Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-01094-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 76001-23-33-000-2019-01094-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2019-01094-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 76001-23-33-000-2019-01094-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
29 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 76001-23-33-000-2019-01094-01 (6876-2024)
Demandante: Rosa Duque
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Tema: pensión gracia, reconocimiento. Subtema: docente nacional no tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión el 26 de
septiembre de 2024, que negó las pretensiones de la demanda.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Rosa Duque presentó demanda contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en
adelante UGPP), con el objetivo de obtener el reconocimiento y pago de la pensión
gracia, petición que fue negada mediante la sentencia impugnada, que se confirmará
en esta oportunidad, en consideración a que no se advierte la prestación del servicio
docente durante 20 años en virtud de nombramientos del orden territorial, que
constituye uno de principales requisitos para acceder a la prestación reclamada.
2. ANTECEDENTES
2.1. Demanda
2.1.1. Pretensiones
1. La ciudadana Rosa Duque, mediante apoderado judicial, presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el 29 de
noviembre de 2019, con las siguientes pretensiones1:
1 Samai, gestión en otros despachos, tribunal índice 58, expediente digital, archivo «7 - Acta de reparto - Contrato
104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.pdf)(.pdf) NroActua 58».
Radicación: 76001-23-33-000-2019-01094-01 (6876-2024)
Demandante: Rosa Duque
Demandado: UGPP
(a) Declarar la nulidad de las resoluciones RDP 021259 de 23 de mayo de 2017, RDP
030840 de 26 de julio de 2018 y RDP 041119 de 16 de octubre de 2018, mediante las
cuales la UGPP negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
(b) A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la entidad
demandada al reconocimiento y pago de la pensión gracia, junto con los respectivos
ajustes a los que haya lugar; el reconocimiento de los intereses moratorios y
dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 194 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en
adelante CPACA).
2.1.2. Hechos
2. Como fundamento de las pretensiones, la demandante expuso, en síntesis, los
siguientes hechos:
(a) Nació el 12 de diciembre de 1953, por lo que cumplió 50 años el 12 de
diciembre de 2003.
(b) La accionante prestó sus servicios como docente nacionalizado por más de
20 años, en los siguientes periodos: (1) Desde el 22 de septiembre de
1976 hasta el 30 de junio de 1988, nombrada mediante el Decreto 029 del
22 de septiembre de 1976, expedido por la Alcaldía Municipal de
Tumaco; (2) del 24 de enero de 1990 hasta el 30 de junio de 1993, vinculada
a través de orden de prestación de servicios; (3) del 3 de enero de 1994
hasta el 11 de diciembre de 2003, nombrada mediante el Decreto 2282 del
16 de diciembre de 1993, proferido por el departamento del Valle del Cauca;
y (4) Desde el 12 de diciembre de 2003 hasta la fecha de presentación de la
demanda, nombrada por medio del Decreto 500 del 21 de octubre de 2003.
(c) El 9 de febrero de 2017 solicitó el reconocimiento de la pensión gracia ante
UGPP, reclamación que fue negada mediante Resolución RDP 021259 del
23 de mayo de 2017.
(d) El 23 de mayo de 2018 solicitó nuevamente el reconocimiento de la pensión
gracia, petición que fue negada mediante la Resolución RDP 030840 de 26
de julio de 2018.
(e) Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de apelación, el cual
fue resuelto a través de la Resolución RDP 041119 de 16 de octubre de
2018, que confirmó la decisión anterior.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
3. La accionante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política,
artículos 1, 2, 6, 13, 25, 29, 46, 48, 53, 90, 121, 125, 128 y 209; Ley 114 de 1913,
artículos 1, 2, 3 y 4; Ley 116 de 1928, artículo 6; Ley 37 de 1933, artículo 3; Ley 1437
de 2011, artículo 137.
2
Radicación: 76001-23-33-000-2019-01094-01 (6876-2024)
Demandante: Rosa Duque
Demandado: UGPP
4. En el concepto de violación, la parte demandante alegó que la UGPP se apartó de
la normativa y de la jurisprudencia de esta corporación aplicable al caso2, para lo cual
transcribió apartes de la sentencia del 21 de junio de 2018, relacionada con el
reconocimiento de la pensión gracia, y concluyó que la entidad hizo una interpretación
errónea de la ley, al asimilar los términos de docente nacional y territorial y considerar
que los tiempos de servicios pueden ser continuos o discontinuos.
2.2. Contestación de la demanda
5. El apoderado de la UGPP propuso las excepciones de inexistencia de la obligación
demandada, ausencia de vicios en el acto administrativo demandado y prescripción.
Afirmó que la pensión gracia reclamada por la señora Rosa Duque es improcedente
porque no acreditó el requisito de tiempo de servicio docente mediante vinculación
municipal, departamental, distrital o nacionalizada y que de los certificados laborales
se evidencia su vinculación de carácter nacional desde el 3 de enero de 1994.
6. Señaló que la pensión gracia constituye un beneficio exclusivo para los docentes
del orden territorial o nacionalizado, según las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de
1933, 43 de 1975 y 91 de 1989. Con respecto a esta última explicó que solo tienen
derecho a esta prestación los educadores vinculados hasta el 31 de diciembre de
1980, que hubiesen desempeñado sus funciones en establecimientos oficiales del
nivel territorial o nacionalizado, y no quienes hubiesen ejercido como docentes
nacionales.
7. Finalmente, precisó que no puede acceder al reconocimiento de una pensión
gracia, porque de hacerlo la entidad incurriría en una trasgresión al principio de
sostenibilidad presupuestal, consagrado en el artículo 1 del Acto Legislativo 01 de
20053.
2.3. Sentencia de primera instancia
8. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión, mediante
sentencia del 26 de septiembre de 20244, negó las pretensiones de la demanda.
9. Señaló que se encuentra probado, tal como lo indicó la entidad accionada en la
contestación de la demanda y en los actos administrativos enjuiciados, que el tiempo
posterior a la vinculación del 3 de enero de 1994 no puede computarse para calcular
los 20 años de servicio exigidos por la Ley 114 de 1913, en la medida en que
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de
unificación del 21 de junio de 2018, exp. 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
3 Samai, Gestión en otros despachos, tribunal, índice 22, expediente digital, archivo
«5_TRASLADODEEXCEPCIONES_14CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 22».
4 El magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera ha manifestado su impedimento por vínculo de amistad con
el magistrado ponente en la sentencia de primera instancia, el doctor Óscar A. Valero Nisimblat el cual fue declarado
infundado por la Sala mediante Auto del 18 de septiembre de 2024, dentro del expediente con Rad. 76001-23-33-
000-2014-01033-01 (0264-2023).
3
Radicación: 76001-23-33-000-2019-01094-01 (6876-2024)
Demandante: Rosa Duque
Demandado: UGPP
corresponde a un nombramiento de carácter nacional. Asimismo, destacó que una vez
sumados los periodos desempeñados en el municipio de Tumaco y las órdenes de
prestación de servicios, no se alcanza el mínimo temporal establecido –20 años–, pues
asciende aproximadamente a 14 años, 6 meses y 8 días.
10. Por último, precisó que no se acreditó la ilegalidad de los actos demandados a
través del presente medio de control, dando lugar a que se nieguen las pretensiones
de la demanda y se abstuvo de condenar en costas5.
2.4 . Recurso de apelación
11. La demandante, mediante apoderado, interpuso recurso de apelación para que se
revoque la sentencia de primera instancia, con fundamento en los siguientes
razonamientos:
12. Sostuvo que en esta se realizó una incorrecta valoración del acervo probatorio,
porque no se evaluó de manera adecuada el Decreto 2882 del 16 de diciembre de
1993, expedido por el Departamento del Valle del Cauca. Se omitió considerar que
dicho nombramiento corresponde a plazas de carácter nacionalizado, toda vez que en
el decreto se discriminan específicamente los siguientes aspectos:
• Que el Decreto 2882 del 16 de diciembre de 1993, lo suscribe el gobernador del
Departamento del Valle del Cauca, en uso de sus facultades «legislativas», y
no en representación del Ministerio de Educación Nacional.
• Que por acuerdo con el Fondo Educativo Regional – FER, con aprobación del
Ministerio de Educación Nacional, se dispuso convertir las plazas de Soluciones
Educativas a plazas de docentes de tiempo completo, pero bajo la
administración y presupuesto del referido Fondo.
13. Precisó que el juzgador de primera instancia confunde la información contenida
en el certificado de tiempo de servicio expedido por la Alcaldía de Santiago de Cali el
30 de agosto de 2018, en tanto dicho documento no indica que la vinculación de la
señora Rosa Duque, efectuada mediante el Decreto 2882 del 16 de diciembre de 1993,
expedido por el gobernador del Departamento del Valle, sea de carácter nacional. El
certificado únicamente señala que el régimen de pensiones aplicable corresponde al
establecido para los empleados públicos del orden nacional, y además certifica que el
régimen de cesantías es anualizado; afirmaciones que se ajustan al artículo 15,
numeral 2, de la Ley 91 de 1989. No obstante, estas no determinan el tipo de
vinculación de la docente, que se define por el ente nominador y pagador.
5 Samai, Gestión en otros despachos, Tribunal, índice 88, expediente digital.
4
Radicación: 76001-23-33-000-2019-01094-01 (6876-2024)
Demandante: Rosa Duque
Demandado: UGPP
14. Citó apartes de una sentencia de unificación proferida el 21 de junio de 20186 por
esta corporación, en la que se ratificó que un docente es nacional únicamente cuando
ha sido nombrado mediante resolución expedida por el Ministerio de Educación
Nacional. Los docentes nombrados por entes territoriales ostentan la calidad de
docentes territoriales nacionalizados, lo que corrige la arbitrariedad cometida por las
secretarías de educación al certificar que dichos empleos son del orden nacional. Esta
situación se evidencia en el presente caso y condujo al error tanto de la entidad pública
accionada como del juzgador de primera instancia7.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
15. Esta corporación, por auto del 7 de marzo de 2025, admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante en los términos del artículo 247 del CPACA8 y
ordenó su notificación de conformidad con lo previsto en los artículos 198 y 205 de la
misma codificación, la cual se realizó el 11 de marzo del mismo año9. Al no existir
solicitud de pruebas se prescindió del periodo para correr traslado a las partes.
3. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
16. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, tiene competencia
para conocer del presente asunto, en atención a lo previsto en el inciso primero del
artículo 150 del CPACA, que le confiere el conocimiento de los recursos de apelación
interpuestos contra las sentencias proferidas en primera instancia por los tribunales
administrativos.
3.2. Problema jurídico
17. En atención a los reproches expuestos por la parte accionante en el recurso de
apelación, la Sala procede a resolver el siguiente problema jurídico:
18. ¿La demandante tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, teniendo
en cuenta su nombramiento mediante el Decreto 2882 del 16 de diciembre de 1993,
expedido por el Departamento del Valle del Cauca, toda vez que la actora sostiene
que dicho nombramiento corresponde a una plaza de carácter nacionalizado?
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 21 de
junio de 2018 Rad. 2013- 04683-01 (3805–2014)
7 Samai, Gestión en otros despachos, Tribunal, índice 91, expediente digital, archivo «71_MemorialWeb_Recurso-
RECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 91».
8 Samai, índice 5, expediente digital.
9 Samai, índice 8, expediente digital.
5
Radicación: 76001-23-33-000-2019-01094-01 (6876-2024)
Demandante: Rosa Duque
Demandado: UGPP
3.3. Marco normativo de la pensión gracia –Reiteración jurisprudencial–
19. La Ley 114 de 191310 creó una «pensión de jubilación vitalicia» para los maestros
de escuelas oficiales que prestaron servicio en el magisterio por un tiempo no menor
de veinte años, en cuantía equivalente a la mitad del salario devengado en los dos
últimos años de labor o al promedio del sueldo recibido, si este fuese variable, siempre
que cumplieran los siguientes requisitos: (a) desempeñar el empleo con honradez y
consagración; (b) carecer de medios de subsistencia de acuerdo con su posición social
y costumbres11; (c) no recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional.
20. La Ley 116 de 192812 extendió la prestación pensional a los empleados y
profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública.
Posteriormente, la Ley 37 de 193313 cobijó a los maestros que completaron servicios
docentes en establecimientos de enseñanza secundaria.
21. La Ley 43 de 197514 terminó con el régimen de responsabilidades compartidas en
materia educativa entre la Nación, los departamentos y los municipios al establecer
que «[l]a educación primaria y secundaria oficiales» constituye un servicio público a
cargo de la Nación. Por tanto, los gastos que este servicio ocasiona, sufragados por
«los Departamentos, Intendencias, Comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los
Municipios, serán de cuenta de la Nación, en los términos de la presente Ley». Sin
embargo, «el nombramiento del personal en los planteles que se nacionalizan por
medio de esta Ley, o se hayan nacionalizado anteriormente, continuará siendo hecho
por los funcionarios que actualmente ejerzan dicha función».
22. Con ocasión del proceso de nacionalización referido y la posterior centralización
en el manejo de las obligaciones prestacionales del personal docente nacional y
nacionalizado, la Ley 91 de 1989, por medio de la cual se creó el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, reguló la forma en que serían asumidas las
cargas prestacionales del personal docente luego de la nacionalización; estableció un
régimen de transición que buscó amparar la expectativa de los docentes territoriales
beneficiarios de la pensión gracia inmersos en el proceso de nacionalización que
culminó el 31 de diciembre de 1980.
23. Así, los docentes vinculados antes de la fecha señalada en precedencia
mantienen el beneficio hasta la consolidación de su derecho pensional para proteger
la expectativa ante el cambio que implicó la extinción de la prestación por motivo de la
nacionalización de la educación. Para los demás docentes, es decir, los vinculados
10 «Que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
11 Derogado por la Ley 45 de 1931.
12 «Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la ley 102 de 1927», sobre aumento y reconocimiento
de pensiones.
13 «Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
14 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
Departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los Municipios, las Intendencias y Comisarías; se redistribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».
6
Radicación: 76001-23-33-000-2019-01094-01 (6876-2024)
Demandante: Rosa Duque
Demandado: UGPP
con posterioridad al 31 de diciembre de 1980, tan sólo se reconocería la pensión
ordinaria de jubilación.
24. Entonces, es dable afirmar que el punto de partida para definir si el docente tiene
derecho a la pensión gracia se encuentra en la clasificación contenida en la Ley 91 de
1989, cuyo artículo 1.° categorizó y definió a los docentes de la siguiente manera:
• Personal nacional: Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional.
• Personal nacionalizado: Son (a) los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1.º de enero de 1976 y (b) los docentes vinculados a
partir de esa fecha a una plaza nacionalizada en virtud del proceso de
nacionalización de la educación que se adelantó por disposición de la Ley 43 de
1975.
• Personal territorial: Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad
territorial a partir del 1.º de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito
establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 197515, de manera que la plaza a
ocupar haya sido creada exclusivamente por la entidad territorial con cargo a su
propio presupuesto.
25. La Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante la sentencia de unificación
SUJ-11-S2 del 21 de junio de 2018 estableció, además, que la vinculación de los
docentes territoriales o nacionalizados no varía cuando en el acto de nombramiento
interviene el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como
miembro de la Junta Administradora del respectivo Fondo Educativo Regional. Lo
anterior, porque el pago de las acreencias de estos docentes provenía directamente
de las rentas del ente territorial o del situado fiscal cuando se sufragaban los gastos a
través de los Fondos Educativos Regionales, hoy Sistema General de Participaciones.
En este orden, la sentencia de unificación fijó las siguientes reglas jurisprudenciales:
i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales (…), una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de
propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les
gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación
directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no
solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por
concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar
parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos
(artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2º de la Ley 24 de 1988).
15 «En adelante ningún departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán con
cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza primaria o secundaria, ni tampoco
podrán decretar la construcción de nuevos planteles de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos
casos, del Ministerio de Educación Nacional.».
7
Radicación: 76001-23-33-000-2019-01094-01 (6876-2024)
Demandante: Rosa Duque
Demandado: UGPP
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los
servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados16, resulta factible
colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones
salariales originadas por el servicio que prestaban los educadores territoriales (…).
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del
respectivo fondo educativo regional y asimismo, este último, certifica la vacancia del
cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos
destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con
suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto
como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva
certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo
de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante,
frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar
(…).
26. En sentencia de unificación SUJ -030-CE-S2- 2022 del 11 de agosto de 2022, la
Sección Segunda unificó criterios para el reconocimiento de la pensión gracia en
vigencia de la Ley 91 de 1989. En dicha providencia se estableció la regla para acceder
a esa prestación con observancia de lo dispuesto en el artículo 15, numeral 2-a, de
donde explicó que los docentes pueden obtener la pensión gracia antes y después del
29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás
requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento, así:
[…] Conforme al anterior lineamiento, el artículo 15, numeral 2, literal a), de la Ley 91 de
1989 no exige que al 31 de diciembre de 1980 el docente debe encontrarse en servicio
activo, pues lo que el texto preceptúa es que dicha fecha «es el límite máximo para que
el educador se vincule, siendo viable que haya sido con antelación a la mencionada
calenda», es decir, que no es válido imponer un requerimiento adicional que no previó el
legislador para restringir el acceso a la prestación.
Igualmente, esta corporación ha explicado que para el reconocimiento de la pensión
gracia a los «docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980», la aludida norma
no estableció exigencia alguna frente a los siguientes aspectos: a. contar con
determinado período de vinculación con anterioridad al 31 de diciembre de 1980; b. que
los servicios prestados como docente sean continuos o interrumpidos; c. que para la
referida fecha el maestro deba tener un vínculo laboral vigente.
[…] la línea jurisprudencial del Consejo de Estado se ha encaminado a afirmar que la
condición para el reconocimiento de la pensión gracia «es que la vinculación del docente
territorial sea anterior al 31 de diciembre de 1980, contando tiempos posteriores siempre
y cuando se demuestren como nacionalizados o territoriales.
16 Al respecto, se puede consultar el Decreto 3157 (artículo 34) de 1968, la Ley 43 (artículo 6) de 1975, el Decreto
102 de 1976, la Ley 24 (artículo 54) de 1988, y el Decreto 1706 (artículo 10) de 1989.
8
Radicación: 76001-23-33-000-2019-01094-01 (6876-2024)
Demandante: Rosa Duque
Demandado: UGPP
[…] conforme a lo indicado en la Sentencia C-506 de 2006, en consonancia con los
antecedentes legislativos de la Ley 91 de 1989, se concluye que esta disposición buscó
proteger las reivindicaciones laborales alcanzadas por los educadores hasta ese
momento, dentro de las que se encontraba la pensión gracia de jubilación; por ende, el
único límite temporal que se impuso consistió en que los docentes territoriales y
nacionalizados demostraran haber ingresado al magisterio con antelación al 31 de
diciembre de 1980, pues a ellos se les debería seguir respetando el régimen pensional
que los cobijaba, en otras palabras, se protegieron tanto los derechos adquiridos como
las expectativas de completar los requisitos para obtener el derecho pensional, pues las
normas seguirían proyectando sus efectos en el tiempo para los servidores vinculados
en la forma indicada […].
v) La Sentencia C-506 de 2006, antes estudiada, aclara el entendimiento frente al límite
temporal fijado por la Ley 91 de 1989, el cual consiste en garantizar el acceso a la
pensión gracia de aquellos docentes que se vieron inmersos en el proceso de
nacionalización de la educación, es decir, ingresaron con antelación al 31 de diciembre
de 1980 y, por lo tanto, no podían ver truncada la posibilidad de completar los requisitos
previstos para obtener dicho beneficio por tratarse de una conquista laboral respecto de
la cual tenían aspiraciones legítimas […].
3.4. Hechos probados
• Edad
27. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente la accionante nació
el 12 de diciembre de 195317, como consta en la cédula de ciudadanía. En
consecuencia, cumplió con el requisito de los 50 años el 12 de diciembre de 2003.
• Vinculación docente
28. El alcalde del municipio de Tumaco, mediante el Decreto 029 del 22 de septiembre
de 1976, nombró a la señora Rosa Duque como maestra municipal de la Escuela
Achotal Río Mira. La demandante tomó posesión del cargo el 22 del mismo mes y año
y laboró hasta el 30 de junio de 198818.
29. Según constancia expedida el 6 de diciembre de 2010 por el rector del colegio
Jorge Eliécer Gaitán, la señora Rosa Duque laboró como docente en esa institución,
así19:
• «Contrato 238 de enero de 1990, del 24 de enero de 1990 al 5 de junio de 1990.
Duración 5 meses».
• «Contrato 093 del 1 de agosto de 1990, del 1 de septiembre de 1990 al 1 de
julio de 1991. Duración 10 meses».
17 Samai, Gestión en otros despachos, Tribunal, índice 58, expediente digital, archivo «11 - Digitalizacion - Contrato
104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) NroActua 58», folio 23.
18 Samai, Gestión en otros despachos, Tribunal, índice 58, expediente digital, archivo «11 - Digitalizacion - Contrato
104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) NroActua 58», folio 51.
19 Samai, Gestión en otros despachos, Tribunal, índice 58, expediente digital, archivo «11 - Digitalizacion - Contrato
104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) NroActua 58», folio 52.
9
Radicación: 76001-23-33-000-2019-01094-01 (6876-2024)
Demandante: Rosa Duque
Demandado: UGPP
• «Contrato 000140 del 19 de septiembre de 1991, del 19 de septiembre de 1991
al 19 de julio de 1992. Duración 10 meses».
• «Contrato 084 del 1 de octubre de 1992, del 1 de noviembre de 1992 al 1 de
julio de 1993. Duración 8 meses».
30. Se encuentra en el plenario el Decreto 2882 del 16 de diciembre de 1993, firmado
por el gobernador, el secretario de educación y el representante del Fondo Educativo
Regional, mediante el cual se acredita el nombramiento de la actora en el colegio Cristo
Maestro, municipio de Cali. La demandante tomó posesión del cargo el 3 de enero de
1994, según consta en el acta de esa fecha, suscrita por el gobernador de la época 20.
31. En el expediente se encuentra la respuesta del municipio de Cali, fechada el 7 de
septiembre de 2022, mediante la cual remitió el Decreto 2282 del 16 de diciembre de
1993 y el acta de posesión. Asimismo, el certificado de tiempos de servicio expedido
por FOMAG del 6 de septiembre de 2022, que señala que su régimen de pensión es
de carácter nacional desde el 3 de enero de 1994, en la institución educativa Cristo
Maestro hasta el 11 de diciembre de 2003.
32. Posteriormente, la actora fue incorporada como docente mediante el Decreto 500
del 21 de octubre de 2003, en el colegio Carlos Holmes Trujillo, desde el 12 de
diciembre de 2003 hasta el 6 de septiembre de 2022, fecha del certificado de tiempos
de servicio expedido por el FOMAG, en el cual se acredita que se encontraba activa y
continuaba con la vinculación de carácter nacional.21
33. Las anteriores vinculaciones se pueden resumir en el siguiente cuadro:
Institución Cargo Acto Período Tiempo
educativa administrativo laborado
de Fecha de Fecha de
vinculación inicio finalización
Escuela Achotal Maestra Decreto 029 22/09/1976 30/06/1988 11 años, 9
Río Mira municipio municipal del 22 de meses y 8 días
de Tumaco septiembre de
1976
Jorge Eliecer Docente Contrato de 24/01/1990 5/06/1990 4 meses y 12
Gaitán prestación de días
servicios 238
de 1990
Jorge Eliecer Docente Contrato de 1/09/1990 1/07/1991 10 meses
Gaitán prestación de
servicios
093 del 1 de
agosto de
1990
20
Samai, Gestión en otros despachos, Tribunal, índice 58, expediente digital, archivo «11 - Digitalizacion - Contrato
104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) NroActua 58», folio 65 y 66.
21 Samai, Gestión en otros despachos, Tribunal, índice 37, expediente digital.
10
Radicación: 76001-23-33-000-2019-01094-01 (6876-2024)
Demandante: Rosa Duque
Demandado: UGPP
Jorge Eliecer Docente Contrato de 19/09/1991 19/07/1992 10 meses
Gaitán prestación de
servicios
000140 del 19
de septiembre
de 1991
Jorge Eliecer Docente Contrato de 1/11/1992 1/07/1993 8 meses
Gaitán prestación de
servicios
084 del 1 de
octubre de
1992
Cristo Maestro Profesor Decreto 2282 3/01/1994 11/12/200322 9 años, 11
de del 16 de meses y 8 días
tiempo diciembre de
completo 1993
Carlos Holmes Profesor Decreto 500 12/12/2003 30/08/201823 14 años, 8
Trujillo de del 21 de meses y 18 días
tiempo octubre de
completo 2003
Total de tiempo de servicio 39 años, 1 mes y
16 días
Cuadro 1. Vinculaciones parte demandante (elaboración propia)
• Actos demandados
34. Mediante la Resolución RDP 021259 de 23 de mayo de 201724, la UGPP le negó
a la señora Rosa Duque el reconocimiento de la pensión gracia.
35. Posteriormente, a través de la Resolución RDP 030840 de 26 de julio de 201825
la UGPP nuevamente le negó a la accionante la pensión gracia. Esta decisión fue
confirmada en la Resolución RDP 041119 de 16 de octubre de 201826, al resolver el
recurso de apelación interpuesto por la demandante.
3.5. Caso concreto
36. En el asunto bajo análisis, la accionante solicita la nulidad de las resoluciones que
le negaron el reconocimiento de la pensión gracia por tratarse de un docente
nacional. La UGPP en los actos demandados expuso que la calidad nacional no daba
derecho al reconocimiento de la referida pensión.
22 Día anterior a la nueva incorporación, según certificado de tiempos de servicio expedido por FOMAG del 30 de
agosto de 2018.
23 Fecha del formato único para la expedición de certificado de historia labora del FOMAG, índice 58, expediente
digital, archivo «11 - Digitalizacion - Contrato 104 DE 2020 - SASI-2020-09 (.zip)(.zip) NroActua 58», folio 53.
24 Samai, Gestión en otros despachos, Tribunal, índice 58, archivo «11 - Digitalizacion - Contrato 104 DE 2020 -
SASI-2020-09 (.zip)(.zip) NroActua 58», folio 24.
25 Samai, Gestión en otros despachos, Tribunal, índice 58, archivo «11 - Digitalizacion - Contrato 104 DE 2020 -
SASI-2020-09 (.zip)(.zip) NroActua 58», folio 35.
26 Samai, Gestión en otros despachos, Tribunal, índice 58, archivo «11 - Digitalizacion - Contrato 104 DE 2020 -
SASI-2020-09 (.zip)(.zip) NroActua 58», folio 46.
11
Radicación: 76001-23-33-000-2019-01094-01 (6876-2024)
Demandante: Rosa Duque
Demandado: UGPP
37.El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la
demanda al considerar que la demandante no tiene derecho al reconocimiento de la
pensión gracia, toda vez que laboró como docente nacional en el colegio «Cristo
maestro», del municipio de Cali, desde el 3 de enero de 1994, como lo certificó la
Secretaría de Educación de Cali.
38. Inconforme con esta decisión, la accionante interpuso recurso de
apelación insistiendo en que su vinculación, a través del Decreto 2882 del 16 de
diciembre de 1993, fue en calidad de docente territorial, en atención a que dicho acto
administrativo fue proferido por el gobernador del departamento del Valle del Cauca
en uso de sus facultades y no en representación del Ministerio de Educación
Nacional; afirmó que por acuerdo con el Fondo Educativo Regional – FER, con
aprobación del Ministerio de Educación Nacional, se dispuso convertir las plazas de
Soluciones Educativas a plazas de docentes de tiempo completo, pero bajo la
administración y presupuesto del Fondo Educativo Regional – FER del Valle del
Cauca.
39. En primer lugar, con el objeto de resolver el recurso de apelación, es importante
destacar que la docente inicialmente tuvo vinculaciones contractuales y
posteriormente se vinculó a la administración pública, a través de una relación legal y
reglamentaria, de modo que la autoridad nominadora expide un acto administrativo de
nombramiento y aquel debe tomar posesión del cargo, tal como lo dispone el artículo
3 del Decreto Ley 2277 de 197927, al indicar que «los educadores que prestan sus
servicios en entidades oficiales de orden nacional, departamental,
distrital, intendencial, comisarial y municipal son empleados oficiales de régimen
especial que, una vez posesionados, quedan vinculados a la administración por las
normas previstas en este decreto».
40. En segundo lugar, en cuanto a la prueba del tiempo de servicio y la vinculación
para tener derecho al reconocimiento de la pensión gracia, la jurisprudencia de la
Sección ha indicado que se deben analizar los tiempos de servicios, el cargo
desempeñado, la dedicación, la clase de plantel y si la vinculación fue nacionalizada,
departamental, distrital y municipal, destacando que «los certificados que se expidan
para acreditar estos requisitos deben ser precisos en los datos fundamentales que
exigen las leyes especiales que regulan esta clase de pensión»28.
41. En el mismo sentido, el fallo de unificación del 21 de junio de 2018 29 determinó
que la calidad de docente oficial se prueba con la copia de los actos de nombramiento,
o en su defecto, con la certificación de la autoridad nominadora que informe de manera
inequívoca sobre el tipo de vinculación.
27 Por el cual se adoptan normas del estatuto docente.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6 de
abril de 2017, exp. 52001 23 31 000 2014 00270 01 (0585-2016), M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, que cita la
sentencia del 19 de enero de 2006, exp. 6024-05, M.P. Tarsicio Cáceres Toro.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018, exp. 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
12
Radicación: 76001-23-33-000-2019-01094-01 (6876-2024)
Demandante: Rosa Duque
Demandado: UGPP
42. En este orden de ideas, en el proceso se acreditó que la señora Rosa
Duque nació 12 de diciembre de 195330 y que inicialmente ejerció la actividad docente
mediante vinculaciones del orden territorial, según certificaciones expedidas por el
alcalde municipal de Tumaco y el rector de la institución educativa Jorge Eliecer
Gaitán, por un tiempo equivalente a 14 años, 5 meses y 20 días, tiempos válidos para
acceder a la pensión gracia, periodo respecto del cual no hay discusión. Luego,
fue nombrada maestra por el gobernador del Valle del Cauca desde el 3 de enero de
1994, a través del Decreto 2882 del 16 de diciembre de 1993, en el colegio Cristo
maestro del municipio de Cali.
43. Posteriormente, fue nombrada docente mediante el Decreto 500 del 21 de octubre
de 2003, en la institución educativa Carlos Holmes Trujillo del municipio de Cali, desde
el 12 de diciembre de 2003 hasta el 30 de agosto de 2018, fecha que corresponde al
certificado de tiempos de servicio expedido por el FOMAG, como quedó acreditado en
el acápite de hechos probados.
44. Ahora bien, el marco de lo debatido en segunda instancia se centra en determinar
si la plaza docente en la que fue nombrada la demandante, a través del Decreto 2882
del 16 de diciembre de 1993, por el gobernador del Valle del Cauca, era nacional o
departamental. Al respecto, el citado decreto se expidió en los siguientes términos:
[…] Que por Resolución No. 03695 de Julio 28 de 1993 y 04271 de agosto 30 de 1993,
emanada del Ministerio de Educación Nacional, se autorizó y se fijaron las condiciones
para la conversión de las Soluciones Educativas Nacionales a plazas docentes de
Tiempo completo.
Que por Acuerdo del Fondo Educativo Regional del Valle del Cauca con aprobación de
la Dirección General de Planeación del sector educativo del Ministerio de Educación se
dispuso la conversión de las Soluciones Educativas a plazas docentes de tiempo
completo con cargo a la Nación, adicionándose a la planta de cargos de los centros
docentes del Nivel Básica Primaria por acuerdo No. ___ del ___ de 1993 de la Junta
Administradora del Fondo Educativo Regional del Valle del Cauca.
DECRETA
ARTÍCULO PRIMERO: Nombrase como profesores de tiempo completo a los siguientes
docentes.
[…]
ARTÍCULO SEGUNDO: los docentes nombrados en el presente Decreto están a cargo
de la Nación y en consecuencia, sus sueldos y prestaciones sociales son las que la
Nación ordenara, así como sus condiciones laborales están sujetas a las normas que
para el efecto tiene o expida el MEN.
30 Samai, Gestión en otros despachos, Tribunal, índice 58, archivo «11 - Digitalizacion - Contrato 104 DE 2020 -
SASI-2020-09 (.zip)(.zip) NroActua 58», folio 23.
13
Radicación: 76001-23-33-000-2019-01094-01 (6876-2024)
Demandante: Rosa Duque
Demandado: UGPP
[…]
45. De lo anterior se desprende que el acto administrativo de nombramiento establece
de manera expresa que los docentes están a cargo de la Nación y que todos los
sueldos y prestaciones serán ordenados por esta y sujetos a las normas que expida el
Ministerio de Educación Nacional.
46. En concreto, la plaza en que fue nombrada la actora pertenecía a Soluciones
Educativas Nacionales y fue convertida a plaza de tiempo completo, a cargo de la
Nación. Sobre el particular, es preciso señalar que las Soluciones Educativas
pertenecen al Plan Nacional de Rehabilitación, cuyo objetivo era reorientar «el gasto
público hacia actividades que, en esencia, buscan elevar la calidad de vida y fortalecer
la estructura productiva»31. El programa de inversión estaba destinado a los sectores
agropecuario, de infraestructura y sociales, este último, destinado a fortalecer
la educación básica, entre otros, así «hacia el sector educativo se canalizan $5.357
millones y la acción se centrará en la educación básica primaria y media vocacional,
con programas integrales de alfabetización y post- alfabetización y provisión de
soluciones educativas»32.
47. Como se observa el Plan Nacional de Rehabilitación se trataba de un programa
de inversión nacional que destinó recursos para las entidades territoriales con el
propósito de fortalecer el servicio educativo, entre otros. En ese contexto,
fue convertida la plaza de Soluciones Educativas a plaza de docente de tiempo
completo para el departamento del Valle del Cauca y el gobernador efectuó el
nombramiento con cargo a la Nación.
48. En este orden de ideas, contrario a lo afirmado por la recurrente, no se evidencia
que, de manera inequívoca, el acto de nombramiento indique que la vinculación era
territorial, dado que la plaza es nacional. Por ello, frente a la duda sobre la naturaleza
de la vinculación, le asistió la razón al Tribunal al solicitar a la Secretaría de Educación
de Cali que certificara el tipo de vinculación de la docente en el colegio Cristo
Maestro33. En respuesta, la citada Secretaría, mediante oficio del 7 de septiembre de
202234, remitió los actos administrativos de nombramiento en propiedad y el Formato
Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 6 de septiembre de
2022, expedido por FOMAG, que establece que su vinculación en instituto educativo
Cristo Maestro y en el colegio Carlos Holmes Trujillo es de carácter nacional.
49.En un caso similar, esta Subsección, mediante sentencia del 27 de febrero de
2025, precisó lo siguiente35:
31 Plan Nacional de Rehabilitación – Política de Inversión 1989-, documento consultado en la página web
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Economicos/2426.pdf.
32 Idem.
33 Auto que decreta pruebas del 25 de agosto de 2022, visible en Samai, Gestión en otros despachos, Tribunal,
índice 28, expediente digital.
34
Samai, Gestión en otros despachos, Tribunal, índice 37, expediente digital.
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27
de febrero de 2025, exp. 44001-23-40-000-2019-00062-01 (5500-2022), M.P. Elizabeth Becerra Cornejo.
14
Radicación: 76001-23-33-000-2019-01094-01 (6876-2024)
Demandante: Rosa Duque
Demandado: UGPP
51. En concreto, la plaza en que fue nombrada la actora pertenecía al Plan Nacional
de Rehabilitación y fue reconvertida a plaza docente permanente, distribuida por la
Coordinación de dicho PNR, acorde con las necesidades de las entidades territoriales.
Ahora bien, el objetivo del PNR era reorientar «el gasto público hacia actividades que,
en esencia, buscan elevar la calidad de vida y fortalecer la estructura productiva». El
programa de inversión estaba destinado a los sectores agropecuario, de
infraestructura, y sociales, este último, destinado a fortalecer la educación básica, entre
otros, así «hacia el sector educativo se canalizan $5.357 millones y la acción se
centrará en la educación básica primaria y media vocacional, con programas integrales
de alfabetización y post- alfabetización y provisión de soluciones educativas».
52. Como se observa el Plan Nacional de Rehabilitación se trataba de un programa de
inversión nacional que destinó recursos para las entidades territoriales con el propósito
de fortalecer el servicio educativo, entre otros. En ese contexto, fueron reconvertidas
13 plazas del citado plan a plazas docentes permanentes para el departamento de La
Guajira y el gobernador efectuó el nombramiento con cargo al presupuesto del FER
vigente.
53. Por otra parte, el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia
Laboral del 15 de agosto de 2018, proferido por la Secretaría de Educación de La
Guajira, indica que la accionante fue docente con régimen de pensiones nacional.
54. En este orden de ideas, contrario a lo afirmado por el recurrente, no se evidencia
que, de manera inequívoca, el acto de nombramiento indique que la vinculación era
territorial, dado que la plaza docente pertenecía a un programa nacional. Por ello, frente
a la duda sobre la naturaleza de la vinculación, asistió la razón al Tribunal al solicitar a
la Secretaría de Educación de La Guajira que certificara el tipo de vinculación de la
docente en la Institución Educativa El Tablazo. En respuesta, la citada Secretaría,
mediante certificación del 20 de septiembre de 2021, informó que era nacional la plaza
docente en el Centro Educativo el Tablazo.
50. Así las cosas, del análisis del acto de nombramiento contenido en el Decreto 2282
del 16 de diciembre de 1993, se confirma que la plaza docente en la institución
educativa Cristo Maestro era de carácter nacional.
51. En cuanto al nombramiento en el colegio Carlos Holmes Trujillo, únicamente se
cuenta con el certificado de tiempos de servicio expedido por el FOMAG, en el cual se
indica que la vinculación es de carácter nacional, motivo por el cual la demandante no
cumplió con la carga que le corresponde para acreditar lo contrario.
52. Al respecto la sentencia de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201836, sobre
la calidad de docente territorial indicó que «se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo», a falta de este, el tipo de vinculación se
puede acreditar con la «certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de
manera inequívoca» del hecho objeto de prueba. A partir de la aplicación de dicha
36
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
15
Radicación: 76001-23-33-000-2019-01094-01 (6876-2024)
Demandante: Rosa Duque
Demandado: UGPP
pauta al caso bajo estudio y en consonancia con la carga de la prueba, regulada en el
inciso primero del artículo 167 del Código General del Proceso37, se tiene que la parte
accionante no acreditó que los nombramientos a través de los decretos 2282 del 16
de diciembre de 1993 y 500 del 21 de octubre de 2003, hayan sido en una plaza
nacionalizada o territorial.
53. En consecuencia, los tiempos laborados desde el 3 de enero de 1994 al 30 de
agosto de 2018 en la institución educativa Cristo Maestro y en el colegio Carlos Holmes
Trujillo no se pueden sumar para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, dado
que esta excluye de sus beneficiarios a los maestros nacionales.
54. Por lo anterior, en respuesta al problema jurídico se establece que la demandante
no tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia, toda vez que los tiempos de
servicios como docente nacional no se pueden computar, comoquiera que la referida
pensión exige al menos 20 años de servicios como maestro nacionalizado, territorial o
municipal. En este sentido, se pronunció la Sala Plena de lo Contencioso–
Administrativo del Consejo de Estado en sentencia S-699 de 29 de agosto de 199738,
al considerar que «dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados».
55. Igualmente, el fallo de unificación SUJ-11-S2 de 21 de junio de 201839,
determinó que para el reconocimiento de la pensión gracia se requiere haber prestado
los servicios por 20 años en planteles departamentales, distritales o municipales.
56. En este orden de ideas, los reparos presentados por la apelante no son de
recibo. En consecuencia, se confirmará el fallo del Tribunal que negó las pretensiones
de la demanda.
3.6. Costas
57.La presente providencia acoge el criterio de interpretación mayoritario 40 de la
Subsección sobre el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que para
37 Código General del Proceso. Art. 167: Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen (…).
38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia S-699 de 29 de agosto de
1997, magistrado ponente, Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia SUJ2-011-S2 de 21 de
junio de 2018. radicado 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014). M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Actora:
Gladys Amanda Hernández Triana.
40 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de
procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no excluye la
aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente
aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben ser valoradas
por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la eventual
responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del artículo 188
no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos en los que se
ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que
se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes enunciados son
16
Radicación: 76001-23-33-000-2019-01094-01 (6876-2024)
Demandante: Rosa Duque
Demandado: UGPP
decretar la condena en costas debe verificarse que la parte vencida actuó de manera
temeraria o de mala fe. Por lo tanto, no hay lugar en el caso bajo estudio a imponer
dicha condena en esta instancia, en atención a que no se advierte que la parte
actora haya incurrido en las anteriores conductas.
3.6. Conclusión
58. La Subsección concluye, a partir del estudio de la normativa que regula la pensión
gracia, de los precedentes jurisprudenciales del Consejo de Estado y de la valoración
conjunta de las pruebas aportadas, que la señora Rosa Duque no tiene derecho al
reconocimiento de dicha pensión, dado que no se acreditó que su vinculación con la
docencia oficial, del 3 de enero de 1994 en adelante, en la institución educativa Cristo
Maestro y en el colegio Carlos Holmes Trujillo fue en calidad de docente del orden
territorial.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia dictada el 26 de septiembre de 2024 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Decisión, que negó las
pretensiones de la demanda presentada por la señora Rosa Duque contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP).
SEGUNDO: Sin condena en costas en segunda instancia.
TERCERO: Devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones en
el Sistema de Gestión Judicial Samai.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial
como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la
Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para
imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta temeraria o de mala fe de las partes a
la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su causación, esto es, un criterio
objetivo- valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección
Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-
2013-00022-01 (1291-14).
17
Radicación: 76001-23-33-000-2019-01094-01 (6876-2024)
Demandante: Rosa Duque
Demandado: UGPP
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai. En
consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, a través del siguiente
enlace https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
18
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.