Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 44001-23-31-000-2010-00071-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 44001-23-31-000-2010-00071-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 44001-23-31-000-2010-00071-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
12 de diciembre de 2024
Radicación:44-001-23-31-000-2010-00071-01
Demandante: SOCIEDAD JOJAI LTDA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 44001-23-31-000-2010-00071-01
Actor: SOCIEDAD JOJAI LTDA.
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
• DIAN
Tesis: Están viciadas de nulidad las resoluciones proferidas por
la DIAN, mediante las cuales se decomisó una
mercancía por no ingresar por lugar habilitado al
territorio aduanero nacional, de conformidad con el
numeral 1.2 y 3.4 del artículo 502 del Decreto 2685 de
1999.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la DIAN1
en contra de la sentencia dictada el 13 de febrero de 2014 por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, mediante la cual accedió a las pretensiones
de la demanda y no condenó en costas.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1
Páginas 174 a 179 del archivo denominado CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua 34 – Ubicado en el índice
34 de SAMAI
Enlace del proceso en SAMAI
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=440012331000201000071011
100103
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Radicación:44-001-23-31-000-2010-00071-01
Demandante: SOCIEDAD JOJAI LTDA
La sociedad JOJAI Ltda., actuando por conducto de apoderado judicial, en
ejercicio de la acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho prevista
por el artículo 85 del Decreto 01 del 2 de enero de 19842, presentó
demanda3 en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
• DIAN4, en la cual formuló las siguientes pretensiones:
“(…) PRIMERA. Que es NULA la Resolución No 0038 del 13 de Mayo de 2009,
proferida por la División de Gestión de Fiscalización Aduanera dentro del Proceso
de Definición de Situación Jurídica DM 2009-2009- 00154, por medio del cual se:
" ORDENÓ DECOMISAR, a favor de la Nación —Unidad Administrativa Especial —
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la mercancía aprehendida a
TRANSPORTES ALIADOS Y CIA LTDA NIT No. 807.004.708, en su calidad de
empresa transportadora a SOCIEDAD JOJAI LTDA — IMPORTACIONES —
EXPORTACIONES, en calidad de consignataria y a ALVARO MANOSALVA GUEVARA
C.C. No. 88.283.341 en calidad de tenedor, dicha mercancía fue aprehendida
mediante Acta de Aprehensión No. 3900154 de fecha 01-04-2009, y relacionada
en el documento de Ingreso Inventario y Avalúo de mercancía DIIAM No.
3939110038 de fecha 01-04-2009, con un valor de DOSCIENTOS VEINTITRES
MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS ($223.560.000), lo anterior de
conformidad con lo establecido en el numeral 3.4 en concordancia con el 1.2 del
Artículo 502 del Decreto 2685 de 1999".
SEGUNDA. Que es NULA la Resolución No. 39-201-601-2009-00016 del 22 de
Septiembre de 2009, proferida por el Director Seccional de Impuestos y Aduanas
de Maicao, por medio de la cual se dispuso: "CONFIRMAR en todas sus partes la
Resolución de Decomiso No. 0038 del 13 de Mayo de 2009, proferida por la
División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Impuestos y
Aduanas de Maicao, mediante la cual se decomisó una mercancía por valor de
DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS
($223.560.000), a nombre de TRANSPORTES ALIADOS Y CIA LTDA con NIT No.
807.004.708, sociedad JOJAI LTDA — IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES con
NIT No. 900.061.672, ALVARO MANOSALVA GUEVARA con Cédula de Ciudadanía
No. 88.283.341, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto.
La mercancía se encuentra relacionada en el Documento de Ingreso, Inventario
y Avalúo de Mercancía aprehendida No. 393911000038".
TECERA. A título de Restablecimiento del Derecho se DECLARE que la UAE DIAN
— Dirección Seccional de Aduanas de Maicao-, debe proceder a cancelar el valor
del avalúo de la mercancía DECOMISADA, esto es la suma de DOSCIENTOS
VEINTITRÉS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS ($223.560.000),
suma que deberá ser debidamente indexada desde la fecha en que se generó el
decomiso, esto es desde el, 13 de Mayo de 2009 hasta la fecha en que se haga
efectivo el pago de la suma de dinero referida.
CUARTA. La entidad demandada deberá dar cumplimiento a la Sentencia, dentro
del término señalado para el efecto por el Artículo 176 del C.C.A. (…)”5
2
Por la cual se expide el Código Contencioso Administrativo.
3
Páginas 44 a 71 del archivo denominado CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua 34 – Ubicado en el índice 34
de SAMAI
4
En Adelante DIAN
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de SAMAI
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Demandante: SOCIEDAD JOJAI LTDA
1.2. Hechos
La parte actora fundamentó la demanda en los siguientes hechos:
1.2.2.1. Explicó que La Policía Fiscal y Aduanera de Maicao, mediante
oficios núm. 369 y 375 Gruma Polfa de fecha 31 de marzo y 1 de abril de
2009, respectivamente, puso a disposición de la Dirección Seccional de
Impuestos y Aduana de Maicao un vehículo tracto camión MARCA:
CHEVROLET, COLOR AMARILLO, PLACA 43F-BAC, el cual fue inmovilizado
en el puesto de control de Paraguachón a la altura del Kilómetro 84, que
ingresó a territorio nacional en calidad de tránsito aduanero con destino
a la ciudad de Cartagena, con documento soporte de (i) Declaración de
Tránsito Aduanero Internacional (DTAI) No. TA8964 a nombre de "ZONA
FRANCA COMERCIAL/JOJAI LTDA", (ii) la Carta de Porte Internación por
Carretera (CPIC) No. 17825, y (iii) el Manifiesto de Carga Internacional
núm. 21348.
1.2.2.2. Adujo que, con la Resolución núm. 033 de fecha 31 de marzo de
2009, el director Seccional de Impuestos y Aduanas de Maicao, con
fundamento en el artículo 24 de la Decisión 617 de 2005, resolvió
interrumpir el tránsito No. TA8964 para verificar la mercancía, decisión
que, según la actora, no le fue notificada.
1.2.2.3 Explicó que la DIAN, mediante Acta núm. 3900154 FISCA 0834
del 1 de abril de 2009, decidió aprehender la mercancía consistente en
14904 juegos de sábanas, de acuerdo con las causales 3.4 del Artículo
502 del Decreto 2685 de 1999, en concordancia con la causal 1.2 del
mismo artículo.
1.2.2.4. La actora presentó escrito de objeción; no obstante, la DIAN,
mediante resolución núm. 0038 del 13 de mayo de 2009, procedió a
decomisar la mercancía aprehendida, considerando que, a pesar de que
la mercancía se encontraba autorizada en la Declaración de Tránsito
Aduanero Internacional TA8964, estaba sometida a restricciones, y al
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ingresar por lugar no habilitado, era procedente ordenar el Decomiso de
la Mercancía aprehendida y relacionada en el Acta de Aprehensión No.
3900154 de fecha 1 de abril de 2009.
1.2.2.5. La parte actora procedió a presentar el recurso de
reconsideración, el cual fue resuelto por la DIAN mediante la resolución
núm. 1-39-201-601-2009-00016 del 22 de septiembre de 2009, en el
sentido de confirmar en todas sus partes la resolución núm. 0038 del 13
de mayo de 2009.
1.3. Normas invocadas como vulneradas
La parte demandante indicó como vulneradas las siguientes normas: i)
Decisión 399 de 1999 y 617 de 2005 de la Comunidad Andina de
Naciones, ii) Constitución Nacional en sus artículos 2, 6, 29, 90, 83, iii)
Decreto 2685 de 1999 en su artículo 370, y iv) Resolución 7373 de 2007
en su artículo 2.
1.4. Concepto de violación
La parte actora fundamentó su demanda con los siguientes argumentos:
1.4.1. Violación del debido proceso y derecho de defensa
Señaló el demandante que la violación del debido proceso se configuró
por cuanto la DIAN no tuvo en cuenta que la causal de aprehensión de la
mercancía cuestionada no era viable, puesto que la misma se encontraba
en territorio aduanero nacional amparada en un régimen de tránsito
aduanero internacional (comunitario), que había sido previamente
autorizado por la Dirección Seccional de Aduanas de Maicao.
De igual manera, señaló que existió violación al debido proceso al no
haber notificado la Resolución núm. 033 de fecha 31 de marzo de 2009
que resolvió interrumpir el tránsito No. TA8964 para verificar la
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mercancía, por cuanto era evidente que la propietaria de esta contaba
con un interés jurídico para controvertir dicha decisión.
Continuó explicando que en el trámite administrativo se surtió primero la
medida precautelar de Aprehensión y posteriormente se dispuso a
interrumpir la Operación de Tránsito Aduanero Internacional núm.
TA8964, aspecto que, en consideración del demandante, era totalmente
irregular.
De otra parte, señaló que había existido una falsa motivación por parte
de la entidad aduanera al momento de expedir los actos administrativos
acusados, por cuanto, al argumentar que la mercancía decomisada había
ingresado por lugar no habilitado a territorio aduanero nacional, estaba
faltando a la verdad, teniendo en cuenta que la Administración de
Aduanas Nacionales de Maicao aceptó que la mercancía cuestionada
ingresó a territorio Aduanero Nacional mediante el régimen de tránsito
aduanero internacional (comunitario), régimen que tiene un marco
normativo especial y de alcance supranacional, y, por ende, no podía
aplicarse a una operación aduanera de tránsito aduanero internacional un
marco legal de alcance nacional, como lo es el decreto 2685 de 1999.
Frente a lo anterior agregó que la restricción del ingreso por jurisdicción
de aduana de Barranquilla sólo procede para el transito aduanero
nacional, y para la internacional no media restricción alguna, dado que el
marco normativo se estructura en la Decisiones 399 de 1997 y demás
normas que la sustituyan, modifiquen o adicionen, disposiciones que
tienen un alcance supranacional y en las mismas no se establece
limitación alguna para el ingreso de mercancías por un lugar específico.
Concluyó argumentando que la causal de aprehensión y posterior
decomiso contenida en el numeral 1.2. del Artículo 502 del Decreto 2685
de 1999 se aplica exclusivamente para el régimen de importación y no a
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la mercancía objeto de estudio, puesto que ésta ingresó a Colombia bajo
en régimen de tránsito aduanero internacional.
1.4.2. Aplicación de la normatividad aduanera
Explicó la parte actora que no tenía soporte alguno la supuesta
vulneración del artículo 39 de la Resolución nro. 4240 de 2000, adicionada
por el artículo 2 de la Resolución nro. 7373 de 2007, modificada por la
Resolución 7637 de 2007, disposiciones que señalan que ciertas clases de
mercancías deberán ingresar e importarse por la jurisdicción local de
aduanas de Barranquilla cuando vienen de Panamá si se transportan por
vía marítima, puesto que en el presente caso la mercancía no provenía de
Panamá; por tal razón resulta inaplicable esta normatividad, por falta de
tipicidad de la conducta, extensión de competencia, falsa motivación y
violación al principio de legalidad.
Explicó que la mercancía decomisada provenía de Maracaibo - Venezuela,
es decir, que dicha mercancía no provenía de la zona libre de Colón, por
lo cual no era aplicable lo establecido en el artículo 2 de la Resolución
7373 de 2007, más aún cuando dicha norma precisa que deben ser
mercancías provenientes de la Zona Libre de Colón y en ningún
documento soporte de la Declaración de Transito Aduanero Internacional
se verifica dicho requisito.
De otra parte, adujo que en la Decisión 399 de 1997, en su artículo 169,
se establece que las operaciones de tránsito aduanero internacional que
realicen los transportistas autorizados en vehículos habilitados y unidades
de carga debidamente registrados deben gozar de plena libertad para
realizarla, lo que significa entonces que limitarla, como lo realizó la DIAN
en los actos acusados, va en contravía de dicha disposición, pues el
argumento para proceder en dicha orientación no tiene un sustento legal
aplicable al caso concreto.
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En esa misma línea explicó que la Decisión 617 de 2005, en ninguno de
los numerales del artículo 56, establece sanciones por restricciones
nacionales, puesto que éstas son de carácter aduanero para quienes
utilicen el Tránsito Aduanero Comunitario y no consagran sanciones por
restricciones nacionales, por lo cual quedaría desvirtuado el argumento
bajo el cual la DIAN sustenta la aplicación del Decreto 2685 de 1999 y
más específicamente las causales de aprehensión 1.2 y 3.4 consagradas
en el artículo 502 ibidem.
II. TRÁMITE DEL MEDIO DE CONTROL
2.1. La demanda6 correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de
la Guajira, el cual, por auto del 23 de abril de 20107, la admitió, la cual
fue notificada personalmente a la DIAN el 8 de agosto de 20108.
2.2. La DIAN, a través de apoderado judicial, mediante escrito radicado
el 10 de septiembre de 2010, contestó la demanda oponiéndose a las
pretensiones, para lo cual expuso los siguientes argumentos9:
Señaló la DIAN que, revisado el expediente, se podía advertir que el
propósito de la apoderada de la demandante era hacer caer en error a la
administración de justicia, puesto que sustenta su demanda
tergiversando totalmente los supuestos de hecho y de derecho en el
procedimiento aduanero adelantado por la Dirección Seccional de
Impuesto y Aduanas de Maicao, al señalar que la DIAN no podía
decomisar la mercancía objeto de controversia (14.900 juegos de
sábanas, aproximadamente), por cuanto aquella se encontraba cobijada
por el Régimen de un Tránsito Aduanero internacional.
6
La demanda fue radicada el 20 de abril de 2010, página 44 a 71 del archivo denominado CUADERNO
TRIBUNAL(.pdf) NroActua 34 – Ubicado en el índice 34 de SAMAI.
7
página 75 a 16 del archivo denominado CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua 34 – Ubicado en el índice 34
de SAMAI
8
Página 83 Ibidem
9
Páginas 87 a 91 Ibidem
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Al respecto adujo que, según información suministrada por el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo en el mes de abril de 2006, la República
de Venezuela presentó por escrito ante la Presidencia y los
Representantes de los Países miembros de la CAN su decisión de
denunciar el Acuerdo; y, de conformidad con el artículo 135 del Acuerdo
de integración Subregional Andino, el país que denuncie el acuerdo desde
ese momento cesarán para él los derechos y obligaciones derivados de su
condición de miembro.
Señaló que los hechos materia de pronunciamiento sucedieron el 31 de
marzo de 2009, lo cual indicaba que para dicha fecha la República de
Venezuela no era miembro del Acuerdo, por lo que la demandante no
podía invocar unos derechos que se derivan de la condición de miembro
a la que su País había renunciado tres (3) años atrás; en consecuencia,
las disposiciones que le eran aplicables eran las contenidas en el Decreto
2685 de 1999, como en efecto se hizo en los actos acusados.
III. PRUEBAS
El Tribunal, mediante oficio de fecha 5 de octubre de 201010, se pronunció
sobre las pruebas solicitadas por las partes.
IV. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
El Tribunal, mediante oficio de fecha 14 de junio de 201111, ordenó correr
traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión.
4.1. SOCIEDAD JOJAI LTDA.
10
páginas 96 a 95 Ibidem.
11
páginas 107 Ibidem.
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La parte demandante, en la oportunidad procesal, presentó alegatos de
conclusión12 e insistió en las pretensiones expuestas en la demanda.
4.2 La DIAN
La DIAN, en la oportunidad procesal, presentó alegatos de conclusión13,
reiterando los planteamientos hechos en la contestación de la demanda.
V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público14 rindió concepto dentro del presente proceso,
señalando que, de la revisión del expediente, se podía establecer que la
mercancía decomisada a favor de la Nación por medio de los actos
administrativo acusados se encontraba en régimen de tránsito aduanero
internacional (comunitario) que, a la luz del Artículo 370 del Decreto 2685
de 1999, tiene su marco normativo en decisiones de orden supranacional;
luego, entonces, en materia de régimen de tránsito aduanero
internacional no es aplicable las restricciones del Decreto 2685 de 1999.
En consecuencia de lo anterior, el Ministerio Público consideró
suficientemente contundentes los argumentos de la parte actora para
destruir la presunción de legalidad que pesa sobre los actos
administrativos acusados, en razón a que los mismos fueron expedidos
con una clara y marcada falsa motivación, en la medida en que olvidaron
darle cabal aplicación a las normas de orden supranacional de forzosa
aplicación para las mercancías en tránsito aduanero internacional
(comunitario), y, en consecuencia, solicitó que se despachara
favorablemente las pretensiones de la demanda.
12
páginas 117 a 131 Ibidem
13
páginas 109 a 115 Ibidem
14
páginas 132 a 142 Ibidem
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VI. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de La Guajira, en uso de su competencia,
discutió y aprobó la sentencia del 13 de febrero de 2014, mediante la cual
accedió a las pretensiones del demandante15, con base en los siguientes
argumentos:
6.1 Problema jurídico de fondo
El Tribunal centró el problema jurídico en determinar “cuál es la
normatividad aplicable a la operación de tránsito aduanero internacional,
que en el caso en estudio realizó la empresa transportadora
TRANSPORTES ALIADOS Y CIA LTDA, quien actúa en calidad de
transportador de la SOCIEDAD JOJAI LTDA i). Se determinará además si
la normatividad que regula la mencionada actividad son los postulados
jurídicos internos, las normas supranacionales o si es necesario realizar
un análisis armónico de las mismas.”16
El Tribunal Advirtió que, luego de estudiado el expediente en su conjunto,
se encontraba probado que la mercancía aprehendida había ingresado al
territorio nacional amparados por el régimen de tránsito aduanero
internacional, como se pudo probar con los documentos que respaldaban
la actividad del transportador y en general la entrega de la mercancía al
consignatario.
De igual manera explicó que del estudio de cada uno de los documentos
soportes de la actuación administrativa se evidenciaba que los mismos se
encuentran consagrados y definidos en las Decisiones 257 y 327 de la
CAN, al igual que las rutas que pueden emprender los vehículos
autorizados para toda la dinámica comunitaria, entre países miembros, o
entre estos y terceros países; situación que igualmente se encontraba
15
páginas 146 a 167 Ibidem
16
Página 152 Ibidem
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10
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regulada por la Decisión 617 de 2005, que establecía las restricciones
aplicables a este tipo de acciones.
En ese orden, precisó que el Estatuto aduanero y Tributario, Decreto 2685
de 1999, en su artículo 370, establece que, para la realización del tránsito
aduanero internacional, se aplicará lo previsto en las Decisiones 327 y
399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena o las normas que las
sustituyan, modifiquen o adicionen; por lo tanto, consideró que Colombia,
como miembro de la Comunidad Andina, se encuentra reglado en las
operaciones de tránsito aduanero Internacional por el Acuerdo de
Cartagena, y bajo esa medida la situación objeto del presente estudio
debió fundarse en ellas, y no en las instituidas para regular las
operaciones de tránsito aduanero nacional, como equivocadamente lo
hizo la DIAN en los actos administrativos acusados.
De otra parte, señaló que el acuerdo de Cartagena le concede un plazo
de 5 años a los países que deciden dejar la comunidad para continuar con
las ventajas recibidas y otorgadas de conformidad con el Programa de
Liberación de la Subregión, las cuales permanecerán en vigencia por un
plazo de cinco años a partir de la denuncia; en ese orden explicó que, tal
como lo afirma la DIAN en su contestación, la República de Venezuela
denunció el Acuerdo en abril de 2006, y a partir de esa fecha contaba con
un plazo de 5 años para continuar con las ventajas recibidas, es decir
hasta el año 2011, y los hechos materia de esta controversia sucedieron
en el año 2009, esto es, dentro del término consagrado en la decisión
supranacional; por ende, en el presente caso, a pesar de que Venezuela
hubiera denunciado el acuerdo, las ventajas se encontraban aún vigentes
para la fecha en que se llevó a cabo el procedimiento administrativo.
Concluyó señalando que la actividad de transporte terrestre objeto de
análisis se encontraba amparada en el régimen de tránsito aduanero
internacional y esa medida estaba sujeta a lo dispuesto en las decisiones
de la CAN, y, en consecuencia, despachó favorablemente las pretensiones
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reclamadas y declaró la nulidad de los actos acusados, y a título de
restablecimiento del derecho, ordenó a la entidad demandada reconocer
y pagar a favor de la sociedad demandante el valor del avaluó de la
mercancía incautada.
Por último, el Tribunal no encontró elementos de juicio para imponer
condena en costas.
VII. EL RECURSO DE APELACIÓN
Inconforme con lo decidido por el a quo, el apoderado de la parte
demandada interpuso, dentro del término legal, recurso de apelación17
contra la sentencia proferida en primera instancia, y lo sustentó con base
en los siguientes argumentos:
Señaló el apelante que no comparte la orientación dada por el Tribunal,
por cuanto las mercancías decomisadas se encontraban en las subpartidas
50 a la 63 del arancel de aduanas (textiles), las cuales tienen como
restricción que su ingreso al territorio aduanero nacional que solo puede
hacerse por los puertos y aeropuertos y lugares de arribo autorizados por
la norma; es decir, este tipo de mercancía, para que entre al territorio
aduanero nacional, debe cumplir los requisitos establecidos en la
normatividad nacional para su ingreso; y evidentemente en este caso no
ocurrió así, ya que los textiles (sábanas) no podían ingresar por el puesto
fronterizo de Paraguachón, y en esa medida las mercancías que ingresen
al país con la modalidad de tránsito aduanero internacional, de acuerdo a
las normas de la comunidad andina, deben cumplir con las reglas
establecidas en el país que ingresen.
Insistió en señalar que el hecho que generó la aprehensión y posterior
decomiso fue el ingreso por un lugar no habilitado de la mercancía, lo cual
17
páginas 177 a 179 Ibidem
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está debidamente demostrado con los documentos Carta de porte
internacional por carretera núm. 17825, Manifiesto de carga internacional
núm. 21348 y la Declaración de tránsito aduanero internacional, que se
aportaron desde el momento de la inmovilización de la mercancía.
Explicó que en el fallo de primera instancia se había realizado un análisis
errado de la Decisión 617, puesto que el artículo 56 literal b) estipulan
una sanción en los casos de tránsito aduanero comunitario, la de transitar
por rutas diferentes a las autorizadas por las administraciones aduaneras
de cada país miembro, y de igual manera adujo que la Decisión 636 de
2006, por la cual se modifican las decisiones 399 de 1997 y 617 de 2005,
establece que no podrán ser objeto de tránsito aduanero comunitario las
mercancías cuya importación esté prohibida expresamente en las
legislaciones de los países miembros compatibles con el ordenamiento
jurídico comunitario.
El recurso fue concedido por auto del 14 de abril de 201518.
VIII. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
8.1. El recurso de apelación fue admitido en proveído del 29 de
septiembre de 201519.
8.2. Se corrió traslado para alegar de conclusión por auto del 24 de mayo
de 201620.
18
página 23 del archivo denominado CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 34 – Ubicado en el índice 34 de
SAMAI
19
página 27 Ibidem
20
página 71 Ibidem
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8.2.1. SOCIEDAD JOJAI LTDA.
El apoderado de la parte demandante insistió en los argumentos que
expuso en la primera instancia21.
8.2.2. La DIAN
La DIAN insistió en los argumentos que expuso en la contestación de la
demanda y en el recurso de apelación 22.
8.3 Interpretación Prejudicial
El Despacho Sustanciador, mediante auto de 8 de octubre de 202423,
atendiendo a las sentencias de interpretación prejudicial24: 391-IP-2022
de 13 de marzo de 2022; 350-IP-2022 de 13 de marzo de 2022; 261-IP-
2022 de 13 de marzo de 2022; y 45-IP-2022 de 13 de marzo de 2022,
actos jurídicos unilaterales de la Comunidad Andina a través del Tribunal
de Justicia, aplicables al mecanismo procesal de la interpretación
prejudicial en el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, consideró
procedente dar aplicación a la interpretación sobre el criterio jurídico
interpretativo del acto aclarado y, en consecuencia, no solicitar la
interpretación prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina y adoptar los criterios jurídicos de las interpretaciones
prejudiciales núm.:
1. 60-IP-2020 del 23 de febrero de 2024, publicada en la Gaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena núm. 5437 de 28 de febrero de
2024 donde el Tribunal se pronunció sobre (i) “Mercancías
comunitarias y mercancías no comunitarias”, (ii) “El programa de
liberación y la integración física y su incidencia en el tránsito
aduanero comunitario”, (iii) “Las mercancías que no pueden ser
objeto de tránsito aduanero comunitario andino”, (iv) “Los criterios
21
páginas 73 a 77 Ibidem
22
páginas 78 a 81 Ibidem
23
Índice 41 del Sistema de Gestión Documental SAMAI
24
Proferidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y publicadas el 13 de marzo de 2023 en las
Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena números 5146 y 5147.
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para que los Países Miembros determinen los cruces o pasos
habilitados dentro de sus territorios aduaneros para el tránsito
aduanero comunitario, así como las rutas habilitadas y los plazos
fijados con carácter general para transitarlas. La prohibición de
tránsito de mercancías por rutas diferentes a las autorizadas por las
administraciones aduaneras de los Países Miembros”
2. 97-IP-2016, la cual se encuentra publicada en la Gaceta Oficial del
Acuerdo de Cartagena 2938 del 6 de marzo de 2017.
IX. CONSIDERACIONES DE LA SALA
9.1. Competencia
De conformidad con el artículo 129 del CCA25 y el artículo 13 del Acuerdo
núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente
para conocer del presente asunto, en segunda instancia.
9.2. Los actos administrativos acusados
En el presente asunto, la parte actora pretende la nulidad de los siguientes
actos administrativos:
(i) Resolución núm. 39-070-238-0636-0038 del 13 de mayo de
2009.26, “POR MEDIO DE LA CUAL DECOMISA UNA MERCANCIA” de
conformidad con lo establecido en los numerales 1.2 y 3.4 del artículo 502
del Decreto 2685 de 1999.
25
“[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda
instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda
el extraordinario de revisión. […]”.
26
páginas 11 a 23 del archivo denominado CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 34– Ubicado en el índice 34
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(ii) Resolución 1-39-201-601-2009-0016 del 22 de septiembre de
200927. Por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración
interpuesto por la demandante en contra del acto antes enunciado, en el
sentido de confirmarlo en todas sus partes.
9.3. Planteamiento del asunto y problema jurídico a resolver
De conformidad con los fundamentos del fallo de primera instancia y en
atención a lo alegado en el recurso de apelación, la Sala advierte que
existe discrepancia en cuanto atañe a la normativa aplicable respecto de
la operación efectuada por la demandante, la cual parte a su vez de la
diferencia en cuanto a la naturaleza misma de la operación efectuada. En
efecto, por un lado, la sentencia de primera instancia plantea que el
asunto se rige por la regulación comunitaria de tránsito aduanero
internacional comunitario y en esa medida afirma que la normativa
pertinente corresponde a las Decisiones 399 de 1999 y 617 de 2005. Por
el otro, la parte apelante aduce que el caso bajo examen se rige por la
regulación interna contenida en el Decreto 2685 de 1999, ya que la
operación no corresponde a una operación de tránsito aduanero
internacional comunitario.
A la luz de lo expuesto, corresponde a la Sala determinar, en primer lugar,
si es cierto que la operación ejecutada por la demandante corresponde al
régimen de Tránsito Aduanero Comunitario, al punto en que se rige por
la normativa comunitaria, o si, por el contrario, corresponde a una
operación de tránsito aduanero no comunitario, regida por las normas
locales. De acuerdo con la respuesta a ese interrogante, se decidirá si la
mercancía decomisada se encontraba incursa en la causal que ordena el
decomiso de la mercadería que hubiere obtenido autorización de régimen
de tránsito aduanero a pesar de estar sometida a una restricción, en
27
páginas 23 a 35 del archivo denominado CUADERNO PRINCIPAL(.pdf) NroActua 34– Ubicado en el índice 34
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particular, por haber ingresado por puerto no habilitado. Finalmente, la
Sala establecerá si son o no nulos los actos demandados.
9.4. Análisis del Asunto
9.4.1. Frente a la cuestión relativa a la naturaleza de la operación
ejecutada por la demandante, esto es, si corresponde al régimen de
tránsito aduanero internacional comunitario o no, conviene recordar que
el Decreto 2685 de 1999 define en su artículo 1° el tránsito aduanero
como “el régimen aduanero que permite el transporte de mercancías
nacionales o de procedencia extranjera, bajo control aduanero, de una
Aduana a otra situadas en el territorio aduanero nacional. En este régimen
se pueden dar las modalidades de tránsito, cabotaje y transbordo.” En el
título VIII de dicha normatividad se regula lo relativo al régimen de
tránsito aduanero, transporte multimodal, cabotaje y trasbordo y, en
consonancia con lo anterior, el artículo 353 indica que el tránsito aduanero
es la modalidad que permite el transporte terrestre de mercancías
nacionales o de procedencia extranjera, bajo control aduanero, de una
Aduana a otra situadas en el territorio aduanero nacional.
Seguidamente, el artículo 370 indica que en la realización del tránsito
aduanero internacional se aplicará lo previsto en las Decisiones 327 y 399
de la Comisión del Acuerdo de Cartagena o las normas que las sustituyan,
modifiquen o adicionen. Con todo, el Decreto 2685 no define en qué
consiste la operación de tránsito aduanero internacional, razón por la cual
se impone acudir a las normas comunitarias indicadas en la norma
nacional.
Al respecto, el artículo 1° de la Decisión 327 de 1992, referida en la norma
nacional, definía el “tránsito aduanero internacional” como el régimen
aduanero bajo el cual las mercancías sujetas a control aduanero son
transportadas desde una aduana de partida hasta una aduana de destino
en una misma operación de transporte internacional, en el curso de la
cual se cruzan una o varias fronteras. A su turno, la Decisión 617 de 2005,
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vigente para el momento de la operación que dio lugar a los actos
acusados, indicó que el Tránsito Aduanero Comunitario corresponde al
régimen aduanero con arreglo al cual las mercancías son transportadas
bajo control aduanero, desde una aduana de partida hasta una aduana
de destino en una misma operación, en el curso de la cual se cruzan una
o varias fronteras de los Países Miembros, con suspensión del pago de los
derechos e impuestos y recargos eventualmente exigibles, mientras
permanezcan bajo este mismo régimen.
En el asunto bajo examen, las partes coinciden en que la mercancía
decomisada provenía de Venezuela, ingresó a través de la administración
especial de aduanas de Paraguachón, y tenía como destino la ciudad de
Cartagena en Colombia.
Ahora bien, en la sentencia de primera instancia el a quo consideró que
las Decisiones 399 y 617 de la CAN eran aplicables en este caso, toda vez
que para la época de los hechos a las mercancías provenientes de
Venezuela aún le eran aplicables las normas de la Comunidad Andina de
Naciones y en esa medida las disposiciones invocadas por el accionante
parten del supuesto fáctico consistente en que la operación de tránsito de
mercancías se realice desde una aduana de partida de un país miembro
hasta la aduana de destino de otro país miembro.
En ese sentido, en la interpretación prejudicial aplicada para este proceso,
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó que, para dilucidar
lo pertinente, correspondía analizar el ámbito de aplicación de la Decisión
617 y evaluar si en los actos acusados la DIAN examinó si se trataba de
un régimen de tránsito aduanero o de un régimen de importación al cual
le era aplicable la normativa interna. Al respecto, el artículo 3 de la
Decisión 617 de 2005 indica:
“Artículo 3.- Las disposiciones de esa Decisión regirán para las operaciones de
tránsito de mercancías, medios de transporte y unidades de carga que utilizando
uno o más modos de transporte, se realicen al amparo del régimen de Tránsito
Aduanero Comunitario:
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a) Desde una aduana de partida de un País Miembro hasta una aduana
de destino de otro País Miembro;
b) Desde una aduana de partida de un País Miembro con destino a un tercer país,
en tránsito por uno o más Países Miembros distintos del de la aduana de partida;
c) Desde una aduana de partida hasta una aduana de destino ubicadas en el
mismo País Miembro, siempre que se transite por el territorio de otro País
Miembro; […]
Ahora bien, obra en el expediente copia de la Declaración de Tránsito
Aduanero (DTAI)28 núm. TA8964 con fecha 10 de febrero de 2009,
presentada por la empresa Transportes Aliados y CIA Ltda., en cuyas
casillas 6 y 7 se indica “6. Aduana de carga: PRINCIPAL DE MARACAIBO”
y “7. País y aduana de partida: VENEZUELA - MARACAIBO”. En el
documento se describe la mercancía como “BED SHEET FULL 4P”, y en la
casilla 22 consta: “22. País y aduanas de cruce de frontera: VENEZUELA
– GUARERO- COLOMBIA -PARAGUACHON”.
De lo anterior se desprende que, tal como lo señala el Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina en su interpretación prejudicial, las disposiciones
comunitarias son aplicables cuando una mercancía ha sido manifestada
en tránsito aduanero en la aduana de un país miembro, como en este
caso Venezuela, según el documento antes citado, implicando lo anterior
que fue en dicho país donde comenzó la operación de tránsito aduanero,
al punto en el que así quedó expresamente consignado en la Declaración
de Tránsito Aduanero (DTAI)29 núm. TA8964.
A dicha conclusión se arriba, además, teniendo en cuenta que el artículo
17 de la Decisión 617 de 2005 establece que “Las mercancías que se
declaran en Tránsito Aduanero Comunitario están sujetas, en la aduana
de partida para la aceptación del régimen, al cumplimiento de los
siguientes requisitos y formalidades, que deberán, en su caso, quedar
establecidas en la declaración aduanera que la Decisión sobre el
Documento Único Aduanero (DUA) adopte, de acuerdo con lo previsto en
la presente Decisión (…)”.
28
Página 8 del archivo denominado ANEXO 1(.pdf) NroActua 34 – Ubicado en el índice 34 de SAMAI
29
Página 8 del archivo denominado ANEXO 1(.pdf) NroActua 34 – Ubicado en el índice 34 de SAMAI
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Correlativamente, la Sala advierte que la actuación que permitió el
ingreso de la mercancía decomisada no correspondía a una importación
de mercancía extranjera sujeta a la normatividad interna. En ese punto
resulta relevante que en la Resolución por la cual se ordenó el decomiso
de la mercancía la DIAN admitió como un hecho probado que “se trata de
una mercancía de origen extranjero que fue autorizada en tránsito
internacional”30
Así las cosas, en concordancia con lo dicho por el Tribunal de justicia, la
Sala encuentra que, respecto de la operación examinada, aplica el
régimen especial aduanero del tránsito aduanero comunitario. Ello, como
lo dice el tribunal comunitario, por cuanto la mercancía iba con destino a
Cartagena – Colombia y proveniente de Venezuela, ambos países a los
cuales le eran aplicables las normas comunitarias para la fecha de los
hechos, situación que da certeza de que se trataba de mercancía en
tránsito aduanero internacional. En consecuencia, de acuerdo con el
ámbito de aplicación de la Decisión 617 de 2005, desde ya se advierte
que era esa norma comunitaria la llamada a regir la operación efectuada.
9.4.2. Dilucidado lo anterior, resulta evidente que no le asistió razón a la
entidad demandada al ordenar el decomiso de la mercancía con
fundamento en las causales previstas en el los numerales 1.2 y 3.4 del
artículo 502 del Decreto 2685, cuyo tenor indica:
“ARTÍCULO 502. CAUSALES DE APREHENSIÓN Y DECOMISO DE MERCANCÍAS.
Dará lugar a la aprehensión y decomiso de mercancías la ocurrencia de cualquiera
de los siguientes eventos: […]
1. En el Régimen de Importación:
[…]
1.2 Cuando el ingreso de mercancías se realice por lugares no habilitados por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, salvo que se configure el arribo
forzoso legítimo a que se refiere el artículo 1541 del Código de Comercio.
30
Página 18 del archivo denominado CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua 34 – Ubicado en el índice 34 de
SAMAI
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[…]
3. En el régimen de tránsito.
[…]
3.4. Cuando durante la ejecución de una operación de tránsito aduanero se
encuentren mercancías que hubieren obtenido la autorización del régimen de
tránsito aduanero, a pesar de estar sometidas a las restricciones de que trata el
artículo 358o. del presente Decreto.”
Ello es así porque, por un lado, como se dijo, al tratarse de una operación
de Tránsito Aduanero Comunitario, le correspondía a la DIAN evaluar el
cumplimiento de los requisitos y formalidades establecidos en las
Decisiones 399 de 1999 y 617 de 2005 para la aceptación del régimen,
así como si se había incurrido en alguna de las infracciones previstas en
el artículo 56 de esta última que diera lugar a la imposición de una
sanción; de manera que, en cualquier caso, no era pertinente la aplicación
de la normatividad interna, en tanto el mismo Decreto 2685 de 1999 así
lo indica.
En ese orden, no es de recibo el argumento señalado por la Dian en el
recurso de apelación referente a que en el caso bajo estudio nos
encontrábamos en el supuesto del literal b) del artículo 56 de la Decisión
617 de 2005, que señala: “b) Transitar por rutas diferentes a las
autorizadas por las administraciones aduaneras de cada País Miembro.”,
por cuanto, como quedo visto, la mercancía se encontraba cumpliendo el
tránsito establecido en la Declaración de Tránsito Aduanero (DTAI)31 núm.
TA8964 y, además, que el fundamento de los actos acusados consistía en
el ingreso de la mercancía por lugar no autorizado, situación que difiere
con el supuesto contemplado en el literal referenciado.
De otro lado, es claro que la restricción impuesta en virtud del artículo 39
de la Resolución 4240 de 200032, de acuerdo con la cual las mercancías
que correspondan a textiles debían ser ingresadas e importadas
exclusivamente por las jurisdicciones de Aduanas de Bogotá o de
Barranquilla, y respecto de ellas no procedía la autorización del régimen
31
Página 8 del archivo denominado ANEXO 1(.pdf) NroActua 34 – Ubicado en el índice 34 de SAMAI
32
Adicionado por la Resolución 7373 de 2007.
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de tránsito aduanero, no cobija el régimen de Tránsito Aduanero
Comunitario en el que se encontraba la mercancía decomisada.
En efecto, la misma entidad demandada reconoció, a través del Oficio 208
de 22 de agosto de 2006, que no resulta procedente aplicar las
restricciones previstas en la normativa nacional en materia de tránsito
aduanero a las operaciones de tránsito internacional. En concreto se
explicó:
Ahora bien, cabe precisar que cuando la norma en cita hace referencia al tránsito
aduanero, lo hace en los términos definidos para esta modalidad en el artículo
353 ibidem, vale decir, para el transporte terrestre de mercancías nacionales o
de procedencia extranjera, bajo control aduanero, de una Aduana a otra
situadas en el territorio aduanero nacional, razón por la cual, las
restricciones establecidas aplican para la modalidad de tránsito aduanero
nacional.
Es por lo anterior que el Decreto en cita dispone en su artículo 370 que para la
realización del tránsito aduanero internacional se aplicará lo previsto en las
Decisiones 327 y 399 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena o las normas que
las sustituyan, modifiquen o adicionen.
Así las cosas, dimana con claridad de lo expuesto que las restricciones
contempladas en el Decreto 2685 de 1999, en materia de tránsito
aduanero, aplican solo para la modalidad de tránsito aduanero nacional,
lo cual determina como lógica consecuencia, que para las operaciones de tránsito
aduanero internacional debe estarse a lo dispuesto en las decisiones vigentes de
la Comisión del Acuerdo de Cartagena que para el caso son: la Decisión 399 del
17 de Enero de 1997, relativa al Transporte Internacional de Mercancías por
Carretera y la Decisión 617 del 15 de Julio de 2005, en materia de Tránsito
Aduanero Comunitario […]”33 (Resaltado fuera del texto original)
Al respecto esta Sección, en sentencia del 10 de octubre de 2024, señaló
lo siguiente:
“De esta forma, las restricciones en el régimen de Tránsito Aduanero Comunitario
corresponden a las previstas en el artículo 10 de la Decisión 617, que se refiere
a las mercancías cuya importación esté prohibida expresamente en el
ordenamiento comunitario, en tratados y convenios internacionales, o en las
legislaciones de los Estados Miembros compatibles con el ordenamiento jurídico
comunitario, y las mercancías consideradas como productos sensibles (…)”34
33
Páginas 37 a 39 del archivo denominado CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua 34 – Ubicado en el índice 34
de SAMAI
34
CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN PRIMERA-CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ -Bogotá D.C.,
diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)- Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO- Radicación: 44001-23-31-000-2008-00138-01
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Por lo anterior, es claro que las restricciones en el régimen de Tránsito
Aduanero Comunitario corresponden a las establecidas en la Decisión 617
de 2005 y que se refieren únicamente a las mercancías cuya importación
esté prohibida expresamente en el ordenamiento comunitario y/o las
mercancías que hayan sido catalogadas como productos sensibles, que
deben ser reconocidas mediante una resolución por parte de la Secretaría
General de la Comunidad Andina. Respecto de esto último, la norma
impone a los Países la obligación de comunicar a la Secretaría General la
relación de mercancías de prohibida importación vigente según sus
legislaciones internas, así como la lista de los Productos Sensibles que
será aprobada mediante Resolución.
Sumado a lo anterior, en el asunto bajo examen, no se encuentra probado
que la restricción de ingreso de la mercancía por unas jurisdicciones de
Aduana determinadas haya sido notificada a la Secretaría General de la
Comunidad Andina, tal como lo dispone el artículo 10 de la Decisión 617
de 2005, de manera que pudiera tenerse como una restricción válida a la
operación. Además, de la lectura de los actos no se advierte que haya
sido con fundamento en ello que la Administración de Aduanas de Maicao
ordenó el decomiso de la mercancía y, por el contrario, lo cierto es que
en la Resolución núm. 1-39-201-601-2009-0016 de 22 de septiembre de
2009 demandada la DIAN reconoció: “tampoco es cierto como lo indica la
recurrente que se trate en este caso de un producto sensible y que en tal
virtud la prohibición de su ingreso a Colombia debía ser comunicada a la
Secretaría General de la Comunidad Andina, pues no es un producto de
prohibido ingreso o importación, sino que tiene restricciones para el
puerto de ingreso, son dos situaciones diferentes con connotaciones
diferentes que en forma indistinta son tratadas en forma errada por el
memorialista”35.
9.4.3 Ante la evidencia anotada, la Sala concluye que la entidad
demandada desconoció las Decisiones 399 y 617 de la Comunidad Andina
35
Página 34 del archivo denominado CUADERNO TRIBUNAL(.pdf) NroActua 34 – Ubicado en el índice 34 de
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de Naciones al ordenar el decomiso de la mercancía transportada por la
demandante, aduciendo como fundamento las causales previstas en los
numerales 1.2 y 3.4 del artículo 502 del Decreto 2685 de 1999 y sin
considerar que se trataba de una mercancía que se encontraba bajo el
régimen de tránsito aduanero comunitario. De ello se desprende, tal y
como lo consideró el Tribunal en la sentencia de primera instancia, que
las resoluciones acusadas están viciadas de nulidad.
Por lo tanto, ante la inexistencia de las causales de aprehensión invocadas
por la DIAN en los actos acusados, la Sala considera que el recurso de
apelación no está llamado a prosperar. En consecuencia, se procederá a
confirmar la sentencia dictada el 13 de febrero de 2014 por el Tribunal
Administrativo de La Guajira, mediante la cual se accedió a las
pretensiones de la demanda.
9.5. Por último, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del
CCA, la Sala se abstendrá de condenar en costas a la parte vencida en
segunda instancia, pues no se evidencia una actuación temeraria y su
conducta se enmarcó en los principios y obligaciones que gobiernan la
actividad judicial.
9.6. Otros pronunciamientos
9.6.1. En consideración al memorial que obra en la anotación núm. 28
del historial de actuaciones del proceso disponible en SAMAI, se tendrá
por debidamente presentada la renuncia presentada por la abogada
Tatiana Orozco Cuervo al poder que le fue conferido para representar a la
DIAN en el presente trámite, teniendo en cuenta que cumple con el
requisito del cuarto 4º del artículo 76 del CGP.
9.6.2. De otra parte, se reconocerá a la abogada Maira Cecilia Ortega
López como apoderada de la DIAN, en los términos y para los fines del
poder a ella conferido, visible la anotación núm. 30 del historial de
actuaciones del proceso disponible en SAMAI. Sin embargo, igualmente
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se aceptará la renuncia al poder que presentó, en aplicación del inciso
cuarto 4º del artículo 76 del CGP36.
9.6.3. De otra parte, se reconocerá al abogado Jhon Haderth Restrepo
Echavarria como apoderado de la DIAN, en los términos y para los fines
del poder a él conferido, visible la anotación núm. 38 del historial de
actuaciones del proceso disponible en SAMAI.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada el 13 de febrero de 2014
por el Tribunal Administrativo de La Guajira.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales – DIAN.
TERCERO: ACEPTAR la renuncia presentada por la abogada Tatiana
Orozco Cuervo al poder que le fue conferido para representar a la DIAN,
por cumplir las exigencias previstas en el inciso 4º del artículo 76 del CGP.
CUARTO: RECONOCER personería a la abogada Maira Cecilia Ortega
López como apoderada de la DIAN, en los términos y para los fines
establecidos en el poder judicial a ella conferido.
QUINTO: ACEPTAR la renuncia presentada por la abogada Maira Cecilia
Ortega López al poder que le fue conferido para representar a la DIAN,
por cumplir las exigencias previstas en el inciso 4º del artículo 76 del CGP.
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Anotación núm. 50 del historial de actuaciones del proceso de SAMAI.
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Radicación:44-001-23-31-000-2010-00071-01
Demandante: SOCIEDAD JOJAI LTDA
SEXTO: RECONOCER personería al abogado Jhon Haderth Restrepo
Echavarria como apoderado de la DIAN, en los términos y para los fines
del poder a él conferido.
SEPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al
Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad
y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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