Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-31-000-2011-00029-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 44001-23-31-000-2011-00029-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 44001-23-31-000-2011-00029-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
20 de septiembre de 2023
Radicación número: 440012331000201100029-01 (58619)
Demandante: Olmes Armando Solano Carrillo y Otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá, D.C., veinte (20) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicado número: 440012331000201100029-01 (58619)
Demandantes: Olmes Armando Solano Carrillo y Otros
Demandado: Nación-Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional – Policía Nacional.
Referencia: Acción de reparación directa
Tema: Responsabilidad del Estado por actos violentos de terceros. Subtema 1: Falla en el servicio
por omisión en el deber de protección. Subtema 2: Liquidación de perjuicios por pérdida de
semovientes.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por las partes en contra
de la sentencia del 28 de septiembre de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo de la Guajira, que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El señor Olmes Armando Solano Carrillo, dueño de los derechos herenciales de una
finca ganadera denominada La Loma, ubicada en el municipio de Barrancas –
Guajira─, comenzó, desde el año 2005, a ser objeto de amenazas y extorsión por
parte de integrantes del Frente 59 de las FARC. Ante la persistencia de la situación,
en el 2007 presentó una denuncia ante el GAULA y en varias oportunidades, desde
2005 hasta el 8 de enero de 2010, solicitó protección para él, su familia y sus bienes,
a través de comunicaciones enviadas a la Presidencia de la República y al Ministerio
del Interior y de Justicia y de allí redirigidas al Ejército Nacional y a la Policía. El 17
de enero de 2010, miembros del grupo subversivo llegaron a la finca, amordazaron
a los trabajadores mientras les disparaban a las reses, dando muerte a 42
semovientes y causándole heridas a otros. Posteriormente, le ordenaron al
administrador y a los trabajadores retirarse, anunciando que iban a detonar un
artefacto explosivo, en razón a que el señor Solano no les había pagado la “vacuna”
y, así procedieron destruyendo por completo la vivienda.
Por esos hechos, el señor Solano Carrillo y su colectivo familiar cercano
presentaron, ante este contencioso, demanda de reparación directa para reclamar
por los daños y perjuicios ocasionados, tras considerar que las autoridades
omitieron el deber de brindarles protección a ellos y a sus bienes.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda
Olmes Armando Solano Carrillo, en nombre propio y de la sociedad Distribuidora
de Combustibles Hermanos Solano Caballero Ltda., Margarita Rosa Caballero
Severini, Camilo Andrés, Carlos Arturo y José Alberto Solano Caballero, en
Radicación número: 440012331000201100029-01 (58619)
Demandante: Olmes Armando Solano Carrillo y Otros
ejercicio de la acción de Reparación Directa presentaron demanda1, con la pretensión
de que se dicte sentencia en la que declare responsable a la Nación - Ministerio de
Defensa - Ejército Nacional – Policía Nacional, por los daños y perjuicios
ocasionados por la detonación de un artefacto explosivo en la finca la Loma, que
acabó con la vivienda existente y con la vida de varios semovientes.
2.2. El trámite procesal relevante de primera instancia
Admitida la demanda2, notificado el auto admisorio3, y corrido el traslado de ley4, la
Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional presentó escrito de
contestación5, para oponerse a las pretensiones. En su defensa indicó que,
geográficamente, le quedaba imposible cubrir todas las zonas de la Guajira, habida
cuenta que el Batallón Juan José Rondón, ubicado en Buenavista, tenía a cargo
diez municipios, entre ellos, Barrancas cuya zona rural cuenta con sendas vías
carreteables y zonas montañosas que imposibilitan la presencia permanente del
Ejército, aunado a que debía custodiar 144 kilómetros de frontera, 44 kilómetros de
línea férrea, 105 kilómetros de gasoducto, una estación de gas, 7 estaciones
eléctricas y un complejo minero, entre otros bienes que, constituían blancos
apetecidos por los grupos subversivos y, a pesar de ello, estuvo al pendiente de
patrullajes y visitas en la zona, sin ocuparse de protecciones de tipo personal, pues
esa sería una tarea técnicamente imposible, dado el elemento sorpresa que suelen
utilizar los ilegales; de ahí, que sus actividades fueran de medio y no de resultado.
Arguyó que se echaba de menos una denuncia formal ante la Fiscalía por parte del
demandante. Refirió que el control del orden público no se maneja con un criterio
absoluto sino relativo ─teoría de la relatividad del servicio─, máxime cuando el
Ejército no fue omisivo, pues las veces que el demandante acudió a dicha
institución, ellos fueron responsivos, incluso, realizando estudios de seguridad,
sumado al hecho que ni en 2009, ni en 2010 el demandante le había elevado
solicitudes a la institución castrense. En definitiva, que la parte actora no había
acreditado los elementos estructurantes de la responsabilidad estatal. Respecto del
daño, indicó que los documentos emitidos por el ICA sobre ciclos de vacunación no
constituían prueba idónea para demostrar la propiedad del ganado, pues dicho
organismo no tenía por función acreditar la titularidad de las reses, máxime que se
trataba de un bien fluctuante que se compraba y vendía de forma permanente.
Como excepciones propuso las que intituló: (i) indebida legitimación por pasiva de
la Nación – Ejército, por cuanto las fuerzas militares no tienen por función proteger
los bienes de las personas; y (iii) hecho de un tercero.
A su turno, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional contestó la
demanda6, para oponerse a las pretensiones, con escrito en el que remarcó que
dicha institución no incurrió en falla del servicio que diera lugar a los hechos por los
que se reclama, pues aquellos provinieron de terceros. Refirió que la omisión
protestada por los demandantes no existió, en cuanto tampoco existió denuncia o
petición formal de protección y que, en todo caso, debía tenerse en cuenta que la
Policía presta un servicio de seguridad general a todas las personas, pues le resulta
imposible asignar a cada ciudadano un policía que lo cuide y asegure sus bienes y,
tratándose de zonas rurales, aquél se materializa en patrullajes y puestos de control
1 Escrito de demanda visible a folios 1-27, C1. Presentada el 14 de febrero de 2011 según sello de recibido de
la Dirección Ejecutiva Seccional, Administración Judicial de Riohacha.
2 Auto admisorio del 14 de marzo de 2011, folios 287-287 Bis, C. 1.
3 A la Policía Nacional se le notificó el 29 de marzo de 2011 (folio 291, c. 1), mientras que, al Ejército Nacional
se le enteró el 25 de marzo de 2011 (folio 292, C. 1.)
4 El asunto fue fijado en lista el 2 de mayo de 2011, cuyo término iba hasta el 13 de mayo de esa anualidad. Cfr.
Folio 293, anverso, c. 1.
5 Contestación del 13 de mayo de 2011, folios 294-316, C. 1.
6 Contestación del 13 de mayo de 2011, folios 322-330, C. 1.
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con propósitos preventivos, no obstante, es imposible predecir el sitio y el momento
en que los grupos al margen de la ley van a atacar, lo que hace que los operativos
para contrarrestarlos puedan ser infructuosos, con todo y que en Barrancas se
tienen puestos de control con uniformados acantonados. Debe tenerse en cuenta
que el demandante no solicitó protección, ni ostentaba la calidad de persona
amenazada, ni se tenían indicios de que podía ser objeto de un atentado y, el solo
hecho de que el país estuviese inmerso en una situación de conflicto armado no es
razón suficiente para responsabilizar a la Policía de todos los daños. En definitiva,
el daño por el cual se protesta provino exclusivamente del “hecho de un tercero”,
postulado como excepción, junto con la denominada “innominada”.
El 10 de junio de 2011 se abrió el proceso a pruebas7. y, vencido este periodo se
dio traslado a las partes para alegar de conclusión8 y al Ministerio Público para
que rindiera concepto. De esta prerrogativa hizo uso la Policía Nacional9 para
reiterar las razones ya expuestas y enfatizar sobre la atribución del daño al hecho
de un tercero. Las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio10.
2.3. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de la Guajira, dictó sentencia el 28 de septiembre de
201611, en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, con
fundamento en una falla del servicio, dado que las demandadas tenían pleno
conocimiento de la situación por la que atravesaba el señor Olmes, pues, de manera
angustiante, rogatoria y persistente acudió en búsqueda de protección para él, su
familia y sus bienes como víctima que venía siendo de amenazas y extorsión por el
grupo insurgente. Remarcó que, aunque la Policía y el Ejército adoptaron acciones,
aquellas no fueron efectivas y, además, que la falta de protección en que se
encontraba la finca se corroboraba con el listado de misiones tácticas desarrolladas
por el Ejército en el lapso comprendido entre febrero de 2005 a febrero de 2010 en
el municipio de Barrancas, encontrándose que, para enero de 2010 cuando
sucedieron los hechos, no se desplegó ninguna misión, lo que facilitó el accionar
violento de los miembros de las FARC. No obstante, consideró que la
responsabilidad recaía únicamente sobre el Ejército porque era a quien
correspondía brindar seguridad en la zona rural, además, porque a sabiendas de la
previsibilidad del hecho y de las condiciones de vulnerabilidad en que se encontraba
el señor Solano no realizó una actuación efectiva dirigida a evitar o a enfrentar
directamente el ataque, todo por lo cual, la inactividad de esta institución en el mes
de enero de 2010, facilitó en gran manera la producción del atentado terrorista.
En consecuencia, condenó a la Nación – Ejército Nacional a pagar perjuicios
materiales en la modalidad de daño emergente por: (i) la destrucción de la vivienda,
en suma de $55.719.551.34, con fundamento en el informe pericial rendido a
instancias de la prueba anticipada; (ii) $2.060.000 por concepto de los honorarios
pagados a los peritos que intervinieron en la práctica de la inspección judicial como
prueba anticipada y (iii) la muerte de las 42 cabezas de ganado, en la modalidad de
condena en abstracto. Por el contrario, denegó el perjuicio moral porque no lo
encontró demostrado e indicó que, tratándose de la pérdida de bienes materiales
no admitía presumirlo; tampoco encontró probado el daño emergente por gastos de
abogado para practicar la inspección judicial anticipada, ni por el diferencial del
7 Decreto de Pruebas, folios 339-341, C. 1.
8 Traslado para alegar de conclusión, folio 391, C. 1.
9 Alegaciones de conclusión Policía Nacional, folios 392-395, C. 1.
10 Folio 396, C. 1.
11 Sentencia de Primera Instancia Folios 416-444, C. ppal.
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ganado que tuvo que vender, o por la pérdida de la báscula, como tampoco, el lucro
cesante que se dejó de percibir por el ganado acribillado, proyectado a cinco años.
Adicionalmente, dispuso notificar la providencia a la Unidad de Atención y
reparación Integral a Víctimas.
2.4. El recurso de apelación
Por disentir con la decisión adoptada en primera instancia, la parte actora, así
como la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, de manera oportuna
interpusieron recurso de apelación sustentado en los siguientes argumentos:
2.4.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en su escrito
impugnatorio12, protestó lo siguiente:
2.4.1.1. La administración obró de manera diligente y de conformidad con los
medios de que disponía para proteger al actor desde el año 2005, pese a que no
existía una denuncia formal que hubiera permitido un apoyo coordinado de otras
instituciones. Así mismo, las amenazas que reportó datan de 2005 y cinco años
después de estas fue que sucedió el atentado terrorista, con lo que, además,
resulta inexplicable que en todo ese tiempo no interpuso una denuncia formal
como para que se hubiera podido evaluar la real situación de peligro y el accionar
para neutralizar a los responsables.
2.4.1.2. Llama la atención que, pese a las fuertes amenazas que recibía el señor
Olmes sobre sus bienes, el estudio de seguridad hubiese indicado que no
ameritaba un esquema personal de seguridad; de ahí, que no se pueda
responsabilizar al Ejército por omisión en sus tareas de protección en el mes de
enero de 2010, pues se probó que dicha institución, a través del Batallón Juan
José Rondón, con sede en Distracción Guajira, realizó labores para neutralizar el
actuar de los grupos ilegales en la zona.
2.4.1.3. Las pruebas incorporadas al plenario demuestran que: (i) está acreditada
la excepción de falta de legitimación pasiva del Ejército Nacional; (ii) el daño
provino del hecho de un tercero; (iii) no existe prueba real de los daños causados
al demandante; (iv) no existió una colaboración seria por parte del actor frente a
las amenazas a que fue sometido durante los años previos al atentados y pretende
descargar sobre el Ejército la responsabilidad por las comunicaciones que enviaba
a la Presidencia de la República; (v) no se demostraron las medidas de
autoprotección que emprendió la víctima, pues lo único que se colige es que
pretendía que se instalara una base militar permanente en su finca, lo cual es
técnicamente imposible y, además, sería someterle a un riesgo a él y a los
finqueros vecinos; (vi) el riesgo del actor era aleatorio e impredecible el momento
en que se concretaría, tanto así que trascurrieron cinco años sin que se
materializara ningún acto en su contra; (vii) El Ejército cumple una labor genérica
de seguridad que recae sobre toda la población, por tanto, se le condenó por el
cumplimiento de un objetivo imposible y sin atender el contexto de conflicto
armado por el que atravesaba el país.
2.4.1.4. Conforme a la misión institucional de las fuerzas militares, no corresponde
al Ejército brindar seguridad individualizada a particulares. Su labor es de medios,
no de resultados -relatividad del servicio-, máxime que el Grupo de Caballería
Mecanizado Rondón no puede ser omnipresente en todo el territorio de la Guajira
12 Recurso de alzada obrante a folios 452-481, C. ppal.
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y, no estaba a su alcance conocer de las amenazas puestas de presente el 8 de
enero de 2010 a la Presidencia de la República y de la cual se le dio traslado a
dicha institución apenas el 1 de febrero de 2010. Todo por lo cual, no se demostró
la falla en el servicio en que hubiera podido incurrir el Ejército y, menos el nexo
causal de sus actuaciones con el daño, como tampoco una ruptura de la igualdad
ante las cargas públicas, pues todos los ciudadanos estamos sometidos a diversas
formas de violencia con características generalizadas.
2.4.1.5. La certificación del ICA no es idónea para demostrar la propiedad ni la
existencia del ganado.
2.4.2. La parte demandante en sustentación de su apelación 13, arguyó:
2.4.2.1. Los perjuicios morales se negaron sin un argumento plausible,
desconociendo que los demandantes fueron amenazados, extorsionados y
debieron vivir a escondidas y domiciliarse en Barranquilla, lo que aparejó conflictos
emocionales.
2.4.2.2. En cuanto a los perjuicios materiales por lucro cesante, se desconoció por
parte del Tribunal, que la pérdida del ganado vacuno no solo conllevó la pérdida
del valor actual, sino la producción inherente al hato de ganado, pues después de
la incursión guerrillera el predio fue abandonado, con la consecuente pérdida de
ingresos que producían las 426 cabezas de ganado que estaban unas en
producción lechera con la prospección de producir crías, otras en levante y, otras,
en un contrato de participación ganadera, aunado a que el ganado tuvo que
venderse a un precio irrisorio que debe ser resarcido conforme a las condiciones
de precio que tenía el mercado para esa época, todo por lo cual solicitó se
acogiera, en su integridad, lo determinado a través del dictamen pericial practicado
en la prueba anticipada por un profesional especializado conocedor del tema
(zootecnista) y a instancias de las demandadas quienes no manifestaron su
desacuerdo o, en su defecto, se ordene un nuevo peritaje que tenga en cuenta la
información recogida dentro de la inspección judicial. En definitiva, se debe
reconocer, por estar probado, que los perjuicios por lucro cesante ascienden a
$6.842.480.000.
2.4.2.3. El Tribunal a quo se limitó a decir que los perjuicios no estaban probados,
desconociendo que el peritaje contenía todos los datos necesarios para
demostrarlos, como, por ejemplo, el valor del litro de leche en 2010, el valor del
gramo de carne para ese momento, e, igualmente, sin atender el certificado de
vacunación del ICA que daba cuenta del ganado existente.
2.4.2.4. La primera instancia solamente reconoció 42 reses fallecidas, pero, faltó
incluir dos toros Brahaman y GIRL que murieron en el acto terrorista.
2.4.2.5. Se debe reconocer lo concerniente al pago de honorarios del profesional
del derecho que, a pesar del riesgo que implicaba, atendió la diligencia de prueba
anticipada, perjuicio que se encuentra probado con el respectivo contrato de
prestación de servicios.
2.5. Conciliación
13 Recurso de apelación – parte demandante. Folios 482-487, C. ppal.
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Según lo prescrito en el cuarto inciso del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011, el
Tribunal convocó a audiencia de conciliación14, la cual fue evacuada el 7 de
diciembre de 201615, y hubo de declararse fallida y de concederse los recursos de
apelación propuestos.
2.6. El trámite procesal relevante de segunda instancia
Recibido el asunto en esta Corporación, por auto del 1 de marzo de 201716, se
admitieron los recursos de apelación y, en providencia posterior, se corrió
traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio de Público
para que emitiera su concepto. El término de traslado corrió en silencio para las
partes17, mientras que el Ministerio Público, representado por doctor Nicolás
Yepes Corrales, en su entonces condición de Procurador Primero Delegado ante
el Consejo de Estado, emitió concepto, en el que indicó que el fallo condenatorio
debía ser revocado, por cuanto no se demostró que el Ejército hubiera incurrido
en falla del servicio, dado que las pruebas indican que aquél desplegó acciones
propias de su competencia en la zona y, además, el propio demandante indicó
que, tras sus denuncias, iban uno o dos militares a su oficina a buscar información
que les sirviera de base para su accionar y a hacerle “preguntas pendejas”, como
también, que en el 2009 el Ejército le había concedido audiencia con la cúpula
militar de la Costa Atlántica, lo que era indicativo del interés que tenía la institución
de brindarle protección a él y a sus bienes, y que, cosa distinta era que por la
restricción de recursos y personal no fuera posible mantenerle una seguridad
exclusiva en su predio, aunado a la imposibilidad de prever la fecha del ataque.
Además, que aun cuando era cierto que nueve días antes del acto terrorista el
demandante había elevado una comunicación a la Presidencia de la República, la
misma no daba cuenta de la inminencia del ataque, sino que, para esa fecha, el
temor principal del señor Olmes giraba en torno a la dificultad para la venta de
gasolina en Maicao y, de manera secundaria mencionaba los problemas de
abigeato y presencia de la guerrilla en el sector de su finca, sin que denotara que
estaba ante un riesgo inminente y previsible, pues inclusive, en la misiva le solicitó
al gobierno nacional que no enviara hombres del Batallón ubicado en la zona. En
definitiva, que los requerimientos del señor Olmes y el daño por aquél sufrido no
son suficientes para atribuir responsabilidad al Estado, porque debía demostrarse
la inacción e indolencia administrativa del Estado y que, la inferencia que hizo la
primera instancia en cuanto a que al no haber adelantado una misión táctica en el
mes de enero de 2010 se había facilitado el actuar ilegal, carecía de razonabilidad
porque no se solicitó las misiones tácticas del Batallón más próximo y, porque ese
argumento supone la realización de misiones tácticas de forma permanente,
desconociendo la limitación de recursos. En cuanto a la legitimación por activa,
indicó que el señor Olmes lo estaría, pero, únicamente en función del porcentaje
de derechos herenciales que tenía sobre la finca para el momento de los hechos.
2.7. Manifestación de impedimento
14 Auto del 25 de noviembre de 2016, visible a folio 490, C. ppal.
15 Folios 502-503, C. ppal.
16 Folios 507, C. ppal.
17 Folio 524, C. ppal.
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El magistrado Nicolás Yepes Corrales, el 03 de agosto de 202318, manifestó estar
incurso en causal de impedimento por haber rendido concepto en el proceso en
calidad de agente del Ministerio Público, de conformidad con lo previsto en el inciso
1° del artículo 140 y en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del
Proceso, que le fue aprobada en Sala de Decisión por los demás miembros de la
Subsección, de ahí que el proyecto respectivo fuera discutido y aprobado por Sala
dual.
III. PROBLEMA JURÍDICO
De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (CGP) —aplicable
en esta instancia conforme a la jurisprudencia administrativa unificada19— el
“recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que el superior revoque o reforme la decisión”. En razón a ello, la competencia
funcional de la Sala, como juzgador de segunda instancia, se limita a “pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley”, como lo
establece el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP). Sin embargo, como
la misma norma lo establece, “cuando ambas partes hayan apelado toda la
sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin
limitaciones”.
De conformidad con lo que es objeto de recurso, los siguientes son los problemas
jurídicos que la Sala deberá resolver:
¿Acreditó la parte demandante haber padecido el daño antijurídico sobre el que
sustenta sus pretensiones?
¿Debe responder el Estado, a través de los organismos demandados, por las
pérdidas y afectaciones económicas que sufrió la parte actora como consecuencia
de la detonación de un artefacto explosivo en la finca La Loma, activado por
integrantes de un grupo armado al margen de la ley?
Si la respuesta al anterior problema se revela positiva, la Sala dará paso a la
solución del siguiente:
¿Los perjuicios que reclama la parte demandante se encuentran debidamente
demostrados y acordes con los lineamientos jurisprudenciales previstos por esta
Corporación para su reconocimiento y tasación?
IV. CONSIDERACIONES
4.1. Sobre los presupuestos de la sentencia de mérito
La Sala es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto por las partes
contra la sentencia proferida por Tribunal Administrativo de la Guajira, en un proceso
18 Índice 16 del aplicativo SAMAI.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 25 de junio de 2014, rad. núm. 25000-23-36-000-2012-00395-
01(IJ).
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con vocación de segunda instancia ante esta Corporación, por razón de la cuantía20
y, dado el ejercicio de la acción de reparación directa interpuesto de manera oportuna
por los demandantes, si se tiene en cuenta que los hechos por los cuales se depreca
indemnización, esto es, la destrucción de sus bienes por la detonación de un artefacto
explosivo en la finca la Loma por parte de integrantes del Frente 59 de las FARC,
sucedió el 17 de enero de 2010, lo que viene a significar que la caducidad estaba
comprendida el en lapso transcurrido entre el 18 de enero de 2010 y el 18 de enero
de 2012 y como la demanda fue presentada el 11 de febrero de 201121, se constata
que fue radicada en tiempo, inclusive, sin tener en cuenta la suspensión en razón al
trámite de conciliación prejudicial22.
En cuanto a la legitimación en la causa, como una cuestión previa, la Sala destaca
que la demanda fue impetrada por los señores (i) Olmes Armando Solano Carrillo,
quien dijo actuar a nombre propio y, en representación de la sociedad Distribuidora
de Combustibles Hermanos Solano Caballero Ltda., (ii) Margarita Rosa Caballero
Severini (cónyuge) y, (iii) Camilo Andrés, Carlos Arturo y José Alberto Solano
Caballero (hijos). En el poder23 que otorgaron para la demanda de reparación directa
se anuncia a Olmes Armando Solano Carrillo y Margarita Rosa Caballero Severini
como “propietarios y poseedores de la finca La Loma” y, ninguna mención se hizo
respecto de la persona jurídica que en la demanda dijo representar el señor Olmes
Solano, de ahí que, en el auto admisorio de la demanda no se incluyó a Distribuidora
de Combustibles Hermanos Solano Caballero Ltda., como demandante, actuación
que quedó en firme y de la cual se extrae que, a instancias de este proceso, la
mencionada sociedad no fue considerada sujeto procesal y desde un principio
quedó excluida de la controversia con el pleno conocimiento y anuencia del extremo
activo.
Por activa. En relación con las afectaciones que sufrió la vivienda, se encuentra
legitimado el señor Olmes Armando Solano Carrillo, pero, no en la calidad de
propietario que invoca, ni tampoco en la calidad de coheredero que aduce el
Ministerio Público, sino en la condición de cesionario de todos los derechos
herenciales del predio denominado Loma, como se pasa a explicar.
Tratándose de daños a una propiedad inmueble, conforme lo tiene establecido la
ley24, y también la jurisprudencia25, la prueba idónea la constituye la escritura pública
y su correspondiente inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos o,
cuando menos, el certificado de tradición y libertad del inmueble, bajo el entendido que
aquel se expide luego de verificar que el título inscrito consta en escritura pública. Esto,
porque de acuerdo con lo establecido por el artículo 1760 del Código Civil, los actos
que requieren de alguna solemnidad no pueden ser demostrados de otra forma que
no sea la que la ley estipula. En el caso concreto, se aportó el folio de matrícula
inmobiliaria No. 210-4535026 que corresponde al inmueble denominado “Lote La Loma
# Ubicado en el paraje del potrero de Benancio – Barrancas”. Conforme a la anotación
20 En el presente asunto se supera el monto establecido en el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo
(CCA), para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado como de doble
instancia ante esta Corporación, si se tiene en cuenta que, conforme al artículo 3° de la Ley 1395 de 2010,
vigente para cuando se interpuso la demanda ─14 de febrero de 2011─ la cuantía se determinaba por la suma
de todas las pretensiones que, para el caso concreto, ascendían a $8.337.814.851.34, cifra muy superior a los
500 smlmv requeridos por la norma ($267.800.000).
21 Cfr. Folio 17, c. 1.
22 A folios 281-284 del C. 1, aparece la solicitud de conciliación extrajudicial No. 556-2010, presentada el 24 de
noviembre de 2010 ante la Procuraduría 154 Judicial II Administrativa de Riohacha y la constancia emitida el
25 de enero de 2011, mediante la cual se declaró fallido el trámite conciliatorio.
23 Folio 29, C. 1.
24 Cfr. Artículo 756 del Código Civil.
25 Ver al respecto: Consejo de Estado, Sección Tercera – Sala Plena, sentencia del 13 de mayo de 2014, Rad.
76001-23-31-000-1996-05208-01(23128).
26 Folio 143, C. 1.
8
Radicación número: 440012331000201100029-01 (58619)
Demandante: Olmes Armando Solano Carrillo y Otros
No. 1, dicho inmueble fue adquirido por el señor Gabriel Camilo Solano Figueroa,
mediante sentencia de declaración de pertenencia inscrita el 20 de noviembre de
2006. Se conoce que el señor Solano Figueroa falleció el 19 de diciembre de 200527,
fecha a partir de la cual el bien pasó a conformar el haber relicto de la sucesión. En la
anotación No. 2 realizada el 17 de febrero de 2010 ─ fecha posterior al atentado─, se
inscribió la compraventa de derechos de cuota herencial, de los herederos de Gabriel
Camilo Solano Figueroa a la Distribuidora de Combustibles Hermanos Solano
Caballero Ltda., todo por lo cual, es factible concluir que, para el 17 de enero de 2010,
cuando aconteció la explosión del artefacto, el bien pertenecía a la sucesión del señor
Solano Figueroa.
Ahora bien, al plenario se allegó la escritura pública No. 285 del 4 de julio de 200828
otorgada ante el Notario Único de Barrancas, en la que se protocolizó un acuerdo
privado de “transacción” suscrito por los herederos y la cónyuge supérstite del señor
Gabriel Camilo Solano Figueroa, en el que acordaron que vendían todos los derechos
de la finca La Loma al heredero Olmes Armando Solano Carrillo, no obstante, tal
documento no fue inscrito en el folio de matrícula inmobiliaria del predio, lo que no
obsta para que del mismo se desprenda un interés legítimo representado en la calidad
de cesionario de todas las alícuotas herenciales correspondientes a dicho inmueble,
aunado a que, contrastados los demás elementos de prueba, se halla que, cuando
menos, desde 2009 el señor Olmes ejercía la tenencia del bien y, cierta disposición
sobre el mismo, pues no de otra manera hubiera podido suscribir el contrato de
ganadería en junio de 2009 con el señor Loreto Segundo Gómez, mediante el cual le
recibió en depósito noventa (90) terneras para pastarlas en la mencionada finca.
Ahora, en lo que concierne a las pérdidas económicas relacionadas con los
semovientes, la jurisprudencia de la Corporación ha indicado que la propiedad del
terreno no es suficiente para demostrar la propiedad de los animales que pasten en
él29, máxime que, a partir de la Ley 914 de 2004 se implementó el “Sistema Nacional
de Identificación e Información del Ganado Bovino”, que atribuyó la actividad registral
─hierros, marcas y cifras quemadoras─ a las agremiaciones ganaderas y
excepcionalmente a las autoridades municipales. Así, para el caso concreto, como
pruebas se allegó el registro de hierro No. 44-650-000170-004022 ante el Comité de
ganaderos de San Juan del Cesar, inscrito el 25 de enero de 2010 a nombre de
Holmes (sic) Armando Solano Carrillo, para el predio La Loma30, así como el registro
de marca quemadora ─sin número─ a nombre de Margarita Caballero Severini,
Camilo Andrés, Carlos Arturo y José Alberto Solano Caballero, del 12 de mayo de
2003 ante la Alcaldía de Barrancas31, igualmente, copia del certificado de registro
único de vacunación No. 24-000892 expedido por Fedegán el 16 de diciembre de 2009
para el predio La Loma, a nombre del ganadero Holmes (sic) Armando Solano
Carrillo32, lo que viene a indicar que, aunque el señor Olmes presentó a registro la
marca en fecha posterior a los hechos, a partir de una lectura integral de las demás
pruebas se logra determinar el interés que le asiste a él y a los demandantes para
acudir en reparación directa en relación, cuando menos, respecto de los semovientes
que perecieron en el atentado terrorista y, en ese sentido, se encuentra acreditada la
legitimación por activa de estos. Distinto será, en sede de perjuicios ─si a ello hubiere
lugar─, determinar el alcance real y concreto del detrimento patrimonial que invocan
por ese concepto.
27 Registro civil de defunción con serial No. 03948182, obrante a folio 96, C. 1.
28 Folios 114-121, C. 1.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia del 16 de julio de 2015, exp. 34046, reiterada
en sentencia de la Subsección B, del 12 de octubre de 2017, exp. 43795.
30 Folio 95, C. 1.
31 Folio 166, C. 1
32 Folio 168, C. 1
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Por pasiva. Desde este extremo de la causa se encuentra legitimada La Nación,
quien concurre a través del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y Policía
Nacional, representada a través del ministro del ramo o su delegado y, del director
de la Policía, no solamente porque se trata de los órganos integrantes de la persona
jurídica “Nación” a quien la parte demandante le atribuyó la responsabilidad de los
daños causados por los hechos de violencia que se presentaron en la Finca la
Loma, sino, porque, para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado
relacionados con la garantía y efectividad de los derechos humanos y el
aseguramiento de la convivencia pacífica33, constitucionalmente se le asignó a la
Policía y al Ejército Nacional, a través de un plexo de deberes, la misión de
mantener, conservar y garantizar el orden constitucional34 , el mantenimiento de las
condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y
para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz; siendo entonces,
del resorte de estos órganos atender el deber de proteger la vida de los residentes
del país.
4.2. Hechos probados relevantes para la resolución del problema jurídico
enunciado
De conformidad con las pruebas válida y oportunamente allegadas al proceso35, se
tiene demostrado lo siguiente:
4.2.1. Mediante Oficio No. 4749 del 25 de noviembre de 200536, el comandante del
Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 Rondón del Ejército Nacional, le respondió
al señor Olmes Armando Solano una solicitud enviada el 21 de octubre anterior a la
Presidencia de la República en la que informaba que “nuevamente ha[bía] tenido
que abandonar las tierras donde vive por amenazas de grupos narcoterroristas y
por tal motivo [sería necesaria] la asignación de otro Batallón para el Departamento
de la Guajira”. En respuesta, el Ejército le indicó que con fundamento en las
denuncias que le habían llegado a esa Unidad Militar, se asignó a esa área “10
pelotones compuesto[s] de treinta y cuatro (34) hombres cada uno, ubicados
estratégica y específicamente a los alrededores de la Finca de su propiedad
denominada “LA LOMA” se encuentra el Grupo Especial “AVISPA”, (…). Esta
Unidad siempre ha desarrollado misiones tácticas en el área rural (…) estamos
dispuestos a establecer más coordinación con Usted con el fin de brindarle nuestro
apoyo y colaboración en lo que esté a nuestro alcance (…)”.
4.2.2. Con Oficio No. 4893 del 9 de diciembre de 200537, nuevamente, el Ejército
responde un correo enviado por el señor Olmes Solano a la Presidencia de la
República en el que se quejó de la inseguridad y extorsiones que se estaban
presentando en Barrancas y la muerte de 12 cabezas de ganado de la señora
Abdala viuda de Solano atribuida a grupos al margen de la ley, sin que, en su sentir,
33 Previstos en el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia.
34 Cfr. Artículos 217 y 218 de la Constitución Política de Colombia y, entre otros, los artículos 1° y 19 de la Ley
62 de 1993, vigente para la época de los hechos.
35 Al expediente se allegaron algunos recortes de prensa, los cuales serán valorados como prueba de la
existencia de la noticia, mas no como certeza de los hechos que en ellos se contiene. Cfr. Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 29 de mayo de 2012, Rad. 2011-01378.
Igualmente, Las copias simples aportadas al proceso serán apreciadas en su eficacia probatoria con
fundamento en lo decidido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de unificación de
jurisprudencia proferida el treinta (30) de septiembre de dos mil cuatro (2014), por cuanto estuvieron a
disposición de la parte contra la cual se aducen, sin que fueran tachadas de falsas. Cfr. Sentencia de 30 de
septiembre de 2014, exp. 11001-03-15-000-2007-01081-00. El pleno de la Sección Tercera había unificado su
jurisprudencia en el mismo sentido en sentencia de 28 de agosto de 2013, exp. 25022.
36 Folios 31-*32, C. 1
37 Folios 33-34, C. 1.
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hubiera visto la reacción de las tropas en el sector. En respuesta, el Ejército replicó
lo expuesto en antecedencia.
4.2.3. El 13 de enero de 2006, el mencionado grupo de caballería del Ejército, envió
a los ganaderos, comerciantes y empresarios de Barrancas, un “informe de
prevención”, con indicaciones y recomendaciones de seguridad, el cual fue firmado
de recibido por el señor Olmes Solano de la finca La Loma con una nota manuscrita
que dice “pon que nunca más volvieron (sic)”38.
4.2.4. El 24 de marzo de 200739, el señor Holmes (sic) Armando Solano Carrillo
interpuso una denuncia penal ante el Grupo de Acción Unificada por la Libertad
personal – Gaula Guajira, por el delito de extorsión. Indicó que esos hechos ya
habían sido puestos en conocimiento del Grupo Rondón de Fonseca. Refirió que en
el año 2005 recibió una llamada perdida del administrador de su finca y, al devolver
la llamada, quien se puso al teléfono fue un señor que dijo llamarse Maicol o Maiquel
del frente 59 de las FARC para pedirle la “vacuna”, y que duraron meses
negociando, pero que constantemente le amenaza a él y a la familia, por lo que tuvo
que entregarle en enero de 2006 $8.000.000 y una vaca para que no les quitara la
vida. Manifestó que nuevamente el 21 de marzo de 2007 los volvió a llamar a pedir
la “vacuna” y comenzó otra vez la pesadilla para él y su familia; por eso acudió en
búsqueda de protección, pues teme por sus vidas y necesita saber si accede a la
extorsión o espera que las autoridades hagan algo al respecto. Además, solicitó que
la denuncia fuera confidencial, pues si se llegaba a enterar Maicol, de seguro
atentaba contra su vida. Indicó que su finca se llama Palotal y La Loma, que es
conocida en la región porque es una finca grande y con bastante ganado de buena
calidad y, por eso espera que las autoridades le den protección a sus empleados y
a su ganado porque ese señor Maicol está acostumbrado a matar reses y el
administrador de la finca estaba aterrorizado. Así mismo, suministró a las
autoridades el número celular desde el cual recibía las llamadas extorsivas, pues el
sujeto le anunció que iba a estar rondando en la finca hasta que le pagara la vacuna
y que no le fuera a avisar al Ejército. También aportó una grabación de la última
conversación telefónica que sostuvo con el extorsionista.
4.2.5. El 9 de enero de 200840, el señor Olmes Solano le envió una comunicación al
Ministro del Interior y de Justicia, en la que le manifestó que el 7 de enero de ese
año se había presentado en su finca alias Mikel junto con nueve delincuentes más
y que se trataba de un sujeto que venía matando el ganado de todo el que no le
pagara la extorsión. Así mismo refirió: “Opera en la zona de la finca la loma de mi
propiedad que está ubicada a 17 kilómetros del municipio de Barrancas Guajira,
(…), el ejército del grupo rondón sabe ya que ellos han hecho de todo y no han dado
para capturarlo, ya lleva 3 años quitándome el dinero (…) que hago yo me voy del
país y dejo todas mis cosas tiradas, cómo es posible que la justicia colombiana no
tenga la capacidad de capturar a este señor que anda con 8 personas haciendo lo
que le venga en gana en esta región, le agradezco estas letras sean privadas, ya
que si usted le pasa esto a las fuerzas armadas, inmediatamente lo sabe este señor
y me mata a mí y a mi familia, porque no le jala las orejas a los batallones rondón-
Cartagena y santa barbará (sic), cual es el misterio que este hombre no lo cogen
será que tiene pacto con el diablo. (…) yo le agradezco me solucione este problema
ya que si me matan el ganado el gobierno me lo debe pagar, ya que estoy anexando
copia de la denuncia que puse ante el gaula de la guajira (…) si me secuestran a un
hijo (…) y si a mi señora o a mi nos pasa algo el gobierno responde. Yo llevo tres
años en esta lucha pagándole a este señor para que no mate a mis empleados, el
38 Folios 35-36, C. 1.
39 Folios 37-39, C.1.
40 Folios 44-45, C.1.
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ganado, a mi familia y a mí. El presidente Uribe sabe de esto, ya que y le envié un
correo hace 2 o 3 años y él le jalo (sic) las orejas al coronel Navarrete, que entonces
era el comandante del batallón rondón (…) tengo 2 años de no ir a la finca la manejo
por celular, le comento que el ganado que está en la finca es de muy buena calidad
(…)”.
4.2.6. En respuesta, el Ministerio redirigió la comunicación al Comandante de Policía
de la Guajira41.
4.2.7. El 10 de marzo de 200842, el señor Olmes Solano envió, por separado,
comunicación al Ministro del Interior y de Justicia y al Presidente de la República
solicitando protección consistente en un escolta, un carro blindado y protección para
sus bienes, ya que se encontraba amenazado de muerte y viene reclamando desde
2005 sin que hasta ese momento le dieran respuesta que lo deje tranquilo.
4.2.8. En respuesta a la anterior comunicación43, el 2 de abril de 2008 la
Presidencia de la República le indicó al señor Olmes que había dado traslado de su
solicitud a la Secretaría General de la Policía Nacional.
4.2.9. El 15 de abril de 200844, el Ministerio del Interior y de Justicia, a través del
Oficio No. 005734, le respondió al señor Olmes Solano que dicho Ministerio
adelantaba un programa de protección a personas que se encontraban en riesgo
por causas relacionadas con la violencia política, ideológica o del conflicto interno,
esto, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 418 de 1997, sin embargo, los
interesados en la protección debían demostrar conexidad directa entre la amenaza
y el cargo, por lo que se concluyó: “se logró determinar que su caso no forma parte
de la población objeto del Programa de Protección que adelanta el Ministerio, toda
vez que no pertenece a ninguna de las categorías establecidas. No obstante lo
anterior, el caso fue puesto en conocimiento de la Policía Nacional con el propósito
de que se adopten las medidas preventivas de seguridad que este amerite”.
4.2.10. El 17 de abril de 200845, mediante Oficio OFI08-10975-SEG-0400, el
Ministerio del Interior y de Justicia, le indicó al señor Olmes que la Dirección de
Derechos Humanos había puesto en conocimiento su caso ante el Coronel Efraín
Oswaldo Aragón Sánchez, para que le brindaran las medidas de seguridad y
protección y que, ya de antes le habían informado de tal situación al coronel Carlos
Alberto Suzunaga, todo por lo cual el Ministerio había mostrado interés en el caso
y, asunto distinto era que no se pudiera acceder a las pretensiones.
4.2.11. El 17 de mayo de 200846 el Departamento de Policía de la Guajira suscribió
Acta, mediante la cual le hizo entrega al señor Olmes de una cartilla con las medidas
de autoprotección que debía adoptar.
4.2.12. Mediante Oficio 01797 del 21 de mayo de 200847, la Policía Nacional, en
atención a la petición dirigida por el señor Olmes a la Presidencia de la República,
le respondió que el 16 de febrero anterior, personal de la Seccional de Inteligencia
del Departamento de Policía de la Guajira le realizó un “Estudio Técnico de Nivel de
Riesgo y Grado de Amenaza, determinándose (…) un nivel de riesgo Ordinario,
teniendo en cuenta que: “Evaluada la situación se establece que presenta un
41 Folio 48, C. 1.
42 Folios 48-51, C. 1.
43 Folio 69, C. 1.
44 Folios 70-71, C. 1.
45 Folio 72-73, C. 1
46 Folio 75, c. 1.
47 Folio 74, C. 1. Se destaca que de esta comunicación solamente se allegó un folio.
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eventual nivel de riesgo y se deben tomar medidas de autoprotección. No existe
ningún tipo de amenaza o hecho que pueda corroborarse para afectar la seguridad
personal del evaluado, es decir, el riesgo que corre proviene de factores externos
de la sociedad y de la convivencia con otras personas”. Atendiendo el nivel de
riesgo, el Departamento de Policía de la Guajira, dispuso a través del Comandante
de la Estación de Policía Barrancas, la realización de patrullajes constantes, revistas
y visitas parciales a su lugar de residencia (…) así como las coordinaciones con los
señores Comandantes de los Batallones de Infantería No. 6 Cartagena (…)”.
4.2.14. Mediante Oficio 02213 del 12 de junio de 200848, el Departamento de Policía
de la Guajira le indicó al señor Olmes Solano el alcance conceptual que tenían los
distintos niveles de la clasificación de riesgos y le recordó que debía tener en cuenta
las recomendaciones de autoprotección. El 25 de ese mismo mes y año le hicieron
entrega de “recomendaciones antes de viajar”49.
4.2.13. El 4 de julio de 200850, nuevamente Olmes Solano le escribió al Presidente
de la República para decirle que las autoridades de la Guajira no le habían
solucionado su problema con el frente 59 de las FARC.
4.2.14. El 2 de junio de 2009, el señor Olmes Solano envía comunicación a la
Presidencia de la República en la que informa que nuevamente sigue siendo objeto
de extorsión en su finca La Loma por parte del frente 59 de las FARC y que de esa
situación viene reportando desde el 2005. Indica que “el 30 de mayo del 2009 me
robaron una ternera y como yo no he pagado la extorsión del año en curso ni la voy
a pagar ya que no tengo dinero (…) le agradezco me ayude a resolver ese problema
que está acabando con mi persona ya que vivo encerrado (…) por temor a que la
guerrilla me haga daño”51.
4.2.15. El 8 de enero de 201052, nuevamente Olmes Solano envía comunicación a
la Presidencia de la República, en la que manifestó que tuvo que cerrar dos
estaciones de servicio que tenía en Maicao porque la gente prefería comprar
combustible ilegal, aunado a ello refirió que había gastado toda su existencia para
poner a producir la finca que heredó de su padre y todo había sido un fracaso ya
que era víctima de la guerrilla y los ladrones, que el pasado 29 de diciembre de 2009
le habían hurtado una novilla de muy buena calidad, pero que no le fuera a mandar
gente del Grupo Rondón porque ellos no hacían nada, que estaba angustiado
porque ya no tenía ni cómo pagarle a los empleados de la Finca, que le iba a tocar
vender la finca y el ganado, pues estaba a punto de enloquecer con su situación.
4.2.16. El 17 de enero de 2010, un grupo de nueve hombres y una mujer que dijeron
pertenecer al frente 59 de las FARC y que portaban armas de largo alcance, llegó
hasta la finca La Loma, reunieron a los empleados de la finca y les dijeron que
estaban allí para probarle al señor Olmes Armando Solano Carrillo que con el frente
59 de las FARC no se jugaba, así mismo, les indicaron que recogieran sus cosas
que iban a “volar la casa” y procedieron a instalar un artefacto explosivo, pero, antes
de activarlo, “se llevaron el ganado que estaba en ese momento vacas, toros y sus
hijos (…) encerrándolos en el corral” y duraron como cinco minutos disparando
contra el ganado y luego detonaron el explosivo destruyendo por completo la
48 Folios 76-77, C. 1.
49 Folios 78-79, C. 1
50 Folio 54, C. 1.
51 Folio 56, C. 1.
52 Folios 57-58, C. 1
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vivienda e indicaron que eso lo hacían por que el señor Olmes no les había pagado
la “vacuna”53.
4.3. Primer problema jurídico – Acreditación del daño
El artículo 90 de la Constitución Política dispone que el Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las
autoridades públicas. Es así como, para los fines que interesan al Derecho, el daño
puede ser entendido como la aminoración o alteración negativa de un interés humano
objeto de tutela jurídica, debido al cual, el derecho facilita la reacción de quien lo
padece en orden a la reparación o compensación de su sacrificio54.
Además de lo anterior, el daño, a efectos de que sea resarcible o indemnizable,
requiere estar cabalmente estructurado; por tal motivo esta Sección55 ha establecido
que resulta imprescindible acreditar los siguientes aspectos relacionados con la lesión
o detrimento cuya reparación se reclama: i) que el daño sea cierto y personal, es decir,
que se puede apreciar material y jurídicamente, por ende, no se limita a una mera
conjetura, y que lo haya sufrido quien lo alega; ii) que lesione un derecho, bien o
interés protegido por el ordenamiento legal y iii) que sea antijurídico, esto es, que la
persona no tenga el deber jurídico de soportarlo, en otras palabras, que “no haya sido
causado, ni haya sido determinado por un error de conducta de la propia víctima y que
no exista un título legal conforme al ordenamiento constitucional que justifique o que
legitime la lesión al interés jurídicamente tutelado”56.
Para el caso concreto, el daño se hizo consistir en la afectación patrimonial que
sufrió la parte actora como consecuencia del atentado terrorista perpetrado en la
finca la Loma, ubicada en jurisdicción del municipio de Barrancas en la Guajira. Tal
daño se encuentra acreditado, entre otras pruebas, con el acta de inspección
realizada el 18 de enero de 2010 por la Policía Judicial al referido fundo57, en el que
se da cuenta de la acción terrorista que se ejecutó en el predio y que afectó la
estructura de la vivienda, así como la muerte de 42 semovientes que, por lo dicho
al momento de estudiar la legitimación activa, se demostró que la finca y el ganado
ultimado por los subversivos pertenecían a la parte demandante, constándose con
ello, el detrimento sobre el que se estriban las pretensiones de la demanda. Así
mismo, no existen razones en el plenario que hagan suponer que los demandantes,
en las circunstancias en que se produjo el atentado, debieran soportar la afrenta y
lesión a sus intereses, constituyendo tal menoscabo un daño antijurídico.
4.4. Presupuestos para la imputación del daño a las demandadas
La imputación, esto es, la atribución fáctica y jurídica del daño así calificado y de
sus consecuencias a una persona diferente a las víctimas, para que las soporten
con cargo a su patrimonio, y tratándose de entidades o de órganos públicos dotados
de autonomía presupuestal, se desenvuelve, ha dicho la Sección Tercera del
Consejo de Estado58, en dos planos: un primer plano, puramente fáctico, de
53 De este hecho dan cuenta las siguientes pruebas: (i) denuncia presentada por el señor Olmes Solano el 20
de enero de 2010 ante la Personería de Barrancas Guajira (fls. 66-68, C. 2), (ii) el acta de inspección al lugar
realizada el 18 de enero de 2010 por la policía judicial (fls. 73-74, C. 2) y, (iii) la denuncia que, por esos hechos,
instauró ante la Fiscalía el comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 Rondón del Ejército (fls. 90-
93, C. 2).
54 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 29 de julio de 2019, expediente 48643.
55 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de agosto de 2008; Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 5 de marzo de 2021, expediente. 50415.
56 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 29 de octubre de 2018, exp. 46932.
57 Folio 73-74, c. 2
58 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 10 de diciembre de 2021, exp. 53455.
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ordinario determinable con aplicación de la ley de la causalidad, y otro jurídico,
determinable en función de un título que puede radicar en la falla o falta del servicio,
o en la transgresión, sin falla y sin falta alguna, del principio de igualdad que debe
presidir el ejercicio de la distribución de las cargas y beneficios públicos.
En el caso particular, a priori, podría decirse que, en la medida que el detrimento
patrimonial que reclaman los demandantes provino del actuar violento de un grupo
armado ilegal, desde el punto de vista puramente fáctico, esto es, desde la
fenomenología de los acontecimientos que provocaron tal suceso, no habría, en
principio, fundamento para imputar la responsabilidad al Estado. No obstante, la
constatación de que el daño se produjo con total ajenidad de un actuar del Estado
no es suficiente para deslindar, ab initio, la responsabilidad pública, ya que la
omisión también es fuente de atribución, pues, de acuerdo con el ámbito funcional
que la ley les asigna, los organismos del Estado tienen deberes cuya inactuación o
desatención puede dar lugar a la responsabilidad, tal como ocurre con los deberes
de protección y seguridad que se tiene para con los ciudadanos, los cuales, en todo
caso, no se traducen en obligaciones de resultado, sino que están supeditados a la
capacidad real que tiene el Estado para evitar o conjurar una situación lesiva, pues,
aun cuando es cierto que el artículo segundo de la Constitución le impone a las
autoridades el deber de proteger a todas las personas en su vida, honra y bienes,
tal fin se concreta en la medida de los medios de que se disponga59, dado que solo
un Estado ideal podría dar cabal cobertura a ese cometido desiderativo.
Siendo así, para imputar responsabilidad al Estado, en lo que concierne a daños
causados por actos violentos de terceros, la falla del servicio ocupa un lugar
preponderante. Con todo, la jurisprudencia de la Corporación ha determinado los
supuestos bajo los cuales puede surgir la obligación de responder en esos
eventos, cuando:
“i) en la producción del daño estuvo suficientemente presente la complicidad por
acción u omisión de agentes estatales; ii) se acredita que las víctimas contra
quienes se dirigió de modo indiscriminado el ataque habían previamente solicitado
medidas de protección a las autoridades y estas, siendo competentes y teniendo
la capacidad para ello, no se las brindaron o las mismas fueron insuficientes o
tardías, de tal manera que su omisión es objeto de reproche jurídico (infracción a
la posición de garante); iii) la población, blanco del ataque, no solicitó las medidas
referidas; no obstante, el acto terrorista era previsible, en razón a las especiales
circunstancias fácticas que se vivían en el momento, pero el Estado no realizó
ninguna actuación encaminada a evitar de forma eficiente y oportuna el ataque; y
iv) el Estado omitió adoptar medidas de prevención y seguridad para evitar o
atender adecuadamente una situación de riesgo objetivamente creada por este.”60
En síntesis, de acuerdo con la citada jurisprudencia, para que el Estado se obligue
a responder por omisión frente al deber de brindar seguridad y protección a las
personas, se requiere que, pese a que no hubiere intervenido en el acto o hecho
generador del daño, este le fuera previsible y resistible, y no hubiese
59 Al respecto, esta Subsección ha dicho que “solo se configura la responsabilidad del Estado, si la entidad
demandada tuvo conocimiento oportuno sobre la posible ocurrencia de un acto violento, o habría podido
anticiparlo dadas las circunstancias específicas de orden público e información de inteligencia y, por ende,
habría tenido la capacidad real de contenerlo o de mitigar los efectos lesivos, pero omitió ejercer oportunamente
sus deberes jurídicos de seguridad y protección”. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia
del 8 de junio de 2021, exp. 36221.
60 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 20 de junio de 2017, exp. 18.860, op.cit. párr.
14.9. Ver, además, entre otras tantas, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de julio de 2011,
exp. 20112, C.P Ruth Stella Correa Palacio.
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adoptado las medidas necesarias e idóneas encaminadas a anticipar, evitar
o mitigar el resultado dañoso, pudiendo y debiendo hacerlo61.
4.5. Segundo problema jurídico - La imputación en el caso concreto
Establecidas las bases sobre las cuales se reconduce el juicio de imputación en
casos como el presente, la Sala pasará a determinar sí, de conformidad con las
pruebas obrantes en el plenario, es posible atribuir responsabilidad a las entidades
demandadas.
Según registran las pruebas, desde octubre del 2005 hasta el 8 de enero de 2010
el señor Olmes Armando Solano Carrillo, recurrió, cuando menos62, en siete
oportunidades ─octubre/2005, diciembre/2005, enero/2008, marzo/2008, julio/2008,
junio/2009, y principios de enero/2010─ a solicitar protección para el problema de
inseguridad que atravesaba tanto de forma personal y familiar, como respecto de
sus bienes, producto de las amenazas y la extorsión a que venía siendo sometido
por parte del frente 59 de las FARC, a través de un sujeto que se hacía llamar Maicol
o Maiquel. Si bien, la mayoría de las comunicaciones las dirigió a la Presidencia de
la República, está visto que de allí fueron remitidas a las autoridades de Ejército y
Policía, como así también lo hizo en Ministerio del Interior y de Justicia. De ahí que,
puede de establecerse que los organismos demandados tenían conocimiento de la
situación particular del señor Solano Carrillo.
Así mismo, se encuentra acreditado que el 24 de marzo de 2007 presentó denuncia
ante el Gaula de la Guajira, en la cual, fuera de manifestar que temía por su vida y
la de sus familiares, también indicó que existía el riesgo de que le mataran el ganado
o afectaran los bienes de su finca, tal como el grupo que lo asediaba acostumbraba
a hacerlo frente a quienes se rehusaban a pagar “la vacuna” ─dicho que reiteró en
varias comunicaciones─. Igualmente, en esa oportunidad, suministró el número de
teléfono celular desde el que recibía las intimidaciones y las exigencias económicas.
Así como una grabación.
Del anterior relato probatorio surgen dos posibles lecturas: una, conforme a la cual
podría decirse que, por tratarse de hechos distendidos a lo largo de
aproximadamente cinco años, para las entidades demandadas era prácticamente
imposible prever la situación de riesgo o peligro en que se encontraba el señor
Olmes y, mucho menos, el momento en que los actores violentos ejecutaran sus
intimidaciones, pues, habiendo transcurrido tanto tiempo sin que se hubiese
materializado ninguna de las amenazas que el demandante venía poniendo de
presente, no había forma de determinar o anticipar en qué momento aquellas se
harían realidad y, por lo mismo, para las autoridades se trataba de una situación
imprevisible que no ameritaba despliegue de actuaciones distintas a las que, de
rutina y de ordinario, se hacen en provecho de la seguridad ciudadana en general.
61 Íbid. párr. 14.5.
62 Se dice, cuando menos, ya que a folio 47 aparece otra comunicación enviada a una dirección electrónica del
Ministerio del Interior y de Justicia ─sin fecha─, en la que el señor Olmes informa que ya formuló la denuncia
ante el Gaula de Riohacha, pero que en la SIPOL de la Guajira le dicen que debe colocar otra denuncia, lo cual
no va a hacer, porque no va a delatarse de comando en comando para que Maikel se entere y lo asesine a él y
a su familia, e indica que, por eso es que permanentemente le ha pedido protección al gobierno, pues las
autoridades de la Guajira “no le paran bolas”.
También en las diversas comunicaciones da a entender que ponía en conocimiento de forma constante la
situación de amenaza que vivía.
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Demandante: Olmes Armando Solano Carrillo y Otros
Otra lectura, por el contrario denotaría que, habiéndose mantenido la amenaza de
forma constante por tantos años, a tal punto que, con insistencia, desespero y
reiteración, el señor Olmes ponía en conocimiento su zozobrante situación, la cual
se agudizaba a principio de cada año cuando llegaba el momento de pagar el rubro
de la extorsión que anualmente le exigían, resultaba inadmisible que en todo ese
lapso las demandadas no hubiesen adoptado ninguna medida concreta e idónea
para conjurar el peligro permanente al que estaba expuesto el demandante y del
que mantenía informado ─directa o indirectamente─ a los organismos encargados
de brindar seguridad y protección.
Con todo y que se pudiera decir que el paso del tiempo le resta fuerza al elemento
de la previsibilidad, lo cierto es que, ni al comienzo, ni en ningún otro momento los
organismos demandados desplegaron medidas necesarias e idóneas para brindarle
protección al señor Olmes, pese a que las amenazas perduraron por varios años y
de forma continua el interesado las ponía de manifiesto, satisfaciéndose así el
elemento cognitivo que se exige en tales casos. Así mismo, en tanto no se trató de
un ataque indiscriminado, sino de una acción concreta que los integrantes del grupo
ilegal le venían anunciando de manera repetida al demandante y este, a su vez, por
diversos conductos clamaba protección, no puede darse por sentado el carácter
irresistible que tuviera el acto terrorista, ya que, en tal evento, el argumento de la
limitación de recursos y de capacidad se resquebraja, pues a tono con las pruebas,
existían elementos de juicio que hacían relucir como necesaria la adopción de
medidas especiales para mitigar el riesgo latente que se cernía sobre el señor
Olmes y sus bienes, máxime, cuando en la denuncia que instauró en el año 2007
había brindado información referente al sujeto que lo amenazaba y había
suministrado el número del abonado celular desde el cual lo llamaban para hacerle
las exigencias dinerarias, de tal suerte que no se trataba de denuncias a las que se
les pudiera restar credibilidad o pasar como inadvertidas. Estas razones le abonan
sustento a la segunda de las lecturas que surge del acervo documental, de ahí que,
la Sala se incline por esta opción de hermenéutica probatoria, conforme a la cual, la
pregunta que surge es, cómo pudo dejarse a la deriva y en indefensión por tanto
tiempo a una persona que clamaba, fundado en razones serias, protección para sí,
para su entorno familiar, y sus bienes.
Nótese que, por ejemplo, la Policía se limitó a hacer recomendaciones de
autoprotección y, a comunicarle que había realizado un estudio Técnico del Nivel
de Riesgo y Grado de Amenaza, con prescindencia de los antecedentes que el
señor Olmes refería, con todo y que para ese momento ya había formulado una
denuncia penal, aun así, se le clasificó en un nivel de riesgo ordinario, como si su
situación fuera la equivalente a la que enfrentan las personas por el hecho de vivir
en sociedad. Es cierto que la situación de conflicto armado interno a la que ha sido
sometido el país, hace que al nivel de riesgos ordinarios ingresen situaciones que
en otras circunstancias serían indicativas de peligros inauditos e insostenibles para
la convivencia, pero, aun considerando la atmósfera de riesgos a los que todas las
personas del país nos enfrentamos, de ordinario, en un escenario de conflicto, lo
cierto es que la situación que para ese momento enfrentaba el señor Olmes Solano
Carrillo rebosaba la esfera del riesgo común, ya que, con todo y que la violencia ha
convertido en habituales algunos peligros que de otra forma no lo serían, lo cierto
es que, pese al conflicto, no todos los ciudadanos recibían las presiones, amenazas
y extorsiones que padeció el mentado señor, de tal suerte que su condición personal
ameritaba una clasificación diferente, compatible con un riesgo extraordinario, por
cuanto se reunían las características que la Corte Constitucional63 ha identificado
para ese nivel acentuado de riesgo.
63 Corte Constitucional, Sentencia T- 976 del 8 de octubre de 2004.
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En efecto, para que se considere un riesgo como extraordinario, aquél debe ser (i)
específico e individualizable, condición que se reunía, pues las personas que se
aparecían por su finca, según lo refirió el señor Olmes en sus distintas
comunicaciones, le hacían explícitas las amenazas en contra de su vida, la de su
familia y sus bienes, específicamente la finca La Loma; (ii) concreto y basado en
hechos particulares, presupuesto que también se cumplía conforme a lo ya dicho;
(iii) presente, no remoto, ni eventual. En este punto debe indicarse que el hecho
de que las amenazas perduraran en el tiempo obedecía a que la extorsión, según
se infiere de las pruebas, era continúa, por tanto, el riesgo siempre estuvo presente
durante los cinco años que vivió bajo la presión y coacción de los integrantes del
grupo armado ilegal, al margen de que se hubiera materializado a comienzos de
2010 y no en ninguno de los años previos; por esa misma razón, es que
insistentemente solicitaba protección; es decir, en todo ese tiempo el riesgo existió
con la misma posibilidad de ejecutarse, por lo que el tiempo transcurrido, antes que
demostrar un daño remoto, lo que viene a denotar es que se sometió durante todo
ese lapso al señor Olmes a un riesgo permanente; (iv) importante, en cuanto
amenace con afectar bienes o intereses jurídicos valiosos, requisito que
también se acreditaba, pues, el señor Solano fue objeto de amenazas en contra de
su vida, la de sus familiares y trabajadores, como también se le indicaba que de no
pagar la extorsión le matarían el ganado, tal como lo advirtió en varias
oportunidades; (v) serio, es decir, de materialización probable. En el caso
concreto la prueba más patente de la seriedad del daño es que, a la postre, se
materializó; (vi) claro y discernible, que también lo fue, pues siempre manifestó
cuáles eran los focos de amenaza, entre los que se encontraba su bien denominado
finca La Loma y el ganado que pastaba; (vii) excepcional, atributo que se
satisfacía, pues, como ya se indicó, aún en situación de conflicto no todas las
personas reciben el asedio y amenaza al que fue sometido por parte del grupo ilegal
el señor Solano Carrillo y, (viii) desproporcionado, lo cual se revela a partir de la
dimensión de las amenazas, a tal punto que el señor Olmes dejó de ir a su finca por
el temor de que estando allí, le hicieran algo en su contra, lo que, además, refleja
que la vulnerabilidad mayor recaía en ese sitio en particular.
No obstante, la Policía, sin mayores detalles, le comunicó al señor Solano Carrillo
que había sido clasificado en un nivel de riesgo ordinario y que, por tanto, debía
supeditarse a las medidas genéricas que regían para el común de las personas.
Con todo, lo que se fustiga no es que las medidas que debía adoptar fueran de tal
magnitud que garantizaran evitar la consumación de las amenazas, porque en
cualquier caso, tal como ya se indicó, los deberes que le asiste al Estado en materia
de seguridad y protección no son de resultado; entonces, lo que se reprocha es que
se dejó completamente al señor Olmes a la deriva de la situación y a merced de sus
victimarios que, si bien no lo afectaron a él directamente, sí lo hicieron respecto de
sus bienes.
Por ello, es factible sostener que la Policía no honró los deberes de medio que se
desprenden de las obligaciones que le impone el artículo 218 de la Constitución,
como tampoco, los deberes de protección, prevención y de vigilancia rural de que
tratan los artículos 1 y 19 de la Ley 62 de 1993, aplicable al caso, así como con lo
preceptuado por los artículos 264 y 3465 del Decreto 1355 de 1970 ─vigente para la
época de los hechos─. Se advierte que, aun cuando es cierto que el artículo 13 del
64 ARTICULO 2o. A la policía compete la conservación del orden público interno. (…).
65 ARTICULO 34. La protección del orden público interno corresponde a cuerpos de policía organizados con
sujeción a la ley y formados por funcionarios de carrera, instruidos en escuelas especializadas y sujetos a reglas
propias de disciplina.
Los cuerpos de policía son civiles por la naturaleza de sus funciones.
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Decreto 2816 de 200666, establecía la obligación, por parte de la Policía Nacional
de realizar un estudio técnico de nivel de riesgo y grado de amenaza únicamente
para la población a que se refería el mencionado decreto ─Cfr. Art. 2 ejusdem─,
también lo es que tal obligación, respecto de personas que no estuvieran enlistadas
en dicho canon, provenía directamente del contenido del derecho fundamental a la
seguridad personal y del mandato constitucional de protección ciudadana67.
Ahora, tal como lo ha dicho la jurisprudencia de la Corporación en aquellos casos
donde se formula la denuncia ante el Gaula y no directamente en la Fiscalía General
de la Nación, como aquí ocurrió, “no es óbice para que la Policía Nacional le hubiera
brindado seguridad sin limitarse a suministrarle un conjunto de recomendaciones
sobre medidas de autoprotección y cuidado”68.
Establecido lo anterior, no pierde de vista la Sala que, en primera instancia, el
Tribunal Administrativo de la Guajira condenó únicamente al Ejército Nacional y no
efectuó ningún análisis respecto de la responsabilidad de la Policía Nacional, pues
se limitó a decir que la vigilancia de la zona rural le correspondía exclusivamente al
Ejército, sin tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 62 de 1993,
la Policía también tiene deberes de vigilancia en tales zonas. A juico de la Sala, lo
decidido por el a quo no impide que en sede de apelación se estudie la
responsabilidad de esta demandada, por las siguientes razones: (i) El Ejército,
dentro de los motivos de apelación esgrimió que “le llamaba la atención que pese a
las fuertes amenazas que recibía el señor Olmes sobre sus bienes, el estudio de
seguridad hubiese indicado que no ameritaba un esquema personal de seguridad;
de ahí, que no se pueda responsabilizar al Ejército por omisión en sus tareas”
─Cfr. numeral 2.4.1.2.─, argumento que se enfila a trasladar la responsabilidad
hacia el otro organismo demandado, con todo y que expresamente no hubiera
nombrado a la Policía Nacional, pero, claramente el cargo del recurso hacía
referencia a dicha institución; (ii) en el presente caso, tanto la parte demandante
como la demandada apelaron¸ lo que viene a indicar que, en consonancia con lo
previsto en el artículo 328 del CGP ─vigente para cuando se interpuso la
apelación─ el juez de segunda instancia puede resolver sin limitaciones69; (iii) los
66 Artículo 13. Del estudio de nivel de riesgo y grado de amenaza. La Policía Nacional o el Departamento
Administrativo de Seguridad, DAS, a solicitud del Programa de Protección de Derechos Humanos del Ministerio
del Interior y de Justicia, realizarán el estudio de nivel de riesgo y grado de amenaza al solicitante, que será
presentado ante el CRER, como insumo para el análisis y la recomendación de las medidas correspondientes.
67 En tal virtud, por ejemplo, para esa época la Corte Constitucional sobre el alcance del derecho fundamental
a la seguridad ciudadana y las medidas de protección, había dicho que: “existe un nivel de riesgo ordinario,
social y jurídicamente soportable, por estar implícito en la vida cotidiana dentro de cualquier sociedad. La
condición de persona, en el sentido social del término, somete necesariamente al ser humano a un número
indeterminado de contingencias y peligros que, desde el principio de su vida, debe aprender a sortear. Tales
peligros y contingencias no solo son consustanciales a la vida real de los seres humanos, sino que son en gran
medida imprevisibles; no tendría sentido, ni sería jurídicamente admisible, obligar a las autoridades y los
particulares a respetar un derecho fundamental de imposible materialización. Por ello, las personas no pueden
exigir al Estado un nivel especial de protección frente a este tipo de riesgos elementales: soportarlos constituye
una carga derivada de la condición misma de integrante de una comunidad de seres humanos, que se impone
a todos los miembros de la sociedad por igual. Ahora bien, en la medida en que la intensidad de dichos riesgos
se incremente, es decir, cuando se tornen extraordinarios y reúnen las demás características señaladas en esta
providencia, las personas tendrán derecho a solicitar la intervención protectiva de las autoridades para mitigarlos
o evitar que se materialicen, cuando ello sea posible; tal intervención estatal podrá invocarse con distintos títulos,
es decir, en virtud de distintos derechos fundamentales –la vida, la integridad personal o la seguridad personal
-, dependiendo del nivel de intensidad del riesgo en cuestión y de sus características”. ─se resalta─ Corte
Constitucional, sentencia T- 919 del 20 de agosto de 2003.
68 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia del 11 de octubre de 2021, exp. 52234.
69 Se pone de presente que la mencionada norma indica que, “cuando ambas partes hayan apelado toda la
sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones”, postulado cuya
única interpretación posible se concreta en aquellos eventos en que, por ejemplo, una de las partes apele la
responsabilidad y los perjuicios y la otra solamente los perjuicios, ya que, desde un plano lógico no puede
concretarse ninguna hipótesis en la que, en sentido estricto ambas partes apelen toda la sentencia, porque es
materialmente imposible que, tratándose de partes en controversia, ambas estén interesadas en apelar toda la
sentencia, cuando es claro que aquella en lo que favorece a una parte afecta a la otra.
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dos organismos representan a la Nación como centro de imputación jurídica,
luego, en estricto sentido, no se está condenando a una persona moral diferente
a la demandada, sino que, presupuestariamente se están distribuyendo las cargas
entre quienes concurren a representarla.
Ahora, en lo que concierne al Ejército Nacional, lo primero que advierte la Sala es
que aquél estaba al tanto de la situación de inseguridad por la que atravesaba el
señor Olmes Solano desde 2005, principalmente, porque el mentado señor enviaba
comunicaciones a la Presidencia de la República que, las más de las veces, eran
redirigidas a dicha institución castrense.
En segundo lugar, porque, al proceso se allegó como prueba los documentos
contentivos de las misiones tácticas que realizó el Grupo de Caballería Mecanizado
No. 2 Rondón, adscrito a la Décima Brigada Blindada de la Primera División del
Ejército, desde 2005 hasta febrero de 201070, cuya ejecución incluía dentro del
rango jurisdiccional de las maniobras que comprendían dichas operaciones, al
municipio de Barrancas – Guajira, entre otros.
Revisadas al detalle, la Sala encuentra que, de las veinticuatro misiones tácticas
aportadas, en tres de ellas se advierte que, dentro del radio de cobertura, pudo estar
cubierta específicamente la zona donde estaba la finca La Loma. La primera, fue la
misión táctica 032 “Magneto” del 20 de mayo de 2005, que incluyó la ruta
“Pozohondo – Lagunitas - Los Britos – Palotal - El Juguete - El Zaíno - El Pozo –
Hatonuevo”71. Se infiere que esa ubicación pudo haber abarcado el área donde se
localiza la finca del señor Olmes, habida cuenta que, en la escritura de dicha finca,
se indica que aquella se encuentra ubicada en el paraje “Pozohondo, jurisdicción
del municipio de Barrancas Guajira”72, así como en la inspección judicial practicada
por la policía judicial, el 18 de enero de 2010, se refiere que la finca La Loma está
ubicada en: Sierra “Los Brito”, sector rural municipio de Barrancas”73, de ahí, que
sea factible colegir que dicha misión táctica implicó la zona donde se ubica la
precitada finca.
La segunda misión es “Dinastía” ejecutada en el mes de diciembre de 2009, esto
es, justamente el mes anterior al ataque terrorista, en la que entre el segundo
pelotón y el cuarto pelotón – Escuadrones D y H─ cubrieron los puntos
comprendidos en el sector de Lagunitas y el sector El Cerro del municipio de
70 (i) Misión Táctica 026 del 14 de abril de 2005 “Apolo” (fls. 1-33, c. 3); (ii) Misión Táctica 027 del 21 de abril
de 2005 “Armadillo” (fls. 34-51, C. 3); (iii) Misión Táctica 029 del 30 de abril de 2005 “Medusa” (fls. 52-68, c.
3); (iv) Misión Táctica 030 del 20 de mayo de 2005 “Marín” (fls. 69-88, c. 3); (v) Misión Táctica 032 del 20 de
mayo de 2005 “Magneto” (fls. 89-108, c. 3); (vi) Misión Táctica 036 del 31 de mayo de 2005 “Mezcla” (fls.
109-127, c. 3); (vii) Misión Táctica 037 del 11 de junio de 2005 “Júbilo” (fls. 128-141, c. 3); (viii) Misión Táctica
del 1 de marzo de 2006 “Marfil” (fls. 142-147, c. 3); (ix) Misión Táctica del 1 de marzo de 2006 “Mónaco” (fls.
148-155, c. 3); (x) Misión Táctica del 1 de abril de 2006 “Avispa” (fls. 156-164, c. 3); (xi) Misión Táctica 043
del 1 de julio de 2009 “Jauría” (fls. 165-175, c. 3); (xii) Misión Táctica 040 del 1 de julio de 2009 “Jade” (fls.
176-185, c. 3); (xiii) Misión Táctica 044 del 1 de agosto de 2009 “Atenas” (fls. 186-201, c. 3); (xiv) Misión
Táctica 047 del 1 de agosto de 2009 “Andrómeda” (fls. 202-217, c. 3); (xv) Misión Táctica 048 del 1 de agosto
de 2009 “Agamenón” (fls. 218-233, c. 3); (xvi) Misión Táctica 055 del 1 de octubre de 2009 “Oasis” (fls. 234-
249, c. 3); (xvii) Misión Táctica 056 del 1 de octubre de 2009 “Olimpo” (fls. 250-265, c. 3); (xviii) Misión Táctica
059 del 1 de octubre de 2009 “Orión” (fls. 266-281, c. 3); (xix) Misión Táctica 065 del 1 de diciembre de 2009
“Danta” (fls. 282-301, c. 3); (xx) Misión Táctica 066 del 1 de diciembre de 2009 “Damasco” (fls. 302-320, c.
3); (xxi) Misión Táctica 069 del 1 de diciembre de 2009 “Dinastía” (fls. 321-339, c. 3); (xxii) Misión Táctica 06
del 1 de febrero de 2010 “Furor” (fls. 340-359, c. 3); (xxiii) Misión Táctica 07 del 1 de febrero de 2010 “Fervor”
(fls. 360-378, c. 3); (xxiv) Misión Táctica 010 del 1 de febrero de 2010 “Fragor” (fls. 379-397, c. 3).
71 Cfr. Folio 90, c. 3.
72 Cfr. Folio 132, c. 1.
73 Cfr. Folio 73, c. 2.
De igual modo, en el registro de vacunación No. 24-000892 obrante a folio 148, C. 1 se dice que la finca La
Loma está localizada en la vereda Sierra de Los Brito y, lo mismo se indica en la inspección judicial practicada
el 5 de mayo de 2010 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas - Guajira. Cfr. Fl. 202, c. 1
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Barrancas Guajira74, demarcados como sitios principales de la misión.
Desprevenidamente podría argumentarse en favor del Ejército que, efectivamente,
en fecha muy próxima al ataque había estado patrullando la zona en señal de
cumplir con su obligación de brindar seguridad; sin embargo, llama la atención que
esa misión tenía por tarea conducir “patrullaje de combate buscando hacer contacto
con el enemigo”75, lo que viene a significar que se trataba de un sitio del cual el
Ejército tenía conocimiento que servía, o bien de tránsito o de concentración “al
enemigo”. Siendo así, el hecho de que en enero de 2010 no se hubiera ejecutado
ninguna misión táctica por el sector sí resulta trascendental para develar la
desprotección, a la vez que el riesgo, en el que se encontraba la zona donde estaba
la finca del señor Solano. De esta forma no es simplemente que se le pueda
enrostrar responsabilidad por el hecho de haber dejado de desarrollar una misión
táctica en enero de 2010 como lo entendió el a quo, sino, porque tal como aquí se
ha dejado demostrado, ese mes era crucial porque se acreditó que, para esa época
en el sitio había presencia de grupos al margen de la ley.
La tercera misión, es la denominada “Furor” del 1 de febrero de 2010, en la cual se
indica que el cuarto pelotón se ubicó en los puntos críticos y se instaló “una patrulla
móvil en el área general del corregimiento de Pozohondo municipio de Barrancas”76
y, además en la descripción de los sitios a cubrir por dicha misión se reseñaron los
de “Caracolí – Dos caminos – Lagunitas – El Cerro – Los Britos”77. Si bien esta
misión es posterior a los hechos, sirve para remarcar que la zona donde estaba
ubicada la finca del señor Olmes, era catalogada como “punto crítico”.
Es cierto, porque así lo refieren las pruebas, que en la última comunicación que el
señor Olmes Solano le envió al Presidente de la República el 8 de enero de 2010,
le indicó que no le fuera a enviar a personal del batallón Rondón porque no hacían
nada; no obstante, ese dicho no desdibuja la obligación que tenía el Ejército de
cubrir los puntos cruciales donde había presencia y coacción de grupos ilegales en
contra de la población civil, aunado a que la proclama del precitado señor debe
leerse en clave de la impotencia que para ese momento sentía, luego de llevar tanto
años expuesto al accionar delictivo.
Valga indicar también, que el Ejército, en su defensa, argumentó que su función era
proteger el orden externo y no brindar seguridad individual. Con todo, la Sala
recuerda que al Ejército se le confió la defensa de la integridad del territorio y el
orden constitucional ─artículo 217 constitucional─ funciones que cobraron
prevalencia en situación de conflicto interno, aunado a que, el Decreto Ley 1355 de
1970, en su artículo 86 indicaba que “cuando la policía no fuere suficiente para
contener grave desorden, procede la solicitud de asistencia a las Fuerzas Militares”,
hipótesis que se patentizó por las necesidades de seguridad que surgieron en el
contexto del conflicto interno y, aun cuando es cierto que el Ejército no tiene a cargo
adoptar medidas individuales de protección, no lo es menos que, dentro de sus
labores genéricas debe demostrar su presencia en lugares críticos donde el discurrir
del conflicto armado así lo reclame.
También indicó este demandado que el señor Olmes no demostró haber adoptado
medidas de autoprotección, frente a lo cual se observa, conforme a las pruebas del
dossier, que el señor Solano Carrillo en atención a las amenazas optó por no ir más
a su finca y administrarla por celular, ya que así lo refería en sus distintas
comunicaciones, como también, se acreditó que en una ocasión ─7 de junio de
74 Cfr. Folio 327, anverso, c. 3.
75 Ibíd.
76 Folio 347, anverso, c. 3.
77 Cfr. Folio 341, c. 3.
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2008─ necesitaba desplazarse a Maicao a verificar negocios que tenía allí y solicitó
al Comandante de Policía de la Guajira un servicio de escolta ─sin que se conozca
si se le prodigó tal servicio─, pero, esto denota el grado de temor que le asistía y
las medidas de cuidado propio que asumió.
Igualmente, se argumentó por parte del Ministerio público que no se podía fincar la
responsabilidad del Ejército a partir de las misiones tácticas allegadas, porque
aquellas provenían del Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 de Rondón, ubicado
en Buenavista, municipio de Distracción - Guajira, sino que, se requería haber
solicitado las misiones llevadas a cabo por el batallón más próximo; sin embargo,
no está demostrado que existiera un batallón más cercano y, antes bien, fue a ese
batallón del Ejército al que se redirigieron las comunicaciones del señor Solano y de
donde se le emitió respuesta. Así mismo, el hecho de que ese batallón estuviese
conformado por varias unidades, entre ellas la denominada “Avispa”, que, según
dijo el propio Ejército en el año 2005 hizo presencia en la zona ─cfr. Hecho 4.2.1.
─, no significa que a esa Unidad debía recurrirse probatoriamente para solicitar las
misiones tácticas como lo sugirió el Ministerio Público, ya que, si la mentada Unidad
era gregaria del batallón, en últimas, era a este a quien se le debía solicitar el
registro operativo de las misiones, tal como lo hizo la primera instancia.
También refirió el Ministerio Público que el señor Solano desdeñó la actuación del
Ejército porque decía que “iban a hacerle preguntas pendejas”, no obstante, esos
comentarios los realizó el señor Olmes cuando formuló la denuncia penal por los
hechos del 17 de enero de 2010, como remembranza de la situación que padeció.
Concretamente, reseñó que, en el año 2005, luego de que la Presidencia de la
República trasladara sus correos al grupo Rondón, llegaron a su oficina, uno o dos
militares a hacerle preguntas que calificó como “pendejas”, esto con el fin de hacer
énfasis en que, por fuera de eso, no se tomó una medida en concreto para
protegerlo78. De esta forma, a juicio de la Sala, la alusión que así hizo el demandante
no es denotativa de que aquél hubiera rechazado o impedido la actuación del
Ejército en su favor. o que hubiese repudiado algún tipo de protección, como
tampoco, de que la institución militar hubiera acometido medidas efectivas dentro
del ámbito de sus funciones para resguardar del peligro al señor Solano Carrillo y,
este caprichosamente las hubiere rehusado.
A tono con las razones que viene de darse, y con el análisis probatorio efectuado,
para la Sala se encuentra acreditada la falla del servicio en que incurrieron las
demandadas, así como la incidencia que aquella tuvo en la desprotección en que
se encontraba tanto el señor Solano y la propiedad atacada por el grupo irregular.
Por consiguiente, la Sala procederá con la liquidación de perjuicios.
4.6. Tercer Problema jurídico - Tasación de perjuicios
78 Al respecto, el señor Olmes el 20 de enero de 2010 dijo: “En el año 2005, 9 de noviembre, le envié un correo
electrónica (sic) al presidente Álvaro Uribe, manifestándole mis amenazas del frente 59 de las Far (sic) en donde
le manifestaba que las autoridades de la Guajira , hacían caso omiso a las denuncias o a los comentarios que
uno les decía que había guerrilla y ellos decían que eso era mentira, para el mes de diciembre, exactamente
para el mes de diciembre de 2005, le envié otro correo al Presidente Álvaro Uribe, en donde le manifesté que
el frente 59 de las Far (sic) le habían matado 12 reses a la señora Soraya Abdala Viuda de Solano, para esa
misma época trasladó los correos electrónicos al grupo Rondón de Buenavista Guajira, quien para esa época
el Coronel era NABARRETE, el cual llegó a mi casa tumbándome las puerta (sic) para que yo le firmara para él
no tener problemas en su carrera militar, porque tenía que contestarle al doctor Álvaro Uribe que aquí sí había
presencia militar, siendo eso mentira, de ahí comienzan los correos que van a la presidencia y los cuales hace
traslado a sus batallones militares ubicados en la costa Atlántica, inmediatamente él trasladaba esos correos
llegaban a mi oficina uno o dos militares de esos a hacerme preguntas pendejas, sin tener ningún positivo con
el frente 59 de las FAR (sic), jamás y nunca me han dado protección”. Folio 66, c. 2.
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Radicación número: 440012331000201100029-01 (58619)
Demandante: Olmes Armando Solano Carrillo y Otros
En la demanda, por perjuicios se solicitó: (i) perjuicios morales el equivalente a
100 smlmv para cada uno de los cinco demandantes; (ii) perjuicios materiales en la
suma de $8.337.814.851.34, distribuidos así: ─Por daño emergente─ (a) valor de
la vivienda destruida $55.719.551.34; (b) valor de 42 animales muertos (25 hembras
y 17 terneros) $185.000.000.oo + dos toros Brhaman y Girl $ 65.000.000; (c) pérdida
de valor de venta de ganado $1.172.891.300; (d) valor enseres destruidos
$5.000.000, (e) valor ganado al partir, entregado por el atentado: $11.724.000; (f)
honorarios de abogado para inspección judicial $20.000.000; (g) honorarios de
peritos para inspección judicial $2.060.000 ─Por lucro cesante─ (h) lo dejado de
percibir durante cinco años por el ganado muerto: $925.000.000 + $325.000.000
por los dos toros; (i) daños en relación con el inmueble $861.000.000; (j) producción
de leche estimada en cinco años $180.000.000; (k) Pérdida de 17 crías por gramo
carne y tamaño: $24.480.000, (l) pérdida por hurto de báscula:$18.000.000; (m)
pérdida mensual por kilogramo en peso de 428 cabezas de ganado;
$1.605.000.000, (n) lo dejado de percibir de 197 cabezas de ganado:
$2.904.000.000.
La primera instancia reconoció perjuicios por: (i) la destrucción de la vivienda
$55.719.551.34; (ii) $2.060.000 por concepto de los honorarios pagados a los
peritos y (iii) el valor de 42 cabezas de ganado muertas (25 hembras, 17 terneros)79,
en la modalidad de condena en abstracto, para que se concretara a través de un
dictamen basado en el precio comercial y sustentado con información suministrada
y certificada por el mercado ganadero de la Guajira o entidades especializados con
vigencia para la época de los hechos.
La parte actora pretende que se le reconozca la totalidad de los perjuicios solicitados
y se tasen con fundamento en el dictamen pericial efectuado en el trámite de prueba
anticipada, mientras que el Ejército Nacional aduce que estos no fueron probados.
La sala revisará lo pertinente, conforme a lo que se encuentra debidamente
acreditado y se acompase con los lineamientos jurisprudenciales pertinentes.
En relación con los perjuicios morales, tal como indicó la primera instancia,
jurisprudencialmente80 se ha admitido la posibilidad de reclamar perjuicios morales
por pérdida de bienes materiales81, no obstante, los mismos deben estar
debidamente acreditados, pues no se presumen. En el caso concreto, ninguna de
las pruebas aportadas da cuenta de la existencia del perjuicio reclamado. Aducen
los apelantes que la primera instancia no ofreció un argumento plausible, pues se
desconoció que los demandantes fueron amenazados y extorsionados y debieron
vivir a escondidas, por lo que atravesaron conflictos emocionales. Al respecto, la
Sala indica que el daño por el que se demandó derivó de los hechos sucedidos el
17 de enero de 2010, más no de la situación de amenaza y extorsión que, valga
decirlo, venía desde el año 2005. Por consiguiente, en lo relativo a este perjuicio la
Sala confirmará la decisión denegatoria de primera instancia.
En cuanto a los daños materiales derivados de la pérdida de ganado vacuno,
comienza la Sala por examinar lo pertinente a los ejemplares vilmente sacrificados
por los actores terroristas. En la demanda y en la apelación se reclama por 44
semovientes, no obstante, en todas las pruebas lo que está demostrado es que el
día de los hechos fallecieron 42 animales. Así, por ejemplo, en la denuncia
79 Sin establecer cómo o con fundamento en qué prueba concretó esta distribución, sino dando por cierto lo
expuesto en la demanda. Cfr. Fl. 20, c. 1.
80 Además de la citada por el a quo, ver, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 24 de febrero de 2016, exp. 29.299; Subsección B, sentencia del 21 de marzo de 2012, exp.
23778.
81 Por, ejemplo, en materia de reconocimiento de perjuicios morales por pérdida de ganado, pueden verse, entre
otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 20 de abril de 2017, exp. 38718.
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Radicación número: 440012331000201100029-01 (58619)
Demandante: Olmes Armando Solano Carrillo y Otros
formulada por el señor Olmes el 20 de enero de 2010, esto es, dos días después
del atentado, aquél indicó: “volaron la casa y mataron 42 reses de buena calidad”82;
así mismo, en la inspección judicial realizada al día siguiente de los hechos, esto
es, el 18 de febrero de 2010 por la policía judicial, se indicó: “se inspecciona la
vaquera en la cual se puede observar ganado vacuno muerto en cantidad de 20 y
otra parte herido en cantidad de 22”83 y, es más, en la demanda, pese a que en
varias oportunidades se enlistan 44 animales muertos (27 vacas Holstein pura, 17
crías y dos toros, uno Brahama y otro Gyr)84, el mismo escrito inicial es
contradictorio, ya que, mientras que en el hecho 23 incluye los dos toros como
“asesinados”, en el numeral 2.A de las pretensiones indica que son: 25 hembras
mayores de tres años, 17 terneros y totaliza como animales muertos 42, pero,
aparte, incluye los dos toros85. En cuanto a los dos toros─ Brahaman y Girl ó Gyr─,
al proceso se allegó una certificación expedida por la Asociación Colombiana de
Criadores de Ganado Cebú, en la que consta que el señor Olmes Solano adquirió
en mayo 15 de 2007 los machos Gyr 16/34 y B/198/0486.
En consecuencia, la Sala se atendrá a lo probado en el expediente, esto es, que el
día de los hechos murieron, en total, 42 cabezas de ganado dentro de las cuales se
encuentran incluidos los dos toros mencionados.
Ahora, para demostrar los perjuicios relacionados con la muerte del ganado (y otros
perjuicios materiales), la demandante acudió a un peritaje practicado a instancias
de una inspección judicial constituida como prueba anticipada practicada por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas - Guajira87, la cual, será valorada,
habida cuenta que, conforme a lo previsto en el artículo 300 del CPC ─vigente para
la fecha en que se practicó la inspección ─5 de mayo de 201088─ aquella se realizó
con citación de la parte contraria89, aclarando, claro está, que el hecho de que sea
valorada no implica que se acojan los peritajes practicados a instancias de esa
diligencia previa, pues, el valor probatorio y la eficacia de aquellos dependerá de
que se cumplan los presupuestos que este medio de convicción requiere.
En cuanto al dictamen pericial, esta Subsección90 ha indicado que “como toda
prueba, debe ser valorado en conjunto con los restantes medios acreditativos y de
forma razonada, de acuerdo con las reglas de la sana crítica91, esto es, con arreglo
a los principios de la lógica y a las máximas de la experiencia92. Aparte, en la
valoración del peritaje debe tenerse en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad,
precisión y calidad de sus fundamentos, así como la idoneidad del perito y su
comportamiento en el proceso93. Siendo así, valorar la solidez y claridad de los
fundamentos de las inferencias científicas planteadas por quien rinde el informe
pericial implica, en primer lugar, verificar la existencia de un parámetro de
82 Folio 67, C. 2.
83 Folio 73, c. 2.
84 Esta sumatoria da 46 animales.
85 Cfr. Folio 19 de la demanda.
86 Cfr. Folios 149-150, c. 1.
87 Las diligencias de la inspección judicial obran a folios 180-268 del c. 1.
88 Acta de inspección judicial obrante a folios 202-203, c. 1.
89 Cfr. Folios 198 -201 constancias de envío del citatorio a las demandadas, de las cuales, la Policía Nacional
acudió el día de la inspección, no así el Ejército Nacional.
90 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 14 de diciembre de 2022, exp. 68201.
91 Código de Procedimiento Civil. Artículo 187. “Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la
existencia o validez de ciertos actos”.
92 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia del 7 de septiembre de 2020, rad. núm. 11001-31-10-019- 2011-
00622-02, SC3249-2020. DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría General de la Prueba Judicial, tomo I, Víctor P.
de Zavalía, Buenos Aires, 1970 (reimpresión 2016), pp.,300-301.
93 Código de Procedimiento Civil. Artículo 237. “6. El dictamen debe ser claro, preciso y detallado; en él se
explicarán los exámenes, experimentos e investigaciones efectuados, lo mismo que los fundamentos técnicos,
científicos o artísticos de las conclusiones”.
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Radicación número: 440012331000201100029-01 (58619)
Demandante: Olmes Armando Solano Carrillo y Otros
comprobación intersubjetiva que soporte el juicio deductivo al que ha llegado el
experto94. Idealmente, este parámetro de comprobación debe fundarse en el
producto de la observación, o en los resultados de análisis de laboratorio, sin que
ello, en todo caso, impida partir de una fuente indirecta. En segundo lugar, constatar
la calidad del juicio deductivo, que dependerá de su fundamentación empírica y de
su aceptación en la comunidad científica. Finalmente, corresponderá analizar las
relaciones explicativas que se expongan entre las pruebas y las conclusiones
obtenidas a partir de ellas, de tal suerte que se logre observar su exhaustividad y
claridad, así como la ausencia de contradicciones y de asunciones insólitas95.
Para el caso, el perito Andrés Luciano Quintero Tovar, de profesión zootecnista,
rindió dictamen96, aclarado y adicionado97; sin embargo, dicha prueba ni es clara, ni
sólida, tampoco es precisa y menos aún exhaustiva, a tal punto que, sin fundamento
y rigor alguno,98 determinó el valor del ganado sin que, tan siquiera estableciera, por
separado los 42 semovientes fallecidos, pues, aparece una tabla con el valor de 3
toros machos que da por pérdida absoluta, en los que incluye dos Girl y un
Brahaman por valor de $85.000.000, que coincide con el valor que en la demanda
se solicita por los dos toros. En otra tabla, determinó, sin sustento alguno, el valor
de 17 hembras con cría y 8 sin cría, lo que daría, en suma, 28 reses muertas, cuando
las pruebas claramente establecen que fueron 42 animales sacrificados. Por lo
demás, toma el número de reses vacunadas ─426─ que aparecen en el registro de
vacunación No. 24-00089299 del 16 de diciembre de 2009 y, sin soporte alguno,
establece que este ganado vale $1.172.500.000,oo y, por si las contradicciones no
bastaran, en otro cuadro aparte totaliza el valor de 336 cabezas de ganado en
$1.176.000.000, sin explicar si es que había 762 semovientes (426+336), o si
solamente eran 336, como tampoco explica por qué 336 reses valen más que 426.
Finalmente, avaluó 364 hectáreas de tierra con 22 potreros de pastoreo intensivo
en $2.996.000.000, excediendo el objeto de la pericia y el ámbito de su experticia.
En la clarificación y adición al dictamen, bajo el rótulo de “pérdida absoluta de los
semovientes, originada en el acto terrorista que comprende:” cifró el valor de los
tres toros en $185.000.000 y especificó que se trataba del “daño emergente”.
Además, en un cuadro aparte bajo el título de “Lucro Cesante” estableció el valor
de 42 reses en $925.000.000. Bajo otro rótulo denominado “pérdida absoluta de
semovientes vacunos. Comprende daño emergente y lucro cesante”, tasó el valor
de daño emergente por un toro Brahaman y uno Girl en $65.000.000 y el lucro
cesante por estos mismos en valor de $325.000.000. En relación con el inmueble
afectado (sin que fuera objeto de la pericia) estableció el valor de $861.000.000 y,
finalmente, realizó una proyección estimada por cinco años de producción de leche
de 25 vacas por el valor mensual de $180.000.000 y, por la ganancia en peso de 17
crías a razón de $24.480.000 mes, así como el valor por lo dejado de percibir por
alquiler de la báscula en la suma de $18.000.000 proyectado a cinco años y, el lucro
cesante del ganado existente, para lo cual indicó que al momento del siniestro había
428 cabezas de ganado, de las cuales 242 eran propiedad del señor Olmes, que
incluían las 44 reses muertas y 197 que fueron vendidas a bajo precio, como
también, 189 cabezas de ganado al partir para un valor total proyectado a cinco
años de $1.605.000.000, y por el lucro cesante de las reses que quedaron vivas
94 POPPER, Karl, La Lógica de la Investigación Científica, traducción de Víctor Sánchez De Zavala, 2a edición,
Tecnos, Madrid, 2008, pp. 50-53.
95 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto del 14 de diciembre de 2022, exp. 68201.
96 Folios 217-223, c. 1
97 Folios 241-218, c. 1
98 Valga indicar que, junto con el dictamen se allegó un CD (fl. 234, c. 1), no obstante, al verificar el contenido
aquél es idéntico al documento presentado como dictamen, es decir que no viene acompañado de prueba
alguna.
99 Allegado por el demandado a folio 148, c. 1.
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Radicación número: 440012331000201100029-01 (58619)
Demandante: Olmes Armando Solano Carrillo y Otros
(197) el valor de $2.904.000.000; todo esto, sin aportar ningún sustento de la
ponderación de cifras que entregó, ni de las cantidades que estipuló.
Por ese cúmulo de inexactitudes y falta de rigor, es que este dictamen no ofrece
ningún mérito probatorio, y su utilidad, para los fines que fue propuesto, es nula.
De vuelta a los perjuicios que solicita la parte demandante, como ya se dijo, se
encuentra demostrada la muerte de 42 reses de ganado, no así, cuánto era su valor
real; por tanto, tal como lo dispuso la primera instancia se condenará por ese
perjuicio en abstracto, aunque se modificarán las reglas para la determinación de
su alcance, así: dentro del trámite incidental, (i) se oficiará a tres asociaciones
ganaderas con asiento en la Costa Atlántica, entre ellas Fedegan, así como también
a la Bolsa Mercantil de Colombia, al ICA y al Ministerio de Agricultura, para que
determinen qué valor que tenían al año 2010 las siguientes cabezas de ganado:
veinticuatro (24) vacas lecheras mayores de tres años; dieciséis (16) terneros,
tomando como referencia el promedio de duración de la etapa en que un semoviente
se considera o se puede denominar “ternero”, y dos (2) toros mayores de tres años
(pues fueron adquiridos en 2007 y los registros datan de 2004, lo que viene a
significar que, tenían aproximadamente 7 años), uno Brahaman y otro Gyrl o Girl.
Lo anterior, de conformidad con lo establecido en los anexos que se acompañaron
a la inspección judicial realizada por la policía judicial el día 18 de mayo de 2010100,
pues es la única prueba confiable en cuanto a cómo estaban distribuidas las 42
cabezas de ganado que murieron; (ii) a las mismas entidades se les preguntará
cuánto es el promedio diario de producción de leche por una vaca Holsteim mayor
de tres años101; cuánto era el costo de un litro de leche para el año 2010, así como
cuánto era el margen de utilidad que quedaba por litro de leche vendido en tal año,
esto es, descontando los costos de manutención y cuidado del semoviente
productor. Tomando en consideración esta información, se establecerá el lucro
cesante de las 24 vacas lecheras y se calculará por el término de seis meses, que
es el que la jurisprudencia ha reconocido para casos similares102, ya que deviene
lógico que si aquellas fallecieron, dejaron de rentar por producción de leche, aunado
a que debe contemplarse un tiempo prudencial mientras el afectado asume su carga
propia de recomponer la actividad económica103 y ese término, como ya se dijo, es
de seis meses, únicamente en lo que concierne a las 24 vacas que perecieron.
En caso de que no sea posible a través de los medios antes referidos concretar el
valor de las reses, se tomará como referencia el establecido en la Resolución No.
000022 del 19 de enero del 2010, emanada del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural, para la Zona 1, en la que se ubica la Guajira. Los valores que arroje tal cálculo
se indexarán desde 2010 hasta la fecha en que se concrete la liquidación.
100 Folios 75-78, c. 1.
101 Valga advertir que se allegó un CD con un archivo que se denomina “contabilidad finca La Loma” que
contiene los comprobantes de diario y registros contables de 2009 y algunos de 2010, así como en físico se
allegó el balance general que se denomina “finca La Loma, suscrito por la contadora Marielizabeth Monsalve
(folios 263-268, c. 1.), no obstante, a pesar de que venga rotulado así, no es claro si aquél pertenece al reporte
de toda la actividad comercial del señor Olmes Solano, pues, sabido es que los balances se generan por la
persona natural obligada y en ellos se recoge el control de todas las operaciones que esta tenga de sus distintas
fuentes de ingreso, más no por cada actividad económica de la persona, aunado a que la contadora no concurrió
para poder absolver las dudas que pudieran surgir de ese documento contable, y tampoco se allegaron las
declaraciones de renta del año 2009 y 2010 para poder establecer la merma en los ingresos, pero, se insiste,
el punto está en que esto sería para la cuantificación del perjuicio, no así para la demostración de aquél, misma
que no quedó probada.
102 Ver, al respecto: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1 de agosto de 2018,
exp. 36239; sentencia del 20 de abril de 2017, exp. 38718; sentencia del 1 de junio de 2017, exp. 34701;
sentencia de 3 de septiembre de 2015, rad. 35.834; sentencia del 6 de diciembre de 2013, exp. 27.966.
103 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 3 de septiembre de 2015, rad. 35.834.
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Radicación número: 440012331000201100029-01 (58619)
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No se reconocerá lucro cesante por los terneros y los dos toros, en razón a que no
existe prueba que acredite en qué consistió el perjuicio, pues, aunque se dice,
respecto de los terneros, que de aquellos se esperaba lo que fueran ganando en
peso por engorde, esa es una situación inherente al ciclo de crecimiento que no por
ello denota la existencia de un lucro cesante ya que con el pago del semoviente se
indemniza el reemplazo y, frente a los toros, no se dijo si estaban dedicados a una
función reproductiva y, si así lo fuera, la misma tampoco conlleva automáticamente
al reconocimiento de un lucro cesante, a menos que se hubiera probado el alquiler
de estos para esa función y la renta que por ello le ingresaba a los afectados, nada
de lo cual se demostró y, en todo caso, los perjuicios causados por estos, quedan
cubiertos con el reconocimiento del valor de reposición.
Ahora, en lo que tiene que ver con el lucro cesante del ganado restante que hubiera
podido existir en la finca, del cual, entre otras cosas no se demostró cuántas
cabezas eran, pues, teniendo en cuenta que se trata de semovientes cuyo tráfico
mercantil es fluctuante, esto es, se compra y se vende constantemente, el solo
registro de vacunación que data del 16 de diciembre del año inmediatamente
anterior104 al suceso terrorista, no es suficiente para demostrar la cantidad de
ganado que existía en la finca para la época del accidente, máxime cuando ni
siquiera el propio demandante es coincidente con este dato porque, si bien en la
demanda inicialmente se toma el mismo número del registro de vacunación ─426─
y, se dice que de esos, 189 eran del señor Loreto Gómez Ospino y 237 de Olmes
Solano, a efectos de lo cual se allegó un contrato de depósito de ganadería suscrito
entre el señor Olmes y el señor Loreto el 25 de junio de 2009105, en aquél solamente
se dejaron en depósito 90 hembras; así mismo, en la demanda, en el literal B de las
pretensiones se reclama por 428 semovientes. A esto se añade que, en el CD que
dice contener información contable y que se allegó junto a la demanda, en el archivo
denominado “Informe inventario finca La Loma”, existe una hoja de cálculo que se
rotula “inventario después del atentado”, en el que se indica que, en total, después
de ese suceso quedaron 197 semovientes.
Al margen de esas evidentes contradicciones, lo cierto es que, antes de establecer
el número de animales que sobrevivió al ataque y que estaban ese día en la finca
─que no se estableció─, le correspondía a la parte actora demostrar que,
efectivamente, luego del acto terrorista, ese ganado dejó de producir lo que venía
produciendo, asunto para el cual no se allegó una prueba en tal sentido, por lo que
el perjuicio reclamado por ese concepto no se encuentra probado. Por lo mismo, no
viene al caso la información contable que se allegó junto con la demanda 106, pues,
se insiste, lo primero que se debía probar era el perjuicio, esto es, que efectivamente
el ganado dejó de producir. Al respecto, nótese que, por ejemplo, la perito Anyalina
Asskar Mendoza, indicó en su dictamen ─del cuál más adelante se estudiará─ que,
para el 5 de mayo de 2010 ─fecha de la inspección judicial─: “al momento de la
visita se encontró un ganado pastando”107, sin dejar de mencionar que la situación
referida a que el predio fue abandonado tampoco está acreditada. En consecuencia,
la denegación del mencionado lucro cesante será confirmada.
De otro lado, se aduce en la demanda y en la apelación, que se debe indemnizar
por el menor valor de venta del ganado, ya que la situación del atentado forzó al
señor Solano a salir de sus semovientes. Con tal fin se allegaron ocho (8) cuentas
104 Registro No. 24-000892 expedido por FEDEGÁN, que da cuenta de 426 cabezas de ganado (fl. 148, c. 2).
105 Folios 151-152, c. 1.
106
107 Folio 211, c. 1.
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Demandante: Olmes Armando Solano Carrillo y Otros
de cobro108, todas ellas de comienzos de febrero de 2010, en las cuales se dijo
haber vendido en total; (81 vacas entre coteras y paridas, 9 toros, 54 terneros, 21
novillas, 5 mulas, 1 yegua, 2 caballos y 36 ovejas) a precios irrisorios109, documento
que resulta insuficiente para probar el perjuicio que se reclama, pues, para ello,
debió allegarse, por un lado, la prueba del valor real que tenían antes del 17 de
enero de 2010 los semovientes vendidos ─se recuerda que el dictamen practicado
con ese propósito no ofrece valor probatorio y tampoco se allegó otra prueba que
diera cuenta de este perjuicio─ y, por otro lado, las consignaciones a la cuenta de
Davivienda que se anuncia en cada una de las cuentas de cobro, a efectos de
verificar el pago. No habiéndose arrimado pruebas en tal sentido, las solas cuentas
de cobro no son suficientes para probar el perjuicio y, en consecuencia, la negación
de este será confirmada.
Al punto, la Sala precisa que el momento indicado para allegar dichas pruebas es
durante el proceso, por ello no tiene acogida el pedimento de la apelante en el que
se dice que se designe un nuevo perito para que rinda otro dictamen, pues la
oportunidad que tenía para acreditar estos perjuicios ya feneció, máxime que el
dictamen pericial no era el único medio a través del cual podía atestarlos, pues, una
cosa es probar el perjuicio y otra distinta su cuantificación. En eventos en que se
prueba el perjuicio y no su cuantificación, como ocurrió con el valor del lucro cesante
de las vacas lecheras acribilladas, sí procede la condena en abstracto y un trámite
incidental para establecer el quantum, pero, cuando no se prueba el perjuicio, que
es como ocurre con la disminución en el valor de venta del ganado y con el lucro
cesante del ganado que sobrevivió al ataque, no hay lugar a suplir la inactividad
probatoria de la parte interesada.
Así las cosas, en relación con los perjuicios reclamados por el ganado, los únicos
que se reconocerán serán: (i) el valor de las 42 reses acribilladas y, (ii) el lucro
cesante de las 24 vacas lecheras, hasta por seis meses, en uno y otro caso,
conforme resulte establecido en el trámite incidental, aplicando los criterios
previamente expuestos. Estos reconocimientos se harán en favor de los cinco
demandantes, ya que no quedó establecido con cuál de los hierros quemadores
registrados estaban cifrados los semovientes muertos.
Ahora, en lo que respecta al valor de la vivienda destruida, no hay duda de que ese
perjuicio se causó, pues tanto la inspección judicial practicada al día siguiente de
los hechos110, como la que se llevó a cabo el 5 de mayo de 2010111, dan cuenta del
estado de pérdida total de la casa. Con el fin de establecer el valor de este perjuicio
en la prueba anticipada se designó a la perito arquitecta Anyalina Asskar Mendoza,
quien, en su experticia112 y la aclaración113, indicó que lo que quedó de la casa se
debía demoler porque representaba peligro y que nada de los materiales servía para
reutilizar, por lo que debía reconstruirse de nuevo y que, como la casa tenía un área
de 135.66 metros y el metro cuadrado construido era de 300.000, más el 25% de
108 Dos a nombre de Teófilo Carrillo (fls. 153-153, c. 1); una a nombre de Andrés Villalba (fl. 154, c. 1), Decar
Solano (fl. 155, c. 1), dos a nombre de Saul Javier Brito Carrillo (fls. 157 y 159, c. 3), Pedro Carrillo Orariyu (fl.
158, c. 3), Dimas Bermúdez Barros (fl. 160, c. 3) y, Almilcar Riveira Frías (fl. 161, c. 3).
109 Esto, si se tiene en cuenta que, por ejemplo, en la demanda se establece el valor de un toro Girl o GYR en
$40.000.000 y, en la venta que se le hizo al señor Almilcar Rivera (gl. 161, c. 3) se le envió por el 10% de ese
valor ($4.000.000), sin que ninguna prueba acredite por qué una disminución tan ostensible cuando, de todas
formas, el ganado es un bien que tiene un buen flujo de venta.
110 Allí se dijo: “se inspecciona primero la vivienda de los trabajadores la cual fue destruida en su totalidad con
un artefacto explosivo” (fl. 73, c. 2).
111 Hizo constar la Juez: “Se evidencia casa construida en bloques de cemento y pañetes totalmente destruida
con parte de sus paredes derrumbadas y las bigas de sostenimiento en deterioro total, la cubierta construida en
madera y zinc en su gran mayoría desprendida de la edificación, puertas y ventana en lámina desprendidas (…)
partes del techo y las puertas esparcidas” (fl. 202, c. 1).
112 Folios 208-212, c. 1.
113 Folios 251-254, c. 1.
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Radicación número: 440012331000201100029-01 (58619)
Demandante: Olmes Armando Solano Carrillo y Otros
incremento por transporte de material y el 30% de AIU, esto arrojaba un valor de
$55.719.551.34, incluyendo el valor de una alberca que también fue destruida. Con
tal fin, adjuntó un presupuesto de obra con cantidades unitarias, dictamen que
satisface los presupuestos antes mencionados, razón por la cual la Sala acogerá el
valor allí estimado y, en tal virtud, confirmará el reconocimiento de dicho perjuicio.
Como este perjuicio se demostró en forma concreta, la Sala pasará a actualizarlo
de la siguiente manera:
Ra114 = Rh índice final
Índice inicial
Ra = 55.719.551.34 X 135.39 ( agosto de 2023)
71.69 (enero de 2010)
Ra = 105.229.042
En lo que tiene que ver con los elementos internos de la casa, ninguna prueba se
allegó al respecto, razón por la cual ese perjuicio no se encuentra demostrado. En
lo concerniente a una báscula de pesar que los demandantes aducen se perdió, no
se reconocerá ese perjuicio dado que en la inspección judicial del 5 de mayo de
2010 se describió la presencia de una “báscula para pesar una res”, aunque se
evidenció que “fue sustraído el sistema electrónico de la báscula”115, con lo cual no
quedó establecido si ese sistema se dañó por cuenta de la explosión.
En cuanto a los honorarios del abogado que atendió la diligencia judicial, se allegó
un contrato de prestación de servicios suscrito entre los demandantes y el
profesional William Gilberto Díaz Bermúdez116, el 3 de mayo de 2010, por valor de
$20.000.000, no obstante, no se conoce si ese valor se sufragó o no, pues, no se
allegó factura, documento equivalente o certificación donde constara el pago, por
tanto, no se puede con el solo contrato reconocerse el valor pretendido; no obstante,
comoquiera que sí quedó demostrada la participación del mencionado abogado en
la solicitud y práctica de la inspección judicial117, es decir, que se acreditó “la real
prestación del servicio”118, a efectos de reconocer lo pertinente, se acudirá a las
tarifas de CONALBOS119, que, para incidentes y trámites especiales, como vendría
siendo el trámite de inspección judicial anticipada, preveía el equivalente a tres (3)
salarios mínimos legales mensuales vigentes120cifra que será reconocida.
En lo atinente al pago de honorarios de peritos para la práctica de la diligencia
judicial, al igual que lo hizo la primera instancia, tal reconocimiento se confirmará,
como quiera que está demostrada la causación y el pago de esos honorarios121, en
cuantía de $2.060.000, debidamente actualizada, así:
114 Ra, corresponde a la renta actualizada.
115 Folio 203, c. 1.
116 Folios 270-271, c. 1
117 Cfr. Folios 179-259, c. 1.
118 Sobre la forma en que deben acreditarse los honorarios de abogado para que se reconozcan en la suma
que se pretende por dicho perjuicio, debe tenerse en cuenta el lineamiento unificado de esta Corporación. Ver,
al respecto: Consejo de Estado, Sección Tercera – Sala Plena, sentencia del 18 de julio de 2019, exp. 44572.
119 Acuerdo 1887 de 2003, vigente para la época de los hechos.
120 Ver. Numeral 3.3. del Acuerdo 1887 de 2003.
121 A folio 260, c. 1, obra la certificación de pago de honorarios expedida por la arquitecta Anyalina Asskar
Menzoza, por valor de $1.030.000 y, a folio 261 una constancia por el mismo valor emitida por el perito Andrés
Luciano Quintero Tovar.
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Radicación número: 440012331000201100029-01 (58619)
Demandante: Olmes Armando Solano Carrillo y Otros
Ra122 = Rh índice final
Índice inicial
Ra = 2.060.000 X 135.39 ( agosto de 2023)
71.69 (enero de 2010)
Ra = 3.890.409
En conclusión, la sentencia de primera instancia será modificada, en el sentido de
extender la condena también a la Policía Nacional y ajustar el reconocimiento de
perjuicios conforme a lo previamente indicado. Así mismo, por tratarse de un daño
producido a expensas del conflicto armado, se remitirá copia de la sentencia a la
Jurisdicción Especial para la Paz y al Centro Nacional de Memoria Histórica, para
lo de su competencia.
IV. Condena en costas segunda instancia
No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se encuentra en el caso
concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLÁRASE fundado el impedimento manifestado por el magistrado
Nicolás Yepes Corrales.
SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de la
Guajira el 28 de septiembre de 2016, para en su lugar disponer:
➢ DECLÁRASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y
Policía Nacional, administrativa, patrimonial y solidariamente responsables
por los daños causados a los demandantes, conforme a lo expuesto en la
parte motiva de este proveído.
➢ CONDÉNASE a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y
Policía Nacional, a cancelar a título de perjuicios materiales en favor de los
demandantes los siguientes conceptos:
➢ Por daño emergente en favor del señor Olmes Armando Solano Carrillo, el
valor de ciento cinco millones doscientos veintinueve mil cuarenta y dos
pesos mcte. (105.229.042), correspondiente a la indemnización por los
perjuicios ocasionados a la vivienda.
➢ Por daño emergente en favor de Olmes Armando Solano Carrillo, Margarita
Rosa Caballero Severini, Camilo Andrés, Carlos Arturo y José Alberto Solano
122 Ra, corresponde a la renta actualizada.
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Radicación número: 440012331000201100029-01 (58619)
Demandante: Olmes Armando Solano Carrillo y Otros
Caballero , el valor de tres millones ochocientos noventa mil cuatrocientos
nueve pesos mcte. (3.890.409), correspondiente a la indemnización por los
perjuicios ocasionados por pago de honorarios de perito.
➢ Por concepto de daño emergente, el equivalente a tres (3) salarios mínimos
mensuales legales vigentes, en favor de los señores: Olmes Armando Solano
Carrillo, Margarita Rosa Caballero Severini, Camilo Andrés, Carlos Arturo y
José Alberto Solano Caballero, correspondiente al reconocimiento de
honorarios de abogado para el trámite de inspección judicial.
➢ Por concepto de daño emergente en favor del señor Olmes Armando Solano
Carrillo, Margarita Rosa Caballero Severini, Camilo Andrés, Carlos Arturo y
José Alberto Solano Caballero, correspondiente al resarcimiento de los
perjuicios irrogados por la pérdida de los cuarenta y dos (42) semovientes, la
suma que resulte liquidada mediante el trámite incidental, de acuerdo con lo
expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
➢ Por concepto de lucro cesante en favor del señor Olmes Armando Solano
Carrillo, Margarita Rosa Caballero Severini, Camilo Andrés, Carlos Arturo y
José Alberto Solano Caballero, correspondiente al resarcimiento de los
perjuicios irrogados por lo dejado de percibir por el producido de veinticuatro
(24) vacas lecheras durante un lapso de seis (6) meses, la suma que resulte
liquidada mediante el trámite incidental, de acuerdo con lo expuesto en la
parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: DENIÉGANSE las demás súplicas de la demanda.
CUARTO: Sin condena en costas en segunda instancia.
QUINTO: CÚMPLASE la sentencia en los términos de ley.
SEXTO: Por Secretaría, líbrense copias de esta sentencia a la Jurisdicción Especial
para la Paz, y al Centro Nacional de Memoria Histórica, para lo de su competencia.
SÉPTIMO: Ejecutoriada la presente sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al
Tribunal de origen para lo de su cargo.
Cópiese, Notifíquese y Cúmplase
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MENDEZ JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado (E) Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
R1
31
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