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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2019-00062-01

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2019-00062-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de La Guajira, el 6 de diciembre de 2021, que negó las pretensiones de la demanda, presentada por Noralba María Vega González contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia. TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 44001-23-40-000-2019-00062-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

27 de febrero de 2025

Radicación: 44001-23-40-000-2019-00062-01 (5500-2022)
Demandante: Noralba María Vega González
Demandado: UGPP

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 44001-23-40-000-2019-00062-01 (5500-2022)1
Demandante: Noralba María Vega González
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: pensión gracia. Subtema: el docente nacional no tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por
el Tribunal Administrativo de La Guajira, el 6 de diciembre de 2021, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La accionante solicita la nulidad de los actos administrativos que le negaron el
reconocimiento de una pensión gracia, por haber prestado sus servicios como docente
nacional. Como fundamento de la demanda, la docente afirma que fue maestra
territorial nombrada por el gobernador del departamento de La Guajira.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. La señora Noralba María Vega González, mediante apoderado judicial,
presentó demanda2, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante UGPP, con las
siguientes pretensiones:

(i) Se declare la nulidad de la Resolución RDP 001172 del 17 de enero de 2019,
que le negó el reconocimiento de la pensión gracia, así como de la Resolución RDP
004708 del 14 de febrero de 2019 que la confirmó, al resolver el recurso de reposición.

1 Expediente electrónico.
2 17 de mayo de 2019.

1

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Radicación: 44001-23-40-000-2019-00062-01 (5500-2022)
Demandante: Noralba María Vega González
Demandado: UGPP

(ii) Se declare la nulidad de la Resolución RDP 008343 del 15 de marzo de 2019,
que resolvió el recurso de apelación contra la Resolución RDP 001172 del 17 de enero
de 2019, y la confirmó.

(iii) A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene que la UGPP le
reconozca y pague una pensión gracia, en cuantía equivalente al 75% de todos los
factores salariales devengados en el año anterior a la consolidación del estatus de
pensionada.

(iv) Igualmente, pidió que las sumas adeudadas sean actualizadas con el índice de
precios al consumidor; que la entidad cumpla el fallo en los términos del artículo 192
del CPACA; que se ordene el pago de intereses moratorios; y que se condene en
costas a la parte demandada3.

2.1.2. Hechos

2. La Sala sintetiza los hechos de la demanda, así:

3. La señora Noralba María Vega González nació el 9 de octubre de 1955; adquirió
el estatus pensional el 13 de junio de 2011, y prestó sus servicios como docente por
el término de 56 días, nombrada por el gobernador del departamento del Cesar,
mediante la Resolución 821 del 8 de abril de 1980, con una vinculación nacionalizada.

4. Posteriormente, el gobernador del departamento de La Guajira la nombró a
partir del 1°. de agosto de 1991, en la Escuela Rural Mixta El Tablazo, a través del
Decreto 138 de 1991, y acreditó un tiempo de 27 años, para el año 2018.

5. La actora solicitó el reconocimiento de la pensión gracia que fue negada por la
UGPP en las resoluciones RDP 1172 del 17 de enero de 2019, RDP 004708 del 17 de
febrero y RDP 008343 del 15 de marzo de la misma anualidad.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

6. En la demanda se citan las siguientes normas vulneradas:

De la Ley 114 de 1913, los artículos 1°, 2, 3 y 4.
De la Ley 116 de 1928, el artículo 6.
De la Ley 37 de 1933, el artículo 3.
De la Ley 91 de 1989, el artículo 15.
Del Decreto Ley 2277 de 1979, el artículo 3.

7. Al explicar el concepto de violación, la parte actora expuso los siguientes
argumentos:

8. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social le negó la pensión gracia a la demandante al
considerar que su vinculación fue nacional desde el 9 de agosto de 1991; sin embargo,
en criterio de la parte actora, el nombramiento fue territorial departamental, puesto que

3 Índice 2 Samai, ED_ONEDRIVE_20221019(.zip), Exp. 2019-00062-00, págs. 2 a 20.

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Demandante: Noralba María Vega González
Demandado: UGPP

la docente fue designada, mediante el Decreto 138 del 26 de julio de 1991, por el
gobernador del departamento de La Guajira, en la Escuela Rural Mixta El Tablazo.

9. La Secretaría de Educación de La Guajira no es la llamada a calificar si un
docente es territorial o nacional, «sino los documentos por medio del cual se vincula a
la docente; que para el caso concreto, es el nombramiento expedido por el gobernador
del departamento de la Guajira» sic. Dicha Secretaría incurrió en un error al indicar en
los certificados laborales que el régimen de pensiones de la maestra es nacional, en
tanto, el decreto de nombramiento y el acta de posesión aportados al proceso
acreditan que la vinculación es departamental.

10. La docente Noralba María Vega González cumple con los requisitos exigidos
por la Ley 114 de 1913 para el reconocimiento de la pensión gracia, puesto que
acreditó la calidad de docente territorial vinculada antes del 31 de diciembre de 1980,
cumplió la edad de 50 años y acreditó 20 años de servicios.

2.2. Contestación de la demanda

11. La UGPP, a través de apoderado, se opuso a las pretensiones de la demanda,
al indicar que la docente no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, en
tanto, no se pueden computar los tiempos laborados como maestra nacional. Agregó
que la citada pensión se concede a los docentes municipales, departamentales y
distritales, y que acorde con la Ley 91 de 1989, excluye a todos los nombrados
después de su expedición4.

2.3. Sentencia de primera instancia

12. El Tribunal Administrativo de La Guajira negó las pretensiones de la demanda y
no condenó en costas a la parte actora.

13. El fallador de instancia consideró que la actora no tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, pues si bien acreditó los requisitos de buena
conducta y de vinculación nacionalizada antes del 31 de diciembre de 1980, lo cierto
es que el tiempo de servicios laborado a partir del 26 de julio de 1991 es del orden
nacional; en consecuencia, acorde con el artículo 1°. de la Ley 91 de 1989, es
improcedente el reconocimiento pensional, ya que es indispensable acreditar la
prestación del servicio en planteles departamentales y municipales durante mínimo 20
años.

14. En este orden de ideas, concluyó que la accionante fue docente nacionalizada
del 11 de febrero al 11 de abril de 1980, nombrada mediante la Resolución 000821 del
8 de abril de 1980, expedida por el gobernador del Cesar. Adicionó que en el proceso
se demostró que ejerció la labor docente en el Centro Educativo El Tablazo del
municipio de San Juan del Cesar, desde el 9 de agosto de 1991 hasta el 15 de agosto
de 2018, designada por el gobernador de La Guajira, por un tiempo de 27 años. No
obstante, pese a que el acto de nombramiento fue expedido por el gobernador «esto
no determina que la vinculación sea territorial, pues del estudio del Decreto 138 del 26

4 Idem, págs. 147 a 151.

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Demandado: UGPP

de julio de 1991 se desprende que la citada docente fue vinculada a través del fondo
educativo regional FER, y no directamente por el departamento».

15. A partir del estudio de la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018 5, el
Tribunal concluyó que los FER administraban los recursos tanto de los docentes
nacionales como los territoriales; dijo que «en ese sentido, el hecho que un docente
haya sido vinculado con cargo a los recursos del FER no es un criterio válido ni
determinante para definir si el docente es nacional o territorial». A lo cual adicionó que
la calidad de docente se debe probar con los actos administrativos donde conste el
vínculo o en su defecto, con la certificación de la entidad nominadora que dé cuenta
de manera inequívoca del tipo de vinculación.

16. De la aplicación de la regla de unificación de dicha sentencia del 21 de junio de
2018, se resaltó que el acto de vinculación en el Centro Educativo El Tablazo, en el
municipio de San Juan del Cesar, no indicaba si la plaza era nacional o nacionalizada;
por lo anterior, se acudió a la certificación de la Secretaría de Educación de La Guajira
que, en escrito del 1 de octubre de 2021, informó que «el tipo de vinculación docente
de la demandante es nacional».

17. Por consiguiente, al existir certeza sobre que la demandante se desempeñó
como docente nacional, entre el 9 de agosto de 1991 y el 15 de agosto de 2018, se
concluyó que estos tiempos no se podían computar para el reconocimiento de la
pensión gracia.

18. No condenó en costas a la parte actora, comoquiera que es el extremo débil de
la relación laboral, y de igual manera se valoró que la demanda no carece
manifiestamente de fundamento legal6.

2.4. Recurso de apelación

2.4.1. Parte demandante

19. La señora Noralba María Vega González, mediante apoderado, interpuso recurso
de apelación para que se revoque la sentencia de primera instancia, al afirmar que en
el Decreto 138 del 26 de julio de 1991, acto administrativo de nombramiento, sí se
indicó que la plaza era territorial, así: «el gobernador del departamento de la Guajira,
presidente de la Junta Administradora del FER – en uso de sus facultades legales, y
considerando que por Resolución 10378 del 2 de agosto de 1990 fueron reconvertidas
trece (13) de las plazas del plan nacional de rehabilitación a plazas docentes
permanentes, para el departamento de La Guajira».

20. Por lo tanto, el acto de nombramiento sí determina la calidad de docente
territorial, de suerte que no era necesaria la certificación solicitada por el Tribunal a la
Secretaría de Educación de La Guajira, porque el mismo decreto acredita que la plaza
era territorial. Información que se corrobora con el acta de posesión 3611 del 9 de
agosto de 1991.

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de

junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
6 Idem. págs. 441 a 457.

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21. La recurrente agregó que, según la Ley 60 de 1993, los departamentos
asumieron la prestación del servicio educativo, de modo que la certificación de la
Secretaría de Educación era innecesaria, porque el establecimiento educativo era
departamental por disposición legal. Señaló que la UGPP y el fallador de primera
instancia desconocen 27 años de trabajo de la maestra, pasando por alto, que el
nombramiento fue realizado por el gobernador de La Guajira 7.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

22. Mediante auto del 18 de julio de 20238, el despacho ponente admitió el recurso de
apelación conforme el numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, y al no existir
solicitud de pruebas se prescindió del periodo para correr traslado a las partes.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

23. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, es competente para
conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas en
primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad con el artículo 150
del CPACA.

3.2. Problema jurídico

24. Se circunscribe a establecer, según lo expuesto en el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, si:

25. ¿La demandante quien fue nombrada por el gobernador de La Guajira, desde el 9
de agosto de 1991, como maestra del Plan Nacional de Rehabilitación, tiene derecho
al reconocimiento de la pensión gracia, porque la plaza era territorial, en tanto, el acto
fue expedido por una autoridad territorial, o se trató de una docente designada en una
plaza nacional?

3.3. Marco normativo y reiteración jurisprudencial

3.3.1. La pensión gracia

26. La pensión de jubilación gracia fue establecida por el artículo 1º de la Ley 114 de
19139, beneficiando a los maestros de las escuelas primarias oficiales que hubieran
servido en el magisterio por al menos 20 años, siempre que cumplieran los siguientes
requisitos: (i) desempeñar el empleo con honradez y consagración; y (ii) no recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional.

27. La Ley 116 de 192810 amplió este beneficio a los empleados docentes y profesores
7 Idem, págs. 466 a 490.

8 Índice 4 Samai.

9 Por medio de esta ley «se crean pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
10 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».

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de las escuelas normales, así como a los Inspectores de Instrucción Pública. Según el
artículo 6 de esta ley, se permitió a los docentes sumar los servicios prestados en
diferentes épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, para
completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, equiparando la inspección
de instrucción pública a la enseñanza primaria para estos efectos.

28. Posteriormente, la Ley 37 de 193311 extendió el beneficio de la pensión gracia de
jubilación a los maestros de escuela que hubieran completado el tiempo de servicio
estipulado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

29. Por su parte, la Ley 91 de 198912 en el artículo 15, numeral 2°, literal a), limitó la
vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los
docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la
totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:

Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado
o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión
seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto
081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento
de estar ésta a cargo total o parcial de la nación.

30. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene
derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 1° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:

• Personal nacional: son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.

• Personal nacionalizado: son (i) los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (ii) los docentes vinculados a partir de esa fecha
a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de nacionalización de la educación que
se adelantó por disposición de la Ley 43 de 1975.

• Personal territorial: son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial
a partir del 1º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo
1013 de la Ley 43 de 1975, de manera que la plaza a ocupar haya sido creada
exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su propio presupuesto.

31. La norma en cita fue estudiada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199714, en los
siguientes términos:

11 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
12 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
13 “En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con

cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional.”.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997, M.P.

Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
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La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el
mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido
repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les
reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y
que hubiesen estado vinculados de conformidad con las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad […] También, que dentro del
grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales
sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de
haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad de
requisitos”. Y, por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en
el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del
reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y
secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley.

32. La Sección Segunda, en la sentencia SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201815, señaló
que «el numeral 2 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para
no desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en
tratándose de los docentes nacionalizados», y que:

Para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable acreditar el
cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa que la regula,
entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente en planteles
departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años
y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; haber cumplido cincuenta
años de edad; y haberse desempeñado con honradez, consagración y buena conducta.

33. La citada sentencia estableció las reglas de unificación respecto a que los recursos
que la nación le transfería o cedía para los fondos educativos regionales, cuando
ingresaban a los presupuestos locales, pasaban a pertenecer a los entes territoriales,
de modo que la intervención en el acto de nombramiento del delegado del Ministerio
de Educación Nacional no cambia la calidad de docente territorial o nacionalizado que
es otorgada por la ley. En este orden, la sentencia de unificación fijó las siguientes
reglas jurisprudenciales:

i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales […], una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.

ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar
parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos
educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988).

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de

junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
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Demandado: UGPP

iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados16, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales […].

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal54; y (ii) por el argumento de que los
recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el
tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter
territorial.

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
[…].

34. De acuerdo con lo expuesto, la pensión gracia de jubilación se otorga a los
docentes que hayan trabajado de manera continua o discontinua, vinculados antes del
31 de diciembre de 1980 y que cumplan con 20 años de servicio en establecimientos
educativos de orden departamental, distrital o municipal, con vinculación territorial o
nacionalizada. No es posible acumular tiempos de servicio del orden nacional.

3.4. Hechos probados

35. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente, se puede establecer
lo siguiente:

• Edad

36. Para reconocer el derecho pensional reclamado se requiere haber cumplido 50
años de edad. En el caso concreto, la señora Noralba María Vega González nació el
9 de octubre de 1955, como consta en la cédula de ciudadanía17, en consecuencia,
acreditó la edad de 50 años, el 9 de octubre de 2005.

• Vinculación docente

37. El gobernador del departamento del Cesar, mediante la Resolución 821 del 8 de
abril de 1980, nombró a la señora Noralba María Vega González, por el término de 56
días, del 16 de febrero al 25 de abril de 1980, en el cargo de profesora del Colegio

16 Al respecto se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto

102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
17 Idem, pág. 59.

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Demandado: UGPP

Prudencia Daza de Valledupar18.

38. Obra en el proceso copia del Decreto 138 del 26 de julio de 1991, dictado por el
gobernador del departamento de La Guajira y el presidente de la Junta Administradora
del Fondo Educativo Regional (FER), que nombró a la maestra Noralba María Vega
González en la Escuela Rural Mixta El Tablazo del municipio San Juan del Cesar. Este
decreto expuso en las consideraciones que mediante la Resolución 10378 de agosto
2 de 1990 fueron reconvertidas trece (13) de las 50 plazas del plan nacional de
rehabilitación a plazas docentes permanentes, para el departamento de La Guajira. Y,
que la Coordinación del Plan Nacional de Rehabilitación distribuyó las plazas de
acuerdo con las necesidades de los municipios.

39. Como consta en el acta 3561, la accionante se posesionó del cargo en el que había
sido nombrada por el Decreto 138 del 26 de julio de 1991, en la Alcaldía de San Juan
del Cesar el 9 de agosto de 199119.

40. Según el «Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral»
del 1°. de abril de 2019, la señora Noralba María Vega González fue docente
nacionalizada del 16 de febrero al 11 de abril de 1980, en el colegio Prudencia Daza
de Valledupar, Cesar20.

41. Acorde con el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral
del 15 de agosto de 2018, proferido por la Secretaría de Educación de La Guajira, la
accionante fue docente con régimen de pensiones nacional, nombrada mediante el
Decreto 138 del 26 de julio de 1991, posesionada desde el 9 de agosto de 1991, en el
Centro Educativo El Tablazo21.

42. La Secretaría de Educación de La Guajira, mediante oficio del 29 de septiembre
del 2021, en respuesta a lo pedido por el Tribunal Administrativo de La Guajira, remitió
al proceso una certificación donde informó que la señora Noralba María Vega
González nombrada por Decreto 138 del 26 de julio de 1991 tuvo una vinculación
nacional, en los siguientes términos22:

Que revisados los archivos de historias laborales, sistema humano (nómina) y base de
datos de FOMAG que reposan en esta secretaría, el tipo de vinculación de la señora
Noralba María Vega González, (…) [como] docente en el Centro Educativo El Tablazo,
en el municipio de San Juan – La Guajira es NACIONAL.

• Actos demandados

43. Mediante la Resolución RDP 001172 del 17 de enero de 2019, la UGPP le negó
el reconocimiento de una pensión gracia a la señora Noralba María Vega González
con fundamento en que no acreditó 20 años como docente departamental, distrital,
municipal o nacionalizado23. Esta decisión fue confirmada en la Resolución RDP

18 Idem, págs. 24 a 25.
19 Idem, pág. 428.
20 Idem, pág. 28.
21 Idem, págs. 34 a 37.

22 Idem, págs. 424 y 433.
23 Idem, págs. 39 a 43.

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Demandante: Noralba María Vega González
Demandado: UGPP

004708 del 14 de febrero de 201924, que resolvió el recurso de reposición, y la
Resolución RDP 008343 del 15 de marzo de 2019, que decidió el recurso de
apelación25.

3.5. Caso concreto

44.En el asunto bajo análisis, la actora solicita la nulidad de las resoluciones que le
negaron el reconocimiento de la pensión gracia por tratarse de una docente nacional,
puesto que, en su criterio, su vinculación fue territorial al haber sido designada por el
gobernador de La Guajira, desde el 9 de agosto de 1991.

45. El Tribunal negó las pretensiones de la demanda al considerar que la demandante
no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que laboró como
docente nacional en el Centro Educativo El Tablazo del municipio de San Juan del
Cesar, desde el 9 de agosto de 1991 hasta el 15 de agosto de 2018, como lo certificó
la Secretaría de Educación de La Guajira.

46. Inconforme con esta decisión, la accionante interpuso recurso de apelación
insistiendo en que su vinculación, a través del Decreto 138 del 26 de julio de 1991, fue
en la calidad de docente territorial, en atención a que dicho acto administrativo fue
proferido por el gobernador del departamento de La Guajira; afirmó que no se puede
dar valor probatorio a la certificación proferida por la Secretaría de Educación,
documento que no era necesario obtener, ya que el acto de nombramiento da certeza
sobre la naturaleza de la plaza docente.

47. En primer lugar, con el objeto de resolver el recurso de apelación, es importante
destacar que el docente es un empleado público vinculado a la administración pública,
a través de una relación legal y reglamentaria, de modo que la autoridad nominadora
expide un acto administrativo de nombramiento y aquel debe tomar posesión del cargo,
tal como lo dispone el artículo 3 del Decreto Ley 2277 de 197926, al indicar que
«los educadores que prestan sus servicios en entidades oficiales de orden nacional,
departamental, distrital, intendencial, comisarial y municipal son empleados oficiales
de régimen especial que, una vez posesionados, quedan vinculados a la
administración por las normas previstas en este decreto».

48. En segundo lugar, en cuanto a la prueba del tiempo de servicio y la vinculación
para tener derecho al reconocimiento de la pensión gracia, la jurisprudencia de la
Sección ha precisado que se deben analizar los tiempos de servicios, el cargo
desempeñado, la dedicación, clase de plantel y si la vinculación fue nacionalizada,
departamental, distrital y municipal, precisándose que «los certificados que se expidan
para acreditar estos requisitos deben ser precisos en los datos fundamentales que
exigen las leyes especiales que regulan esta clase de pensión»27.

49. En el mismo sentido, el fallo de unificación del 21 de junio de 2018 determinó que
la calidad de docente oficial se prueba con la copia de los actos de nombramiento, o

24 Idem, págs. 44 a 47.
25 Idem, págs. 48 a 53.
26 Por el cual se adoptan normas del estatuto docente.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de abril de 2017, proceso con radicado

52001 23 31 000 2014 00270 01 (0585-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, que cita la sentencia del 19 de
enero de 2006, expediente 6024-05, Consejero Ponente Tarsicio Cáceres Toro.
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en su defecto, con la certificación de la autoridad nominadora que informe de manera
inequívoca sobre el tipo de vinculación.

50. En este orden de ideas, se tiene que en el proceso se acreditó que la señora
Noralba María Vega González nació el 9 de octubre de 195528, como consta en la
cédula de ciudadanía y fue docente nacionalizada por 56 días, del 16 de febrero de
1980 al 25 de abril de la misma anualidad, como maestra en el Colegio Prudencia Daza
de Valledupar29, periodo respecto del cual no hay discusión. Luego, fue nombrada
maestra por el gobernador de La Guajira desde el 9 de agosto de 1991, a través del
Decreto 138 del 26 de julio de 1991, en el Centro Educativo El Tablazo, encontrándose
activa para el 15 de agosto de 2018, fecha para la que acreditó 27 años de servicios30.

51. Ahora bien, el marco de lo debatido en segunda instancia se centra en determinar
si la plaza docente en la que fue nombrada la demandante, a través del Decreto 138
del 26 de julio de 1991, por el gobernador de la Guajira, era nacional o departamental.
Al respecto, es menester precisar que en la parte motiva del decreto se expusieron las
siguientes consideraciones:

Que por Resolución 10378 de agosto 2 de 1990 fueron reconvertidas trece (13) de las 50
plazas del plan nacional de rehabilitación a plazas docentes permanentes, para el
departamento de La Guajira;

que dichas plazas fueron distribuidas por la Coordinación del PNR de acuerdo a las
necesidades de cada uno de los municipios y teniendo en cuenta el grado de escalafón
de cada uno de ellos;

que se hace necesario hacer los respectivos nombramientos en propiedad para ser
incluidos en el presupuesto del FER vigente.

52. En concreto, la plaza en que fue nombrada la actora pertenecía al Plan Nacional
de Rehabilitación y fue reconvertida a plaza docente permanente, distribuida por la
Coordinación de dicho PNR, acorde con las necesidades de las entidades territoriales.
Ahora bien, el objetivo del PNR era reorientar «el gasto público hacia actividades que,
en esencia, buscan elevar la calidad de vida y fortalecer la estructura productiva»31. El
programa de inversión estaba destinado a los sectores agropecuario, de
infraestructura, y sociales, este último, destinado a fortalecer la educación básica,
entre otros, así «hacia el sector educativo se canalizan $5.357 millones y la acción se
centrará en la educación básica primaria y media vocacional, con programas integrales
de alfabetización y post- alfabetización y provisión de soluciones educativas»32.

53. Como se observa el Plan Nacional de Rehabilitación se trataba de un programa de
inversión nacional que destinó recursos para las entidades territoriales con el propósito
de fortalecer el servicio educativo, entre otros. En ese contexto, fueron reconvertidas33
28
Idem, pág. 59.
29 Idem, pág. 28.
30 Idem, págs. 34 a 37.
31 Plan Nacional de Rehabilitación – Política de Inversión 1989-, documento consultado en la página web
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Economicos/2426.pdf.
32Idem.
33 La reconversión consistió en que las plazas docentes del PNR pasaron a ser permanentes. La Ley 21 de 1992,

en los artículos 47 a 50, reguló las apropiaciones del Plan Nacional de Rehabilitación incluidas en el Presupuesto
General de la Nación, destacando que los organismos y entidades deberían otorgar prioridad a la ejecución de los
programas del Plan Nacional de Rehabilitación.
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Demandado: UGPP

13 plazas del citado plan a plazas docentes permanentes para el departamento de La
Guajira y el gobernador efectuó el nombramiento con cargo al presupuesto del FER
vigente.

54.Por otra parte, el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral del 15 de agosto de 2018, proferido por la Secretaría de Educación de La
Guajira, indica que la accionante fue docente con régimen de pensiones nacional34.

55. En este orden de ideas, contrario a lo afirmado por la recurrente, no se evidencia
que, de manera inequívoca, el acto de nombramiento indique que la vinculación era
territorial, dado que la plaza docente pertenecía a un programa nacional. Por ello,
frente a la duda sobre la naturaleza de la vinculación, asistió la razón al Tribunal al
solicitar a la Secretaría de Educación de La Guajira que certificara el tipo de vinculación
de la docente en la Institución Educativa El Tablazo35. En respuesta, la citada
Secretaría, mediante certificación del 20 de septiembre de 2021, informó que era
nacional la plaza docente en el Centro Educativo el Tablazo.

56. Así las cosas, a partir del análisis del acto de nombramiento contenido en el
Decreto 138 del 26 de julio de 1991, junto con el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral del 15 de agosto de 2018, se corrobora el contenido de
la certificación del 20 de septiembre de 2021, emitida por dicha Secretaría, sobre que
la plaza docente era nacional.

57. En efecto, la sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201836 dentro
de las reglas precisa cómo se prueba la calidad de docente territorial y prevé que «se
requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo», a falta de
este, el tipo de vinculación se puede acreditar con la «certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca» del hecho objeto de prueba. A
partir de la aplicación de dicha regla al caso bajo estudio y en consonancia con la carga
de la prueba, regulada en el inciso primero del artículo 167 del Código General del
Proceso37, se tiene que la parte accionante no acreditó que el nombramiento, a través
Decreto 138 del 26 de julio de 1991, haya sido en una plaza nacionalizada o territorial.

58. Por consiguiente, en respuesta al problema jurídico se establece que la
demandante no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que los
tiempos de servicios como docente nacional no se pueden computar, como quiera que
la referida pensión exige que se cumplan 20 años de servicios como maestro
nacionalizado, territorial o municipal. En este sentido, se pronunció la Sala Plena de lo
Contencioso -Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de
agosto de 199738, al considerar que «dentro del grupo de beneficiarios de la pensión
gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los
nacionalizados».

34 Idem, págs. 34 a 37.
35 Idem, pág. 424.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de

junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
37 Código General del Proceso. Art. 167: Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que

consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (…).
38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de 1997,

Consejero ponente, Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
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59. Igualmente, el fallo de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201839, determinó
que para el reconocimiento de la pensión gracia se requiere haber prestado los
servicios por 20 años en planteles departamentales, distritales o municipales.

60. En este orden de ideas, los reparos presentados por la apelante no son de
recibo, porque la jurisprudencia de unificación40 de esta corporación ha considerado
que para tener derecho al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la
vinculación docente en una plaza nacionalizada o territorial antes del 31 de diciembre
de 1980, sumar 20 años de servicios en planteles departamentales, distritales o
municipales, cumplir 50 años de edad y desempeñarse con honradez, consagración y
buena conducta.

61. En consecuencia, se confirmará el fallo del Tribunal que negó las pretensiones
de la demanda.

3.6. Conclusión

62. A partir del estudio de la normativa que regula la pensión gracia, de los
precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y acorde con la valoración en
conjunto de los hechos probados en el proceso, según los principios de la sana crítica,
se concluye que la señora Noralba María Vega González no tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia, dado que su vinculación con la docencia oficial a
partir del 9 de agosto de 1991 fue en la calidad de nacional.

4. Costas

63. La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 41 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de

junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de

junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
41 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un

criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye la
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a la
hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio objetivo-
valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda,
Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-
00022-01 (1291-14).

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temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer
dicha condena, en atención a que no se advierte que aquella haya incurrido en las
anteriores conductas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo de La
Guajira, el 6 de diciembre de 2021, que negó las pretensiones de la demanda,
presentada por Noralba María Vega González contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP).

SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.

TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, a través del siguiente enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

NJCC/HDGM

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