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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2019-00037-01

Fecha
21 de marzo de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2019-00037-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Revocar la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de La Guajira que negó las pretensiones de la demanda presentada por Susana Añez Campo contra el Ministerio de Educación Nacional, Administración Temporal para el Sector Educativo en el departamento de La Guajira, distrito Especial de Riohacha, Municipios Uribia y Maicao. Segundo. Como consecuencia de lo anterior, declarar configurado el silencio administrativo negativo por falta de respuesta a la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria presentada el 8 de noviembre de 2018 por Susana Añez Campo. Tercero. Declarar la nulidad del acto administrativo ficto ocasionado por la falta de respuesta a la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria 66En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001- 23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014). 28 Radicado: 44001-23-40-000-2019-00037-01 (2069-2022) Demandante: Susana Añez Campo presentada el 8 de noviembre de 2018 por Susana Añez Campo, conforme a lo explicado en la parte motiva. Cuarto. A título de restablecimiento del derecho, condenar a el Ministerio de Educación Nacional, Administración Temporal para el Sector Educativo en el departamento de La Guajira, distrito Especial de Riohacha, Municipios Uribia y Maicao, al reconocimiento y pago de un día de salario por cada día de retardo, por concepto de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, desde el 9 de mayo de 2017 y hasta el 20 de mayo de 2018, la cual se liquidará con base en la asignación básica devengada por la demandante para esa anualidad, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Quinto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en el artículo 192 del CPACA. Sexto. No condenar en costas en esta instancia. Séptimo. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 44001-23-40-000-2019-00037-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

21 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 44001-23-40-000-2019-00037-01 (2069-2022)
Demandante: Susana Añez Campo
Demandados: Ministerio de Educación Nacional, Administración Temporal para
el Sector Educativo en el departamento de La Guajira, distrito
Especial de Riohacha, Municipios Uribia y Maicao

Temas: Sanción moratoria por retardo en la consignación de cesantías
parciales

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de
La Guajira, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto
en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso -
Administrativo1, Susana Añez Campo presentó demanda contra la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Administración Temporal para el Sector
Educativo en el departamento de La Guajira, distrito Especial de Riohacha,
Municipios Uribia y Maicao en orden a que se declarara la nulidad del acto

1 En adelante CPACA.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 44001-23-40-000-2019-00037-01 (2069-2022)
Demandante: Susana Añez Campo

administrativo ficto que se originó por la falta de respuesta de la petición efectuada
el 8 de noviembre de 2018, mediante la cual se solicitó el reconocimiento y pago de
la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995 adicionada por la Ley 1071 de
2006, por el pago tardío de sus cesantías parciales retroactivas.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho, solicitó
que i) se declarara que la parte demandada es responsable del pago de la sanción
moratoria por retardo en el pago parcial de las cesantías, equivalente a 1 día de
salario por cada día de retardo «contados desde el 66 día hábil después de haber
radicado la solicitud de cesantías hasta cuando se hizo efectivo el pago»; ii) se condenara
al reconocimiento y pago de los intereses de mora sobre las sumas adeudadas,
según lo establecido en el artículo 192 del CPACA; iii) se ordenara el estricto
cumplimiento de la sentencia conforme a los previsto en los artículos 189, 192, 194
y 195 del CPACA; y iv) condenara en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

• «El 6 de febrero de 1991 Susana Añez Campo se vinculó laboralmente con el
departamento de La Guajira y posteriormente, el 16 de octubre de 2013 fue encargada en
el nivel central de la Secretaría de Educación».

• A través del escrito del 19 de enero de 2017, con radicado interno 2017PQR468,
solicitó a la entidad demandada el reconocimiento y pago de sus «cesantías
retroactivas parciales».

• Mediante Resolución 533 del 4 de mayo de 2018, el Ministerio de Educación
Nacional, Administración Temporal para el Sector Educativo en el departamento de
La Guajira, distrito Especial de Riohacha, Municipios Uribia y Maicao ordenó el
reconocimiento y pago de las cesantías retroactivas de la demandante por un valor
de $44.433.481,80. Dicho pago se hizo efectivo el 21 de mayo de 2018.

• El mencionado acto administrativo fue expedido 1 año y 3 meses después de
haberse presentado la solicitud, es decir, por fuera del plazo máximo previsto por la
ley para pagar dichas cesantías.

• El Ministerio de Educación Nacional, Administración Temporal para el Sector
Educativo en el departamento de La Guajira, distrito Especial de Riohacha,
Municipios Uribia y Maicao, tuvo plazo para pagar las cesantías definitivas hasta el
21 de abril de 2017, por lo cual, a partir del 22 de abril de 2017 comenzó a causarse
la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071
de 2006.

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Radicado: 44001-23-40-000-2019-00037-01 (2069-2022)
Demandante: Susana Añez Campo

• El 8 de noviembre de 2018 presentó una petición ante la entidad demandada, en
la cual solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria. A la anterior
solicitud no se dio respuesta, por lo que se configuró el acto ficto acusado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 25 y 53 de la Constitución Política; y las
leyes 244 de 1995 y 1071 del 31 de julio de 2006.

En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos2:

• La indemnización moratoria prevista por la Ley 244 de 1995, es una sanción a
cargo del empleador moroso y a favor del trabajador, establecida para resarcir los
daños causados por el incumplimiento en el pago de la liquidación del auxilio de
cesantías.

• Cuando la entidad no se pronuncia respecto de la solicitud de reconocimiento y
pago de cesantías, el término para el computo de la indemnización moratoria
comenzará a computarse a partir del día siguiente.

• Susana Añez Campo solicitó el reconocimiento y pago de sus cesantías parciales
el 19 de enero de 2017 y la administración dio respuesta a dicho reconocimiento del
21 de mayo de 2018, es decir 1 año y 3 meses después de haberse presentado la
solicitud.

• Comoquiera que, el acto de reconocimiento y pago de las cesantías retroactivas
fue expedido por fuera del plazo máximo previsto por la ley para pagar dicha
prestación, la administración es responsable de la sanción moratoria prevista por
las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, normativa que estableció un término
perentorio para el reconocimiento de dicha prestación, esto es, 15 días después de
radicada la solicitud y 45 días para proceder al pago luego de expedido el acto
administrativo de reconocimiento.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. El Ministerio de Educación Nacional alegó su falta de legitimación en la causa,
toda vez que el acto administrativo fue expedido por la Administración Temporal
para el Sector Educativo en el departamento de La Guajira, distrito Especial de
Riohacha, Municipios Uribia y Maicao, entidad que según lo previsto en los Decretos
028 de 2008, reglamentado por 2613 de 2009 « en el evento de prosperar algunas
pretensiones del demandante, la condena recaerá única y exclusivamente en la entidad
territorial respecto de la cual se haya asumido de forma temporal la competencia» (sic), sin

2 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_TESTIGODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2, (2069-2022)
44001234000020190003700, 000-2019-00037-00, folios 2 al 20.

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Radicado: 44001-23-40-000-2019-00037-01 (2069-2022)
Demandante: Susana Añez Campo

solidaridad alguna respecto de las obligaciones a cargo de la entidad sobre la que
recae la medida correctiva. Asimismo, precisó que la demandante no es docente
sino personal operativo, razón por la cual el «pago de prestaciones sociales no se
encuentra a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio» sino de la entidad
territorial.

Propuso las siguientes excepciones: i) no comprender la demanda a todos los
litisconsortes necesarios; ii) falta de legitimación por pasiva; iii) falta de requisitos
del título ejecutivo; iv) buena fe; v) pago de la obligación contenida en el acto
administrativo; vi) prescripción; inexistencia de la obligación; y vii) la genérica e
innominada3.

1.2.2. La Administración Temporal para el Sector Educativo en el departamento de
La Guajira, distrito Especial de Riohacha, Municipios Uribia y Maicao se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda, con fundamento en los siguientes
argumentos:

• Susana Añez Campo pertenece al régimen de retroactividad de cesantías, toda
vez que su vinculación se produjo con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 344 de 1996, según la cual los servidores públicos que se vincularán a partir de
su publicación estarían amparados por las normas vigentes sobre cesantías, esto
es, la Ley 50 de 1990.

• En régimen de retroactividad de cesantías no es viable el reconocimiento de la
sanción por mora, pues dicha previsión únicamente fue establecida para el régimen
de liquidación anual y para la retroactividad por retiro definitivo del servicio, situación
que no se da para el caso de la demandante, toda vez que en la actualidad se
encuentra laborando y «no se evidencia solicitud alguna de retiro definitivo de cesantías
o manifestación expresa de cambio de régimen».

Por último, propuso las excepciones de: i) cumplimiento del deber constitucional y
legal; ii) legalidad del acto administrativo; iii) inexistencia de obligación legal; iv)
inaplicabilidad de normas y precedente jurisprudencial invocado; y v) la genérica del
artículo 282 del Código General del Proceso4.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de La Guajira mediante sentencia proferida el 7 de
diciembre de 2020, negó las pretensiones de la demanda.

Para tal efecto, luego de realizar un recuento de algunos preceptos legales y

3 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_TESTIGODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2, (2069-2022)
44001234000020190003700, 000-2019-00037-00, folios 85 al 102.
4 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_TESTIGODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2, (2069-2022)

44001234000020190003700, 000-2019-00037-00, folios 85 al 102.

4

Radicado: 44001-23-40-000-2019-00037-01 (2069-2022)
Demandante: Susana Añez Campo

jurisprudenciales aplicables al asunto concluyó que, comoquiera que la actora se
vinculó al servicio en la Secretaria de Educación Departamental con anterioridad a
la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996 y que en ningún momento manifestó
a su empleador la voluntad de acogerse al régimen anualizado de las cesantías, su
régimen de cesantías era el retroactivo, en el cual no tiene cabida el reconocimiento
y pago de la sanción moratoria reclamada, toda vez que dicha penalidad solo fue
establecida para las cesantías anualizadas5.

1.4. El recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación y lo sustentó así6:

• La indemnización por mora en el pago de las cesantías, sean definitivas o
parciales, se concreta cuando la entidad no realiza el pago dentro del término
previsto en la Ley para tal fin.

• El tribunal confundió la aplicación de la sanción moratoria de que trata la Ley 1071
de 2008 con la prevista en la Ley 50 de 1990, «porque de manera ilógica concluyó que,
la indemnización moratoria de la Ley 1071 del 31 de julio de 2006 no era aplicable al
régimen de Cesantías Retroactivas».

• Los funcionarios públicos que pertenecen al régimen de cesantías retroactivos son
beneficiarios de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 del 31 de julio de 2006,
en aquellos casos en los cuales la administración les ha reconocido y pagado el
auxilio por fuera de los términos legales.

• La sanción establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, generada por la no
consignación de cesantías, es improcedente para un empleado público del régimen
de cesantías retroactivas; no obstante, la penalidad prevista en la Ley 1071 de 2006,
aplica sin distinción al régimen.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Las partes guardaron silencio.

1.6. Concepto del Ministerio Público

En esta etapa procesal no hubo pronunciamiento.

2. Consideraciones

5 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_TESTIGODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2, (2069-2022)
44001234000020190003700, 000-2019-00037-00, folios 234 al 245.
6 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_TESTIGODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2, (2069-2022)

44001234000020190003700, 000-2019-00037-00, folios 248 al 268.

5

Radicado: 44001-23-40-000-2019-00037-01 (2069-2022)
Demandante: Susana Añez Campo

2.1. Los problemas jurídicos

Con fundamento en los argumentos expuestos en el escrito de apelación7, los
problemas jurídicos circunscriben en determinar si ¿le asiste derecho a la
demandante al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de
las cesantías parciales de conformidad con el régimen retroactivo?; y ¿operó la
prescripción de la sanción moratoria trienal?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. Regímenes de liquidación y sistemas de administración de las cesantías

Una vez se concedió al auxilio de cesantías el carácter de prestación exigible a la
terminación de la relación laboral, su liquidación se efectuaba bajo un régimen
denominado retroactivo, «a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de
servicio»8, tal como fue previsto en las leyes 6 de 1945, 65 de 1946 y en el artículo
249 del CST. Los servidores públicos y trabajadores particulares que accedieron a
este conservaron la posibilidad de mantenerlo, salvo manifestación escrita de
traslado a los regímenes creados más adelante9.

Los miembros de la fuerza pública también se encontraban sometidos a la
liquidación retroactiva establecida en los artículos 162 del Decreto 1211 de 199010,
143 del Decreto 1212 de 199011, 103 del Decreto 1213 de 199012 y 96 del 1214 de
199013, según el caso. Esto debido a que el pago de esta prestación ocurre por una
sola vez al momento del retiro del servicio activo por cualquier causa y es
equivalente a un mes de los haberes correspondientes al grado por cada año de
servicio o fracción de seis meses.

Este régimen tradicional de liquidación de cesantías acogió a los empleados del
sector público y privado de manera uniforme hasta la expedición del Decreto 3118
de 1968, cuando se creó el Fondo Nacional del Ahorro 14 como un establecimiento
público al cual debían afiliarse de forma obligatoria los empleados públicos y
trabajadores oficiales de los ministerios, departamentos administrativos,

7 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el

artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
8 De conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 de la Ley 10 de 1934, 1 del Decreto 2767 de

1945; 45, literal a), de la Ley 6 de 1945; 1 de la Ley 65 de 1946; y 1, 2, 5 y 6 del Decreto 1160 de
1947.
9 Según lo dispuesto en los artículos 98 de la Ley 50 de 1990, 5 de la Ley 432 de 1998, 2 del Decreto

1252 de 2000 y 3 del Decreto 1919 de 2002, entre otros.
10 «Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas

Militares».
11 «Por el cual se reforma el estatuto del personal y suboficiales de la Policía Nacional».
12 «Por el cual se reforma el Estatuto del Personal de Agentes de la Policía Nacional».
13 «Por el cual se reforma el Estatuto y el Régimen Prestacional del Personal Civil del Ministerio de

Defensa y la Policía Nacional».
14 En lo que sigue FNA.

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Demandante: Susana Añez Campo

superintendencias, establecimientos públicos, así como de las empresas
industriales y comerciales del estado del orden nacional. La excepción a esta regla
estaba constituida por los miembros de las cámaras legislativas y sus empleados,
los miembros de la fuerza pública, así como el personal civil del ramo de la Defensa
Nacional (artículos 3 y 4 del Decreto 3118 de 1968). Para los afiliados obligatorios
del FNA, el Decreto 3118 de 1968 introdujo un sistema de liquidación anualizado
del auxilio de cesantías. Sin embargo, la norma no impuso la misma condición para
los trabajadores que se vincularan a dicha entidad de forma voluntaria.

Más adelante, la Ley 33 de 1985 dispuso que, quienes ingresaran a la Rama
Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, la
Registraduría Nacional del Estado Civil y las Notarías, a partir del 1.° de enero de
ese mismo año, se regirían por el Decreto 3118 de 1968 y las normas que lo
adicionaran y reglamentaran, en lo relacionado con la liquidación y pago de las
cesantías.

Dentro de este régimen anualizado, que en esencia se mantiene a pesar de la
transformación de naturaleza jurídica del FNA a la de empresa industrial y comercial
del Estado, ordenada por la Ley 432 de 199815, el señalado fondo tiene como objeto
la administración de los recursos de las cesantías de determinados empleados
públicos y trabajadores oficiales, así como su protección contra la depreciación
monetaria y el reconocimiento de intereses. Todo ello, en aras de contribuir a la
solución del problema de vivienda de los servidores del Estado. La viabilidad de este
último propósito se garantizó al otorgarle la posibilidad de conceder préstamos con
garantía hipotecaria y educativos para los afiliados, su cónyuge, compañero (a)
permanente e hijos mediante convenios interadministrativos con el Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y de Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex)16.

El 29 de diciembre de 1989, se profirió la Ley 91 que dio origen al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio y determinó un sistema anualizado para los
docentes estatales, que impuso la liquidación del auxilio a 31 de diciembre de cada
año, aplicable a quienes se vincularan a partir del 1 de enero de 1990 y los
nacionales que ingresaron con anterioridad, pero solo con respecto de las cesantías
que se causaran desde esa fecha.

Asimismo, dentro del enfoque de apertura económica iniciado por el gobierno
nacional en 199017, con el fin de incrementar la productividad de capital y la
inversión colombiana en la competencia internacional, la Ley 50 de 1990 implantó

15 «Por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se

dictan otras disposiciones».
16 Según lo dispuesto en la Ley 432 de 1998, por la cual se transformó la naturaleza del FNA a

Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, organizado
como establecimiento de crédito de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía
administrativa y capital independiente.
17 Ver: «La Revolución Pacífica. Plan de Desarrollo Económico y Social 1990 – 1994». Prólogo

recuperado de https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/pnd/gaviria_prologo.pdf.

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Radicado: 44001-23-40-000-2019-00037-01 (2069-2022)
Demandante: Susana Añez Campo

un nuevo sistema en materia del derecho individual y colectivo. Su intención fue la
de crear nuevas unidades de producción, entre ellas, las cesantías administradas
bajo otro sistema por medio de instituciones financieras de carácter especializado
con el objeto de capitalizar sus rendimientos.

Este modelo se extendió al sector público con ocasión del artículo 13 de la Ley 344
de 199618, expedida para la racionalización del gasto público, el cual determinó que
«[s]in perjuicio de»19 los derechos convencionales y lo estipulado en la Ley 91 de
1989, las personas que se vincularan al Estado a partir de su entrada en vigor 20
tendrían un régimen de cesantías de liquidación anual y definitiva cada 31 de
diciembre, en armonía con las demás normas legales vigentes sobre esa prestación
del correspondiente órgano estatal.

De acuerdo con lo anterior, esta última norma no afectó ni contrarió en modo alguno
las reglas que gobernaban a los docentes oficiales, quienes ya eran beneficiarios
de la liquidación anualizada del auxilio, por disposición de la citada Ley 91 de 1989.

Más adelante, el Decreto reglamentario 1582 de 199821 fijó como regla general para
los empleados públicos del nivel territorial la liquidación anual y la aplicación del
régimen previsto en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990 si se afiliaban
a los fondos privados; o el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de
1998, en caso de afiliación al FNA.

Luego, el Decreto 1252 de 200022, expedido en desarrollo de los principios
generales establecidos en la Ley 4 de 1992, previó que los empleados públicos,
trabajadores oficiales y miembros de la fuerza pública que se vincularan al servicio
del Estado a partir del 30 de junio de 200023 «tendrán derecho al pago de cesantías en
los términos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 o 432 de 1998, según el
caso», incluso si en la entidad u organismo existía un régimen especial sobre tal
prestación social, con excepción de quienes disfrutaban de la retroactividad de las
cesantías antes del 25 de mayo de 2000.

18 Reglamentado por el Decreto 1582 de 1998.
19 Según el Diccionario de la Real Academia Española la locución adverbial sin perjuicio de significa

«dejando a salvo» o «sin ir en detrimento o en contra de». El Diccionario de uso del español dice
que es una «expresión concesiva de sentido semejante a aunque», y el Gran diccionario de uso del
español actual le asigna como sentido «sin ir en detrimento o en contra de».
20 31 de diciembre de 1996.
21 «Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432

de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones
en esta materia».
22 «Por el cual se establecen normas sobre el régimen prestacional de los empleados públicos, los

trabajadores oficiales y los miembros de la fuerza pública».
23 Fecha de entrada en vigor del Decreto 1252 del 2000.

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Radicado: 44001-23-40-000-2019-00037-01 (2069-2022)
Demandante: Susana Añez Campo

En concordancia con lo anterior, el Decreto 1919 de 200224 extendió el régimen de
prestaciones sociales de los empleados públicos de la rama ejecutiva del nivel
nacional a los servidores del orden territorial, con la salvedad de que los
beneficiarios del régimen retroactivo continuarían disfrutándolo25.

De acuerdo con lo expuesto, el auxilio de cesantías como prestación social
inicialmente se liquidó de forma retroactiva y las sumas reconocidas por ese
concepto eran entregadas al trabajador particular o servidor público al momento de
la finalización de la relación laboral. Sin embargo, en aras de saldar el déficit
habitacional a nivel nacional, con la creación del FNA en 1968, se transformó de
manera progresiva a una modalidad anualizada, proceso que se continuó, con la
expedición de la Ley 91 de 1989, para los docentes estatales. Un año después la
Ley 50 de 1990 dispuso lo propio para los trabajadores del sector privado, que luego
fue extendida a los servidores públicos del nivel territorial, con la Ley 344 de 1996,
y nacional, con el Decreto 1252 de 2000.

Estas dos formas de liquidación del auxilio, retroactiva y anualizada, son las que
delimitan el concepto del régimen de cesantías. De aquí que el artículo 98 de la Ley
50 de 1990 los identificó así:

«Artículo 98.- El auxilio de cesantía estará sometido a los siguientes regímenes:

1. El régimen tradicional del Código Sustantivo del Trabajo, contenido en el
Capítulo VII, Título VIII, parte primera y demás disposiciones que lo
modifiquen o adicionen, el cual continuará rigiendo los contratos de trabajo
celebrados con anterioridad a la vigencia de esta Ley.
2. El régimen especial que por esta Ley se crea, que se aplicará
obligatoriamente a los contratos de trabajo celebrados a partir de su vigencia.
[…]»

Conviene precisar que, si bien en algunas oportunidades la jurisprudencia ha partido
del concepto de régimen entendido como el «conjunto de normas por las que se rige
una institución, una entidad o una actividad»26, también es cierto que esta no es la única
acepción posible del término27. Esta aclaración resulta necesaria en materia de

24 «Por el cual se fija el Régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula

el régimen mínimo prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial».
25 Artículo 3 del Decreto 1919 de 2002.
26 En este sentido, se puede consultar: Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de

octubre de 2019, radicación: 11001-03-25-000-2012-00582 00 (2171-2012) acumulado11001-03-25-
000-2015-00544 00 (1501-2015)
27 En efecto, la RAE contiene las siguientes definiciones de régimen:

«1. m. Sistema político por el que se rige una nación.
2. m. Conjunto de normas por las que se rige una institución, una entidad o una actividad.
3. m. Conjunto de normas que regulan la cantidad, el tipo y la distribución de los alimentos que debe
tomar una persona, generalmente por motivos de salud.
4. m. Conjunto de características regulares o habituales en el desarrollo de algo. El régimen de lluvias
no ha cambiado en los últimos años.
5. m. Gram. rección.
6. m. Gram. Término regido por otro. El régimen del verbo confiar es la preposición en.

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Radicado: 44001-23-40-000-2019-00037-01 (2069-2022)
Demandante: Susana Añez Campo

cesantías, teniendo en cuenta que, dentro del conjunto de trabajadores sometidos
a una misma forma de liquidación de la prestación, algunos reciben un trato
diferenciado por las normas que los regulan a partir de criterios tales como la
naturaleza de la vinculación laboral, el tipo de actividades a las que se dedican y la
entidad que administra sus recursos. Esta situación en muchas oportunidades lleva
a afirmar que están cobijados por un régimen especial de cesantías con liquidación
anualizada.

En general, la mencionada denominación tiene como referente el ente
administrador, pues por lo regular, cada uno está sometido a las disposiciones
particulares, es este precisamente el caso del FOMAG y el FNA. Incluso, la misma
Ley 50 de 1990, en el numeral 2 del citado artículo 98, prescribe que en dicha norma
se creó un régimen especial, aunque la referencia es al anualizado, que en otras
oportunidades también se le ha denominado como el régimen general porque
comprende a la mayoría de los servidores. Así las cosas, la especialidad no se
predica del régimen sino del sistema de administración de cesantías, determinado
por el conjunto de reglas que les son aplicables a cada uno de ellos.

En ese orden de ideas, la delimitación de un régimen de cesantías parte de un
elemento en común e imprescindible en todos los casos, esto es la forma de
liquidación. De ello se desprende que, en el caso colombiano existen dos
regímenes, el retroactivo y el anualizado. En cuanto a las particularidades que llevan
a un tratamiento normativo especial, es posible determinar que aquellas están
definidas en función del sistema de administración al que están sometidos los
recursos y su relación con el régimen es la de especie a género.

Según lo expuesto, se plantea el siguiente esquema de los regímenes de cesantías:

Régimen Normas Afiliados
Ley 10 de 1934 Servidores públicos y
Ley 6 de 1945 trabajadores particulares en
Ley 65 de 1946 general
RETROACTIVO Decreto 2663 de 1950 (Ley Trabajadores particulares
52 de 1975)
Decretos 1211, 1212, 1213 y Policía Nacional y Fuerzas
1214 de 1990 Militares, incluido el personal civil

Régimen Sistemas de administración Afiliados
(establecimiento Obligatorios: servidores públicos de la
público) - Decreto Rama Ejecutiva del orden nacional.
Excepciones: miembros de las
ANUALIZADO FNA 3118 de 1968 cámaras legislativas y sus empleados,
los miembros de la fuerza pública y el
personal civil del sector defensa

7. m. Tecnol. Estado de una máquina o dispositivo cuando funciona de un modo regular y
permanente».

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Radicado: 44001-23-40-000-2019-00037-01 (2069-2022)
Demandante: Susana Añez Campo

(E.I.C.E.) - Ley 432 Obligatorios: servidores públicos de la
de 1998 Rama Ejecutiva del orden nacional.
En forma voluntaria: los demás
servidores públicos y particulares.
Excepciones: miembros de la fuerza
pública, el personal civil del sector
defensa y los afiliados al FOMAG.
FOMAG (patrimonio autónomo Docentes estatales
de la Nación) - Ley 91 de 1989
Trabajadores particulares con
Fondos administradores de contrato de trabajo vigente desde
1/1/91 y en el sector público, quienes
cesantías (sociedad anónima) - se vinculen a los órganos y entidades
Ley 50 de 1990 del Estado desde el 28/12/1996 (Ley
344/96)

De igual manera, las características de cada uno de los sistemas dentro del régimen
de liquidación anual permiten identificar los aspectos disímiles entre ellos. En primer
lugar, todos comparten elementos tales como una entidad administradora, la cuantía
y fecha en la que se debe liquidar el auxilio, así como una regulación sobre el
traslado de los recursos al fondo administrador, esta información se sintetiza de la
siguiente manera:

RÉGIMEN ANUALIZADO
Entidad
SISTEMA administradora Cuantía para su Fecha de Traslado de los
de cesantías liquidación liquidación recursos al
administrador
Un mes de 31 de diciembre Transferencia mensual
Ley 91 de 1989 FOMAG salario por cada (art. 19-3) de recursos sin
(art. 4) año de servicio o situación de fondos
proporcional
(art. 19-3)
Antes del 15 de febrero
Ley 50 de 1990 Fondos de Un mes de 31 de diciembre del año siguiente a la
cesantía salario por cada (art. 99-1) liquidación, en la cuenta
(artículos 99-6 año de servicio o individual a nombre del
Ley 50/90 y 35 proporcional trabajador en el fondo
de la Ley (art. 99-1) de cesantía que él
1328/98) mismo elija (art. 99-3)
Ley 432 de 1998 FNA Un mes de 31 de diciembre Transferencias
Servidores públicos de (art. 5 de la Ley salario por cada (art. 27 Dec. - mensuales del valor
la Rama Ejecutiva del 432/98) año de servicio o 3118/68) total de los factores
Poder Público del orden proporcional (art. salariales base para
nacional 29 Dec. 3118/68) liquidar las cesantías; y
• anual: del valor
liquidado en febrero, de
acuerdo con los dos
últimos números de NIT
para fijar fechas de
pago (arts. 34, 49 del
Dec. 3118/68 y 6 de la
Ley 432/98)
Ley 432 de 1998 FNA Les aplica el 31 de diciembre Los empleadores del
Servidores públicos del (arts. 5, 6 - régimen del art. (Ley 50/90, art. sector privado deberán
orden territorial y parág. y 8 de la 99 de Ia Ley 99-1) liquidar y consignar las
trabajadores Ley 432 de/98) 50/90, en lo cesantías de sus
particulares relacionado con trabajadores afiliados al
las fechas de FNA, antes del 15 de
transferencia de febrero del año
cesantías y siguiente, de acuerdo

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Radicado: 44001-23-40-000-2019-00037-01 (2069-2022)
Demandante: Susana Añez Campo

RÉGIMEN ANUALIZADO
Entidad
SISTEMA administradora Cuantía para su Fecha de Traslado de los
de cesantías liquidación liquidación recursos al
administrador
demás normas con lo establecido en el
reglamentarias, art. 99 de la Ley 50 de
que modifiquen o 1990 (art. 9 Ley 432/98)
sustituyan (Ley
432/98, art. 6 -
parág.)

En segundo lugar, además del valor del auxilio de las cesantías, cada sistema prevé
sumas adicionales por concepto de intereses, rendimientos o protección contra la
pérdida del valor adquisitivo de la moneda, intereses sobre las cesantías, así:

RÉGIMEN ANUALIZADO
Protección
SISTEMA Tope de contra la pérdida Intereses sobre Pago de los
Rentabilidad del valor cesantías intereses sobre
mínima adquisitivo las cesantías
FOMAG reconoce y En el mes de
Ley 91 de 1989 N/A N/A paga un interés marzo del año
anual sobre el saldo siguiente
de las cesantías al (Acuerdo 39 de
31 de diciembre de 1998, art. 4)
cada año,
equivalente a la
suma que resulte de
aplicar la tasa de
interés que, según la
Superintendencia
Financiera, haya
sido la comercial
promedio de
captación del
sistema financiero
durante el mismo
período (art. 19-3)
Ley 50 de 1990 AFP abonarán El empleador paga En el mes de
cada trimestre y a N/A 12% sobre el valor enero del año
prorrata de sus anual o proporcional siguiente aquel en
aportes liquidado (art. 99-2) que se causaron
individuales, los (Ley 52/75, art. 2)
rendimientos en
las cuentas de sus
afiliados. Esta no
podrá ser inferior a
una rentabilidad
mínima
determinada por la
Superintendencia
Financiera en
cada uno de los
portafolios de
inversión
administrados
(largo y corto
plazo), y por cada
período (arts. 101
de la Ley 50/90 y
52 de la Ley
1328/09)

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Radicado: 44001-23-40-000-2019-00037-01 (2069-2022)
Demandante: Susana Añez Campo

Ley 432 de 1998 FNA FNA N/A
Servidores públicos N/A reconoce y abona reconoce y abona en Se abona en la
de la Rama Ejecutiva en la cuenta del cuenta el cuenta de
del Poder Público del afiliado como equivalente a la cesantías de cada
orden nacional mínimo un interés variación anual de la afiliado.
equivalente a la Unidad de Valor
variación anual de Real-UVR,
la Unidad de Valor certificada por el
Real -UVR Banco de la
certificada por el República, sobre las
Banco de la cesantías liquidadas
República, sobre por el empleador
su saldo correspondientes al
acumulado de año inmediatamente
cesantías a 31 de anterior. Para su
diciembre cálculo tendrá en
inmediatamente cuenta las fechas en
anterior (art. 11 las que fue
modif. por 224 de consignada cada
la Ley 1955/2019) fracción (art. 12
modif. por el 225 de
la Ley 1955/2019)
Ley 432 de 1998 N/A FNA El empleador paga En el mes de
Servidores públicos reconocerá y 12% sobre el valor enero del año
del orden territorial y abonará en cuenta anual o proporcional siguiente a aquel
trabajadores mínimo un interés liquidado (Ley 50/90, en que se
particulares equivalente a la art. 99-2) causaron (Ley
variación anual de 52/75, art. 2)
la Unidad de Valor
Real -UVR
certificada por el
Banco de la
República, sobre
su saldo
acumulado de
cesantías a 31 de
diciembre
inmediatamente
anterior (art. 11)

En tercer lugar, se observa que en cada caso están reguladas las condiciones y
oportunidades de pago de la prestación, los mecanismos dispuestos para asegurar
los recursos, así como las consecuencias del incumplimiento de los plazos legales,
y su efectividad, así se muestra en el siguiente cuadro:

RÉGIMEN ANUALIZADO

SISTEMA Mecanismo para Pago de cesantías Sanción por pago tardío
garantizar la (retiros parciales y (cesantías parciales y
disponibilidad de los definitivo) definitivas)
recursos
La disponibilidad de los -Parcial: para vivienda y Sí, según lo previsto en la
Ley 91 de 1989 recursos está asegurada educación Ley 1071/06 artículo 5
desde la etapa de
planeación del -Definitivo: por retiro del Sentencias SU-336 de 2017
presupuesto, en la que se servicio (Ley 1071/06 art. y CE-SUJ2-SII-012-2018
incorporan los recursos 3) (4961-2015)
necesarios para el pago
de las obligaciones del
FOMAG, durante el
respectivo período incluso
por el concepto de
cesantías y el traslado de
los recursos a cargo del

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Radicado: 44001-23-40-000-2019-00037-01 (2069-2022)
Demandante: Susana Añez Campo

SGP y los entes
territoriales.
Ley 50 de 1990 Sanción moratoria a cargo Trabajadores regulados Trabajadores regulados por
del empleador que por el CST: arts. 65 el CST: art. 65 respecto del
incumpla el plazo del art. (definitivo) y 102 de Ley empleador.
99-2. Deberá pagar un día 50/90 (parcial)
de salario por cada día de Servidores públicos: según
retardo Servidores públicos: la Ley 1071 de 2006, art. 5
-Parcial: para vivienda y
educación
-Definitivo: por retiro del
servicio (Ley 1071/06 art.
3)
Ley 432 de 1998 Se genera en favor del -Parcial: para vivienda y Cuando se trate de
Servidores públicos FNA el derecho para educación (Ley 1071/98) solicitudes presentadas
de la Rama exigir las sumas ante el FNA, se aplicarán
Ejecutiva del Poder respectivas por la vía -Definitivo: por retiro del
los términos fijados en los
Público del orden ejecutiva y para cobrar servicio (arts. 37 - 39 del
nacional sobre ellas intereses 2% Dec. 3118/68) arts. 4 y siguientes de la Ley
mensual por el tiempo de 1071 de 2006 (Dec. 1562
la mora (art. 51 del de 2019, arts. 1 y 2)
Decreto 3118/68)
Ley 432 de 1998 Trabajadores regulados Trabajadores regulados por
Servidores públicos Le da derecho al FNA por el CST: art. 65 si es el CST: Ley 1071/06, art. 2)
del orden territorial para cobrar a su favor los definitivo y parcial, solo
y trabajadores intereses moratorios (art. para vivienda (art. 8 Servidores públicos:
9 Ley 432/98) parág. Ley 432/98) Cuando se trate de
particulares
solicitudes presentadas
ante el FNA, se aplicarán
los términos fijados en los
arts. 4 y siguientes de la Ley
1071 de 2006 (Dec. 1562
de 2019, arts. 1 y 2)

Precisado lo anterior, se analizarán de manera más detallada el sistema regulado
por la Ley 50 de 1990 y posteriormente la sanción moratoria por el reconocimiento
y pago tardío de las cesantías parciales o definitivas, prevista en la Ley 244 de 1995
y adicionada por la Ley 1071 de 2006.

2.2.2. Sistema de liquidación anualizado de cesantías previsto en la Ley 50 de
1990

Con la expedición de la Ley 50 de 1990 se modificó sustancialmente el régimen de
cesantía de los trabajadores del sector privado. De acuerdo con esta nueva
regulación, subsistieron tres escenarios de liquidación del auxilio:

(i) El tradicional, previsto en el Código Sustantivo del Trabajo (art. 249), el cual se
aplica a todos aquellos trabajadores vinculados por contrato de trabajo antes del 1
de enero de 1991.

(ii) El de liquidación definitiva anual y manejo e inversión a través de los llamados
fondos de cesantías, creados por esta ley, que rige de manera exclusiva para los
trabajadores vinculados por contrato de trabajo a partir del 1 de enero de 1991 y los
antiguos que se acojan voluntariamente al nuevo sistema.

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Radicado: 44001-23-40-000-2019-00037-01 (2069-2022)
Demandante: Susana Añez Campo

(iii) El de salario integral aplicable a los trabajadores antiguos y los nuevos que
devenguen más de 10 salarios mínimos mensuales y pacten con su empleador un
salario integral que contenga además de la retribución ordinaria de servicios, el pago
periódico de otros factores salariales y prestacionales, incluida las cesantías a que
tenga derecho el trabajador.

El régimen de liquidación anual, dirigido en principio al sector privado, quedó a cargo
de las sociedades administradoras de fondos de cesantías. Su creación fue
autorizada por la Ley 50 de 1990 y, luego, el Decreto Ley 663 de 199328 las clasificó
como sociedades de servicios financieros29 habilitadas para realizar las operaciones
de inversión necesarias para asegurar la adecuada rentabilidad, seguridad y
liquidez de los recursos a su cargo30. Este último decreto también las facultó para
administrar los fondos de pensiones, en el régimen de ahorro individual31.

Para este último propósito, deben constituirse como personas jurídicas, en forma de
sociedad anónima o entidad cooperativa32 en las que puede participar «[t]oda
persona que tenga capacidad para invertir en el capital de personas jurídicas» y tendrán
la garantía del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (artículos 3, 30 y
161 del Decreto 663 de 1993 e inciso final del artículo 1.1.1.1.1 del Decreto 2555 de
201033).

Sin embargo, los fondos individuales de cesantías se constituyen en patrimonios
autónomos integrados con el aporte del auxilio de cesantía de cada afiliado e
independientes de las sociedades administradoras, que por mandato de la Ley 50
de 1990, están encaminadas a garantizar que la mayor parte de los recursos
captados pueda orientarse hacia el financiamiento de actividades productivas.
(numerales 1 y 2, artículo 159, Decreto 663 de 1993).

Las reglas de liquidación de las cesantías están descritas en los artículos 99 a 106
de la Ley 50 de 1990, al prever que se efectúa cada 31 de diciembre por la anualidad
o por la fracción correspondiente34. Su cuantía deberá informarse por medio de un
certificado del empleador y se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente
en la cuenta individual a nombre del trabajador del fondo que este seleccione
(artículos 99 numeral 1 y 104).

28 «Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su

titulación y numeración».
29 Artículo 3 del Decreto Ley 663 de 1993.
30 Artículo 31, literal d) modificado por el artículo 58 de la Ley 1328 de 2009 «El nuevo texto es el

siguiente: Invertir los recursos de los fondos en valores de adecuada rentabilidad, seguridad y
liquidez, en las condiciones y con sujeción a los límites que para el efecto establezca el Gobierno
Nacional, para lo cual podrá establecer dos (2) tipos de portafolios de inversión, uno de corto y otro
de largo plazo».
31 Artículos 30 y 116 del Decreto Ley 663 de 1993.
32 Artículo del Decreto 656 de 1994.
33 «Por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del

mercado de valores y se dictan otras disposiciones».
34 Esta difiere de la que debe realizarse por la terminación del contrato de trabajo.

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Radicado: 44001-23-40-000-2019-00037-01 (2069-2022)
Demandante: Susana Añez Campo

El incumplimiento de dicho plazo genera una sanción moratoria a cargo del
empleador equivalente a un día de salario por cada uno de retardo (artículo 99
numeral 3). Además, en estos casos, la sociedad administradora está autorizada
para adelantar las acciones de cobro respectivas derivadas de la omisión de
consignación del auxilio de cesantía liquidado anualmente ante las autoridades
competentes, cuando así lo solicite el trabajador (artículo 165 del Decreto 663 de
1993).

Para ese efecto, el empleador debe entregarle a la AFP una «declaración de no pago»
que prestará mérito ejecutivo, dentro de los 10 días siguientes y sometido al riesgo
de una multa por su incumplimiento. Igualmente, le asisten las obligaciones de
informar acerca de la terminación o suspensión de la relación laboral dentro de los
tres días siguientes a su ocurrencia y solicitar la autorización a la administradora
para retener la cesantía y abonar a gravámenes o préstamos.

Los beneficiarios de este sistema además tienen derecho a los intereses legales del
12% anual o proporcional por fracción sobre la suma causada en ese período de
liquidación. Al respecto, conviene señalar que este beneficio ya lo había previsto la
Ley 52 de 1975 para el régimen tradicional de cesantías que regló el CST en el
artículo 249. El desconocimiento de este deber por parte del empleador generaba
en su contra el pago de una «suma adicional igual a dichos intereses» a título de
indemnización por cada vez que incumpliera. El artículo 99, numeral 2, lo mantuvo
para el régimen anualizado para ser pagado directamente al trabajador dentro del
mes de enero del año siguiente a la liquidación del auxilio35.

En el evento en que existan saldos de cesantía a favor del trabajador cuya entrega
se hubiera omitido por parte del empleador, será pagado en forma directa a aquel
(artículo 99 numerales 2 y 4). Su finalidad es la de compensar la pérdida de valor
del dinero por el tiempo transcurrido entre la liquidación de la prestación y la entrega
de la suma de dinero al trabajador.

Dentro de las obligaciones de las AFP, se encuentran las relativas a mantener los
activos y pasivos de los fondos de cesantía separados de aquellos que son de su
propiedad, enviar periódicamente extractos de cuenta de los movimientos de los
fondos, así como ofrecer a sus afiliados dos portafolios de inversión, de corto y largo
plazo, en las condiciones previstas por el gobierno nacional (artículo 31 del Decreto
663 de 1993).

En cuanto a las fuentes de financiación el numeral 1 del artículo 161 del Decreto ley
663 de 1993 previó las siguientes: i) las sumas aportadas por concepto de auxilio
de cesantía; ii) los aportes voluntarios de los afiliados independientes; iii) los

35 Artículo 3 del Decreto 1176 de 1991, compilado en el artículo 2.2.1.3.4.1. del Decreto 1072 de

2015.

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intereses, dividendos o cualquier otro ingreso generado por los activos que integran
el fondo; iv) el producto de las operaciones de venta de activos y los créditos que
puedan obtenerse; y v) cualquier otro ingreso que resulte en favor del fondo.

El régimen de inversión de los recursos de los fondos de cesantía fue unificado36
para establecer que los portafolios de corto y largo plazo se pueden invertir en
activos, a saber: i) los títulos, valores o participaciones de emisores nacionales o
del exterior; ii) los depósitos a la vista en establecimientos de crédito del mismo
orden y en el Banco de la República; iii) las operaciones con instrumentos
financieros derivados con fines de cobertura y de inversión; iv) los productos
estructurados en los que se garantice el 100% del capital invertido; y v) las
operaciones de transferencia temporal de valores, entre otros.

Lo anterior depende del nivel de riesgo del fondo, el cual se divide en retiro
programado o fondos moderado, conservador y de mayor riesgo, según la edad y
el perfil de riesgo del empleado37. Las inversiones descritas, solo podrán realizarse
cuando cuenten con una calificación de grado de inversión otorgada por sociedades
calificadoras de riesgos autorizadas por la Superintendencia Financiera de
Colombia si es nacional, o en caso de que se trate de títulos emitidos y colocados
en el exterior por ellas, solo es útil la efectuada por una reconocida a nivel
internacional38.

Asimismo, se les restringió la realización de las operaciones con recursos de los
fondos de cesantía para: i) conceder créditos a cualquier título; ii) establecer
cualquier gravamen que comprometa dichos activos39; iii) celebrar operaciones de
reporte en un porcentaje superior al establecido por la Superintendencia
Financiera40; iv) actuar como contraparte del fondo que administran, en desarrollo
de los negocios que constituyen el giro ordinario de estos; v) utilizar agentes,
mandatarios u otro tipo de intermediarios o delegar la realización de las operaciones
propias, funciones y responsabilidades de la administración del fondo41; vi) ejercer

36 Decreto 857 de 2011 «Por el cual se modifican los regímenes de inversión de los recursos de los

fondos de cesantía y los de los fondos de pensiones obligatorias, bajo el Título 12 del Libro 6 de la
Parte 2 del Decreto 2555 de 2010 y se modifica el artículo 2.6.11.1.17 del Título 11 del Libro 6, de la
Parte 2 del Decreto 2555 de 2010». Arts. 2.6.12.1.2. y 2.6.12.1.3.
37 Decreto 2555 de 2010, artículo 2.6.12.1.1. Características del régimen de inversión de los tipos de

fondos de pensiones obligatorias.
Fondo conservador: persigue el mejor retorno posible al final del periodo de acumulación de aportes
con baja exposición al riesgo.
Fondo moderado: procura el mejor retorno posible al final del periodo de acumulación de aportes
con moderada exposición al riesgo.
Fondo de mayor riesgo: pretende el mejor retorno posible al final del periodo de acumulación de
aportes con mayor exposición al riesgo.
Fondo especial de retiro programado: busca una administración orientada al pago de las pensiones.
38 Artículos 2.6.12.1.3, 2.1.1.3.7 y 2.6.12.1.25 del Decreto 2555 de 2010 del Decreto 2555 de 2010.

El primero de ellos modificado por el artículo 2 del Decreto 1393 de 2020.
39 Salvo cuando se trate de actos destinados a garantizar créditos obtenidos para la adquisición de

aquellos activos permitidos.
40 Estas operaciones solo podrán realizarse cuando tengan por objeto dotar de liquidez a los fondos.
41 Con excepción de los comisionistas de bolsa y de valores.

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prácticas inequitativas o discriminatorias en detrimento de los intereses de los
aportantes; vii) invertir en títulos de la propia administradora; viii) rechazar los
dineros correspondientes al auxilio de cesantía que consignen los empleadores y
aportantes independientes; y ix) realizar operaciones entre los fondos que
administran42.

En suma, la administración del auxilio se efectúa por medio de los fondos de
cesantía creados por la citada ley para el financiamiento de actividades productivas
con el fin de garantizar su rentabilidad y liquidez, en las condiciones y con sujeción
a los límites establecidos por la Comisión Nacional de Valores43.

En este sistema existe un tope de rentabilidad mínima que no podrá ser inferior a la
determinada por la Superintendencia Financiera en cada uno de los portafolios de
inversión administrados -largo y corto plazo- y por cada período de inversión
administrado. En el evento en que sea inferior, debe responder con su propio
patrimonio o con la reserva de estabilización de rendimientos44 y se le impondrá una
multa equivalente al 3.5% del valor del defecto mensual que presenten. En cambio,
si es superior, puede cobrar una comisión de manejo. La totalidad de los
rendimientos obtenidos por el respectivo fondo deben ser abonados trimestralmente
a cada trabajador afiliado y a prorrata de sus aportes individuales45.

Valga precisar que la denominada «rentabilidad mínima» representa un rendimiento
que, en estricto sentido, no hace parte de la prestación social de cesantías, sino que
constituye un instrumento encaminado a promover la gestión eficiente de los fondos
privados dentro del régimen de inversión financiera que los gobierna. Según el
artículo 2.6.9.1.7 del Decreto 2555 de 2010, la Superintendencia Financiera es la
responsable del cálculo y divulgación del porcentaje de rentabilidad mínima, el cual
se realiza de acuerdo con la regulación que el gobierno expida a partir de distintos
referentes económicos46, que pueden variar según el portafolio de inversión
seleccionado por el afiliado, la información más reciente está contenida en la Carta
Circular 49 del 9 de agosto de 202347 de la Superintendencia Financiera.

En todo caso, el procedimiento para el cálculo de la rentabilidad mínima obligatoria
para el portafolio de corto plazo está señalado en el artículo 2.6.9.1.1 y para el
portafolio de largo plazo en el artículo 2.6.9.1.2 del Decreto 2999 de 2010. Además,
el promedio de las rentabilidades ponderadas por el promedio histórico del valor de
los fondos puede ser inferior a un porcentaje de cero (0%), con la consecuencia de

42 Artículo 163 del Decreto ley 663 de 1993.
43 Artículo 101 del Decreto ley 663 de 1993.
44 Establecida por la Superintendencia Financiera.
45 Artículos 101 de la Ley 50 de 90 y 52 de la Ley 1328 de 2009.
46 Al respecto, se puede consultar el documento «Memoria justificativa. Actualización de la
metodología para el cálculo de la rentabilidad mínima de cesantías de corto plazo» de la Unidad de
Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, recuperado de:
https://acortar.link/vhRkyb.
47 https://www.superfinanciera.gov.co/descargas/institucional/pubFile1067444/cc49_23.docx.

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impactar de manera negativa a sus afiliados quienes comparten el riesgo en las
operaciones de inversión que realiza el administrador. Por ejemplo, esto ocurrió en
el período 2021-202248, en el que la rentabilidad mínima nominal fue -1,09% en el
fondo conservador49, pese a que el riesgo de inversión es mínimo, con el fin de
proteger el ahorro acumulado en periodos de varios años.

Por otra parte, este sistema también prevé la posibilidad de traslado a otra
administradora, pues la permanencia de un trabajador en un fondo de cesantía será
voluntaria, por ende, todo afiliado puede transferir el valor de sus unidades a otra
administradora, previo aviso a aquella y a su empleador50. Igualmente es posible la
cesión de fondos administrados, comoquiera que las AFP podrán ceder los fondos
por ellas administrados a otra entidad de igual naturaleza por decisión de su junta
directiva u orden de la Superintendencia Financiera. Al efecto, informará a todos sus
afiliados, mediante la publicación del aviso en un diario de amplia circulación
nacional51 sin que puedan oponerse a aquella, lo cual no obsta para solicitar el
traslado del valor de sus unidades a otro fondo de cesantía (artículo 167 ibidem).

2.2.3. Sanción moratoria por el reconocimiento y pago tardío de las cesantías
parciales o definitivas

La Ley 244 de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de
cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras
disposiciones» en su artículo 1 estableció el término de 15 días para que la
administración expidiera el acto de reconocimiento de cesantías definitivas de los
servidores públicos, que han de contarse desde la fecha de radicación de la solicitud
que se haga en tal sentido, en todo caso, determinó que en el evento en que la
solicitud esté incompleta, el empleador debe manifestarlo así al peticionario, dentro
de los 10 días hábiles siguientes al recibo de la solicitud y señalar expresamente los
requisitos de que adolece, de modo que una vez se alleguen, pueda proferir el acto
que reconozca la prestación, en el término inicialmente indicado.

El artículo 2 ibidem previó que una vez se encuentre en firme el acto de
reconocimiento de cesantías definitivas, la administración cuenta con el término de
45 días hábiles para pagar la prestación, so pena de incurrir en mora y causar a su
cargo la sanción indicada en el parágrafo, en el equivalente a un día de salario por
cada día de retardo, que correrá en forma continua hasta cuando se haga efectivo

48 https://acortar.link/hbMF2l.
49 Según la rentabilidad certificada por la Superintendencia Financiera. Tomado del link:
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/9122.
50 Numeral 3 del artículo 166 del Decreto Ley 663 de 1993.
51 En el cual se indique, por lo menos, la sociedad a la cual se efectuará la cesión, la fecha prevista

para la cesión o de la orden impartida por la Supe financiera, cuando sea del caso.
El aviso será publicado en dos ocasiones, con un intervalo no inferior a 5 días hábiles ni superior a
15. La primera publicación deberá efectuarse dentro de los 3 días hábiles inmediatamente siguientes
a la sesión de la junta directiva en la cual se haya aprobado la cesión o siguientes a la recepción de
la orden de cesión impartida por la autoridad competente.

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el pago. Al respecto, es importante hacer mención de los argumentos que sirvieron
de soporte a la exposición de motivos que dio origen a la sanción moratoria
consagrada en la aludida ley, en especial, los siguientes:

«[…] la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores
públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el cobro
de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha terminado su
vinculación laboral con la administración; circunstancias éstas que traen consigo, como
es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la necesidad económica
del trabajador, se hace presente la mordida o coima para los funcionarios que están en
la obligación de hacer esos trámites. Este hecho origina además cierto tipo de
favorecimiento y que se modifique el orden de radicación de las solicitudes,
prácticamente al mejor postor.

Además de este factor de corruptela y tras la tortuosa espera, cuando al final se paga al
trabajador su cesantía, tan sólo se le entrega lo que certificó la entidad patronal meses,
y hasta años, atrás, al momento de la liquidación. Ni un peso más. No obstante que la
entidad pagadora, los Fondos, durante todo ese tiempo han estado trabajando esos
dineros a unos intereses elevados, con beneficio para la institución, pero sin ningún
reconocimiento para el trabajador52».

Posteriormente, la Ley 1071 del 31 de julio de 2006 modificó y adicionó la Ley 244
de 1995, con el objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o
parciales a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna
cancelación», estableció en los artículos 4 y 5 la procedencia de la sanción
moratoria, así:

«Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales, por
parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el
reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente,
si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá
informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la
solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser
resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de
cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo
que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público,
para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo
Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos,

52 Gaceta del Congreso año IV – núm. 225 del 5 de agosto de 1995.

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al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el
pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del
término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el
funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable
a este».

De la citada norma, se desprende que la sanción moratoria se hace exigible una vez
vencidos los términos allí dispuestos, estos son: 15 días hábiles desde la
presentación de la solicitud para expedir la resolución que reconozca el pago de las
cesantías definitivas o parciales; 10 días hábiles del término de ejecutoria de la
resolución y, 45 días hábiles para efectuar el pago una vez vencido el termino de
ejecutoria, para un total de 70 días hábiles. En consecuencia, si al día 70 la
administración no ha cumplido con la obligación de pagar las cesantías al actor, se
hará exigible la sanción moratoria al día siguiente del incumplimiento.

Así lo determinó la sentencia de unificación del 18 de julio de 201853, la cual con el
fin de dilucidar sobre el momento en que inicia la causación de la penalidad,
examinó las distintas hipótesis que pueden presentarse en el marco del
reconocimiento de las cesantías y valoró la forma y oportunidad del acto de
concesión de la prestación (acto ficto o expreso en tiempo o extemporáneo), la
notificación, interposición de recursos y ejecutoria de dicha actuación, determinando
a partir de cuándo, en cada caso, empieza a generarse mora en el pago del auxilio
así:

«SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías, las siguientes reglas:

i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se
expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre
70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que
corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y
iii) 45 días para efectuar el pago.

ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al
interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación,
iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para
determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la
ley54 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al
peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para
entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su
parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el
acto adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos,

53 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación de fecha 18 de julio de 2018 dentro

del proceso radicado 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15) Ce-Suj2-012-18; actor: Jorge Luis
Ospina Cardona y d/do: Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio y departamento del Tolima.
54 Artículo 69 CPACA.

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los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para
sanción moratoria.

iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el
acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía,
correrán pasados 15 días de interpuesto».

Ahora bien, en lo que respecta a los servidores públicos que son beneficiarios de la
sanción en caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales, el
artículo 2 de la Ley 1071 de 2006, sin discriminación del régimen por el que estén
amparados previo como tales a «los miembros de las Corporaciones Públicas,
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente
y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la fuerza pública,
los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los
funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados
al Fondo Nacional de Ahorro».

2.3. Caso concreto

En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

• Susana Añez Campo se vinculó con el departamento de La Guajira el 6 de febrero
de 199155 y posteriormente, el 16 de octubre de 2013 fue encargada en el nivel
central de la Secretaría de Educación56.

• Con el objeto de «mejoramiento de vivienda», el 19 de enero de 2017, la demandante
solicitó al secretario de educación departamental de La Guajira el reconocimiento y
pago parcial de sus cesantías retroactivas que según «la Ley 344 de 1996» le
correspondían, por valor de «$50’000.000»57.

• El 24 de abril de 2018, la Gobernación de La Guajira expidió el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal 684, con el fin de pagar las «cesantías retroactivas de
Susana Añez Campo», por un valor de $44’433.481,8058.

• Mediante Resolución 533 del 4 de mayo de 2018, la administradora temporal para
el sector Educativo del departamento de La Guajira, distrito especial, Turístico y
Cultural de Riohacha, municipios de Maicao y Uribia, reconoció y ordenó el pago de

55 Según el acta de posesión, visible en Samai, índice 2,
ED_DEMANDA_TESTIGODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2, (2069-2022)
44001234000020190003700, 000-2019-00037-00, folio 162.
56 Según el acto administrativo de reconocimiento y pago de abono de cesantías retroactivas visible

en Samai, índice 2, ED_DEMANDA_TESTIGODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2, (2069-2022)
44001234000020190003700, 000-2019-00037-00, folios 25 al 30.
57 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_TESTIGODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2, (2069-2022)

44001234000020190003700, 000-2019-00037-00, folio 24.
58 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_TESTIGODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2, (2069-2022)

44001234000020190003700, 000-2019-00037-00, folio 193.

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Demandante: Susana Añez Campo

un «abono de cesantías retroactivas con cargo a los recursos del sistema General de
Participaciones», a favor de Susana Añez Campo, por un valor de $44’433.481,8059.

• El anterior reconocimiento fue consignado a la cuenta de la demandante el 21 de
mayo de 201860.

• A través de la petición del 8 de noviembre de 2018, Susana Añez Campo solicitó
al Ministerio de Educación Nacional, Administración Temporal para el Sector
Educativo en el departamento de La Guajira, distrito Especial de Riohacha,
Municipios Uribia y Maicao el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
previsto por la Ley 1071 del 31 de julio de 200661.

• Con oficio 2018AT00794 del 10 de noviembre de 2018, la directora financiera de
la Administración Temporal para el Sector Educativo departamento de La Guajira
distrito Especial de Riohacha, Municipios Uribia y Maicao le informó a la
demandante que la solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías parciales fue remitida por competencia a la Gobernación de
La Guajira, mediante el Oficio 2018AT00793 del 10 de noviembre de 201862.

• Por medio del Oficio sin radicado del 27 de febrero de 2019, el director operativo
del despacho encargado de las funciones de oficina jurídica le manifestó a la
demandante que su petición se había devuelto a la Administración Temporal para
el Sector Educativo departamento de La Guajira distrito Especial de Riohacha,
Municipios Uribia y Maicao, toda vez que «según el documento COMPES 3883 entró a
regir el 21 de febrero de 2017, y se observa claramente que la presunta omisión que dio
lugar a la reclamación administrativa, tuvo lugar después del 27 de abril de 2017, fecha en
la cual ya se encontraba adoptada la medida correctiva de Asunción Temporal de
Competencia en la prestación del servicio de Educación en el Departamento de La Guajira»
(sic), por tanto carecía de competencia para resolver la solicitud presentada por
Susana Añez Campo63.

De las pruebas citadas en precedencia, se desprende que (i) Susana Añez Campo
se vinculó laboralmente con el departamento de La Guajira el 6 de febrero de 1991,
y posteriormente fue encargada en el nivel central de la Secretaría de Educación;
(ii) radicó solicitud de reconocimiento y pago de cesantías parciales el 19 de enero
de 2017; (iii) reconocidas el 4 de mayo de 2017 por la administradora temporal para

59 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_TESTIGODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2, (2069-2022)
44001234000020190003700, 000-2019-00037-00, folios 25 al 30.
60 Según la solicitud de movimientos de cuenta expedida el 22 de mayo de 2018 por el BBVA,

sucursal Riohacha, visible en Samai, índice 2, ED_DEMANDA_TESTIGODOCUMENTALC(.pdf)
NroActua 2, (2069-2022) 44001234000020190003700, 000-2019-00037-00, folio 31.
61 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_TESTIGODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2, (2069-2022)

44001234000020190003700, 000-2019-00037-00, folios 33 al 43.
62 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_TESTIGODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2, (2069-2022)

44001234000020190003700, 000-2019-00037-00, folios 51 al 54.
63 Samai, índice 2, ED_DEMANDA_TESTIGODOCUMENTALC(.pdf) NroActua 2, (2069-2022)

44001234000020190003700, 000-2019-00037-00, folios 51 al 50

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Demandante: Susana Añez Campo

el sector Educativo del departamento de La Guajira distrito especial, Turístico y
Cultural de Riohacha, municipios de Maicao y Uribia; (iv) pagadas el 21 de mayo de
2018 conforme al régimen retroactivo; y (v) el 8 de noviembre de 2018, solicitó el
reconocimiento de la sanción moratoria por retardo en el pago de sus cesantías sin
obtener respuesta expresa a su petitum.

El a quo, a través de sentencia recurrida, negó las pretensiones de la demanda, al
estimar que, el régimen de cesantías aplicable a la demandante es el retroactivo,
razón por la cual, no tenía derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria
reclamada, toda vez que dicha penalidad solo fue establecida para las cesantías
anualizadas. Ante ello, el recurrente solicitó que se revocara la sentencia de primera
instancia, por cuanto la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006,
estableció la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas o
parciales, sin tener en consideración si el régimen del servidor era anualizado o
retroactivo.

En punto a definir si es viable el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías definitivas del régimen de retroactividad, reviste especial
importancia la fuente normativa que se invoca, toda vez que una sanción de tal
naturaleza está prevista en idénticos términos -un día de salario por cada día de
retraso- en diferentes disposiciones de orden legal y, en cada caso, rigen diversos
supuestos fácticos. De manera que la norma legal que sirve de sustento para la
reclamación de la penalidad en el contexto aquí analizado se convierte en la fuente
que sirve de soporte para el reconocimiento o no de la sanción pretendida,
comoquiera que la resolución de la controversia en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho está sujeta al marco normativo invocado como violado
y al desarrollo del concepto de violación.

La Sala al examinar la demanda, encuentra que la parte actora fue diáfana en
solicitar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de que trata la Ley 244
de 1995 y 1071 de 2006. Es así como en la petición radicada ante la entidad
accionada el 8 de noviembre de 2018, solicitó el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por cuanto el «el auxilio de cesantías definitivas fue pagado de manera
extemporánea (…) excedió el plazo estipulado por las leyes 1071 de 2006 y 244 de 1995».
Negrilla fuera de texto

En idéntica forma aparece en el acápite de las normas infringidas y el concepto de
la violación. Así, de acuerdo con la petición incoada por la demandante ante la
entidad accionada y lo expuesto en los hechos y concepto de la violación expuestos
en la demanda, se obtiene con total claridad que la fuente normativa sobre la cual
edificó su reclamación de reconocimiento y pago de la penalidad por el pago tardío
de sus cesantías definitivas con régimen retroactivo fue la Ley 244 de 1995 y la
1071 de 2006.

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Al respecto, la Ley 1071 de 2006 adicionó y modificó la Ley 244 de 1995 64, en la
medida en que mantuvo los términos inicialmente fijados por esta última para la
expedición del acto de reconocimiento de las cesantías y para el pago, así como la
sanción moratoria por la tardanza en el pago de la prestación, pero los hizo
extensivos, para el retiro parcial de las cesantías. La prenotada norma determinó
sus destinatarios en su artículo 2º, en los siguientes términos:

«Artículo 2°. Ámbito de aplicación. Son destinatarios de la presente ley los miembros de
las Corporaciones Públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades
descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a
los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en
forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República
y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional de Ahorro.

Debido al tenor literal de la norma, la Sala concluye que su aplicación se hace extensiva
a todos los servidores de que trata el artículo en cita, sin distinción del régimen de
cesantías que los cobije; por ello y, en similares términos que se expuso respecto de las
previsiones de la Ley 244 de 1995, se debe emplear el principio según el cual «en donde
el legislador no distingue, no le es dable al intérprete hacerlo».

Ciertamente, teniendo en cuenta que la finalidad de las cesantías definitivas, tanto
en el régimen de retroactividad como en el de liquidación anual, es igual, mal podría
darse un tratamiento diferenciado, para efecto del término de liquidación y pago de
la prestación, razón de más para establecer que los términos perentorios
establecidos en la Ley 1071 de 2006 están dirigidos para la liquidación de cesantías
de los servidores enunciados en su numeral 2º, sin discriminación del régimen por
el que estén amparados65.

Así lo expuesto, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1071 de 2006 se amplió
el espectro de la penalidad, inclusive a la liquidación parcial de cesantías y extendió
su ámbito de aplicación a todos los servidores estatales, así como a las entidades
que prestan servicios públicos, es decir, involucró a todos los servidores del Estado
no solo del nivel nacional sino territorial, lo cual permite que la sanción moratoria se
torne viable ante la tardanza en el reconocimiento y pago de las cesantías parciales
o definitivas, de los beneficiarios del régimen de retroactividad, en la medida que el
legislador no excluyó de ella a los beneficiarios del régimen de cesantías
retroactivas, pues tal y como quedó expuesto en la exposición de motivos de la
precitada norma que dio origen a la sanción moratoria el legislador señaló que «la
vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores públicos,

64 Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores

públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones.
65 La Corte Constitucional en sentencia SU-336 de 2017,65 en torno a los destinatarios de la Ley 1071

de 2006 consideró lo siguiente: «[…] (ii) En la exposición de motivos de la iniciativa legislativa de la
Ley 1071 de 2006 se señaló que su ámbito de aplicación cubre a todos los funcionarios públicos y
servidores estatales de las tres ramas del poder, así como a las entidades que prestan servicios
públicos y de educación, es decir, involucra a todo el aparato del Estado no solo a nivel nacional sino
territorial …».

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Radicado: 44001-23-40-000-2019-00037-01 (2069-2022)
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comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el cobro de sus
cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha terminado su vinculación
laboral con la administración; circunstancias éstas que traen consigo, como es sabido, la
posibilidad y efectividad de corrupción, porque ante la necesidad económica del trabajador,
se hace presente la mordida o coima para los funcionarios que están en la obligación de
hacer esos trámites. Este hecho origina además cierto tipo de favorecimiento y que se
modifique el orden de radicación de las solicitudes, prácticamente al mejor postor».

Distinta consecuencia tendría aquella reclamación de sanción moratoria por la
inoportuna consignación de las cesantías en el régimen de retroactividad, prevista
en la Ley 344 de 1996, artículo 13, y su Decreto reglamentario 1582 de 1998, así
como la Ley 50 de 1990, artículo 99, comoquiera que tales previsiones son
exclusivas del sistema de liquidación anual de la prestación.

Esclarecido el panorama de la procedencia de la sanción moratoria del servidor
público cuyo régimen de cesantías es el retroactivo, cuya fuente normativa invocada
es la Ley 1071 de 2006 para su reconocimiento por el pago tardío de la liquidación
de su prestación social, encuentra la Sala que, al ser la demandante beneficiaria del
régimen de retroactividad, en principio procedería el reconocimiento de la penalidad
pretendida por el pago tardío de sus cesantías definitivas.

Ahora, a fin de establecer si en efecto la entidad demandada incurrió en la penalidad
reclamada por Susana Añez Campo, del material probatorio allegado al proceso y
de acuerdo con los términos previstos en la Ley 1071 de 2006, la entidad disponía
de un plazo de 15 días para proferir el acto administrativo de reconocimiento,
contado a partir del día siguiente al de la radicación de la petición, esto es, 19 de
enero de 2017, de manera que feneció el 9 de febrero de esa anualidad, pero la
Resolución 533 que le reconoció el aludido auxilio solo fue expedida el 4 de mayo
de 2017, es decir, vencida la oportunidad que tenía para ello. En ese sentido, al
acoger la Sala la regla jurisprudencial fijada en la sentencia de unificación del 18 de
julio de 2018, valga decir, cuando el acto que reconoce las cesantías se expida por
fuera del término de ley, o cuando no se profiera; la sanción moratoria corre 70 días
hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que
corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del
acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

Así las cosas, el plazo que tenía la accionada para proferir el acto administrativo de
reconocimiento de las cesantías parciales de la demandante era hasta el 9 de
febrero de 2017 y el término de ejecutoria de 10 días venció el 23 de ese mes y año,
lo que significa que, a partir del día siguiente, esto es el 24 de febrero de 2017
comenzaron a correr los 45 días que tenía para el pago, los cuales vencieron el 8
de mayo de 2017. Por tanto, la mora se causó entre el 9 de mayo de 2017 y el 20
de mayo de 2018, día anterior al cual estuvo a disposición de la parte interesada el
auxilio parcial de las cesantías.

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De tal manera que, estima la Sala que se debe reconocer y ordenar el pago de la
sanción moratoria por el reconocimiento y pago tardío de las cesantías parciales
reclamadas por la demandante, con arreglo a lo previsto en el artículo 5 de la Ley
1071 de 2006, es decir de un día de salario por cada día de retardo.

Ahora, respecto del término de prescripción la Sala observar que la petición de
reconocimiento de la sanción moratoria fue instaurada por el actor el 8 de noviembre
de 2018, por ende, no se configuró el medio extintivo de la prescripción, toda vez
que su exigibilidad surgió a partir del 8 de noviembre de 2018 y contaba hasta el 8
de noviembre de 2021 para reclamar en término el derecho, lo cual ocurrió con
mucha antelación como bien se indicó en precedencia, razón por la cual, la
reclamación la efectuó dentro del tiempo de ley

Con fundamento en lo expuesto, la Sala revocará la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de La Guajira el 7 de diciembre de 2020, mediante la cual
negó las pretensiones de la demanda y en consecuencia, declarará: i) configurado
el silencio administrativo negativo respecto de la solicitud de reconocimiento y pago
de la sanción moratoria ante el Ministerio de Educación Nacional, Administración
Temporal para el Sector Educativo en el Departamento de La Guajira, Distrito
Especial de Riohacha, Municipios Uribia y Maicao, el 8 de noviembre de 2018; ii) la
nulidad del acto administrativo ficto; y iii) a título de restablecimiento del derecho, se
ordenará a la demandada a reconocer y pagar a la demandante la sanción moratoria
equivalente a un día de salario por cada día de mora entre el 9 de mayo de 2017 y
el 20 de mayo de 2018, fecha anterior a la que se hizo efectivo el pago de las
cesantías parciales.

2.4. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada, no
presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y solo,
en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales del
procedimiento para su liquidación y ejecución.

Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al juez
de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva

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Radicado: 44001-23-40-000-2019-00037-01 (2069-2022)
Demandante: Susana Añez Campo

respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma66.

Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de la condena en costas a la parte
demandada.

3. Conclusión

Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que al verificar si el pago de la
prestación social se efectuó dentro del término fijado por la Ley 244 de 1995 y 1071
de 2006, encontró probado que se pagó tardíamente, lo que dio lugar a que se
configurara un periodo de mora que se causó entre el 9 de mayo de 2017 y el 20 de
mayo de 2018.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Revocar la sentencia proferida el 7 de diciembre de 2020 por el Tribunal
Administrativo de La Guajira que negó las pretensiones de la demanda presentada
por Susana Añez Campo contra el Ministerio de Educación Nacional, Administración
Temporal para el Sector Educativo en el departamento de La Guajira, distrito
Especial de Riohacha, Municipios Uribia y Maicao.

Segundo. Como consecuencia de lo anterior, declarar configurado el silencio
administrativo negativo por falta de respuesta a la solicitud de reconocimiento y
pago de la sanción moratoria presentada el 8 de noviembre de 2018 por Susana
Añez Campo.

Tercero. Declarar la nulidad del acto administrativo ficto ocasionado por la falta de
respuesta a la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria

66En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado: 44001-23-40-000-2019-00037-01 (2069-2022)
Demandante: Susana Añez Campo

presentada el 8 de noviembre de 2018 por Susana Añez Campo, conforme a lo
explicado en la parte motiva.

Cuarto. A título de restablecimiento del derecho, condenar a el Ministerio de
Educación Nacional, Administración Temporal para el Sector Educativo en el
departamento de La Guajira, distrito Especial de Riohacha, Municipios Uribia y
Maicao, al reconocimiento y pago de un día de salario por cada día de retardo, por
concepto de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006, desde el 9 de
mayo de 2017 y hasta el 20 de mayo de 2018, la cual se liquidará con base en la
asignación básica devengada por la demandante para esa anualidad, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Quinto. Dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo indicado en
el artículo 192 del CPACA.

Sexto. No condenar en costas en esta instancia.

Séptimo. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR CÉSAR PALOMINO CORTÉS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT

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