Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00484-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2025-00484-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 76001-23-33-000-2025-00484-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 76001-23-33-000-2025-00484-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
4 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., cuatro (4) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: DABIER DAVID ARREDONDO ROMERO
TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE
CON EL REQUISITO GENERAL DE LA SUBSIDIARIEDAD. EL ACTOR NO
INTERPUSO EL RECURSO DE APELACIÓN, MECANISMO JUDICIAL IDÓNEO
PARA DEBATIR LAS INCONFORMIDADES PUESTAS DE PRESENTE EN LA
ACCIÓN DE TUTELA.
DERECHO FUNDAMENTAL: ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia de 15 de agosto de 2025, mediante la cual el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA1 declaró improcedente
la solicitud de amparo.
1
En adelante el Tribunal.
2
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO, actuando en
nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de su
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, el cual
estima vulnerado por el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE BUGA2 al haber proferido, la providencia de 17
de octubre de 2024 dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2024-00172-00.
I.2.- Hechos
Señaló que laboró al servicio de la NACIÓN - MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL3 y, entre otras
actividades, se desempeñó como agente encubierto para infiltrarse
dentro de organizaciones al margen de la ley, por lo que fue objeto
2
En adelante el Juzgado.
3
En adelante la Policía Nacional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO
de amenazas y atentados contra su vida, circunstancias que
motivaron la adopción de medidas de protección.
Indicó que le fueron concedidas varias licencias no remuneradas y
luego de que la POLICÍA NACIONAL le negara la agregaduría en el
exterior, solicitó el retiro voluntario del servicio, el cual fue concedido
por la Dirección General mediante la Resolución núm. 2718 de 31 de
agosto de 2023, notificada debidamente el 8 de septiembre de ese
año.
Manifestó el 21 de febrero de 2024, por conducto de apoderado
judicial, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la POLICÍA NACIONAL con el fin de discutir la legalidad del
acto administrativo que lo retiró del servicio.
Indicó que el proceso fue identificado con el número único de
radicación 2024-00172-00 y atribuido para su trámite en primera
instancia al JUZGADO que, mediante providencia de 17 de octubre
de 2024 rechazó la demanda por caducidad.
I.3. Fundamentos de derecho
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO
A juicio del actor, la finalidad de la acción de tutela es habilitar el
estudio de legalidad del acto de retiro, esto en razón a los hechos
sobrevinientes que demuestran un estado de debilidad manifiesta
debido al exilio forzado que sufrió desde abril del 2023.
Aseguró que estos hechos nuevos no fueron conocidos por el
JUZGADO, por lo tanto se configuraría un perjuicio irremediable,
comoquiera que el acto de retiro está viciado de nulidad por la falta
de valoración médico legal.
Señaló que la demanda fue rechazada por causas que no le deben
ser atribuidas, como lo es el error en el servidor de la Rama Judicial
y la negligencia de su apoderado.
Afirmó que “[…] esta acción no pretende sustituir los mecanismos
judiciales ordinarios, sino habilitarlos. El objeto de la presente
solicitud constitucional no es que el juez de tutela decida sobre la
legalidad del acto administrativo de retiro, sino que remueva el
obstáculo procesal artificialmente consolidado mediante el Auto 447
de 2024, el cual impidió la valoración de fondo por parte de la
jurisdicción contenciosa […]”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados
como vulnerados y, en consecuencia:
“[…] 1. Que, como mecanismo de protección del derecho
fundamental de acceso a la justicia, se ordene dejar sin efectos el
Auto Interlocutorio 447 del 17 de octubre de 2024, proferido por el
Juzgado Segundo Administrativo Oral de Buga, y se disponga el
estudio de fondo de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Resolución 2718 del 31 de agosto de 2023, con
base en los hechos sobrevinientes aquí acreditados —fuerza mayor
y debilidad manifiesta—, bien sea en ese mismo juzgado o en el
que se designe por reparto, conforme lo estime procedente el
despacho judicial.
2. Que se conceda al accionante un término razonable para allegar
al juzgado competente el escrito actualizado de demanda y las
pruebas que sustenten los hechos sobrevinientes, a efectos del
estudio de fondo ordenado.
3. Adopte cualquier otra medida necesaria para garantizar el
acceso efectivo a la justicia en este caso concreto […]”.
I.5. Defensa
I.5.1.- El JUZGADO, señaló que el actor ha incurrido en actos de
temeridad, comoquiera que ha instaurado otras acciones de tutela en
las que se han debatido los mismos hechos y pretensiones.
Informó que el actor interpuso queja en contra del apoderado que lo
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO
estaba representando en el medio de control cuestionado y solicitó
vincular a la presente acción de tutela a la Policía Nacional como
tercera interesada en las resultas del proceso.
I.5.2.- La OFICINA DE APOYO JUDICIAL DE BUGA, explicó las
circunstancias que rodearon la radicación de la demanda presentada
por el actor el 21 de febrero de 2024, a través del buzón electrónico
autorizado para ello.
Señaló que el sistema CENDOJ capturó como mensaje sospechoso el
mensaje enviado por el correo rozogiraldoasociados@gmail.com, por
lo tanto, no ingresó a la bandeja de entrada, ni fue remitido con
posterioridad a su buzón electrónico.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
El TRIBUNAL mediante sentencia de 15 de agosto de 2025, en
primer lugar, determinó que el actor con antelación promovió una
acción de tutela4 en la que ya se había cuestionado el contenido del
4
Identificada con el número único de radicación 76001-23-33-000-2025-00141-01
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=7600123330002025001
41011100103
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO
auto de 17 de octubre de 2024.
Indicó que en dicha oportunidad la SECCIÓN QUINTA DEL
CONSEJO DE ESTADO5 mediante sentencia de 5 de junio de 2025,
modificó la decisión que ella había dictado el 4 de marzo de este año
y, en su lugar: i) declaró la cosa juzgada constitucional respecto a
los reparos formulados por el actor contra la oficina de apoyo judicial
de Buga, los cuales fueron estudiados por el Juzgado Dieciséis Penal
del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali y el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la acción de tutela
identificada con el número único de radicación 2024-00121-01; y ii)
declaró la improcedencia de la solicitud de amparo por no cumplir los
requisitos de subsidiariedad y de procedencia de la tutela contra una
decisión de igual naturaleza.
Resaltó que el actor promovió el presente mecanismo constitucional
invocando la existencia de nuevos hechos que le permiten ejercer la
acción y, además, allegó pruebas documentales mediante las cuales
pretendió probar las circunstancias de fuerza mayor por exilio.
5
En adelante Sección Quinta.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO
Por lo tanto, el TRIBUNAL consideró que había lugar a estudiar la
presente solicitud de amparo, comoquiera que el actor invocó hechos
nuevos y argumentos que no fueron objeto de estudio por la
SECCIÓN QUINTA dentro de la acción de tutela identificada con el
el número único de radicación 2025-00141-01.
En segundo lugar, señaló que las razones invocadas por el actor no
justifican el no agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial, esto, en razón a que, “[…] en esa acción de
tutela, el actor omitió informar que ya había ejercido el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho y que este había
sido rechazado por caducidad, sin que se hubiera interpuesto recurso
de apelación […]”.
En ese sentido, declaró improcedente el amparo al considerar que no
se encontró satisfecho el requisito de subsidiariedad, comoquiera
que el actor no presentó el recurso de apelación contra la providencia
de 17 de octubre de 2024, que rechazó la demanda por caducidad
dentro del proceso ordinario cuestionado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia proferida por el TRIBUNAL
manifestando su desacuerdo con la motivación de la decisión, pues,
a su juicio, el a quo incurrió en exceso de ritual manifiesto al sacrificar
la justicia material en aras de una formalidad que no le era atribuible.
Manifestó que no le fue posible presentar el recurso de apelación
contra el auto de 17 de octubre de 2024, toda vez que el profesional
del derecho que lo representaba teniendo el deber de hacerlo no lo
hizo, por lo que, a su juicio, tal omisión no le debe ser atribuida por
cuanto se encontraba en un estado de debilidad manifiesta debido a
sus quebrantos en su salud mental y su condición de exiliado.
Recalcó que en el presente asunto se demostró la procedencia de la
acción de tutela por defectos fáctico y procedimental, esto en razón
a las fallas técnicas del sistema de gestión de la Rama Judicial en la
radicación de la demanda y la responsabilidad exclusiva de su
apoderado judicial.
Señaló que “[…] mantener la improcedencia significa imponer
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO
consecuencias desproporcionadas al accionante, quien se encontraba
en condición de vulnerabilidad reconocida, por errores ajenos y
cerrar definitivamente el acceso a la justicia frente a la legalidad de
la Resolución 2718 de 2023 […]”.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO
(expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera María Elizabeth García González), en un asunto que fue
asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la
jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela
contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]
de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)
En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se
deje sin efecto la providencia de 17 de octubre de 2024, proferida
por el JUZGADO dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 2024-00172-00.
A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de
su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia. El
demandante en el escrito de tutela señala que su finalidad es
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO
habilitar el estudio de legalidad del acto de retiro, esto en razón a
los hechos sobrevinientes que demuestran un estado de debilidad
manifiesta debido a su condición de salud y el exilio forzado que
sufrió desde abril del 2023.
Aseguró que estos hechos nuevos no fueron conocidos por el
JUZGADO, por lo tanto se configuraría un perjuicio irremediable
comoquiera que el acto de retiro está viciado de nulidad por la falta
de valoración médico legal.
Señaló que la demanda fue rechazada por causas que no le deben
ser atribuidas, como lo es el error en el servidor de la Rama Judicial
y la negligencia de su apoderado.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el
TRIBUNAL que, mediante sentencia de 15 de agosto de 2025,
declaró improcedente la acción de tutela al considerar que no se
acreditó el requisito de subsidiariedad.
Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión
proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo con la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO
motivación de la decisión, pues, a su juicio, el a quo incurrió en
exceso de ritual manifiesto al sacrificar la justicia material en aras de
una formalidad que no le era atribuible.
Manifestó que no le fue posible presentar el recurso de apelación
contra el auto de 17 de octubre de 2024, toda vez que el profesional
del derecho que lo representaba teniendo el deber de hacerlo no lo
hizo, por lo que, a su juicio, esa omisión no le debe ser atribuida por
cuanto se encontraba en un estado de debilidad manifiesta debido a
sus quebrantos en su salud mental y su condición de exiliado.
Recalcó que en el asunto se demostró la procedencia de la tutela por
defecto fáctico y procedimental, esto en razón a las fallas del sistema
de gestión de la Rama Judicial en la radicación de la demanda y de
su entonces apoderado judicial.
En este punto es del caso advertir que la Sala se limitará a analizar
las inconformidades expuestas en el escrito de impugnación, en
cuanto a la exigencia del agotamiento del recurso procedente contra
la decisión cuestionada, no sin antes advertir que el defecto fáctico y
procedimental alegado es una inconformidad que no fue expuesta
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO
desde el escrito primigenio de la solicitud de amparo, por lo que no
es de recibo traer argumentos nuevos a esta instancia constitucional
que no fueron debatidos por el juez de primera instancia, por lo que
la Sala se relevará de su estudio.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a
resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe
confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se
verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se
establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró el derecho
fundamental deprecado.
En ese orden, se examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, en especial, el
requisito de la subsidiariedad.
De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del
requisito de subsidiariedad
El artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 prevé como causal de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO
improcedencia que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia,
atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante»
(Subrayas y negrillas fuera del texto).
Lo anterior significa, que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo
tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en
aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.
Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los
derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural
idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las
competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO
un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se
dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer
del fondo del asunto.»6 (Subrayas y negrillas fuera del texto).
Precisado lo anterior, la Sala evidencia que las inconformidades
planteadas por el actor en el escrito de impugnación recaen en que
el a quo incurrió en exceso de ritual manifiesto al exigir el
agotamiento del recurso de apelación contra la providencia
cuestionada, en la medida que no se le puede atribuir la
responsabilidad de una falla que proviene del sistema judicial y del
apoderado que lo representó quien, teniendo el deber de hacerlo, no
lo hizo.
Igualmente, cuestionó la decisión de primera instancia al no ponderar
las circunstancias de debilidad manifiesta o de fuerza mayor que le
impidieron el ejercicio pleno de la defensa.
6 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente doctor Jorge Iván
Palacio Palacio.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala advierte que, como bien lo
señaló el a quo la presente acción de tutela es improcedente
por carencia del requisito de subsidiariedad, en la medida en
que las inconformidades planteadas en la presente acción
constitucional debieron ser expuestas en el recurso de apelación
que el actor tenía a su alcance contra el auto de 17 de octubre de
2024, proferido por el JUZGADO, del cual no hizo uso.
Así las cosas, la Sala considera que la presente acción de tutela
es improcedente ante la existencia de otro medio de defensa
judicial, esto es, el recurso de apelación, el cual el actor tuvo a su
alcance y no interpuso, por lo que no es válido que ahora pretenda
suplir su desidia y descuido dentro del proceso ordinario mediante el
presente mecanismo constitucional.
Igualmente, la Sala advierte que si bien el actor argumentó que no
pudo ejercer debidamente su derechos de acción y defensa por las
circunstancias de salud y exilio en las que se encontraba, también lo
es que este confirió poder a un profesional del derecho para que lo
representara durante el curso de la actuación judicial, este último a
quien se le notificó en debida forma la decisión aquí cuestionada, por
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO
lo que no son de recibo las justificaciones que plantea frente a la
omisión en el cumplimiento de las cargas procesales que le impone
el ordenamiento jurídico a las partes y a sus apoderados.
En ese orden de ideas, se destaca que mal podría el juez de tutela
ordenar un amparo constitucional con el propósito de que se emita
una orden que evidentemente es competencia del juez de
conocimiento y que por negligencia y desidia del actor o de su
apoderado, no fueron ventiladas dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 2024-00172-00.
Aunado a lo anterior, no se puede desatender en manera alguna el
carácter excepcional y subsidiario de la acción de tutela, habida
cuenta que su desconocimiento afectaría el ordenamiento jurídico en
el sentido de que la garantía de los derechos fundamentales no sería
examinada por el juez natural para resolver las controversias
jurídicas de acuerdo con las competencias establecidas por el
legislador.
Ahora bien, con el fin de analizar si en el presente caso se configura
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO
la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la
acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala se remite a lo
dispuesto por la Corte Constitucional7:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha
precisado que éste debe reunir las siguientes características:
“debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un
considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos
que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del
daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un
detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona
(moral o material), pero que sea susceptible de determinación
jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una
respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como
respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por
último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto
es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de
evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable […]”.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala no advierte la existencia de
un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela de
la referencia como mecanismo transitorio, dado que de los elementos
de juicio obrantes en el expediente no es posible establecer dicha
circunstancia.
En consecuencia, se confirmará la decisión del a quo, que declaró
improcedente la solicitud de amparo, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.
7
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Número único de radicación: 76001-23-33-000-2025-00484-01
Actor: DAIBER DAVID ARREDONDO ROMERO
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, de conformidad
con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de septiembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.