Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-33-000-2016-00127-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-33-000-2016-00127-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 44001-23-33-000-2016-00127-01
Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernandez
11 de mayo de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: GABRIEL V ALBUE NA HE RNÁNDEZ
Bogotá, D.C. , once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2 023)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.
Radicación: 44001233300020160012701 (3949-2018)
Demandante: Juana Bautista Iguarán Gómez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Para fiscales de la
Protección Social 1.
Temas: Pensión gracia . Tipo de vinculación. Educación Contratada.
Vicariato. Ley 1437 de 2011.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección A procede a resolver el recurso d e apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 5 de
abril de 2018 , proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira ,
que negó las súplicas de la demanda .
I. ANTECEDENTES
1. LA DEMANDA 2
La señora Juana Bautista Iguarán Gómez , por intermedio de
apoderado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previst o en el artículo 138 de la Ley
1437 de 2011 3, modificada por la Ley 2080 de 2021, formuló en
síntesis las siguien tes:
1 En adelante UGPP
2 Folios 39 a 45.
3Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
en adelante CPACA
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 44001233300020160012701 (3949-2018)
Demandante: Juana Bautista Iguarán Gómez
1.1. Pretensiones
Declarar la nulidad de las Resoluci ones 01018 del 24 de enero de
2008, y 62263 del 30 de diciembre de 2008 , por medio de las
cuales, la UGPP negó la solicitud de reconocimiento y pago de la
pensión gracia y resolvió el recurso de reposición confirmándolo ,
así como d el acto ficto presunto configurado por el silencio negativo
administrativo fren te al recurso de apelació n interpuesto el 4 de
marzo de 2008 .
A título de restablecimiento del derecho, solicitó con denar a la
entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia a
partir del 29 de agosto de 2004, fecha en la que alcanzó el estatus
pensional y el retroactivo a que haya lugar, y (ii) pagar intereses
moratorios a partir del 16 de abril de 2007 conforme a lo dispuesto
en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
1.2. Hechos que funda mentan la demanda
a) La señora Juana Bautista Iguarán Gómez nació el 29 de
agosto de 1954.
b) La accionante e stuvo vinculad a como docente de manera
ininterrumpida desde el 25 de febrero de 1977 por más de 31
años.
c) El 15 de diciembre de 2006 solicitó ante la Caja Nacion al de
Previsión EICE –CAJANAL –, hoy UGPP, el reconocimiento y
pago de la pensión gracia, sin embargo, a través de los a ctos
administrativos demandados le fue negado el derecho por
considerar que se trataba de un a docente de carácter
naciona l.
1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación
Argumentó que los actos adm inistrativos demandados negaron el
derecho a la pensión gracia de la accionante por considerar que su
labor como docente fue de carácter nacional .
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Sin embargo, adujo que esta sí cumplió con los requisit os exigidos
para acceder al reconocimiento deprecado de acuerdo con las
certificaciones alle gadas, toda vez que acreditó más de 20 años de
servicio , por lo que no hay razón para indicar que se trata de una
vinculación nacional.
2. CONTESTACIÓN DE LA DE MANDA 4
La UGPP se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda por carecer de fundamentos de derecho .
Aclaró que , de acuerdo con las documentales allegadas es posible
afirmar que laboró como docente con vinculación de carácter
nacional, pues fue nombrada por primera vez como docente a través
del Ministe rio de Educación Nacional para labora r en la
Coordinación de Educación Nacional Misional Contratada, por lo
que, de ahí en adelante se desempeñó como docente nacional y en
ese orden no es posible reconocerle la pensión gracia que reclama.
Propuso las siguientes excepciones (i) falta de requisitos
pensionales (pensión gracia) o inexistencia de obligación, y (ii)
prescripción .
3. AUDIENCIA INI CI AL 5
En acatamiento al artículo 180 del CPACA, el Tribunal
Administrativo de La Guajira , el 15 de mayo de 2017 , llevó a cabo
la audiencia inicial , oportunidad en la que determinó (i) que no
existió ninguna irregularidad que gener ara nulidad; (ii ) que las
excepciones propuestas se decidirán en la sentencia por tratarse
de asuntos que tienen que ver con el fondo del litig io , y (iii) fijó el
problema jurídico en los siguientes términos:
4 Folios 871 a 77.
5 Folios 84 a 89. CD allegado a folio 89A.
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«[ …] consist e en det er m inar si la señor a Juana Baut ist a I guar án
G óm ez, t iene der echo o no a que se le r e conozca y pague la p ensión
gr acia t eniendo en consider ac ión que labor ó ent r e 1976 y 1978 en
adelant e hast a la f echa de r et ir o en la m odalidad de educación
cont r at ada. »
4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 6
El Tribunal Administrativo de La Guajira en sentencia del 5 de abril
de 2018 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas
y agencias en derecho a la parte demandante.
Como fundamento de la decisión, ind icó que, de acuerdo con las
certificaciones alle gadas , la demandante presta sus servicios como
docente desde el 9 de marzo de 1978 en la Institución Educativa
Sagrada Familia de Riohacha con vinculación de carácter nacional
en propiedad, hecho que se constata con el acta de posesión en la
que se señala que la accionante fue nombrada mediante Resolución
001 del 2 de marzo de 1978, emanada del Ministerio de Educación
Nacional.
En ese orden, teniendo en cuenta que la Institución Educativa la
Sagrada Familia de Riohacha se encuentra bajo la Coordinación de
Educación Contratada del Vicariato Apostólico de Riohacha y la
señora Juana Bautista Iguarán Gómez hace parte del cuerpo
docente, ésta se encuentra adscrita a los Centros Educativos
Contratados toda vez que los nombramientos provenían de
ratificación efectuada por el Minister io de Educación Nacional y por
tanto, ostenta el carácter de docente nacional, por lo que no tiene
derecho a la pensión gracia de acu erdo con lo establecido en el
artículo 4 de la Ley 114 de 1913 .
Concluyó que, si bien la accionante prestó sus servicios co mo
docente en el departamento de La Guajira con anterioridad al 31 de
6 Folios 200 s 207 Vto.
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diciembre de 1980, cumplió la edad y tiempo de servicios
requeridos, también lo es que dicho periodo lo acreditó como
docente nacional, con lo cual, incumple el presupuesto establecido
en la norma antes referida, de manera que no acreditó 20 años de
servicio como docente territorial o nacionalizada.
Condenó en costas y agencias en d erecho (1% de l va lor de las
pretensiones negadas) a la parte demandante teniendo en cuenta
que resultó vencida en esa instancia.
5. EL RECURSO DE APELACIÓN 7
La señora Juana Bautista Iguarán Gómez solicitó revocar la
decisión , y en su lugar , acceder a las pretensiones de la demanda.
Para el efecto, in dicó que el tribu nal negó las súplicas de la
demanda sin tener en cuenta el Acta de Posesión del 25 de febrero
de 1977 visible a folio 9 , que fue efectuada ante el alcalde del
municipio de Riohacha.
Indicó que de la lectura de la Resolución 6478 del 22 de mayo de
1978 es posible colegir que se hizo efectiva la reorganización de
nómina de personal docente que v enía trabajando en la Educación
Contratada del Vicariato Apostólico de Riohacha, en cumplimiento
del mandato contenido en el Decreto 2484 del 26 de noviembre de
1976, y por tratarse de una ratificación , no es posible predicar que
se trate de una vinculación de carácter nacional . Adicionalmente,
señaló que tomó posesión «ante el representante de dicho colegio
o COORDINADO R ORDINARIO CO MPETENTE, es decir, la actora
jamás tomó p osesión ante el ministerio de Educación Nacional o
ante uno cualquiera de sus representante o delegados.»
6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCI A
7 Folios 187 a 189.
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6.1 La parte demandante 8 reiteró los argumentos expuestos en el
recurso de apelación .
6.2 La entidad de mandada 9 solicitó d esatender los argumentos del
recurso y confirmar la decisión por e ncontrarse de acuerdo con las
razones expuestas por el a quo.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio
Público guardaron silencio , según el informe secretarial obrante a
folio 235.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 10, el Consejo de
Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto.
De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328
del Código General del Proceso 11, la competenci a del juez de
segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por
el apelante .
2.2. Problema jurídico
De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada, le corresponde a la Sala determinar lo siguiente:
8 Folio 243.
9 Folios 234 a 238.
10 « E l
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá
en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera
instancia por los tribunales administrativos […]».
11 «Competencia del superior. El j uez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin
perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.»
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¿La señora Juana Bautista Iguarán Gómez , en su calidad de
docente oficial, tiene derecho al reconocimiento de la pensión
gracia en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de
1913 y demás normas que regulan dicha prestación?
Para resolver el asunto, se desarrolla rá el siguiente orden
metodológico: (i) la pensión gracia y (ii) el análisis del caso
concreto.
2.3. Marco normativo y jurisprudencia aplicable al asunto.
2.3.1. La pensión gracia.
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1º de la Ley
114 de 1913 en favor de los maestros de las escuela s primarias
oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no
menor de 20 años.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la
pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran
a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo
siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez,
consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años
de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el
docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1
de enero de 1981.
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el
beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las
escuelas normales, junto a los inspe ctores de instrucción pública.
De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en
diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo
requerido para acceder a la pensión.
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Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la
pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que
hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en
establecimientos de enseñanza secundaria.
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1º, distinguió
entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«A rt í cul o 1. Par a los ef ect os de la pr esent e Ley, los s ig uient es
t ér m inos t endr án el alcance ind icado a cont inuaci ón de cada uno de
ellos:
Per sonal naci on al . Son los doce nt es vin culados por nombra mi ent o
del G obi erno Naci onal .
Per sonal naci on al i zado. Son los docent es vincu la d os por
nombrami ent o de ent i dad t erri t ori al ant es del 1 de ener o de 1976
y los vinculad os a par t ir de est a f echa, de conf orm idad con lo
dispuest o por la Ley 43 de 1975.
Per sonal t erri t ori al . Son los do cent es vincul ados por
nombrami ent o de ent i dad t errit ori al, a par t ir del 1 de ener o de
1976, sin el cum plim ient o del r equisit o est ablecido en el ar t ículo 10
de la Ley 43 de 197 5. » [ Negr illas f uer a de t ext o] .
El numeral 2º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el
reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al
establecer:
«A rt í cul o 15. A partir de la vigencia de la pr esent e Ley el per sonal
docent e naciona l y nacional izado y el que se vincule con
post er ior idad al 1. de ener o de 1990 será r egido por las siguient es
dispos icion es:
[ …]
A. Los docent es vinculados hast a el 31 de di ci embre de 1980 que
por m andat o de las Leyes 114 de 1 913, 116 de 1928, 37 de 1933 y
dem ás nor m as que l as hubier an desar r ol lado o m od if icado, t u viesen
o llegar en a t ener der echo a la pensión de gr acia, se les r econocer á
siem pr e y cuando c um plan con l a t ot ali dad de los r equ is it os . Est a
pensión s eguir á r ec onociénd ose por l a Caj a Naci onal de pr evisió n
Socia l conf or m e al Decr et o 081 de 197 6 y ser á com pat ible con la
pensión or d inar ia d e j ubilac ión, aún en el event o de est ar ést a a
car go t ot al o par cial de la nación. [ …] »
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De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha
advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente
que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus
condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter
territorial y nacion alizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado
en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 12 señaló:
«[ …] dent ro del grupo de benef i ci ari os de l a pensi ón graci a no
quedan i ncl ui dos l os docent es naci o nal es sino, exclus iv am ent e,
los naciona liza dos que, com o dice la Ley 91 de 1989, adem ás de
haber est ado vincu la dos hast a el 31 de di ciem br e de 1980 “ t uviesen
o llegar en a t ener der echo a la pens ió n de gr acia ( …) siem pr e y
cuando cum plan co n la t ot alidad de r equisit os” . Y por últ im o, que
sin la Ley 91 d e 19 89, en especia l la n or m a cont enida en e l lit er a l
A, num er al 2, de su ar t í culo 15, dic hos ser vidor es no podr í an
benef iciar se del r ec onocim ient o de t al pensión, pues habi éndose
naciona liz ado la ed ucación pr im ar ia y secundar ia of ici ales , dicha
pr est ación, en r eal i dad, no t endr í a el car áct er de gr acios a que
inic ialm ent e le as ign ó la ley. [ …]. »
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del
docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de
unificación CE-S UJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 13 previó las
siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los r ecur sos del si t uado f i scal que ot r or a t r ansf erí a o cedí a la
Nación a las ent i dad es t er r it or iales, en vigencia de la Car t a d e 1886
y hast a cuando perm anecier on en vigor en la Const it ución de 1991,
no obst ant e su or igen o f uent e nacional, una vez se incor por aban a
los pr esupuest os locales pasaban a ser de pr opiedad exclusiva de
los r ef er idos ent es en calidad de r ent as exógenas .
ii) Los ent es t er r it or iales son los t it ular e s dir ect os o pr opiet ar ios de
los r ecur sos que les gir a la Nación, pr ovenient es del si st ema
general de part i ci paci ones , por asignación dir ect a del ar t í culo 356
de la Car t a Polí t ica de 1991.
12 C o n s e j o
de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia
núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
13Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23-42-000-2013-
04683-01 (3805-2014).
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ii i) La f inanciac ión de los gast os que gener aban los f ondos
educat i vos regi onal es no solo dependí a de los r ecur sos que gir aba
la Nac ión a las ent idades t er r it or ia les por concept o del si t uado
f i scal , sino que t am bién cor r espondí a a los ent es l ocales d est inar
par t e de su pr esupuest o par a at ender al sost enim ient o de los
r ef er idos f ondos edu cat ivos ( ar t í culos 29 del Decr et o 3157 de 1968;
y 60, inciso 2. º , de la Ley 24 de 1988) .
iv) Así com o los f ondos educat i vos regi onal es at endí an los gast os
que gener aban los ser vicios educat ivos de los docent es nacionales
y naciona liz ados, r e sult a f act ible cole gi r de m aner a r azona da que
lo pr opi o acont ecí a con algu nas de l as er ogacion es sal ar iales
or igina das por el ser vicio que pr est aban los educ ador es
t er r it or iales, ya que los r ecur sos dest inados par a t al f in provení an
t ant o de la Nación —si t uado f i scal— com o de las ent idades
t er r it or iales, y adem ás, en uno y ot r o caso, el univer so de esos
r ecur sos le per t enecí a de f or m a exclusiva a los ent es locales dado
que ingr esaban a sus pr esupuest os en calid ad de r ent as exógenas
y endógenas .
v) Por t ant o, no es dable inf er ir que los docent es t err it or ial es y/ o
naciona liz ados se c onvier t en en educad or es naciona les ( i) cuando
en el act o de su vinculaci ón int er viene, adem ás del r epr esent ant e
lega l de la ent ida d t er r it or ial, el del egad o per m anent e del M inist er io
de Educac ión Nacio nal com o m iem br o d e la j unt a admi ni st radora
del r espect ivo f on do educat i vo reg i onal , así , est e últ im o,
cer t if ique la vacancia del car go j unt o con la disponibi lid ad
pr esupuest al; y ( ii) p or el ar gum ent o de q ue los r ecur sos dest i nados
par a su sost enim ien t o t ienen su or igen o f uent e en la Nación .
vi) Prueba de cal i d ad de docent e t erri t ori al . Se r equier e copia de
los act os adm in ist r at ivos donde const e el ví nculo, en l os que
adem ás se pueda est ablecer con suf icient e clar idad que la plaza a
ocupar sea de aquell as que el l egi slador ha pr evist o com o
t er r it or iales, o en su def ect o, t am bién se puede acr edit ar con la
r espect i va cer t if icac ión de l a aut or idad nom inador a que dé cuent a
de m aner a inequí v oca que el t ip o d e vincul ación a l c ual se
encuent r a som et ido el docent e of icia l es de car áct er t er r it or ial.
vii) O ri gen de l os recursos de l a ent i dad nomi nadora . Lo
esencia lm ent e r elevant e, fr ent e al r econocim ient o de la pensión
gr acia, es la acr edit ación de l a plaza a ocupar , est o es, que sea de
car áct er t err it or ial o naciona lizad a, pues conf or m e a los
line am ient os f ij ados por la Sa la en es t a pr ovidenci a, en l o que
r espect a a los educador es t er r it or iales, el pago de sus acr eencias
pr ovení a dir ect am ent e de las r ent as endógenas de la r es pect iva
local idad, o de la s exógenas —si t uado f i scal — cuando se
suf r agaban los gast os a tr avés de los f ondos educat i vos
regi onal es ; y en lo que t iene qu e ver con los edu cador es
naciona liz ados, las er ogaciones q ue est os gener aban se e n m ar can
en los r ecur sos del si t uado f i scal , hoy si st ema general de
part i ci paci ones . » (Resalt ado de l t ext o or igina l)
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Demandante: Juana Bautista Iguarán Gómez
Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-
2022 del 11 de agosto de 2022 14 la Sección Segunda, incorporó
adicionalmente como regla jurisprud encial sobre la int erpretación
del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989, para
efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docent es pu ed en acceder a la pen s ión gr ac ia ant es y d espués
del 29 de diciem br e de 1989, siem pre y cuando acr edit en una
vincul ación t er r it or ial o nacional izada con ant elación al 31 de
diciem br e de 1980 y cum plan con los de m ás r equisit os lega l m ent e
est ablecid os par a su r econocim ient o».
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial
definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón
por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos
pendientes de resolución tanto en sede administrativa como
judicial.
Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que
para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe
acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos
oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en
secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o
en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de
adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se
demuestre que se ostentó dicha vinculación con ante rioridad al
31 de diciembre de 1980 y demuestre cumplir con los demás
requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.3.2 La educación contratada
En relación con la educación contratada, esta Corporación en
sentencia del 24 de julio de 2008 15, con ponencia de la doctora
Bertha Lucía Ramírez de Páez, sostuvo lo siguiente:
14Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001 -23-33-000-2016-
00278-01 (3018-2017).
15 R a d i c a c i ó n interna 2387-2006.
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Demandante: Juana Bautista Iguarán Gómez
«M ediant e la L ey 20 de 1974, se apr obó e l Concor dat o y e l Pr o t ocolo
Fina l ent r e la República de Col om bia y la Sant a Sede, suscr it o en
Bogot á el 12 de j ulio de 1973 y sur ge la Educaci ón M ision al
Cont r at ada. Est a modal idad de pr est ación del ser vicio ed ucat ivo
posib il it ó la am pl ia ción de l a educac i ón en los sect or e s m ás
apar t ados del paí s y en los ant iguos t er r it o r ios nac iona les a t r avés
de la suscr i pción d e cont r at os ent r e el G obier no N acion a l y la
I glesia Cat ó lica.
“ ( …) Com o ser vicio a la com unidad en las zonas m ar gina das,
necesit adas t em por alm ent e de un r égi m en canónico espe c ial, la
I glesia col abor ar á en el sec t or de la educación of ic ial m edi ant e
cont r at os que desarr ollen los pr ogr am as of iciales r espect iv os y
cont em plen las cir cunst ancias y exigen cias especí f icas de cada
lugar . Tales co nt r at os celebr ados con el G obier no Nacio n al se
aj ust ar án a cr it er ios pr eviam ent e acordados ent r e ést e y la
Conf er encia Episco pal, de conf orm idad con lo dispuest o en el
Ar t í culo VI . ( …) ”
Con el f in de desar r ollar los co nt r at os m encionados en la nor m a
t r anscr it a, el G obier no expid ió e l De cr et o 2768 de 197 5, que
consagr ó nor m as par a la celebr ación de los cont r at os ent r e el
G obier no Naci onal y la I glesia Cat ól ic a y est ableció qu e ser í an
f ir m ados por el M inist er io de Educaci ón Naciona l a nombr e del
G obier no Naciona l y por el r espect ivo O r dinar io Com petent e a
nom br e de la I glesia, y t ie nen com o obj et o la adm inist r ación por
par t e de est a de los cent r os educat ivos e n el sect or de la ed u cación
of icia l, su t enor lit er al es el sigu ient e:
“ Ar t í culo cuar t o. El nom br am ient o de r ect or es y dir ect or es, del
per sonal docent e, a dm inist r at ivo y de ser vicio, en los cent r os
educat ivos baj o cont r at o, se har á de acuer do con el sigui ent e
pr ocedim ient o:
1. El nom br am ient o de los r ect or es o dir ect or es de cada cen t r o
educat ivo o de cada conj unt o de cent r os educat ivos baj o r égi m en
cont r act ual, lo har á el M in is t er io de E du cación N acion al ent r e los
candidat os que pr es ent e el O r dinar io com pet ent e. ( …)”
El Decr et o 2484 de 1976 m odif icó el Decr et o 2768 de 1975 y
est ableció qu e el O r dinar io Com pet ent e ( I glesia Cat ólica)
pr esent ar á al M inist er io de Educación Nacion a l los nom br es del
per sonal dir ect ivo, docent e y adm inist r at ivo de cada Cent r o
Educat ivo o de cada conj unt o de Cent r os Educat ivos, par a que est e
r at if ique las noveda des de per sona l, su t enor lit er al es el s ig uient e:
“ El M inist er io de E ducación N acion al pr o ceder á a r at if icar las
novedades de per so nal de los Cent r os Educat ivos baj o cont r at o
de acuer do con el si guient e pr ocedim i en t o:
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1. El Or dinar io Com pet ent e pr esent ar á al M inist er io de Educación
Nacion al los nom br es del per sonal dir ect ivo, docente y
adm inist r at ivo de ca da Cent r o Educat ivo o de cada conj unt o de
Cent r os Educat ivos. ( …) ”
M ediant e el Decr et o 2155 de 1987, se der ogar on los De cr et os
ant er ior es y en su lugar dispuso:
“ Ar t í culo 1º Los cont r at os que de confor m idad con el ar t ículo
t r ece del Concor dat o, se celebr en ent r e el G obier no Naci on al y
la I glesia Cat ó lica en el sect or de la educación of ic ia l en las
zonas cont em pladas en el ar t í culo sext o del Tr at ado, se
aj ust ar án a las sigui ent es r eglas:
1. Los cont r at os ser án celebr ados p or el Pr esident e d e la
Repúb lica y e l M in ist r o de Educac ión Nac iona l, o por est e últ i m o,
de conf or m idad con las nor m as sobr e com pet encia vigent es al
m om ent o de la f ir m a, en nom br e del G obier no Nac iona l y p or el
r espect ivo or dinar i o com pet ent e a nom bre de la I gles ia Cat ó li ca.
2. Los cont r at os t ienen com o obj et o la adm inist r ación por p ar t e
de la I glesia Cat ól ic a de los Cent r os Educat ivos del Est ado y de
la I glesia Cat ó lica que se r igen por las nor m as del Est ado y
cum plan lo s r equis it os f ij ados en est e Decr et o.
3. Par a cada j ur is dicció n ecles iást ica se celebr ar á un solo
cont r at o, en cuyos anexos quedar án en um er ados, por r egiones,
los inst it ut os docent es que sean obj et o de est e r égim en
cont r act ual.
En caso de que una j ur isdi cción ecl e siást ica abar que va r ias
j ur isdiccion es civi le s, se podr án hacer tant os cont r at os cuant as
sean las j ur isd icci ones civ iles, seg ú n las conve nienc ia s o
exigenc ias lega les.
4. En cada cont r at o se est ablecer á la po sibi lid ad de su r evisión
y act ualizac ión s eg ún lo ex ij a el cam bio de las c ir cunst an cias
dur ant e su vigencia.
5. La dur ación de cada cont r at o ser á por un t iem po mí nim o de
t r es años y m áxim o de cinco, y podr án ser r enovados por acuer do
ent r e las par t es.
6. Com o anexo de cada cont r at o f igur a u n invent ar io de los
bienes m uebl es e i nm uebles que per t enezcan a cada ce nt r o
educat ivo.
7. Cuando el edif icio del cent r o educat ivo del Est ado per t enezca
a la I gl esia Cat ól ica, en el co nt r at o se m encionar á ex pr esam ent e
el car áct er eclesiást ico de la pr opie dad del edif ic io.
8. Con car go a las sum as señaladas en l a ley de pr esupuest o de
cada año y sus adic i ones, se pagar án lo s sueldos y pr est aci ones
social es del per sona l dir ect ivo docent e, docent e y adm inist r at ivo
de los cent r os educat ivos baj o cont r ato, así com o los gast os
inher ent es a l a b uena m ar cha de l os cent r os educat i vos,
sost enim ient o de edif icios, ser vic ios públ icos, m at er ial
pedagóg ico y dem á s concept os que ap ar ezcan dent r o de l a ley
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de pr esupuest o. Las par t idas por aport e de cesant í as y Ley 27
de 1974, las g ir ar á dir ect am ent e el M inist er io de Educ ación
Nacion al al Fondo N aciona l de Ahor r o y al I nst it ut o Colom biano
de Bienest ar Fa m iliar , de acuer d o con la apr opi ación
pr esupuest al r espec t iva.
9. Cada cont r at o r equier e par a su valide z:
a) Pago de im puest o de t im br e en la Administ r ació n de Hacie nda
Nacion al;
b) Apr obación y r egi st r o pr esupuest al;
c) Publicac ión en el DI ARI O O FI CI AL. (…) ”
Con la exped ición del Decr et o 1268 de 2001 que r eglam ent ó el
ar t í culo 200 de la Ley 115 de 1994 la com pet encia p ar a la
suscr ipción d e est os cont r at os con I glesias y C onf esione s
Rel igios as se t r aslad ó a las Ent idades Ter r it or iales con ca r go de
sus pr esupuest os, baj o la cont inua in spección y vig ilanc ia de l
M inist er io de Educa ción Nac iona l.
Lo ant er ior per m it e conclu ir que el cuer po docent e adscr it o a los
Cent r os Educat ivos Cont r at ados, cuyos nom br am ient os pr ovení an
por r at if icación del M inist er io de Educa ción Nacio nal, ost ent aban el
car áct er de docent es Naciona les.
Lo ant er ior signif ica que los sueldos y pr est aciones socia l es del
per sonal d ir ect ivo d ocent e, docent e y a dm inist r at ivo de los cent r os
educat ivos baj o cont r at o, est ar án a car go de la Nación.
La educación cont r a t ada se t r at a de una de las diver sas f or m as de
pr est ar educación p úblic a, ent endida co m o aquella que se f i nancia
con r ecur sos of iciales, se of r ece en condic iones de gr at uidad y
debe l legar a los sec t or es sociales m ás p obr es, en los que el Est ado
no puede pr opor cio n ar educación d ir ect am ent e sino por int er m edio
de est os cont r at os que quedan a car go de la Nación. [ …] »
2.4. Caso concreto
Atendiendo las anteriores precisio nes, la Sala procederá a
examinar las pruebas obrantes en el expediente a fin de verifica r si
al demandante le asiste el de recho al reconocimiento de la pensión
gracia, por cumplir con los requisitos legales, concretamente frente
al tiempo de servicio acreditado.
2.4.1 Actuación admini strativa
1) La accionante solicitó el 15 de diciembre de 2006 el
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reconocimiento y pago de la pensión gracia.
2) Mediante la Resolución 01018 del 24 de enero de 2008 16, la
UGPP negó la petición, por consid erar que de acuerdo con las
normas que regulan la materia, no es posible computar tiempos de
servicio prestados a la N ación cuyo nombramiento provenga del
Ministerio de Educación, por lo que el periodo comprendido entre el
1 de febrero de 1978 y el 6 de octubre de 2006 laborado en la
Coordinación de Educación Nacional Misional Contratada, debe ser
desestimando.
3) La accionante , el 4 de marzo de 2008 interpuso los recurso s
de reposición y apelación .
4) Por medio de la Resolución 62263 del 30 de diciembre de
2008 17, la entidad confirmó la decisión y reiteró los argumentos
expuestos en el acto recurrido .
2.4.2 Hechos probados y análisis del caso concreto
2.4.2.1 La demandante nació el 29 de agosto de 1954 18, por
tanto, el mismo día y mes de 200 4 cumplió 50 años de edad.
2.4.2.2 Respecto del tiempo de servicio docente, se observa lo
siguiente:
➢ Del 9 de marzo de 1978 al 29 de septiembre de 2015,
nombrada mediante Resolución 6478 del 22 de mayo de 1978 19:
• «MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
16 F o l i o s 23 a 27.
17 Fo l i o s 33 a 34.
18 A s í
consta en la cédula de ciudadanía que se encuentra visible a folio 18 y
el registro civil de nacimiento a folio 17.
19 F o l i o s 11 al 14.
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RESOLUCIÓN NUMERO 06478 DE 19__ (sic)
(22 MAYO 1978)
Por la cual se r at if ic an unas novedades de per sonal.
El M I NI STRO DE ED UCACI Ó N NA CI O NAL
en uso de sus f acult ades lega les, y
C O N S I D E R A N D O :
1o. - Q ue en vir t ud del Decr et o 2768 del 17 de Diciem br e ( sic)
de 1. 975, el G obier no Naciona l ( sic) ha celebr ado con el
O r dinar io Com pet en t e del V icar iat o de Riohac ha, un cont r at o
par a la pr est ación del Ser vicio de Educació n O f icial en
Riohac ha, G uaj ir a.
2o. - Q ue el Decr et o 2484 de 1. 976 del 26 de Noviem br e ( sic) de
1. 976 dispone qu e l as novedades de p er sonal de los Cent r os
Educat ivos b aj o con t r at o deben ser r at if icados por el M inist e r io
de Educació n Nacio nal.
3o. - Q ue el or din ar io Com pet ent e ha som et ido par a la
r at if icación de l M inist er io las Nove dades de Per son al,
cont enidas en la Re soluci ón No. 01 d e M ar zo ( sic) 2 de 1. 978,
expedida por el m en cionado O r dinar io.
R E S U E L V E:
ARTI CULO P RI M ERO . - Rat if icase la Resoluc ión No. 001 de
M ar zo ( sic) de 1. 978 f ir m ada por M gr. Livio Regi nald o Fischi o ne,
O r dinar io Com pet ent e de Riohacha que a let r a dice;
Por la cual se or ganiza la Nóm ina de Em pleados docent es de la
Educació n Cont r act ual del Vic ar iat o Apost ólico de R i oha cha
( G uaj ir a)
El O r dinar io C om pet ent e par a la Edu cación Co nt r act ual del
Vicar iat o A post ól ico de Rioh acha, en uso de las f acu lt a des
lega les que le conf i er e el Decr et o 2768 y 2484 y
C O N S I D E R A N D O :
1. - Q ue se hace necesar ia la r eor gan izació n de Nóm ina de
per sonal docent e que viene t r abaj ando en la educac ión
cont r act ual del Vicar iat o Apost ól ico de R iohacha.
2. - Q ue a nor m a del O r dinal 20. Art . 1º. del Decr et o 2484 se
acept ar on r enuncias y se concedier on licenci as, t r aslados en
f or m a pr ovision al.
3- Q ue se hace necesar io el nom br am ient o por par t e del
M inist er io de Ed uca ción Nac iona l del p er sonal encar gado por
r esolució n pr ovisio n al.
R E S U E L V E :
ARTI CULO PRI M ERO . - Acépt ense las r enuncias de los.
sigui ent es em pleado s docent es en las f ech as anot adas:
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[ …]
ARTI CULO S EG UN DO . - Háganse los s igui ent e t r aslados e n la
f echa y par a los cargos anot ados. -
[ …]
ARTI CULO TER CER O . - Nóm br ese a los siguient es em plead os
docent es en la f echa y par a los car gos anot ados. -
[ …]
b. - Febr er o 1º de 1978
[ …]
48 Juana B. Iguarán G. Maestra Riohacha S.F 2a.C.P. 4.176.oo
[ …]
ARTÍ CULO CU ART O . - La pr esent e Resoluc ión se r em it e al
M inist er io de Educ ación Naci onal par a los ef ect os legales
per t inent es.
Fir m ado ( sic) : Fr. Livio R. Fischi one, Vic . Ap.
Coor dina dor Educ. Cont r act ual
Dada en Bogot á D. E . , a 22 M AYO 1978
El M inist r o de Educ ación Nac i ona l
El Secr et ar io G ener al »
• Según Acta del 9 de marzo de 1978 20, se lee lo siguiente:
« CO O RDI NACI Ó N DE LA EDUC ACI Ó N C O NTRATA DA
DEL VI CARI A TO APO STO LI CO DE RI OHACH A
( Decr . 2768 - 17 Dic. 1975)
T O M A DE P O S E S I O N
En Riohacha, Capit al ( sic) del Depar tam ent o ( sic) de la ( sic)
G uaj ir a, República de Colom bia, el dí a 9 del m es de M ARZO del
año de m il novecient os SETENTA Y O CHO , se pr esent ó al
despacho de la Ed uc ación C ont r at ada la señor a JUAN A BA UT I STA
I G UARAN B. con el obj et o de Tom ar ( sic) Posesión del car go de
M AESTRA E N EL CO LEG I O DE LA SAG RADA FAM I LI A – Rioh acha,
par a la cual f ue nom br ada por Resolución de est a Coor din ació n
No. 001 de f echa MARZO 2 DE 1978 , apr obada por Resoluci ón del
M inist er io de Educa ción Nac iona l N o. 6 478 de f echa M AYO 22 DE
1978. El sueld o es de $4. 176.
[ …]
El Coor d inador de la Educción Cont r at ada le t om ó el j ur am ent o de
r igor , por cuya gr avedad pr om et ió cum p lir b ien y f ie lm ent e c on los
der echos de su car go, según su leal sab er y ent ender .
20 F o l i o 10.
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Est a t om a de posesión sur t e sus ef ect os legal es a par t ir del 1 º
Feb/ 78.
Par a const ancia se f ir m a y sell a la pr esent e ACTA ( sic) por el
Coor dina dor , e l Posesionado y el S ecr et ar io Cont ador -
EL CO O RDI NADO R O RDI NARI O CO M PETENTE
EL PO SESI O NADO
EL SECR ETA RI O CO NTADO R »
• El certificado laboral KY -249, emitido por el delegado operativo
de Educación Contratada en la Diócesis de Riohacha el 6 de
octubre de 2006 21 hace constar lo siguiente:
21 V i s i b l e en el expediente administrativo digital allegado a folio70.
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• El Certif icado de Tiempo de Servicio 63.518 del 1 de abril d e
2009 22, emitido por la Secretaría de Educación de La Guajira ,
acredita la siguiente información:
«Q ue IG UARAN G OM EZ JUANA BAUTI S TA pr est a sus ser vicios
en el Nive l Básic a Pr im ar ia, vinculac ió n: En Pr opiedad, com o
Educació n Cont r at ada en f or m a Co nt inua.
Hast a la ú lt im a f echa se desem pe ña com o Docent e en
I nst it ución Educat iv a Sagr ada Fam il ia ubicado en R iohac ha,
j or nada M añana [ …]» (sic)
Historia laboral:
Novedad Acto Numero Fecha Fec. Fiscal Fec. Pos. Fec. Hasta Años Meses Días
LA CONSOLITA - CAICEDONIA
COL LA SGDA FAMILIA-
DEC 6478 01 FEB 1978 09 MAR 1978 09 MAR 1978
RIOHACHA 31 0 23
POSESIÓN POR NOMBRAMIENTO
Profesor (A) - En Propiedad
Tiempo Servicio: 31 0 23
• El Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio –FOMA G–, emitido el 29 de septiembre de 2015 23
por la Secretaría de Educación y Cultura del municipio de
Riohacha establece que el «REGIMEN DE PENSIONES» es
Nacional:
IV. HISTORIA LABORAL
INGRESO
Tipo Acto Administrativo Resolución Fecha Acto Administrativo 1/02/1978
Fecha Posesión 1/02/1978 Numero Acto Administrativo 6478
FECHA A.A. DESDE
NOVEDADES TIPO DE A.A. Nro. De A.A.
d m y d m y
Tipo de Novedad Ing. Y Reing.
1 Plantel Educativo SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE GUAJIRA Resolucion 6478 22/05/1978 1/02/1978
Municipio Riohacha (Guaj)
Tipo de Novedad Traslados
2 Plantel Educativo SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE GUAJIRA 1/01/1993
Municipio Riohacha (Guaj)
Tipo de Novedad Traslados
3 Plantel Educativo SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE GUAJIRA 1/01/2007
Municipio Riohacha (Guaj)
TIEMPO TOTAL 29-7-37
Del análisis de acto de nombramiento contenido en la Resolución
6478 del 22 de mayo de 1978 , lo que constituye relevancia para
determinar si la do cente tiene el derecho o no al reconocimiento de
la pensión gracia, es si ocurrió antes del 31 de diciembre de 1980,
22 F o l i o 16.
23 F o l i o s 18 y 19.
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y si se trató de una vinculac ión de carácter territo rial.
Al respecto , es p reciso resa ltar que e ste acto proviene d irectamente
del Ministerio de Educación Nacional y tuvo por objeto ratifica r
novedades de personal contenidas en la Resolución 001 de marzo
de 1978, la cual, organizó l a nómina de docentes de la Educación
Contractual del Vicariato Apostólico, es decir, que esta última fue
expedida precisamente por el Vicari ato Apostólico en calidad de
director de Educación Nacional , lo anterior en desarrollo de l
procedimiento dispuesto p or el Decreto 2768 de 1975, modificado
por el Decreto 2484 de 1976 aplicable al presente caso según se
expuso en el marco normativo relacionado ut supra .
De manera que, para dicho momento, el cuerpo docente adscrito a
los centros edu cativos contratados, cuyos nombramientos
provenían por ratificación de dicho ministerio, en tanto e l Ordinario
Competente (Iglesia Católica) presentaba al Ministerio de
Educación Nacional los nomb res del personal directivo , docente y
administrativo de cada Centro Educativo o de cada conjunto de
Centros Educativos, para que este ratificara las novedades de
personal, ostentaban indudablemente el carácter de docentes
nacionales 24, pues tal y como se h a mencionado previamente por
esta Sala, el tiempo en que la educación fue administrada por las
denominaciones católicas, se e ncontraban sujetas a las
disposiciones y directrices expedidas por el Ministerio de Educación
Nacional y financia das con recursos d irectos de la Nació n .
Así, se colige que el carácter oficial de la Educación Misional
Contratada que se desarrolló en el país desde 1975 hasta el año
2001 y del cuerpo docente adscrito a los centros educativos
contratados cuyos nombramientos provenían por ratificación de
dicho Ministerio , razón por la cual, este acto de nombramiento fue
suscrito por el co ordinador de educación contratada, así como
24 A l
respecto, véase la sentencia de 7 de abril de 2016 con radicado 15001-
23-31-000-2008-00002-01 (3261-2014) proferida por el Consejo de Estado,
Sección Segunda.
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también, por el ministro de educación nacional, lo que permite
corroborar que la naturaleza jurídica del vínculo era nacional.
Adicionalmente, como se mencionó, dicho acto administrativo tuvo
por objeto ratifica r las novedades de perso nal contenidas en la
Resolución 001 de marzo de 1978 que incluyó renuncias, traslados
y nombramientos , encontrándose entre estos últimos a la
accionante , quien fue nombrada como maestra en Riohacha desde
el 1 de febrero de 1978.
Además de lo anterior, la información contenida en la certificación
laboral expedida por el d elegado operativo de educación contratad a
permite verificar que la accionante labor ó en la Coordinación de
Educación Contratada de la Diócesis de Riohacha; fue nombrada
para desempeñarse e n el cargo de maestra en la Institución
Educativa Sagrada Familia de ese municipio con retroa ctividad a l
1.º de febrero de 1978 , y que desde ese momento laboró sin
interrupciones hasta la fecha d e expedición de la certif icación, es
decir, hasta el 6 de octubre de 2006.
Bajo esa línea, las condiciones de la vinculación docente de la
señora Iguarán Gómez no se modificaron a pesar de los traslados,
pues el último nombramiento del que fue objeto se efectuó por parte
del Ministerio de Educación en 1978, y de ahí en adelante se
presentaron situaciones administrativas como los referidos, sin que
ello afectara sus prestaciones salaria les o régimen de pensiones y
cesantías, dado que como se explicó la vin culación de la educadora
se mantuvo incólume al no existir ruptura del vínculo laboral .
En similares té rminos, esta Corpora ción, en sentencia de 28 de
enero de 2021 25 concluyó 26:
25Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Radicado: 17001-23-
33-000-2015-00285-01 (363-2018).
26Véase también, más recientemente Consejo de Estado, S ección Segunda,
sentencia del 16 de marzo de 2023, radicado 17001233300020150069501
(4210–2017), y sentencia del 16 de mayo de 2019, radicado
66001233300020160008601(2163-2018).
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Demandante: Juana Bautista Iguarán Gómez
«[ …] del alud ido pr o cedim ient o de incor por ación de la dem a ndant e
se dest aca que ( i) no t ení a la calidad d e pr of esor a m unicipal , sino
naciona l; ( ii) M anizales er a el luga r geogr áf ico en el que
desar r ollab a su f unciones, cir cunst an cia que no m ut aba la
nat ur aleza de su vi nculac ión, dado que la vacant e que ocupaba y
el coleg io en el que labor aba er an naci o nales; y ( iii) no se t rat ó de
una nueva d esign ac ión, t ant o es así qu e no hubo m od if icac ión en
cuant o al r égim en salar ia l que le r econo cí a la Nación.
En consecuencia, conf or m e a lo cert if icado por la secr et ar í a de
educación el 1 0 de f ebr er o de 2006 y e l 1° de agost o de 2 016, la
accionant e «[ …] pr est aba sus ser vicios com o Docent e plaza
Nacion al [ …] », lo cual no var ió por la incor por ación del
depar t am ent o de Caldas .
[ …]
Por ot r a par t e, en lo concer nient e a los recur sos con los cua les se
f inanció e l em pleo d e la accio nant e, el a ct o de incor por ación hace
r ef er encia al s it uad o f iscal que s i b ie n at endí a los gast os que
gener aban l os ser vi cios educat iv os nac iona lizad os y t er r it or iales,
t am bién lo hací a r es pect o de los naci ona les com o en est e caso, en
el que, se r eit er a, la plaza er a naciona l si n que exist a en el plenar io
pr ueba en cont r ar io. »
En ese orden, comoquiera que el nombramiento de la aquí
demandante fue efectuado por el Ministerio de Educación Nacional,
no cabe duda de que se e ncuentra en la literalidad del artículo 1 de
la Ley 91 de 1989 que determinó que el personal nacional
corresponde a lo s docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno nacional, sin que los t rasla dos le hubiesen cambiado la
naturaleza de ese vínculo.
Igualmente, en este s e indicó que fue pagada con recursos del
Sistema General de Participaciones y que los descuentos de
pensión se le hicie ron con destino a la Caja Nacional de Previsión
Social hasta el mes de s eptiembre de 1990 , y con destino al Fondo
de Prestaciones del Magisterio (FER -GUAJIRA ) desde octubre de
1990 hasta la fecha , situaciones que permiten verificar que, en
concordancia con los restantes argumentos expuestos, el carácter
de la vinculación era nacional.
Por consiguiente, a esta Corporación le es dable concluir sin
dubitación alguna que la accionante ocupó el cargo de educadora
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desde el 1.º de febrero de 1979 en adelante y sin solución de
continuidad , por lo que el carácter de la vinculación siempre fue
nacional.
Así, con fundamento en los elementos de juicio allegados al
expediente y apreciados en conjunto, conforme a las reglas de la
sana crítica, a esta Sala no le queda duda que la accionante no
colmó los requis it os necesarios para acceder a la pensión gracia
dado que no acreditó la vinculación antes del 31 de diciembre
de 1980 del orden territorial , situació n que impide seguir adelante
con el análisis de los restantes requisitos contemplados en las
normas que regulan la materia.
Ahora bien, la accionante solicita en el recurso de alzada que se
tenga en cuenta el acta allegada a folio 9, la cual indi ca que tomó
posesión del cargo de maestra de la Escuela Mixta de la Unión, Rio
Ancho el 25 de febrero de 1977 ante el alcalde de Riohacha y fue
nombrada por Decreto 020 del 24 de febrero del mismo año, por lo
que afirma que su vinculación fue «territo rial o nacionalizada».
Sobre este punto, se tiene que, de acuerdo con la certificación
emitida por la Secretaría General y Gestión Administrativ a de la
Alcaldía Mayor de Riohacha 27, la demandante se desempeñó en ese
cargo desde el 1 de enero de 1977 hasta el 1 de mayo de 1979, de
manera que los extremos iniciales no resultan coincidentes , y el
extremo final resultaría en principio superpuesto al analizado en
precedencia – nombrada mediante Resoluci ón 6478 del 22 de mayo
de 1978–, y el cual se encuentra resp aldado con los documentos y
certificaciones rela cionados que dan certeza al tipo de vinculación,
extremos temporales y naturaleza de la vinculación –mediante
Educación Contratada, que a su vez det ermina la plaza ocupada –.
Adicionalmente, la actora no allegó el acto administrativo de
nombramiento , ni aportó certificados de las entidades nominadoras
27 V i s i b l e en el expediente administrativo digital allegado a folio 70.
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y pagadoras, o de la alcaldía municipal donde conste que no existen
archivos del dicho documento siendo ello de su cargo, por lo que
se puede concluir que la accionante ha desatendido su carga
probatoria .
Sobre el particular , la Corte Constitucional en sentencia T -470 del
9 de octubre de 2019 28 señaló:
«4. 2. En est e punt o se pr ecisa que l a cer t if icación de los t iem pos
labor ados a l ser vic i o de una ent idad p ú blica o bedece a un a lógica
dist int a, en t ant o la pr ueba docum ent al const it uye la pr ueba idónea
par a acr edit ar el t iem po de ser vicios en ar as de la obt ención de un
r econocim ient o pen siona l [ 7 2 ] . Just am ent e, la Ley 50 de 1 886 [ 7 3 ]
est ablece que la pr ueba docum ent al es la conducent e y que solo
ant e la f alt a absolut a bien j ust if icada de la pr ueba escr it a o cuando
se acr edit e que n o se pudo est able cer opor t unam ent e pr ueba
escr it a, r esult a adm isible el t est im oni o. Par a la validez de esa
pr ueba, la nor m a pr evió un pr ocedim ie nt o especia l en el que el
f uncionar io enc ar ga do del r econoc im ien t o pensiona l debe t om ar la
declar aci ón, pudie ndo hacer pr egunt as par a “ est ablecer el
convencim ie nt o de su ver acidad y de su pleno conocim i ent o de los
hechos que declar a y dist int am ent e af irm a” , siem pr e en pr esencia
de un r epr esent ant e del M inist er io Púb li co [ 7 4 ] .
4. 3. Con f undam ent o en las ant er i or es consider ac ione s est e
Tr ibuna l ha indica d o que es posible c om pr obar las vincul aciones
labor al es a t r avés de dist int os m edios p r obat or ios, a saber :
4. 3. 1. En las sent encias T- 116 de 1997 y T - 412 de 1998, est e
Tr ibuna l sost uvo que ant e la insuf ic ienc ia del m at er ial doc u m ent al
en los ar chivos d e la s ent idades, los c iud adanos cont aban co n ot r as
f or m as de dem ostrar la vincul ación, h aciendo uso de la pr ueba
suplet or ia o, r ecur r i endo a l a ví a j udicia l par a cor r obor ar lo m ediant e
la pr áct ica de dist i nt os m edios pr obat or ios y con las ga r ant í as
pr ocesales suf ic ien t es. En ese sent ido, negó la pr ot ección a l
der echo de pet ic ión invocada en cont r a de em plea dor es pú blicos
que habí an negad o la exped ició n de l a cer t if icación d el t iem po
labor ado, en t ant o cada una de las accionadas cont e st ó los
r equer im ient os con los m edios q ue t ení a a su alca nce, por lo qu e
no podí a oblig ár sele s a lo im posibl e.
En ese orden de ideas, resulta evidente que no existe certeza sobre
ese periodo, y por el contrario sí es posible constatar que el
28 M a g i s t r a d o sustanciador, Antonio José Lizarazo Ocampo, Expediente
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siguiente nombramiento , como se explicó, fue del orden nacional y
ello siempre se mantuvo.
Adicional a lo anterior, esta Sala observa que de encontrarse
acreditado el mencionado periodo, este tampoco sería suficiente
para acceder a la prestación deprecada teniendo en cuenta el
análisis de los tiempos acaecidos con posterioridad, que como se
explicó, permiten concluir que fueron de carácter nacional.
En estas condicio nes, los argumentos expuestos por la apelante
carecen de fundamento fáctico y legal por cuanto, como quedó
demostrado, no acreditó el cumplimiento de los requisito s legales y
jurisprudenciales exigidos para ser beneficiari a de la prestación
reclamada.
3. Conclusión
Conforme a lo expuesto, a la señora Juana Bautista Iguarán Gómez
no le asiste el derecho a la pensión gracia, por lo que esta
Subsección confirmará la sentencia del 5 de abril de 20 18 , proferida
por el Tribunal Administrativo de La Guajira , por medio de la cual
negó las pretensiones de la demanda.
4. Condena en costa s
Respecto de las costa s procesales, se debe tener en cuenta el
numeral 8 .º del artículo 365 del Código General del Proceso, que
señala expresamente que « solo habrá lugar a cost as cuando en el
expedient e apar ezc an que se causaron y en la m edida de su
comprobación» , presupuesto que fue desarrollado en providencia
del 7 de abril de 2016 .
No obstante, teniendo en cuenta que la decisión que aquí se adopta
es fruto de lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales t razadas en
la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, no se impondrán
costas a cargo de ninguna de las partes con el fin de salvaguardar
los principios de b uena fe y confianza legítima.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Secció n Segunda, Subsección A,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
F A L L A
PRIMERO. CONFI RMAR la sentencia del 5 de abril de 2018,
proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira , que negó las
súplicas de la demanda presentada por Juana Bautista Iguarán
Gómez contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecció n Social –
UGPP–, de conformidad con las consideraciones expuestas en la
parte motiva de la presente sentencia.
SEGUNDO. No condenar en costas en esta instancia .
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicia l del Consejo de Estado –
“SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al
Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en
sesión del once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023 )
GABRIEL VALBUE NA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado
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