Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 44001-23-31-000-2009-00135-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 44001-23-31-000-2009-00135-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 44001-23-31-000-2009-00135-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 440012331000 2009 00135 01
Demandante: TRANSPORTE CARVAJAL INTERNACIONAL Y CIA LTDA.
Demandado: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – UAE DIAN
Asunto: Tránsito aduanero internacional. Tránsito aduanero comunitario.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida en primera instancia, el 1.° de agosto de 2012, por el Tribunal
Administrativo de La Guajira.
La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La demanda
1. Transporte Carvajal Internacional y Cía. Ltda.1, en adelante la parte
demandante, presentó demanda contra la Nación, representada por la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas nacionales -UAE DIAN,
en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero
de 19842, en adelante, Código Contencioso Administrativo.
1 Mediante apoderado. Cfr. Samai. Índice 00036. EXPEDIENTE DIGITAL: Cuaderno Consejo de Estado 1.
Folios 88 a 116.
2 “[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.
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Núm. único de radicación: 440012331000 2009 00135 01
Demandante: TRANSPORTE CARVAJAL INTERNACIONAL Y CIA. LTDA.
Pretensiones
2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] I. DECLARACIONES:
Primera. Se declare que son nulos los siguientes actos administrativos, y el
consecuente restablecimiento a favor de mi representada de los derechos por ellos
vulnerados:
• Resolución No. 39-070-CODIGO 0636 No. 0082 de fecha 5 de septiembre de
2008 suscrita por RAUL HERNAN OROZCO ARMENTA, en su calidad de Jefe
División de Fiscalización Aduanera (A) de la Administración Local de Aduanas
Nacionales de Maicao, mediante la cual se ordenó el decomiso a favor de la
Nación de la mercancía aprehendida mediante el acta No. 0143FIS DEL 09-04-
2008, relacionada en el DIIAM No. 3939201056 de fecha 29 de marzo de 2008,
valorada en la suma de cuatrocientos veinticinco millones seiscientos sesenta y
seis mil ciento cuarenta y ocho pesos m/cte ($425.666.148=) y de la Resolución
No. 1-39-201-601-2008-0004 de fecha 23 de Diciembre de 2008, suscrita por MY
JOSE REINEL RAMIREZ SOTO en su calidad de Director Seccional de
Impuestos y Aduanas de Maicao, mediante la cual se confirma el anterior acto
administrativo, proferidas dentro del expediente administrativo No. DM2008-
2008-0143 tramitado en la Administración Local de Aduanas de Maicao, hoy
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao, agotando con esta la
vía gubernativa.
• Resolución No. 39-070-CODIGO 0636 No. 0083 de fecha 5 de septiembre
de 2008 suscrita por RAUL HERNAN OROZCO ARMENTA, en su calidad de Jefe
División de Fiscalización Aduanera (A)de la Administración Local de Aduanas
Nacionales de Maicao, mediante la cual se ordenó el decomiso a favor de la
Nación de la mercancía aprehendida con el ACTA No. 0144 FIS DEL 09-04-2008,
relacionada en el DIIAM No. 3939201057 de fecha 29 de marzo de 2008,
valorada en la suma de cuatrocientos dieciséis millones sesenta y ocho mil ciento
setenta y seis pesos m/cte ($416,068.176=M/CTE) y de la Resolución No. 1-39-
201-601-2008-0005 de fecha 23 de Diciembre de 2005 (2008), suscrita por MY
JOSE REINEL RAMIREZ SOTO en su calidad de Director Seccional de
Impuestos y Aduanas de Maicao, mediante la cual se confirma el anterior acto
administrativo, proferidas dentro del expediente administrativo No. DM2008-
2008-0144 tramitado en la Administración Local de Aduanas de Maicao, hoy
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao, agotando con esta la
vía gubernativa.
• Resolución No. 39-070-CODIGO 0636 No. 0080 de fecha 29 de Agosto de
2008 suscrita por RAUL HERNAN OROZCO ARMENTA, en su calidad de Jefe
División de Fiscalización Aduanera (A) de la Administración Local de Aduanas
Nacionales de Maicao, mediante la cual se ordenó el decomiso a favor de la
Nación de la mercancía aprehendida con el acta No. 0145 FIS del 07-04-2008,
relacionada en el DIIAM No. 3939201058 de fecha 29 de marzo de 2008,
valorada en la suma de cuatrocientos veinte millones novecientos sesenta mil
novecientos noventa y seis pesos m/cte (5420.960.996-) y de la Resolución No.
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Núm. único de radicación: 440012331000 2009 00135 01
Demandante: TRANSPORTE CARVAJAL INTERNACIONAL Y CIA. LTDA.
1-39-201-601-2008-0006 de fecha 23 de Diciembre de 2008, suscrita por MY
JOSE REINEL RAMIREZ SOTO en su calidad de Director Seccional de
Impuestos y Aduanas de Maicao, mediante la cual se confirma el anterior acto
administrativo, proferidas dentro del expediente administrativo No. DM2008-
2008-0145 tramitado en la Administración Local de Aduanas de Maicao, hoy
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao, agotando con esta la
vía gubernativa.
Segunda.- Se declare que es legal la permanencia dentro del territorio nacional de la
totalidad de mercancías que las resoluciones por esta demandadas, ordenan
decomisar a favor de Nación- Unidad Administrativa Especial, Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, por haber ingresado a Colombia
lícitamente, por zona primaria aduanera, por el Puerto de Cartagena, en tránsito
internacional con destino a la República Bolivariana de Venezuela, esto es por lugar
habilitado, cumpliendo todos los requisitos y formalidades legales, estatuidos en
nuestra legislación, estar debidamente declarados en sus documentos de transporte,
haber sido presentadas a la autoridad aduanera al momento de su llegada al territorio
nacional, haberse peticionado oportunamente, con el cumplimiento total de las
formalidades legales y requisitos exigidos por la Ley y obtenido por parte de la
entonces Administración de Aduanas de Cartagena (hoy Dirección Seccional),
autorización para su tránsito internacional, por el territorio nacional de esta ciudad con
destino final en Colombia el puente Internacional de Paraguachón (Guajira),
jurisdicción de la entonces Administración de Aduanas de Maicao (aduana de destino)
para su paso a la República de Venezuela, en cumplimiento del cual, mi representada
dentro del término concedido, trasladó en vehículos, contenedores precintados y ruta
autorizada hasta las dependencias competentes de la DIAN de Maicao, donde
presentó estos cargamentos para que se constara el estricto cumplimiento a la
legislación aduanera colombiana, se cerrara esta operación de tránsito internacional,
se permitiera, y formalizara su salida a su destino final, la República Bolivariana de
Venezuela, momento en que fueron aprehendidos arbitrariamente por funcionarios de
la DIAN, de Maicao y decomisados por los actos por la presente demandados.
Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento del
derecho y de reparación de los daños y perjuicios causados se decreten las
siguientes:
II. CONDENAS
Primera.- Se ordene a la Nación Unidad Administrativa Especial, Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y/o Administración de Aduanas
Nacionales de Maicao, hoy Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de
Maicao, o dependencia competente, respecto a estos cargamentos aprehendidos
y decomisados, realizar a favor de mi representada, el cierre o terminación de la
operación de tránsito internacional a que estaban sometidos y autorizados por la
entonces Administración de Aduanas de Cartagena (hoy Dirección Seccional de
Aduanas; y se permita y se formalice aduanera y materialmente su salida a su destino
final, la República Bolivariana de Venezuela.
Segunda.- Se ordene a la Nación - Unidad Administrativa Especial, Dirección de
impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y/o Administración de Aduanas
Nacionales de Maicao, hoy Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de
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Demandante: TRANSPORTE CARVAJAL INTERNACIONAL Y CIA. LTDA.
Maicao o dependencia competente, el pago de bodegajes, en general de todo gasto
o perjuicio originado en la inmovilización, aprehensión y decomiso de la mercancía,
desde el momento de su generación, hasta su pago real y material a cualquier tercero
que haya resultado perjudicado en razón de los hechos materia de investigación y
procesos dentro de los cuales expidieron los actos administrativos por estos
demandados.
Tercera.- Que en el evento en que la Nación - Unidad Administrativa Especial,
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y/o Administración de
Aduanas Nacionales de Maicao, hoy Dirección Seccional de Impuestos y
Aduanas de Maicao o dependencia competente, haya enajenado a cualquier título,
donado, perdido o averiado las mercancías aprehendidas y decomisadas mediante
los actos administrativos por esta demandados, se ordene el pago de las mismas en
efectivo en moneda legal colombiana, a favor de mi representada en su calidad de
tenedora, responsable de la mercancía al momento de la aprehensión, perjudicada y
demandante, su valor comercial, o el fijado por la entidad demandada en los actos
administrativos por la presente demandados, esto es: cuatrocientos veinticinco
millones seiscientos sesenta y seis mil ciento cuarenta y ocho pesos m/cte.
($425.666.148m/cte.), cuatrocientos dieciséis millones sesenta y ocho mil ciento
setenta y seis pesos m/cte. ($416.068.176=m/cte.) y cuatrocientos veinte millones
novecientos sesenta y nueve mil novecientos noventa y seis pesos m/cte.
($420.969.996=m/cte.) o el valor que resulte probado dentro del trámite del
correspondiente proceso.
Cuarta.- A título de lucro cesante se liquiden, reconozcan y se ordene el pago de los
intereses corrientes vigentes conforme lo establece el artículo 1617 del Código Civil,
sobre las anteriores sumas de dinero, o sobre las que resulten probadas, a devolver
a mi representada, hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia y/o el día en que se
efectúe realmente su pago.
Quinta.- Que se condene a la demandada a pagar a mi representada, los perjuicios
adicionales por lucro cesante y daño emergente y de cualquier tipo que resulten
probados dentro del proceso y los que legal y jurisprudencialmente se presuman.
Sexta.- Que se ordene a la parte demandada el cumplimiento de la sentencia en los
términos de los artículos 176 y 177 del CCA.
Séptima.- Que se ordene a la demandada pagar a la demandante los gastos y costas
de este proceso, incluyendo los honorarios de abogado que se causen [...]".
Presupuestos fácticos
3. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:
3.1. La parte demandante ingresó al Puerto Aduanero del Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias, el 18 de marzo de 2008, mercancías consistentes
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Demandante: TRANSPORTE CARVAJAL INTERNACIONAL Y CIA. LTDA.
en “[…] sábanas dobles y sábanas sencillas […]”, provenientes, por vía marítima,
de la República de Panamá.
3.2. La Administración de Aduanas Nacionales de Cartagena de Indias autorizó,
a la parte demandante, el tránsito aduanero internacional, por carretera, de las
mencionadas mercancías, con destino final a la República Bolivariana de
Venezuela.
3.3. La demandante transportó dichas mercancías hasta la Administración de
Aduanas Nacionales de Maicao: el transporte fue terrestre; ocurrió en el término
concedido y por la ruta autorizada para su tránsito aduanero internacional; se realizó
en el vehículo y contendor autorizados, éste último con el precintado
correspondiente.
3.4. La Administración de Aduanas de Maicao realizó la aprehensión de las
mercancías, mediante las Actas de Aprehensión núms. 0143FIS, 0144FIS y
0145FIS, con fundamento en las causales previstas en los numerales 1.4 y 3.4 del
artículo 502 del Decreto 2685 de 28 de diciembre de 19993, que corresponden a: i)
el ingreso de mercancías por lugares no habilitados por la UAE DIAN; y ii) las
mercancías hubieren obtenido la autorización del régimen de tránsito aduanero, a
pesar de estar sometidas a las restricciones de que trata el artículo 358 4 de esa
misma norma.
3.5. La parte demandante presentó escrito de objeción a las actas de aprehensión
referidas supra y se opuso al decomiso, las alegaciones se hicieron consistir en que:
i) las mercancías inspeccionadas y aprehendidas ingresaron a Colombia en tránsito
aduanero internacional, con destino a Venezuela, modalidad a la que se le aplican
3 Cfr. “[…] “Por el cual se modifica la Legislación Aduanera […]”.
4 Cfr. “[…] Restricciones a la modalidad de tránsito aduanero. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
podrá prohibir o restringir el régimen de tránsito aduanero de mercancías, por razones de seguridad pública,
sanitaria, zoosanitaria, fitosanitaria o ambiental, de acuerdo con solicitud que le formulen las autoridades
competentes o cuando por razones propias de control lo considere conveniente. // No podrán autorizarse
tránsitos aduaneros de armas, explosivos, productos precursores para la fabricación de estupefacientes, drogas
o estupefacientes no autorizados por el Ministerio de Salud, residuos nucleares o desechos tóxicos y demás
mercancías sobre las cuales exista restricción legal o administrativa para realizar este tipo de operaciones. //
No se autorizará la modalidad de tránsito de una Zona de Régimen Aduanero Especial al resto del territorio
aduanero nacional, o a una Zona Franca, o de esta hacia una Zona de Régimen Aduanero Especial, salvo que
en este último caso, el declarante sea un Usuario Industrial de Zona Franca. // Adicionalmente, no se autorizará
la modalidad de tránsito aduanero para mercancías que sean movilizadas en medios de transporte o contenidas
en unidades de carga que no puedan ser precintados o sellados en forma tal que se asegure su inviolabilidad,
salvo que se adopten las medidas de que trata el parágrafo del artículo 364º del presente
Decreto. PARÁGRAFO. La autoridad aduanera con fundamento en criterios basados en técnicas de gestión de
riesgo y razones propias del control, podrá determinar la no autorización del tránsito aduanero solicitado […]”.
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las normas de tránsito internacional comunitario, y no las normas de tránsito
aduanero nacional; ii) la autoridad aduanera de Cartagena autorizó el tránsito
internacional de las mercancías, por encontrarse la documentación en regla; iii) el
tránsito aduanero de las mercancías se realizó desde Cartagena hasta Maicao, en
el vehículo y ruta autorizada, dentro del término fijado por la Administración de
Aduanas de Cartagena, con el container debidamente precitado; iv) no se notificó a
la parte demandante para que asistiera a la inspección de la mercancía, pese a que
la UAE DIAN cuenta con todos los datos correspondientes, puesto que se trata de
un usuario aduanero autorizado y registrado ante dicha autoridad.
3.6. El Jefe de la División de Fiscalización de la Administración de Aduanas de
Maicao de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales -en adelante UAE DIAN-, mediante las Resoluciones núms. 39 070 0636
0080 de 29 de agosto de 2008 y 39 070 0636 0082 y 39 070 de 5 de septiembre de
2008, ordenó el decomiso de las mercancías aprehendidas.
3.7. La parte demandante interpuso recurso de reconsideración contra las
resoluciones indicadas supra.
3.8. La Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao de la UAE DIAN,
mediante las Resoluciones núms. 1-39-201-601 2008-0004, 1-39-201-601 2008-
0005 y 1-39-201 2008-0006 de 23 de diciembre de 2008, expedidas dentro de los
procedimientos administrativos DM2008-2008-0143, DM2008-2008-0144 y
DM2008-2008-0145, respectivamente, resolvió los recursos de reconsideración,
confirmando las resoluciones de decomiso de las mercancías.
Normas violadas y concepto de violación
4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:
• Artículos 1.°, 2.°, 4.°, 6.°, 13, 23, 29, 58, 83 y 209 de la Constitución Política.
• Artículos 5.° y 9.° del Código Contencioso Administrativo.
• Artículos 1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 353, 356, 358, 370, 476, 502 numerales 1.2 y 3.4,
505 numeral 1.°, 506, 511, 512, 515, 516, 517, 518, 519 у 563 del Decreto
2685 de 19995.
5 Cfr. “[…] “Por el cual se modifica la Legislación Aduanera […]”.
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• Resolución núm. 7373 de 22 de junio de 20076, expedida por la UAE DIAN.
• Artículos 39, 365 y 522 de la Resolución núm. 4240 de 2000, expedida por la
UAE DIAN.
• Decisiones núms. 477 de 8 de junio de 20007; 399 de 17 de enero de 19978 y
617 de 15 de julio de 20059 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Concepto de violación
5. La parte demandante formuló el cargo de violación de normas superiores y
explicó su concepto de violación, así:
Violación directa de la normativa comunitaria
6. Manifestó que, la parte demandada realizó una aplicación indebida de las
Decisiones 477, 617 y 399 de la Comisión de la Comunidad Andina, en razón a que
las mercancías decomisadas no se encuentran restringidas por las normas
comunitarias de tránsito aduanero comunitario; razón por la cual, ingresaron
lícitamente a Colombia y su transporte fue autorizado por la Administración de
Impuestos y Aduanas Nacionales de Cartagena de Indias.
7. Explicó que, los actos administrativos demandados aplicaron las normas que
corresponden al tránsito aduanero nacional, pese a que la operación aduanera
correspondía a una de tránsito aduanero internacional, y las normas aplicables son
las del tránsito aduanero comunitario.
Violación directa de las normas constitucionales y legales
8. Indicó que, como consecuencia del error de derecho cometido por la
autoridad aduanera, el decomiso de las mercancías resulta arbitrario e injustificado;
por lo que, en consecuencia, se vulneran los principios de legalidad, buena fe y
confianza legítima, por haberse aplicado normas que no se correspondían con las
situación fáctica y jurídica de las mercancías ingresadas a Colombia por el puerto
aduanero de Cartagena, en tránsito aduanero internacional, con destino a la
6 Cfr. “[…] Por la cual se establecen disposiciones transitorias para la importación de algunas mercancías y se
modifica parcialmente la Resolución 4240 de 2000 […]”.
7 Sobre: Tránsito Aduanero Internacional, sustitutoria de la Decisión 327 de 22 de octubre de 1992.
8 Sobre: Transporte Internacional de Mercancías por Carretera.
9 Sobre: Tránsito Aduanero Comunitario.
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República de Venezuela, y que fueron debidamente y previamente autorizadas por
la autoridad aduanera de Cartagena.
9. Afirmó que se vulneran sus derechos a: i) la libre empresa, al privarlo de la
posibilidad de culminar la operación de tránsito aduanero internacional, legal y lícita,
realizada en estricto cumplimiento de las normas aplicables y previamente
autorizada por la autoridad aduanera de Cartagena de Indias; ii) a la igualdad, toda
vez que a otros agentes de comercio internacional, en las mismas condiciones de
tránsito aduanero internacional, en cuanto al puerto de despacho, puerto de ingreso
y país de destino de mercancías textiles, se les ha permitido culminar las
operaciones aduaneras y/o el reembarque de éstas hacia el exterior; y iii) a la honra,
buen nombre y prestigio comercial, ya que un decomiso acaece cuando las
mercancías son ilícitas y/o ingresan al país en forma ilegal o irregular, lo cual no
ocurrió en el presente caso.
10. Señaló que la actuación administrativa resulta confiscatoria y se traduce en
un enriquecimiento sin causa del Estado y vulnera su derecho a la propiedad,
teniendo en cuenta que el decomiso de las mercancías se fincó en las restricciones
impuestas al tránsito aduanero nacional, las cuales no son aplicables al tránsito
aduanero internacional.
Violación del debido proceso
11. Aseveró que, las resoluciones demandadas desconocen su derecho al
debido proceso, porque la UAE DIAN de Maicao no la citó para la realización del
inventario del cargamento y la notificación personal de las actas de aprehensión; no
valoró integralmente las pruebas; no motivó las decisiones atendiendo a la realidad
de los hechos; no se pronunció sobre el silencio administrativo positivo invocado, y,
por ende, tampoco concedió los correspondientes recursos contra estas decisiones,
contrariando el procedimiento previsto en el artículo 519 del Decreto 2685.
Falta de competencia
12. Afirmó que el recurso de reconsideración es de naturaleza sui generis y no
es propiamente un recurso de alzada; por esta razón, manifestó que el funcionario
competente para resolverlos no era el Director Seccional la UAE DIAN de Maicao,
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que es el superior jerárquico al interior de la estructura organizacional de esa
regional de la entidad, sino que lo era la Jefatura de la División de Gestión Jurídica
de la UAE DIAN de Maicao, dependencia de igual jerarquía funcional de aquella que
profirió los actos administrativos que definieron la situación jurídica de las
mercancías aprehendidas.
13. De igual forma, arguyó que, en todo caso, la UAE DIAN de Maicao no tenía
competencia para aprehender ni decomisar las mercancías, atendiendo a que los
requisitos exigidos “[…] al momento de la inmovilización y posterior aprehensión,
fueron presentados para formalizar la terminación del tránsito aduanero autorizado
por la Administración de Aduanas de Cartagena y que por tanto al no estar estas
mercancías destinadas a Colombia, es de concluir que sí se cumplió con el régimen
de tránsito internacional otorgado […]”.
Contestación de la demanda
14. La parte demandada contestó la demanda10 y se opuso a las pretensiones
formuladas, así:
14.1. Se opuso a las pretensiones de la demanda y manifestó que, las resoluciones
demandadas se ajustan a la legalidad y surtieron el debido proceso, atendiendo a
la Decisión núm. 617, en la que se prevé que, no podrán ser objeto de tránsito
aduanero comunitario las mercancías cuya importación esté prohibida
expresamente en las legislaciones de los países Miembros compatibles con el
ordenamiento jurídico comunitario.
14.2. Indico que, de acuerdo con el artículo 2.° de la Resolución núm. 737311, “[…]
Las mercancías clasificables por los capítulos 50 al 64 del Arancel de Aduanas, procedentes
de la Zona Libre de Colón - República de Panamá, deberán ser ingresadas e importadas
exclusivamente por las jurisdicciones de la Administración Especial de Aduanas de Bogotá
y Local de Aduanas de Barranquilla y, por tanto, no procederá la autorización del régimen
de tránsito aduanero […]”.
10 Mediante apoderado. Cfr. Samai. Índice 00036. EXPEDIENTE DIGITAL: Cuaderno Consejo de Estado 1.
Folios 127 a 130.
11 Mediante el cual se adicionó un parágrafo transitorio al artículo 39 de la Resolución 4240 de 2000.
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14.3. Explicó que, de acuerdo con dicha norma, las mercancías aprehendidas y
decomisadas, mediante los actos administrativos demandados, eran objeto de la
restricción señalada supra, porque: i) se encontraban clasificadas en los capítulos
50 a 64 del Arancel de Aduanas, por tratarse de textiles y sus manufacturas; ii)
provinieron de la Zona Libre de Colón de la República de Panamá, por vía marítima;
iii) ingresaron a Colombia por el puerto de Cartagena y no por Barranquilla como les
correspondía; de manera que podían ser decomisadas porque su tránsito aduanero
se encontraba restringido.
14.4. Afirmó que por las razones anteriores, la parte demandante violó el régimen
de aduanas, y, en consecuencia, se hizo acreedora a las sanciones previstas en los
numerales 1.2 y 3.4 del artículo 502 del Decreto núm. 2685, referidas a: i) ingresar
por un puerto no autorizado, en razón a que le correspondía arribar a Colombia por
la Zona Aduanera Local de Barranquilla, y no por la de Cartagena; ii) que durante el
tránsito aduanero, al realizarse el control aduanero en Maicao, se encontró que las
mercancías autorizadas en tránsito internacional comunitario, correspondían a
mercancías restringidas conforme a lo previsto en el inciso segundo del artículo 358
ibidem.
14.5. Sobre las presuntas violaciones al debido proceso y la configuración del
silencio administrativo positivo, manifestó: “[…] Dentro del procedimiento
administrativo aduanero que se siguió en contra del demandante, se garantizó ante
todo su derecho fundamental al debido proceso, su derecho de contradicción y de
defensa; prueba de ello es que el accionante agotó todos los recursos que la ley
prescribe en dichos procesos especiales, como objetando la Resolución de
aprehensión, aportando y solicitando las pruebas que le sean conveniente para la
defensa de sus intereses, interponiendo los recursos de reconsideración, contra la
Resolución de Decomiso para que conozca una instancia superior y revise las
decisiones de hecho y de derecho del inferior jerárquico, hasta agotar la vía
gubernativa; todas estas actuaciones se surtieron dentro de los términos y momento
procesal exigido, fundando sus decisiones bajo el principio de legalidad, eficiencia
y de justicia, de acuerdo al tenor literal del artículo 2 del Decreto 2685 de 1999. Por
lo cual rechaza esta dirección seccional de Impuestos y Aduanas, las afirmaciones
del demandante cuando en su afán de hacer caer al honorable magistrado en error,
manifiesta supuestas violaciones al debido proceso y la configuración del silencio
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positivo, sin mencionar como y cuales términos pretermitió la Dirección de
Impuestos y Aduanas en dichos procesos […]” (sic).
Sentencia proferida en primera instancia
15. El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante sentencia proferida el 1.°
de agosto de 201212, resolvió:
“[…] PRIMERO.- Niéguese las pretensiones de la demanda. (sic)
SEGUNDO.- No hay lugar a condena en costas en esta instancia.
TERCERO.- Ejecutoriada la presente providencia, archívese el expediente previas
las anotaciones del caso u la devolución de los remanentes de los gastos ordinarios
a que hubiera lugar […]”.
Consideraciones del Tribunal
16. El Tribunal Administrativo de La Guajira, sobre los cargos de la demanda,
consideró:
16.1 El problema jurídico que debía resolverse estaba orientado a determinar si
“[…] la DIAN con la expedición de las Resoluciones 39-070-0636 No.0082, 39-070-
0636 No.0083 y 39-070-0636 No.0080 que ordenaron el decomiso de una
mercancía a la empresa Transporte Carvajal Internacional y Cía. Ltda. incurrió o no
en violación a la normatividad superior y Aduanera y en particular determinar si es
legal o no el decomiso hecho a mercancía amparada con autorización de tránsito
aduanero internacional […]” (sic).
16.2 En primer lugar, consideró, luego de realizar una identificación cronológica
de las actuaciones surtidas en los expedientes administrativos DM-2008-2008-
0143; DM 2008-2008- 0144 y DM 2008-2008-0145, que: i) las UAE DIAN,
especialmente, la Administración de Aduanas Local de Maracaibo, no vulneró el
debido proceso porque todas la actuaciones se surtieron siguiendo el procedimiento
establecido en los artículos 504 a 518 del Decreto núm. 2685; las notificaciones se
realizaron en debida forma y las decisiones se profirieron dentro de los términos
12 Cfr. Samai. Índice 00036. EXPEDIENTE DIGITAL: Cuaderno Consejo de Estado 2. Folios 323 a 337.
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previstos en las mencionadas normas; asimismo, la parte demandante ejerció el
derecho de contradicción y defensa, presentando las objeciones, solicitando
pruebas e interponiendo los recursos previstos.
16.3 De igual manera, consideró que el silencio administrativo positivo no se
configuró, porque las decisiones de fondo, mediante las cuales se definió la
situación jurídica de las mercancías aprehendidas, se profirieron dentro de los 45
días siguientes al vencimiento de los términos probatorios, en cumplimiento de los
previsto en el artículo 512 del Decreto núm. 2685; en consecuencia, no operó el
referido silencio, y la autoridad administrativa no podía aplicarlo.
16.4 En segundo orden, sobre la violación de las normas comunitarias,
constitucionales y legales, consideró que las normas aplicadas para aprehender y
decomisar las mercancías fueron las correctas y no fueron interpretadas en forma
errónea, toda vez que: i) las mercancías objeto de los decomisos estaban sujetas
a las restricciones previstas en el ordenamiento aduanero nacional, contenidas en
la Resolución núm. 7373; ii) las normas comunitarias son aplicables al tránsito
aduanero internacional, según lo prevé el artículo 370 del Decreto núm. 2685; iii) el
origen de las mercancías era Panamá, y el destino de las mercancías era la
República Bolivariana de Venezuela, que para ese momento no era País Miembro
de la Comunidad Andina, en razón a que denunció el Acuerdo de Cartagena en
2006; iv) el artículo 10 de la Decisión núm. 617 de la Comisión de la Comunidad
Andina, prevé que no podrán ser objeto de tránsito aduanero comunitario, las
mercancías cuya importación esté prohibida en las legislaciones de los Países
Miembros compatibles con el ordenamiento jurídico comunitario.
16.5 En ese orden de ideas, consideró que el decomiso de las mercancías,
realizado mediante las Resoluciones núms. 39-070-0636 No.0082, 39-070-0636
No.0083 y 39-070-0636 No.0080, estuvo ajustado a la legalidad y debidamente
motivado; esto, atendiendo a que lo probado en el proceso es que las mercancías
ingresaron a Colombia por un puerto no autorizado, y en ejecución del control
aduanero facultado a la UAE DIAN, la Administración de Aduanas de Maicao,
verificó que, aun cuando las mercancías podían ser objeto de tránsito aduanero
internacional, su circulación aduanera estaba restringida; en consecuencia, aplicó
las causales de aprehensión y decomiso correspondientes.
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16.6 Por último, consideró que con la expedición de los actos administrativos
demandados no se vulneró el principio de confianza legítima ni el derecho a la
igualdad de la parte demandante; sobre el primero, indicó que: el hecho de contar
con la autorización de tránsito aduanero internacional, no disminuye o suprime las
facultades correctivas y sancionadoras de la autoridad aduanera, facultada
legalmente para realizar la inspección, vigilancia, control y sanción de las
operaciones aduaneras, en cumplimiento de las normativa correspondiente; en
cuanto al segundo, consideró que no se probó la existencia de otros usuarios
aduaneros que, en igualdad de condiciones fácticas y jurídicas, hubieran recibido
tratamiento diferente al que recibió la parte demandante.
Recurso de apelación
17. La parte demandante presentó recurso de apelación13 contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, en primera instancia, el 1.°
de agosto de 2012; en síntesis, expuso los siguientes argumentos:
17.1 La sentencia incurre en error porque no diferencia el tránsito aduanero
nacional del tránsito aduanero internacional: el ordenamiento las diferencia con
claridad y asigna tratamientos normativos diferentes a cada una de dichas
situaciones. Por una parte, el tránsito aduanero está definido en el artículo 353 del
Decreto núm. 2685, y corresponde a las hipótesis previstas en el artículo 354
ibidem. Por otra parte, el tránsito aduanero internacional está regulado en el artículo
370 ibidem y para su definición debe acudirse a la normativa comunitaria.
17.2 Indicó que la sentencia no tuvo en consideración que la operación aduanera
realizada por la parte demandante, correspondía a la definición de tránsito aduanero
internacional y no se subsume en la definición ni en las hipótesis previstas para el
tránsito aduanero nacional: no se trataba de mercancías que ingresaban por un
puerto colombiano, con destino a otro puerto colombiano, donde debieran ser
nacionalizadas.
17.3 Indicó que las restricciones que fueron aplicadas como causal de la
aprehensión y decomiso fueron desarrolladas en virtud del artículo 358 del Decreto
13 Mediante apoderado. Cfr. Samai. Índice 00036. EXPEDIENTE DIGITAL: Cuaderno Consejo de Estado 2.
Folios 339 a 358.
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núm. 2685; es decir, son aplicables a las mercancías que ingresan para quedarse
en el país, pero no para aquellas mercancías que simplemente van de paso por
Colombia, con destino final a otro país.
17.4 Manifestó que el artículo 358 ibidem es norma que corresponde al régimen
de importaciones, razón por la cual no era posible aplicarla a las operaciones de
tránsito aduanero internacional, como lo hizo la UAE DIAN, y lo avaló el Tribunal
Administrativo de La Guajira.
17.5 En este orden de ideas, concluyó que la sentencia apelada debe revocarse,
porque la restricción prevista en la Resolución núm. 7373 no podía aplicarse como
causal de aprehensión y decomiso de las mercancías, porque no se trataba de una
operación de importación, sino que se trataba de una operación de tránsito
internacional aduanero, desde la Zona Libre de Colón, Panamá y hacia la República
Bolivariana de Venezuela, pasando por Colombia.
17.6 Afirmó que el Tribunal Administrativo de La Guajira no podía usar como
argumento, para sustentar la legalidad de la aprehensión y el decomiso, el
relacionado con el vencimiento del término autorizado para el tránsito aduanero
internacional, porque dicho supuesto no fue mencionado como causal de
aprehensión y decomiso de las mercancías; en consecuencia, la sentencia proferida
el 1.° de agosto de 2012, vulneró el derecho de contradicción y defensa.
17.7 Por último, reiteró los argumentos presentados en la demanda, relacionados
con la violación del debido proceso, por no haberse resuelto su solicitud de silencio
administrativo positivo; y la falta de competencia del Director Seccional de la UAE
DIAN de Maicao, para decidir los recursos de reconsideración que interpuso contra
los actos administrativos, mediante los cuales se confirmó el decomiso de las
mercancías que transportaba, legal y lícitamente, la parte demandante.
Actuación en segunda instancia
18. El Despacho sustanciador, mediante auto de 25 de octubre de 201314,
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
14 Cfr. Samai. Índice 00036. EXPEDIENTE DIGITAL: Cuaderno Consejo de Estado 2. Folio 369.
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sentencia proferida en primera instancia, el 1.° de agosto de 2012, por el Tribunal
Administrativo de La Guajira.
Alegatos de conclusión en segunda instancia
19. El Despacho sustanciador, atendiendo a que no se solicitaron pruebas en
segunda instancia, mediante auto de 3 de agosto de 201515, corrió traslado común
a las partes, por el término de diez (10) días para alegar de conclusión, y al
Ministerio Público para que emitiera su concepto.
Parte demandante
20. La parte demandante solicitó16 que se revoque la sentencia de primera
instancia, proferida el 1.° de agosto de 2012 por el Tribunal Administrativo de La
Guajira, y, en consecuencia, se acceda a las pretensiones de la demanda; para
dicho efecto, insistió en los argumentos presentados en el recurso de apelación.
Parte demandada
21. La parte demandante solicitó17 negar la apelación y, en consecuencia, que
se confirme la sentencia apelada; para el efecto, insistió en que aun cuando se trate
de una operación de tránsito aduanero internacional, a la que se aplican las normas
comunitarias, ello no la sustrae del control aduanero conforme a la legislación
nacional; agregó que, el control aduanero, la aprehensión y el decomiso objeto de
la litis, estuvieron ajustados a la Decisión núm. 617, especialmente los artículos 9,
53, 54, 56 y 57.
Concepto del Ministerio Público
22. El Ministerio Público no rindió concepto en esta oportunidad procesal.
Interpretación prejudicial emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina en el trámite de la segunda instancia
15 Cfr. Samai. Índice 00036. EXPEDIENTE DIGITAL: Cuaderno Consejo de Estado 2. Folio 372.
16 Cfr. Samai. Índice 00036. EXPEDIENTE DIGITAL: Cuaderno Consejo de Estado 2. Folios 373 a 394.
17 Cfr. Samai. Índice 00036. EXPEDIENTE DIGITAL: Cuaderno Consejo de Estado 2. Folios 395 a 200.
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23. El Despacho sustanciador, mediante auto de 19 de julio de 201918, suspendió
el proceso, y envió a Interpretación Prejudicial ante el Tribunal Andino de la
Comunidad Andina el presente asunto, y este profirió la interpretación prejudicial
núm. 60-IP-2020 de 23 de febrero de 202419, en adelante la Interpretación
Prejudicial, emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; en ella se
decidió:
“[…] PRIMERO: Declarar que carece de objeto emitir la interpretación prejudicial en
los términos solicitados en el presente proceso, toda vez que parte de las normas
andinas que fueron objeto de la consulta prejudicial obligatoria formulada por la
Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
de la República de Colombia, dentro del proceso interno
44001233100020090013501, constituyen un acto aclarado en los términos
expuestos en la presente providencia judicial.
SEGUNDO: Con relación a los artículos 1 (definiciones de aduana de destino,
aduana de partida, aduana paso de frontera, mercancías comunitarias, mercancías
no comunitarias, operación de tránsito aduanero comunitario y tránsito aduanero
comunitario), 2, 3 y 9 de la Decisión 617 y el artículo 135 del Acuerdo de Cartagena,
la autoridad consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos
contenidos en las sentencias emitidas en los procesos 97-1P-2016 y 228-1P-2016,
publicados en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena 2938 del 6 de marzo
de 2017 y 3866 del 18 de diciembre de 2019, en los términos expuestos en la parte
considerativa de la presente providencia judicial.
TERCERO: Con relación a los artículos 7, 8, 9, 10 (modificado por la Decisión 636),
54 y 56 (literal b) de la Decisión 617; el artículo 1 del Reglamento de la Decisión
617, y el artículo 3 de la Decisión 399 (sustituida por la Decisión 837), la autoridad
consultante deberá remitirse a los criterios jurídicos interpretativos contenidos en la
presente providencia.
CUARTO: Declarar que a través de la presente providencia judicial se cumple el
mandato de garantizar la aplicación uniforme y coherente del ordenamiento jurídico
comunitario andino.
QUINTO: Publicar esta sentencia de interpretación judicial en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena […]”.
II. CONSIDERACIONES
24. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) competencia; ii) el problema jurídico; iii) el marco normativo y desarrollo
jurisprudencial; iv) el análisis el análisis del caso concreto; y v) las conclusiones.
18 Cfr. Samai. Índice 00036. EXPEDIENTE DIGITAL: Cuaderno Consejo de Estado 3. Folios 426 a 427.
19 Cfr. Samai. Índice 00033.
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Competencia
25. Vistos el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo20, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los términos
del artículo 30821 de la Ley 1437 de 18 de enero de 201122, sobre el régimen de
transición y vigencia; y el artículo 1323 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.
26. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad sin que se
observe vicio o causal de nulidad que puedan invalidar lo actuado, la Sala procede
a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.
27. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia proferida el 1.° de agosto de 2012 por el Tribunal Administrativo de La
Guajira; de conformidad con los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de
201224, el juez se limitará a conocer de los puntos o cuestiones a los cuales se
contrae dicho recurso.
El problema jurídico
28. Corresponde a la Sala, con sustento en los argumentos del recurso de
apelación y en los fundamentos del fallo de primera instancia, determinar, en primer
lugar, si las resoluciones demandadas son nulas por indebida aplicación del régimen
aduanero, especialmente, se debe determinar si la operación aduanera que dio
lugar al decomiso de las mercancías corresponde al régimen de Tránsito Aduanero
20 Cfr. “[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se
conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario
de revisión. […]”.
21 Cfr. “[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos
(2) de julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la
presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”
22 Cfr. “[…] Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
23
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82
del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90”
24Norma aplicable al presente caso en virtud de lo previsto en el artículo 267 del Código Contencioso
Administrativo.
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Internacional, regida por la normativa comunitaria, o si, por el contrario, corresponde
a una operación de Tránsito Aduanero Nacional, regida por la normativa prevista en
el Decreto núm. 2685 y sus normas reglamentarias; de acuerdo con la respuesta a
ese interrogante, la Sala procederá a decidir si la mercancía decomisada se
encontraba incursa en las causales que ordenan el decomiso de la mercancía que:
i) ingresa por lugares no habilitados por la UAE DIAN, y ii) obtuvo autorización de
régimen de tránsito aduanero a pesar de estar sometida a una restricción; y, en caso
de que la respuesta a ese cuestionamiento sea positiva, la Sala procederá a estudiar
si las resoluciones demandadas son nulas por violación del debido proceso.
29. En consecuencia, resuelto lo anterior la Sala determinará si hay lugar a
confirmar, modificar o revocar la sentencia proferida en primera instancia.
Marco normativo aplicable y desarrollo jurisprudencial
Normativa comunitaria sobre tránsito aduanero comunitario
30. Visto el artículo 1.° de la Decisión núm. 617 de 15 de julio de 200525 de la
Comisión de la Comunidad Andina, sobre definiciones, para los efectos de la
mencionada Decisión, el tránsito aduanero comunitario es “[…] El régimen aduanero
con arreglo al cual las mercancías son transportadas bajo control aduanero, desde
una aduana de partida hasta una aduana de destino en una misma operación, en el
curso de la cual se cruzan una o varias fronteras de los Países Miembros, con
suspensión del pago de los derechos e impuestos y recargos eventualmente
exigibles, mientras permanezcan bajo este mismo régimen […]”; una de la
finalidades de esta norma es consolidar la libre circulación de mercancías entre los
Países Miembros.
31. Visto el artículo 1.° ibidem, i) Aduana de Partida es: “[…] La aduana de un
País Miembro donde comienza una operación de tránsito aduanero comunitario
[…]”; ii) Aduana de Paso de Frontera es: “[…] La aduana de un País Miembro,
ubicada en una de sus fronteras, que interviene en el trámite de una operación de
tránsito aduanero comunitario por la cual las mercancías cruzan con motivo de tal
operación […]”; y iii) Aduana de Destino es: “[…] La aduana de un País Miembro
donde termina una operación de tránsito aduanero comunitario […]”.
25 “[…] Tránsito Aduanero Comunitario […]”
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32. Visto el artículo 1.° ibidem, “[…] Mercancías: Son todos los bienes
susceptibles de ser clasificados en la nomenclatura NANDINA y sujetos a control
aduanero […]; y están clasificadas en dos categorías; por un lado, las “[…]
Mercancías comunitarias […], definidas como: “[…] a) Las mercancías obtenidas,
elaboradas, transformadas o producidas en el territorio aduanero comunitario y
que cumplen con las normas de origen establecidas en la Comunidad Andina; y b)
Las mercancías importadas para el consumo y en libre circulación en el territorio
aduanero comunitario; y por otro lado, las “[…] Mercancías no comunitarias […],
definidas como: “[…] a) Las mercancías que no cumplen los requisitos para ser
consideradas como mercancías comunitarias; y b) Las mercancías que pierdan su
condición de comunitarias al ser exportadas a título definitivo fuera del territorio
aduanero comunitario […]”.
33. Visto el artículo 1.° ibidem, el cargamento especial, las cargos o mercancías
peligrosas y el control aduanero, se definen así:
“[…] Cargamento Especial es: Mercancías que, por razón de su peso, de sus
dimensiones o naturaleza, no pueden ser transportadas en unidades de carga o
de transporte cerradas, bajo reserva de que puedan ser fácilmente identificadas.
Cargas o Mercancías Peligrosas: Toda materia que durante su producción,
almacenamiento, transporte, distribución o consumo, genere o pueda generar
daño a los seres vivos, bienes y/o el medio ambiente. Así como los residuos tóxicos
y los envases vacíos que los han contenido y las consideradas como peligrosas
por organismos internacionales, las legislaciones nacionales de los Países
Miembros y demás normas comunitarias.
Control Aduanero: Es el conjunto de medidas adoptadas por la administración
aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislación aduanera, o
de cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación o ejecución es de
competencia o responsabilidad de las aduanas […]”.
34. Visto el artículo 3.° ibidem, las disposiciones de la Decisión núm. 617 “[…]
rigen para las operaciones de tránsito de mercancías, medios de transporte y
unidades de carga que utilizando uno o más modos de transporte, se realicen al
amparo del régimen de Tránsito Aduanero Comunitario: a) Desde una aduana de
partida de un País Miembro hasta una aduana de destino de otro País Miembro
[…]”.
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35. Vistos los numerales 1.° y 1.1; 2.°, 2.1 y 2.3 del artículo 7.° ibidem, los
Países Miembros, con arreglo a los procedimientos establecidos en la Decisión
núm. 617, permitirán la circulación al amparo del régimen de tránsito aduanero
comunitario de: i) Mercancías comunitarias, “[…] Desde una aduana de partida de
un País Miembro hasta una aduana de destino del mismo País Miembro u otro País
Miembro, en tránsito por uno o más Países Miembros […]”; ii) Mercancías no
comunitarias, “[…] Desde una aduana de partida de un País Miembro hasta una
aduana de destino de otro País Miembro, en tránsito por uno o más Países
Miembros distintos del País Miembro de partida […]”; y iii) “[…] Desde un tercer país
hasta una aduana de destino de un País Miembro, en tránsito por uno o más Países
Miembros […]”.
36. Visto el artículo 8.° ibidem, “[…] Las Aduanas de los Países Miembros
permitirán la libre circulación de los medios de transporte y unidades de carga, con
arreglo a las disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico comunitario y
los Convenios Internacionales y Convenios Bilaterales de transporte suscritos por
los Países Miembros que sean compatibles con el primero […]”.
37. Visto el artículo 9.° ibidem, “[…] Los medios de transporte, unidades de
carga y las mercancías transportadas por éstos, deberán circular por el territorio
aduanero nacional de los Países Miembros utilizando las vías y cruces o pasos de
frontera habilitados por los Países Miembros de conformidad con la normativa
comunitaria y subsidiariamente por las que determinen autoridades nacionales
competentes debiendo estar siempre amparados por un Manifiesto de Carga y la
correspondiente declaración aduanera que la Decisión sobre el Documento Único
Aduanero (DUA) adopte […]”.
38. Asimismo, la norma indicada supra, prevé que: “[…] Las autoridades
aduaneras de cada País Miembro deberán comunicar a las aduanas de los demás
Países Miembros y a la Secretaría General de la Comunidad Andina los cruces o
pasos habilitados dentro de sus territorios aduaneros para el tránsito aduanero
comunitario, así como las rutas habilitadas y los plazos fijados con carácter general
para transitarlas […]”; y que: “[…] Las mercancías peligrosas y los cargamentos
especiales solo podrán circular por las vías especialmente habilitadas y en las
condiciones establecidas por la normativa comunitaria o, en ausencia de ésta por
la legislación nacional de cada País Miembro […]”.
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39. Visto el artículo 10 ibidem, modificado por el artículo 1 de la Decisión 636
de 19 de julio de 200626 de la Comisión de la Comunidad Andina prevé: i) las
mercancías que no son objeto de tránsito aduanero comunitario son aquellas cuya
importación esté prohibida expresamente en el ordenamiento jurídico comunitario;
o cuya prohibición por razones de moralidad, seguridad o protección de la vida y
salud de personas, plantas o animales u otros, esté contemplada en éste; o cuya
importación esté prohibida expresamente en Tratados y Convenios
Internacionales o en las legislaciones de los Países Miembros compatibles con el
ordenamiento jurídico comunitario; ii) para las mercancías que sean de prohibida
importación en un País Miembro de tránsito, pero no en el País Miembro de partida
o de destino, la aduana del País Miembro de tránsito podrá autorizar el tránsito,
otorgándole el tratamiento de Producto Sensible; y iii) el deber de comunicación,
de los Países Miembros y de la Secretaria General de la Comunidad Andina, sobre
las mercancías de prohibida importación; la aprobación de la lista de los Productos
Sensibles mediante Resolución, y el efecto de la comunicación y publicación en
relación con el juicio de compatibilidad de las prohibiciones con el ordenamiento
jurídico comunitario.
40. Visto el artículo 19 ibidem, sobre procedimiento en la aduana de partida,
prevé: “[…] En caso que el transporte se inicie en un tercer país, la aduana de
entrada al territorio aduanero comunitario actuará como aduana de partida y
aplicará el procedimiento dispuesto en el presente Capítulo […]”.
41. Visto el artículo 54 ibidem, relativo a las infracciones del tránsito aduanero
comunitario, se prevé: “[…] La autoridad aduanera de cada País Miembro
conocerá y adoptará las medidas cautelares que sean necesarias; y sancionará
las infracciones contra las disposiciones contenidas en esta Decisión, sus
modificatorias o complementarias, cometidas en su territorio, en el curso de una
operación de tránsito aduanero comunitario o con ocasión de la misma, de
conformidad con las normas comunitarias correspondientes […]”.
42. Visto el artículo 56 ibidem, se prevén los supuestos que constituyen las
infracciones del tránsito aduanero comunitario, entre los cuales se encuentra el
26 Cfr. “[…] Modificación de la Decisión 617 sobre Tránsito Aduanero Comunitario, en lo relativo a los artículos
10, 33, 42, 43 y su tercera disposición transitoria […]”.
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literal b), relativo a “[…] Transitar por rutas diferentes a las autorizadas por las
administraciones aduaneras de cada País Miembro […]”.
Principios y características del Derecho Comunitario Andino
43. Precisado lo anterior, esta Sala recuerda que en el Derecho Comunitario
Andino las decisiones se caracterizan por estar regidas por los principios de
primacía, obligatoriedad, aplicación y efecto directos.
44. Las decisiones aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones
Exteriores o la Comisión de la Comunidad Andina, entendidas como actos jurídicos
unilaterales, se deben aplicar de manera prevalente27 sobre las normas internas de
los Estados, sin que sea posible aducir una norma jurídica interna como fundamento
para no aplicar lo dispuesto por la organización internacional de integración.
45. Las decisiones obligan a los Estados Miembros desde la fecha en que sean
aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la
Comisión de la Comunidad Andina, lo que define el carácter obligatorio 28 del
derecho comunitario andino.
46. Por último, en relación con el principio de la aplicación y de efecto directos29
las decisiones son directamente aplicables en los Estados Miembros, a partir de la
fecha de su publicación en la Gaceta Oficial, a menos que las mismas señalen una
fecha posterior. En este mismo sentido, cuando el texto de las decisiones así lo
dispongan, se requerirá de su incorporación al derecho interno, mediante un acto
expreso en el cual se indicará la fecha de su entrada en vigor en cada Estado
Miembro.
27 El concepto de primacía o prevalencia del ordenamiento jurídico andino sobre las normas nacionales, aparece
formalmente enunciado la declaración de los integrantes de la Comisión plenipotenciarios de los Países
Miembros, aprobada en los siguientes términos durante el XXIX período de sesiones ordinarias, de 28 de mayo
de 1980: "[…] El ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena prevalece, en el marco de sus competencias,
sobre las normas nacionales sin que puedan oponerse a él medidas o actos unilaterales de los países miembros
[…]". Este principio se incluyó inicialmente en el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y,
posteriormente, en el artículo 4 de su protocolo modificatorio, al establecer que los Estados Miembros “[…]
están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que
conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni
emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación […]”.
28 Ver Artículo 2 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, el artículo del mismo número de su protocolo
modificatorio.
29 Positivizados inicialmente, en el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia y, posteriormente,
en el artículo del mismo número de su protocolo modificatorio.
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47. Ahora, en cuanto a las características de la normativa comunitaria, las
decisiones y resoluciones, son actos jurídicos unilaterales que tienen como
destinatarios los Estados Miembros, sus instituciones y, en general, las personas
jurídicas y naturales, quienes deben cumplir y hacer cumplir íntegramente la
normativa comunitaria, toda vez que, en esas circunstancias puede dar lugar a que
se comprometa la responsabilidad internacional del respectivo Estado o de los
sujetos del derecho comunitario, según sea el caso. En este sentido, resulta posible
solicitar el cumplimiento de las normas ante los diferentes órganos de la
organización internacional, en especial, ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina.
La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina30
48. La normativa comunitaria andina regula la interpretación prejudicial, como un
mecanismo de cooperación judicial internacional entre los jueces de los Estados
Miembros de la CAN y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina31.
49. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como uno de los órganos del
Sistema Andino de Integración, tiene dentro de sus competencias la de emitir
interpretaciones prejudiciales32 de las normas que conforman el ordenamiento
jurídico de la Comunidad Andina, las cuales obligan a los jueces internos33 de cada
uno de los Estados Miembros.
30 El Tribunal de Justicia, se creó en el seno del Acuerdo de Cartagena, el 28 de mayo de 1979, modificado por
el Protocolo suscrito en Cochabamba, el 28 de mayo de 1996. El Tratado de creación fue aprobado por Ley 17
de 13 de febrero de 1980 y el Protocolo por medio de la Ley 457 de 4 de agosto de 1998: normas que fueron
declaradas exequibles por la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-227 de 14 de abril de 1999, con
ponencia del Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. El “Protocolo de Cochabamba”, modificatorio del Tratado
que creo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, fue promulgado por el Decreto 2054 de 1999 y está
en vigor para el Estado Colombiano, es decir, que está produciendo efectos jurídicos respecto de nuestro
Estado.
31 El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, mediante la Decisión 500 de 22 de junio de 2001,
aprobó el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la cual se desarrolla igualmente el tema
de la interpretación prejudicial.
32 En el Capítulo III del Protocolo, sobre las competencias del Tribunal, en la Sección III se regula la
interpretación prejudicial, al disponer en su artículo 32 que “[…] corresponderá al Tribunal interpretar por vía
prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar
su aplicación uniforme en el territorio de los países miembros […]”.
33 Cfr. “[…] los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que se deba aplicar o se controvierta alguna
de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente,
la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos
en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del
Tribunal, el juez deberá decidir el proceso […]”. (Cfr. Artículo 33 de la Sección III del Capítulo III del Protocolo.)
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50. La Sección Primera considera que “[…] en todos los procesos en los que la
sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá
el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la
interpretación del Tribunal […]”34. En adición a lo anterior “[…] El Tribunal no podrá
interpretar el contenido y alcance del derecho nacional ni calificar los hechos materia
del proceso, no obstante, lo cual podrá referirse a estos cuando ello sea
indispensable a los efectos de la interpretación solicitada […]”35. Finalmente, “[…] el
juez que conozca el proceso deberá adoptar en su sentencia la interpretación del
Tribunal […]”36.
51. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró, en la
Interpretación Prejudicial, que “[…] No procede la interpretación de las Decisiones
327 y 477 debido a que la norma vigente al momento en que las mercancías fueron
aprehendidas (29 de marzo de 2008) era la Decisión 617 y su norma modificatoria,
la Decisión 63637. Únicamente se hará referencia a los principios fundamentales
previstos en el artículo 3 de la Decisión 399, sustituida luego por la Decisión 837 —
«Sustituye la Decisión 399 de la Comisión de la Comunidad Andina sobre
Transporte Internacional de Mercancías por Carretera» de la Comisión de la
Comunidad Andina (en adelante, Decisión 837), por cuanto el tránsito aduanero
comunitario está relacionado estrechamente con el transporte internacional de
mercancías por carretera […]”.
52. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró, en la
Interpretación Prejudicial, que sobre los artículos 1.° , 2.°, 3.° y 9.° de la Decisión
617, la autoridad consultante debe remitirse a los criterios interpretativos38
contenidos en la Interpretación Prejudicial núm. 97-IP-2016, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena 2938 del 6 de marzo de 2017; atendiendo a que
en el proceso interno se controvierte si la operación comercial realizada por la
empresa demandante constituyó tránsito aduanero nacional, internacional o
comunitario, y la mencionada Interpretación Prejudicial se ocupó de interpretar las
mencionadas normas comunitarias.
34 Artículo 33 inciso 2º. Ibidem
35 Artículo 34 Ibidem.
36 Artículo 35 Ibidem.
37 Cfr. “[…] La Decisión 636 modifica a la Decisión 617 en relación con los artículos 10, 33, 42 y 43, así como
su tercera disposición transitoria […]”.
38 Concretamente: los “[…] contenidos en los párrafos 2.2 a 2.4, 2.5, 2.5.1 a 2.5.3, 2.6 y 2.7, 3, 3.2.1 y 3.2.2,
3.3, 4.2 y 4.3 de la sección D […]”, de la interpretación prejudicial indicada.
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53. De igual forma, consideró que la autoridad consultante debe remitirse a los
criterios interpretativos39 contenidos en la Interpretación Prejudicial núm. 228-1P-
2016 del 14 de diciembre de 2018, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de
Cartagena 3866 del 18 de diciembre de 2019; atendiendo a que otro de los asuntos
controvertidos en el proceso interno se refiere a la denuncia del Acuerdo de
Cartagena por parte de Venezuela en el marco del artículo 135 ibidem y el
memorando de entendimiento aprobado por la Decisión núm. 641 de la Comisión
de la Comunidad Andina; y en la Interpretación Prejudicial supra, ya se realizó dicha
interpretación.
54. Por último, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina consideró
interpretar los artículos 7.°, 8.°, 9.°, 10.°40, 54 y el literal b) del artículo 56 de la
Decisión núm. 617; el artículo 1.° del Reglamento de la Decisión 617, y el artículo
3.° de la Decisión núm. 399; atendiendo a que uno de los asuntos controvertidos se
refiere a que las mercancías decomisadas arribaron a Colombia, por vía marítima,
provenientes de Panamá.
55. En este orden de ideas, consideró:
“[…] F. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN
1. Mercancías comunitarias y mercancías no comunitarias.
[…]
1.3 De conformidad con lo previsto en el numeral 2.3 del artículo 7 de la Decisión
617, el tránsito de mercancías no comunitarias se rige por los procedimientos
previstos para las mercancías comunitarias, siempre que se verifique una de las
tres situaciones que señala el artículo en mención, de las cuales se destaca la
tercera de ellas, según la cual, para permitir la circulación de una mercancía no
comunitaria al amparo del régimen de tránsito aduanero comunitario, dicha
mercancía podría efectivamente proceder de un tercer país a condición de que
se verifiquen las siguientes dos circunstancias: a) que su destino sea la aduana
de un País Miembro; y, b) que en dicho trayecto se produzca el tránsito por otro
País Miembro.
1.4 En consecuencia, las prohibiciones aplicables a las mercancías comunitarias se
aplican a las no comunitarias. El juez nacional deberá determinar, si a la luz de
la jurisprudencia citada en el punto 5 del literal E de la presente providencia
judicial y conforme al artículo 135 del Acuerdo de Cartagena, el país de destino
era considerado un País Miembro para la época de los hechos.
39 Concretamente: los “[…] contenidos en los párrafos 1.1. a 1.16 […]”, de la interpretación prejudicial indicada.
40
Modificado por la Decisión núm. 636 de la Comisión de la Comunidad Andina.
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2. El programa de liberación y la integración física y su incidencia en el tránsito
aduanero comunitario
2.1. Por virtud del programa de liberación (de bienes) regulado en el capítulo VI del
Acuerdo de Cartagena, se han eliminado todos los gravámenes y las
restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos
originarios del territorio de cualquier País Miembro. Este programa es el que
sustenta la existencia de un área de libre comercio en el mercado subregional
andino, lo que incrementa el poder de elección de los consumidores andinos.
La mayor competencia intracomunitaria permite que los ciudadanos andinos se
beneficien de productos a menores precios, de mejor calidad y en mayor
variedad. El mayor bienestar de los consumidores andinos es el objetivo central
del programa de liberación.
2.2. El programa de liberación tiene íntima conexión con la integración física, asunto
regulado en el capítulo XIII del Acuerdo de Cartagena, según el cual los Países
Miembros tienen la obligación de desarrollar acciones conjuntas para lograr un
mejor aprovechamiento del espacio físico, fortalecer la infraestructura y los
servicios necesarios para el avance del proceso de integración. Uno de los
campos de la integración física es el transporte, lo que abarca el transporte de
pasajeros y de mercancías, ya sea por vía terrestre, aérea, marítima o fluvial.
2.3. La libre circulación de bienes se ve potenciada con servicios de transporte que
garanticen dicha libre circulación. Sin un transporte fluido y libre de obstáculos,
brindado en un entorno de libre y leal competencia, los bienes no llegarían con
la rapidez esperada a los mercados de destino, afectando así el comercio
subregional y el bienestar de los consumidores andinos.
2.4. En ese contexto, la Decisión 399 (de enero de 1997), al desarrollar la
integración física en el ámbito del transporte internacional de mercancías por
carretera, estableció en su artículo 3 que este servicio se rige por los principios
de trato nacional, libertad de operación, acceso al mercado, transparencia,
nación más favorecida, no discriminación, igualdad de tratamiento legal y libre
competencia. Dicha ley andina fue sustituida por la Decisión 837 (de abril de
2019), cuyo artículo 3 es prácticamente idéntico al artículo 3 de la Decisión 399.
2.5. La normativa andina y nacional sobre tránsito aduanero no puede vulnerar el
programa de liberación ni debilitar la integración física, como tampoco
desvirtuar, en lo referido al transporte terrestre, los principios de trato nacional,
no discriminación, igualdad de tratamiento legal y libre competencia.
2.6. Lo anterior significa que toda prohibición, limitación o restricción relacionada
con el tránsito aduanero no puede tener carácter discriminatorio. No puede
favorecer a unos agentes económicos en perjuicio de otros. Debe garantizar
que el transporte terrestre se brinde en un entorno de libre y leal competencia
y en condiciones de equidad.
3. Las mercancías que no pueden ser objeto de tránsito aduanero comunitario
andino.
[…]
3.2. El primer párrafo del artículo 10 de la Decisión 617 trata de las mercancías que
no pueden ser objeto de tránsito comunitario. Es el caso de:
a) las mercancías cuya importación esté prohibida expresamente por el
ordenamiento jurídico comunitario;
b) aquellas cuya prohibición obedezca a razones de moralidad, seguridad o
protección de la vida y salud de personas, plantas o animales u otros; y
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c) las prohibidas por Tratados y Convenios Internacionales o en las
legislaciones de los Países Miembros compatibles con el ordenamiento
jurídico comunitario.
3.3. Las prohibiciones mencionadas en el primer párrafo del artículo 10 de la
Decisión 617 deben superar el test de proporcionalidad, de lo contrario
calificarían como restricciones al comercio que vulneran el Acuerdo de
Cartagena, en los términos establecidos en la jurisprudencia del TJCA y
conforme a las normas y procedimientos del ordenamiento comunitario andino.
3.4. Los criterios jurídicos interpretativos que se mencionan en la sección siguiente
no se aplican a las mercancías prohibidas de tránsito comunitario, sino a
aquellas respecto de las cuales, y conforme a la normativa andina, sí les es
aplicable el tránsito aduanero comunitario andino.
[…]
4. Los criterios para que los Países Miembros determinen los cruces o pasos
habilitados dentro de sus territorios aduaneros para el tránsito aduanero
comunitario, así como las rutas habilitadas y los plazos fijados con carácter
general para transitarlas. La prohibición de tránsito de mercancías por rutas
diferentes a las autorizadas por las administraciones aduaneras de los Países
Miembros.
[…]
4.4. El artículo 54 de la Decisión 617 reconoce que, en el curso de una operación
de tránsito aduanero comunitario o con ocasión de esta, el ejercicio de la
potestad sancionadora en materia de las infracciones tipificadas en la referida
Decisión corresponde a la autoridad aduanera de cada País Miembro.
4.5 Como se observa, una infracción prevista en la Decisión 617 es transitar por
rutas diferentes a las autorizadas por las administraciones aduaneras de cada
País Miembro. Esta infracción guarda correspondencia con la obligación
contenida en el artículo 9 de dicha ley andina:
[…]
Las mercancías peligrosas y los cargamentos especiales solo podrán circular
por las vías especialmente habilitadas y en las condiciones establecidas por la
normativa comunitaria o, en ausencia de ésta por la legislación nacional de
cada País Miembro.» (subrayas de texto original)
[…]
4.9 Los Países Miembros son los que identifican los cruces o pasos habilitados de
frontera dentro de sus territorios aduaneros para el tránsito aduanero
comunitario, así como las rutas habilitadas y los plazos fijados (en días y horas),
con carácter general, para el tránsito terrestre internacional. Tratándose de
mercancías peligrosas y cargamentos especiales, solo podrán circular por las
vías especialmente habilitadas y en las condiciones establecidas por la
normativa comunitaria o, en ausencia de esta, por la legislación nacional de cada
País Miembro.
[…]
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4.11 Los artículos 9 y 56 (literal b) de la Decisión 617 deben ser interpretados de
manera conjunta con el artículo 8 de esta ley andina, que establece, como ha se
ha mencionado, que la autoridades aduaneras de los Países Miembros
permitirán la libre circulación de los medios de transporte y unidades de carga,
con arreglo a las disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico
comunitario y los Convenios Internacionales y Convenios Bilaterales de
transporte suscritos por los Países Miembros que sean compatibles con el
primero.
4.12 El artículo 8 de la Decisión 617 garantiza la libre circulación de los medios de
transporte y unidades de carga, lo que guarda armonía con el programa de
liberación de bienes y la integración física, los cuales garantizan la libre
circulación de las mercancías en el mercado subregional andino, en un entorno
de libre y equitativa competencia.
[…]
4.13 En salvaguardia del programa de liberación (que como se ha dicho, aplica a
los productos originarios de los Países Miembros) y la integración física, el
artículo 9 de la Decisión 617 debe ser interpretado en el sentido de que el
establecimiento de los cruces o pasos habilitados de frontera, de las rutas
habilitadas y de los plazos (en días y horas) correspondientes, no debe
constituir, de manera directa o indirecta, evidente o disimulada, una restricción
al comercio, como tampoco una afectación a la libre competencia, la no
discriminación y demás principios aplicables al transporte comunitario de
mercancías.
4.14 En tal sentido, el establecimiento de los cruces o pasos habilitados de
frontera, de las rutas habilitadas y de los plazos (en días y horas)
correspondientes no debe generar:
a) Un tratamiento discriminatorio que favorezca a unos agentes
económicos en perjuicio de otros;
b) Barreras o sobrecostos que perjudiquen a unos competidores en
beneficio de otros; y,
c) Cualquier otra ventaja que desnivele la competencia equitativa que
debe existir en el mercado subregional andino.
[…]
4.15 Los artículos 9 y 56 (literal b) de la Decisión 617 deben ser interpretados de
modo restrictivo, a efectos de no vulnerar los principios de trato nacional, no
discriminación, igualdad de tratamiento legal y libre competencia contemplados
en la Decisión 399 (sustituida por la Decisión 837).
4.16 Resulta pertinente diferenciar las mercancías prohibidas de tránsito aduanero
comunitario de aquellas que, si bien están autorizadas para dicho tránsito,
están sometidas a ciertas limitaciones.
[…]
4.17. El primer párrafo del artículo 10 de la Decisión 617 se refiere a las
mercancías prohibidas de tránsito aduanero comunitario. En cambio, el artículo
9 de la Decisión 617 trata de las mercancías autorizadas para el tránsito
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aduanero comunitario. De este grupo de mercancías hay que diferenciar, a su
vez:
a) Aquellas cuyo transporte se realiza a través de los cruces o pasos
habilitados de frontera (los puestos aduaneros) y las rutas internas de tránsito
aduanero habilitadas con carácter general para todo tipo de mercancías;
b) De las mercancías peligrosas y cargamentos especiales cuyo transporte
durante un tránsito aduanero se realiza a través de vías especialmente
habilitadas y bajo determinadas condiciones dentro del territorio de un País
Miembro (v.g., horarios especiales). […] En lo referido a esta modalidad de
mercancías, las autoridades pueden establecer controles especiales, pero de
ninguna manera con carácter discriminatorio que ponga a unos agentes
económicos en ventaja (o desventaja) de otros. […]
56. Sin perjuicio de lo anterior, la Sección Primera precisa que, la aplicación de
lo indicado en la Interpretación Prejudicial en el caso sub examine sirve para
establecer, exclusivamente, si la operación de tránsito aduanero que dio lugar al
decomiso de las mercancías, correspondía a una operación de tránsito aduanero
nacional, internacional o comunitario, y, de acuerdo con ello, si le eran aplicables, o
no, las causales de decomiso previstas en los numerales 1.2 y 3.4 del artículo 502
del Decreto núm. 2685.
El marco normativo nacional sobre las operaciones de tránsito aduanero
nacional e internacional
57. Visto el artículo 1.° del Decreto núm. 2685, define el Tránsito Aduanero como
“[…] el régimen aduanero que permite el transporte de mercancías nacionales o de
procedencia extranjera, bajo control aduanero, de una Aduana a otra situadas en el
territorio aduanero nacional. En este régimen se pueden dar las modalidades de
tránsito, cabotaje y transbordo […]”.
58. Visto el artículo 353 ibidem, sobre el tránsito aduanero se prevé: “[…] es la
modalidad que permite el transporte terrestre de mercancías nacionales o de
procedencia extranjera, bajo control aduanero, de una Aduana a otra situadas en el
territorio aduanero nacional […]”.
59. Visto el artículo 354 ibidem, en el inciso primero prevé que, “[…] La
modalidad de tránsito aduanero sólo podrá solicitarse y autorizarse para las
mercancías que estén consignadas o se endosen a la Nación, las entidades
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territoriales y las entidades descentralizadas, a un usuario de una zona franca, a un
titular de un depósito habilitado público o privado, o cuando las mercancías vayan
a ser sometidas a una de las siguientes modalidades de importación: a) Importación
para transformación o ensamble; b) Importación temporal para perfeccionamiento
activo de bienes de capital; c) Importación temporal en desarrollo de Sistemas
Especiales de Importación-Exportación y, d) Importación temporal para
procesamiento industrial […].
60. El inciso segundo de la indicada supra, prevé que: “[…] También procederá
la autorización de la modalidad de tránsito aduanero para las unidades funcionales,
para las mercancías consignadas en el documento de transporte a un Usuario
Aduanero Permanente o a un Usuario Altamente Exportador para cualquier
modalidad de importación y en el régimen de exportación de conformidad con lo
previsto en el artículo 279. de este Decreto; y en su parágrafo, que: “[…] Para la
salida de bienes de las Zonas Francas Industriales de Bienes y de Servicios con
destino al exterior, por una Aduana diferente a aquella que tenga jurisdicción sobre
la respectiva Zona, deberá presentarse una Declaración de Tránsito Aduanero en
los términos previstos en este Capítulo […]”.
61. Visto el artículo 358 ibidem, sobre las restricciones a la modalidad de tránsito
aduanero, se prevé:
“[…] La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá prohibir o restringir
el régimen de tránsito aduanero de mercancías, por razones de seguridad pública,
sanitaria, zoosanitaria, fitosanitaria o ambiental, de acuerdo con solicitud que le
formulen las autoridades competentes o cuando por razones propias de control lo
considere conveniente.
No podrán autorizarse tránsitos aduaneros de armas, explosivos, productos
precursores para la fabricación de estupefacientes, drogas o estupefacientes no
autorizados por el Ministerio de Salud, residuos nucleares o desechos tóxicos y
demás mercancías sobre las cuales exista restricción legal o administrativa para
realizar este tipo de operaciones.
No se autorizará la modalidad de tránsito de una Zona de Régimen Aduanero
Especial al resto del territorio aduanero nacional, o a una Zona Franca, o de esta
hacia una Zona de Régimen Aduanero Especial, salvo que en este último caso, el
declarante sea un Usuario Industrial de Zona Franca.
Adicionalmente, no se autorizará la modalidad de tránsito aduanero para
mercancías que sean movilizadas en medios de transporte o contenidas en
unidades de carga que no puedan ser precintados o sellados en forma tal que se
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asegure su inviolabilidad, salvo que se adopten las medidas de que trata el
parágrafo del artículo 364º del presente Decreto […]”.
62. Visto el artículo 370 ibidem, sobre Tránsito Aduanero Internacional se prevé
que “[…] en la realización del tránsito aduanero internacional se aplicará lo previsto
en las Decisiones 327 y 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena o las normas
que las sustituyan, modifiquen o adicionen […]”; no obstante, la Sala observa que
el Decreto 2685 no define en qué consiste la operación de tránsito aduanero
internacional, razón por la cual se impone acudir a las normas comunitarias,
atendiendo la remisión realizada en esta misma norma41.
63. Visto el artículo 502 ibidem, sobre causales de aprehensión y decomiso de
mercancías: i) en el numeral 1.° se prevén las correspondientes al régimen de
importaciones; especialmente, en el numeral 1.2 se prevé como causal de
aprehensión y decomiso de mercancías, “[…] Cuando el ingreso de mercancías se
realice por lugares no habilitados por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales […]”; y ii) en el numeral 4.° se prevén las correspondientes al régimen
de tránsito, especialmente, en el numeral 4.3 se prevé como causal de aprehensión
y decomiso de mercancías, “[…] Cuando durante la ejecución de una operación de
tránsito aduanero se encuentren mercancías que hubieren obtenido la autorización
del régimen de tránsito aduanero, a pesar de estar sometidas a las restricciones de
que trata el artículo 358 del presente Decreto […]”.
Análisis del caso en concreto
64. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.
65. La Sala considera, atendiendo a las pruebas documentales que obran en el
proceso, que la operación aduanera, mediante la cual, la parte demandante ingresó
las mercancías al territorio colombiano, se trata de una operación de tránsito
aduanero comunitario, por las razones que se explican a continuación.
41 Sobre la aplicación del criterio jurisprudencial indicado
supra, se puede consultar, en el mismo sentido:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 12 de diciembre de
2024. MP. Oswaldo Giraldo López, expediente 440012331000201000071-01
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Núm. único de radicación: 440012331000 2009 00135 01
Demandante: TRANSPORTE CARVAJAL INTERNACIONAL Y CIA. LTDA.
Las operaciones aduaneras que dieron lugar al decomiso de las mercancías,
corresponden a operaciones de Tránsito Aduanero Comunitario
66. En el expediente reposan las siguientes Declaraciones de Tránsito Aduanero
Internacional -en adelante DTAI-, junto con los documentos de soporte de la
operación aduanera, y de la correspondiente aprehensión de las mercancías:
66.1. DTAI núm. C-0164 de 18 de marzo de 2008, autorizada por la Administración
de Aduanas de Cartagena de Indias con el núm. 06109081000327, el 19 de marzo
de 2008; Carta de Porte núm. 21221 y Manifiesto de Carga núm. 28368; Acta de
Aprehensión núm. 0145 de 9 de abril de 2008, relacionada con el Documento de
Ingreso de Inventario y Avalúo de Mercancías DIIAM núm. 3939201058 de 29 de
marzo de 2008, correspondiente a 411 bultos de “[…[ SÁBANAS EN GENERAL
[…]”, por valor de cuatrocientos veinte millones novecientos sesenta mil novecientos
noventa y seis pesos (420.960.996)42.
66.2. DTAI núm. C-0165 de 18 de marzo de 2008, autorizada por la Administración
de Aduanas de Cartagena de Indias con el número núm. 06109081000324, el 19 de
marzo de 2008; Carta de Porte núm. 21222 y Manifiesto de Carga núm. 28371; Acta
de Aprehensión núm. 0144 de 9 de abril de 2008, relacionada con el Documento de
Ingreso de Inventario y Avalúo de Mercancías DIIAM núm. 3939201057 de 29 de
marzo de 2008, correspondiente a 634 bultos de “[…[ SÁBANAS EN GENERAL
[…]”, por valor de cuatrocientos dieciséis millones sesenta y ocho mil ciento setenta
y seis pesos (416.068.176) 43.
66.3. DTAI núm. C-0167 de 18 de marzo de 2008, autorizada por la Administración
de Aduanas de Cartagena de Indias con el núm. 06109081000326, el 19 de marzo
de 2008; Carta de Porte núm. 21224 y Manifiesto de Carga núm. 28373; Acta de
Aprehensión núm. 0143 de 9 de abril de 2008, relacionada con el Documento de
Ingreso de Inventario y Avalúo de Mercancías DIIAM núm. 3939201056 de 29 de
marzo de 2008, correspondiente a 493 bultos de “[…[ SÁBANAS EN GENERAL
[…]”, por valor de cuatrocientos veinticinco millones seiscientos sesenta y seis mil
ciento cuarenta y ocho pesos (425.660.148)44.
42
Cfr. Expediente Físico. Anexo 9. Folios 1 a 27.
43 Cfr. Expediente Físico. Cuaderno Anexo 8. Folios 1 a 25.
44
Cfr. Expediente Físico. Anexo 10. Folios 1 a 24 y 42 a 45.
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Demandante: TRANSPORTE CARVAJAL INTERNACIONAL Y CIA. LTDA.
67. Las DTAI núms. C-0164, C-0165 y C-0167 presentadas por Transporte
Carvajal Internacional y Cia Ltda., consignan la siguiente información en las Casillas
6, 7 y 21: “[…] “6. Aduana y País de Partida: MUELLES EL BOSQUE CARTAGENA
COLOMBIA […]” ; “[…] 7. Aduana y País de Destino: ALMACENADORA
MARATIER, MARACAIBO EDO ZULIA […]” ; y “[…] 21. Observaciones de la
Aduana de Partida: MERCANCÍA EN TRÁNSITO INTERNACIONAL A
MARACAIBO VÍA PARAGUACHÓN VENEZUELA […]”.
68. Las mercancías que se describen en las DTAI son las siguientes: DTAI núm.
C-0164 “[…]SÁBANAS EN GENERAL 411 BULTOS […]”; en la DTAI núm. C-0165
“[…]SÁBANAS EN GENERAL 634 BULTOS […]”; y en la DTAI núm. C-0167
“[…]SÁBANAS EN GENERAL 493 BULTOS […]”.
69. La sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, el 1.° de
agosto de 2012, concluyó, en síntesis, que las normas sobre Tránsito Aduanero
Comunitario no eran aplicables a las mercancías decomisadas por la UAE DIAN,
porque: i) existe una restricción administrativa interna respecto de la mercancía
transportada; ii) la República Bolivariana de Venezuela, ya no era País Miembro de
la Comunidad Andina, para la época de los hechos; iii) la República de Panamá, de
donde provenían las mercancías, no hace parte de la Comunidad Andina; con lo
cual, el tránsito aduanero internacional de las mercancías objeto de los decomisos
cumple los presupuestos previstos para aplicar la normativa aduanera nacional; por
ende, solamente podían ingresar por las aduanas autorizadas para tal efecto, según
lo previsto en la Resolución 7373, por tratarse de textiles y sus manufacturas, siendo
entonces insuficiente la autorización brindada para su tránsito aduanero
internacional, por la Aduana del Puerto de Cartagena de Indias.
70. La Interpretación Prejudicial 60-IP-2020, realizada por el Tribunal de Justicia
en este proceso, consideró: “[…] el Tribunal ya ha explicado que, cuando Venezuela
denunció el Acuerdo de Cartagena en 2006, desde este momento cesaron los
derechos y obligaciones derivados de su condición de País Miembro, con excepción
de las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el programa de liberación,
las cuales permanecieron en vigencia por un plazo de cinco años a partir de la
denuncia, de conformidad con lo previsto en el artículo 135 del tratado fundacional
de la Comunidad Andina […]”.
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71. La Sala considera que, de acuerdo con la Interpretación Prejudicial indicada
supra y con los criterios interpretativos contenidos en la Interpretación Judicial 228-
IP-2016 de 14 de diciembre de 2018, aplicados en el presente proceso por virtud de
la doctrina jurisprudencial del acto aclarado: para la época en que ocurrieron los
hechos, esto es, entre el 18 de marzo (fecha en que se realizaron las DTAI) y el 9
de abril de 2008 (fecha en que se decomisaron las mercancías), Venezuela gozaba
de las ventajas del programa de liberación, que rige las importaciones originarias de
cualquier País Miembro.
72. Lo anterior, atendiendo a que: i) las DTAI núms. C-0164; C—0165 y C-0167
se presentaron el 18 de marzo de 2008 y fueron autorizadas por las Aduana de
Cartagena de Indias el 19 de marzo de 2008; ii) Venezuela comunicó a la Comisión
de la Comunidad Andina la denuncia del Acuerdo de Cartagena el 22 de abril de
2006; iii) el decomiso de las mercancías ocurrió el 9 de abril de 2008; en
consecuencia, la República Bolivariana de Venezuela se encontraba dentro del
término de los 5 años otorgados para gozar de los beneficios del programa de
liberación, el cual culminaba en el año 2011, cuyo objeto es, según el artículo 72 del
Acuerdo de Cartagena, “[…] eliminar los gravámenes y las restricciones de todo
orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de
cualquier País Miembro […]”.
73. La Sección Primera considera, en adición, que las mercancías decomisadas
(textiles y sus manufacturas) no están comprendidas en las excepciones previstas
en el párrafo segundo del artículo 7345 del Acuerdo de Cartagena, sobre eliminación
de “[…] restricciones de todo orden […]”, las cuales son de carácter taxativo, y
respecto de la cuales no resultan aplicables las prerrogativas del programa de
liberación, conforme a lo considerado en la Interpretación Judicial 228-IP-2016.
74. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación
Prejudicial 60-IP-2024 proferida en este proceso, indicó que las normas
45 Cfr. “[…] Se entenderá por “restricciones de todo orden” cualquier medida de carácter administrativo,
financiero o cambiario, mediante la cual un País Miembro impida o dificulte las importaciones, por decisión
unilateral. No quedarán comprendidas en este concepto la adopción y el cumplimiento de medidas destinadas
a la: a) Protección de la moralidad pública; b) Aplicación de leyes y reglamentos de seguridad; c) Regulación de
las importaciones o exportaciones de armas, municiones y otros materiales de guerra y, en circunstancias
excepcionales, de todos los demás artículos militares, siempre que no interfieran con lo dispuesto en tratados
sobre libre tránsito irrestricto vigentes entre los Países Miembros; d) Protección de la vida y salud de las
personas, los animales y los vegetales; e) Importación y exportación de oro y plata metálicos; f) Protección del
patrimonio nacional de valor artístico, histórico o arqueológico; y g) Exportación, utilización y consumo de
materiales nucleares, productos radiactivos o cualquier otro material utilizable en el desarrollo o
aprovechamiento de la energía nuclear […]”.
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comunitarias sobre tránsito aduanero se aplican tanto a las mercancías
comunitarias como a las no comunitarias; consecuentemente, la Sala considera
que, el hecho de que las mercancías hubieran arribado al Puerto de Cartagena de
Indias, por vías marítima, provenientes de la Zona Libre de Colón de la República
de Panamá, no era relevante para determinar si a las operaciones aduaneras que
dieron origen al decomiso de las mercancías, les era aplicable, o no, la normativa
comunitaria, que es la que rige el Tránsito Aduanero Internacional según lo previsto
expresamente en el artículo 370 del Decreto 2685.
75. Ahora bien, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la
Interpretación Prejudicial 97-IP-2016, que constituye acto aclarado para el caso sub
examine, consideró, sobre el ámbito de aplicación de las normas de tránsito
aduanero comunitario y las operaciones de tránsito aduanero comunitario, que el
régimen de tránsito aduanero comunitario es un régimen especial, en el cual, “[…]
a diferencia del régimen de importación a consumo, la obligación tributaria aduanera
se encuentra suspendida del pago de derechos, impuestos y recargos, por cuanto
las mercancías han sido destinadas por voluntad del importador en tránsito
aduanero comunitario internacional con destino a otro país, sea miembro de la
Comunidad Andina o un tercero no miembro […]”.
76. Asimismo, consideró que: i) las autoridades aduaneras de los Países
Miembros ejercen la potestad aduanera de vigilancia y control de las mercancías
hasta que éstas hayan llegado a la aduana de salida, se haya cancelado la
operación y hayan abandonado el país; sin embargo, dicha potestad aduanera se
ejerce con sujeción a las normas de la Decisión núm. 617; y, ii) las normas
aduaneras internas no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar
reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho
comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él, de manera
que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por
la norma comunitaria.
77. En este orden de ideas, la Sección Primera considera que, en el caso sub
lite, las DTAI núm. C-0164, C-0165 y C-0167 demuestran que la parte demandante
manifestó las mercancías en tránsito aduanero; en la aduana de un país miembro,
en este caso Colombia; con destino a la República Bolivariana de Venezuela; lo cual
implica que: la Aduana de Colombia, Puerto de Cartagena de Indias, operó como
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Puerto de Partida del tránsito aduanero internacional; circunstancia que se ajusta a
lo previsto en el artículo 19 de la Decisión 617, que prevé:
“[…] En caso que el transporte se inicie en un tercer país, la aduana de
entrada al territorio aduanero comunitario actuará como aduana de partida
y aplicará el procedimiento dispuesto en el presente Capítulo […]”.
78. La Sección Primera considera, en consecuencia, que las mencionadas
operaciones aduaneras correspondían a las de tránsito aduanero comunitario,
realizadas bajo el amparo de la Decisión 617, razón por la cual, la Administración
de Aduanas de Cartagena, como Aduana de Partida, autorizó dicho régimen,
siguiendo lo previsto en el artículo 17 ibidem: “[…] Las mercancías que se declaran
en Tránsito Aduanero Comunitario están sujetas, en la aduana de partida para la
aceptación del régimen, al cumplimiento de los siguientes requisitos y formalidades,
que deberán, en su caso, quedar establecidas en la declaración aduanera que la
Decisión sobre el Documento Único Aduanero (DUA) adopte, de acuerdo con lo
previsto en la presente Decisión […]”.
79. Sobre este último aspecto, la Interpretación Prejudicial 97-IP-2016 indicó:
“[…] sólo resultan aplicables las disposiciones de la norma andina a la operación de
tránsito comunitario correspondiente al recorrido realizado por el territorio de los
países miembros y no necesariamente respecto de la aduana de partida. En este
caso, el inicio de la operación de tránsito comunitario se dio en un tercer país
(Panamá), siendo la aduana de partida para el cuerpo normativo andino, la Aduana
de Cartagena […]”46.
80. Ahora bien, atendiendo a que la normativa comunitaria sobre tránsito
aduanero comunitario busca consolidar la libre circulación de mercancías entre los
países miembros, la Decisión 617 permite el transporte de mercancías en los
territorios de los países miembros, y solo se restringe el régimen de tránsito
aduanero comunitario en los términos previsto en el artículo 10 ibidem, esto es:
“[…] A las mercancías cuya importación esté prohibida expresamente en el
ordenamiento jurídico comunitario; o cuya prohibición por razones de moralidad,
seguridad o protección de la vida y salud de personas, plantas o animales u otros,
esté contemplada en éste. Asimismo, no serán objeto de tránsito aduanero
comunitario las mercancías cuya importación esté prohibida expresamente en
46 Numeral 3.3.2, página 17 de la 97-IP-2016.
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Tratados y Convenios Internacionales o en las legislaciones de los Países
Miembros compatibles con el ordenamiento jurídico comunitario […]”.
81. Con todo, el inciso segundo de la norma indicada supra, permite que “[…] En
el caso de las mercancías que sean de prohibida importación en un País Miembro
de tránsito, pero no en el País Miembro de partida o de destino, la aduana del País
Miembro de tránsito podrá autorizar el tránsito, otorgándole el tratamiento de
Producto Sensible […]”; y el inciso tercero previene que “[…] Los Países Miembros
comunicarán a la Secretaría General de la Comunidad Andina la relación de
mercancías de prohibida importación vigente según sus legislaciones internas y
ésta a su vez las comunicará a los organismos de enlace y a las autoridades
aduaneras para su correspondiente publicación. La lista de los Productos
Sensibles será aprobada mediante Resolución, en la que se indicará sus
mecanismos de actualización. No obstante, dicha comunicación y publicación no
prejuzgarán necesariamente respecto de la compatibilidad de la prohibición con el
ordenamiento jurídico comunitario […]”.
82. La Sección Primera considera que, en el presente caso, no se cumplen los
supuestos previstos en el artículo 10 de la Decisión núm. 617, toda vez que: por un
lado, de acuerdo con las DTAI núms. C-0164, C-0165 y C-0167 y lo consignado en
los actos administrativos demandados, las mercancías declaradas y transportadas
por la parte demandante consistían en “[…]sábanas en general […]”, las cuales no
clasifican dentro de las prohibiciones que realiza el artículo 10 de la Decisión 617; y
por el otro, en el proceso no obra prueba de que: i) Colombia, como País Miembro
de la Comunidad Andina, haya comunicado a la Secretaría General de la
Comunidad Andina la prohibición de importación sobre productos como los
decomisados; o la restricción de su ingreso por el Puerto de la Aduana de Cartagena
de Indias, como producto sensible; en consecuencia, tales circunstancia no podían
tenerse como restricciones válidas a la operaciones de tránsito aduanero que dieron
lugar a los decomisos de las mercancías.
83. Dilucidado lo anterior, es claro que el tránsito aduanero comunitario de las
mercancías decomisadas no se encontraba prohibido, ni se trataba de uno referido
a las mercancías peligrosas o cargamentos especiales de los que trata el artículo 9
de la Decisión núm. 617, las cuales, según esa misma norma, “[…] sólo podrán
circular por las vías especialmente habilitadas y en las condiciones establecidas
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por la normativa comunitaria o, en ausencia de ésta por la legislación nacional de
cada País Miembro […]”.
84. En conclusión, en el caso sub examine: i) aplica el régimen especial
aduanero, referido al tránsito aduanero comunitario, en el cual, a diferencia del
régimen de importación de consumo, los tributos y obligaciones aduaneras quedan
en suspenso hasta que se cumpla con el tránsito correspondiente; ii) las
operaciones de tránsito aduanero aduaneras que dieron origen a los decomisos de
las mercancías, no correspondían a las de tránsito aduanero nacional, definido en
el artículo 353 del Decreto núm. 2685, como “[…] la modalidad que permite el
transporte terrestre de mercancías nacionales o de procedencia extranjera, bajo
control aduanero, de una Aduana a otra situadas en el territorio aduanero nacional
[…]”.
Las causales de decomiso previstas en los numerales 1.2 y 3.4 del Decreto
núm. 2685 no eran aplicables a las operaciones de Tránsito Aduanero
Comunitario que dieron origen a los decomisos de las mercancías
85. La Sección Primera considera, a partir de las claridades realizadas en el
acápite anterior, que las restricciones administrativas previstas por el Decreto 2685
y en sus normas reglamentarias, relativas al tipo de mercancía y al ingreso por
aduanas autorizadas, constituyen limitaciones y condiciones aplicables al régimen
de importación, así como al régimen de tránsito aduanero nacional, pero no a las
operaciones de Tránsito Aduanero Comunitario previsto en la Decisión núm. 617;
tampoco son aplicables a las operaciones de tránsito aduanero internacional
previsto en el artículo 370 del Decreto núm. 2685, toda vez que, en los términos de
esa misma norma, se rigen por la normativa comunitaria, esto es, la Decisión núm.
617 y la Decisión núm. 399.
86. En este sentido, le asiste razón a la apelante al señalar que la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, el 1.° de agosto de 2012, erró
al considerar que la normativa nacional que regula las importaciones y el tránsito
aduanero nacional, era aplicable a las operaciones de tránsito aduanero
comunitario.
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87. En efecto, como se indicó supra, encontrándose probado que las
operaciones aduaneras corresponden al Tránsito Aduanero Comunitario, la UAE
DIAN debió evaluar el cumplimiento de los requisitos y formalidades establecidos
en las Decisiones núms. 617 y 399, para la aceptación de dicho régimen y para
determinar si habían incurrido en alguna de las infracciones previstas en el artículo
56 de la decisión núm. 617; con lo cual, no era pertinente, en ningún caso, aplicar
las normas internas colombianas, puesto que, se reitera, el artículo 370 del Decreto
2685 así lo prevé.
88. En ese orden de ideas, no es de recibo el argumento señalado por la UAE
DIAN en los alegatos de conclusión presentados, consistente en que: le asiste razón
al Tribunal Administrativo de La Guajira al considerar que, el caso sub lite se
subsume en el supuesto previsto en el literal b) del artículo 56 de la Decisión 617
de 2005, que prevé como infracción específica del régimen de Tránsito Aduanero
Internacional, “[…]Transitar por rutas diferentes a las autorizadas por las
administraciones aduaneras de cada País Miembro […]”.
89. Lo anterior, atendiendo a que, como se probó en el proceso, las mercancías
se encontraban cumpliendo el tránsito manifestado en las DTAI núms. C-0164, C-
0165 y C-0167, debidamente autorizadas por la Administración de Aduanas de
Cartagena de Indias (Puerto de Partida), con destino al Puerto de Maracaibo en la
república Bolivariana de Venezuela; y, a que el fundamento de los actos
administrativos demandados consistió en el ingreso de la mercancía por lugar no
autorizado, hipótesis que difiere de la prevista en el literal b) del artículo 56 de la
Decisión núm. 617, máxime cuando las mercancías comunitarias y no comunitarias
están cobijadas, indistintamente, por el régimen de Tránsito Aduanero Comunitario,
y las mercancías que fueron decomisadas no eran de circulación prohibida o
restringida en forma alguna por la normativa comunitaria.
90. En este orden, la Sección Primera considera que la restricción impuesta en
virtud del parágrafo transitorio del artículo 2.° de la Resolución 737347, de acuerdo
con la cual “[…]las mercancías clasificables por los capítulos 50 al 64 del Arancel
de Aduanas, procedentes de la zona libre de Colón – Panamá, deberán ser
ingresadas e importadas exclusivamente por las jurisdicciones de la Administración
47 Que adicionó el artículo 39 de la Resolución 4240 de 2 de junio de 2000, “[…] Por la cual se reglamenta el
Decreto 2685 de diciembre 28 de 1999 […]”.
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Especial de Aduanas de Bogotá y Local de Aduanas de Barranquilla y, por tanto, no
procederá la autorización del régimen de tránsito aduanero […], y respecto de ellas
no procedía la autorización del régimen de tránsito aduanero otorgada por la
Administración de Aduanas de Cartagena de Indias, no cobija el régimen de Tránsito
Aduanero Comunitario al que se encontraban sujetas las mercancías decomisadas.
91. En el mismo sentido se ha pronunciado la jurisprudencia de las Secciones
Primera y Quinta del Consejo de Estado48, en asuntos que guardan similitud fáctica
y jurídica con el que ahora se analiza; en los cuales, además, se puso de presente
que la UAE DIAN, mediante Oficio 208 de 22 de agosto de 2006, tenía considerado
que no resulta procedente aplicar las restricciones previstas en la normativa
nacional en materia de tránsito aduanero a las operaciones de tránsito internacional;
y que, cuando el Decreto núm. 2685 hace referencia al tránsito aduanero lo hace en
los términos definidos para esta modalidad en el artículo 353 ibidem, vale decir, para
el transporte terrestre de mercancías nacionales o de procedencia extranjera, bajo
control aduanero, de una Aduana a otra situadas en el territorio aduanero nacional,
razón por la cual, las restricciones establecidas aplican para la modalidad de tránsito
aduanero nacional; mientras que, el artículo 370 ibidem, prevé que para la
realización del tránsito aduanero internacional se aplicará lo previsto en las
Decisiones 327 y 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena o las normas que
las sustituyan, modifiquen o adicionen.
92. De igual forma, la Sección Primera, mediante sentencia proferida el 10 de
octubre de 202449, en otro asunto de similares contornos fácticos y jurídicos,
consideró: “[…] De esta forma, las restricciones en el régimen de Tránsito Aduanero
Comunitario corresponden a las previstas en el artículo 10 de la Decisión 617, que
se refiere a las mercancías cuya importación esté prohibida expresamente en el
ordenamiento comunitario, en tratados y convenios internacionales, o en las
legislaciones de los Estados Miembros compatibles con el ordenamiento jurídico
comunitario, y las mercancías consideradas como productos sensibles […]”.
93. En este sentido, la Sala reitera el mencionado criterio jurisprudencial, en el
sentido de que las restricciones en el régimen de Tránsito Aduanero Comunitario
48
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera: sentencia de 12 de diciembre
de 2024. MP. Oswaldo Giraldo López, expediente 4400123310002010000710. Sección Quinta: sentencia de 21
de junio de 2018. MP. Carlos Enrique Moreno Rubio, expediente 44001233100020090013601
49 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera: sentencia de 10 de octubre de
2024. MP. Oswaldo Giraldo López, expediente 44001-23-31-000-2008-00138-01.
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corresponden a las establecidas en la Decisión núm. 617, y que se refieren
únicamente a las mercancías cuya importación esté prohibida expresamente en el
ordenamiento comunitario y/o las mercancías que hayan sido catalogadas como
productos sensibles, que deben ser reconocidas mediante una resolución por parte
de la Secretaría General de la Comunidad Andina; cuestiones que como se indicó
supra, no se cumplen en el caso sub examine.
94. En este orden, la Sección Primera concluye que la parte demandada
desconoció las Decisiones 399 y 617 de la Comunidad Andina al ordenar el
decomiso de la mercancía transportada por la parte demandante, aduciendo como
fundamento las causales previstas en los numerales 1.2 y 3.4 del artículo 502 del
Decreto 2685, sin considerar que se trataba de una mercancía que se encontraba
bajo el régimen de tránsito aduanero comunitario.
95. Para la Sala, contrario a lo considerado en la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de La Guajira el 1.° de agosto de 2012, las resoluciones
acusadas están viciadas de nulidad, toda vez que las mercancías fueron
decomisadas con fundamento en la aplicación de un régimen de tránsito aduanero
que no le correspondía, con lo cual se vulnera el principio de legalidad, el debido
proceso y la buena fe.
96. En suma, la Sala considera que el recurso de apelación está llamado a
prosperar debido a que la parte demandante logró desvirtuar la presunción de
legalidad de los actos administrativos demandados y las consideraciones que
expuso el Tribunal Administrativo de La Guajira para negar la prosperidad de las
pretensiones de la demanda; en consecuencia, la Sección Primera procederá a
revocar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira el 1.° de
agosto de 2012, en primera instancia; y en su lugar, declarará la nulidad de las
siguientes actos administrativos:
96.1 Resolución núm. 39 070 0636 0080 de 29 de agosto de 2008, expedida por
la División de Fiscalización Aduanera de la Administración de Aduanas Nacionales
de Maicao, “[…] por medio de la cual se decomisa una mercancía […]”; y de la
Resolución núm. 1 39 201 2008-0006 de 23 de diciembre de 2008, expedida por la
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao, “[…] por medio de la cual
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se resuelve un recurso de reconsideración aduanero […]”, dentro del proceso
aduanero DM-2008-2008-0145.
96.2 Resolución núm. 39 070 0636 0083 de 5 de septiembre de 2008, expedida
por la División de Fiscalización Aduanera de la Administración de Aduanas
Nacionales de Maicao, “[…] por medio de la cual se decomisa una mercancía […]”;
y de la Resolución núm. 1 39 201 2008 0005 de 23 de diciembre de 2008, expedida
por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao, “[…] por medio de
la cual se resuelve un recurso de reconsideración aduanero […]”, dentro del
proceso aduanero DM-2008-2008-0144.
96.3 Resolución núm. 39 070 0636 0082 de 5 de septiembre de 2008, expedida
por la División de Fiscalización Aduanera de la Administración de Aduanas
Nacionales de Maicao, “[…] por medio de la cual se decomisa una mercancía […]”;
y de la Resolución núm. 1 39 201 2008 0004 de 23 de diciembre de 2008, expedida
por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao, “[…] por medio de
la cual se resuelve un recurso de reconsideración aduanero […]”, dentro del
proceso aduanero DM-2008-2008-0143.
97. Atendiendo a que el cargo de nulidad por infracción de las normas en que
debieron fundarse los actos administrativos demandados resultó próspero, la Sala
se releva de estudiar los cargos de nulidad relativos a: i) la violación del debido
proceso, por ausencia de pronunciamiento de la autoridad administrativa sobre el
silencio administrativo positivo; y ii) la falta de competencia del funcionario que
resolvió sobre el recurso de reconsideración contra los actos administrativos
demandados; criterio que se acompasa con lo adoptado y aplicado por esta Sección
Primera en otras ocasiones, entre ellos, en sentencia de 11 de febrero de 201650,
en la que se precisó:
“[…] Al haber prosperado los cargos formulados en la demanda en contra del
artículo 2º del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, la Sala se releva de
estudiar los relacionados con la infracción de las normas que consagran la
obligación de consultar los derechos de las comunidades indígenas cuando
con la decisión resulten desconocidos sus derechos […]”.
50 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera: sentencia de 11 de febrero de
2016; MP. Roberto Augusto Serrato Valdés, expediente 11001032400020090045700.
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Restablecimiento del derecho
98. La parte demandante, a título de restablecimiento del derecho, en el ordinal
primero de las pretensiones condenatorias de la demanda, solicitó:
“[…] Primera.- Se ordene a la Nación Unidad Administrativa Especial, Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y/o Administración de Aduanas
Nacionales de Maicao, hoy Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de
Maicao, o dependencia competente, respecto a estos cargamentos aprehendidos
y decomisados, realizar a favor de mi representada, el cierre o terminación de la
operación de tránsito internacional a que estaban sometidos y autorizados por la
entonces Administración de Aduanas de Cartagena (hoy Dirección Seccional de
Aduanas; y se permita y se formalice aduanera y materialmente su salida a su
destino final, la República Bolivariana de Venezuela […]”.
99. La Sala considera que no es procedente acceder a la pretensión de
restablecimiento del derecho indicada supra, toda vez que, según el artículo 1.° del
Decreto núm. 2685, la consecuencia jurídica de los actos administrativos de
decomiso es el paso a poder de la Nación de las mercancías que se decomisan; de
manera que, visto a la inversa, la declaratoria de nulidad de tales actos
administrativos trae como consecuencia el que las mercancías retornen,
nuevamente, a poder de la persona a la que le fueron decomisadas; con lo cual, es
ésta quien detenta derecho y capacidad de disposición sobre ellas.
100. En este sentido, el restablecimiento del derecho solicitado, consistente en
que se ordene a la Nación, representada por la UAE DIAN, finalizar la operación de
tránsito aduanero internacional y enviar las mercancías a la Aduana de Destino en
la República Bolivariana de Venezuela, desborda la órbita del restablecimiento del
derecho que la propia naturaleza del decomiso le permite realizar al juez.
101. En siguiente orden, la parte demandante, a título de restablecimiento del
derecho, solicitó:
“[…] Segunda.- Se ordene a la Nación - Unidad Administrativa Especial,
Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y/o Administración de
Aduanas Nacionales de Maicao, hoy Dirección Seccional de Impuestos y
Aduanas de Maicao o dependencia competente, el pago de bodegajes, en
general de todo gasto o perjuicio originado en la inmovilización, aprehensión y
decomiso de la mercancía, desde el momento de su generación, hasta su pago real
y material a cualquier tercero que haya resultado perjudicado en razón de los
hechos materia de investigación y procesos dentro de los cuales expidieron los
actos administrativos por estos demandados […]”.
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102. La Sala considera que no es procedente acceder al restablecimiento del
derecho en los términos indicados supra; atendiendo a que lo pedido se dirige al
restablecimiento de derechos subjetivos de terceros; es decir, la pretensión de
restablecimiento del derecho no se corresponde con algún interés subjetivo,
particular y concreto que le asista a la parte demandante, máxime si se tiene en
cuenta que al proceso no fueron vinculados de oficio, o a petición de parte, terceros
con interés directo en las resultas del proceso, siendo éstos quienes pueden
considerar si sus intereses subjetivos fueron lesionados con la expedición de los
actos administrativos que decomisaron las mercancías transportadas por la parte
demandante.
103. Siguiendo su orden, la parte demandante, en la pretensión tercera de las
condenatorias contenidas en la demanda, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó:
“[…] Tercera.- Que en el evento en que la Nación - Unidad Administrativa
Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y/o
Administración de Aduanas Nacionales de Maicao, hoy Dirección Seccional
de Impuestos y Aduanas de Maicao o dependencia competente, haya
enajenado a cualquier título, donado, perdido o averiado las mercancías
aprehendidas y decomisadas mediante los actos administrativos por esta
demandados, se ordene el pago de las mismas en efectivo en moneda legal
colombiana, a favor de mi representada en su calidad de tenedora, responsable de
la mercancía al momento de la aprehensión, perjudicada y demandante, su valor
comercial, o el fijado por la entidad demandada en los actos administrativos por la
presente demandados, esto es: cuatrocientos veinticinco millones seiscientos
sesenta y seis mil ciento cuarenta y ocho pesos m/cte. ($425.666.148m/cte.),
cuatrocientos dieciséis millones sesenta y ocho mil ciento setenta y seis pesos
m/cte. ($416.068.176=m/cte.) y cuatrocientos veinte millones novecientos sesenta
mil novecientos noventa y seis pesos m/cte. ($420.969.996=m/cte.) o el valor que
resulte probado dentro del trámite del correspondiente proceso […]”.
104. La Sección Primera considera procedente, con fundamento en la pretensión
indicada supra y a título de restablecimiento del derecho, condenar a la Nación –
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao de la Unidad
Administrativa Especial de Impuestos y Aduanas Nacionales, al pago de las
mercancías decomisadas, avaluadas en: i) cuatrocientos dieciséis millones sesenta
y ocho mil ciento setenta y seis pesos (416.068.176)51; ii) cuatrocientos veinte
51 Según consta en el Documento de Ingreso Inventario y Avalúo de Mercancías Aprehendidas de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales, visible a folio 25 del Anexo 8 C2 del expediente físico.
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millones novecientos sesenta mil novecientos noventa y seis pesos
(420.960.996)52; iii) cuatrocientos veinticinco millones seiscientos sesenta y seis mil
ciento cuarenta y ocho pesos (425.660.148)53.
105. Las sumas indicadas supra, deberán ser indexada al momento del pago
efectivo de las mismas a la parte demandante, Transporte Carvajal Internacional y
Cia. Ltda., para lo cual se aplicará la siguiente fórmula:
R = Rh X IPC Final
IPC Inicial
Donde:
R= Valor presente
Rh X = Valor que se actualizará.
IPC Inicial = Índice de precios al consumidor.
IPC Final = Índice de precios al consumidor que corresponde al vigente para
el mes en que se profiere la sentencia.
106. Para la aplicación de la anterior formula, la Sala considera:
106.1. El IPC Inicial, a tener en cuenta, corresponde al del mes en que quedaron
en firme los actos administrativos que definieron la situación jurídica de las
mercancías con su decomiso, cuyo valor constituye la base para el restablecimiento
del derecho: a partir de esa fecha, la parte demandante vio lesionados sus derechos
y se consolidó para ella el daño causado por los actos administrativos viciados de
nulidad.
106.2. En el caso sub examine, el IPC Inicial corresponde al del mes de enero de
2009, atendiendo a que, según la constancia de ejecutoria que obra en el
expediente54, expedida por la División de Gestión Administrativa y Financiera de la
Dirección Seccional de Aduanas de Maicao el 25 de junio de 2009, los actos
administrativos demandados quedaron en firme el 23 de enero de 2009.
52 Según consta en el Documento de Ingreso Inventario y Avalúo de Mercancías Aprehendidas de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales, visible a folio 27 del Anexo 9 del expediente físico.
53 Según consta en el Documento de Ingreso Inventario y Avalúo de Mercancías Aprehendidas de la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales, visible a folio 33 del Anexo 10 del expediente físico.
54
Cfr. Expediente Físico. Cuaderno 1. Folios 81 y 82.
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106.3. El IPC Final, a tener en cuenta, corresponde al del mes en que se profiera la
sentencia; sin embargo, como para el momento en que se profiere esta sentencia
no se cuenta con el IPC del mes en el que se dicta, se debe tomar el último IPC
reportado por el DANE, esto es, el correspondiente al mes de enero de 2025.
107. La Sala considera necesario indicar que, en el caso sub examine, el
restablecimiento del derecho debe realizarse mediante el pago del valor de las
mercancías, atendiendo a que la parte demandante no solicitó que se ordenara a
la UAE DIAN la devolución de las mercancías, sino que se le ordenara la finalización
de la operación aduanera y el envío de las mercancías a la Aduana de Destino;
pretensión a la que no es posible acceder, conforme a lo considerado líneas atrás.
108. En cuarto y quinto orden, la parte demandante, a título de restablecimiento
del derecho, solicitó:
“[…] Cuarta.- A título de lucro cesante se liquiden, reconozcan y se ordene el pago
de los intereses corrientes vigentes conforme lo establece el artículo 1617 del
Código Civil, sobre las anteriores sumas de dinero, o sobre las que resulten
probadas, a devolver a mi representada, hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia
y/o el día en que se efectúe realmente su pago.
Quinta.- Que se condene a la demandada a pagar a mi representada, los perjuicios
adicionales por lucro cesante y daño emergente y de cualquier tipo que resulten
probados dentro del proceso y los que legal y jurisprudencialmente se presuman
[…]”.
109. La Sala considera que no es procedente acceder a las pretensiones de
restablecimiento del derecho indicadas supra; puesto que: i) los intereses corrientes
que se solicita aplicar a las sumas de dinero, no se corresponden con el concepto
de lucro cesante definido en el artículo 1614 del Código Civil como “[…] la ganancia
o provecho que deja de reportarse a consecuencia de no haberse cumplido la
obligación, o cumplido imperfectamente, o retardado su cumplimiento […]”; ii) el
daño emergente, en los términos en que lo define el artículo 1614 ibidem, esto es
“[…] el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o
de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado su cumplimiento
[…]”, se encuentra reconocido en la condena realizada, a la parte demandada,
consistente en pagar las sumas en que fueron avaluadas las mercancías, con su
correspondiente indexación; y iii) en el proceso no obra ninguna prueba que
acredite perjuicios causados a la parte demandante por concepto de lucro cesante,
o por otros daños emergentes.
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Conclusiones
110. La Sala consideró, en el caso sub examine, que los actos administrativos
demandados, mediante los cuales se decomisó unas mercancías, están viciados
de nulidad porque aplicaron la normativa nacional a una operación de Tránsito
Aduanero Internacional, cuando el régimen aplicable es el previsto en la normativa
comunitaria, especialmente, las Decisiones núms. 617 y 399 de la Comunidad
Andina; en consecuencia, declarará la nulidad de los mencionados actos
administrativos.
111. Como consecuencia de la nulidad de los actos administrativos, la Sala
consideró, a título de restablecimiento del derecho, condenar a la parte demandada
al pago de las mercancías decomisadas, conforme a los avalúos realizados en los
“[…] Documentos de Ingreso, Inventario y Avalúo de Mercancías Aprehendidas de
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, que obran en el proceso […]”;
sumas que se indexarán conforme a los parámetros fijados en los numerales 104 y
105 supra.
112. La sala no consideró procedente acceder al restablecimiento del del derecho,
en los términos solicitados por la parte demandante, en los ordinales primero,
segundo, cuarto y quinto de las pretensiones condenatorias contenidas en la
demanda.
Reconocimiento de personería
113. Vistos los artículos 74 y 75 de la Ley 1564, sobre poderes, designación y
sustitución de apoderados y terminación del poder, y demás normas concordantes
y complementarias; atendiendo a que: i) el abogado Álvaro Camilo Ibáñez García,
identificado con la cédula de ciudadanía núm. 1018.463.815, allegó poder55 para
actuar en calidad de apoderado de la parte demandante; y considerando que el
poder cumple con los requisitos de ley: se le reconocerá la respectiva personería.
Condena en costas
55
Cfr. Samai. Índice 00032.
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114. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena
en costas, y atendiendo la conducta asumida por las partes, la Sala considera que
no se evidenció temeridad ni mala fe en la actuación procesal, por lo que no
condenará en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La
Guajira, el 1.° de agosto de 2012, en primera instancia, con fundamento en los
argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos: i)
Resolución núm. 39 070 0636 0080 de 29 de agosto de 2008, expedida por la
División de Fiscalización Aduanera de la Administración de Aduanas Nacionales de
Maicao “[…] por medio de la cual se decomisa una mercancía […]”, y Resolución
núm. 1 39 201 601 2008-0006 de 23 de diciembre de 2008, expedida por la
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao “[…] por medio de la cual
se resuelve un recurso de reconsideración aduanero […]”, dentro del proceso
aduanero DM-2008-2008-0145; ii) Resolución núm. 39 070 0636 0083 de 5 de
septiembre de 2008, expedida por la División de Fiscalización Aduanera de la
Administración de Aduanas Nacionales de Maicao “[…] por medio de la cual se
decomisa una mercancía […]”, y Resolución núm. 1 39 201 601 2008 0005 de 23
de diciembre de 2008, expedida por la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas
de Maicao “[…] por medio de la cual se resuelve un recurso de reconsideración
aduanero […]”, dentro del proceso aduanero DM-2008-2008-0144; y iii) Resolución
núm. 39 070 0636 0082 de 5 de septiembre de 2008, expedida por la División de
Fiscalización Aduanera de la Administración de Aduanas Nacionales de Maicao
“[…] por medio de la cual se decomisa una mercancía […]”, y de la Resolución núm.
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Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao “[…] por medio de la cual se resuelve
un recurso de reconsideración aduanero […]”, dentro del proceso aduanero DM-
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2008-2008-0143, con fundamento en los argumentos expuestos en la parte motiva
de esta providencia.
TERCERO: CONDENAR a la Nación - Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales – Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales de Maicao,
a título de restablecimiento del derecho, al pago de la mercancía decomisada,
avaluadas en cuatrocientos dieciséis millones sesenta y ocho mil ciento setenta y
seis pesos (416.068.176); cuatrocientos veinte millones novecientos sesenta mil
novecientos noventa y seis pesos (420.960.996); y cuatrocientos veinticinco
millones seiscientos sesenta y seis mil ciento cuarenta y ocho pesos (425.660.148),
sumas que deberán ser indexadas al momento de su pago efectivo a Transporte
Carvajal y Cia. Ltda., conforme a lo motivado en esta sentencia.
CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia, conforme a lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.
QUINTO: RECONOCER personería jurídica al abogado Álvaro Camilo Ibáñez
García, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 1018.463.815, como
apoderado de la parte demandante en este proceso.
SEXTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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