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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00238-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 76001-23-33-000-2021-00238-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR integralmente la sentencia del Veintinueve (29) de Mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024), por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 23 Se aporta respuesta por parte de las oficiadas, la cual obra a índice 00025 y 00027 del aplicativo samai, en la cual se aporta, certificado de historia laboral, expediente laboral de la demandante, incluida la Resolución 153Bis del 20 de octubre de 1977 (que ya obraban en el expediente) e historia de la institución educativa Antonia Santos. Debiendo precisarse que, la Resolución No. 153 bis del 20 de octubre de 1977, corresponde al mismo documento, en cuanto a calidad de imagen que el aportado en el expediente. 24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 20 de noviembre de 2025. Rad. 44001-23-40-000-2019- 00134-01 (1875-2023) CP. Jorge Edison Portocarrero Banguera. 21 Número Interno: 0703-2025 Demandante: Beatriz Mercedes Maya Galeano Demandada: UGPP SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 76001-23-33-000-2021-00238-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D. C., Siete (7) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado 76001-23-33-000-2021-00238-01 (0703-20251)
Demandante Beatriz Mercedes Maya Galeano
Demandada Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)
Medio de control Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema Pensión gracia
Decisión Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia del Veintinueve (29) de Mayo de Dos Mil Veinticuatro (2024), proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca2, que negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda3

1.1.1 Pretensiones

1. La señora Beatriz Mercedes Maya Galeano, a través de apoderado judicial, acudió a
la Jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar la nulidad de los siguientes actos
administrativos, a través de los cuales, la entidad demandada le negó el reconocimiento
de una pensión gracia:

1
Expediente electrónico.
2
M.P. Andrés González Arango.
3
Expediente digitalizado, visible en el índice 00019 de Samai. Actuaciones del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

Número Interno: 0703-2025
Demandante: Beatriz Mercedes Maya Galeano
Demandada: UGPP

i) Resolución No. RDP 040240 del cinco (5) de octubre de dos mil dieciocho
(2018).
ii) Auto No. ADP 000054 del tres (3) de enero de dos mil diecinueve (2019).

iii) Auto No. ADP 004088 del diecisiete (17) de junio de dos mil diecinueve (2019).

iv) Resolución No. RDP 022514 del dos (2) de octubre de dos mil veinte (2020).

v) Resolución No. RDP 027543 del treinta (30) de noviembre de dos mil veinte
(2020).

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de la
pensión gracia, con la inclusión del promedio de todos los factores salariales causados
en el año inmediatamente anterior a la fecha del estatus de pensionada, con el respectivo
retroactivo y los intereses moratorios, conforme a lo previsto en los artículos 187, 189 y
195 de la Ley 1437 de 2011 y 141 de la Ley 100 de 1993.

3. Solicitó, además, que se declare la prescripción de las mesadas causadas con
anterioridad al veintidós (22) de agosto de dos mil quince (2015), el ajuste de las mesadas
conforme al IPC certificado por el DANE y que se condene en costas procesales a la
entidad demandada.

1.1.2 Hechos

4. La demandante señaló que, laboró como docente oficial, con las siguientes
vinculaciones:

• Docente alfabetizador, nombrada por el departamento del Valle del Cauca,
mediante Resolución No. 153 del veinte (20) de octubre de mil novecientos setenta
y siete (1977), expedida por la secretaría de educación del departamento del Valle,
para un total de cuatro (4) meses y 11 días de tiempo de servicio nacionalizado.

• Del doce (12) de enero de mil novecientos ochenta y ocho (1988) hasta el cuatro
(4) de diciembre de dos mil tres (2003), como docente nombrada en propiedad por
el departamento del Valle del Cauca a través del Decreto No. 1754 del 15 de

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Número Interno: 0703-2025
Demandante: Beatriz Mercedes Maya Galeano
Demandada: UGPP

diciembre de mil novecientos ochenta y siete (1987), para un total de catorce años,
diez (10) meses y veintidós (22) días, de carácter nacionalizado.

• Desde el cinco (5) de diciembre de dos mil tres (2003) hasta la fecha de
presentación de la demanda, como docente en propiedad, nombrada por el
municipio de Cali con Decreto No. 500 del veintiuno (21) de octubre de dos mil tres
(2003), «para un total de 18 años, 9 meses – MUNICIPAL NACIONALIZADO».

5. Indicó que, la sumatoria de los tiempos de servicios, da más de veinte (20) años, y que
cumplió este requisito desde el primero (1) de septiembre de dos mil ocho (2008).

6. Añadió que, cumplió cincuenta (50) años de edad, el veintinueve (29) de septiembre
de dos mil nueve (2009), fecha en la que superaba los veinte (20) años de servicios como
docente nacionalizado y con vinculación anterior al treinta y uno (31) de diciembre de mil
novecientos ochenta (1980), lo cual, la hace beneficiaria de la pensión gracia, conforme
a lo previsto en los artículos 1° y 4° de la Ley 114 de 1913 y demás formalidades.

7. Manifestó que, solicitó al Ministerio de Educación Nacional información de vinculación
con dicha entidad, la cual fue resuelta mediante oficio No. REF: 2016-ER-210640 del
veintiséis (26) de noviembre de dos mil dieciséis (2016), en el que se certifica que «NO
SE ENCONTRÓ REGISTRO ALGUNO QUE INDIQUE QUE LA DOCENTE BEATRIZ
MERCEDES MAYA GALEANO, HAYA LABORADO PARA EL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL».

8. Aduce que, la anterior certificación despeja las dudas respecto al tipo de nombramiento
de la demandante, ratificándose que es nacionalizada pues, los docentes de orden
nacional son los nombrados por el Gobierno Nacional.

9. Añadió que el veintidós (22) de agosto de dos mil dieciocho (2018), bajo el No.
201850052601762, radicó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, solicitud de
reconocimiento de la pensión gracia, la cual, fue resuelta de manera desfavorable, a
través de la Resolución No. RDP 040240 del cinco (5) de octubre de esa misma
anualidad, argumentando que el tiempo laborado por la demandante, era de carácter
nacional, por lo que no era computable con el pago de la prestación pretendida.

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Número Interno: 0703-2025
Demandante: Beatriz Mercedes Maya Galeano
Demandada: UGPP

10. Inconforme con la anterior decisión, el treinta y uno (31) de octubre de dos mil
dieciocho (2018), interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto mediante Auto No.
ADP 00054 del tres (3) de enero de dos mil diecinueve (2019), confirmando en su
totalidad la resolución recurrida.

11. Señaló que, el dos (2) de abril de dos mil diecinueve (2019), pidió a la demandada
nuevamente el reconocimiento de la pensión gracia, anexando los documentos
requeridos para dicho trámite, obteniendo respuesta negativa en Auto No. ADP 004088
del diecisiete (17) de junio de dos mil nueve (2009), en el que se indica que no hay lugar
a realizar un nuevo estudio de la prestación solicitada, al no existir nuevos elementos que
lo ameriten.

12. Que el treinta y uno (31) de mayo de dos mil veinte (2020), con petición radicada ante
la UGPP con el consecutivo No. SOP202001015686, reclama el reconocimiento de la
pensión gracia, aportando además de la documentación requerida por la entidad, las
certificaciones de tiempos de servicios expedidas por las secretarías de educación del
departamento del Valle del Cauca y, los actos administrativos de nombramiento y
posesión, para dar cuenta que había laborado por más de veinte años en entes
territoriales, por lo que pertenece al orden territorial nacionalizado.

13. La entidad demandada expidió la Resolución No. RDP 022514 del dos (2) de octubre
de dos mil veinte (2020), negando nuevamente la pensión, por no cumplir con los veinte
(20) años en la docencia oficial departamental, distrital, municipal o nacionalizado. Contra
esta decisión, se presentó recurso de apelación, resuelto de manera desfavorable con
resolución No. RDP 027543 del treinta (30) de noviembre de dos mil veinte (2020),
confirmando el acto administrativo reprochado.

14. Añadió que, el once (11) de diciembre de dos mil veinte (2020) bajo No.
3.3.41730102184852, radicó ante la secretaría de educación del municipio de Cali,
petición encaminada a obtener información del empleador de la demandante durante su
vinculación como maestra alfabetizadora entre el dos (2) de noviembre de mil novecientos
setenta y siete (1977) hasta el quince (15) de julio de mil novecientos setenta y ocho
(1978), al que fue nombrada mediante Resolución No. 153 del veinte (20) de octubre de
mil novecientos setenta y siete (1977), sin obtener respuesta por la entidad.

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Número Interno: 0703-2025
Demandante: Beatriz Mercedes Maya Galeano
Demandada: UGPP

1.1.3 Normas violadas y concepto de violación

15. La parte actora invocó como normas desconocidas las siguientes: los artículos 1, 2,
6, 13, 25, 29, 46, 48, 53, 90, 121, 125, 128 y 209 de la Constitución Política; el artículo
137 de la Ley 1437 de 2011; los artículos 1 a 4 de la Ley 114 de 1913; el artículo 6 de la
Ley 116 de 1928; el artículo 3 de la Ley 37 de 1933; los artículos 1 y 3 del Decreto 2285
de 1955, la Ley 43 de 1975 y su Decreto Reglamentario No. 233 de 1977; el artículo 17
de la Ley 6 de 1945; el artículo 1, inciso 3 de la Ley 33 de 1985 y el artículo 15 numeral
2, literal a de la Ley 91 de 1989.

16. Sostuvo que, la entidad demandada desconoció la normatividad que regula el
reconocimiento y liquidación de la pensión gracia a los docentes, así como el régimen
especial que rige ese tipo de prestaciones, al expedir los actos administrativos que niegan
tal reconocimiento, entre ellos, la Ley 114 de 1913 y la Ley 6 de 1946.

17. Manifestó que no debe existir discriminación alguna sobre los docentes del magisterio
público, frente al reconocimiento y pago de la pensión gracia, comoquiera que los
docentes nacionales, departamentales o municipales, cumplen las mismas funciones y
devengan un salario del mismo valor.

18. Agregó que, la demandante ha dedicado su vida a laborar para el Estado en la
prestación de un servicio público vital para el desarrollo del país, como lo es la educación
de niños y adolescentes, lo cual la hace merecedora de un trato especial, propio de su
sistema prestacional, por lo que se le debe reconocer la pensión gracia.

1.2 Contestación de la demanda

19. La UGPP,4 por medio de apoderado judicial, expuso que en el presente asunto, la
accionante no es acreedora de la pensión gracia, toda vez que no acredita el requisito
que impone el artículo 1° de Ley 114 de 1913 consistente en desempeñar 20 años de
servicios como docente oficial de carácter territorial (departamental, municipal, distrital
y/o nacionalizado), para lo cual, no es admisible computar tiempo de servicios prestados
en la Nación, por ser estos incompatibles con los prestados en un Departamento,
Municipio o Distrito.

4
Samai-Tribunal-expediente digital- índice 011 SAMAI, archivo 15..

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Demandante: Beatriz Mercedes Maya Galeano
Demandada: UGPP

20. Indicó que, lo certificado en el proceso da cuenta que la demandante laboró al servicio
de la docencia desde el dos (2) de noviembre de mil novecientos setenta y siete (1977)
hasta el quince (15) de julio de mil novecientos setenta y ocho (1978), con vinculación de
carácter nacional.

21. Aludió dos (2) certificaciones, expedidas por la secretaría de educación de Cali del
once (11) de noviembre de dos mil dieciséis (2016) y del tres (3) de septiembre de dos
mil diecinueve (2019), en las que se indica que, la demandante laboró al servicio de la
docencia desde el doce (12) de enero de mil novecientos ochenta y ocho (1988), hasta
la fecha de expedición de cada uno de estos documentos; sin embargo, refirió que
mientras el primero indica que la vinculación fue de carácter nacional, la segunda refleja
que fue nacionalizado.

22. Señaló que, de acceder al reconocimiento de la pensión solicitada, la entidad
incurriría en la transgresión al principio de sostenibilidad presupuestal contenido en el
artículo 1 del Acto Legislativo 01 de 2001.

23. Formuló como excepciones, las de «inexistencia de la obligación», «cobro de lo no
debido» y «ausencia de vicios en los actos administrativos demandados».

1.3 La sentencia de primera instancia5

24. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia del veintinueve
(29) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), negó las pretensiones de la demanda, sin
imponer condena en costas.

25. Como sustento de su decisión, refirió que para el reconocimiento de la pensión gracia,
es indispensable satisfacer la totalidad de los requisitos previstos en le Ley 114 de 1913,
que son: haber prestado servicio como docente en planteles departamentales, distritales
o municipales por un término no menor a veinte (20) años; acreditar vinculación antes del
treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos ochenta (1980), haber cumplido
cincuenta (50) años de edad y, haberse desempeñado con buena conducta.

26. En ese orden de ideas, señaló que la demandante cumplió la edad requerida, el
veintinueve (29) de septiembre de dos mil nueve (2009); sin embargo, en lo referente a

5
Folios 322 al 327 y anverso del expediente físico. Samai-Tribunal-expediente digital- índice 011 SAMAI, archivo 62.

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Número Interno: 0703-2025
Demandante: Beatriz Mercedes Maya Galeano
Demandada: UGPP

la acreditación de la vinculación como docente territorial o nacionalizado antes del 31 de
diciembre de 1980, destacó que, lo certificado en el proceso por parte de la secretaría de
educación del departamento del Valle del Cauca, da cuenta que la demandante fue
nombrada con la Resolución No. 153 del veinte (20) de octubre de mil novecientos
setenta y siete (1977) como maestra alfabetizadora en el Centro de Educación de Adultos
Antonia Santos, desde el dos (2) de noviembre de mil novecientos setenta y siete (1977)
al quince (15) de julio de mil novecientos setenta y ocho (1978), en una plaza de carácter
nacional.

27. Añadió que, la referida Resolución No. 153 del veinte (20) de octubre de mil
novecientos setenta y siete (1977), que reposa en el expediente, indica que la plaza para
la cual fue nombrada la señora Beatriz Mercedes Maya Galeano a partir del primero (1°)
de octubre de mil novecientos setenta y siete (1977) es nacional.

28. Destacó que, la comunicación expedida por el Ministerio de Educación Nacional,
indica que la competencia para certificar el tipo de vinculación de la docente, radica en la
entidad territorial que la nombró, siendo en este asunto, la Gobernación del Valle del
Cauca y el Distrito Especial de Santiago de Cali. Por consiguiente, de la certificación y el
acto administrativo de nombramiento, expedidos por el departamento del Valle del Cauca,
como entidad nominadora, se logra establecer que la demandante fue nombrada como
docente para una plaza nacional.

29. Por otra parte, en lo que respecta a las certificaciones de historia laboral, resalta que,
la aportada por la entidad demandada refiere que el régimen de pensiones de la
demandante es nacional, mientras que, el mismo documento, aportado con la demanda
señala que pertenece al régimen nacionalizado, enfatizando que ambas coinciden en
certificar el tiempo de vinculación desde enero de 1988.

30. Ante ello, señaló que no existe prueba del tipo de vinculación real de la demandante
desde el 12 de enero de 1988 hasta la actualidad, para determinar si la misma es nacional
o nacionalizada, agregando que, la carga de la prueba recaía en la parte que desea
probar su dicho, conforme lo dispone el artículo 167 del Código General del Proceso.

31. Finalmente expuso:

«[…] la presente decisión se ciñe integralmente al criterio unificado del Consejo de Estado en
torno a la forma en que debe acreditarse la plaza docente territorial o nacionalizada que
viabiliza el cómputo del tiempo de servicios para acceder a la pensión gracia. […] la
demandante solamente acredita la edad mínima para acceder a la pensión gracia, pero no
demuestra los años de servicios docente anteriores al 31 de diciembre de 1980 y que los

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Demandante: Beatriz Mercedes Maya Galeano
Demandada: UGPP

mismos sean de carácter territorial o nacionalizado. Sumado, que tampoco se evidencia que
haya desempeñado con honradez, consagración y buena conducta la docencia. 63. Así las
cosas, a la señora Beatriz Mercedes Maya Galeano no le asiste el derecho de reconocimiento
y pago de una pensión gracia, bajo los parámetros de la Ley 114 de 1913 y demás normas
concordantes.»

32. Por lo anteriormente expuesto, negó la totalidad de las pretensiones de la demanda.

1.4 El recurso de apelación6

33. La señora Beatriz Mercedes Maya Galeano solicitó revocar la sentencia de primera
instancia, al considerar que, los argumentos esgrimidos, desconocen la unificación de
criterios de las Altas Cortes, donde se determina que no importa la ubicación del plantel
educativo, la plaza ocupada, ni la designación del plantel como nacional o nacionalizado,
pues lo que se debe verificar es la fuente de los recursos con los cuales se financió el
nombramiento del docente.

34. Agregó que, nunca ha sido designada por el Gobierno Nacional – Ministerio de
Educación, pues, los actos administrativos de nombramiento, han sido expedidos por la
secretaría de educación departamental del Valle del Cauca y la secretaría de educación
del municipio de Santiago de Cali, según consta en las certificaciones de tiempo de
servicio, la vinculación de la docente es nacionalizada y discrimina los periodos
laborados y actos administrativos, así:

«1.1) En calidad de Docente, nombramiento como Docente Alfabetizadora realizado por EL
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA mediante la Resolución No. 153 del 20 de
octubre de 1977 proferida por LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO
DEL VALLE, para un total de 4 meses y 11 días de tiempo de servicio DEPARTAMENTAL
NACIONALIZADO.

1.2) Desde el 12 de enero de 1988 hasta el 04 de diciembre de 2003, en calidad de Docente,
nombramiento en propiedad por EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA; mediante
el Decreto No. 1754 del 15 de diciembre de 1987, para un total de 14 años, 10 meses y 22
días – DEPARTAMENTAL NACIONALIZADO.

1.3) Desde el 05 de diciembre de 2003 hasta la fecha, en calidad de Docente, nombramiento
en propiedad por EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI; mediante el Decreto No. 500 del
21 de octubre de 2003, para un total de 18 años, 9 meses – MUNICIPAL NACIONALIZADO.»
(negrillas propias del texto)

35. Añadió que la sumatoria de este tiempo de servicios totaliza más de 20 años, pues
aún se encuentra activa en la docencia oficial y que cumplió 20 años de servicios el 1 de
septiembre de 2008.

6
Indice 00038 de Samai, actuaciones del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

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Demandante: Beatriz Mercedes Maya Galeano
Demandada: UGPP

36. Manifestó que, el veintinueve (29) de septiembre de dos mil nueve (2009), la docente
cumplió 50 años de edad, adquiriendo así el estatus de pensionada pues, para dicha
data, contaba con más de 20 años de servicio en calidad de docente nacionalizada; que
acreditó su vinculación con anterioridad al treinta y uno (31) de diciembre de mil
novecientos ochenta (1980) con la Resolución No. 153 del veinte (20) de octubre de mil
novecientos setenta y siete (1977), proferida por un ente territorial de carácter
departamental - nacionalizada y, nunca ha sido sancionada disciplinariamente, lo que la
hace beneficiaria de la pensión gracia.

37. Insistió que, el certificado de tiempos de servicios No. 39602 del tres (3) de
septiembre de dos mil diecinueve (2019) expedido por la secretaría de educación
municipal de Santiago de Cali, señala de manera clara que la labor ejercida por la
demandante por más de treinta (30) años es de carácter nacionalizado, siendo el ente
nominador, el municipio de Cali. Además, los nombramientos no provienen de una
resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional, razón por la cual, la labor
tiene una connotación territorial – nacionalizada.

38. Considera que la sentencia de primera instancia no evaluó de manera apropiada los
actos administrativos de nombramiento y posesión por medio de los cuales, el
departamento del Valle del Cauca y el municipio de Santiago de Cali, a través de sus
secretarías de educación, nombraron a la demandante como docente oficial.

39. Asimismo, estima que desconoce el precedente jurisprudencial contenido en la
sentencia de unificación del Consejo de Estado del 21 de junio de 2018, en la cual se
ratifica que un docente es nacional solo cuando ha sido nombrado por el Ministerio de
Educación Nacional, y que, los nombrados por entes territoriales ostentan la calidad de
docentes territoriales- nacionalizados.

1.5 Trámite de segunda instancia

40. Con auto de diez (10) de octubre de dos mil veinticinco (2025)7, el consejero ponente
admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la
Ley 2080 de 2021 y, posteriormente, en providencia del dos (2) de diciembre de dos mil
veinticinco (2025), se requirió prueba para mejor proveer, dirigida al Ministerio de Educación

7
Índice 0008 Samai.

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Demandante: Beatriz Mercedes Maya Galeano
Demandada: UGPP

Nacional y al Distrito de Santiago de Cali, para que se allegara documentación referente a
las vinculaciones de la demandante8.

41. Una vez allegada la documentación solicitada, se corrió traslado conforme al artículo
220 del Código General del Proceso y, al no existir pronunciamiento frente a ellas, el
expediente ingresó a despacho para fallo9.

42. La parte demandada no se pronunció sobre la alzada. Por su parte, el Ministerio Público
emitió concepto10.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

43. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA. De igual forma, cabe destacar qué, de conformidad con el artículo 328 11 del
Código General del Proceso (CGP), el juez de segunda instancia debe pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2 Problema jurídico

44. Corresponde a la Sala establecer lo siguiente:

44.1 ¿Le asiste razón jurídica a la demandante para reclamar el reconocimiento de la
pensión gracia por cumplir los requisitos exigidos en las Leyes 114 de 1913, 116 de
1928 y 37 de 1933 y demás normas que la regulan? o si por el contrario;

8
Se solicitó copia legible de la Resolución No. 153 Bis del 20 de octubre de 1977, certificación de tiempos de servicios docente de la
demandante y, copia de actos administrativos de nombramiento y posesión de aquella.
9
Índices 0036 a 0038 de Samai.
10
El Procurador Delegado de Intervención 8 Tercero ante el Consejo de Estado, señaló: «[…] dentro del material probatorio allegado
al presente, no existe prueba alguna que permita corroborar el tipo de vinculación ostentada por la actora en los periodos
comprendidos entre el 12 de enero de 1988 hasta la fecha de presentación de esta demanda; razón por la cual, el tiempo laborado
por la demandante al servicio de la docencia no logró superar los 20 años de servicios exigidos por la norma y la jurisprudencia, esto
es, para ser beneficiaria de la prestación pensional aquí debatida. […]» En ese sentido, solicitó la confirmación de la sentencia de
primera instancia. Intervención visible en el índice 00017 de Samai.
11
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior
resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable
reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse
durante la audiencia.»

10

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Demandante: Beatriz Mercedes Maya Galeano
Demandada: UGPP

44.2 ¿carece de fundamento el reconocimiento solicitado, al no acreditar vinculación
como docente territorial o nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980,
como lo concluyó el A-quo?

45. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.3. Marco normativo y jurisprudencial; 2.4. Pruebas recaudadas; y 2.5. Caso
concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial sobre la pensión gracia.

46. En principio, debe señalarse que la pensión gracia se considera una prestación
especial otorgada a los docentes estatales territoriales, como reconocimiento a su
esfuerzo, capacidad, dedicación y conocimientos al servicio de la actividad educativa
cumplida durante un lapso no inferior a 20 años, entre otras exigencias. Su regulación
normativa se condensa en los siguientes párrafos:

47. El artículo 1º de la Ley 114 de 191312 consagró por primera vez la pensión gracia:

«Los Maestros de Escuelas Primarias Oficiales que hayan servido en el Magisterio por un
término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en
conformidad con las prescripciones de la presente Ley».

48. El numeral 3 del artículo 4 de la citada Ley determina que, para gozar de la gracia de
la pensión, es preciso que el interesado compruebe «[q]ue no ha recibido ni recibe actualmente
otra pensión o recompensa de carácter nacional […]».

49. De acuerdo con los antecedentes normativos, en concepto de la Sala, el propósito de
esta pensión fue compensar los bajos niveles salariales que recibían los profesores de
primaria en las entidades territoriales respecto de las asignaciones que percibían los
docentes vinculados directamente con la Nación; tal diferencia surgía porque la Ley 39
de 1903 13 , la educación pública primaria estaba en cabeza de los municipios o
departamentos, en tanto que la secundaria lo era a cargo de la Nación.

50. Posteriormente, la Ley 116 de 192814 amplió el beneficio de la pensión gracia a los
maestros de escuelas normales e inspectores de instrucción, así:

12
«[Q]ue crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela».
13
«[S]obre Instrucción Pública».
14
«Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927».

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Demandante: Beatriz Mercedes Maya Galeano
Demandada: UGPP

«Artículo 6º. Los empleados y profesores de las Escuelas Normales y los Inspectores de
Instrucción Pública tienen derecho a la jubilación en los términos que contempla la ley 114 de
1913 y demás que a ésta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán
los prestados en diversas épocas, tanto en el campo de la enseñanza primaria como en el de
la normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección».

51. Al remitirse la norma transcrita, la Ley 114 de 1913, dejó incólume la exigencia de no
recibir otra pensión de carácter nacional para poder acceder a la pensión gracia de
jubilación, es decir, mantuvo la prohibición establecida en la Constitución Nacional de
1886, de recibir doble asignación del erario, limitación que también consagra el artículo
128 de la Carta actual15.

52. La Ley 37 de 193316 tampoco introdujo modificaciones a los presupuestos contenidos
en las Leyes 114 de 1913 y 116 de 1928, pero hizo extensiva la pensión de gracia a los
profesores que prestaran sus servicios en el nivel secundario.

53. La Corte Constitucional, en sentencia C-479 de 9 de septiembre de 1998 17 , con
ocasión de demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1º (parcial) y 4 (numeral
3) de la Ley 114 de 1913, expresó:

«En cuanto al aparte acusado del numeral 3 del artículo 4 de la ley 114 de 1913, que consagra
como requisito para gozar de la pensión de gracia el no haber recibido ni recibir actualmente
otra pensión o recompensa de carácter nacional, no encuentra la Corte que viola la Ley
Suprema, concretamente el principio de igualdad, pues el legislador, en virtud de las facultades
que la misma Carta le confiere, es competente para regular los aspectos relativos a la pensión,
incluyendo, obviamente, las condiciones para acceder a ella.

Por otra parte, es pertinente señalar que los recursos económicos del Estado para satisfacer
el pago de prestaciones sociales no son infinitos sino limitados y, por tanto, es perfectamente
legítimo que se establezcan ciertos condicionamientos o restricciones para gozar de una
pensión de jubilación. En este orden de ideas, la norma parcialmente acusada, tiene una
justificación objetiva y razonable, pues lo único que pretende es evitar la doble remuneración
de carácter nacional y así garantizar el precepto constitucional vigente desde la Constitución
de 1886 (art. 34), reproducido en la Carta de 1991 (art. 128), sobre la prohibición de recibir
doble asignación del Tesoro Público, salvo las excepciones que sobre la materia establezca
la ley».

54. A raíz del proceso de nacionalización de la educación ordenado por la Ley 43 de
197518, los profesores de primaria y secundaria quedaron vinculados a la Nación, puesto

15
«ARTICULO 128. Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que
provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos
expresamente determinados por la ley. Entiéndase por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las
descentralizadas».
16
«Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados».
17
M. P. Carlos Gaviria Díaz.
18
«[P]or la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito
Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia
educativa y se dictan otras disposiciones».

12

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Demandante: Beatriz Mercedes Maya Galeano
Demandada: UGPP

que, como lo dispuso esta normativa, «[l]a educación primaria y secundaria oficial será un servicio
público a cargo de la Nación». Como consecuencia de esta transformación, ya no existirían

diferencias salariales entre los distintos docentes del sector oficial.

55. Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 15 (ordinal 2º), respecto de las
pensiones, preceptuó:

«A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o
modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá
siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá
reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y
será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar está a cargo
total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1º de enero de 1981, nacionales y nacionalizados,
y para aquellos que se nombren a partir del 1º de enero de 1990, cuando se cumplan los
requisitos de ley, se reconocerá solo una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario
mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán del régimen vigente para los
pensionados del sector público nacional y adicionalmente de una prima de medio año
equivalente a una mesada pensional».

56. Las normas trascritas permiten concluir que el legislador acabó con el reconocimiento
de la pensión gracia; seguramente por la razón antes enunciada, esto es, por quedar
todos los docentes vinculados con la Nación. Por ello, se acata el criterio expuesto por la
sala plena de esta Corporación en fallo de 26 de agosto de 1997, en el sentido de que el
artículo 15 (numeral 2) de la Ley 91 de 1989 es de carácter transitorio, para no
desconocer los derechos adquiridos en relación con la pensión gracia, en tratándose de
los docentes nacionalizados.

57. En la aludida providencia el Consejo de Estado sostuvo:

«[…] La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes
departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado
proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio
de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre
que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad
con las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad
“[...] con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial
de la Nación”, hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto ésta
señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “[…] otra pensión o
recompensa de carácter nacional”.

[…]»

5. La norma pretranscrita, sin duda, regula una situación transitoria, pues su propósito, como
se ve, no es otro que el colmar las expectativas de los docentes vinculados hasta el 31 de
diciembre de 1980 e involucrados, por su labor, en el proceso de nacionalización de la
educación primaria y secundaria oficiales.

13

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Demandada: UGPP

6. De lo anterior se desprende que para los docentes nacionalizados que se hayan vinculado
después de la fecha a que se acaba de hacer referencia, no existe la posibilidad del
reconocimiento de tal pensión, sino de la establecida en el literal B del mismo precepto, o sea
la

“[…] pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año”,
que se otorgará por igual a docentes nacionales o nacionalizados (literal B, No.2, artículo 15
Ib.) hecho que indica que el propósito del legislador fue ponerle fin a la pensión gracia.
También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los
docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de
1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia […] siempre y cuando cumplan con la totalidad
de requisitos”. Y, por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el
literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del
reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y
secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que
inicialmente le asignó la ley19.»

58. Recientemente, la sección segunda de esta Colegiatura se ocupó de dilucidar la
interpretación aplicable del literal a) del numeral 2 del artículo 15 de la mencionada Ley
91 de 1989, mediante sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2021 de 11 de agosto de
2022, expediente 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017), en la que se fijó la
siguiente regla en torno al tema, así:

«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de diciembre de
1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al
31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su
reconocimiento».

59. Lo anotado, al considerar que, como lo coligió la Corte Constitucional en fallo SU-14
de 202020, esa disposición

«solo tiene una lectura posible, esto es, la interpretación literal, gramatical y finalista, conforme a
la cual, los profesores de primaria, los empleados y docentes de las Escuelas Normales, los
inspectores de instrucción pública y los docentes oficiales de secundaria aún podrían acceder a la
prestación [después del 29 de diciembre de 1989,] siempre que se hubiesen vinculado hasta el 31
de diciembre de 1980 y cumplieran los demás requisitos de ley». A partir de dicho entendimiento,
se reconoció la pensión gracia a una docente que se vinculó antes de la referida fecha y consolidó
su estatus con posterioridad a la promulgación de la Ley 91 de 1989»

60. De acuerdo con la anterior normativa y jurisprudencia, nótese que en criterio de la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado resulta dable conceder la pensión gracia a
quien, pese a colmar los requisitos con posterioridad al 29 de diciembre de 1989 (entrada
en vigor de la Ley 91 de ese año), sirvió al sector educativo antes del 31 de diciembre de
1980, umbral que precisamente previó el legislador como plazo máximo para iniciar tales
labores y, por ende, ser acreedor de esa prestación.

19
Expediente S-699 del 26 de agosto de 1997, actor: Wilberto Therán Mogollón, magistrado ponente Nicolás Pájaro Peñaranda.
20
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.

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61. En relación con la constitucionalidad del artículo 15, numeral 2, letra b, de la Ley 91
de 1989, la Corte Constitucional, en sentencia C-84 de 17 de febrero de 1999, expuso:

«Los apartes acusados de la norma demandada, son exequibles.

3.2.1. De la propia evolución histórico-legislativa de la vinculación laboral de los “docentes
oficiales”, aparece claro que, en razón de la Ley 43 de 1975, tanto la educación primaria como
la secundaria oficial constituyen “un servicio a cargo de la Nación”, lo que significa que
culminado el tránsito entre el régimen anterior y el establecido por dicha ley, el 31 de diciembre
de 1980, no subsistió la antigua distinción entre docentes nacionales y territoriales, pues todos
pasaron a ser pagados con dineros de la Nación, por conducto de los Fondos Educativos
Regionales (FER), girados por concepto del situado Fiscal.

Por ello, con la expedición por el Congreso de la Ley 91 de 1989, en su artículo 15, numeral
2º, literal A, se dispuso que quienes venían vinculados como docentes oficiales hasta el
31 de diciembre de 1980 y por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de
1933 y, para entonces “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia”,
continuarían con ese derecho, para que la misma le fuere reconocida con el lleno de los
requisitos legales correspondientes.
[…]

Así mismo, se observa por la Corte que, antes de la “nacionalización” de la educación primaria
y secundaria oficial decretada por la Ley 43 de 1975 para ser cumplida en un período de cinco
años, es decir hasta el 31 de diciembre de 1980, existían dos categorías de docentes oficiales,
a saber: los nacionales, vinculados laboralmente de manera directa al Ministerio de Educación
Nacional; y los territoriales, vinculados laboralmente a los departamentos, en nada se oponía
a la Constitución entonces en vigor, que existiera para éstos últimos la denominada “pensión
gracia”, de que trata la Ley 114 de 1913, posteriormente extendida a otros docentes por las
leyes 116 de 1928 y 37 de 1933.

Como tampoco se opone la prolongación de sus efectos en el tiempo para quienes
actualmente la disfrutan, o reunieron los requisitos sustanciales para tener derecho a ella
antes del 31 de diciembre de 1980, pues la diversidad de empleados (nación o departamento),
permitía, conforme a la Carta, establecer un trato distinto y una excepción al principio general
prohibitivo de devengar dos asignaciones del Tesoro Público, situación ésta que resulta
igualmente acompasada con la Constitución Política de 1991, pues la norma acusada (artículo
4º, numeral 3º Ley 114 de 1913), en nada vulnera el principio de la igualdad consagrado por
el artículo 13 de la Carta Magna, el cual prohíbe dispensar trato diferente y discriminado “por
razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”,
nada de lo cual ocurre en este caso.

La supuesta vulneración al derecho a la igualdad consagrado por el artículo 13 de la
Constitución Política por los apartes de la norma acusada, no existe. En efecto, el legislador,
conforme a lo establecido por el artículo 150 de la Constitución Nacional, en ejercicio de la
función de “hacer las leyes”, que asignaba también al Congreso Nacional el artículo 76 de la
Constitución anterior, puede regular lo atinente al régimen prestacional del Magisterio, como
efectivamente lo ha hecho.

La circunstancia de que, en ejercicio de esa función el Congreso Nacional haya preceptuado
que la “pensión de gracia” creada por la Ley 114 de 1913 para los maestros oficiales de
primaria y extendida luego a otros docentes, sólo se conserve como derecho para quienes
estaban vinculados al servicio antes del 1º de enero de 1981 y que no se conceda a los
vinculados con posterioridad a esa fecha, no implica desconocimiento de ningún “derecho
adquirido”, es decir, no afecta situaciones jurídicas ya consolidadas, sino que se limita,
simplemente, a disponer que quienes ingresaron a partir de esa fecha, no tendrán posibilidad
de adquirir ese derecho, que constituía una “mera expectativa” la que, precisamente por serlo,
podía, legítimamente, ser suprimida por el legislador, pues a nadie se afecta en un derecho
ya radicado en cabeza suya de manera particular y concreta, por una parte; y, por otra, si las
situaciones fácticas de quienes ingresaron al Magisterio oficial antes y quienes ingresaron
después del 1º de enero de 1981 no son las mismas, es claro, entonces, que por ser disímiles
no exigen igualdad de trato, y que, las consideraciones sobre la antigüedad de la vinculación
laboral que se tuvieron en cuenta por el Congreso Nacional al expedir la normatividad cuya

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exequibilidad se cuestiona, son razones que legitiman lo dispuesto por los apartes del artículo
15 de la Ley 91 de 1989, objeto de la acusación 21 [se subraya y destaca].

62. De manera que para el reconocimiento y pago de la pensión gracia es indispensable
acreditar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos en la normativa
que la regula, entre los que se encuentran, haber prestado los servicios como docente
en planteles departamentales, distritales o municipales por un término no menor de veinte
(20) años y que estuviere vinculado antes del 31 de diciembre de 1980; cumplir cincuenta
(50) años de edad; y desempeñarse con honradez, consagración y buena conducta.

2.4 Pruebas recaudadas

63. A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de
juzgamiento, en atención al material probatorio traído al plenario, por lo que se destaca:

i) Cédula de ciudadanía de la señora Beatriz Mercedes Maya Galeano22 que da cuenta
que nació el veintinueve (29) de septiembre de mil novecientos cincuenta y nueve (1959).

ii) Solicitud de reconocimiento de pensión gracia, presentada el veintidós (22) de agosto
de dos mil dieciocho (2018) por la demandante, ante la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.

iii) Resolución No. 040240 del cinco (5) de octubre de dos mil dieciocho (2018), con la
cual, la entidad demandada niega el reconocimiento de la prestación solicitada por la
demandante, al estar certificado que la vinculación con el municipio de Santiago de Cali,
a partir del 12 de enero de 1988, era de carácter nacional, así como el periodo laborado
entre los años 1977 a 1978.

iv) Recurso de apelación presentado contra la resolución No. RDP 040240 de 2018 y
Auto ADP 00054 del tres (3) de enero de dos mil diecinueve (2019), con el que se rechaza
el recurso de apelación por extemporáneo.

21
En la sentencia C- 480 de 2000 la Corte reiteró que «por expresa voluntad del legislador la Ley 114 de 1913, continúa teniendo
vigencia en el tiempo pese a su derogación por el artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues, como acaba de verse, el legislador
expresamente dispuso que a los docentes “vinculados hasta 31 de diciembre de 1980” que “tuviesen o llegaren a tener derecho a la
pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos”. Ello significa, a contrario sensu, que
ella no rige para los vinculados a partir del 1º de enero de 1981, pues éstos docentes, “nacionales y nacionalizados”, tendrán derecho
“sólo a una pensión de jubilación equivalente al 75% del salario mensual promedio del último año» (se destaca). La parte en negrillas
de la Ley 91 de 1989 no ha sido retirada del orden jurídico.
22
La documentación relacionada en los numerales i) a ix) se encuentran en el expediente digitalizado, visible en el índice 00019 de
Samai. Actuaciones del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

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Demandada: UGPP

v) El dos (2) de abril de dos mil diecinueve (2019), la señora Maya Galeano presenta
nuevamente solicitud de reconocimiento de pensión gracia ante la entidad demandada,
radicada con el No. 2019500501032822.

vi) Con Auto No. ADP 004088 del diecisiete (17) de junio de dos mil diecinueve (2019), la
UGPP, al no existir nueva información que amerite estudio, no emite pronunciamiento de
fondo frente a la solicitud de reconocimiento pensional.

vii) El treinta y uno (31) de mayo de dos mil veinte (2020), a través de medios
electrónicos, la señora Beatriz Mercedes Maya Galeano radica una nueva solicitud de
reconocimiento de pensión gracia ante la UGPP, que es resuelta de manera desfavorable
a través de la Resolución No. RDP 022514 del dos (2) de octubre de dos mil veinte (2020),
al no demostrar el tipo de vinculación como docente a partir de 1988 y, al reflejarse de la
Resolución No. 153 del 20 de octubre de 1977, que fue nombrada para ocupar una plaza
nacional.

viii) Mediante Resolución No. RDP 027543 del treinta (30) de noviembre de dos mil veinte
(2020), la UGPP resuelve recurso de apelación en contra de la Resolución No. RDP
022514 del dos (2) de octubre de dos mil veinte (2020), confirmándola en su totalidad.

ix) Resolución No. 153 Bis del veinte (20) de octubre de mil novecientos setenta y siete
(1977), expedida por la secretaría de educación del departamento del Valle del Cauca,
en la cual, se dispone la creación de una plaza seccional en el centro “Antonia Santos”,
donde es nombrada la demandante para ocupar una plaza nacional, así:

x) Formato único para la expedición de certificado de historia laboral, emitido el trece (13)
de enero de dos mil veintiséis (2026) por la Secretaría de Educación de Cali, que refleja
la vinculación de la demandante como docente, en los siguientes términos:

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2.5 Caso concreto

64. Descendiendo al sub examine, se tiene que Beatriz Mercedes Maya Galeano,
pretende obtener la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales, la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, le niega la solicitud de reconocimiento y pago de una pensión
gracia.

65. Por su parte, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante sentencia del
veintinueve (29) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), negó las pretensiones de la
demanda, sin condenar en costas a la demandante, al considerar que, el tiempo de
servicio docente desempeñado por la demandante desde el primero (1) de octubre de mil
novecientos setenta y siete (1977), hasta el quince (15) de julio de novecientos setenta
y ocho (1978), fue en calidad de docente del orden nacional, pues quedó acreditado en
la Resolución No. 153 Bis de 1977, expedida por la secretaría de educación
departamental del Valle del Cauca.

66. La Sala considera que, le asistió razón al tribunal en su decisión de negar el
reconocimiento de la pensión gracia deprecada, por cuanto la demandante no acreditó
ser docente territorial, ni nacionalizada con anterioridad al treinta y uno (31) de diciembre
de mil novecientos ochenta (1980); siendo aquella una docente nacional, quienes no son
beneficiarios de la citada pensión, conforme se ha establecido por esta Corporación, entre

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muchas otras, en la sentencia de unificación SUJ-030-CES2-2021 de 11 de agosto de
2022, anteriormente citada.

67. En efecto, según la Resolución No. 153 Bis del veinte (20) de octubre de mil
novecientos setenta y siete (1977), expedida por la secretaría de educación
departamental del Valle del Cauca, fue creada una plaza de seccional en el Centro
“Antonia Santos”, en la cual, la señora Beatriz Mercedes Maya Galeano fue nombrada
para ocupar el cargo de maestra alfabetizadora (Educación Adulto), a partir del primero
(1°) de octubre de mil novecientos setenta y siete (1977) y, hasta finalizar el periodo del
alcalde, en una plaza nacional.

68. Así las cosas, se advierte que la referida resolución no fue suscrita por el delegado
del Fondo Educativo Regional, ni que el gobernador actúe en ese carácter y mucho
menos que se haya realizado en ejercicio de la facultad nominadora del ente territorial,
por tanto, del dossier probatorio se puede concluir que se trata de un nombramiento
imputable a la nación, para un establecimiento educativo que claramente diferenció el
carácter de la plaza ocupada por la demandante como nacional, conforme se puso de
presente en el acápite te pruebas, pues, no hay evidencia contraria a ello, o que
demuestre que la actora haya sido objeto de un proceso de nacionalización.

69. Por otro lado, en el certificado de historial laboral, de fecha trece (13) de enero de dos
mil veintiséis (2026), la Secretaría de Educación de Bogotá, ha certificado que la
vinculación de la demandante es de orden nacionalizado, pero ello solo tiene en cuenta
los actos de nombramiento a partir del quince (15) de diciembre de mil novecientos
ochenta y siete (1987), cuando fue nombrada en propiedad, según se desprende del acta
de posesión No. 531 del dos (2) de enero de mil novecientos ochenta y ocho (1988),
aportada con la demanda.

70. Teniendo en cuenta las anteriores pruebas, con el ánimo de resolver el problema
jurídico planteado, se considera importante traer a colación las reglas referentes a la
pensión gracia establecidas en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018,
Radicación número: 25000-23-42-000-2013-04683-01(3805-14) CE-SUJ2-011-18, en la
cual se concluyó:

«Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades
territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en
la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se

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incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los
referidos entes en calidad de rentas exógenas.

Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira
la Nación, provenientes del sistema general de participaciones, por asignación directa
del artículo 356 de la Carta Política de 1991.

(…)
Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos administrativos
donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad
que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o
en su defecto, también se puede acreditar con la respectiva certificación de la autoridad
nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se
encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. vii) Origen de los recursos
de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente al reconocimiento de la
pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter
territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta
providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias
provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones (…)»

71. Conforme al anterior derrotero jurisprudencial, para definir si la demandante tiene la
calidad de docente territorial es necesario analizar el acto administrativo de
nombramiento -el cual obra en el plenario-, así como también, las certificaciones de historial
laboral expedidas por la entidad nominadora, que también hacen parte del dossier
probatorio; del análisis de tales pruebas, las cuales fueron reseñadas en líneas
precedentes, logra concluir la Sala que, desde su vinculación la actora tuvo la calidad de
docente nacional con anterioridad al treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos
ochenta (1980) y nacionalizado a partir de su nombramiento en propiedad desde dos (2)
de enero de mil novecientos ochenta y ocho (1988).

72. Ahora, en cuanto al argumento planteado por la parte demandada en el recurso de
alzada, referente al origen de los recursos con los cuales le pagaron a la demandante
sus salarios desde la fecha de su ingreso, que arguye eran provenientes del
departamento del Valle del Cauca como ente nominador, debe indicarse que, conforme
quedó precisado en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, ya citada, el
origen de los recursos no es lo relevante para definir si una docente es o no territorial,
para ello, lo esencialmente relevante es la acreditación de la plaza donde prestó sus
servicios; la cual, se insiste, es de carácter nacional según quedó acreditado con el acto
administrativo de nombramiento.

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73. Aunado a lo anterior, la Sala resalta que, si bien se profirió auto de mejor proveer del
dos (2) de diciembre de dos mil veinticinco (2025), a efectos de esclarecer los aspectos
relativos a los actos de nombramiento de la docente, con anterioridad a diciembre de
1980, las respuestas otorgadas por las entidades oficiadas 23 , conllevan a la misma
conclusión, esto es, que la docente no acredita con los requisitos para el reconocimiento
de la prestación deprecada.

74. En ese orden de ideas, y conforme precedentes de similares circunstancias fácticas24,
se concluye que la demandante no acreditó vinculación como docente territorial o
nacionalizado con anterioridad al treinta y uno (31) de diciembre de mil novecientos
ochenta (1980), como quiera que su primer nombramiento como docente oficial servicio
del Estado lo hizo como docente nacional; por tanto, no es acreedora de la pensión
gracia aquí reclamada, razón suficiente para confirmar la decisión del tribunal.

2.6 Condena en costas

75. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se
cumplen los presupuestos establecidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

76. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR integralmente la sentencia del Veintinueve (29) de Mayo de
Dos Mil Veinticuatro (2024), por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

23 Se aporta respuesta por parte de las oficiadas, la cual obra a índice 00025 y 00027 del aplicativo samai, en la cual

se aporta, certificado de historia laboral, expediente laboral de la demandante, incluida la Resolución 153Bis del 20 de
octubre de 1977 (que ya obraban en el expediente) e historia de la institución educativa Antonia Santos. Debiendo
precisarse que, la Resolución No. 153 bis del 20 de octubre de 1977, corresponde al mismo documento, en cuanto a
calidad de imagen que el aportado en el expediente.
24
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia del 20 de noviembre de 2025. Rad. 44001-23-40-000-2019-
00134-01 (1875-2023) CP. Jorge Edison Portocarrero Banguera.

21

Número Interno: 0703-2025
Demandante: Beatriz Mercedes Maya Galeano
Demandada: UGPP

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del
CPACA.

22

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