Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07867-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-07867-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-07867-01
Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez
28 de mayo de 2026
Demandante: Harold Hernán Moreno Cardona
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Oralidad
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07867-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-07867-01
Demandante: HAROLD HERNÁN MORENO CARDONA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA,
SALA DE ORALIDAD
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial. Improcedencia de
la acción por no cumplir los requisitos de subsidiariedad y
relevancia constitucional. Revoca la decisión de primera
instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide la impugnación instaurada por la parte actora contra la sentencia
del 9 de marzo de 2026, por la cual la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado que negó la acción de tutela por no encontrarse configurados
los defectos factico y sustantivo.
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
El señor Harold Hernán Moreno Cardona, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de
Oralidad, con el fin de que se amparen sus derechos fundamentales, al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, al trabajo, al mínimo vital y a
los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica.
Estimó vulneradas dichas garantías constitucionales con ocasión de la sentencia
del 3 de diciembre de 2025 proferida por la Sala de Oralidad del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 76001-33-33-007-2019-
00108-01, acumulado con el proceso 76001-33-33-010-2019-00214-01.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora pretende:
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Demandante: Harold Hernán Moreno Cardona
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Oralidad
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1. AMPARAR mis derechos humanos fundamentales y constitucionales 228;
230; 53, 93; 25; 4; 29 acceso a la administración de justicia en la modalidad
de tutela judicial efectiva; al debido proceso; Legalidad, seguridad jurídica
vulnerados por los accionada TCA Valle en medio de Control NYRD Rad.
76111-33-33-007-2019-00108-01, en la sentencia del 3 de diciembre de 2025
que confirmo la de primera instancia, para negar las pretensiones, en especial
no aplicar el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, a pesar de estar demostrado el
ingreso para el Municipio de la Cumbre V.
2. AMPARAR otros derechos Constitucionales, humanos y legales, dignidad
humana, - principios de las normas laborales- no citados, así como el principio
de Convencionalidad, por falta de aplicación de los tratados y convenios
internacionales de protección, debido proceso y los derechos humanos en los
términos de la Corte IDH, proteger la prestación de un servicio personal sin
remuneración y reconociemientos de gastos, abuso del poder y del derecho
con un empobreciemeinto para el prestador del servicio y enriqueciemiento
para el contratante – municipio-.
3. ORDENAR a la accionada, dejar sin efecto la sentencia del 3 de diciembre
de 2025 del TCA del Valle M.P. Patricia Del Pilar Feuillet Palomares y
proferir la que en derecho correspondan en aplicación del principio iura
novit curia, traducido al español como “el juez conoce del derecho”, con la
Interpretación amplia y flexible de los requisitos formales y técnico-jurídicos,
aplicando el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, para revocar el fallo de primera
instancia al resolver el recurso de apelación.
4. ORDENAR a los accionados, en el término de 10 días dar cumplimiento y
aplicación al fallo constitucional1.
1.3. Hechos
Revisado el expediente se hallaron los siguientes supuestos fácticos que, a juicio
de la sala, resultan relevantes para la decisión que se va a adoptar en el presente
asunto.
El señor Moreno Cardona suscribió dos contratos de prestación de servicios de
carácter independiente y autónomo con el municipio de La Cumbre, Valle del
Cauca, entre los años 2016 y 2017. El objeto de estos consistió en el apoyo a la
gestión de recaudo de los impuestos municipales que se encontraban prescritos
o en mora, así como en la vinculación de los contribuyentes evasores y omisos.
Indicó que, pactó con el municipio como modalidad de pago la «cuota litis»,
condición bajo la cual asumió la totalidad de los gastos necesarios para el
adelantamiento del trámite, lo que incluyó el pago del personal de apoyo y de
secretaría. Como producto de la gestión de recaudo que ejecutó, el municipio de
La Cumbre recibió directamente en sus cuentas bancarias una suma superior a
los $1.000.000.000.
1
Transcripción literal del escrito de tutela presentado, con posibles errores.
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Comentó que en dicho municipio «era pacífico» la celebración de acuerdos
políticos orientados a la omisión en el cobro de las obligaciones tributarias o a
propiciar la prescripción de las mismas.
Adujo que al momento de la iniciación del vínculo contractual, existió una cartera
en mora y prescrita por concepto de impuestos municipales superior a los
$3.500.000.000, así como un elevado número de contribuyentes evasores y
omisos. Ante tal escenario, un concejal del municipio de La Cumbre manifestó
inconformidad con la gestión desplegada y presentó múltiples denuncias ante las
distintas autoridades de vigilancia y control.
Dichas actuaciones derivaron en investigaciones penales y disciplinarias por
parte de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. La referida entidad de
control profirió fallo de responsabilidad fiscal2 en su contra, mediante el cual
declaró la existencia de un detrimento patrimonial por un valor equivalente a los
honorarios que le fueron pagados. El órgano de control sustentó la mencionada
decisión en la consideración de que existió un cobro desproporcionado de los
honorarios bajo la modalidad de cuota litis.
Comentó que en marzo de 2019, después de que agotó el trámite procesal
correspondiente y cobró firmeza la decisión fiscal, interpuso demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra de la Contraloría Departamental del
Valle del Cauca.
El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Séptimo Administrativo del
Circuito Judicial de Cali, despacho que, el 2 de marzo de 2023, dictó la sentencia
número 032, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda y confirmó
la responsabilidad fiscal del actor por el daño patrimonial causado al municipio
de La Cumbre, esto al concluir que la celebración de los contratos para el recaudo
de impuestos bajo una modalidad de pago de cuota litis carecía de justificación
legal y desnaturalizaba el servicio prestado.
2
Fallo de Responsabilidad Fiscal No. 01 del 29 de noviembre de 2018 por medio del cual se
resolvió:
«ARTÍCULO PRIMERO: Proferir fallo con Responsabilidad Fiscal y Declarar como Responsables
Fiscales a los señores BLANCA LILIANA MONTOYA HERNÁNDEZ, […]n calidad de Alcaldesa
del Municipio de La Cumbre (Valle), LINA MARÍA DOMINGUEZ […] en calidad de Secretaria de
Hacienda […], y al señor HAROLD HERNAN MORENO CARDONA, […] en calidad de
contratista…
[…]
ARTÍCULO TERCERO: Ordenar a los señores […], y HAROLD HERNAN MORENO CARDONA
[…] restituir a las arcas del Estado el Valor de DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE QUINCE PESOS $240.857.715 en virtud a lo dispuesto
en el artículo 53 de la Ley 610 de 2000.
[…]» Confirmado en su totalidad por el Auto No. 023 del 25 de febrero de 2019 por el cual se
resuelve el recurso de apelación contra el fallo con responsabilidad expediente SOIF 047-2017.
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Adicionalmente determinó que el detrimento a las arcas públicas se materializó
porque se remuneró al señor Moreno Cardona por «hechos cumplidos» y por el
ejercicio indebido de facultades tributarias que son estrictamente indelegables a
particulares, por lo tanto el juzgado estableció que existió culpa grave y un nexo
causal, por lo que consideró que los actos administrativos que expidió la
Contraloría Departamental del Valle del Cauca resultaron conforme a derecho y
que la parte actora no desvirtuó la presunción de legalidad que amparó a dichos
actos.
Manifestó que contra la anterior decisión, interpuso recurso de apelación, en el
cual solicitó la aplicación del artículo 48 de la Ley 80 de 19933 y la valoración de
los ingresos que percibió la entidad territorial.
Precisó que, mediante sentencia del 3 de diciembre de 2025, la Sala de Oralidad
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca confirmó la decisión apelada ya
que los argumentos que expuso la parte actora no desvirtuaron los fundamentos
de la primera instancia ni la presunción de legalidad de los fallos de
responsabilidad fiscal que profirió la Contraloría Departamental4.
Lo anterior lo fundamentó en el detrimento patrimonial, superior a los 200 millones
de pesos, en un pago desproporcionado por cuota litis, al tiempo que evidenció
una delegación ilegal de funciones tributarias en un particular. Asimismo, el
proveído reprochó la falta de ejecución personal e idoneidad del contratista, quien
delegó las tareas mecánicas en un tercero, la inexistencia de obligaciones
fiscales realmente prescritas y la ausencia absoluta de soportes documentales
que acreditaran la supervisión y el cumplimiento material del objeto contractual.
1.4. Sustento de la vulneración
El actor argumentó la afectación de sus garantías constitucionales a partir de los
siguientes yerros:
Defecto fáctico: por indebida valoración probatoria, en la medida en que la
demandada omitió el análisis de los medios de prueba que demostraron, de forma
objetiva, el ingreso de una suma superior a $1.000.000.000 a las cuentas del
municipio, así como la prestación material del servicio, elementos que
desvirtuaron la existencia del detrimento patrimonial.
3
ARTÍCULO 48. DE LOS EFECTOS DE LA NULIDAD. <Ver Notas del Editor> La declaración
de nulidad de un contrato de ejecución sucesiva no impedirá el reconocimiento y pago de las
prestaciones ejecutadas hasta el momento de la declaratoria.
Habrá lugar al reconocimiento y pago de las prestaciones ejecutadas del contrato nulo por objeto
o causa ilícita, cuando se probare que la entidad estatal se ha beneficiado y únicamente hasta el
monto del beneficio que ésta hubiere obtenido. Se entenderá que la entidad estatal se ha
beneficiado en cuanto las prestaciones cumplidas le hubieren servido para satisfacer un interés
público.
4
Fallo No. 001 del 29 de noviembre de 2018 No. SOIF-047-2017 y el auto No. 023 del 25 de
febrero de 2019 proferidos por la Subdirección Operativa de Investigaciones Fiscales.
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Falta de motivación: debido a que la providencia no expuso las razones fácticas
y jurídicas para inaplicar el artículo 48 de la Ley 80 de 1993. La autoridad se limitó
a la reiteración de la decisión de primera instancia y guardó silencio absoluto
frente a los alegatos que la parte actora formuló en el recurso de apelación.
Sobre dicho defecto indicó que omitió pronunciarse en concreto en : i) la razón
por la cual el contratista resultaba responsable del supuesto detrimento
patrimonial; ii) el motivo por el que dicho particular debía cubrir con sus ingresos
y patrimonio el dinero del que se benefició el municipio contratante; iii) los
fundamentos jurídicos para apartarse de los precedentes o de la doctrina
probable de esta corporación en relación con la inaplicación del artículo 48 de la
Ley 80 de 1993; y iv) la valoración del beneficio económico que obtuvo el ente
territorial al recibir en sus cuentas bancarias los dineros recaudados de los
nuevos contribuyentes.
Defecto sustantivo: por cuanto la autoridad judicial fundamentó la decisión en
normas no pertinentes al caso concreto, e incurrió en la omisión de la aplicación
de la norma especial y obligatoria para la resolución del asunto, a saber, el
artículo 48 de la Ley 80 de 1993.
Desconocimiento del precedente: puesto que la accionada ignoró reiteradas
sentencias del Consejo de Estado5 en las cuales se ordenó el reconocimiento y
el pago de las prestaciones que los particulares ejecutaron a favor de la
administración, incluso ante la configuración de nulidades contractuales, hasta el
monto del beneficio que obtuvo la entidad estatal, con el propósito de prevenir el
enriquecimiento sin causa.
Defecto procedimental: alegó un exceso ritual manifiesto que impidió una
interpretación amplia y flexible de los requisitos formales.
Violación directa de la Constitución: al desatender abiertamente los mandatos
consagrados en los artículos 4, 25, 29, 53, 83, 93, 228 y 230 de la Constitución
Política, así como las disposiciones contenidas en los tratados internacionales.
1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia
Mediante auto del 13 de febrero del 2026, la Sección Segunda, Subsección B del
Consejo de Estado admitió la acción de tutela, ordenó vincular las señoras Lina
María Domínguez Correa, Blanca Liliana Montoya Hernández, a la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca, al departamento del Valle del Cauca y al
Juzgado Séptimo Administrativo de Cali, en calidad de tercero con interés en las
resultas del proceso.
5
Sentencia de la Sección Tercera, radicado 25560 del 24 de noviembre de 2004. Sentencia de
la Sección Tercera, expediente 36.863 del 30 de octubre de 2013. Sentencia de la Subsección C,
Radicación 66784 del 10 de diciembre de 2021, y Sentencia de la Sección Tercera, Subsección
B, Expediente 68.749 del 19 de abril de 2023.
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De igual manera, se requirió al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y al
Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali para que remitieran,
en medio digital, el expediente con radicado núm. 76001-33-33-007-2019-00108-
01, acumulado con el proceso 76001-33-33-010-2019-00214-01.
1.6. Contestaciones
1.6.1. Gobernación del Valle del Cauca
El abogado adscrito al Departamento Administrativo de Jurídica, allegó informe
en el cual argumentó que carece de legitimación en la causa por pasiva para
responder por las pretensiones de la acción de tutela, debido a que las presuntas
vulneraciones a los derechos fundamentales, acaecieron en el marco del proceso
judicial que tramitó el tribunal.
Sostuvo que el amparo resultó improcedente, en la medida en que se dirigió
contra una providencia judicial sin el cumplimiento de los requisitos
excepcionales que la jurisprudencia constitucional exigió para tal efecto.
Asimismo, señaló que la parte actora incurrió en un error de interpretación y
pretendió, de manera exclusiva, la reapertura de debates procesales ya
superados en la jurisdicción ordinaria, con el propósito de utilizar el mecanismo
constitucional como una tercera instancia.
Con fundamento en lo anterior, solicitó la desvinculación definitiva del
Departamento del Valle del Cauca de la acción constitucional y la denegación de
las pretensiones formuladas en su contra. Adicionalmente, pretendió el
reconocimiento y la declaración formal de la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva, así como la declaración de oficio de cualquier otro medio
de defensa innominado que resultara probado a favor de la entidad
departamental durante el trámite del proceso.
1.6.2. Contraloría Departamental del Valle del Cauca
La jefe de la Oficina Jurídica de la Contraloría indicó que no vulneró ningún
derecho fundamental ni sustancial de la parte accionante.
Explicó que el actor suscribió un acuerdo de pago con la oficina de Jurisdicción
Coactiva en relación con el detrimento patrimonial causado, cuyo propósito
original consistió en el levantamiento de su nombre de la lista de inhabilidades y
del boletín fiscal. No obstante, el material probatorio demostró que el señor
Moreno Cardona incumplió las obligaciones pactadas en dicho documento,
circunstancia que motivó su reporte en el boletín fiscal y ante la Procuraduría
General de la Nación, lo que configuró la inhabilidad para contratar con el Estado.
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Por otra parte, la entidad territorial descartó la afectación a los derechos al
mínimo vital y al trabajo, en la medida en que el accionante ostentó las
profesiones de contador público y abogado, con una amplia experiencia que le
permite desempeñarse en el sector privado.
De igual forma, afirmó que la parte actora incurrió en una actuación temeraria,
comoquiera que interpuso al menos cuatro acciones de tutela previas por los
mismos hechos, con el propósito de anular las sentencias desfavorables dictadas
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Finalmente, solicitó la declaración de improcedencia de la acción constitucional y
su desvinculación del trámite procesal.
1.6.3. EL Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali 6 y el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca7 aportaron link de los expedientes
solicitados.
1.7. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 9 de marzo de 20268, la Sección Segunda, Subsección B
del Consejo de Estado negó el amparo por no encontrarse configurados los
defectos factico y sustantivo.
La corporación determinó en primer lugar la inexistencia del defecto fáctico
alegado, toda vez que, contrario a lo afirmado por el actor, el tribunal de instancia
sustentó su decisión en un análisis integral de los medios de prueba recaudados
en el proceso ordinario, los cuales incluyeron los contratos de prestación de
servicios, los informes de supervisión, las pruebas testimoniales y los hallazgos
consignados en la visita que practicó la Contraloría Departamental.
Aunado a ello, el tutelante omitió la carga procesal de especificar cuál medio
probatorio resultó valorado de forma arbitraria o irracional, y circunscribió su
argumentación a la manifestación de inconformidades generales.
En segundo lugar, constató la inexistencia del defecto sustantivo, de la falta de
motivación, así como la ausencia del desconocimiento del precedente judicial.
Precisó que el asunto de fondo versó sobre la legalidad de un proceso de
responsabilidad fiscal derivado de la gestión ineficiente de recursos públicos, y
no sobre una controversia puramente contractual, el reconocimiento de
honorarios o el ejercicio de una actio in rem verso. Por consiguiente, el artículo
48 de la Ley 80 de 1993, norma que regula las prestaciones en contratos
estatales afectados de nulidad, resultó inaplicable al caso concreto.
6
Índice 22 del aplicativo Samai.
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Índice 23 del aplicativo Samai.
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Notificada el 22 de abril de 2026. Índice 31 del aplicativo Samai.
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En igual sentido, indicó que las sentencias de unificación que citó el actor
correspondieron a juicios de responsabilidad contractual tramitados ante la
Sección Tercera de esta entidad, los cuales no guardan identidad fáctica ni
jurídica con las reglas aplicables al juicio de nulidad y restablecimiento del
derecho contra un fallo de responsabilidad fiscal.
1.8. Impugnación
Mediante escrito allegado el 27 de abril de 20269 la parte actora impugnó la
anterior decisión así:
En primer lugar, en lo relativo al desconocimiento del trabajo realizado y de su
remuneración, argumentó que, bajo el esquema de la declaratoria de un
detrimento patrimonial, la entidad de control absorbió la totalidad de los
honorarios pactados y dejó sin remuneración la labor que efectivamente realizó.
Señaló que, ante la hipótesis de un mayor valor cobrado, lo procedente desde la
perspectiva jurídica consistió en el adelantamiento de un incidente de regulación
de honorarios o en la búsqueda del equilibrio contractual, mas no en el despojo
absoluto de sus emolumentos.
Afirmó, además, que resultó jurídicamente inaceptable la aplicación de dicho
régimen de responsabilidad fiscal, toda vez que no ostentó la calidad de sujeto
calificado ni de generador directo del daño, por lo que apeló a la imposibilidad de
afectar sus derechos mediante el uso de normas de control fiscal en contravía
del principio de favorabilidad y de las disposiciones especiales de la contratación
estatal, específicamente el artículo 48 de la Ley 80 de 1993.
En segundo lugar, respecto al defecto fáctico por ausencia de valoración
probatoria, denunció que el tribunal ordinario incurrió en dicho vicio al ignorar los
medios de prueba que acreditaron los ingresos que efectivamente recibió el
municipio de La Cumbre a raíz de su gestión.
Aseguró que en el expediente ordinario obraron elementos de convicción que
demostraron recaudos superiores a los $1.000.000.000 por concepto de
impuestos municipales en mora y de contribuyentes evasores, así como la
omisión en el cálculo de los flujos económicos futuros que la entidad territorial
percibió con posterioridad debido a la implementación del sistema de cobro que
el contratista dejó en funcionamiento.
En tercer lugar, en lo concerniente a la vulneración del debido proceso y al exceso
de ritual manifiesto, atacó la conclusión del juez de tutela de primera instancia,
quien descartó la prosperidad de los yerros al argumentar que el actor incumplió
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Índice 33 de Samai.
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con el requisito de subsidiariedad al omitir la solicitud de adición y
complementación de la sentencia ordinaria.
Frente a este punto, el actor manifestó que la exigencia de dicho trámite
constituyó un exceso ritual que atentó contra el principio de legalidad, comoquiera
que el ordenamiento constitucional consagró la obligación de agotar los recursos
ordinarios o extraordinarios, pero no impuso el deber explícito de requerir la
adición o complementación de la providencia como requisito de procedibilidad
para acudir a la acción de tutela.
En cuarto lugar, sobre la omisión en la resolución de los cargos de la apelación,
adujo que la corporación judicial de instancia no abordó las censuras que él
formuló en el escrito de apelación y en los alegatos de conclusión, circunstancia
que vulneró el marco competencial que reguló el artículo 328 del Código General
del Proceso10.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia del 9 de marzo de 2026 proferida por la
Subsección B de la Sección Segunda de esta corporación, en atención a lo
consagrado por el Decreto 2591 de 199111, el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como por el artículo
25 del Acuerdo 080 de 201912, de la Sala Plena de esta corporación.
2.2. Cuestión previa
La Contraloría Departamental del Valle del Cauca pidió su desvinculación del
trámite procesal; solicitud que no fue resuelta por el a quo constitucional. Sobre
el particular, se advierte que dicha petición será denegada por cuanto esta
entidad fue vinculada como tercero con interés por ser la autoridad demandada
en el proceso ordinario, así que puede resultar afectada con cualquier decisión
que se adopte en el presente asunto.
10
ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de
la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las
nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.
11
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política.
12
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
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2.3. Problema jurídico
Corresponde a la sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el
fallo adoptado en primera instancia. Para ello, se analizará si la Sala de Oralidad
del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte actora con ocasión de la decisión proferida
el 3 de diciembre de 2025 por la cual resolvió confirmar la sentencia de primera
instancia del 2 de marzo de 2023 al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho de radicado 76001-33-33-007-2019-00108-01
[acumulado].
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de
encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201213, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales
derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
13
M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
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como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela 14; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en
el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
14
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 5
de junio de 2025, expediente 76001-23-33-000-2025-00141-01, MP. Omar Joaquín Barreto
Suárez. En esta decisión se recordó que excepcionalmente procede la tutela contra sentencias
de la misma naturaleza, ello con fundamento en la sentencia SU-627 de 2015, en la cual, la Corte
Constitucional consideró: «4.6. Unificación jurisprudencial respecto de la procedencia de la
acción de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela
anteriores o posteriores a la sentencia. // 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acción de
tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige
contra la sentencia proferida dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella. // 4.6.2.
Si la acción de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. //
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la
Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela. En este
evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la
Corte Constitucional. // 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o
tribunal de la República, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando
exista fraude y por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y
cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no comparta identidad procesal con la
solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia
corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situación».
[Negrilla con subrayado de la Sala].
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2.5. Requisito de procedibilidad adjetiva de subsidiariedad
En cuanto a la subsidiariedad, la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante
sentencia SU-297 de 2015, advierte lo siguiente:
«4.4.2. De igual manera, la Corte ha explicado que este presupuesto de
procedibilidad no sólo implica que el accionante identifique los yerros de la
autoridad judicial que dan origen a la vulneración, sino que también exige que las
mismas hayan sido puestas en conocimiento del juez en su debida oportunidad
de ser ello posible, puesto que, de conformidad con los artículos 86 de la Carta y
6º del Decreto 2591 de 1991, resulta necesario preservar el principio de
subsidiariedad que subyace a la acción de tutela.
En ese sentido, esta Corporación ha determinado que el recurso de amparo es
improcedente si quien ha tenido a su disposición instrumentos procesales de
defensa para hacer valer sus derechos, no los utiliza oportuna y adecuadamente,
acudiendo en su lugar a la acción constitucional, ya que las herramientas
instituidas por el legislador en los procesos ordinarios son también verdaderos
mecanismos de protección de las prerrogativas fundamentales, por lo que deben
usarse en su debido estadio procesal, para que en caso de no prosperar y
demostrarse que la autoridad judicial se negó injustificadamente a enmendar su
yerro, pueda prosperar el mecanismo subsidiario que ofrece el artículo 86
superior.»
2.6. Del requisito de relevancia constitucional
La Corte Constitucional en la sentencia SU 215 de 2022, en cuanto a la
procedencia de la acción constitucional de cara a este requisito, indicó:
40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del
juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para
determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto
tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política
o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales. (…) (Énfasis
de la Sala)
La sala en sentencia del 29 de septiembre de 202215, modificó la postura que
tenía hasta ese momento sobre el estudio del requisito de relevancia
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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constitucional, en especial, en aquellos casos en los cuales se hace evidente que
los temas se limitan a aspectos de índole legal o económico, sin que se pueda
advertir la necesidad de desarrollar un estudio de fondo sobre una posible
vulneración de una garantía constitucional.
De esta manera, la sala planteó que el estudio de la relevancia constitucional
debía estar acompasado con los criterios establecidos por la Corte Constitucional
y acogidos por esta corporación, que en concreto se refieren a:
i) Que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que simplemente se aduzca la vulneración de
aquellos;
ii) Que la acción de amparo no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo solo está instituido para proteger derechos fundamentales y no para
discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por ende,
no debe ser un debate exclusivamente legal; y
iii) Que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible de
un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias corresponde
definirlas a los jueces ordinarios y el mecanismo constitucional no puede
convertirse en una tercera instancia.
Finalmente, se precisa que la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales expedidas por una alta corte debe ser examinada con
especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia
atacada se presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental
producto de una actuación arbitraria.
Así, este requisito no se traduce en la demostración efectiva de la vulneración de
los derechos fundamentales, sino en que se aporten elementos suficientes que
permitan advertir tal situación a primera vista, especialmente cuando se ejerce
este mecanismo constitucional contra una sentencia de un órgano de cierre16.
Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.
2.7. Caso concreto
2.7.1. La configuración de la temeridad
Se advierte que dentro del informe allegado la entidad afirmó que la parte actora
incurrió en una actuación temeraria como quiera que interpuso las siguientes
acciones constitucionales: i) Contra el Juzgado Séptimo Administrativo del
16
Corte Constitucional. Sentencia SU-215 de 2022.
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Circuito Judicial de Cali (Rad. 76001-23-33-000-2020-01042-00), (ii) Contra la
Contraloría Departamental del Valle (Rad. 2021-00036-00) y, (iii) Contra la
Contraloría Departamental por cobro coactivo (Rad. 2024-00161, Juzgado 30
Penal de Bogotá).
El fenómeno de la temeridad en acciones de tutela se encuentra regulado en el
artículo 38 del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual establece:
ARTÍCULO 38. ACTUACIÓN TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.
El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto
de los mismos hechos y derechos será sancionado con la suspensión de la tarjeta
profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se cancelará su tarjeta
profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.
En desarrollo a esto, la Corte Constitucional ha condensado el marco
jurisprudencial que regula la materia, para lo cual dispuso lo siguiente:
Sobre el ejercicio temerario de la acción de tutela, esta Corporación, en reiterada
jurisprudencia ha desarrollado los aspectos a tener en cuenta para abordar su
posible configuración. Entre ellos, ha sostenido que deben analizarse los
siguientes: 1. Que se presente una identidad de procesos, esto es, que las
acciones de tutela presentadas de manera simultánea o sucesiva tengan una triple
identidad, a saber, se trata de las mismas partes, se plantean los mismos hechos
y la misma solicitud. 2. Que el caso no sea uno de aquellos considerados como
excepcionales que no constituyen una actuación temeraria, de acuerdo con lo
señalado explícitamente por la ley o la jurisprudencia. 3. Que en caso de
presentarse una solicitud de tutela que pretenda ser diferente a una anterior con la
que guarda identidad (a partir de un desarrollo argumentativo diferente) el juez
constitucional acredite que, en realidad, los dos procesos tienen las mismas partes,
se sustentan en las mismas razones y solicitud.
De esta manera, el Alto Tribunal fue claro en señalar que el juez constitucional
deberá analizar si existe una triple identidad entre las acciones de tutela
presentadas de manera simultánea o sucesiva, teniendo en cuenta los siguientes
criterios: (i) Identidad de parte: esto es, que las acciones de tutela se hayan
presentado por la misma persona natural o jurídica o a través de su apoderado o
representantes y se dirija contra el mismo demandado; (ii) Identidad de causa
petendi: es decir, que el ejercicio repetido de la acción de tutela se fundamente
en los mismos hechos que le sirven de sustento. (iii) Identidad de objeto: en
otras palabras, que las demandas persigan la satisfacción de la misma pretensión
o invoquen la protección de los mismos derechos fundamentales.
En consecuencia, lo primero que resulta necesario verificar es si el actor actuó
de forma temeraria, para lo cual se compararán las tres acciones:
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Tutela: 76001-23-33-000- Tutela: 2021-00036-00 Tutela: 2024-00161
2020-01042-00
Conoció: Tribunal Conoció: Juzgado Primero Conoció: Juzgado Treinta
Administrativo del Valle del Civil de Ejecución de Penal del Circuito de
Cauca. Sentencias de Cali. Conocimiento de Bogotá.
Identidad de partes Identidad de partes Identidad de partes
Actor: Harold Hernán Moreno Actor: Harold Hernán Moreno Actor: Harold Hernán Moreno
Cardona. Accionado: Cardona. Cardona
Juzgado Séptimo Accionado: Contraloría Accionado: Contraloría
Administrativo del Circuito Departamental. Departamental del Valle.
Judicial de Cali.
Identidad de causa petendi Identidad de causa petendi Identidad de causa petendi
Declaratoria de Inaplicabilidad del fallo fiscal. Protección al trabajo y debido
responsabilidad fiscal y sus proceso.
efectos, y el amparo de sus
derechos fundamentales al
trabajo y al debido proceso.
Identidad de objeto Identidad de objeto Identidad de objeto
Pretende la nulidad del fallo Busca la inaplicabilidad del Procura frenar el cobro
fiscal y la protección de los fallo fiscal y protección de coactivo derivado del mismo
derechos fundamentales al derechos fundamentales. fallo fiscal, alegando
debido proceso y al trabajo. vulneración al trabajo y
debido proceso.
Según lo expuesto, se evidencia que entre las acciones de tutela referidas no
existe la triple identidad exigida para que se declare la temeridad en el caso
concreto. En primer lugar, no hay identidad de partes en la totalidad de las
demandas, puesto que en el primer trámite la autoridad accionada es el Juzgado
Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Cali, a diferencia de los otros dos
procesos que se dirigen contra la Contraloría Departamental del Valle del Cauca.
En segundo lugar, si bien existe coincidencia respecto del objeto y de la causa,
en la medida en que los tres amparos buscan la inaplicación del fallo de
responsabilidad fiscal y la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso y al trabajo, el hecho de que existan distintos extremos pasivos impide
la estructuración de una actuación temeraria.
Ahora bien, en el caso que ocupa se tiene que el accionante alegó la
configuración de un defecto fáctico derivado de una valoración probatoria
arbitraria, en la medida en que la autoridad judicial demandada omitió el análisis
de los ingresos que percibió el municipio y la prestación real del servicio.
2.7.2. Examen de los defectos contra la decisión cuestionada
Asimismo, argumentó la falta de motivación del fallo censurado debido a que se
limitó a reiterar lo resuelto en la primera instancia y guardó silencio sobre las
razones jurídicas contenidas en el recurso de apelación y en los alegatos
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consistentes en que se debía aplicar el artículo 48 de la Ley 80 de 1993 para
resolver el caso concreto en el proceso ordinario.
Adicionalmente, invocó un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto,
vicio que, a su juicio, obstaculizó una interpretación amplia, flexible y material de
los derechos en juego. Por otra parte, imputó el desconocimiento del precedente
y de la doctrina probable, toda vez que las autoridades de instancia ignoraron la
jurisprudencia unificada del Consejo de Estado17 que ordenó el reconocimiento
de las prestaciones ejecutadas aún en los casos en que el contrato estatal se
declare nulo, con el propósito de prevenir el enriquecimiento sin causa de la
administración y el empobrecimiento del contratista.
El recurrente adujo que la declaratoria de detrimento lo despojó de la totalidad de
sus honorarios sin el agotamiento de mecanismos idóneos, tales como el
incidente de regulación de honorarios, en consecuencia la autoridad omitió
aplicar el principio de favorabilidad y las normas de contratación estatal de la Ley
80 de 1993.
Finalmente, el actor fundó su censura en una violación directa de la Constitución
Política, la cual se estructuró al desatender el principio de favorabilidad laboral y
el derecho al de debido proceso.
Por su lado el a quo constitucional negó la acción de tutela debido a la
inexistencia de los defectos alegados. En primer lugar, la Sala de primer grado
determinó que el tribunal de origen sustentó su fallo en una valoración racional
de las pruebas del proceso ordinario, tales como contratos, informes de
supervisión, testimonios y hallazgos fiscales, al tiempo que el actor omitió
individualizar la supuesta arbitrariedad probatoria.
En segundo lugar, dicha corporación descartó la configuración de un defecto
sustantivo o el desconocimiento del precedente, toda vez que el asunto debatió
la legalidad de un proceso de responsabilidad fiscal por gestión ineficiente de
recursos públicos, escenario que tornó inaplicable el artículo 48 de la Ley 80 de
1993 y la jurisprudencia de la Sección Tercera sobre controversias contractuales
o del recurso de laudo arbitral, o enriquecimiento sin justa causa.
Asimismo, el actor impugno y sustentó su inconformidad en la configuración de
tres defectos específicos: (i) un defecto fáctico derivado de la omisión probatoria
del tribunal, corporación que no valoró los ingresos superiores a los mil millones
de pesos que su gestión generó para el municipio de La Cumbre; (ii) un defecto
por falta de motivación, ante la falta de resolución de algunos de los cargos
expuestos en el recurso de apelación; y (iii), un defecto por exceso ritual
17
Sentencia de la Sección Tercera, radicado 25560 del 24 de noviembre de 2004. Sentencia de
la Sección Tercera, expediente 36.863 del 30 de octubre de 2013. Sentencia de la Subsección C,
Radicación 66784 del 10 de diciembre de 2021, y Sentencia de la Sección Tercera, Subsección
B, Expediente 68.749 del 19 de abril de 2023.
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manifiesto, debido al rechazo inicial de la acción por no satisfacer la exigencia de
subsidiariedad, lo cual calificó como una carga desproporcionada que atentó
contra el principio de legalidad al requerir el agotamiento de recursos de adición
y complementación.
La sala observa que, en cuanto al argumento de falta de motivación de la
sentencia enjuiciada la tutela no supera el requisito de procedibilidad de la
subsidiariedad, por cuanto el actor debe agotar todos y cada uno de los
mecanismos previstos en la ley para cuestionar lo que por vía de tutela pretende,
en este caso, que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resuelva los
cargos formulados en su totalidad, pues, a su parecer, la decisión de instancia
guardó silencio frente a lo alegado en el recurso de apelación.
Cabe advertir que, frente a este alegato, el recurrente tenía a su disposición la
solicitud de adición consagrada en el artículo 287 del Código General del
Proceso, el cual establece:
«ARTÍCULO 287. ADICIÓN. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera
de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la
ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de
sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte
presentada en la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior
siempre que la parte perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de
resolver la demanda de reconvención o la de un proceso acumulado, le devolverá
el expediente para que dicte sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria,
o a solicitud de parte presentada en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la
complementación podrá recurrirse también la providencia principal».
Ahora bien y como se estableció en líneas anteriores, la determinación de la
relevancia constitucional de un asunto requiere una justificación razonable sobre
la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un derecho
fundamental, por lo que resulta insuficiente la simple indicación de su
cumplimiento o la mera relación con aquel18.
Al respecto, esta corporación reitera que dicho presupuesto general persigue tres
finalidades específicas: (i) la preservación de la competencia y de la
independencia de los jueces de las diferentes jurisdicciones , con el propósito de
evitar el uso de la acción de tutela en la discusión de asuntos de mera legalidad;
19 (ii) la restricción del mecanismo constitucional a cuestiones de trascendencia
18
Sentencia SU 573 de 2019.
19
“Sentencia C-590 de 2005.”
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que afecten de forma directa las garantías fundamentales y, (iii) la producción de
un límite que impida la conversión de la acción de tutela en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales20.
Por lo expuesto, la sala considera que frente a los demás cargos alegados, la
solicitud de amparo no cumple con los presupuestos que sirven de criterio para
determinar la relevancia constitucional del asunto, tal como se indica a
continuación.
Frente al defecto fáctico invocado, esta sala advierte que el cargo carece de
relevancia constitucional. Del estudio de la solicitud se establece que el actor
argumenta la configuración del yerro en una valoración arbitraria que omitió el
análisis de los ingresos percibidos por el municipio y la prestación real del
servicio; al respecto, la corporación aclara que el tribunal resolvió dicho reproche
de la siguiente manera:
«182. Del material probatorio recaudado por la Contraloría del Departamento del
Valle del Cauca se encuentra plenamente demostrado que los contratos CPS
031—2016 y CPS 008—2017, suscritos entre el municipio de La Cumbre y el
señor Harold Hernán Moreno Cardona, establecieron una modalidad de pago
equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del recaudo efectivo del impuesto
predial, industria y comercio y obligaciones tributarias afines. Ese mecanismo de
remuneración se pactó bajo la modalidad de cuota litis, pese a que el objeto
contractual no correspondía al ejercicio de una actividad litigiosa, sino a labores
de apoyo administrativo y secretarial para la Secretaría de
Hacienda Municipal de La Cumbre.
183. Estas condiciones no solo se desprenden de la literalidad de los contratos,
sino de los informes de supervisión expedidos por la secretaria de Hacienda Lina
María Domínguez Correa, y de las declaraciones rendidas por Jacqueline
Hurtado Ortiz, quien afirmó que fue ella, y no el contratista, quien ejecutó la
mayoría de las funciones: transcripción de documentos, elaboración de
citaciones, apoyo en notificaciones, revisión de expedientes tributarios,
preparación de actos de emplazamiento y tramitación de recursos. Esas
actividades se realizaron de manera mecánica y permanente en las instalaciones
de la administración municipal, revelando que la prestación efectivamente
ejecutada no coincidía con las labores especializadas o profesionales que
justificarían el contrato de prestación de servicios ni, mucho menos, la
remuneración del 30% del recaudo.».
Por lo expuesto, esta sala encuentra que, frente al defecto fáctico invocado, no
se supera el requisito de relevancia constitucional, toda vez que el reproche no
exhibe la configuración de la anomalía alegada por la parte actora.
En relación con el defecto sustantivo, esta Sala precisa que el debate planteado
por el actor se centra en la legalidad de un fallo de responsabilidad fiscal y no en
20
“Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
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una controversia contractual. Bajo esa premisa, determinar si la remuneración
bajo la modalidad de «cuota litis» contradice los principios de la contratación
pública previstos en la Ley 80 de 1993, así como las subreglas jurisprudenciales
sobre el enriquecimiento sin causa, es un asunto sobre el cual el ad quem indicó:
«189. Resulta igualmente demostrado que la modalidad de pago pactada generó
efectos desproporcionados y desalineados con los principios del Estatuto de
Contratación Estatal. La remuneración bajo cuota litis contradice los principios de
economía, responsabilidad y proporcionalidad previstos en los artículos 25 y 26
de la Ley 80 de 1993. La entidad asumió un costo excesivo, pues los pagos
ascendieron a más de doscientos millones de pesos ($ 212.708.716), suma que
no guarda relación con la naturaleza de las actividades efectivamente ejecutadas
y que produjo un detrimento patrimonial acreditado en los fallos fiscales
[…]
199. En el presente asunto se discute la legalidad del proceso de responsabilidad
fiscal adelantado por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, órgano
que actuó dentro de la órbita de sus competencias constitucionales y legales,
conforme a la Ley 610 de 2000. En esa medida, no resulta jurídicamente exigible
que la administración hubiese instaurado una actio in rem verso antes de que la
Contraloría Departamental del Valle del Cauca adoptara las decisiones de control
fiscal.
200. Además, los pagos cuestionados no constituyen un «empobrecimiento del
contratista» ni un «beneficio injustificado» a favor del municipio de La Cumbre,
como lo pretende el apelante, sino la ejecución irregular de un contrato estatal
cuya remuneración fue desproporcionada y carente de justificación en relación
con las actividades efectivamente realizadas, circunstancia acreditada con
suficiencia en el proceso fiscal. Pretender reconducir esta situación a una actio in
rem verso no solo desconoce la naturaleza jurídica de lo que aquí se discute, sino
que pretende dejar de lado el régimen de responsabilidad».
Aunado a lo anterior, el recurrente sostuvo que la providencia judicial cuestionada
incurrió en un desconocimiento del precedente, bajo el argumento de que el
tribunal ordinario acusado desatendió las decisiones dictadas por el Consejo de
Estado. No obstante, el actor omitió identificar la regla o subregla jurídica
contenida en tales pronunciamientos y, por ende, incumplió la carga
argumentativa necesaria para el análisis de dicho vicio.
En consecuencia, la Sala considera que la simple enunciación de los fallos
presuntamente desatendidos resulta insuficiente, toda vez que el accionante
debió concretar la regla de derecho pretermitida y demostrar su perfecta identidad
formal frente a los supuestos del caso particular; asimismo, el actor omitió
sustentar que este reparo trascendía a un debate desde la perspectiva
iusfundamental.
Bajo esa misma línea, no pasa desapercibido para esta Corporación que el
demandante invoca, además, la violación directa de la Constitución y el defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto. Sin embargo, toda vez que estos
yerros se encuentran intrínsecamente ligados a los demás cargos de la demanda,
es evidente que la solicitud de amparo se reduce a una simple inconformidad con
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Demandante: Harold Hernán Moreno Cardona
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Oralidad
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07867-01
lo resuelto por el juez de instancia en un debate jurídico plenamente superado.
En ese orden, esta sala colige que la pretensión de la parte accionante persigue
el desplazamiento de la competencia del juez natural con el propósito de obtener
una nueva valoración integral del debate surtido en el proceso ordinario.
Los planteamientos carecen de relevancia constitucional, comoquiera que con
estos se pretende insistir indefinidamente en una controversia estrictamente legal
que desnaturaliza el carácter subsidiario de la acción de tutela y recae sobre
aspectos que, tal como se desprende del recuento procesal, ya cuentan con una
resolución definitiva por parte de la autoridad judicial demandada.
En tal sentido, la sala reitera que la acción de tutela contra providencias judiciales
no constituye una instancia adicional para la reapertura de debates resueltos por
la jurisdicción competente. Por el contrario, se erige como un mecanismo
excepcional cuya finalidad radica en la corrección de decisiones que vulneran de
forma manifiesta los derechos fundamentales; presupuesto que no se configura
en esta oportunidad.
Bajo esa premisa, la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, toda
vez que el escrito no acredita la transgresión alegada. El actor omite un ejercicio
explicativo, jurídico y lógico que permita establecer una vulneración de sus
prerrogativas superiores con ocasión de la expedición de la sentencia
cuestionada.
Así las cosas, esta sección concluye que no se satisfacen los criterios
establecidos por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 2022 para
superar el requisito de relevancia constitucional. Lo anterior, por cuanto la acción
impetrada refleja únicamente una inconformidad subjetiva con lo decidido por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Oralidad.
En consecuencia, esta Sala revocará la sentencia del 9 de marzo de 2026,
mediante la cual se negó la solicitud de tutela por no encontrarse configurados
los defectos fáctico y sustantivo. En su lugar, declarará la improcedencia de la
acción, toda vez que no se supera el presupuesto de subsidiariedad en lo que
respecta al cargo de falta de motivación, ni el de relevancia constitucional en lo
relativo a los defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente
procedimental y exceso ritual manifiesto.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
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Demandante: Harold Hernán Moreno Cardona
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Oralidad
Radicado: 11001-03-15-000-2025-07867-01
FALLA
PRIMERO: Negar la solicitud de desvinculación presentada por la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca.
SEGUNDO: Revocar la sentencia del 9 de marzo de 2026 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual se negó
la acción de tutela que presentó el señor Harold Hernán Moreno Cardona contra
la Sala de Oralidad del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, y en su lugar
declarará la improcedencia de la acción por no superar los requisitos de
subsidiariedad y relevancia constitucional por las razones expuestas en esta
providencia.
TERCERO: Notificar a las partes y a los terceros en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y enviar copia de esta al despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Aclaración de voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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