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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2019-00134-01

Fecha
20 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 44001-23-40-000-2019-00134-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. – REVOCAR integralmente la sentencia del Veintiséis (26) de agosto de Dos mil Veintidós (2022), por medio de la cual, el Tribunal Administrativo de la Guajira, accedió a las pretensiones de la demanda las pretensiones de la demanda promovida por Emilio Rafael Sarmiento Montenegro, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia, se dispone. SEGUNDO. - NEGAR las pretensiones de la demanda promovida por Emilio Rafael Sarmiento Montenegro, conta la UGPP. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO. - Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. 17 Nº Interno: 1875-2023 Demandante: Emilio Rafael Sarmiento Montenegro Demandada: UGPP

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 44001-23-40-000-2019-00134-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

20 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, Veinte (20) de noviembre de Dos mil Veinticinco (2025)

Radicado: 44001-23-40-000-2019-00134-01 (1875-20231)
Demandante: Emilio Rafael Sarmiento Montenegro
Demandada: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -
UGPP
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de
2011
Tema: Reconocimiento de pensión gracia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia del Veintiséis (26) de agosto de Dos Mil Veintidós (2022),
proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES
1. La demanda2.

1.1. Pretensiones.

Emilio Rafael Sarmiento Montenegro, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho3, previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA, para
solicitar la nulidad de la Resolución No. RDP 007647 del Siete (7) de marzo y
del Auto 003233 del Quince (15) mayo, ambos de Dos Mil Diecinueve (2019),
por medio de las cuales, la demandada negó el reconocimiento y pago de la
pensión gracia al demandante.

A título de restablecimiento del derecho, pidió que se condene a la
demandada a: (i) reconocer la pensión gracia a partir del cumplimiento del
estatus, esto es, el Nueve (9) de febrero de Dos Mil Catorce (2014), cuyas

1
Expediente digital, disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=440012340000201900134011100103
2
Idem
3
Expediente digital.

2

Nº Interno: 1875-2023
Demandante: Emilio Rafael Sarmiento Montenegro
Demandada: UGPP

mesadas deben ser sufragadas en forma indexada con base en el índice de
precios al consumidor; (ii) dar cumplimiento la sentencia en los términos del
artículo 192 del CPACA, (iii) al pago de interés moratorios y (iv) se condene
en costas y agencias en derecho a la UGPP.

1.2. Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

El demandante manifestó que nació el Dieciocho (18) de noviembre de Mil
Novecientos Cincuenta y Tres (1953), y puso de presente que prestó sus
servicios como educador nacionalizado por más de 20 años, funciones que
desempeñó con honestidad, idoneidad y buen crédito, desde el Diecinueve
(19) de marzo de Mil Novecientos Setenta y Ocho (1978), vinculado por el
gobernador de la Guajira.

El señor Emilio Rafael Sarmiento Montenegro sostuvo que adquirió el estatus
pensional el Nueve (9) de febrero de Dos Mil Catorce (2014), cuando completó
20 años de servicios y, al considerar que cumplía con los requisitos legales,
solicitó a la UGPP el reconocimiento y pago de la pensión gracia, petición
negada con los actos administrativos demandados, al considerar que los
tiempos de servicio acreditados son del orden nacional.

1.3. Normas violadas y concepto de violación.

La parte demandante invocó como normas violadas, las siguientes: de la
Constitución Política, los artículos 1°, 2°, 4°, 5°, 13, 46, 48, 53, 58 y 336; los
artículos la Ley 114 de 1913, artículos 1, 3, 4; de la Ley 116 de 1928, articulo
6; los artículos 1°y 15 de la Ley 91 de 1989; el artículo 3° del decreto Ley 2277
de 1979

El accionante, en resumen, expuso que con la expedición de los actos
enjuiciados, la UGPP desconoció el ordenamiento jurídico, puesto que, con las
pruebas aportadas acreditó el cumplimiento de todos los requisitos legales
para acceder al reconocimiento de la pensión gracia.

Lo anterior puesto que, cumplió 50 años de edad, prestó sus servicios como
docente oficial con carácter nacionalizado, posee una vinculación a la
docencia oficial con anterioridad al Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil

3

Nº Interno: 1875-2023
Demandante: Emilio Rafael Sarmiento Montenegro
Demandada: UGPP

Novecientos Ochenta (1980).

2. Contestación de la demanda.

La accionada se opuso a las pretensiones de la demanda4, afirmó que al actor
no le asiste derecho al reconocimiento de la pensión gracia al no cumplir los
requisitos exigidos en la ley, en concreto, no demostró los 20 años de servicio
como maestro oficial, con carácter departamental, municipal o distrital, o de
docente nacionalizado; pues, su vinculación fue del orden Nacional.

Como excepciones propuso las que denominó: falta de requisitos pensionales o
inexistencia de la obligación y prescripción.

3. La sentencia de primera instancia.

El Tribunal Administrativo de La Guajira, mediante sentencia del Veintiséis (26)
de agosto de Dos mil Veintidós (2022)5, accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

El A-quo sostuvo que se acreditó que el actor se vinculó a la docencia con
anterioridad al Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil Novecientos Ochenta
(1980), en relación con el tipo de vinculación, argumentó que se encuentra que
el actor prestó sus servicios en la escuela rural mixta La Europa del municipio
de Codazzi, designado por la Resolución 00880 emanada del gobernador del
Cesar y que, a pesar, que en este acto no queda claro el tipo de vinculación,
en el certificado de historia laboral se evidencia que se trató de un maestro con
vinculación territorial.

El juzgador sostuvo que, en relación con los demás requisitos, el actor acreditó
la edad, pues, nació el Dieciocho (18) de noviembre de Mil Novecientos
Cincuenta y Tres (1953), por lo que cumplió 50 años en esa fecha, pero del
2003 y los 20 años de servicio docente los completó, toda vez que, fue
designado como docente en propiedad por la Secretaría de Educación del
departamento de la Guajira, desde el Nueve (9) de marzo de Mil Novecientos
Noventa y Cuatro (1994).

4
Expediente digital
5
ibidem

4

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Demandante: Emilio Rafael Sarmiento Montenegro
Demandada: UGPP

Así las cosas, el tribunal encontró cumplidos los requisitos legales para el
reconocimiento y pago de la pensión gracia, por lo que declaró la nulidad de
los actos demandados y, en consecuencia, ordenó el reconocimiento,
liquidación de la prestación con el promedio de lo devengado durante el año
inmediatamente anterior a la adquisición al estatus pensional, y el pago de las
mesadas causadas desde el Doce (12) de septiembre de Dos Mil Quince
(2015), sumas que deberán ser indexadas.

Declaró prescritas las mesadas causadas con anterioridad al Doce (12) de
septiembre de Dos Mil Quince (2015), puesto que, el demandante completó
los 20 años de servicios el Nueve (9) de febrero de Dos Mil Catorce (2014), la
reclamación fue presentada el Doce (12) de septiembre de Dos Mil Dieciocho
(2018) y la demanda se radicada el Diecinueve (19) de septiembre de Dos Mil
Diecinueve (2019).

4. El recurso de apelación.

La parte demandada6 interpuso recurso de apelación, en concreto, los
argumentos del recurso, fueron los siguientes:

1. El Tribunal al expedir la sentencia no tuvo en cuenta las pruebas
documentales aportadas, en las que se corrobora que la vinculación del
demandante fue de carácter Nacional.

2. La calidad de docente territorial no se reduce a la prestación de
servicios a un ente de tal naturaleza, puesto que, debe ponderarse la
vinculación y establecerse si la remuneración provenía del nivel central
sin nexo vínculo con la Nación, por ello, al no haberse acreditado que
la remuneración provenía de las entidades territoriales, las pretensiones
debieron ser despachadas desfavorablemente ante esa falta de certeza
en el cumplimiento de los requisitos legales.

3. La UGPP sostuvo que, el numeral 2° del artículo 15 de la Ley 91 de
1989 precisó que son los docentes vinculados al 31 de diciembre de
1980 los que tienen derecho al reconocimiento de la pensión gracia,

6
Expediente digital, índice 2 Samai

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Nº Interno: 1875-2023
Demandante: Emilio Rafael Sarmiento Montenegro
Demandada: UGPP

situación que no se configura en el caso del actor, dado que, tuvo una
sola vinculación en el ejercicio de la docencia, antes de esa fecha, que
corrió desde el Diecinueve (19) de marzo de Mil Novecientos Setenta y
Ocho (1978), de ahí que, al veintinueve (29) de diciembre de mil
novecientos ochenta y nueve (1989) no fungía como docente vinculado
como establece la norma.

5. Trámite de segunda instancia

En auto del Treinta y Uno (31) de agosto de Dos Mil Veintitrés (2023)7, el
despacho sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandada, conforme a lo establecido en el numeral 3º del artículo 67 de la
Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En ese orden de ideas y al
no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el Despacho prescindió
del periodo para correr traslado a las partes para alegar.

5.1. Concepto del Ministerio Público

El Procurador 3° Delegado ante esta Corporación quien funge como agente
del ministerio público en este proceso solicitó que se confirmara la sentencia
de primera instancia, porque se encuentra acreditado en el proceso que el
demandante ingresó al servicio docente en el año 1978, antes del límite para
adquirir el derecho a la pensión gracia, en virtud de nombramiento del
gobernador del Cesar y posteriormente por el de la Guajira y, por ello, estas
designaciones se enmarcan en la definición legal de docente territorial, lo que
permite la acumulación de tiempos para acceder al reconocimiento de la
pensión gracia.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De

7
Índice 5 aplicativo Samai, Consejo de Estado, en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=440012340000201900134011100103

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Nº Interno: 1875-2023
Demandante: Emilio Rafael Sarmiento Montenegro
Demandada: UGPP

igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP) 8, el
juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación.

2. Problema jurídico

La Sala deberá establecer, si el señor Emilio Sarmiento Montenegro acreditó
los requisitos de la Ley 114 de 1913 y demás normas concordantes, para
acceder al reconocimiento de la pensión gracia.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia; y 2.2.
Caso concreto.

2.1. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia.

En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación
especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a
su esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad
educativa cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras
exigencias. Su regulación normativa se condensa en los siguientes párrafos:

El artículo 1º de la Ley 114 de 19139 consagró por primera vez la pensión gracia
a los maestros de escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio
por un término no menor de veinte años. El numeral 3° del artículo 4° de esta
norma determina que, para gozar de la gracia de la pensión, es preciso que el
interesado compruebe «que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa
de carácter nacional (…)».

Posteriormente, la Ley 116 de 192810 amplió el beneficio de la pensión gracia a

8
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso,
el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas
y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera
indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales
deberán alegarse durante la audiencia.»
9
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
10
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».

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Demandante: Emilio Rafael Sarmiento Montenegro
Demandada: UGPP

los maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así: «Artículo 6º.
Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de Instrucción Pública
tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de 1913 y demás que a
ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en
diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de la normalista,
pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección.»

Al remitirse la norma transcrita a la Ley 114 de 1913, dejó incólume la exigencia
de no recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a la pensión
gracia de jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en la
Constitución Nacional de 1886 de recibir doble asignación del erario, limitación
que también consagra el artículo 128 de la Carta actual11.

La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 199812,
con ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º
(parcial) y 4°(numeral 3°) de la Ley 114 de 1913, expresó que, en cuanto al aparte
acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913, que consagra como requisito para
gozar de la pensión de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente otra pensión o
recompensa de carácter nacional, no vulnera la Constitución Política, por las facultades que
la misma carta confirió al legislador para regularla.

Dijo, además que los recursos del Estado para el pago de las prestaciones
sociales son limitados, por ello, es legítimo establecer condiciones para
acceder a esta pensión.

A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43
de 197513, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la
Nación, porque, como lo dispuso esta normativa, «la educación primaria y
secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación». Como consecuencia de

esta transformación, ya no existirían diferencias salariales entre los distintos
docentes del sector oficial.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15° (ordinal 2º), respecto

11
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una
asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el
Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de
las entidades territoriales y el de las descentralizadas».
12
M. P. Carlos Gaviria Díaz.
13
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los
departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una
participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».

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Demandante: Emilio Rafael Sarmiento Montenegro
Demandada: UGPP

de las pensiones, dispuso que, los docentes vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980, que, por disposición de las leyes 114 de 1913, 116 de
1928, 37 de 1933, y demás normas que las hubiesen desarrollado o
modificado; y tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les
reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos.

Así mismo, precisó que, para los docentes vinculados a partir del 1º de enero
de 1981, nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir
del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se
reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario
mensual promedio del último año.

Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el
reconocimiento de la pensión gracia; seguramente por la razón antes
enunciada, esto es, por quedar todos los docentes vinculados con la Nación.
Por ello, se acata el criterio expuesto por la sala plena de esta Corporación en
fallo de 26 de agosto de 199714, en el sentido que el artículo 15 (numeral 2°)
de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no desconocer los
derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de los
docentes nacionalizados.

Recientemente, la Sección Segunda de esta Colegiatura se ocupó de dilucidar
la interpretación aplicable de la letra a del numeral 2° del artículo 15 de la
mencionada Ley 91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CE-
S2-2021 de 11 de agosto de 2022, expediente 15001-23-33-000-2016-00278-
01 (3018-2017), en la que precisó que se puede acceder a la pensión gracia
antes y después del veintinueve (29) de diciembre de mil novecientos
ochenta y nueve (1989), siempre que se acredite una vinculación anterior al
31 de diciembre de 198015.

14
En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo: i) esta disposición se refiere de manera exclusiva a aquellos
docentes departamentales o regionales, y municipales que quedaron comprendidos en el proceso de nacionalización;
ii) la norma reguló una situación transitoria porque su propósito fue colmar las expectativas de los docentes vínculos
hasta el 31 de diciembre de 1980 e involucrados en el proceso de nacionalización de la educación primaria y
secundaria; iii) para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado después de la fecha a que se acaba de
hacer referencia, no existe la posibilidad del reconocimiento de tal pensión. Expediente S-699 del 26 de agosto de
1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda.
15
Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo SU-14 de 2020 , esa disposición «(…)
«solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores
de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes
oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación [después del 29 de diciembre de 1989,] siempre que se
hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho

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Nº Interno: 1875-2023
Demandante: Emilio Rafael Sarmiento Montenegro
Demandada: UGPP

De acuerdo con las anteriores normativa y jurisprudencia, nótese que en
criterio de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable
conceder la pensión gracia a quien, pese a colmar los requisitos con
posterioridad al 29 de diciembre de 1989 (entrada en vigor de la Ley 91 de ese
año), sirvió al sector educativo antes del 31 de diciembre de 1980, umbral que
precisamente previó el legislador como plazo máximo para iniciar tales labores
y, por ende, ser acreedor de esa prestación.

De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es
indispensable acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
establecidos en la normativa que la regula, entre los que se encuentran, haber
prestado los servicios como docente en planteles departamentales,
distritales o municipales por un término no menor de veinte (20) años y
que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; cumplir
cincuenta (50) años de edad; y desempeñarse con honradez,
consagración y buena conducta.

2.2. Caso concreto.

La Sala entrará a revisar el cumplimiento de los requisitos por parte de Emilio
Rafael Sarmiento Montenegro, para establecer si le asiste razón para reclamar
la pensión gracia.

Edad .-. Según el registro civil, y la cédula de ciudadanía, el demandante nació
el Dieciocho (18) de noviembre de Mil Novecientos Cincuenta y Tres (1953)16,
por lo que, para la fecha de la reclamación (12 de septiembre de 2018), ya
contaba con más de 50 años, cumplidos en el Dos mil Tres (2003).

Buena conducta: la parte demandante aportó copia del certificado ordinario
de antecedentes disciplinarios emitido por la Procuraduría General de la
Nación, el Nueve (9) de julio de Dos mil Dieciocho (2018), en el que se señaló
la ausencia de sanciones e inhabilidades vigentes, además, la Sala destaca
que, este hecho, no ha sido materia de controversia.

entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su
estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».
16
Expediente digital, anexos a la demanda

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Nº Interno: 1875-2023
Demandante: Emilio Rafael Sarmiento Montenegro
Demandada: UGPP

Vinculación a la docencia territorial o nacionalizada antes del 31 de
diciembre de 1980.

Para acreditar el cumplimiento de este requisito la Sala advierte que, el señor
Emilio Sarmiento anexó: el Acta de posesión del Veinte (20) de septiembre
de Mil Novecientos Setenta y Ocho (1978)17, por la que tomó posesión del
cargo como maestro, designado por Resolución No. 0880 de ese mismo año.
En el acta se precisó que, la diligencia surtía efectos desde el Diecinueve (19)
de marzo de Mil Novecientos setenta y Ocho (1978).

Asimismo, el Formato Único para la expedición de historia laboral de la
secretaría Departamental de Valledupar, en el que se consignó que, el
demandante prestó sus servicios como docente en la Escuela Rural Mixta de
la Aurora, desde el Diecinueve (19) de marzo de Mil Novecientos Setenta y
Ocho (1978), hasta el Dieciocho (18) de abril de esa misma anualidad,
designado por Decreto 0880 del Doce (12) de Junio de Mil Novecientos
Setenta y Ocho (1978).

Aun cuando, con la demanda se aportó el Decreto 0880, del Doce (12) de
Junio de Mil Novecientos Setenta y Ocho (1978), lo cierto es que se encuentra
incompleto, por consiguiente, no se enlista como prueba para acreditar el
requisito.

Sin embargo, para la Sala, el demandante acreditó el requisito de la
vinculación a la docencia oficial, antes Treinta y Uno (31) de diciembre de Mil
Novecientos Ochenta (1980), con el acta de posesión y el Formato Único para
la expedición de historia laboral.

Ahora bien, sobre el reparo de la UGPP, en el sentido de señalar que, el
interesado debía estar vinculado a la docencia oficial, para el Treinta y uno
(31) de diciembre de Mil Novecientos Ochenta y Nueve (1989), no son de
recibo, pues, como se señaló en el marco normativo y jurisprudencial, se
puede acceder a la pensión gracia antes o después de esta fecha, siempre

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Documentos anexos a la demanda, expediente digital

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Nº Interno: 1875-2023
Demandante: Emilio Rafael Sarmiento Montenegro
Demandada: UGPP

que se acredite una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1980 18.Como
se dijo, esta vinculación se encuentra acreditada.

Prestación del servicio docente territorial o nacionalizada por veinte
años.

Para acreditar el cumplimiento de este requisito, la Sala advierte que, en el
dosier procesal se encuentran los siguientes documentos:

La Sala destaca que, con la demanda, el accionante aportó el Decreto No. 023
de del Tres (3) de febrero de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), por
medio del cual, el gobernador del departamento de La Guajira lo designó como
docente del colegio nacional Roque de Alba, en el municipio de Villanueva
(La Guajira).

Asimismo, el señor Emilio Rafael Sarmiento Montenegro trajo al plenario, el
acta de posesión del Nueve (9) de Marzo de Mil Novecientos Noventa y Cuatro
(1994)en la que se consignó lo que se observa en la imagen:

18
Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo SU-14 de 2020 , esa disposición «(…)
«solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a la cual, los profesores
de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los inspectores de instrucción pública y los docentes
oficiales de secundaria aún podrían acceder a la prestación [después del 29 de diciembre de 1989,] siempre que se
hubiesen vinculado hasta el 31 de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho
entendimiento, se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó su
estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989».

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Nº Interno: 1875-2023
Demandante: Emilio Rafael Sarmiento Montenegro
Demandada: UGPP

El formato para la expedición de historia laboral, en el que, sobre esta
vinculación incluyó lo siguiente:

El despacho sustanciador del proceso advirtió inconsistencias en el acta de
posesión del Nueve (9) de marzo de Mil Novecientos Noventa y Cuarto (1994),
toda vez que, el nombre que en esta diligencia se consignó, no corresponde
al demandante y, además, se dijo que la posesión era como docente del
tiempo completo del Instituto de Formación Social del Sur de Villanueva,
cuando el nombramiento se hizo para el colegio nacional Roque de Alba,
dispuso, mediante prueba de oficio, requerir a la secretaria de Educación de
la Guajira, para que remitiera copia íntegra de este documento.

La Secretaría de Educación de la Guajira, el Veinte (20) de octubre de Dos Mil
Veinticinco (2025)19, aportó el acta anotada en precedencia que se observa en
la siguiente imagen:

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Índice 37 Samai Consejo de Estado

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Nº Interno: 1875-2023
Demandante: Emilio Rafael Sarmiento Montenegro
Demandada: UGPP

El Municipio de Riohacha aportó20 al proceso la Resolución No. 023, del Tres
(3) de febrero de Mil Novecientos Noventa y Cuatro (1994), por medio de
la cual, el gobernador del departamento de La Guajira designó al demandante
como docente de vocacionales, en el colegio nacional Roque de Alba, así
como, el acta de posesión del Nueve (9) de marzo de Mil Novecientos Noventa
y Cuatro (1994).

También reposa en el plenario, el Formato Único para la Expedición de Historia
Laboral de la Secretaría de Educación del Distrito de Riohacha, expedido el
Veinte (20) de octubre de Dos Mil Veinticinco (2025). En el que se consignó
que el demandante prestó sus servicios como docente de básica secundaria,
con régimen de pensiones nacional, desde el Nueve (9) de marzo de Mil
Novecientos Noventa y Cuatro (1994) hasta el Treinta y Uno (31) de marzo de

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Índice 37 Samai Consejo de Estado

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Demandante: Emilio Rafael Sarmiento Montenegro
Demandada: UGPP

Dos Mil Veinte (2020), cuando se retiró voluntariamente del servicio.

La Oficina Jurídica del Departamento de la Guajira, certificó que: “el colegio
Roque de Alba, fue creado a través de la Ley 17 de 1961, bajo dependencia del Ministerio de
Educación, Intendencia nacional de la Guajira, a partir del 1 de enero de 1963 (…)”21. La Ley

17 de 1964 dispuso lo siguiente:

Artículo1° “Crease el Colegio de Bachillerato para Varones, que bajo la dependencia
del Ministerio de Educación, funcionar en Villanueva, intendencia Nacional de la
Guajira, a partir del 1° de enero de 1963.

Artículo 2º. Autorizase al Ministerio de Educación para aceptar del Municipio de
Villanueva, Intendencia Nacional de la Guajira, en carácter de cesión, el edificio en
construcción y el respectivo lote, destinados a un colegio de segunda enseñanza,
para que en ellos funcione el plantel educativo que por esta Ley se crea; para
terminar su construcción y hacer la dotación necesaria al efecto.

Artículo 3º. Las partidas indispensables para la terminación del edificio del Colegio
de Bachillerato de Villanueva, para varones, así como las de su dotación y
funcionamiento, se incluirán en el Presupuesto de cada vigencia, a partir del
ejercicio fiscal de 1964. El Gobierno queda autorizado, en caso contrario, para hacer
las operaciones necesarias a fin de subsanar la omisión que en tal sentido ocurriere.

Artículo 4º. El Colegio creado por esta Ley se denominará "Roque de Alba", en
memoria del fundador de Villanueva.

Artículo 5º. Aprópiense en el Presupuesto Nacional de la vigencia de 1964 las
partidas siguientes:

a) Para llevar a cabo la segunda etapa de la construcción del Colegio de Bachillerato
para Varones, de Villanueva, Intendencia Nacional de la Guajira, quinientos mil
pesos ($500.000).

b) Para dotación y funcionamiento en el año de 1964, del Colegio de Bachillerato
para Varones, de Villanueva, Intendencia Nacional de la Guajira, trescientos mil
pesos ($300.000).

Parágrafo. La construcción de la segunda etapa de que trata el ordinal a), se hará
en desarrollo de los planos mediante los cuales se ejecutó la primera etapa, los que
tienen la aprobación del Ministerio de Educación Nacional.

Vistas así las cosas, la Sala recuerda que el reconocimiento de la pensión
gracia ha sido objeto de múltiples pronunciamientos jurisprudenciales de la
sección Segunda, en concreto, la Sentencia del Veintiuno (21) de junio de Dos
Mil Dieciocho (2018)22, entre otras cosas, fijó la siguiente regla de
interpretación:

“(…) (ii) la calidad de docente territorial o nacionalizado es otorgada por la ley, y no
se pierde, o cambia a nacional, cuando en el acto de vinculación del docente haya
intervenido el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional ante el

21
Expediente digital descargado, archivo 58, denominado contestación a requerimiento
22
Expediente: 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-14) MP Carmelo Perdomo Cueter

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respectivo fondo educativo regional o haya certificado la disponibilidad presupuestal
o la vacancia definitiva del cargo;

(iii) en consecuencia, lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
aludida prestación, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de
carácter territorial o nacionalizada, pues en lo que respecta a los educadores
territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas
endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal— cuando
se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales, y en lo que
tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos
generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy sistema general de
participaciones(…)”.

En consecuencia, para el reconocimiento de la pensión gracia, es necesario
que el docente sea territorial, esta calidad fue definida por el artículo 1° de la
Ley 91 de 1989, de la siguiente manera:

Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno
Nacional. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento
de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta
fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. Personal territorial.
Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1
de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de
la Ley 43 de 1975.

Ahora bien, de la revisión detallada del acto de vinculación se advierte que, se
encuentra titulado como Ministerio de Educación Nacional, no lo firma el
delegado del Fondo Educativo Regional, ni el gobernador actúa en ese
carácter, por tanto, no se evidencia que se haya realizado en ejercicio de la
facultad nominadora del gobernador, sino que se trata de un nombramiento
imputable a la nación, para un colegio de orden nacional, no hay evidencias
de haber sido objeto de un proceso de nacionalización.

Por lo anterior, el tiempo de servicios desde el Nueve (9) de marzo de Mil
Novecientos Noventa y cuatro (1994), en adelante, contrario a lo manifestado
por el A-quo, no puede ser contabilizado para el reconocimiento de la pensión
gracia a favor del demandante, por tratarse de una vinculación nacional.

En este orden de ideas, el señor Emilio Rafael Sarmiento Montenegro
solamente acreditó 30 días en calidad de educador nacionalizado, pues, fue
vinculado el Diecinueve (19) de marzo de Mil Novecientos setenta y Ocho
(1978), hasta el Dieciocho (18) de abril de Mil Novecientos Setenta y Ocho
(1978), para cubrir una licencia de 30 días por el gobernador del departamento
del César.

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Demandante: Emilio Rafael Sarmiento Montenegro
Demandada: UGPP

Por lo tanto, para la Sala es claro que, el demandante no logró acreditar la
prestación del servicio docente oficial como territorial o nacionalizado, por
veinte (20) años, puesto que, solamente pueden ser tenidos en cuenta los
tiempos de servicios con ese carácter. Razón suficiente para revocar la
sentencia apelada, en los precisos términos indicados en la parte motiva de
esta providencia.

2.5 Condena en costas.

Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses es de decir,
no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, por tanto, no se condenará en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. – REVOCAR integralmente la sentencia del Veintiséis (26) de
agosto de Dos mil Veintidós (2022), por medio de la cual, el Tribunal
Administrativo de la Guajira, accedió a las pretensiones de la demanda las
pretensiones de la demanda promovida por Emilio Rafael Sarmiento
Montenegro, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia. En consecuencia, se dispone.

SEGUNDO. - NEGAR las pretensiones de la demanda promovida por Emilio
Rafael Sarmiento Montenegro, conta la UGPP.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO. - Por Secretaría, devolver el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

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Demandante: Emilio Rafael Sarmiento Montenegro
Demandada: UGPP

NOTIFÍQUESE YCÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA

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