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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2007-00715-01

Fecha
4 de mayo de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 68001-23-31-000-2007-00715-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVÓCASE la sentencia dictada el 30 de mayo de 2013 por el Tribunal Administrativo de Santander. SEGUNDO: DECLÁRASE probada de oficio la excepción de caducidad de la acción respecto de las pretensiones dirigidas a obtener la reparación del daño causado por la ejecución de una obra pública de pavimentación que causó inundaciones en el inmueble de propiedad del demandante Gustavo Rojas Contreras, ubicado en la carrera 17 No. 18 – 133 del municipio del Socorro. TERCERO: CONDÉNASE al Municipio del Socorro a reparar el daño causado al demandante Gustavo Rojas Contreras como consecuencia de las limitaciones al derecho de propiedad que esta entidad demandada impuso sobre el predio de propiedad de este demandante, ubicado en la carrera 17 No. 18 – 133 del municipio del Socorro. CUARTO: CONDÉNASE EN ABSTRACTO al Municipio del Socorro a pagar al demandante Gustavo Rojas Contreras el valor del predio y de los inmuebles afectados por las limitaciones al derecho de propiedad que esta entidad demandada impuso sobre el predio su propiedad, ubicado en la carrera 17 No. 18 – 133 del municipio del Socorro. La liquidación de este perjuicio deberá realizarse a partir de las bases señaladas en esta providencia. QUINTO: De acuerdo con el artículo 220 del C.C.A., la sentencia protocolizada y registrada tendrá los efectos de título traslaticio de dominio a favor del Municipio del Socorro. 15 Radicado: 68001-23-31-000-2007-00715-01 (50437) Demandante: María Blanca Figueredo de Rojas y otros SEXTO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda. SÉPTIMO: SIN CONDENA en costas. OCTAVO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178 del CCA. NOVENO: Para el cumplimiento de la sentencia expídanse copias con destino a las partes, de conformidad con el artículo 114 del CGP. DÉCIMO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el expediente a su tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 68001-23-31-000-2007-00715-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

4 de mayo de 2022

Radicado: 68001-23-31-000-2007-00715-01 (50437)
Demandante: María Blanca Figueredo de Rojas y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., cuatro (4) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Reparación directa
Radicación: 68001-23-31-000-2007-00715-01 (50437)
Demandantes: María Blanca Figueredo de Rojas y otros
Demandados: Ministerio de Transporte – Invías y otros

Tema: Daños causados por la ejecución de una obra pública de
pavimentación que causó inundaciones en un inmueble de
propiedad de los demandantes, y por las posteriores restricciones
al derecho de propiedad impuestas a ese inmueble como
consecuencia de la declaratoria en un acto administrativo de
<<zona de emergencia>> del lugar donde estaba ubicado. Se
confirma la decisión de declarar probada de oficio la excepción de
caducidad de la acción únicamente respecto de las pretensiones
dirigidas a obtener la reparación del daño causado por la obra de
pavimentación, porque se probó que transcurrieron más de dos
años entre la fecha en la que el inmueble sufrió las afectaciones y
la presentación de la demanda. Se revoca la decisión de declarar
probada la caducidad de la acción respecto de las demás
pretensiones y, en su lugar, se condena al Municipio del Socorro a
reparar el daño antijurídico causado por la declaratoria de <<zona
de emergencia>> y <<no habitable>> del lugar donde estaba
ubicado el inmueble de propiedad de uno de los demandantes. Si
bien estos actos eran lícitos, le causaron a su propietario un daño
anormal y particular que no tenía la carga de soportar.

SENTENCIA

Verificada la inexistencia de irregularidades que invaliden la actuación, procede
la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia dictada el 30 de mayo de 2013 por el Tribunal Administrativo
de Santander, que declaró probada de oficio la excepción de caducidad de la
acción.

La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia de
acuerdo con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo que dispone
que esta Corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las
sentencias de los tribunales administrativos en primera instancia. El Tribunal
Administrativo de Santander conoció el proceso en primera instancia en virtud de

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Demandante: María Blanca Figueredo de Rojas y otros

la cuantía estimada en la demanda, según el numeral 6 del artículo 132 del mismo
código1.

El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 9 de julio de 2014. En
auto del 3 de septiembre de 2014 se corrió traslado para alegar de conclusión.
Las partes guardaron silencio. El Ministerio Público no rindió concepto.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1.- La demanda que dio origen al proceso fue interpuesta el 13 de diciembre de
2007 por Gustavo Rojas Contreras, María Blanca Figueredo de Rojas, María
Eugenia, Carlos Augusto, Adriana Patricia, Gustavo Adolfo, Alba Milena y Óscar
Mauricio Rojas Figueredo. Se dirigió contra el Ministerio de Transporte, el Instituto
Nacional de Vías (en adelante el Invías), el Departamento de Santander y el
Municipio del Socorro, para obtener la reparación de los siguientes daños: (i) el
daño causado por la ejecución de una obra pública de pavimentación que causó
inundaciones en un inmueble de propiedad de los demandantes y (ii) el daño
causado por las limitaciones al derecho de propiedad impuestas al inmueble
como consecuencia de la declaratoria de <<zona de desastre>> del lugar donde
estaba ubicado, lo que ocasionó que los demandantes fueran desalojados del
mismo.

2.- En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

<<(…) 6.1.- Que se declare que la GOBERNACIÓN DE SANTANDER, EL
MUNICIPIO DE SOCORRO, LA NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE –
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS “INVIAS”, son administrativamente solidarios y
responsables de la totalidad de los daños y perjuicios causados a mis mandantes
con ocasión de las obras mal hechas y que conllevaron al desalojo y consecuente
abandono de sus predios a partir del 22 de diciembre de 2005 (…).

6.2.- Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a pagar a la
GOBERNACIÓN DE SANTANDER, EL MUNICIPIO DE SOCORRO, LA NACIÓN
– MINISTERIO DE TRANSPORTE – INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS “INVIAS”,
por intermedio de sus representantes, a título de indemnización y a favor de mis
mandantes por perjuicios morales que han sufrido y siguen padeciendo como
consecuencia del daño sufrido por la pérdida de su único patrimonio y sustento.

• 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de la sentencia,
para cada uno de mis mandantes, señores GUSTAVO ROJAS CONTRERAS
y MARÍA BLANCA FIGUEREDO DE ROJAS, perjuicios morales que sufrido
y siguen padeciendo a consecuencia de los hechos, esto es desde diciembre
de 2005, fecha en la cual ya se sintieron totalmente desamparados y solos
por los entes gubernamentales.

1 En la demanda, la parte actora estimó en cuatrocientos y un millones y ochocientos cincuenta

mil pesos ($401.850.000) la pretensión de mayor valor en la demanda.

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Demandante: María Blanca Figueredo de Rojas y otros

• A MARÍA EUGENIA, CARLOS AUGUSTO, ADRIANA PATRICIA, GUSTAVO
ADOLFO, ALBA MILENA, OSCAR MAURICIO ROJAS FIGUEREDO, hijos de
los señores GUSTAVO ROJAS CONTRERAS y MARÍA BLANCA
FIGUEREDO DE ROJAS, 50 salarios mínimos legales vigentes a la fecha de
la sentencia, para cada uno.

Subsidiariamente, el pago del mayor valor que al momento del fallo reconozca la
jurisprudencia del Consejo de Estado como compensación por este tipo de
perjuicios.

6.3.- Que como consecuencia de la primera declaración, se condene a la
GOBERNACIÓN DE SANTANDER, EL MUNICIPIO DE SOCORRO, LA NACIÓN
– MINISTERIO DE TRANSPORTE – INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS “INVIAS”,
por intermedio de sus representantes, a título de indemnización por perjuicios
materiales sufridos con ocasión de los hechos narrados en la demanda, los
siguientes conceptos:

• DAÑO EMERGENTE: por valor de $6.900.000, correspondiente a los gastos
sufragados por mis representados por cánones de arrendamiento y pago de
servicios hasta el momento de presentación de esta demanda.

Estos gastos se discriminan de la siguiente forma:

Cánones de arrendamiento a $250.000 mensual a partir de Diciembre de
2005………….$5.750.000

Pago de servicios……………$1.150.000

• LUCRO CESANTE: por valor de $401.850.000 por la pérdida de sus
inmuebles y de lo dejado de percibir por mis representados a partir de
diciembre de 2005 a la fecha de presentación de la demanda discriminados
de la siguiente forma:

Pérdida del inmueble junto con sus dos apartamentos………$180.000.000

Pérdida del lote de terreno junto con sus árboles
frutales…………..$200.000.000

Puesto de venta de frutas y jugos atendido por mi mandante señora MARÍA
BLANCA FIGUEREDO DE ROJAS ($350.000= a partir de
DIC/05)…………….$8.050.000

Venta de los frutos Naranjas, Mandarina, Aguacate, Café entre otros (600.00
mensuales a partir de Diciembre de 2005)…………$13.800.000.

Subsidiariamente, al pago del mayor valor que al momento del fallo reconozca
la jurisprudencia del Consejo de Estado como compensación por este tipo de
perjuicios.

De manera respetuosa solicito que para hacer la cuantificación de los
perjuicios materiales se tengan en cuenta las fórmulas matemáticas
decantadas por la jurisprudencia del Consejo de Estado.

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Demandante: María Blanca Figueredo de Rojas y otros

6.4.- Que se actualice el valor de la(s) condena(s), al tiempo de la sentencia, de
conformidad al índice de precios al consumidor más intereses legales del 6%
anual.

6.5.- Que se de cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 y
177 y demás normas concordantes del Código Contencioso administrativo.

6.6.- Que se condene al GOBERNACIÓN DE SANTANDER, EL MUNICIPIO DE
SOCORRO, LA NACIÓN – MINISTERIO DE TRANSPORTE – INSTITUTO
NACIONAL DE VÍAS “INVIAS”, a reconocer las costas y agencias en derecho
que se causen en virtud del presente proceso. A efectos de lograr la
indemnización plena del daño de manera respetuosa solicito reconocer como
agencias en derecho una suma no inferior al 25% del valor total de la
indemnización que se llegue a reconocer a favor de los demandantes, toda vez
que esta es la cuota litis que se pactó como honorarios de abogado en contrato
de prestación de servicios. (…)>>.

3.- Las pretensiones se fundaron en las siguientes afirmaciones:

3.1.- Los demandantes Gustavo Rojas Contreras y María Blanca Figueredo de
Rojas son propietarios de un predio urbano ubicado en la carrera 17 No. 18 – 133
del municipio del Socorro (Santander). En el predio estaba construida la casa
donde residían los demandantes y otros <<dos apartamentos>> que tenían
destinados para su arrendamiento.

3.2.- El Departamento de Santander celebró un contrato de obra para pavimentar
la calle 19, entre carreras 11 y 15 del municipio del Socorro. En virtud de la obra,
cada vez que llovía, las aguas lluvias desembocaban en el predio de los
demandantes, lo que <<afectó los cimientos, paredes, pisos y áreas conexas>>
de su residencia y <<produ[jo] daños ecológicos, humedad permanente,
deslizamiento, basura y daños a las plantas>>.

3.3.- A raíz de esta situación, los demandantes elevaron varias peticiones al
Municipio del Socorro. Esta entidad territorial les respondió que había ordenado
realizar las respectivas reparaciones para evitar que la obra siguiera causando
daños.

3.4.- A pesar de esa respuesta, posteriormente el municipio <<declaró
verbalmente el sector como zona de desastre>> y ordenó el desalojo de sus
residentes.

3.5.- El Municipio del Socorro desalojó a los demandantes del inmueble el 22 de
diciembre de 2005; y, a manera de auxilio, les giró la suma de trescientos
sesenta mil pesos ($360.000) para cubrir los gastos de arrendamiento en los que
incurrieron durante los primeros tres meses.

3.6.- El municipio ofreció a los demandantes reubicarse en otro inmueble, pero
ellos rechazaron dicha oferta.

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Demandante: María Blanca Figueredo de Rojas y otros

4.- Según la parte actora, las entidades demandadas deben reparar el daño
causado porque: (i) <<la mala ejecución de la obra de la construcción y
pavimentación>> causó inundaciones al inmueble de los demandantes, lo que
generó su deterioro y (ii) los demandantes se negaron a ser reubicados en otro
inmueble porque estaba ubicado en una <<zona [que] no era apta para vivir>>,
en la que <<no iban a tener futuro y a la que más adelante los desalojarían
también, tal como les [estaba sucediendo] (…) a las personas que sí aceptaron
dicha reubicación>>.

5.- En relación con los perjuicios, la parte actora indicó que los demandantes: (i)
padecieron perjuicios morales a raíz del dolor causado por la pérdida del
inmueble; (ii) tuvieron que asumir los gastos de arrendamiento y el pago de
servicios públicos como consecuencia del desalojo; (iii) perdieron el predio, junto
con los inmuebles construidos en éste. Así mismo, afirmaron que la demandante
María Blanco Figueredo de Rojas no pudo seguir vendiendo las frutas que
cultivaba en el predio y los jugos que preparaba con ellas.

B. Posición de las entidades demandadas

6.- El Ministerio de Transporte se opuso a las pretensiones de la demanda. Como
argumento de defensa expuso que el daño no le es imputable porque dentro de
sus funciones no están las de <<controlar el tráfico vehicular en las carreteras del
país, así como tampoco [la] de hacer cumplir las disposiciones que emite>>. En
consecuencia, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva.

7.- El Municipio del Socorro también se opuso a las pretensiones de la demanda,
con base en los siguientes argumentos de defensa:

7.1.- Las obras que a juicio de la parte actora causaron el daño fueron
contratadas por el Departamento de Santander y no por el municipio.

7.2.- El inmueble de propiedad de los demandantes no respetaba las normas en
materia de servidumbres y, además, fue construido inadecuadamente.

7.3.- A través del acuerdo 023 de 21 de diciembre de 2005, el Concejo Municipal
facultó al alcalde del Socorro para que entregara un lote a las personas afectadas
por el desalojo, para lo cual dispuso realizar un censo. A partir del censo se pudo
determinar que los demandantes eran propietarios de otros inmuebles ubicados
en el municipio. Por esta razón, se limitó el auxilio solo a los primeros tres meses
posteriores al desalojo. De igual forma, en este acto se dispuso que el municipio
entregaría nuevas viviendas a quienes trasladaran la propiedad de sus inmuebles
a favor del municipio para su respectiva demolición. Sin embargo, los
demandantes <<no [hicieron] entrega de la vivienda afectada>>. En

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consecuencia, el municipio solamente entregó a los demandantes los materiales
necesarios para que pudieran habilitar otro de sus inmuebles como una
<<solución de vivienda>>.

7.4.- El municipio actuó de conformidad con la ley al declarar el sector como
<<zona de emergencia>>, ordenar su evacuación y reconocer auxilios a las
personas afectadas.

8.- El Departamento de Santander contestó extemporáneamente la demanda. Sin
embargo, en los alegatos de conclusión solicitó que se negaran las pretensiones
dirigidas contra esta entidad porque se demostró que las obras realizadas por el
departamento no fueron la causa de los daños sufridos por la vivienda de los
demandantes y su posterior desalojo. Por el contrario, se acreditó que los daños
de la vivienda y el desalojo fueron producto de una falla geológica denominada
Llano Grande y de la inestabilidad del terreno.

9.- El Invías no contestó la demanda ni presentó alegatos de conclusión.

C. Sentencia recurrida

10.- En la sentencia del 30 de mayo de 2013 el Tribunal Administrativo de
Santander declaró probada de oficio la excepción de caducidad de la acción por
las siguientes razones:

10.1.- El hecho generador del daño era la obra ejecutada para pavimentar la calle
19, entre carreras 11 y 15 del municipio del Socorro. Sin embargo, no se probó
en qué fecha fue entregada la obra. Por lo tanto, debía aplicarse la teoría del
conocimiento del daño para efectos del estudio de la caducidad.

10.2.- Está probado que los demandantes tuvieron conocimiento del daño, por lo
menos, a partir del 30 de agosto de 2004, fecha en la que el demandante
Gustavo Rojas Contreras elevó una petición al Municipio del Socorro en el que
informó la existencia de las inundaciones en su predio causadas por la obra. Por
lo tanto, el término de caducidad empezó a correr desde el 31 de agosto de
2004.

10.3.- El cómputo del término de caducidad no puede iniciar a partir de la fecha
de expedición del acto que declaró el sector como zona de emergencia, ni a partir
de la fecha del desalojo, porque <<se está ante la presencia de un daño
continuado que aumentó con el transcurso del tiempo, comoquiera que el daño
inicial traducido en la afectación de cimientos, paredes y pisos por permanente
humedad y deslizamientos, se agravó hasta provocar agrietamientos que
amenazaron ruina>>.

10.4.- La demanda se presentó el 13 de diciembre de 2007.

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Demandante: María Blanca Figueredo de Rojas y otros

D. Recurso de apelación

11.- En el recurso de apelación la parte demandante solicita que se revoque
integralmente la sentencia de primera instancia y que, en su lugar, se concedan
las pretensiones de la demanda. Su inconformidad se centra en señalar que el
término se debe contar a partir del día siguiente a la fecha del desalojo porque:
(i) este es el hecho dañoso; (ii) cuando el demandante Gustavo Rojas Contreras
formuló la petición del 30 de agosto de 2004, el inmueble todavía no tenía grietas,
ni en ese momento se había puesto en conocimiento de la Administración el
hecho generador del daño; (iii) tampoco se puede contar el término de caducidad
desde que la administración expidió el acto que declaró el sector como <<zona
de emergencia>> porque este no fue debidamente notificado a los demandantes.

II. CONSIDERACIONES

E. Asuntos procesales

12.- La parte actora reclama la reparación de dos daños distintos: el primero,
consistente en el daño causado por la ejecución de una obra pública de
pavimentación que causó inundaciones sobre un inmueble de propiedad de los
demandantes; el segundo, consistente en las limitaciones al derecho de
propiedad impuestas sobre el inmueble como consecuencia de la declaratoria de
<<zona de desastre>> del lugar donde estaba ubicado, lo que ocasionó que los
demandantes fueran desalojados del mismo.

13.- En relación con el primer daño -el causado por la ejecución de una obra
pública de pavimentación-, la Sala confirmará la decisión de declarar probada de
oficio la excepción de caducidad de la acción porque:

13.1.- El artículo 136 del C.C.A. dispone que la acción de reparación directa
<<caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día
siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa, o de
ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena
por causa de trabajo público o de cualquier otra causa>>.

13.2.- Está probado que el daño se produjo antes del 29 de septiembre de 2005
porque en esa fecha el demandante Gustavo Rojas Contreras elevó una petición
al alcalde del Municipio del Socorro en la que señaló que el inmueble donde
residía sufrió <<daños materiales>> como consecuencia de la obra de
pavimentación, dado que, debido a las lluvias, la obra produjo el incremento de
inundaciones en su predio.

Al respecto se señaló en la petición:

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<<1. Frecuentes inundaciones provenientes de aguas lluvias y residuales
provenientes del alcantarillado de la quebrada Jaboncilla y aguas superficiales
corren por la calle hasta el predio de mi propiedad localizado en la carrera 17 No.
18 – 133.

2. Las aguas lluvias que corren por la carretera nacional (carrera 17), se unen
con las de la calle 19 y se represan, produciendo mayor caudal.

3. Agua, lodo y basuras caen a mi residencia produciendo graves daños
materiales y perturbando la tranquilidad de sus moradores con las consecuencias
que puedan presentarse.

4. Las inundaciones se acentuaron desde que se hicieron las obras de
pavimentación de la calle 19 entre carreras 11 y 16, y se cambió la cañería y se
construyó un pozo paralelo al existente. Cada vez que llueve con alguna
intensidad el agua se reboza y saca las tapas, produciendo los daños. (…)>>

13.3.- La demanda se presentó el 13 de diciembre de 2007.

14.- En relación con el segundo daño -limitaciones al derecho de propiedad del
inmueble derivadas de la declaratoria de <<zona de emergencia>>-, la Sala se
pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos procesales para
fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos años previsto en el
artículo 136 del C.C.A.:

14.1.- La parte actora no demostró en qué fecha le fue notificada la resolución
No. 630 de 17 de noviembre de 2005, por medio de la cual el alcalde municipal
del Socorro declaró como <<zona de emergencia>> el lugar donde estaba
ubicado el inmueble, ni se probó la fecha exacta en la que se realizó el desalojo.

14.2.- Sin embargo, el daño reclamado realmente se concretó con la expedición
del Decreto No. 064 de 30 de mayo de 2006, debido a que el alcalde del Socorro,
a través de este acto administrativo, declaró el lugar donde estaba el inmueble
como zona como <<no habitable>>. En consecuencia, dispuso que el municipio
<<no otorgar[ía] permiso alguno para residencia, ni disponibilidad de servicios en
las zonas afectadas que motivaron la reubicación>>. Por lo tanto, la limitación al
derecho de propiedad de los demandantes se materializó con la expedición de
este acto.

14.3.- Como se señaló, la demanda se presentó el 13 de diciembre de 2007.

F. Decisiones a adoptar

15.- La Sala condenará al Municipio del Socorro a reparar el daño causado al
demandante Gustavo Rojas Contreras porque se probó que a raíz de la
temporada invernal, a través de diversos actos administrativos, esa entidad
territorial declaró como <<zona de emergencia>> el lugar donde se ubica el
predio de su propiedad, desalojó a los demandantes y, posteriormente, declaró

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el predio como <<zona no habitable>>. La parte actora no cuestiona la licitud de
estos actos. Sin embargo, en los términos del artículo 90 de la C.P., estas
decisiones lícitas causaron un daño antijurídico, particular y anormal al
demandante Gustavo Rojas Contreras, propietario del inmueble porque limitaron
su derecho de propiedad sobre el inmueble. Si bien el municipio ofreció a los
demandantes su reubicación en otro inmueble de propiedad de la entidad
territorial y ellos rechazaron este ofrecimiento, esto no le imponía al demandante
Gustavo Rojas Contreras la carga de soportar el daño causado por las
limitaciones impuestas por la administración municipal a su derecho de propiedad
sobre el inmueble. La Sala negará las pretensiones de la demanda en relación
con las demás entidades demandadas, porque el daño no les es imputable.

G. Hechos probados y que no fueron controvertidos por las partes

16.- Con el certificado de libertad y tradición del bien identificado con el folio de
matrícula No. 321-711 y la escritura pública No. 302 del 8 de mayo de 1986, está
probado que la señora María Rosalina Velandia Figueredo vendió al demandante
Gustavo Rojas Contreras el inmueble ubicado en la carrera 17 No. 18 – 133 del
municipio del Socorro (Santander) y que este último era su propietario para la
fecha de los hechos.

17.- Con la Resolución No. 630 del 17 de noviembre de 2005, se probó que el
alcalde del Municipio del Socorro declaró como <<zona de emergencia>> el
sector comprendido <<entre las calles 18 y puente El Bejuco de la carrera 17 -
vía nacional-, y el sector del Teherán>> de esa entidad territorial y, en
consecuencia, ordenó la evacuación inmediata y la reubicación de las familias
afectadas por esa decisión. En la motivación del acto explicó que estas
decisiones eran necesarias debido al deterioro progresivo de las viviendas
ubicadas en esa zona, el cual era causado <<principalmente [por] la incidencia
de la temporada invernal>>.

18.- A través del Acuerdo No. 023 del 21 de diciembre de 2005 se acreditó que
el Concejo Municipal del Socorro facultó al alcalde de esa entidad territorial para
que pudiera entregar <<las áreas necesarias del lote de propiedad del municipio
denominado Bellavista>>, como compensación del daño sufrido por las familias
afectadas por la declaratoria de la <<zona de emergencia>>.

19.- Con el Decreto No. 064 del 30 de mayo de 2006 está probado que el alcalde
del Municipio del Socorro adoptó las siguientes decisiones relevantes, en relación
con las familias afectadas por la declaratoria de la <<zona de emergencia>>:

19.1.- En el artículo 1º convocó a las familias afectadas a una reunión <<para la
protocolización de entrega de las viviendas>> construidas en la urbanización
Bellavista.

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Demandante: María Blanca Figueredo de Rojas y otros

19.2.- En el artículo 2º dispuso que para la entrega material de los inmuebles
entregados en compensación, los afectados debían <<constituir escritura pública
a favor del municipio (…) a fin de que la administración municipal inicie las obras
de demolición y constitución de la franja protectora de la vía nacional>>. Así
mismo, en este artículo ordenó que, si en el término de treinta días hábiles no se
constituía la escritura pública a favor del municipio, éste iniciaría la <<acción
reivindicatoria sobre el inmueble otorgado por vía administrativa>>.

19.3.- En el parágrafo del artículo 3º dispuso que <<el municipio no otorgará
permiso alguno para residencia, ni disponibilidad de servicios en las zonas
afectadas que motivaron la reubicación, toda vez que estas se declaran como no
habitables>>.

19.4.- En las consideraciones de este acto administrativo se señaló que el
demandante Gustavo Rojas Contreras estaba dentro de las familias afectadas
por la declaratoria de la <<zona de emergencia>> que requerían <<la habilitación
de predios ubicados en otros sectores urbanos>>.

20.- La parte actora y el municipio del Socorro aceptaron como hecho probado
que el demandante Gustavo Rojas Contreras no aceptó ser reubicado en el
inmueble ofrecido, a manera de compensación, por esta entidad territorial. Este
hecho fue corroborado en la declaración rendida por Bethy Sofía Peñaloza
Sanabria, testigo citada por la parte actora y esposa del demandante Carlos
Augusto Rojas Figueredo. En su declaración, afirmó que el demandante Gustavo
Rojas Contreras le había comentado que no había aceptado la reubicación
porque el lote ofrecido por el municipio estaba ubicado en <<un sector (…) que
había sido declarado de alto riesgo porque presentaba deslizamientos y además,
porque la vivienda no era nada comparable con la ubicación y la vivienda que
ellos tenían>>.

H. El demandante Gustavo Rojas Contreras sufrió un daño antijurídico
imputable al Municipio del Socorro porque esta entidad territorial, a
través de actos administrativos lícitos, limitó su derecho de
propiedad

21.- Esta Sección ha estimado que cuando la afectación <<excede los límites de
intervención pública sobre la propiedad privada (…) es decir se limita de manera
absoluta y permanente el ejercicio del derecho de propiedad, lo que vacía de
contenido su núcleo esencial>>, el propietario que queda totalmente privado del
bien tiene derecho a obtener la reparación de perjuicios y en estos casos el
fundamento de la responsabilidad del Estado puede ser el daño especial:

<<(…) Sin embargo, ello no implica que los particulares deban soportar
todo tipo de limitación sobre sus derechos patrimoniales en aras de
garantizar el cumplimiento del interés general (…).

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Demandante: María Blanca Figueredo de Rojas y otros

(…) en la medida en que la afectación implica una limitación de los derechos de
los particulares, se deberá mantener el equilibrio de las cargas públicas, equilibrio
que se puede garantizar por el mismo ordenamiento jurídico al establecer
compensaciones tarifarias o bien por el juez al momento de analizar el alcance
de la intervención estatal, ya sea mediante el análisis de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho cuando se cuestione la legalidad del acto que hace
efectiva la afectación, o mediante la acción de reparación directa cuando quiera
que se alegue la responsabilidad del Estado por la declaratoria de afectación al
interés general. Como consecuencia de ello la responsabilidad del Estado por
violación del equilibrio de las cargas públicas podrá realizarse, en muchos
eventos, en aplicación de la teoría del daño especial.

(…) Por lo tanto, para determinar en qué medida una afectación al interés
general tiene alcances expropiatorios se deberá determinar como
parámetro definitorio si, una vez realizada la afectación, el titular del
derecho real sobre el bien cuenta con una genérica utilidad privada de
carácter económico, cuyo alcance deberá ser establecido por el juez en
cada caso concreto.

(…) De manera general, si el juez, a la luz de los hechos probados en el
proceso, encuentra que la afectación (…) excede las cargas derivadas de la
función social y ecológica de la propiedad se configurará la existencia de
un daño antijurídico y se ordenará la indemnización de los perjuicios
materiales causados por la afectación, es decir, el daño emergente y el
lucro cesante, cuando a ello hubiere lugar, puesto que en este evento la
afectación tendrá alcance expropiatorio. Por su alcance, este tipo de
afectaciones al interés general se puede asimilar a la noción de ocupación
permanente de bienes inmuebles y se deberá dar aplicación al artículo 220
C.C.A.>>2

22.- En el presente caso está probado que el Municipio del Socorro, a través de
actos administrativos lícitos, rompió el equilibrio ante las cargas públicas al limitar
el derecho de propiedad que el demandante Gustavo Rojas Contreras tenía sobre
el inmueble ubicado en la carrera 17 No. 18 – 133. Lo anterior, porque estos actos
administrativos impidieron que el demandante pudiera continuar residiendo en
ese inmueble debido a que fue declarado como <<zona de emergencia>>,
primero, y, luego, como <<zona no habitable>>. Esta limitación al derecho de
propiedad del demandante ocasionada por actos administrativos lícitos le causó
un daño antijurídico, en los términos del artículo 90 de la C.P.

23.- El hecho de que el Municipio del Socorro haya ofrecido reubicar a los
demandantes en otro inmueble y que estos rechazaran ese ofrecimiento, no le
imponía al demandante Gustavo Rojas Contreras la carga de soportar el daño
causado por las limitaciones impuestas por la administración municipal sobre el
inmueble de su propiedad.

2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de mayo de 2012, exp.
21906. Cf., también, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 2 de abril
de 2013, exp. 26437, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Citada en: sentencia del 19 de febrero de
2021, exp. 63087, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

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Demandante: María Blanca Figueredo de Rojas y otros

24.- Este daño es imputable únicamente al Municipio del Socorro debido a que
fue la autoridad que limitó el derecho de propiedad del demandante Rojas
Contreras a través de los actos administrativos lícitos previamente referidos. En
consecuencia, la Sala negará las pretensiones dirigidas contra las otras
entidades demandadas.

I. Determinación y cuantificación de los perjuicios

i. Daño emergente

25.- Por concepto de daño emergente, la parte actora solicitó la reparación de: (i)
<<los gastos (…) por cánones de arrendamiento y pago de servicios>> en los
que tuvieron que incurrir los demandantes desde su desalojo hasta la fecha de
presentación de la demanda; (ii) el valor de la residencia de los demandantes y
de los dos apartamentos ubicados en el lote afectado por la declaratoria de la
<<zona de emergencia>>; (iii) el valor del predio y de los árboles frutales
ubicados en éste; (iv) el valor del puesto de frutas de la demandante María
Blanca Figueredo de Rojas.

26.- La Sala negará la reparación del perjuicio consistente en <<los gastos (…)
por cánones de arrendamiento y pago de servicios>> porque su causación no es
atribuible a las limitaciones del derecho a la propiedad ordenadas mediante el
acto que declaro como <<no habitables>> los inmuebles ubicados en la <<zona
de emergencia>> declarada por el municipio del Socorro. En esa medida, la Sala
considera que el perjuicio causado por la expedición de ese acto se limita a la
afectación del derecho de propiedad que el demandante Gustavo Rojas
Contreras tenía sobre el predio afectado por esa decisión administrativa.

27.- En relación con el segundo perjuicio solicitado en la demanda, para calcular
el valor del predio, de los inmuebles y de los árboles frutales cultivados en el
predio, la parte actora solicitó la práctica de un dictamen pericial. Sin embargo,
este dictamen se enfocó principalmente a estimar los perjuicios causados por las
inundaciones generadas por la obra de pavimentación. Por lo tanto, la Sala
valorará únicamente los aspectos relevantes del dictamen para determinar los
perjuicios derivados de las limitaciones impuestas por el Municipio del Socorro al
derecho de propiedad que el demandante Gustavo Rojas Contreras tenía sobre
el predio afectado por la declaratoria de <<zona de emergencia>> y <<no
habitable>> del lugar donde éste estaba ubicado, y los inmuebles allí construidos.

28.- Este dictamen fue rendido por el ingeniero civil Ramiro Medina Torres y por
el ingeniero agrónomo Rodolfo Duarte Jurado. En el dictamen pericial se calculó
únicamente el valor de la vivienda de propiedad del demandante Gustavo Rojas
Contreras. Para estimar el valor de la vivienda se usó la siguiente fórmula:

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Demandante: María Blanca Figueredo de Rojas y otros

<<(…) La vivienda en buen estado actualmente tendría un valor comercial de
$30.000.000.

ÁREA APROX. DE VIVIENDA = 150 m2
VALOR ESTIMADO MT2 CONSTRUIDO = 200.000$/MT2
VALOR VIVIENDA = 150 X 200.000 = $30.000.000 (…)>>

29.- La Sala no comparte la estimación realizada en el dictamen porque: (i) el
perito no justificó el valor del metro cuadrado que usó para calcular el valor de la
vivienda o cuál fue el precio de referencia que usó para ese fin; (ii) la estimación
no se realizó con base en la extensión real de la vivienda, sino a partir de su
extensión aproximada; (iii) para determinar el valor comercial del inmueble se
debía considerar su valor catastral.

30.- Debido a que la parte actora no demostró el valor del predio ni de los
inmuebles construidos en su interior, la Sala condenará en abstracto al Municipio
del Socorro a reparar estos perjuicios. Para calcularlos se deberán tener en
cuenta como bases, principalmente: (i) el valor catastral del predio y de los
inmuebles a la fecha de la ocurrencia del daño, el cual deberá ser traído a valor
presente; y, (ii) de acuerdo con el artículo 220 del C.C.A., la sentencia
protocolizada y registrada tendrá los efectos de título traslaticio de dominio a favor
del Municipio del Socorro.

31.- La Sala negará la reparación del daño emergente por concepto del valor de
los árboles frutales cultivados en el predio de propiedad del demandante Gustavo
Rojas Contreras, porque la parte actora no acreditó ni la extensión ni el tipo de
cultivos que estaban sembrados en el predio para la fecha en la que se expidieron
los actos administrativos que limitaron el derecho de propiedad del referido
demandante sobre el predio.

32.- También negará la reparación del valor del puesto de frutas de la
demandante María Blanca Figueredo de Rojas, porque la parte actora no
demostró que este estaba ubicado en el predio afectado por los actos
administrativos expedidos por el municipio del Socorro, ni su valor.

ii. Lucro cesante

33.- La parte actora solicitó por concepto de lucro cesante los ingresos que la
demandante María Blanca Figueredo de Rojas dejó de devengar porque no pudo
seguir vendiendo las frutas que cultivaba en el predio y los jugos que preparaba
con ellas.

34.- La Sala negará la reparación de este perjuicio porque la parte actora no
demostró que las frutas y jugos que vendía la demandante María Blanca

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Demandante: María Blanca Figueredo de Rojas y otros

Figueredo de Rojas provenían del predio afectado por los actos administrativos
expedidos por el Municipio del Socorro.

iii. Perjuicios morales

35.- Los demandantes solicitaron la reparación de los perjuicios morales que
padecieron a raíz del dolor causado por la pérdida del predio afectado por los
actos administrativos expedidos por el Municipio del Socorro y de los inmuebles
allí construidos.

36.- La Sección Tercera ha señalado que, de manera excepcional, es posible
ordenar la reparación de perjuicios morales por la pérdida o destrucción de bienes
materiales, <<siempre y cuando aquél esté debidamente fundamentado con
pruebas que acrediten su existencia y magnitud>>3.

37.- En relación con los perjuicios morales sufridos por los demandantes, obran
en el proceso las siguientes declaraciones solicitadas por la parte actora:

37.1.- La declaración de Bethy Sofía Peñaloza Sanabria, esposa del demandante
Carlos Augusto Rojas Figueredo, quien señaló que después del desalojo <<el
señor Gustavo Rojas se enfermó a tal punto que por el estrés, la angustia de no
tener recursos económicos para seguir sobreviviendo por su cuenta, adquirió un
cáncer (…). Doña María Blanca (…) se dedicó y está dedicada al hogar y
sobrevive con la poca ayuda que les pueden brindar sus hijos (…) quienes
actualmente sostienen la casa>>. Así mismo, afirmó que a raíz de estos hechos
<<(…) la familia se ha resquebrajado un poco, precisamente porque a los hijos
los afecta terriblemente ver a sus padres en esa situación y no poderles dar ellos
aun cuando quieran lo que realmente se merecen (…)>>.

37.2.- En similar sentido, los testigos Jorge Rueda y Benilda Bautista, vecinos de
los demandantes, declararon que, a partir del desalojo, los hijos de los
demandantes Gustavo Rojas Contreras y María Blanca Figueredo de Rojas
tuvieron que velar por su manutención.

38.- La Sala negará la reparación de los perjuicios morales porque considera que
las anteriores declaraciones, si bien mencionan la situación económica de
algunos de los demandantes luego del desalojo, no acreditan el dolor o el
padecimiento que sufrieron con ocasión de la limitación del derecho de propiedad
impuesta por el Municipio del Socorro a través de los actos administrativos que
declararon como <<zona de emergencia>> y <<no habitable>> el lugar donde
estaba ubicado el predio de propiedad del demandante Gustavo Rojas Contreras.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.

Expediente 05001-23-24-000-1993-01039-01(21269). Sentencia del 23 de mayo de 2012. M.P.:
Dr. Enrique Gil Botero.

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Radicado: 68001-23-31-000-2007-00715-01 (50437)
Demandante: María Blanca Figueredo de Rojas y otros

Así mismo, la declaración de la Bethy Sofía Peñaloza Sanabria no es idónea para
demostrar que la enfermedad que sufrió el demandante Gustavo Rojas Contreras
haya sido causada por este hecho dañoso.

J. Costas

39.- En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar
de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con
lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado
por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia dictada el 30 de mayo de 2013 por el
Tribunal Administrativo de Santander.

SEGUNDO: DECLÁRASE probada de oficio la excepción de caducidad de la
acción respecto de las pretensiones dirigidas a obtener la reparación del daño
causado por la ejecución de una obra pública de pavimentación que causó
inundaciones en el inmueble de propiedad del demandante Gustavo Rojas
Contreras, ubicado en la carrera 17 No. 18 – 133 del municipio del Socorro.

TERCERO: CONDÉNASE al Municipio del Socorro a reparar el daño causado al
demandante Gustavo Rojas Contreras como consecuencia de las limitaciones al
derecho de propiedad que esta entidad demandada impuso sobre el predio de
propiedad de este demandante, ubicado en la carrera 17 No. 18 – 133 del
municipio del Socorro.

CUARTO: CONDÉNASE EN ABSTRACTO al Municipio del Socorro a pagar al
demandante Gustavo Rojas Contreras el valor del predio y de los inmuebles
afectados por las limitaciones al derecho de propiedad que esta entidad
demandada impuso sobre el predio su propiedad, ubicado en la carrera 17 No.
18 – 133 del municipio del Socorro. La liquidación de este perjuicio deberá
realizarse a partir de las bases señaladas en esta providencia.

QUINTO: De acuerdo con el artículo 220 del C.C.A., la sentencia protocolizada y
registrada tendrá los efectos de título traslaticio de dominio a favor del Municipio
del Socorro.

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Demandante: María Blanca Figueredo de Rojas y otros

SEXTO: NIÉGUENSE las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: SIN CONDENA en costas.

OCTAVO: Las condenas se cumplirán en los términos de los artículos 176 a 178
del CCA.

NOVENO: Para el cumplimiento de la sentencia expídanse copias con destino a
las partes, de conformidad con el artículo 114 del CGP.

DÉCIMO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con salvamento de voto

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