RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2025-00484-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00484-01

Fecha
4 de septiembre de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00484-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 76001-23-33-000-2025-00484-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

4 de septiembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: DABIER DAVID ARREDONDO ROMERO

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE
CON EL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. EL ACTOR NO
INTERPUSO EL RECURSO DE APELACIÓN, MECANISMO JUDICIAL IDÓNEO
PARA DEBATIR LAS INCONFORMIDADES PUESTAS DE PRESENTE EN LA
ACCIÓN DE TUTELA.

DERECHO FUNDAMENTAL: ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 15 de agosto de 2025, mediante la cual el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA1 declaró improcedente

la solicitud de amparo.

1
En adelante el Tribunal.

2

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO, actuando en

nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el

artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su

derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, el cual

estima vulnerado por el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO

DEL CIRCUITO DE BUGA2 al haber proferido, la providencia de 17

de octubre de 2024 dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2024-00172-00.

I.2.- Hechos

Señaló que laboró al servicio de la NACIÓN - MINISTERIO DE

DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL3 y, entre otras

actividades, se desempeñó como agente encubierto para infiltrarse

dentro de organizaciones al margen de la ley, por lo que fue objeto

2
En adelante el Juzgado.
3
En adelante la Policía Nacional.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO

de amenazas y atentados contra su vida, circunstancias que

motivaron la adopción de medidas de protección.

Indicó que le fueron concedidas varias licencias no remuneradas y

luego de que la POLICÍA NACIONAL le negara la agregaduría en el

exterior, solicitó el retiro voluntario del servicio, el cual fue concedido

por la Dirección General mediante la Resolución núm. 2718 de 31 de

agosto de 2023, notificada debidamente el 8 de septiembre de ese

año.

Manifestó el 21 de febrero de 2024, por conducto de apoderado

judicial, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

contra la POLICÍA NACIONAL con el fin de discutir la legalidad del

acto administrativo que lo retiró del servicio.

Indicó que el proceso fue identificado con el número único de

radicación 2024-00172-00 y atribuido para su trámite en primera

instancia al JUZGADO que, mediante providencia de 17 de octubre

de 2024 rechazó la demanda por caducidad.

I.3. Fundamentos de derecho

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

4

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO

A juicio del actor, la finalidad de la acción de tutela es habilitar el

estudio de legalidad del acto de retiro, esto en razón a los hechos

sobrevinientes que demuestran un estado de debilidad manifiesta

debido al exilio forzado que sufrió desde abril del 2023.

Aseguró que estos hechos nuevos no fueron conocidos por el

JUZGADO, por lo tanto se configuraría un perjuicio irremediable,

comoquiera que el acto de retiro está viciado de nulidad por la falta

de valoración médico legal.

Señaló que la demanda fue rechazada por causas que no le deben

ser atribuidas, como lo es el error en el servidor de la Rama Judicial

y la negligencia de su apoderado.

Afirmó que “[…] esta acción no pretende sustituir los mecanismos

judiciales ordinarios, sino habilitarlos. El objeto de la presente

solicitud constitucional no es que el juez de tutela decida sobre la

legalidad del acto administrativo de retiro, sino que remueva el

obstáculo procesal artificialmente consolidado mediante el Auto 447

de 2024, el cual impidió la valoración de fondo por parte de la

jurisdicción contenciosa […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

5

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados

como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 1. Que, como mecanismo de protección del derecho
fundamental de acceso a la justicia, se ordene dejar sin efectos el
Auto Interlocutorio 447 del 17 de octubre de 2024, proferido por el
Juzgado Segundo Administrativo Oral de Buga, y se disponga el
estudio de fondo de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Resolución 2718 del 31 de agosto de 2023, con
base en los hechos sobrevinientes aquí acreditados —fuerza mayor
y debilidad manifiesta—, bien sea en ese mismo juzgado o en el
que se designe por reparto, conforme lo estime procedente el
despacho judicial.
2. Que se conceda al accionante un término razonable para allegar
al juzgado competente el escrito actualizado de demanda y las
pruebas que sustenten los hechos sobrevinientes, a efectos del
estudio de fondo ordenado.
3. Adopte cualquier otra medida necesaria para garantizar el
acceso efectivo a la justicia en este caso concreto […]”.

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO, señaló que el actor ha incurrido en actos de

temeridad, comoquiera que ha instaurado otras acciones de tutela en

las que se han debatido los mismos hechos y pretensiones.

Informó que el actor interpuso queja en contra del apoderado que lo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

6

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO

estaba representando en el medio de control cuestionado y solicitó

vincular a la presente acción de tutela a la Policía Nacional como

tercera interesada en las resultas del proceso.

I.5.2.- La OFICINA DE APOYO JUDICIAL DE BUGA, explicó las

circunstancias que rodearon la radicación de la demanda presentada

por el actor el 21 de febrero de 2024, a través del buzón electrónico

autorizado para ello.

Señaló que el sistema CENDOJ capturó como mensaje sospechoso el

mensaje enviado por el correo rozogiraldoasociados@gmail.com, por

lo tanto, no ingresó a la bandeja de entrada, ni fue remitido con

posterioridad a su buzón electrónico.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El TRIBUNAL mediante sentencia de 15 de agosto de 2025, en

primer lugar, determinó que el actor con antelación promovió una

acción de tutela4 en la que ya se había cuestionado el contenido del

4
Identificada con el número único de radicación 76001-23-33-000-2025-00141-01
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=7600123330002025001
41011100103

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

7

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO

auto de 17 de octubre de 2024.

Indicó que en dicha oportunidad la SECCIÓN QUINTA DEL

CONSEJO DE ESTADO5 mediante sentencia de 5 de junio de 2025,

modificó la decisión que ella había dictado el 4 de marzo de este año

y, en su lugar: i) declaró la cosa juzgada constitucional respecto a

los reparos formulados por el actor contra la oficina de apoyo judicial

de Buga, los cuales fueron estudiados por el Juzgado Dieciséis Penal

del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali y el Tribunal

Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acción de tutela

identificada con el número único de radicación 2024-00121-01; y ii)

declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no cumplir los

requisitos de subsidiariedad y de procedencia de la tutela contra una

decisión de igual naturaleza.

Resaltó que el actor promovió el presente mecanismo constitucional

invocando la existencia de nuevos hechos que le permiten ejercer la

acción y, además, allegó pruebas documentales mediante las cuales

pretendió probar las circunstancias de fuerza mayor por exilio.

5
En adelante Sección Quinta.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

8

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO

Por lo tanto, el TRIBUNAL consideró que había lugar a estudiar la

presente solicitud de amparo, comoquiera que el actor invocó hechos

nuevos y argumentos que no fueron objeto de estudio por la

SECCIÓN QUINTA dentro de la acción de tutela identificada con el

el número único de radicación 2025-00141-01.

En segundo lugar, señaló que las razones invocadas por el actor no

justifican el no agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencia judicial, esto, en razón a que, “[…] en esa acción de

tutela, el actor omitió informar que ya había ejercido el medio de

control de nulidad y restablecimiento del derecho y que este había

sido rechazado por caducidad, sin que se hubiera interpuesto recurso

de apelación […]”.

En ese sentido, declaró improcedente el amparo al considerar que no

se encontró satisfecho el requisito de subsidiariedad, comoquiera

que el actor no presentó el recurso de apelación contra la providencia

de 17 de octubre de 2024, que rechazó la demanda por caducidad

dentro del proceso ordinario cuestionado.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

9

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por el TRIBUNAL

manifestando su desacuerdo con la motivación de la decisión, pues,

a su juicio, el a quo incurrió en exceso de ritual manifiesto al sacrificar

la justicia material en aras de una formalidad que no le era atribuible.

Manifestó que no le fue posible presentar el recurso de apelación

contra el auto de 17 de octubre de 2024, toda vez que el profesional

del derecho que lo representaba teniendo el deber de hacerlo no lo

hizo, por lo que, a su juicio, tal omisión no le debe ser atribuida por

cuanto se encontraba en un estado de debilidad manifiesta debido a

sus quebrantos en su salud mental y su condición de exiliado.

Recalcó que en el presente asunto se demostró la procedencia de la

acción de tutela por defectos fáctico y procedimental, esto en razón

a las fallas técnicas del sistema de gestión de la Rama Judicial en la

radicación de la demanda y la responsabilidad exclusiva de su

apoderado judicial.

Señaló que “[…] mantener la improcedencia significa imponer

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

10

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO

consecuencias desproporcionadas al accionante, quien se encontraba

en condición de vulnerabilidad reconocida, por errores ajenos y

cerrar definitivamente el acceso a la justicia frente a la legalidad de

la Resolución 2718 de 2023 […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

11

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO

(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue

asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

12

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

13

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO

susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

14

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se

deje sin efecto la providencia de 17 de octubre de 2024, proferida

por el JUZGADO dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2024-00172-00.

A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de

su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia. El

demandante en el escrito de tutela señala que su finalidad es

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

15

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO

habilitar el estudio de legalidad del acto de retiro, esto en razón a

los hechos sobrevinientes que demuestran un estado de debilidad

manifiesta debido a su condición de salud y el exilio forzado que

sufrió desde abril del 2023.

Aseguró que estos hechos nuevos no fueron conocidos por el

JUZGADO, por lo tanto se configuraría un perjuicio irremediable

comoquiera que el acto de retiro está viciado de nulidad por la falta

de valoración médico legal.

Señaló que la demanda fue rechazada por causas que no le deben

ser atribuidas, como lo es el error en el servidor de la Rama Judicial

y la negligencia de su apoderado.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el

TRIBUNAL que, mediante sentencia de 15 de agosto de 2025,

declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se

acreditó el requisito de subsidiariedad.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo con la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

16

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO

motivación de la decisión, pues, a su juicio, el a quo incurrió en

exceso de ritual manifiesto al sacrificar la justicia material en aras de

una formalidad que no le era atribuible.

Manifestó que no le fue posible presentar el recurso de apelación

contra el auto de 17 de octubre de 2024, toda vez que el profesional

del derecho que lo representaba teniendo el deber de hacerlo no lo

hizo, por lo que, a su juicio, esa omisión no le debe ser atribuida por

cuanto se encontraba en un estado de debilidad manifiesta debido a

sus quebrantos en su salud mental y su condición de exiliado.

Recalcó que en el asunto se demostró la procedencia de la tutela por

defecto fáctico y procedimental, esto en razón a las fallas del sistema

de gestión de la Rama Judicial en la radicación de la demanda y de

su entonces apoderado judicial.

En este punto es del caso advertir que la Sala se limitará a analizar

las inconformidades expuestas en el escrito de impugnación, en

cuanto a la exigencia del agotamiento del recurso procedente contra

la decisión cuestionada, no sin antes advertir que el defecto fáctico y

procedimental alegado es una inconformidad que no fue expuesta

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

17

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO

desde el escrito primigenio de la solicitud de amparo, por lo que no

es de recibo traer argumentos nuevos a esta instancia constitucional

que no fueron debatidos por el juez de primera instancia, por lo que

la Sala se relevará de su estudio.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró el derecho

fundamental deprecado.

En ese orden, se examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela, en especial, el

requisito de la subsidiariedad.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé como causal de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

18

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO

improcedencia que «existan otros recursos o medios de defensa

judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo

transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia

de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,

atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante»

(Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

19

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

del fondo del asunto.»6 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Precisado lo anterior, la Sala evidencia que las inconformidades

planteadas por el actor en el escrito de impugnación recaen en que

el a quo incurrió en exceso de ritual manifiesto al exigir el

agotamiento del recurso de apelación contra la providencia

cuestionada, en la medida que no se le puede atribuir la

responsabilidad de una falla que proviene del sistema judicial y del

apoderado que lo representó quien, teniendo el deber de hacerlo, no

lo hizo.

Igualmente, cuestionó la decisión de primera instancia al no ponderar

las circunstancias de debilidad manifiesta o de fuerza mayor que le

impidieron el ejercicio pleno de la defensa.

6 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván
Palacio Palacio.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

20

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que, como bien lo

señaló el a quo la presente acción de tutela es improcedente

por carencia del requisito de subsidiariedad, en la medida en

que las inconformidades planteadas en la presente acción

constitucional debieron ser expuestas en el recurso de apelación

que el actor tenía a su alcance contra el auto de 17 de octubre de

2024, proferido por el JUZGADO, del cual no hizo uso.

Así las cosas, la Sala considera que la presente acción de tutela

es improcedente ante la existencia de otro medio de defensa

judicial, esto es, el recurso de apelación, el cual el actor tuvo a su

alcance y no interpuso, por lo que no es válido que ahora pretenda

suplir su desidia y descuido dentro del proceso ordinario mediante el

presente mecanismo constitucional.

Igualmente, la Sala advierte que si bien el actor argumentó que no

pudo ejercer debidamente su derechos de acción y defensa por las

circunstancias de salud y exilio en las que se encontraba, también lo

es que este confirió poder a un profesional del derecho para que lo

representara durante el curso de la actuación judicial, este último a

quien se le notificó en debida forma la decisión aquí cuestionada, por

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

21

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO

lo que no son de recibo las justificaciones que plantea frente a la

omisión en el cumplimiento de las cargas procesales que le impone

el ordenamiento jurídico a las partes y a sus apoderados.

En ese orden de ideas, se destaca que mal podría el juez de tutela

ordenar un amparo constitucional con el propósito de que se emita

una orden que evidentemente es competencia del juez de

conocimiento y que por negligencia y desidia del actor o de su

apoderado, no fueron ventiladas dentro del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 2024-00172-00.

Aunado a lo anterior, no se puede desatender en manera alguna el

carácter excepcional y subsidiario de la acción de tutela, habida

cuenta que su desconocimiento afectaría el ordenamiento jurídico en

el sentido de que la garantía de los derechos fundamentales no sería

examinada por el juez natural para resolver las controversias

jurídicas de acuerdo con las competencias establecidas por el

legislador.

Ahora bien, con el fin de analizar si en el presente caso se configura

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

22

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO

la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la

acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala se remite a lo

dispuesto por la Corte Constitucional7:

“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha
precisado que éste debe reunir las siguientes características:
“debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un
considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos
que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del
daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona
(moral o material), pero que sea susceptible de determinación
jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como
respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por
último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto
es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable […]”.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala no advierte la existencia de

un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela de

la referencia como mecanismo transitorio, dado que de los elementos

de juicio obrantes en el expediente no es posible establecer dicha

circunstancia.

En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo, que declaró

improcedente la solicitud de amparo, como en efecto se dispondrá

en la parte resolutiva de esta providencia.

7
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

23

Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad

con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de septiembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.