos por
improcedentes. Al guardar silencio en las oportunidades procesales, la defensa
permitió que dicha decisión quedara ejecutoriada.
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Índice 13 de Samai.
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Por lo anterior, reiteró que la acción de tutela es un mecanismo residual y
excepcional, no destinado a subsanar errores u omisiones procesales de las partes.
Finalmente, con base en lo expuesto, solicitó que se estimara que las pretensiones
de la acción de tutela no estaban llamadas a prosperar, en tanto el juzgado garantizó
los derechos fundamentales del accionante y este último omitió el uso de los
recursos ordinarios de ley para la defensa de sus intereses.
1.6.1. La Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila pese a haber sido
debidamente notificada, no allego pronunciamiento alguno.
1.7. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 11 de marzo de 2026, la Sala Segunda de Decisión del
Tribunal Administrativo del Huila declaró la improcedencia de la acción de tutela por
no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
El tribunal concluyó que la acción de tutela se promovió como un medio de defensa
sustituto, lo cual contrariaba su naturaleza subsidiaria, dado que el accionante
disponía de otros mecanismos judiciales de defensa que no agotó oportunamente.
Indicó que el demandante no interpuso recurso alguno contra el auto del 25 de
noviembre de 2025, providencia mediante la cual el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito Judicial de Neiva rechazó por improcedentes sus recursos contra el
dictamen pericial. Al guardar silencio, permitió que dicha decisión quedara
ejecutoriada el 1º de diciembre de 2025.
Explicó que el actor no ejerció idóneamente su derecho de contradicción frente a la
prueba en las oportunidades procesales ordinarias. En lugar de acudir a los
mecanismos previstos en el artículo 228 del Código General del Proceso, como
solicitar la comparecencia de los peritos, pedir la aclaración del dictamen o aportar
uno nuevo, intentó manifestar su inconformidad mediante recursos administrativos
ante la misma entidad que lo había emitido.
Expuso que, durante la audiencia de pruebas del 10 de febrero de 2026, la parte
actora no alegó vicios de ilegalidad y consintió el cierre del debate probatorio.
El tribunal enfatizó que la acción de tutela no puede emplearse para subsanar la
inactividad o negligencia de las partes ni para revivir etapas procesales ya
precluidas, y que la situación de indefensión derivó de las propias omisiones del
demandante.
Precisó que normativamente, cuando las juntas de calificación de invalidez emiten
un dictamen para ser aportado como prueba en un proceso judicial, actúan en
calidad de peritos. En consecuencia, la ley dispone expresamente que contra dichos
conceptos no proceden recursos, como los de reposición y apelación que el
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accionante intentó interponer.
1.8. Impugnación
Mediante escrito radicado el 18 de marzo de 20265 la parte actora impugnó la
anterior decisión y, argumentó que se le negó materialmente el acceso a la segunda
instancia.
Explicó que la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila indicó que su
recurso de apelación debía tramitarse a través del juzgado, pero la autoridad judicial
se negó a darle curso, impidiendo su remisión a la Junta Nacional de Calificación
de Invalidez.
Señaló que el juzgado rechazó el trámite del recurso exigiendo formalidades propias
de un proceso judicial ordinario, como la objeción del dictamen o la presentación de
uno nuevo, desconociendo que las decisiones de la Junta Regional de Calificación
de Invalidez cuentan con un régimen especial de impugnación.
Refutó el argumento del fallo inicial que le exigía acudir a otras vías, señalando que
la acción de tutela constituía su única opción. Aclaró que la presentación de un
nuevo dictamen médico no sustituía su derecho a una segunda instancia y que
solicitar a la Junta Regional una nueva valoración carecía de sentido, dado que
dicha entidad ya había fijado su criterio técnico.
Indicó que, en su condición de sujeto de especial protección constitucional, padecía
secuelas físicas y neurológicas derivadas de un trauma craneoencefálico severo, lo
que lo ubicaba en una situación de debilidad manifiesta.
Por tal razón, alegó que los jueces debían garantizarle el acceso a la justicia
eliminando barreras formales innecesarias que le impedían controvertir la decisión
sobre su invalidez.
Finalmente solicitó la revocatoria del fallo que declaró improcedente la acción, el
reconocimiento de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la doble
instancia, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social, así como
ordenar al Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva que dé
trámite al recurso interpuesto contra el dictamen de invalidez.
Igualmente, pidió que la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Huila remita
su expediente directamente a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, con el
fin de surtir la segunda instancia.
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Índice 18 de Samai.
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1.9. Trámite de la acción de tutela en segunda instancia
Estando el expediente en el despacho para resolver la impugnación, se advirtió que
no se había dispuesto la vinculación de los señores Etelvina Batista Hernández,
Saidy Tatiana Flórez Batista, Leonard Enrique Flórez Batista, Marco Fidel Batista
Hernández y del municipio de Neiva, pese al interés que les asistía en el resultado
de este trámite constitucional, por conformar la parte demandante y la parte
demandada, respectivamente, dentro del proceso de reparación directa. En
consecuencia, se ordenó su vinculación a la presente actuación procesal mediante
providencia del 20 de abril del mismo año.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La Sección es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia del 11 de marzo de 2026, en atención a lo
consagrado por el Decreto 2591 de 19916, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como por el artículo 25 del
Acuerdo 080 de 20197, de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la sala establecer si hay lugar
a confirmar, revocar o modificar el fallo adoptado en primera instancia, que declaró
improcedente la acción constitucional impetrada por el señor Carlos Alberto Flórez
Batista por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales;
ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de encontrarse superados
se estudiará, iii) el fondo del reclamo.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
20128, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen,
antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203),
han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha
6
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
7
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
8
M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se
modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera algún
derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos generales
y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales dan origen a
que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia sustantiva– o que
impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea relevante
constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela9; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que
se dice vulnerado.
9
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 5 de
junio de 2025, expediente 76001-23-33-000-2025-00141-01, MP. Omar Joaquín Barreto Suárez. En
esta decisión se recordó que excepcionalmente procede la tutela contra sentencias de la misma
naturaleza, ello con fundamento en la sentencia SU-627 de 2015, en la cual, la Corte Constitucional
consideró: «4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la acción de tutela
contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o
posteriores a la sentencia. // 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando
se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia
proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella. // 4.6.2. Si la acción de tutela
se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. // 4.6.2.1. Esta regla no
admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por
su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente
de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. // 4.6.2.2. Si la
sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República, la acción de
tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se esté ante el
fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos
genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre
de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una
situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario,
eficaz para resolver la situación». [Negrilla con subrayado de la Sala].
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Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se
atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de
la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
2.4. El examen de los requisitos de procedencia adjetiva
2.5.1. Agotamiento de todos los medios de defensa judicial
El inciso 3.º del artículo 86 de la Constitución Política, consagra este requisito como
presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que [e]sta acción
sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial»,
precepto reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, al existir otros medios de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y
no a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que, cuando
una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean
protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales
contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela
adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un
determinado asunto radicado bajo su competencia10.
Lo anterior, tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que,
la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues, todos los mecanismos
judiciales, deben buscar la defensa de aquellos.
10
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la Constitución
y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones
de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior
de cada una de las jurisdicciones».
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Vale decir que el respeto y la garantía de los derechos de las personas son de la
esencia del Estado Social de Derecho, como bien lo establece el inciso 2° del
artículo 2° de la Constitución, de ahí que la garantía de las prerrogativas
superiores de los ciudadanos no solo corre a cargo del juez de tutela, sino que es
vinculante para cualquier persona que esté investida de la autoridad del Estado y
en cualquiera de los ámbitos funcionales del mismo.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia T-735 de 2013, manifestó que la
«exigencia constitucional responde al principio de subsidiariedad del amparo, que
pretende asegurar que no sea considerado en sí mismo una instancia más en el
trámite jurisdiccional, un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros
diseñados por el legislador y mucho menos, como se pretende en este caso, un
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes para corregir
oportunidades vencidas en los procesos jurisdiccionales ordinarios»11.
Aunado a lo anterior, la referida alta corte manifestó que, junto con los demás
requisitos de procedibilidad, se exige que el actor «haya ejercido los recursos
previstos en el respectivo proceso judicial, pues no se trata de sustituir a través de
ella los mecanismos ordinarios de defensa que, por negligencia, descuido o incuria
de quien solicita el amparo constitucional, no fueron utilizados a su
debido tiempo»12.
Esta exigencia de agotar los medios de defensa disponibles se hace más estricta
cuando se utiliza la acción de tutela para atacar providencias judiciales; al
respecto la Corte Constitucional señaló que «la solicitud de amparo constitucional
contra las decisiones de los jueces solo procede cuando se hubieren agotado todos
los medios ordinarios o extraordinarios o, excepcionalmente, cuando la protección
resulte urgente para evitar un perjuicio irremediable». Y más adelante, enfatizó
que «[e]n la medida en que el amparo es un recurso subsidiario, es necesario que
se agoten, antes de interponerlo, la totalidad de los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa»10.
En efecto, dicha Corporación, de manera reiterada ha aclarado que los recursos
judiciales ordinarios y extraordinarios constituyen, por regla general, las vías
legítimas de defensa y reconocimiento de los derechos fundamentales13.
Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.
2.5. Caso concreto
La parte accionante estimó que la providencia del 25 de noviembre de 2025 emitida
por la autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales a la doble instancia,
al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y
11
Corte Constitucional, Sentencia T-735 del 17.1.2013. M.P. Alberto Rojas Ríos.
12
Corte Constitucional, Sentencia T-107 del 20.2.2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
13
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
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Demandante: Carlos Alberto Flórez Batista
Demandados: Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Neiva y otro
Radicado: 41001-23-33-000-2026-00044-01
a la dignidad humana.
Fundamentó dicha vulneración en la existencia de un bloqueo institucional
injustificado que le privó del acceso a la segunda instancia, con lo cual se
desconoció el principio de contradicción y afectó la eficacia de las garantías
constitucionales.
Argumentó que la junta regional se abstuvo de dar trámite a su recurso bajo la
premisa de que debía ser remitido por el juzgado, mientras que este lo rechazó al
exigir figuras procesales inaplicables, como la «objeción del dictamen por error
grave».
Señaló que, en su calidad de sujeto de especial protección constitucional, la
imposición de tales barreras formales lo dejó en estado de indefensión, vaciando el
contenido de su derecho a la defensa y contradicción, al privarlo de la única vía
idónea para que la junta nacional de calificación de invalidez revisara el dictamen.
En primera instancia, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del
Huila declaró improcedente la acción de tutela instaurada por el señor Flórez
Batista, al verificar el incumplimiento del requisito adjetivo de subsidiariedad.
Esto por cuanto el accionante no interpuso los recursos legales contra el auto del
25 de noviembre de 2025, lo que permitió su ejecutoria, y omitió ejercer las
herramientas procesales idóneas previstas en el Código General del Proceso14 para
controvertir el dictamen pericial, tales como solicitar la comparecencia de los peritos
o aportar uno nuevo. Asimismo, consintió el cierre del debate probatorio sin alegar
vicios procesales, lo que evidenció su falta de diligencia procesal.
Igualmente, señaló que la acción de tutela no podía emplearse como instrumento
para reabrir etapas procesales ya agotadas ni para reemplazar recursos ordinarios
que habían caducado por negligencia del accionante.
Precisó que, de acuerdo con la normativa vigente, los dictámenes de las juntas de
calificación, cuando actuaban como peritos en un proceso judicial, no admitían
14
artículo 228 del Código General del Proceso, aplicable por remisión expresa del artículo 218 del
CPACA24, el cual establece:
“ARTÍCULO 228. CONTRADICCIÓN DEL DICTAMEN. La parte contra la cual se aduzca un dictamen
pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas
actuaciones. Estas deberán realizarse dentro del término de traslado del escrito con el cual haya
sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la providencia
que lo ponga en conocimiento. En virtud de la anterior solicitud, o si el juez lo considera necesario,
citará al perito a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las partes podrán interrogarlo bajo
juramento acerca de su idoneidad e imparcialidad y sobre el contenido del dictamen. La contraparte
de quien haya aportado el dictamen podrá formular preguntas asertivas e insinuantes. Las partes
tendrán derecho, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al perito, en el orden
establecido para el testimonio. Si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor.
(…)
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recursos de reposición o apelación, lo que invalidaba la pretensión del actor de
utilizarlos como vía de impugnación.
La parte actora impugnó la decisión por considerar que la providencia cuestionada
incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues el despacho
exigió formalismos propios de un proceso ordinario que desnaturalizaron el régimen
especial de impugnación y cercenaron su derecho de defensa mediante la
imposición de cargas procesales inexistentes.
Asimismo, refutó la supuesta existencia de otros medios de defensa judicial y afirmó
que acudir nuevamente ante la junta regional resultaba un trámite ineficaz, por lo
cual la tutela constituyó el único mecanismo idóneo para proteger sus garantías.
Finalmente, sostuvo que las autoridades judiciales omitieron su deber de brindar
una protección reforzada debido a su condición de sujeto de especial vulnerabilidad,
circunstancia que las llevó a apartarse de la jurisprudencia relativa a la eliminación
de barreras formales para el acceso a la administración de justicia.
Frente al particular, la sala considera que, tal y como se expuso en primera
instancia, la tutela no supera el requisito de procedibilidad de subsidiariedad, por
cuanto el actor debía agotar todos y cada uno de los mecanismos previstos para
cuestionar la providencia que rechazó por improcedentes los recursos de reposición
y en subsidio de apelación al dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación
de Invalidez del Huila.
Al respecto, se advierte que el demandante dispuso del recurso de queja
consagrado en el artículo 245 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), norma que es del siguiente tenor:
ARTÍCULO 245. QUEJA. <Artículo modificado por el artículo 65 de la Ley 2080 de
2021. El nuevo texto es el siguiente:> Este recurso se interpondrá ante el superior
cuando no se conceda, se rechace o se declare desierta la apelación, para que
esta se conceda, de ser procedente.
Asimismo, cuando el recurso de apelación se conceda en un efecto diferente al
señalado en la ley y cuando no se concedan los recursos extraordinarios de revisión
y unificación de jurisprudencia previstos en este código.
Para su trámite e interposición se aplicará lo establecido en el artículo 353 del Código
General del Proceso.
A su vez, en cuanto a su trámite, el artículo 353 del Código General del Proceso
dispone lo siguiente:
ARTÍCULO 353. INTERPOSICIÓN Y TRÁMITE. El recurso de queja deberá
interponerse en subsidio del de reposición contra el auto que denegó la
apelación o la casación, salvo cuando este sea consecuencia de la reposición
interpuesta por la parte contraria, caso en el cual deberá interponerse directamente
dentro de la ejecutoria.
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Denegada la reposición, o interpuesta la queja, según el caso, el juez ordenará la
reproducción de las piezas procesales necesarias, para lo cual se procederá en la
forma prevista para el trámite de la apelación. Expedidas las copias se remitirán al
superior, quien podrá ordenar al inferior que remita copias de otras piezas del
expediente.›
El escrito se mantendrá en la secretaría por tres (3) días a disposición de la otra
parte para que manifieste lo que estime oportuno, y surtido el traslado se decidirá el
recurso.
Si el superior estima indebida la denegación de la apelación o de la casación, la
admitirá y comunicará su decisión al inferior, con indicación del efecto en que
corresponda en el primer caso.
En este caso, de la revisión efectuada en el aplicativo Samai, se constató que el
actor no presentó recurso alguno respecto de la decisión [auto del 25 de noviembre
de 2025], circunstancia por la cual esta Sección reitera la naturaleza subsidiaria de
la acción de tutela, cuya finalidad procura evitar que se evadan los cauces ordinarios
para la resolución de las controversias jurídicas.
Por consiguiente, el mecanismo constitucional no constituye un instrumento
supletorio ante la falta de utilización oportuna de los medios de defensa ordinarios,
ni funciona como una instancia adicional para reabrir debates procesales
concluidos15.
Aunado a lo anterior, el tutelante tampoco acreditó la configuración de un perjuicio
irremediable, ni demostró una situación de gravedad e inminencia que tornara
urgente e impostergable la actuación del juez constitucional, circunstancia que hace
improcedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.
En consecuencia, esta sala confirmará la sentencia de 11 de marzo de 2026, por
medio de la cual la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila,
declaró improcedente la solicitud de tutela.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 11 de marzo de 2026, mediante la cual la
Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, declaró
improcedente la acción de tutela presentada por el señor Carlos Alberto Flórez
Batista.
SEGUNDO: Notificar a las partes y a los terceros en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
15
Sentencias SU-712 de 2013 y C-132 de 2028, Corte Constitucional.
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TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
y enviar copia de esta al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Aclaración de voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Aclaración de voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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