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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2021-01583-01

Fecha
7 de febrero de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 05001-23-33-000-2021-01583-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 17 de abril de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: DECLARAR la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por las afectaciones económicas ocasionadas al establecimiento de comercio “Rallye Motors” y la afectación a la integridad personal de Kelly Johana Guisao Córdoba, Jhon Esteban Naranjo Dávila y Germán Darío Naranjo Dávila, en los hechos ocurridos el 2 de diciembre de 2017, en Turbo (Antioquia). 17 Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas: 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias. (…) 16 de 17 Radicación: 05001-23-33-000-2021-01583-01 (71.463) Actor: Oscar Tulio Lizcano González y otros Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia _________________________________________________________________________________________________________________ TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a pagar, por concepto de perjuicios morales, 20 SMLMV a favor de Kelly Johana Guisao Córdoba, 20 SMLMV a favor de Jhon Esteban Naranjo Dávila y 20 SMLMV a favor de German Darío Naranjo Dávila. CUARTO: CONDENAR, en abstracto, a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional al pago de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, los cuales será tasados en incidente de liquidación de perjuicios. QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda SEXTO: CONDENAR a la parte demandada al pago de costas de segunda instancia. Esta condena se liquidará de manera concentrada por el Tribunal de primera instancia. SÉPTIMO: DAR cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo. OCTAVO: EXPEDIR copia de la Sentencia de segunda instancia, conforme a […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 05001-23-33-000-2021-01583-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

7 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 7 de febrero de 2025

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01583-01 (71.463)
Actor: Oscar Tulio Lizcano González y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Temas: Reparación directa – Daño causado en establecimiento de comercio - Omisión de
protección – Falla probada.

Síntesis del caso: La parte actora reclama una reparación por las afectaciones del
establecimiento de comercio “Rallye Motors” causadas por el incendio provocado por un
grupo armado ilegal, en represalia por el no pago de una extorsión. Con anterioridad, los
administradores habían recibido amenazas, las cuales fueron puestas en conocimiento de las
autoridades.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia de 17 de abril de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones la demanda1.

Contenido: 1. Antecedentes, 2. Consideraciones, 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 27 de febrero de 2020, Óscar Tulio Lizcano González y otros2 presentaron
demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Fiscalía General de la
Nación, con el fin de obtener una indemnización por los hechos ocurridos el
2 de diciembre de 2017, en Turbo (Antioquia), en los que un grupo armado

1 La Sala es competente para proferir esta providencia según el artículo 150 de Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, porque resuelve un recurso de apelación interpuesto contra una
sentencia proferida en primera instancia por un tribunal administrativo. El tribunal era competente para conocer el
proceso en primera instancia por su cuantía, según el numeral 16 del artículo 152 del mismo Código.
2 Martha Isabel Arango de Lizcano, Juan Carlos Lizcano Arango, Kelly Johana Guisao Córdoba, Jhon Esteban

Naranjo Dávila y German Darío Naranjo Dávila.

Radicación: 05001-23-33-000-2021-01583-01 (71.463)
Actor: Oscar Tulio Lizcano González y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia
_________________________________________________________________________________________________________________
ilegal incendió el establecimiento de comercio “Rallye Motors” como
represalia en contra del propietario por el no pago de una suma de dinero
exigida bajo extorsión.

2. En la demanda se planteó como pretensión declarativa (se trascribe):

“PRIMERO: Que la NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL- FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, se declaren administrativa y solidariamente responsables
de la totalidad de los daños y perjuicios morales, a la salud psíquica y daños
materiales, causados a los demandantes como consecuencia de todas y cada
una las actuaciones, omisiones, e irregularidades en las que incurrieron frente a los
hechos acaecidos el día 2 de diciembre de 2017, cuando varios sujetos al parecer
integrantes del autodenominado grupo ilegal "AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE
COLOMBIA", incursionaron e incineraron el establecimiento comercial "RALLYE
MOTORS", ubicado en el municipio de Turbo - Antioquia, ya que pese a tener
conocimiento de llamadas extorsivas y amenazantes estas instituciones no
adelantaron las acciones pertinentes para evitar las afectaciones a mis
representados”.

3. La indemnización solicitada se resume en los siguientes valores:

Perjuicio Demandante Calidad Monto
Oscar Tulio Lizcano González Propietario 100 SMLMV
Martha Isabel Arango de Lizcano Cónyuge 100 SMLMV
Juan Carlos Lizcano Arango Hijo 100 SMLMV
Perjuicios morales
Kelly Johana Guisao Córdoba Empelado 100 SMLMV
Jhon Esteban Naranjo Dávila Empleado 100 SMLMV
German Darío Naranjo Dávila Empleado 100 SMLMV

Perjuicios materiales
Oscar Tulio Lizcano González Propietario $ 759.986.000
por daño emergente

Perjuicios materiales
por lucro cesante Oscar Tulio Lizcano González Propietario $950.000.000
(consolidado y futuro)

4. La parte demandante narró, en síntesis, los siguientes hechos:

5. El 5 de agosto de 2000, Oscar Tulio Lizcano González fue secuestrado en el
municipio de Riosucio (Caldas) por integrantes del grupo guerrillero “FARC",
luego de haber sido elegido representante a la cámara por ese
departamento. El demandante permaneció en cautiverio por ocho años. El
26 de octubre de 2008, logró fugarse en los alrededores del municipio de San
José del Palmar (Chocó).

6. El 28 de abril de 2006, Juan Carlos Lizcano Arango (hijo) también fue
secuestrado por el grupo guerrillero “EPL”, en el corregimiento de Irra del
municipio de Quinchia (Risaralda). Este demandante permaneció en
cautiverio por 84 días. El 22 de julio de ese mismo año, fue liberado.

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01583-01 (71.463)
Actor: Oscar Tulio Lizcano González y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia
_________________________________________________________________________________________________________________
7. Oscar Tulio Lizcano González, con su grupo familiar, constituyó el
establecimiento de comercio “Rallye Motors”, ubicado en Turbo (Antioquia),
que tenía por objeto la venta de motocicletas, repuestos, mantenimientos, la
comercialización de productos para vehículos, entre otras.

8. El 5 de mayo de 2014, un integrante de un grupo armado ilegal llegó al
local comercial exigiendo el pago de una suma de dinero bajo amenazas.
Por esos hechos, Laima Judith Doval Jaramillo, administradora del
establecimiento, presentó denuncia ante la Policía, la cual fue registrada
ante la Fiscalía bajo el radicado No. 050456100498201400314. Asimismo, Oscar
Lizcano puso en conocimiento del Comandante del Departamento de
Policía Urabá la grave situación que enfrentaba por las amenazas y
extorsiones que había recibido.

9. En 2016, las amenazas fueron más frecuentes, sin embargo, los
demandantes no cedieron ante esas peticiones. Ese año, el propietario,
nuevamente, informó a la Policía los hechos delictivos y solicitó “prestaran la
seguridad adecuada tanto al señor Oscar Tulio Lizcano González, como a los
miembros de su familia, personal de trabajadores e instalaciones donde
funcionaban cada uno de los establecimientos comerciales de su
propiedad”. Esta denuncia fue tramitada por la Fiscalía bajo el radicado No.
050016000715201500609.

10. El 9 de diciembre de 2016, al establecimiento “Ralley Motors” llegó un
panfleto del grupo armado ilegal “AUC” exigían a los establecimientos de
comercio una contribución económica a cambio de no atentar en contra de
la integridad personal de los propietarios y trabajadores, y no destruir los
locales. El día 20 de septiembre de 2017, otra vez, al local llegó un sujeto
quien hizo entrega de otra carta con mensajes extorsivos. En esa ocasión se
dejó una nota que advertía “es el último llamado. De no hacerlo nuestras
fuerzas tomaran medidas drásticas”. Esos hechos también fueron
denunciados.

11. Finalmente, el 2 de diciembre de 2017, llegaron varios sujetos al
establecimiento comercial Rallye Motos, intimidaron a los trabajares (Kelly
Johana Guisao Córdoba, Jhon Esteban Naranjo Dávila y German Darío
Naranjo Dávila), los encerraron en una habitación en la parte interior del local
y prendieron fuego en el establecimiento. Los demandantes pudieron salir del
lugar por la colaboración de los habitantes del sector, sin embargo, la
mercancía, los enseres y demás elementos del local quedaron incinerados.

12. Como fundamento de la atribución de responsabilidad al Estado, la parte
actora refirió que las demandadas incurrieron en una falla del servicio porque
no realizaron ningún esfuerzo por brindar seguridad en el establecimiento de
comercio, ni medidas de protección a los demandantes, quienes fueron

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01583-01 (71.463)
Actor: Oscar Tulio Lizcano González y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia
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objeto de amenazas y extorsiones por años, y pusieron en conocimiento de
las demandadas la situación de riesgo en la que se encontraban.

1.2. Posición de la parte demandada

13. La Fiscalía General de la Nación, en la contestación de la demanda, se
opuso a las pretensiones de la parte actora. Señaló que no estaba probado
el daño antijurídico y no se probó una falla en el servicio. Explicó que no
había lugar a condenar por las sumas reclamadas, ya que se trataba de
perjuicios eventuales o hipotéticos, además, indicó que la fiscalía cumplió su
deber legal de investigar los hechos denunciados y archivó la investigación
penal por falta de elementos que permitieran continuar con el proceso, lo
cual no significó una actuación negligente. En todo caso, existió la
posibilidad de reabrir el proceso, de haberse obtenido los elementos
necesarios para identificar a los autores, pero Oscar Lizcano, en una llamada
telefónica, manifestó que desistía de la denuncia, por lo que, además, se
configuró la causal de exoneración de culpa exclusiva de la víctima.

14. La Policía Nacional, en la contestación de la demanda, adujo que no le
asistía responsabilidad. Señaló que el daño fue causado por un tercero, esto
es, el grupo al margen de la ley, por lo que la entidad no tenía legitimación
pasiva en la causa. Explicó que las obligaciones del Estado son relativas, pues
si bien es cierto la fuerza pública, por mandato constitucional, debe proteger
a todo el conglomerado social, dicha obligación no puede entenderse en
términos absolutos, pues "[n]o puede esperarse del estado que proteja a
todos y cada uno de los asociados en forma personal, ello resulta un
imposible, porque no existe ni el presupuesto, ni la infraestructura necesaria
para lograr una protección de tal magnitud, en la que debe evitarse y
resistirse aún lo imprevisible e irresistible". En todo caso, el daño se produjo
como consecuencia de un acto terrorista, esto es, por el ataque
indiscriminado de un grupo armado, por lo que al no estar acreditada una
falla en el servicio, no se configuró la responsabilidad del Estado.

1.3. Sentencia de primera instancia

15. El 17 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia profirió
Sentencia de primera instancia en la que resolvió:

PRIMERO: NO PROSPERAN las excepciones denominadas “actuar de agentes
diferentes de la entidad”, “inexistencia del daño antijurídico” y “culpa exclusiva
de la víctima” propuestas por la Fiscalía General de la Nación.
Tampoco, las excepciones denominadas “hecho de un tercero” y “falta de
legitimación en la causa” planteadas por la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01583-01 (71.463)
Actor: Oscar Tulio Lizcano González y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia
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TERCERO: NO CONDENAR en costas de primera instancia a la parte demandada.

16. El tribunal encontró probado que la administradora del local comercial
interpuso dos denuncias ante la policía, la primera el 5 de mayo de 2014 y la
segunda el 20 de octubre de 2017, por los delitos de amenaza y extorsión, por
las exigencias económicas que recibió por parte de un grupo armado ilegal.
No obstante, el 30 de octubre de 2018, Oscar Lizcano informó a la Fiscalía
que “no desea[ba] continuar con el proceso investigativo, ni t[enía] que
aportar para su investigación”, por lo cual se ordenó el archivo de esos
trámites.

17. Por otra parte, se probó que, en el año 2017, Oscar Lizcano contaba con
medidas de protección, en atención al estudio de nivel de riesgo realizado
por la Unidad Nacional de Protección. No se acreditó que el demandante
hubiere solicitado la adopción de medidas para garantizar la seguridad en
los establecimientos de comercio de los cuales era propietario.

18. Dado que en los casos de responsabilidad del Estado por omisión de
protección opera la relatividad de las obligaciones de las entidades
encargadas de proteger a población en su vida, honra y bienes, el tribunal
consideró que las demandadas privilegiaron la protección de la vida del
demandante sobre sus bienes, respecto de los cuales, se insistió, no existió
una solicitud expresa de protección. De manera que su actuar no era
reprochable, sino adecuado y razonable teniendo en cuenta las
circunstancias del caso.

1.4. Recurso de apelación

19. La parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que solicitó
se revocara la decisión de primera instancia. Expuso que en el proceso se
probó que antes de la ocurrencia de los hechos, los demandantes fueron
víctimas de reiteradas amenazas, la última de las cuales ocurrió 43 días antes
del hecho en el que el grupo armado incineró el almacén Rallye Motors.
Dicha amenaza fue conocida por las autoridades de manera inmediata, ya
que, el 20 de octubre de 2017, Laima Judith Doval Jaramillo informó al Gaula
Urabá el peligro inminente que enfrentaban. Sin embargo, no hubo acciones
por parte de las autoridades dirigidas a brindar protección.

20. Explicó que el riesgo que enfrentaba Oscar Lizcano se extendía a su
familia, sus bienes, y negocios. Cuestionó la exigencia de una solicitud
expresa de medida de protección para que la Policía y la Fiscalía cumplieran
con sus deberes de protección frente al riesgo anunciado. Concluyó que
quedó probada la omisión de las demandadas, dado que en el libro de
minuta no hay ninguna anotación sobre las medidas tendientes a la
protección y en los documentos de las actividades de prevención llevadas a

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Actor: Oscar Tulio Lizcano González y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia
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cabo por la Policía no hay constancia de que estuvieran dirigidas a los
empleados o propietarios del almacén Rallye Motors con el propósito de
minimizar los riesgos frente a los delitos de los que eran víctimas.

21. Por otra parte, indicó que la Ley 1753 de 2015 por la cual se expidió el
Plan Nacional De Desarrollo 2014-2018, en el Artículo 5, señaló que en esa
vigencia se tendría como prioridad la inversión en “seguridad, justicia y
democracia para la construcción de la paz”, no obstante, esa consigna no
se vio reflejada en la realidad de la región del Urabá. Finalmente, citó la
sentencia de 20 de septiembre de 2023, dictada dentro del proceso con
radicado No. 440012331000201100029-01 (58619), por Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en la cual se declaró la
responsabilidad del Estado por la omisión en el deber de brindar protección,
en una situación en la que, de manera similar, la Fuerza Pública omitió
cumplir sus deberes frente a un riesgo que fue específico, concreto, presente,
no remoto, ni eventual.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Síntesis de la controversia; 2.2. Análisis sustantivo; 2.3. Liquidación de perjuicios; 2.4.
Condena en costas.

2.1. Síntesis de la controversia

22. En esta providencia, la Sala decidirá el fondo del asunto porque están
reunidos los presupuestos procesales de la acción de reparación directa3. La
Sala revocará la Sentencia de primera instancia que negó las pretensiones
de la demanda. y, en su lugar, accederá parcialmente a estas.

23. No están probados los hechos relacionados con el secuestro de los
demandantes, en todo caso, se advierte que esa circunstancia no está
directamente relacionada con el objeto de la demanda. Tampoco está
acreditado que existiera un proceso penal adelantado bajo el radicado No.
050016000715201500609 por los hechos reclamados en este proceso. En las
copias aportadas a este proceso se advierte que ese radicado corresponde
a la investigación por extorsión de la que fueron víctimas otros sujetos distintos
a los aquí demandantes.

3 La demanda fue presentada oportunamente. La parte actora refirió que el incendio que ocasionó las
afectaciones del establecimiento de comercio “Rallye Motors” ocurrió el 2 de diciembre de 2017, por lo que, en
principio, el término de oportunidad se extendía hasta el 3 de diciembre de 2019. No obstante, el término se
suspendió desde ese mismo día (3 de diciembre de 2019), con la presentación de la solicitud de conciliación por la
parte actora, hasta el 27 de febrero de 2020, con la expedición de la constancia de no conciliación entre las partes
por la Procuraduría 222 Judicial II para asuntos Administrativos. De manera que, la demanda presentada el 27 de
febrero de 2020 se realizó dentro del término previsto en el literal i del artículo 164.2 del CPACA.

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24. En este caso, está demostrado que el establecimiento de comercio
“Rallye Motors” fue incendiado el 2 de diciembre de 2017 por integrantes de
un grupo armado ilegal; que el 20 de octubre de ese mismo año, la
administradora del local puso en conocimiento de la Policía las constantes
amenazas que recibían los trabajadores del negocio, así como las
advertencias sobre un ataque al establecimiento de comercio por el no
pago de las ilegales exigencias económicas realizadas por el grupo criminal;
que las extorsiones a los comerciantes de esa zona eran frecuentes desde el
2014 hasta la fecha en que ocurrió el siniestro; y que las demandadas no
adoptaron medidas para salvaguardar la vida, integridad y bienes de los
afectados. No está probado el hecho exclusivo de la víctima, toda vez que,
según lo afirmado por la fiscalía, el demandante desistió de la continuación
de la investigación penal el 30 de octubre de 2018, cuando ya se había
configurado el daño consecuencia del riesgo de las amenazas recibidas.

25. La Sala declarará la responsabilidad de la Policía, por tratarse de la
entidad encargada de brindar seguridad a la ciudadanía. Exonerará de
responsabilidad a la Fiscalía, toda vez que no se probó que los involucrados
pusieran en su conocimiento el riesgo que enfrentaban. Condenará a la
Policía la reparación de los perjuicios morales a los tres trabajadores que
estuvieron presentes el día de los hechos y fueron intimidados, amenazados y
encerrados en el lugar en medio del incendio. Asimismo, la condenará, en
abstracto, a la indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de
daño emergente a favor del propietario. Negará la indemnización por el
perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, toda vez que no se
aportaron pruebas de las cuales se pueda inferir que el propietario dejó de
percibir ingresos o suspendió su actividad económica por los hechos
demandados.

2.2. Análisis sustantivo

26. En el interrogatorio de parte realizado en la audiencia de pruebas, los
trabajadores Kelly Johana Guisao Córdoba4, Jhon Esteban Naranjo Dávila5 y

4 Kelly Johana Guisao Córdoba: “En el momento llegaban y me citaban a varias reuniones las cuales yo siempre le

notificaba a la coordinadora de zona a Laima (…) Las amenazas se cumplieron y se materializaron (…) ese día el 2
de diciembre de 2017 llegaron cuatro hombres en dos motocicletas yo me encontraba en la parte de afuera,
cuando uno de ellos me llama y me dice que me necesita a mí, yo en el momento me acerco donde el, cuando
alzo la mirada veo que otro de ellos empieza a rociar gasolina a las motocicletas, ahí fue cuando yo empecé a
correr, pero en el momento me sentí ahí mismo en el lugar, corrí más o menos cuatro cuadras, ingresé a una
vivienda, en esa vivienda me cambiaron el uniforme, luego, me llevaron al hospital, ese día tuve un crisis nerviosa,
estaba muy afectada, estaba en shock(…)”.
5 Jhon Esteban Naranjo Dávila “las amenazas si se materializaron si se cumplieron, el 2 de diciembre de 2017, cuando

nos hicieron el atentado en el almacén que nos incineraron completo todo el local con nosotros adentro(…)
presencié un acto de mucho temor en donde llegaron cuatro hombres al establecimiento y mientras uno rociaba
de gasolina el local y las motos, otro nos intimidaba con una pistola en la cabeza, nos hizo tirar boca abajo con las
manos en la cabeza y nos amedrantaba diciéndonos muchas palabras (…) que nos tiráramos abajo y que no
intentáramos movernos porque si no iban a acabar con nuestras vidas (…) eso no iba directamente contra nosotros
eso iba directamente contra el dueño del establecimiento”.

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Actor: Oscar Tulio Lizcano González y otros
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Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia
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German Darío Naranjo Dávila6 coincidieron en afirmar que, el 2 de diciembre
de 2017, alrededor del mediodía, llegaron al local cuatro sujetos. Uno de ellos
llamó a Kelly Johana a las afueras del local, ella se acercó y, al advertir que
se trataba de un grupo de delincuentes corrió y huyó del lugar. Los otros dos
trabajadores fueron intimidados con un arma de fuego y encerrados en una
habitación en la parte trasera del establecimiento, mientras otro de los sujetos
roció con gasolina el local para luego prenderle fuego. El incendió se
propagó rápidamente debido a los líquidos inflamables que había en el
lugar. Finalmente, los trabajadores lograron salir, gracias a la colaboración de
los vecinos del sector.

27. En relación con la ocurrencia del hecho. La Policía aportó copia de las
anotaciones realizadas en el libro de minuta el 2 de diciembre de 2017. Pese
a que la información es, en gran parte, ilegible, se logra advertir una
anotación realizada a las 13.30 horas, en la que consta: “a la fecha y hora, se
deja la constancia que mientras realizábamos labores de patrullaje, sobre la
calle 101 (…) observamos una aglomeración de personas en la calle 104 con
carrera 16, y mucho humo, de inmediato nos dirigimos a ese lugar donde
vemos que el taller y (…) de Yamaha se estaba incendiando. Posteriormente
nos dirigimos a los bomberos de Turbo para darles aviso de lo sucedido, luego
que el cuerpo de bomberos de Turbo llegó a dicho lugar inmediatamente se
realizó acordonamiento al lugar para que la ciudadanía no interrumpiera
(…)”.

28. Con el relato realizado por los trabajadores y las anotaciones del libro de
minuta, para la Sala queda demostrado el hecho generador y el daño, el
cual consiste en las afectaciones económicas ocasionadas al
establecimiento de comercio y la afectación a la integridad personal de los
trabajadores.

29. Por otra parte, respecto a la imputación del daño a las demandadas, en
el expediente está acreditado que Oscar Tulio Lizcano González era
propietario del establecimiento de comercio “Almacén y Taller Moto Carrera
(Rallye Motors)”, con varias sedes, una de ellas en el municipio de Turbo, en la
dirección calle 104 nro. 15- 877. También está probado que integrantes de un

6 German Darío Naranjo Dávila: “Las amenazas se cumplieron de tal forma que incendiaron el local en el que
trabajábamos con nosotros allí adentro. El 2 de diciembre de 2017, un día normal de labores, este día llegamos a
nuestro lugar de trabajo, nos presentamos como usualmente lo hacíamos, empezamos a hacer nuestro trabajo que
era prestar el servicio técnico a nuestros clientes, a eso del medio día aproximadamente fuimos acechados por
cuatro sujetos que llegaron a intimidarnos, uno con arma de fuego, otro rociando gasolina por todo el centro de
servicio, todas las motocicletas, el área de repuestos, el área administrativa, todos los enseres, computadores, todo,
absolutamente todo, amenazaron a mi compañera y administradora del almacén, la cual huyó corriendo, en medio
de la desesperación, y el susto y el miedo, y fui objeto de la primera amenazas por parte del señor que entró
armado con arma de fuego al almacén, ese tipo con palabras muy fuertes, obscenas, apuntándome con un arma
de fuego, insultándome me hizo tirar al piso, manos a la cabeza (…) creó confusión y miedo en el equipo de trabajo
el cual quedó encerrado en la parte interna del establecimiento. El incendio fue tan voraz, tan fuerte, porque había
liquidaos inflamables (…) se prendió todo muy rápido”.
7 Certificado de matrícula mercantil de persona natural.

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Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia
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grupo armado ilegal frecuentaban la zona y, en reiteradas ocasiones,
profirieron amenazas y realizaron exigencias económicas a los
administradores y trabajadores de los establecimientos de comercio8,
asimismo, que en dos oportunidades (el 5 de mayo de 2014 y 20 de octubre
de 2017) estos hostigamientos fueron puestos en conocimiento de la Policía9.

30. El 5 de mayo de 2014 Laima Judith Doval Jaramillo, administradora del
establecimiento de comercio Rallye Motors presentó denuncia ante la
Policía, en la que informó sobre las extorsiones recibidas en el “almacén
Rallye Motors (Yamaha)”10. En el escrito consta (se trascribe):

“[E]l día de hoy vengo a poner en conocimiento unos hechos que se vienen
presentando con relación a unas extorsiones en el almacén de motos la Yamaha
el cual está ubicado en el sector del centro por la principal, para el pasado 03 de
mayo del presente año siendo las 09:17 horas me encontraba laborando en el
almacén en el cual me desempeño como administradora y recibí una llamada(…)
me estaba informando que el día sábado a las 4:30 P.M. de la tarde debíamos
asistir a una reunión que se iba a llevar a cabo en la vía Apartadó, esta persona
manifestó pertenecer al grupo de los Urabeños de las BACRIN; me dijo “vea señora
Laima necesitamos que nos colaboren con la causa ya que nos estamos
fortaleciendo nuevamente, ya los hemos dejado trabajar mucho tiempo, en varias
ocasiones se les ha pedido colaboración sin ninguna respuesta”, yo le respondí que
solo era una empleada, que solo respondía por abrir el almacén y vender que así
como había ubicado mi celular y mi nombre ubicara al dueño y le hiciera sus
peticiones. El sujeto me amenazó diciendo que colabore, que a él le queda fácil
mandar a sus hombres para que llevaran en una camioneta que la vida por allá
era muy dura, que sería objetivo militar, que me volvería la vida cuadritos y me
tocaba irme de la zona a mí y a toda mi familia; seguidamente le dije que
necesitaban, a lo que respondió que un radio Alcatel, que esa colaboración nos
daría un código de movilización para movernos sin problemas en la zona, después
de entregar el radio me harían llegar el recibo de paz y salvo. Que tenían un listado
de 22 colaboradores y faltábamos nosotros (…) PREGUNTA: cuantas veces ha
tenido esta clase de extorsiones. CONTESTACIÓN: con esto hechos se han
presentado dos, el primero fue en 2011 y estos que hoy estoy denunciando (…)”

31. El 20 de octubre de 2017, Laima Judith Doval Jaramillo presentó nueva
denuncia en las instalaciones del Gaula de la Policía de Urabá, en la que
informó sobre las amenazas y extorsiones de las que fueron víctimas el día
anterior (19 de octubre de 2017) cuando miembros del grupo Autodefensas
Gaitanistas de Colombia se presentaron en los almacenes Yamaha (calle 104
nro. 15-87), AKT (calle 104 nro. 17-15), y almacén de repuestos multimarca
(carrera 15 nro. 104) para exigir el pago de sumas de dinero como
contribución al funcionamiento de la organización criminal. Asimismo, informó

8 Audiencia de pruebas. Declaraciones de Kelly Johana Guisao Córdoba, Jhon Esteban Naranjo Dávila y German

Darío Naranjo Dávila. Kelly Johana manifestó que “constantemente eran las amenazas. En el momento llegaban y
me citaban a varias reuniones las cuales yo siempre le notificaba a la coordinadora de zona a Laima”. German
Darío relató que: “los grupos armados acechaban a los trabajadores del establecimiento”.
9 Denuncias presentadas por Laima Judith Doval Jaramillo, administradora del establecimiento de comercio.
10 Pese a que en la narración de los hechos, Laima Judith refiere que las extorsiones habían sido recibidas en el

almacén “Yamaha”, en los datos de la denuncia quedó la constancia de que se trataba del almacén “Rallye
Motors (Yamaha)”.

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01583-01 (71.463)
Actor: Oscar Tulio Lizcano González y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia
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que unos meses antes (21 de septiembre de 2017) se había presentado una
situación similar. En la denuncia se advierte (se trascribe):

“Laima Judith Doval Jaramillo, soy administradora de Rallye Motors, resulta que el
día de hoy, siendo las 10:52 de la mañana, me informó vía telefónica la vendedora
de repuestos la señora MARLENE DE LA HOZ del almacén Yamaha ubicado en
calle 104# 15-87 avenida principal de Turbo Antioquia que, siendo
aproximadamente las 10:40 de la mañana, llegó un sujeto al almacén de pies
trigueña, de buzo azul obscuro, jeans azul y casco negro abordándola y diciéndole
que venía de parte de las AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA, que les
dejaba una carta para que la leyeran. De la misma forma llegó a los negocios AKT
ubicado en la calle 104# 15-15 de Turbo Antioquia, abordando a la señora YENI
VALENCIA administradora y al almacén de repuesto MULTIMARCAS ubicado en la
carrera 15 calle 104 esquina, abordando al administrador FERNANDO BEDOYA, el
mismo sujeto dejando la misma carta con diferente destinatario (…) el 21 de
septiembre del 2017 abordaron los mismos locales diciéndoles que tenían 24 horas
para que cerraran los negocios de lo contrario se atuvieran a las consecuencias
(…)”.

32. En el expediente también obra una constancia de 5 de abril de 2016
del Jefe de la Unidad Básica Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía de
Urabá, en la que se informa que: “el señor Oscar Tulio Lizcano González
identificado con cédula número 4.544.780 propietario del almacén de razón
social Rallye Motors, viene recibiendo llamadas amenazantes e intimidatorias,
en las cuales le exigen una contribución económica a cambio de no atentar
contra su integridad personal y la de su negocio por parte de personas que
no se identifican. Hechos que son investigados por esta unidad en
coordinación con la Fiscalía 48 especializada delegada ante Gaula
Antioquia radicada bajo el consecutivo SPOA 050016000715201500609”.

33. En el proceso no obran las investigaciones de los hechos denunciados.
Respecto de la denuncia presentada el 5 de mayo de 2014, obra una
constancia de 30 de octubre de 2018 emitida por la fiscalía, en la que se
informa que se había contactado al denunciante Oscar Tulio Lizcano
González y este había manifestado “que no desea continuar con el proceso
investigativo ni tiene que aportar para su investigación por lo tanto pide que
se archive”. Asimismo, un oficio de 01 de noviembre de 2018, expedido por la
misma entidad y dirigido a Laima Judith Doval Jaramillo, en el que se informa
que en “la denuncia por usted formulada por el delito de extorsión 244 C.P.,
con radicado No. 050456100498201400314 siendo indiciado/querellado en
averiguación N/A N/A N/A, se adoptó decisión de archivo conforme
imposibilidad de identificar sujeto activo”. Y, respecto de la denuncia el 20 de
octubre de 2017, no hay prueba que evidencie el trámite o las actuaciones
adelantadas por los hechos delictivos.

34. En el expediente tampoco obran pruebas sobre las actuaciones o
medidas adoptadas por la Policía frente a los hechos denunciados. En el
proceso obra el oficio de 19 de enero de 2022 emitido por la Policía, en el

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01583-01 (71.463)
Actor: Oscar Tulio Lizcano González y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia
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que informa que en sus registros no se hallaron solicitudes de medidas de
protección a favor de Oscar Tulio Lizano Gómez, no obstante, advierte que
en el año 2017 dicho demandante contaba con medidas de protección en
atención a que se encontraba en un riesgo extraordinario o extremo según
un estudio realizado por la Unidad Nacional de Protección11. La entidad, para
su defensa, también aportó los informes de 31 de mayo de 2017, 30 de
septiembre de 2017, 31 de octubre de 2017, 30 de noviembre de 2017, en los
que constan las actividades de prevención del secuestro y la extorsión
realizadas por miembros de la institución en el municipio de Turbo y otros de
la zona del Urabá, que tenían como finalidad “minimizar los riesgos ante el
delito del secuestro y la extorsión” y consistieron en la divulgación de
consignas para promover la denuncia de hechos de extorsión y de las línea
de emergencia dispuestas por la institución para informar sobre esos hechos
delictivos, asimismo, en la invitación a la cooperación por parte de las
autoridades para la individualización y posterior judicialización de integrantes
de grupos armados ilegales, y en brindar otras recomendaciones de
seguridad y medidas de autoprotección.

35. Esta corporación ha establecido que el Estado debe responder a título de
falla del servicio por omisión en el deber de prestar seguridad a las personas,
en su vida e integridad, cuando:

“i) [E]n la producción del daño estuvo presente la complicidad por acción u
omisión de agentes del Estado; ii) se acredite que la persona contra quien se dirigió
el ataque había solicitado previamente medidas de protección a las autoridades y
estas no se las brindaron o las mismas fueron insuficientes o tardías, de tal manera
que los efectos antijurídicos de la omisión concretados en un daño son objeto de
reproche jurídico; iii) la víctima no solicitó las medidas referidas, pero las fuerzas del
orden conocían las amenazas que se cernían contra su vida y, por ende, estaban
obligadas a actuar; y, iv) porque en razón de las especiales circunstancias que se
vivían en el momento, como por ejemplo, la grave alteración del orden público y
el conocimiento público de amenazas por parte de terceros, el hecho era
previsible y cognoscible, y no se realizó actuación alguna encaminada a su
protección”12. Además, ha sostenido que “las autoridades que por algún medio
obtienen conocimiento o infieren una situación de riesgo inminente están en la
obligación de ejecutar el deber positivo de protección y seguridad a que tienen
derecho los habitantes del territorio”13. (Resaltado fuera del texto original)

11 Oficio de 19 de enero de 2022 emitido por la Policía, en el que pone de presente que: “dentro de los acervos

documentales de la oficina de derechos humanos no se halló registro de solicitudes con el fin de garantizar la
protección a la vida y bienes del ciudadano afectado por los hechos acontecidos. // Una vez verificado el acervo
documental de la Seccional de Protección no se encontraron’ solicitudes de medidas de protección para la fecha
indicada en el derecho de petición a favor del ciudadano Oscar Tulio Lizano Gómez, sin embargo, cabe resaltar
que para el año 2017, el ciudadano de referencia contaba con medidas de protección en atención al estudio de
nivel de riesgo adelantado por la Unidad Nacional de Protección, en atención al Decreto 1066 de 2015 Artículo 2.4
1.2.6 Protección de personas en situación de riesgo extraordinario o extremo, a cargo de la Unidad Nacional de
Protección.
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 3 de abril de 2020, expediente No.

540012331000200601436-01 (47.334).
13 Consejo de Estado, Sala de Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 17 de marzo de 2021, exp.

No. 44198; Sentencia de 24 de febrero de 2016, exp. No. 35254; Sentencias de 7 de octubre de 2015, exp. No. 35.544,
y Sentencia de de 22 de enero de 2014, exp. No. 27644.

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01583-01 (71.463)
Actor: Oscar Tulio Lizcano González y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia
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36. Si bien la referida providencia hace referencia a las omisiones frente a la
protección del derecho a la vida e integridad personal, esta corporación, en
otros pronunciamientos, ha extendido dichas reglas para el análisis de la
responsabilidad del Estado en casos de omisión de protección de derechos
como la propiedad. Esto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 de la
Constitución Política que prevé que las autoridades “están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra,
bienes, creencias y demás derechos y libertades”.14

37. Teniendo en cuenta los criterios establecidos jurisprudencialmente, la Sala
observa que en este caso se configuran los elementos necesarios para
declarar la responsabilidad del Estado por omisión de protección, en tanto los
hechos probados dan cuenta de que, aunque las víctimas no solicitaron
directamente medidas de protección, la Policía conocía las amenazas en
contra de su vida, integridad y bienes, por lo que tenía la obligación de
actuar y protegerlos. Contrario a lo manifestado por el tribunal, la Sala
considera que en este caso sí se probó que Oscar Lizcano, propietario del
establecimiento, informó a la Policía el riesgo en el que él se encontraba y las
amenazas recibidas respecto de sus bienes y negocios (constancia de 5 de
abril de 2016 del Jefe de la Unidad Básica Antisecuestro y Antiextorsión de la
Policía de Urabá). Asimismo, la administradora del lugar puso en
conocimiento de las autoridades las intimidaciones y hostigamientos dirigidos
a ella y al establecimiento (denuncias de 5 de mayo de 2014 y 20 de octubre
de 2017), por lo que la obligación de la Policía implicaba la protección de la
vida del dueño del establecimiento, y también la protección de la vida e
integridad de los trabajadores y la seguridad del lugar.

38. La Policía conoció sobre amenazas, extorsiones y hostigamientos por
parte de grupos armados ilegales en contra de los trabajadores y el
propietario del establecimiento de comercio “Ralley Motors”. Por una parte,
la denuncia presentada el 5 de mayo de 2014 da cuenta de que la situación
de inseguridad se presentó desde años atrás. Por otra parte, la denuncia
presentada el 20 de octubre de 2017 (43 días antes de la ocurrencia de los
hechos), por las amenazas recibidas el 19 de octubre y el 21 de septiembre
de ese mismo año, evidenció que el riesgo continuaba y se había agudizado,
ya que en dicha ocasión se advirtió que de no cumplir con las exigencias
habría represalias y se les ordenó que cerraran del establecimiento.

39. Si bien en el expediente no obra investigación sobre los hechos
ocurridos el 2 de diciembre de 2017, por lo que se desconoce quién cometió
el atentado, lo cierto es que la proximidad temporal entre la última denuncia
presentada por la administradora del local y la ocurrencia del ataque

14 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 3 de septiembre de 2015, expediente No. 07001-23-31-000-2007-

00015-01(35834). También Sentencia de 20 de octubre 2014, expediente No. 19001-23-31-000-2002-00379-01(30789).

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01583-01 (71.463)
Actor: Oscar Tulio Lizcano González y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia
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permite concluir que este fue consecuencia de los hechos denunciados.
Además, habida cuenta de que las amenazas estuvieron dirigidas a intimidar
a los propietarios y trabajadores con el fin de que contribuyeran
económicamente a la organización criminal so pena de no permitirles seguir
desarrollando su actividad económica, y que el incendio tuvo como finalidad
destruir el establecimiento, es razonable inferir que el hecho obedeció al no
pago de la suma exigida. Cabe destacar, también, que en el proceso no se
demostró otra situación a partir de la cual se pueda derivar que el atentado
obedeció a un hecho distinto, de manera que la Sala concluye que el
atentado en el establecimiento de comercio “Rallye Motors” estuvo
directamente relacionado con las extorsiones y amenazas puestas en
conocimiento de la Policía con anterioridad a la fecha en que fue
incendiado el local.

40. La Sala observa que la Policía Nacional incurrió en una falla en el servicio,
toda vez que omitió adoptar medidas de protección efectivas para
salvaguardar la integridad de los trabajadores y los bienes del propietario del
almacén Rallye Motors, a pesar de que conocía la situación de riesgo
derivada de las amenazas y extorsiones realizadas por grupos armados
ilegales en el establecimiento comercial. Si bien los afectados no solicitaron
directamente medidas de protección, sí informaron a la Policía sobre los
hostigamientos, extorsiones y amenazas de las que estaban siendo víctimas,
así como la situación de zozobra, preocupación e inseguridad que estaban
viviendo. Es decir, en virtud de ese conocimiento, y de los deberes previstos
en el artículo 218 de la Constitución Política y el artículo 1 de la Ley 62 de
1993, la Policía tenía el deber de brindar acompañamiento y protección para
que los demandantes pudieran desarrollar su actividad económica de
manera libre y segura, pero dicho deber se incumplió.

41. A partir de las pruebas que obran en el expediente se advierte que la
entidad no adoptó ninguna medida de seguridad, no hizo presencia en el
lugar, ni brindó recomendaciones para prevenir o contrarrestar la situación
de peligro. En los informes sobre las jornadas de prevención realizadas por la
Policía en el municipio de Turbo no consta que estuvieran dirigidas a los
comerciantes del sector, en todo caso, en esas capacitaciones se instaba a
las víctimas a denunciar las extorsiones y no acceder a dichas exigencias y,
pese a que así obraron los aquí demandantes, no obtuvieron el
acompañamiento y la respuesta adecuada por parte de la entidad.

42. La Policía tampoco realizó un análisis del nivel de riesgo que le permitiera
diseñar un plan de acción para evitar que las extorsiones siguieran
presentándose. Lo anterior, pese a que había indicios serios de que el riesgo
era real e identificable, pues, de acuerdo con lo narrado en la denuncia, los
integrantes del grupo armado llegaron a varios locales, entre ellos, el

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01583-01 (71.463)
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establecimiento “Rallye Motors” y comunicaron las amenazas de manera
directa y autoritaria.

43. Según las declaraciones realizadas por los trabajadores del local, antes
del atentado, la Policía no brindó acompañamiento, no obstante, después
de ocurridos los hechos, hubo “acompañamiento aproximadamente por una
año, un año larguito, que la policía estuvo siempre presente en el
establecimiento comercial”15, lo que demuestra la inacción de la entidad
frente a las denuncias de los demandantes, y la posibilidad material que
tenía de contrarrestar la situación, como efectivamente lo hizo con
posterioridad a la configuración del daño .

44. En síntesis, la Sala considera que en este caso se probó que la Policía tuvo
conocimiento previo sobre la existencia de un riesgo sobre la integridad de
los trabajadores y los bienes del propietario, por lo que la ocurrencia de un
atentado era previsible y evitable, no obstante, no adoptó las medidas
necesarias y adecuadas para enfrentar la situación.

2.3. Liquidación de perjuicios

• Perjuicios morales

45. La Sección Tercera ha señalado que en los casos en que se demanda por
daños ocasionados por la pérdida o destrucción de bienes materiales no se
presume la existencia de un perjuicio moral, de manera que este deberá
reconocerse “siempre y cuando esté debidamente fundamentado con
pruebas que acrediten su existencia y magnitud”16. En este caso, no hay
lugar a reconocer una reparación a favor de Oscar Tulio Lizcano González -
propietario-, Martha Isabel Arango de Lizcano – cónyuge propietario- y Juan
Carlos Lizcano Arango – hijo propietario-, pues no hay prueba alguna que
acredite la zozobra, aflicción, congoja o dolor que el hecho produjo en esos
demandantes. En cambio, respecto de los trabajadores, la Sala observa que
el hecho afectó su integridad personal, pues dos de ellos fueron hostigados,
agredidos y encerrados en medio del fuego, y la otra trabajadora enfrentó
una situación de angustia y miedo al ser amedrentada por los integrantes del
grupo criminal que la hizo huir del lugar, por lo cual, con base en las reglas
de la experiencia, frente a ellos es posible inferir la afectación moral derivada

15 Al respecto Kelly Johana afirmó “(…) antes de que ocurriera el incendio nunca hubo acompañamiento”. Jhon

Esteban refirió “(…) no cuando hubo amenazas ni la policía ni la fiscalía estuvo visitando el local o mirando que
podía pasar, no, en ningún momento tuvimos acompañamiento de la policía, después de lo sucedido si hubo
acompañamiento un año y algo que tuvimos policía 24 horas (…). Germán Darío manifestó que nunca tuvieron
acompañamiento ni de policía ni de fiscalía y, después de ocurridos los hechos, “tuvimos acompañamiento
aproximadamente por una año, un año larguito, que la policía estuvo siempre presente en el establecimiento
comercial”.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 23 de

mayo de 2012, expediente No. 05001-23-24-000-1993-01039-01(21269) y Subsección B, Sentencia de 4 de mayo de
2022, exp. 68001-23-31-000-2007-00715-01 (50437).

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de los sentimientos de angustia y desasosiego que vivieron por cuenta de las
amenazas y el atentado. Así, la Sala concederá una indemnización en su
favor por el monto de 20 SMLMV a favor de cada uno (Kelly Johana Guisao
Córdoba, Jhon Esteban Naranjo Dávila y German Darío Naranjo Dávila).

• Perjuicios materiales

46. La parte actora también solicitó se reconociera una indemnización por el
perjuicio material en la modalidad de daño emergente causado al
propietario del establecimiento como consecuencia de la incineración de
varias motos, productos y enseres del local, no obstante, no aportó un
inventario de bienes y mercancías, tampoco los libros de comercio, ni
ninguna otra prueba que permita verificar la cantidad y cualidad de los
productos afectados y constatar su estado a fin de identificar cuáles sufrieron
pérdida total o parcial.

47. Al expediente se aportó un certificado de ventas, un extracto de pagos a
corte 31 de diciembre de 2017 y 3531 facturas de los productos adquiridos
por el propietario al proveedor “Incolmotos Yamaha”, en el periodo de 2016
a 2018. Estas pruebas no permiten calcular el monto del perjuicio del daño
emergente, toda vez que, por una parte, no se especifica el establecimiento
de comercio al cual se le suministró esos productos (cabe recordar que
según en el certificado de matrícula mercantil de persona natural constaba
que el demandante era propietario de varios establecimientos que, a su vez,
contaban con varias sedes); por otra parte, se desconoce cuáles de esos
productos se encontraban en el local en la fecha en que ocurrió el incendio
y quedaron incinerados como consecuencia de esos hechos.

48. Con todo, Jhon Esteban Naranjo Dávila, en su interrogatorio, afirmó que
“se quemaron alrededor 35 o 40 motos nuevas, completamente incineradas”
y Germán Darío Naranjo Dávila refirió que ““haciendo un balance de todas
las motocicletas fueron aproximadamente 45 motocicletas afectadas. Entre
las del almacén y las del centro de servicio”. Con esa información es posible
advertir que, en efecto se configuró el perjuicio, aunque se desconozca su
magnitud, por lo cual procederá una condena en abstracto para que se
calcule la cuantía de tales perjuicios mediante incidente de liquidación de
perjuicios.

49. Para la tasación del perjuicio, la parte actora deberá aportar un
dictamen técnico, razonado y fundado, emitido por un perito especialista en
avalúo de establecimientos comerciales, que deberá contar con los
respectivos soportes (inventarios y facturas) que respalden las cifras allí
consignadas y tendrá en cuenta las características, depreciación y
condiciones de los bienes muebles destruidos total o parcialmente. A falta de
esta prueba, la parte demandante podrá acudir a otros medios probatorios

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01583-01 (71.463)
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que permitan tener certeza del perjuicio. Así, podrá aportar el inventario de
bienes existentes en el establecimiento de comercio “Rallye Motors” para la
fecha en que ocurrió el incendio (2 de diciembre de 2017), el acta de los
bienes destruidos, y las facturas de los bienes afectados, o cualquier otra que
considere pertinente. Al liquidar el perjuicio, se actualizarán los montos de los
bienes destruidos o perdidos a la fecha de la expedición de la respectiva
providencia, teniendo en cuenta el índice de precios al consumidor y las
fórmulas empleadas por esta corporación en casos similares.

50. Respecto a los perjuicios materiales por lucro cesante reclamados por la
parte actora, no se aportaron pruebas de las cuales se pudiera si quiera inferir
si el establecimiento suspendió su actividad, por cuánto tiempo, y qué
pérdidas le generó el hecho, por lo cual la indemnización por este perjuicio
será negada.

2.4. Condena en costas

51. De acuerdo con el artículo 188 del CPACA y el artículo 365, numeral 4,
del Código General del Proceso, la parte demandada será la condenada
en costas en esta instancia17.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 17 de abril de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó las pretensiones de la
demanda.

SEGUNDO: DECLARAR la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa
– Policía Nacional por las afectaciones económicas ocasionadas al
establecimiento de comercio “Rallye Motors” y la afectación a la integridad
personal de Kelly Johana Guisao Córdoba, Jhon Esteban Naranjo Dávila y
Germán Darío Naranjo Dávila, en los hechos ocurridos el 2 de diciembre de
2017, en Turbo (Antioquia).

17 Artículo 365. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en

costas se sujetará a las siguientes reglas:
4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a
pagar las costas de ambas instancias. (…)

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Radicación: 05001-23-33-000-2021-01583-01 (71.463)
Actor: Oscar Tulio Lizcano González y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional y otro
Referencia: Reparación directa (Ley 1437 de 2011)
Decisión: Revoca la Sentencia de primera instancia
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TERCERO: CONDENAR a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional a
pagar, por concepto de perjuicios morales, 20 SMLMV a favor de Kelly
Johana Guisao Córdoba, 20 SMLMV a favor de Jhon Esteban Naranjo Dávila
y 20 SMLMV a favor de German Darío Naranjo Dávila.

CUARTO: CONDENAR, en abstracto, a la Nación – Ministerio de Defensa –
Policía Nacional al pago de los perjuicios materiales en la modalidad de daño
emergente, los cuales será tasados en incidente de liquidación de perjuicios.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda

SEXTO: CONDENAR a la parte demandada al pago de costas de segunda
instancia. Esta condena se liquidará de manera concentrada por el Tribunal
de primera instancia.

SÉPTIMO: DAR cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del
Código Contencioso Administrativo.

OCTAVO: EXPEDIR copia de la Sentencia de segunda instancia, conforme a
lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal
efecto, el Tribunal de instancia cumplirá los dictados del artículo 362 del
C.P.C.

NOVENO: En firme esta providencia DEVOLVER el expediente a la
Corporación de origen para lo de su cargo.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Salvamento parcial de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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