Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00141-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00141-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2025-00141-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
5 de junio de 2025
Demandante: Dabier David Arredondo Romero
Demandados: Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buga y otros
Radicado: 76001-23-33-000-2025-00141-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 76001-23-33-000-2025-00141-01
Demandante: DABIER DAVID ARREDONDO ROMERO
Demandados: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE BUGA Y OTROS
Temas: Tutela de fondo y contra providencia judicial. Figuras
jurídicas de temeridad y cosa juzgada. Requisitos de tutela
contra decisión de igual naturaleza y de subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra
el fallo de 4 de marzo de 2025, por medio del cual el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca declaró improcedente la acción constitucional de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El señor Dabier David Arredondo Romero, en nombre propio, presentó solicitud
de tutela1 contra la Oficina de Apoyo Judicial para los juzgados administrativos
de Buga, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buga, el
Juzgado Dieciséis Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, el
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el señor Rubén Darío Rozo
Giraldo.
El actor consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso,
de acceso a la administración de justicia, así como de defensa y contradicción,
junto con los principios de confianza legítima, de buena fe, de la primacía de la
realidad sobre las formas y pro persona.
Lo anterior, con ocasión del auto de 17 de octubre de 2024 proferido por el
Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Buga, por
medio del cual se rechazó por caducidad el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra la Nación - Ministerio de
1
Con escrito radicado el 18 de febrero de 2025.
1
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Demandante: Dabier David Arredondo Romero
Demandados: Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buga y otros
Radicado: 76001-23-33-000-2025-00141-01
Defensa - Policía Nacional con radicado 76111-33-33-002-2024-00172-00.
Para el actor, dicha decisión se originó por la falta de defensa técnica de su
apoderado judicial, el abogado Rubén Darío Rozo Giraldo, y a que la Oficina de
Apoyo Judicial para los juzgados administrativos de Buga no recibió la primera
demanda que se radicó el 21 de febrero de 2024.
A su vez, el accionante controvirtió las sentencias de 25 de noviembre de 2024 y
21 de enero de 2025 proferidas por el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito con
Funciones de Conocimiento de Cali y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali, respectivamente, al interior de la acción de tutela que promovió contra la
Oficina Apoyo Judicial Reparto de Buga y otros 2, con radicado 76001-13-10-40-
16-2024-00121-00/01.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora elevó las siguientes pretensiones:
1. Que la Oficina de Apoyo Judicial para los Juzgados Administrativos de Buga
realice el reparto de la demanda presentada el 21 de febrero de 2024, tomando
esta fecha como la de su presentación. Dicha demanda cuenta con constancia de
envío para su reparto, la cual puede verificarse en las páginas 62 y 63 de la
presente tutela, y el archivo de la demanda se encuentra alojado en el siguiente
enlace
https://1drv.ms/b/c/98604b9a8ca8ed3c/EcPylO5rbHpPtec-A
yFyhABpePWCr9ZU3cX-Y0xTAi3XA?e=EJH2lV
2. Que, en el evento de no accederse a la primera pretensión invocada, se ordene
al Juez Segundo Administrativo de Oralidad de Buga emitir un nuevo
pronunciamiento, dejando sin efecto el Auto Interlocutorio No. 447 del 17 de
octubre de 2024, que rechazó la demanda radicada bajo el número
76111333300220240017200, por las siguientes razones:
• Este proceso o litis se inicio desconociendo que el suscrito nunca ha
renunciado a su derecho de acceso a la administración de justicia respecto a la
demanda presentada en fecha 21 de febrero de 2024, la cual el Dr. ROZO
siempre me indico que se encontraba en trámite.
• Que el doctor Rozo, al presentar la segunda demanda el 26 de julio de 2024,
reutilizó, sin que yo tuviera conocimiento, el único poder que le había conferido,
el cual ya había sido empleado para radicar la demanda enviada el 21 de
febrero de 2024, dentro del término legal.
• El Dr. Rozo me ocultó la decisión de rechazo de la segunda demanda,
informándome sobre su existencia solo el 3 de noviembre de 2024, cuando esta
ya había quedado en firme. Esta omisión vulneró mis derechos de defensa y
contradicción.
• El Dr. Rozo no interpuso los recursos legales dentro del plazo establecido
contra el Auto Interlocutorio No. 447 del 17 de octubre de 2024, lo que permitió
que la decisión de rechazo de la demanda radicada bajo el número
76111333300220240017200 quedara en firme. Su negligencia afectó mis
derechos constitucionales, en particular el derecho a una defensa técnica
efectiva, al debido proceso y a la contradicción.
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La Dirección del Centro de Documentación Judicial CENDOJ y la Unidad de Transformación
Digital e Informática de esta última dependencia.
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Demandante: Dabier David Arredondo Romero
Demandados: Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buga y otros
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3. Las demás que su señoría considere decretar de oficio protegiendo mus
derechos constitucional.3
1.3. Hechos
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
El señor Arredondo Romero puso de presente que otorgó poder al abogado
Rubén Darío Rozo Giraldo, dirigido al Juzgado Administrativo del Circuito
Judicial de Buga, con el propósito que lo representara judicialmente en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral
promovido para controvertir la legalidad de la Resolución 2718 de 20234
expedida por el director general de la Policía Nacional.
Relató que el mencionado profesional del derecho le comunicó que el 21 de
febrero de 2024 radicó la demanda con mensaje enviado al correo electrónico
«repartobuga@cendoj.ramajudicial.gov.co» y, en vista de que se desconocía el
estado del proceso, el 4 de junio del mismo año el abogado acudió a la Oficina
de Apoyo Judicial para los juzgados administrativos de Buga, ocasión en la cual
se le informó que dicho escrito nunca ingresó al sistema de reparto.
Hizo referencia a que el 5 de junio de 2024 elevó petición ante el jefe de la
aludida Oficina de Apoyo Judicial, la cual fue contestada por la mesa de ayuda
del Consejo Superior de la Judicatura - CENDOJ con oficio de 18 de julio de
2024, en el cual se indicó que «el mensaje descrito “NO” fue entregado al
servidor de correo del destino» porque se envió al sistema de cuarentena5, sin
que fuera posible someterla a reparto y enviar la demanda al despacho
correspondiente.
Mencionó que el 26 de julio de 2024 el abogado Rozo Giraldo presentó
nuevamente la demanda sin su consentimiento, la cual fue conocida por el
Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Buga que,
en auto de 17 de octubre de 2024, la rechazó por caducidad tras concluir que el
plazo para acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo feneció el 19
de julio de ese año6; decisión que no fue recurrida por su apoderado judicial.
Adujo que el 12 de noviembre de 2024 presentó acción de tutela contra la
Oficina de Apoyo Judicial - Sección Reparto de Buga, la Dirección del Centro de
3
Trascripción literal del original con posibles errores. Cursiva del texto original.
4
«Por la cual se retira del servicio activo a un personal del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional».
5
Esto, por cuanto el servidor lo detectó como posible suplantación y con contenido de
documentos adjuntos considerados Malware, circunstancia por la cual «por seguridad de las
cuentas de correo de la Rama Judicial destinatarias el servidor de correo electrónico decidió NO
liberar (Entregar) el mensaje al destinatario».
6
En dicho proveído se indicó: «(...) Ahora bien y solo en gracia de discusión, de haberse
acreditado que efectivamente existió un error en el correo de recepción de la Rama Judicial para
la recepción de la demanda, la parte demandante en atención al término que disponía previó a la
configuración de la caducidad, esto era un (1) día, y comoquiera que la respuesta brindada a la
solicitud de averiguación de la radicación de la demanda, la cual le fue remitida el 18 de julio de
2024, tendría válidamente hasta el 19 de julio de 2024, pero la radicación de la demanda se
realizó el 26 de julio de 2024, esto sería siete (7) días después de probablemente haberse
configurado la caducidad para dicho hipotético caso».
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Demandados: Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buga y otros
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Documentación Judicial - CENDOJ y la Unidad de Transformación Digital e
Informática de esta última dependencia, en atención a que no se le dio trámite a
la primera demanda presentada.
Explicó que el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Cali, en providencia de 25 de noviembre de 2024, declaró
improcedente la acción constitucional bajo el argumento de que no se cumplía
el requisito de inmediatez.
La razón de ello se justificó en que entre el hecho vulnerador que el actor
asegura sucedió el 21 de febrero de 2024, cuando la demanda que radicó su
abogado no llegó al correo electrónico de la Oficina de Apoyo Judicial de Buga
para su reparto y la interposición de la acción de tutela pasaron casi 9 meses.
Señaló que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali modificó la decisión
del a quo para negar el amparo solicitado mediante fallo de 21 de enero de
2025, con sustento en que no existía alguna omisión que afectara los derechos
del accionante, por cuanto el 31 de julio de 2024 se asignó al Juzgado Segundo
Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Buga la demanda que
promovió.
1.4. Sustento de la petición
A juicio del accionante, la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de
Oralidad de Buga de rechazar la segunda demanda presentada el 26 de julio de
2024 atentó contra su derecho fundamental al debido proceso, por cuanto en el
auto de 17 de octubre de 2024 no especificó los recursos disponibles para
cuestionar esa providencia y, aunque su apoderado judicial es especialista en
derecho administrativo y debía conocer los mecanismos legales procedentes, su
omisión en informar tal aspecto vulneró su derecho de acceso a la justicia.
A su vez, el actor reprochó que su abogado en dicho proceso incurrió en varias
omisiones y uno de los aspectos más graves fue que omitió informar al juez que
el 30 de julio de 2024 realizó nuevas gestiones ante el Consejo Superior de la
Judicatura y que el 9 de agosto de 2024 recibió una respuesta sobre el estado
del reparto de la primera demanda, así como que el 21 de agosto de ese mismo
año se emitió un concepto definitivo al respecto.
No obstante, el profesional del derecho le comunicó vía telefónica que la
demanda había sido rechazada cuando ya habían transcurrido 10 días después
del vencimiento del plazo para interponer los recursos que procedían, por lo que
para ese momento era imposible cuestionar lo decidido, lo que confirma que la
inacción del abogado cerró cualquier oportunidad de revisión del caso por parte
del ad quem.
En lo concerniente a los fallos de tutela proferidos por el Juzgado Dieciséis
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali y el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali, el actor consideró que se configuró un defecto
fáctico tras no valorarse de manera conjunta las pruebas aportadas al
expediente, pues no se tuvo en cuenta que para el momento en que se radicó la
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Demandante: Dabier David Arredondo Romero
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segunda demanda aún se estaba en la búsqueda de conocer lo sucedido con el
reparto del escrito radicado el 21 de febrero de 2024.
De otro lado, el señor Arredondo Romero aludió que la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Valle del Cauca tenía conocimiento de la queja
disciplinaria que presentó en contra del abogado Rubén Darío Rozo Giraldo y
que si bien tenía a su alcance el proceso disciplinario, lo cierto es que no era el
mecanismo idóneo para garantizar de manera inmediata y efectiva la protección
de sus derechos fundamentales.
1.5. Actuación procesal en primera instancia
Mediante auto de 20 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca admitió la acción de tutela y ordenó notificar esta decisión al actor y,
como demandados, a la Oficina de Apoyo Judicial para los Juzgados
Administrativos de Buga y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Buga.
Además, vinculó al abogado Rubén Darío Rozo Giraldo, al Juzgado Dieciséis
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, al Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Valle del Cauca, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la
Nación y la Personería Distrital de Cali, en atención al posible interés que
pudieran tener en las resultas del proceso.
Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca
Puso de presente que el señor Arredondo Romero interpuso queja contra el
profesional del derecho Rubén Darío Rozo Giraldo, proceso identificado bajo el
radicado 76-001-25-02-002-2024-03629-00 y que se progamó la audiencia de
pruebas y calificación para el 8 de abril de 2025.
Además, el magistrado a cargo de dicho asunto solicitó su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que no ha vulnerado las
garantías constitucionales del actor dentro del trámite sometido a su
consideración.
1.5.2. Procuraduría General de la Nación
Informó que al revisar el sistema de gestión documental encontró que el
accionante elevó solicitud de conciliación administrativa contra la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional, la cual se declaró fallida.
Igualmente, alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva y requirió ser
desvinculado de la presente acción de tutela, al no ser competente para emitir
algun pronunciamiento en torno a la discusión acá propuesta.
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1.5.3. Oficina de Apoyo Judicial para los Juzgados de Guadalajara de Buga
Hizo referencia a que el 4 de junio de 2024 el abogado Rubén Darío Rozo
Giraldo se presentó para averiguar el reparto del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, y se le indicó que la demanda nunca ingresó al
correo repartobuga@cendoj.ramajudicial.gov.co.
Por esto, solicitó apoyo al ingeniero Andrés Mauricio Fernández Peña y este, a
su vez, requirió la colaboración de la mesa de ayuda - soporte correo - nivel
central bajo el radicado 29498, quienes el 11 de julio de 2024 a las 10:49 a.m.
informaron que el mensaje remitido por el correo
rozogiraldoasociados@gmail.com no ingresó al buzon de reparto, novedad que
se comunicó al abogado, quien el 26 de julio de 2024 envió nuevamente la
demanda, la cual fue sometida a reparto y le correspondió al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Buga.
1.5.4. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Guadalajara de
Buga
El titular del despacho se opuso al amparo deprecado por el actor, pues en su
criterio, lo que pretende es instaurar una queja contra el abogado Rubén Darío
Rozo Giraldo, así que el debate planteado carece de relevancia constitucional,
pues es un tema que le corresponde abordar a la Comisión Seccional de
Disciplina del Valle del Cauca.
1.5.5. Juzgado Dieciséis Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Cali
En el informe rendido por esta autoridad judicial se narró que el señor
Arredondo Romero instauró acción de tutela contra la Oficina de Apoyo Judicial
Buga, entre otros, a la cual se le asignó el radicado 76001-31-040-16-2024-
00121-00 y se resolvió mediante sentencia T-121 de 25 de noviembre de 2024,
en la cual se declaró improcedente el mecanismo constitucional, decisión que
se profirió conforme a los presupuestos constitucionales y legales.
1.5.6. Personería Distrital de Cali
Señaló que se realizó una verificación en las bases de datos institucionales, así
como en el Sistema de Gestión Documental ORFEO y como resultado de dicha
consulta se constató que este Ministerio Público no ha recibido alguna solicitud
por parte del accionante. Entonces, solicitó su desvinculación de la acción de
tutela, debido que no le es atribuible ninguna vulneración de los derechos
fundamentales invocados.
1.5.7. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
Explicó que conoció en segunda instancia la primera acción constitucional que
el accionante radicó, ocasión en la cual profirió sentencia en la que modificó el
fallo del a quo, para en su lugar, negar el amparo deprecado por cuanto no
evidenció que se transgredieron los derechos fundamentales referenciados.
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Además, resaltó que está nueva tutela es temeraria debido a que se funda en
hechos que ya fueron estudiados en un trámite de igual categoría y que por
regla general la tutela no procede contra una decisión de la misma naturaleza.
1.5.8. El abogado Rubén Darío Rozo Giraldo y la Defensoría del Pueblo, pese a
que fueron debidamente notificados de la existencia del presente asunto,
guardaron silencio.
1.6. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en providencia de 4 de marzo de
2025, declaró la improcedencia del mecanismo constitucional en atención a que
el actor cuestionó los fallos proferidos en la acción de tutela que promovió con
antelación, sin que evidenciara la existencia de una prueba clara y suficiente de
un posible fraude.
Lo anterior, con sustento en que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
tuvo en cuenta la certificación de la mesa de ayuda nivel central que indicó que
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho no fue recibida en el
buzón de correo electrónico repartobuga@cendoj.ramajudicial.gov.co el 21 de
febrero de 2024 y en el expediente no se aportó alguna prueba que desvirtuara
tal hecho.
Sumado a que se manifestó que cualquier falencia fue subsanada con la
radicación realizada de la demanda el 26 de julio de 2024, por lo que al
momento de emitirse el fallo de tutela en segunda instancia no había hecho
generador que fuera vulneratorio de los derechos fundamentales del actor.
Igualmente, el a quo advirtió que la presente tutela tiene identidad procesal con
las providencias de amparo constitucional controvertidas por el accionante y que
los presuntos «errores» en que incurrieron los jueces accionados podían ser
conocidos y corregidos por la Corte Constitucional en sede de revisión, dado
que para esa época se encontraba en curso el trámite de selección dentro del
asunto con radicado T10900482.
1.7. Impugnación
Con escrito recibido el 4 de marzo de 20257 el actor manifestó que impugnaba
la decisión de primera instancia y solicitó que el expediente fuera remitido a la
instancia correspondiente para su respectivo trámite y exponer sus argumentos.
Luego, con memorial de 28 de marzo del presente año, el señor Arredondo
Romero señaló que el a quo analizó su caso a partir de una interpretación
errónea de la acción de tutela, pues no solicitó que «se revisen o modifiquen los
fallos de tutela de primera y segunda instancia, ni [ha] pretendido impugnar
dichas decisiones».
7
Impugnación que fue presentada dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto
2591 de 1991, teniendo en cuenta que el fallo de primera instancia se notificó el 4 de marzo de
2025.
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En ese sentido, aclaró que su solicitud de amparo está dirigida exclusivamente
a que se proteja su derecho a una defensa técnica efectiva, la cual debía
garantizarse desde el mismo momento en que se remitió la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho el 21 de febrero de 2024. Sin embargo, el
abogado que lo representó no ejerció adecuadamente su profesión, situación
que impidió que accediera a la administración de justicia.
Seguidamente, el accionante reiteró las falencias que, en su sentir, incurrió el
profesional del derecho Rubén Darío Rozo Giraldo y realizó un recuento de los
diferentes trámites que ha adelantado hasta el momento para finalizar con la
presentación de la acción de tutela de la referencia, respecto de lo cual indicó:
El 18 de febrero de 2025, con las pruebas documentales que demuestran la
vulneración de mis derechos fundamentales, dirigí acción de tutela ante la Corte
Suprema de Justicia en contra de la Oficina de Apoyo Judicial para los Juzgados
Administrativos de Buga, el abogado Rubén Darío Rozo Giraldo, el Juzgado
Segundo Administrativo de Oralidad de Buga, el Juzgado Dieciséis Penal del
Circuito con Funciones de Conocimiento y el Tribunal Superior del Distrito
Judicial, Sala de Decisión Penal de Cali. Dicha acción tenía como propósito la
protección de los derechos fundamentales invocados en el escrito de tutela, los
cuales fueron desconocidos debido a la falta de defensa efectiva de mi apoderado
y las fallas en el sistema de reparto judicial.
El 20 de febrero de 2025, la tutela no fue remitida a la Corte Suprema de Justicia,
sino que fue asumida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
Despacho No. 011, a cargo del Magistrado Ponente Andrés González Arango,
quien la admitió mediante auto interlocutorio No. 093.
De este modo, el actor indicó que el a quo modificó la calidad de los sujetos
accionados de la tutela y los cambió a «vinculados», lo que desvirtuó el objeto
original de este mecanismo constitucional, pues tuvo como parte
demandadas solo a la Oficina de Apoyo Judicial para los Juzgados
Administrativos de Buga y al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Buga.
Puntualizó que, si bien es cierto que en el escrito de la tutela incluyó réplicas
a las decisiones proferidas en el anterior trámite constitucional, también lo es
que «no pretendía anular o impugnar fallos de la tutela presentada el
12.11.2024, Rad. 76001310401620240012101, sino apoyarme en las pruebas
documentales recaudadas en dicha tutela como hechos nuevos».
Por último, el actor solicitó que en segunda instancia se realice un análisis
completo y detallado de la legitimación en la causa por pasiva, incluyendo no
solo a la Oficina de Apoyo Judicial para los Juzgados Administrativos de
Buga, sino también al abogado Rubén Darío Rozo Giraldo, cuya falta de
defensa técnica efectiva fue determinante en la vulneración de sus derechos
fundamentales.
1.8. Manifestación impedimento
El magistrado ponente de esta providencia expresó su impedimento para
conocer del asunto de la referencia, con sustento en que estaba incurso en la
casusal prevista en el numeral 1.° del artículo 56 del Código de Procedimiento
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Penal8, el cual fue declarado infundado mediante proveído de 10 de abril del
año en curso, dado que no se encontró demostrado que tuviera un posible
interés en el caso particular.
1.9. Actuación procesal en segunda instancia
Estando el expediente al despacho para resolver la impugnación presentada
por la parte actora, se advirtió que no se dispuso la vinculación del Consejo
Superior de la Judicatura - Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) y la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - Unidad de Transformación
Digital e Informática, a pesar de que integraron la parte demandada en la acción
constitucional que el actor promovió previamente.
Es así como mediante auto de 8 de mayo de 2025 se ordenó notificarlos en
calidad de terceros con interés y, de conformidad con el artículo 137 del Código
General del Proceso, se les puso en conocimiento la posible configuración de la
causal de nulidad prevista en el artículo 133 del mismo código.
En respuesta a lo anterior, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se
pronunció con escrito enviado el 9 de mayo del presente año, por medio del
cual consideró que resultaba improcedente incluir a esa entidad «en el extremo
accionado», pues los reparos formulados en la tutela se dirigen contra la oficina
de apoyo accionada. Así que, solicitó su desvinculación por falta su legitimación
en la causa por pasiva.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la providencia dictada por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, el 4 de marzo de 2025, según lo previsto en los Decretos 2591
de 1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º del Decreto
333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.
2.2. Cuestiones previas
• En la impugnación, el actor controvirtió el hecho de que el a quo vinculara al
presente trámite como accionadas solamente a la Oficina de Apoyo Judicial para
los Juzgados Administrativos de Buga y al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Buga, pese a que incluyó también a otras autoridades en
dicha condición, situación que, en su sentir, desvirtuó el objeto original del
asunto que nos ocupa.
De la revisión del escrito de tutela se constató que el accionante indicó que la
8
Esto, por cuanto «[su] hijo se desempeña como profesional universitario del nivel central de la
Defensoría del Pueblo, entidad que fue vinculada al presente trámite por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en el auto de 20 de febrero de 2025, por medio del cual se
admitió la acción de tutela, en atención al posible interés que le asiste en las resultas del
proceso».
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www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Dabier David Arredondo Romero
Demandados: Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buga y otros
Radicado: 76001-23-33-000-2025-00141-01
acción de tutela la promovió en contra de:
1. OFICINA DE APOYO JUDICIAL PARA LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS
DE BUGA en cabeza del Dr. CARLOS ENRIQUE RESTREPO o quien haga las
veces al momento de la notificación del auto que admite el presente tramite.
2. Abogado RUBEN DARIO ROZO GIRALDO, identificado con la cedula de
ciudadanía (...)
3. JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BUGA.
4. JUZGADO DIECISEIS PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE
CONOCIMIENTO.
5. TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL SALA DE DECISION PENAL
CALI.9
Sin embargo, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante auto de
20 de febrero de 2025, admitió la tutela y notificó en calidad de demandados a
la Oficina de Apoyo Judicial para los Juzgados Administrativos de Buga, así
como al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buga y, en
calidad de terceros con interés, vinculó al abogado Rubén Darío Rozo Giraldo,
al Juzgado Dieciséis Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali
y al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.
Aun cuando el a quo tuvo como demandadas solo a algunas de las autoridades
contra las cuales se dirigió la acción de tutela, en esta instancia se tendrán en
cuenta los reproches planteados por el señor Arredondo Romero en contra del
ciudadano y las autoridades judiciales antes mencionadas, en atención a que se
reiteraron en la impugnación y el análisis realizado en el fallo de primera
instancia estuvo estrechamente relacionado con los planeamientos expuestos
en su contra.
• Por otro lado, se advierte que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Valle del Cauca, la Procuraduría General de la Nación, la Personería Distrital de
Cali y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitaron su
desvinculación del presente trámite por falta de legitimación en la causa por
pasiva, sin que el a quo hubiera proferido alguna decisión al respecto, razón por
la cual en esta instancia tales peticiones serán denegadas.
Lo anterior, por cuanto la vinculación de estas entidades se realizó en calidad de
terceros con interés, mas no como las autoridades contra las cuales se dirijan
los reproches planteados en la acción constitucional de la referencia. Además,
cabe resaltar que el actor requirió en el escrito de la tutela lo siguiente:
Respetuosamente le solicito su señoría vincular a la Presente Acción, a los
siguientes: Magistrado Dr. GUSTAVO ADOLFO HERNANDEZ QUIÑONEZ de la
COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL VALLE DEL CAUCA,
DEFENSORIA DEL PUEBLO, PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION,
PERSONERIA DISTRITAL DE BUGA CALI y demás su Señoría que usted
considere.10
9
Trascripción literal del texto original con posibles errores.
10
Ibídem.
10
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Demandante: Dabier David Arredondo Romero
Demandados: Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buga y otros
Radicado: 76001-23-33-000-2025-00141-01
Por otro lado, se consideró necesaria la vinculación de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial en atención a que fue una de las entidades demandadas
en el trámite de la acción de tutela promovida por el señor Arredondo Romero
con radicado 76001-13-10-40-16-2024-00121-00, trámite al que se hizo
referencia en el asunto que nos ocupa la atención.
2.3. Problemas jurídicos
Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido en primera instancia, para lo cual se debe analizar, de un lado, si
el accionante actuó de manera temeraria o si se configuran los presupuestos de
la cosa juzgada en el asunto en estudio, en atención a que promovió
previamente una acción de tutela en la que planteó las presuntas irregularidades
en las que incurrió la Oficina de Apoyo Judicial para los juzgados administrativos
de Buga.
Por otro lado, se verificará si la acción de tutela cumple con los requisitos
generales de procedibilidad y, de superarse lo anterior, deberá estudiar si el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buga, el Juzgado
Dieciséis Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali y el señor Rubén Darío Rozo Giraldo
vulneraron los derechos fundamentales invocados por el señor Arredondo
Romero.
Para resolver estos problemas, se observarán los siguientes aspectos: i) estudio
de la temeridad y la cosa juzgada en el caso concreto; ii) análisis sobre los
requisitos adjetivos de procedibilidad y, de encontrarse superados se estudiará,
iii) el fondo del reclamo.
2.4. De la tutela contra la Oficina de Apoyo Judicial para los juzgados
administrativos de Buga
2.4.1. De la temeridad y la cosa juzgada
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra la figura jurídica de la
temeridad en materia de acción de tutela, de la siguiente manera:
Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
La Corte Constitucional estableció los siguientes requisitos para declarar la
ocurrencia de esta figura, así: «(i) identidad fáctica y de derechos invocados en
relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en cuanto la
otra acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su
representante; (iii) identidad del sujeto accionado y; (iv) falta de justificación para
interponer la nueva acción».11
El alto tribunal constitucional precisó que la verificación de este último requisito
11
Sentencia T-883 de 2001, reiterada en la sentencia T-151 de 2010.
11
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se deriva de la prohibición general para que se presente un nuevo
pronunciamiento por parte del juez constitucional sobre un asunto que guarde
identidad jurídica con otro que haya sido decidido, pues la sentencia
ejecutoriada tiene fuerza de cosa juzgada.
Es así, como en criterio de esta Sección 12 la actuación temeraria tiene una
relación directa con el principio constitucional de la buena fe, prescrito en el
artículo 83 de la Constitución Política, por lo tanto, cuando se obra
temerariamente se vulnera este principio, en la medida que para satisfacer un
interés particular, el actor instaura deliberadamente y sin un motivo válido, una
nueva acción de tutela y como la buena fe se presume en todas las actuaciones
de los particulares ante las autoridades públicas, corresponde al juez de tutela
demostrar su existencia mediante un análisis profundo de las pretensiones de
las demandas, de los hechos y de los derechos en que éstas se fundan.13
En cuanto a la coexistencia de las figuras jurídicas de la temeridad y la cosa
juzgada la Corporación de cierre en materia de derechos fundamentales señaló,
lo siguiente:
La Sala precisa que en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo
asunto presenta sucesivas o múltiples solicitudes de amparo, puede suceder las
siguientes situaciones: i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las
circunstancias en que se interpone una acción de tutela sobre un asunto decidido
previamente en otro proceso de la igual naturaleza, sin que existan razones que
justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya cosa juzgada, pero no
temeridad, acaece como caso típico, cuando de buena fe se interpone una
segunda tutela debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha
operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa
manifestación en la demanda de la existencia previa de un recurso de amparo; y
iii) los casos en los cuales se configure únicamente temeridad, una muestra de
ello acontece en la presentación simultánea de mala fe de dos o más solicitudes
de tutela que presentan la tripe identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna
haya hecho tránsito a cosa juzgada.14
En el caso que nos ocupa, lo primero que resulta necesario verificar es si el
actor actuó de forma temeraria, debido a que promovió anteriormente una
solicitud de tutela que giró en torno a los mismos hechos expuestos en esta
ocasión, la cual fue tramitada bajo el radicado 76001-13-10-40-16-2024-00121-
00/01.
Según se tiene, la acción constitucional previa fue conocida por el Juzgado
Dieciséis Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali que, en
providencia de 25 de noviembre de 2024, declaró improcedente la tutela por no
cumplir el requisito de inmediatez, decisión que fue modificada por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali mediante sentencia de 21 de enero de
2025, en el sentido de denegar el amparo deprecado.
Al respecto, se advierte que en el presente asunto no se evidencia mala fe del
señor Arredondo Romero a efectos de configurar la aludida figura jurídica,
12
Sentencia de 23 de mayo de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 11001-03-15-000-2016-
00813-00.
13
Posición que fue adoptada por la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias T-308 y
T-145 de 1995, T-091 de 1996, T-001 de 1997, T-1215 de 2003.
14
Corte Constitucional, sentencia T-053 de 2012.
12
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comoquiera que puso en conocimiento en este trámite la existencia de la otra
tutela que inició anteriormente y manifestó las razones por las cuales considera
que su caso amerita un nuevo estudio, lo que permite concluir que su intención
no es la de engañar al juez constitucional.
Ahora bien, resulta necesario verificar si concurren los presupuestos exigidos
para que se configure el fenómeno de la cosa juzgada en el asunto bajo estudio,
para lo cual resulta necesario revisar si existe similitud entre las acciones de
tutela presentadas por el señor Arredondo Romero, en los siguientes aspectos:
i) Identidad fáctica en relación con la acción de tutela presentada
previamente: se observa que los hechos en los que se respaldaron ambas
tutelas son similares, pues tuvieron origen en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió el señor Arredondo Romero por
intermedio del abogado Rubén Darío Rozo Giraldo el 21 de febrero de 2024 y
que la Oficina de Apoyo Judicial para los juzgados administrativos de Buga le
informó que nunca ingresó al sistema de reparto. Por esto, se plantearon las
siguientes pretensiones:
Acción de tutela anterior Acción de tutela actual
1.Que se declare que la OFICINA DE Que la Oficina de Apoyo Judicial para los
APOYO JUDICIAL DE LOS Juzgados Administrativos de Buga realice el
JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DE reparto de la demanda presentada el 21 de
BUGA y CENTRO DE febrero de 2024, tomando esta fecha como
DOCUMENTACION JUDICIAL la de su presentación. Dicha demanda
CENDOJ vulneraron el derecho de cuenta con constancia de envío para su
ACCESO EFECTIVO A LA reparto, la cual puede verificarse en las
ADMINISTRACION DE JUSTICIA páginas 62 y 63 de la presente tutela, y el
DEL SEÑOR DABIER DAVID archivo de la demanda se encuentra alojado
ARREDONDO ROMERO, por la falta en el siguiente enlace
de trámite y solución al mensaje de https://1drv.ms/b/c/98604b9a8ca8ed3c/EcPy
datos radicado el 21 de febrero de lO5rbHpPtec-A- yFyhABpePWCr9ZU3cX-
2024 hora 13:52 contentivo de la Y0xTAi3XA?e=EJH2lV
demanda de nulidad y
restablecimiento de derecho (...).
2. Establecer que mi Poderdante, a
través del Dr. ROZO tiene la opción
de reenviar la demanda de NULIDAD
Y RESTABLECIMIENTO DE
DERECHO a la Oficina de Apoyo
Judicial de los Juzgados
Administrativos de Buga por el canal
digital o físicamente, estableciendo
como fecha de presentación el 21 de
febrero de 2024.
Además, se advierte que respecto a los reproches formulados en contra de la
Oficina de Apoyo Judicial para los juzgados administrativos de Buga el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante sentencia de 21 de enero de
2025, emitió un pronunciamiento de fondo, situación distinta en que arribara a la
conclusión desfavorable a los intereses del tutelante al considerar que no se le
vulneraron los derechos fundamentales invocados.
13
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Dicha decisión tuvo sustento en que el juez de tutela evidenció que el hecho que
se tildó de vulnerador desapareció cuando se sometió a sorteo la demanda el 31
de julio de 2024, asignándole el conocimiento al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Buga y, a reglón seguido, desvirtió la
existencia de un perjuicio irremediable bajo la siguiente línea argumentativa:
En segundo lugar, tampoco puede predicarse la existencia de perjuicio
irremediable en lo que atañe a los hechos enrostrados a las demandadas
teniendo en cuenta que la argumentación para rechazar la demanda no encuentra
un único soporte en que los términos para su presentación vencían el 22 de
febrero de 2024.
Es decir, un día después de expedida la constancia de conciliación fracasada;
sino que, contando con ese corto lapso, debió reenviar la demanda al día
siguiente de recibir la respuesta por parte de la Directora de gestión documental,
pero lo hizo siete (7) días después, generándose por ello la caducidad de la
acción.
Para el caso, aunque esta Sala no está resolviendo tutela contra providencia
judicial respecto de aquella decisión15 es necesario hacer referencia a lo indicado
en dicho auto, porque tiene relación inescindible con la situación señalada como
hecho vulnerador. En dicho proveído se señala:
“A pesar de lo anterior y conforme con lo manifestado en el hecho “41.” de la
demanda por el apoderado judicial del demandante y con el documental
allegado a f. 199 del del archivo 003Demanda del expediente electrónico, la
demanda presuntamente fue radicada el 21 de febrero de 2024 por remisión que
hicieran a través del correo electrónico de
repartobuga@cendoj.ramajudicial.gov.co, pero lo cierto es que tal correo no
quedó radicado tal como le fue expuesto en respuesta emitida por la Mesa de
Ayuda Correo Electrónico del Consejo Superior de la Judicatura - CENDOJ (ver
fs. 207 a 208 del archivo 003Demanda del expediente electrónico); en tal sentido
y al no haberse presentado la demanda hasta el 22 de febrero de 2024, operó el
fenómeno jurídico de la caducidad del medio de control.
Ahora bien y solo en gracia de discusión, de haberse acreditado que
efectivamente existió un error en el correo de recepción de la Rama Judicial
para la recepción de la demanda, la parte demandante en atención al término
que disponía previó a la configuración de la caducidad, esto era un (1) día,
y comoquiera que la respuesta brindada a la solicitud de averiguación de
la radicación de la demanda, la cual le fue remitida el 18 de julio de 2024,
tendría válidamente hasta el 19 de julio de 2024, pero la radicación de la
demanda se realizó el 26 de julio de 2024, esto sería siete (7) días después
de probablemente haberse configurado la caducidad para dicho hipotético
caso.
Por otro lado, de haber considerado el demandante que aquel perjuicio se
generaba -se insiste por falta de Gestión de la oficina Judicial de Reparto y
Centro Documental Judicial -CENDOJ-, bien pudo la parte afectada hacer uso
de los recursos de Ley para cuestionar la decisión referida, con la finalidad que
la fecha que reclama sea reconocida vía de tutela fuera precisada en ese
momento por la autoridad judicial correspondiente, pero la actuación no da
cuenta de dicha gestión16.
15
«Pues de ser así, estaríamos frente a una falta de competencia por el factor funcional y
territorial».
16
«El Art. 242 del CPACA establece que: El recurso de reposición procede contra todos los
autos, salvo norma legal en contrario. y el Art. 243 ídem, en los numerales 1 y 2, indica que son
apelables el auto que: (i) rechace la demanda o su reforma, y (ii) el que por cualquier causa le
ponga fin al proceso».
14
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De este modo, se advierte que ya existe en sede de tutela un raciocinio respecto
a la controversia propuesta por el actor en contra de la Oficina de Apoyo Judicial
para los juzgados administrativos de Buga y relacionada con la falta de reparto
de la demanda que su apoderado judicial radicó el 21 de enero de 2025.
ii) Identidad de demandante en cuanto la otra acción de tutela fue
presentada por parte de la misma persona o su representante: hay similitud
respecto a este punto, pues las acciones de tutela que se comparan fueron
presentadas en uno y otro caso por el señor Arredondo Romero.
iii) Identidad del sujeto accionado: se presenta una coincidencia parcial en
este ítem, toda vez que en esta última solicitud constitucional no se incluyó
dentro de las demandadas al Consejo Superior de la Judicatura - Centro de
Documentación Judicial (CENDOJ) y la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial - Unidad de Transformación Digital e Informática, como sí sucedió en la
anterior tutela.
Sin embargo, esto no modifica en nada el análisis realizado anteriormente en lo
concerniente a la situación expuesta en contra de la Oficina de Apoyo Judicial
para los juzgados administrativos de Buga, pues es la dependencia
principalmente involucrada en el hecho debatido en la tutela, con ocasión a que
es la encargada de realizar el reparto de los asuntos radicados allí.
iv) Falta de justificación para interponer la nueva acción: se advierte que el
accionante no tiene un motivo que justifique su proceder en el asunto de la
referencia, máxime si se tiene en cuenta que entre el momento en que se
resolvió la anterior tutela y la presentación de este nuevo trámite transcurrió
menos de 1 mes, en el cual el actor no puso de presente que se hubiera
presentado algún hecho nuevo que pueda variar el sentido del fallo dictado por
el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.
Esto es así, por cuanto la providencia de 21 de enero de 2025 dictada por la
corporación en mención se notificó mediante correo electrónico enviado a las
partes al día siguiente –22 de enero de 2025– y el señor Arredondo Romero
acudió nuevamente a este mecanismo constitucional el 18 de febrero de 2025.
En este orden de ideas, se constata que en el presente asunto se configura la
cosa juzgada constitucional en lo concerniente a las pretensiones dirigidas
contra la Oficina de Apoyo Judicial para los juzgados administrativos de Buga,
teniendo en cuenta el carácter excepcional de la tutela, que tiene como fin
garantizar el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de
terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales.
En lo referente a la figura jurídica de la cosa juzgada constitucional es oportuno
anotar que, a juicio de la Sección17, su configuración también parte del hecho de
que las sentencias hayan sido o no seleccionadas por la Corte Constitucional
para su revisión, tal y como lo señaló ese alto tribunal18, en los siguientes
17
Sentencia de 6 de febrero de 2020, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad. 2019-05025-00.
18
Sentencia T-280 de 2017, M.P. José Antonio Cepeda Amarís (E).
15
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términos:
(…) Específicamente, las decisiones proferidas dentro de un proceso de amparo
constituyen cosa juzgada cuando la Corte Constitucional “adquiere conocimiento
de los fallos de tutela adoptados por los jueces de instancia, y decide excluirlos de
revisión o seleccionarlos para su posterior confirmatoria o revocatoria” [43].
(…) 4.8 Las consecuencias de la exclusión de revisión de un expediente de
tutela, son: “(i) la ejecutoria formal y material de la sentencia de segunda
instancia; (ii) la configuración del fenómeno de la cosa juzgada constitucional de
las sentencias de instancia (ya sea la única o segunda instancia), que hace la
decisión inmutable e inmodificable[44], salvo en la eventualidad de que la sentencia
sea anulada por parte de la misma Corte Constitucional de conformidad con la ley;
y (iii) la improcedencia de tutela contra tutela” [45]. Por el contrario, cuando la tutela
es seleccionada por la Corte, la cosa juzgada constitucional se produce con la
ejecutoria del fallo que se profiere en sede de revisión [46].
Así las cosas, en el asunto analizado se advierte que, para la fecha, la acción de
tutela presentada por el actor con radicado 76001-13-10-40-16-2024-00121-
00/01 no fue seleccionada para revisión por el máximo órgano constitucional
dentro del trámite con radicado T10904383,19 razón por la cual se modificará el
fallo de primera instancia para declarar la cosa juzgada constitucional en lo
concerniente a la Oficina de Apoyo Judicial para los juzgados administrativos de
Buga.
2.4. De la tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Buga, el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Cali, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el
señor Rubén Darío Rozo Giraldo
De entrada, la Sala advierte que confirmará la decisión de primera instancia en
lo que atañe a la improcedencia de la tutela, respecto de los reparos formulados
por el actor en contra de las providencias proferidas por el Juzgado Dieciséis
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali en el marco de la acción constitucional
con radicado 76001-13-10-40-16-2024-00121-00/01.
Contrario a lo señalado por el accionante en su impugnación, la Sala advierte
que sí se cuestionaron los fallos emitidos el 25 de noviembre de 2024 y 21 de
enero de 2025 por las autoridades judiciales mencionadas, respectivamente, tan
es así que las identificó como demandadas, como se explicó anteriormente y al
revisar detallamente el escrito de la tutela se constató que, en sentir del actor,
tales decisiones adolecen de defecto fáctico, lo cual se expresó en los
siguientes términos:
50.En la sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela radicada
bajo el No. T-121, el Juzgado 16 Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Cali desconoció pruebas clave recaudadas dentro del
proceso, como la petición del 30 de julio de 2024 enviada al Dr. Andrés Canal
Flórez, Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Cali, en la que el
19
Según la información visible en el siguiente enlace:
https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/expediente?proceso=2&expediente=T1090438
3
16
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Dr. Rozo solicito información sobre el funcionario competente para ordenar la
admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
(...) El fallo de segunda instancia también desconoce el debido proceso y mi
derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, al no valorar
adecuadamente los hechos que llevaron a la vulneración de mis derechos.
De igual forma, no se garantizó la protección de mi derecho a la igualdad,
vulnerando el debido proceso, pues en el fallo se indica que las circunstancias
fácticas expuestas en la providencia del 31 de enero de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Casanare, son distintas a las de mi caso.
Su Señoría, esta afirmación no es correcta. En ambos casos, se presentó la
misma situación jurídica, pues las dos demandas fueron remitidas al canal
electrónico habilitado por la administración de justicia, sin que se
garantizaran su recepción y reparto efectivo.
(...) Asimismo, la omisión de los jueces de primera y segunda instancia en valorar
estos hechos y corregir la afectación de mis derechos constituye una grave
falla en el control constitucional, que esta tutela busca subsanar.
Como se advierte del citado texto, el accionante sí le atribuyó la presunta
vulneración de sus derechos iusfundamentales a las providencias dictadas en la
tutela que promovió previamente, por lo que no le asiste razón al considerar que
el a quo abordó el estudio de la controversia planteada a partir de una
interpretación equivocada de lo expuesto en la tutela.
Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 señaló
que no es dable en esta instancia controvertir una decisión de igual naturaleza,
«(…) por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante
[esa] corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas
para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.»
De igual forma, dicha alta Corte en la sentencia SU-627 de 201520 estableció
como excepciones a la regla general de improcedencia, las siguientes:
4.6.2. Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es
la de que no procede.
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido
proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas
de Revisión de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de
dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional [68] 21.
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la
República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, siempre y cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela
presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo
cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
20
Corte Constitucional, M.P. Mauricio González Cuervo, expediente T- 4.496.402.
21
«Supra II, 4.3.5.»
17
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omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para
resolver la situación (...).22
De lo anterior, se colige que la acción de tutela procede de manera excepcional
contra fallos de tutela, siempre y cuando i) no comparta identidad procesal con
la solicitud de amparo cuestionada, ii) la decisión adoptada en la sentencia fue
producto de una situación de fraude y iii) no exista otro medio, ordinario o
extraordinario, eficaz para resolver la situación.
En el caso objeto de estudio, el actor no trajo a colación y, menos aún demostró,
que las decisiones proferidas en la anterior acción de tutela fueron producto de
una situación fraudulenta, pues lo cierto es que los argumentos que expuso
están dirigidos a poner de presente las presuntas omisiones en las que
incurrieron las autoridades judiciales que conocieron de dicho asunto,
principalmente por no valorar el material probatorio de manera conjunta.
Con todo, vale la pena precisar que en el asunto que nos ocupa no se observa
la ocurrencia de alguna circunstancia de fraude que amerite la intervención del
juez constitucional, motivo por el cual, como se anticipó, se confirmará la
improcedencia de la presente acción de tutela para controvertir las decisiones de
la misma naturaleza proferidas dentro del radicado 76001-13-10-40-16-2024-
00121-00/01.
Ahora bien, el actor cuestiona también el auto de 17 de octubre de 2024
proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Oralidad del Circuito
Judicial de Buga, por medio del cual se rechazó por caducidad el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió contra la Nación
• Ministerio de Defensa - Policía Nacional con radicado 76111-33-33-002-2024-
00172-00.
En lo que concierne a este cuestionamiento, la Sala advierte que la acción de
tutela se torna improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad,
teniendo en cuenta que el accionante tuvo la oportunidad de debatir ante la
judicatura enjuiciada las irregularidades acá expuestas mediante el ejercicio del
recurso de apelación, al tenor de lo previsto en el artículo 243 de la Ley 1437 de
2011 (CPACA), que a la letra dice:
ARTÍCULO 243. APELACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 62 de la Ley
2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> Son apelables las sentencias de
primera instancia y los siguientes autos proferidos en la misma instancia:
1. El que rechace la demanda o su reforma, y el que niegue total o parcialmente
el mandamiento ejecutivo.
No obstante, al revisar el aludido expediente se constató que la parte
demandante no ejerció el mecanismo de defensa judicial que tenía a su alcance,
pese a que este era el escenario idóneo para poner de presente las
inconsistencias que, en su sentir, se configuraron para que fueran objeto de
pronunciamiento por la judicatura a cargo de la litis.
22
Destacado por la Sala.
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Demandante: Dabier David Arredondo Romero
Demandados: Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buga y otros
Radicado: 76001-23-33-000-2025-00141-01
Es oportuno precisar que el presupuesto de la subsidiariedad se encuentra
contemplado en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución, según el cual,
«[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del
artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 1991.23
La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad de la
tutela, los conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser
resueltos, en principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas,
de manera que únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando
estas no son idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable,
resulta admisible acudir a esta acción constitucional.
En consecuencia, el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la
obligación de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del
ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los
cuales debe hacer uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento
de los recursos legales deviene en la improcedencia de este mecanismo.
Ahora, si bien el tutelante justificó la falta de presentación del recurso
procedente para controvertir el auto que rechazó la demanda en que su
apoderado judicial le informó de la existencia de dicha decisión cuando ya había
fenecido el término para interponerlo, así como que en el proveído en cuestión
no se indicó cuál era el medio de defensa judicial que procedía, lo cierto es que
tales argumentos no permiten analizar el caso desde una óptica diferente e
inferir que se configura un perjuicio irremediable que amerita la intervención del
juez de tutela.
En lo que concierne a la existencia de un perjuicio irremediable es oportuno
indicar que la Corte Constitucional lo definió como «el riesgo de consumación de
un daño o afectación cierta, negativa, jurídica o fáctica, a los derechos
fundamentales, que debe ser invocada por el juez constitucional, dada la alta
probabilidad de su ocurrencia»24 y, en ese sentido, señaló lo siguiente para
determinar su existencia:
(i) [E]l perjuicio debe ser inminente, es decir, no basta con que exista una mera
posibilidad de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que
se cause sea grave, lo que implicaría, en consecuencia, un daño de gran
intensidad sobre la persona afectada; (iii) las medidas que se requieran para
evitar la configuración sean urgentes; y (iv) la acción es impostergable, es decir,
en caso de aplazarse la misma sea ineficaz por inoportuna.25
De modo que, en el asunto analizado, no se evidencia la necesidad de prevenir
23
«ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de
dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante.»
24
Corte Constitucional, sentencia T-190 de 2020, postura reiterada en la sentencia T-003 de
2022, la cual se trae a colación como un criterio auxiliar de interpretación.
25
Corte Constitucional, sentencias SU-508 de 2020, T-190 de 2020 y T-235 de 2018.
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algún daño que permita flexibilizar el requisito de la subsidiariedad, por cuanto la
acción de tutela no es un escenario para la corrección de los errores de litigio y
no es suficiente demostrar una presunta deficiencia en la defensa para que se
desconozca el instrumento judicial idóneo y eficaz.
Finalmente, se encuentra que el señor Arredondo Romero reprochó diferentes
actuaciones y omisiones en las que, en su opinión, incurrió el abogado Rubén
Darío Rozo Giraldo al momento de representarlo judicialmente dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76111-33-33-
002-2024-00172-00.
Además, en la impugnación el actor aseguró que sus reparos están dirigidos
especialmente a que se proteja su derecho a una defensa técnica, la cual debía
garantizarse desde el mismo momento en que se remitió la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho el 21 de febrero de 2024, toda vez que el aludido
profesional del derecho no ejerció adecuadamente su gestión, situación que le
impidió acceder a la administración de justicia.
Al respecto, se advierte que el juez constitucional no puede inmiscuirse en la
discusión propuesta, en atención a que el actor promovió una queja contra el
señor Rubén Darío Rozo Giraldo, cuyo trámite está actualmente en curso ante
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca con radicación
76-001-25-02-002-2024-03629-00, en el cual se fijó para el 10 de julio de 2025
la audiencia de pruebas y calificación.26
En otras palabras, existe un trámite propio que no puede ser sustituido por este
mecanismo dada su naturaleza subsidiaria y residual, máxime si se tiene en
cuenta que no se demostró cuál puede ser ese perjuicio irremediable que
justifique la intervención de esta Corporación y permita desconocer la existencia
del proceso disciplinario, el cual fue establecido para esta clase de
controversias, por lo que le permitía obtener al actor una respuesta material y
efectiva de la justicia.
Así que, no es viable en sede de tutela adoptar decisiones paralelas a las de la
autoridad judicial que conoce del asunto radicado bajo su competencia y le
impone al accionante la carga de esperar a que primero se resuelva su queja
pues, contrario a lo considerado por el señor Arredondo Romero, este sí es el
mecanismo idóneo y eficaz para que se resuelvan los reparos aquí propuestos
en contra del profesional del derecho.
En conclusión, la Sala modificará el fallo impugnado, en el sentido de declarar i)
la cosa juzgada constitucional respecto a la controversia expuesta contra la
Oficina de Apoyo Judicial para los juzgados administrativos de Buga y ii) la
improcedencia de la presente acción en relación con los cuestionamientos
enunciados contra el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Buga, el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
de Cali, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el señor Rubén Darío
26
Según la información registrada en la página de la Rama Judicial.
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Rozo Giraldo, debido a que no se cumplen los requisitos de tutela contra
decisión de igual naturaleza y de subsidiariedad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: Modifícase la sentencia de 4 de marzo de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, declárase la cosa
juzgada constitucional respecto a la controversia expuesta contra la Oficina de
Apoyo Judicial para los juzgados administrativos de Buga y la improcedencia de
la acción de tutela en relación con los cuestionamientos enunciados contra el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Buga, el Juzgado
Dieciséis Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali y el señor Rubén Darío Rozo Giraldo.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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