Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 44001-23-40-000-2024-00012-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 44001-23-40-000-2024-00012-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 44001-23-40-000-2024-00012-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
23 de enero de 2025
Demandante: Andrés Eduardo Álvarez Sánchez
Demandado: Jaime Luis Buitrago García
Rad: 44001-23-40-000-2024-00012-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicado: 44001-23-40-000-2024-00012-01
Demandante: ANDRÉS EDUARDO ÁLVAREZ SÁNCHEZ
Demandado: JAIME LUIS BUITRAGO GARCÍA - ALCALDE DEL
MUNICIPIO DE URIBIA (LA GUAJIRA) - PERÍODO
2024—2027
Tema: Trashumancia – Suplantación - Falsedad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la
sentencia del 16 de julio de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
de La Guajira negó las pretensiones de la demanda de la referencia.
1. ANTECEDENTES
1. La demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139
del CPACA, el señor Andrés Eduardo Álvarez Sánchez, formuló demanda en la
que pretende que se declare la nulidad de la elección del señor Jaime Luis
Buitrago García como alcalde del municipio de Uribia (La Guajira), para el periodo
2024-2027, contenido en el Formulario E-26 ALC del 6 de noviembre de 2023.
1.1. Pretensiones
Además de la nulidad del acto de elección, el actor pretende que se anule el auto
de trámite de 6 de noviembre de 2023, «por medio del cual se resuelven
solicitudes y/o reclamaciones presentadas durante el escrutinio de la Alcaldía
Municipal de URIBIA-LA GUAJIRA, con ocasión de los comicios celebrados el 29
de octubre de 2023», y se cancele la credencial del elegido.
1.2. Hechos
Señaló que el Consejo Nacional Electoral, por medio de la Resolución 5489 del
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Demandante: Andrés Eduardo Álvarez Sánchez
Demandado: Jaime Luis Buitrago García
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26 de julio de 2023, dejó sin efectos la inscripción de 5721 cédulas de ciudadanía,
de cara a las elecciones que tuvieron lugar el 29 de octubre de 2023. Sostuvo
que, pese a ello, en dicho certamen se permitió sufragar a los ciudadanos cuya
inscripción se revocó.
Adujo que también se presentó un incremento injustificado, en el formulario E-24,
de la votación de algunos partidos y candidatos, y la disminución de los sufragios
de otras opciones políticas.
Sostuvo que, al revisar la Resolución 003 del 5 de octubre de 2023, expedida por
la Registraduría Municipal de Uribia, mediante la cual se nombraron los jurados
de votación, se evidenció que la mayoría de ellos son empleados de las empresas
del elegido, afines a su partido y, además, no tienen el nivel de escolaridad
requerido para desempeñarse como tales.
Agregó que existen indicios de que algunos jurados sufragaron dos veces el día
de las elecciones, tanto en la mesa asignada para ejercer sus funciones como en
la que tenían inscrita su cédula. Advirtió que «por todos los medios legítimos»
buscó obtener los formularios E-11 para robustecer los cargos de este medio de
control e iniciar las acciones de tipo penal.
Indicó que, al tenor del artículo 41 de la Ley 1475 de 2011, el escrutinio debe
llevarse a cabo a medida que se vayan recibiendo los pliegos por parte de los
claveros, por lo que lo más lógico y transparente es iniciarlo con las primeras
tarjetas electorales y continuar el procedimiento en el orden de llegada, y dejar
constancia de ese orden, no obstante, por alguna razón no se acató esa
disposición.
Aseveró que las comisiones auxiliares, supuestamente, permitieron el acceso a
la información de los formatos E-14, antes de transferir sus datos a los formularios
E-24, para lo cual ubicaron una pantalla a una distancia amplia de entre 6 y 8
metros del lugar donde estaban ubicados los candidatos y sus testigos, y la
autoridad escrutadora se limitó a ver como se transmitía la información, sin
garantizar el derecho de réplica, oposición o cualquier otra solicitud que se
pudiera presentar.
Adujo que los miembros de las comisiones auxiliares iniciaron el cómputo de los
votos, sin leer en voz alta la información del formulario E-14 de las distintas
corporaciones, hablando entre ellos, e ignorando a los testigos.
Señaló que se presentó el fenómeno de suplantación, toda vez que muchos
ciudadanos, al llegar a su puesto de votación, se sorprendieron al ver que su voto
aparecía realizado, situaciones que ocurrieron, sobre todo, en las zonas rurales,
donde no había «biometría».
Indicó que la mayoría de jurados designados no asistieron al puesto donde les
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correspondía ejercer sus funciones, porque el secretario de gobierno no dispuso
a tiempo el transporte para trasladarlos a las zonas rurales, lo que trajo como
consecuencia que en 12 corregimientos no se despacharon estos funcionarios
para las mesas.
Relacionó dos reclamaciones que presentó en las mesas 25 (zona 1, puesto 5),
y 28 (zona 3, puesto 1), en la primera advirtiendo enmendaduras y tachaduras en
el formulario E-14, la cual fue rechazada, y en la segunda donde solicitó recuento
por inconsistencias respecto al total de sufragantes, votos y sufragios
incinerados, la cual se negó porque en el E-14 no aparecían los votos incinerados
ni los depositados en la urna1.
Reiteró que el Consejo Nacional Electoral, mediante la Resolución 5489 del 26
de julio de 2023, adoptó decisiones respecto de la inscripción irregular de
cédulas, «anulando del censo electoral del departamento del (sic) 5.721 cédulas
inscritas bajo la figura de trashumancia electoral», y que «en el municipio hubo
un total de 2590 trashumantes según la resolución 5489 del 26 de julio».
Advirtió que muchos autos de trámite mediante los cuales fueron resueltas
distintas solicitudes2, no se incluyeron dentro del acta general de escrutinio
municipal, que en este documento solo se hizo referencia a 10 reclamaciones y,
de forma temeraria, se consignó que no hubo mesas impugnadas ni recursos por
resolver.
1.3. Normas violadas y concepto de la violación
El demandante advirtió la violación de los artículos 1°, 2, 29, 40, 83, 103, 209,
232, 258, 260 y 316 superiores; 3 (numerales 1, 3, 5, 8 y 9), 9 (numerales 9, 10
y 15), y 10 del CPACA; 152, 163, 164, 172, 192 (numerales 3, 10, 11 y 12), y 193
del Código Electoral; 2, 3 y 4 de la Resolución 1706 de 2019 proferida por el
Consejo Nacional Electoral3; y primero, tercero y cuarto de la Resolución 2276
de 2019 proferida por la misma autoridad. Invocó la causal de nulidad prevista en
el numeral 2° del artículo 275 del CPACA. Formuló los siguientes cargos.
A. Datos contrarios a la verdad – expedición irregular – desconocimiento
del derecho de audiencia y de defensa – falsa motivación
Explicó que el Consejo Nacional Electoral, a través de la Resolución 1706 de
2019, estableció la obligación de entregar los documentos electorales en archivos
planos, así como el acta general de escrutinios, y dispuso que ningún recurso
podrá ser resuelto por auto de trámite. Luego, transcribió los artículos primero y
cuarto de la Resolución 2276 de 2019, proferida por la misma entidad, que
condicionan la declaratoria de la elección a la culminación del cómputo total de
1
No precisó los actos ni las autoridades que se pronunciaron sobre estos reparos.
2 No precisó tales autos.
3 «Por medio de la cual se dictan medidas para garantizar la transparencia de los Escrutinios, el uso eficiente
de los recursos públicos destinados al proceso electoral».
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Demandante: Andrés Eduardo Álvarez Sánchez
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votos, y a la solución de todas las reclamaciones, apelaciones y desacuerdos
entre delegados de la autoridad electoral.
Adujo que los testigos electorales, durante los escrutinios de mesa, presentaron
reclamaciones ante los jurados, y que estos se negaron a recibirlas, pese a que
los artículos 121 y 122 del Código Electoral confieren a aquellos la facultad de
supervigilar las elecciones y presentar reclamos escritos. Añadió que, con ello,
se desconoció el derecho al debido proceso, so pretexto de que el tiempo era
corto.
Agregó que las reclamaciones presentadas por los testigos no se introdujeron en
los sobres de los documentos electorales, para que fueran revisadas por las
comisiones auxiliares, y que las diferencias y errores evidenciados conllevaron la
disminución de votos de unos candidatos y aumento de los sufragios de otros4.
Sostuvo que, además, tales reparos no fueron resueltos en la forma que
establece la ley, por cuanto no existió sustento jurídico para negarlas y en razón
a que se despacharon mediante autos de trámite, que no admiten recursos.
B. Datos contrarios a la verdad o alterados con el propósito de modificar
los resultados electorales – Infracción de las normas en que debían
fundarse el acto – Expedición irregular
Insistió en que las reclamaciones presentadas por los testigos electorales y
apoderados, conforme con el artículo 192 del Código Electoral, no fueron
resueltas en la forma que establece la ley, toda vez que su negativa no fue
motivada y se resolvieron a través de autos de trámite, por lo que se incurrió en
falta de aplicación de la norma.
En criterio del actor, la ley se aplicó de forma indebida, toda vez que en las
elecciones se hicieron evidentes múltiples anomalías en las mesas, como la
trashumancia, y se negaron las reclamaciones fundadas y soportadas con el
propósito de evitar un resultado diferente al que esperaban las comisiones «esto
es, la elección del hoy demandado, como alcalde electo del municipio de
Valledupar. Máxime cuando la diferencia entre los dos candidatos más
opcionados, como se llegó a establecer según rango estadístico, en el xxxxxx de
las mesas donde se muestra como ganador al hoy alcalde electo, no es superior
a XX votos».
Sostuvo que, por lo tanto, las comisiones adoptaron una postura contraria a
derecho, al restringir de forma arbitraria las reclamaciones, y realizar el escrutinio
y transcripción de la información de los formatos E-14 al E-24, sin ser publicitada.
Agregó que la omisión del acceso a la información, como la negativa de no
4 No hizo precisión de los candidatos afectados o beneficiados con esta práctica. Según la nota de pie de
página 3 de la demanda, expuso una tabla con este contenido. Sin embargo, no se insertó tabla alguna ni
se adjuntó archivo con esta información.
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Demandante: Andrés Eduardo Álvarez Sánchez
Demandado: Jaime Luis Buitrago García
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permitir recursos, son situaciones constitutivas de sabotaje que afectaron los
resultados de las elecciones.
C. Violación de las normas electorales con desviación del ejercicio propio
de las atribuciones de la autoridad electoral
Advirtió que los fines que buscaba la administración en el proceso de elección en
cuestión, se motivaron por intereses personales y laborales, puesto que, de forma
poco garantista, la mayoría de los jurados, nombrados mediante la Resolución
003 de 5 de octubre de 2023, eran funcionarios de la administración municipal, y
se encargaron de controlar las mesas y los puestos de votación. Indicó que, en
tal caso, existió un conflicto de intereses.
Afirmó que los registradores y claveros se desviaron de las funciones previstas
en el numeral 21 del artículo 26 del Código Electoral, porque no las acataron con
rigor, por el contrario, actuaron con pasividad frente a una serie de
irregularidades, denuncias y reclamaciones, procurando salir rápido del proceso
de escrutinio y, con ello, favoreciendo al demandado.
D. Sabotaje contra los sistemas de votación, información, transmisión o
consolidación de los resultados de las elecciones o ejercicio de violencia
frente a la destrucción de documentos, elementos y material electoral
Adujo que las autoridades electorales vulneraron la fuerza y publicidad de las
votaciones, toda vez que las comisiones debieron garantizar el acceso a la
información que asistía a cada testigo, y que al momento de iniciar el proceso de
«recuento» de votos y validación de la información de los documentos
electorales, incurrieron en una serie de anomalías y hechos que viciaron la
elección demandada. Agregó que, por ende, como no se permitió el acceso a la
información, no se aceptó el trámite de recursos.
Arguyó que se presentó sabotaje en la consolidación de la información de los
resultados de las elecciones, al omitirse lo reglado en los artículos 152 y 163 del
Código Electoral, dado que los pliegos no se introdujeron en el arca triclave en
debida forma y no se respetó el orden de llegada para la realización del escrutinio.
Aseveró que existió violencia contra el sistema de votación por violación del
principio de publicidad de la consolidación de los resultados electorales, al
omitirse lo previsto en el artículo 164 del Código Electoral, porque se presentaron
reclamaciones en las que se solicitó recuento, pero las decisiones fueron
adversas y, además, se adoptaron mediante auto de trámite para evitar el
derecho a presentar recursos.
Añadió que la violencia alegada también tuvo lugar por cuanto no se publicó la
información con el objeto de no dar cabida a reclamaciones, y que los miembros
de las comisiones auxiliares se limitaron a compartir información entre ellos, en
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Demandante: Andrés Eduardo Álvarez Sánchez
Demandado: Jaime Luis Buitrago García
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desconocimiento del artículo 172 ibidem.
Indicó que el sabotaje en cuestión también tuvo lugar por la uniprocedencia en
las tarjetas electorales en el corregimiento de Sabana de Crespo. Al respecto,
sostuvo que las actas generales de escrutinio «ya sea de las comisiones
escrutadoras departamentales o de la comisión escrutadora nacional», viciaron
de nulidad el acto de elección por contener datos contrarios a la verdad, y que
muchas tarjetas electorales se marcaron «a una sola mano y ademas (sic) de ello
los números no son consecutivos, por ello es claro que lo contenido en uno y otro
formulario no corresponde a la verdad».
E. Datos contrarios a la verdad o alterados con el propósito de modificar
los resultados electorales
Afirmó que se presentaron datos contrarios a la verdad entre formularios E-14 y
E-24, al punto que se modificó el resultado electoral.
Reiteró que los testigos presentaron múltiples reclamaciones, «[p]ero
extrañamente las reclamaciones, o no fueron introducidas por los jurados de
mesa, o no fueron verificadas por las comisiones auxiliares, imprimiéndose
apariencia de no haber existido», ello con el propósito de inaplicar el inciso
tercero del artículo 166 del Código Electoral, el cual prevé que lo correcto es
abstenerse de expedir la credencial correspondiente.
Resaltó que esta postura de las comisiones auxiliares fue asumida por su
homólogo municipal, pues sus integrantes no resolvieron de forma favorable los
reclamos o apelaciones a las que se refiere el artículo 192 del Código Electoral,
bajo el pretexto de que el sistema «no permitía resolverlos de otra forma y que
de forma impositiva esta software (sic) determinó no admitir ninguna reclamación
o apelación; (…). Violando lo reglado en el artículo 167 del código electoral».
F. Incidencia de los votos trashumantes en el resultado electoral al contener
datos contrarios a la verdad por haber votado cédulas en custodia
Advirtió que el Consejo Nacional Electoral, por medio de la Resolución 4866 del
18 de septiembre de 2019, «ordeno (sic) dejar sin efecto la inscripción irregular
de cédulas para la elección a realizarse el día 29 de octubre de 2023 en algunos
municipios del Departamento del xxxxx, donde se encuentra en municipio de
xxxxxxx con xxxxxx cedulas anuladas aproximadamente, sin embargo, las
cedulas que se relacionan a continuación votaron a a (sic) pesar de estar
anuladas:»5.
F (sic). Datos contrarios a la verdad o alterados con el propósito de
modificar los resultados electorales, identificados por diferencias
5 No relacionó los documentos de identidad a los que hizo referencia. Con la demanda se aportaron seis
fotografías contentivas de unos listados con nombres y números de cédula, cinco de ellas que
corresponderían, al parecer, a jurados, y la restante no identifica de quienes se trata.
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Demandante: Andrés Eduardo Álvarez Sánchez
Demandado: Jaime Luis Buitrago García
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injustificadas entre los formularios E-14 y E-24
Indicó que se configuró la causal de nulidad prevista en el numeral 3° del artículo
275 del CPACA, «debido a las alteraciones evidenciadas por la reducción de los
votos registrados de forma injustificada, en la no inclusión de los votos realmente
obtenidos por el Partido ACUERDO DE COALICION PROGRAMATICA Y
POLITICA, PARTIDO DE LA U Y CAMBIO RADICAL».
Sostuvo que los escrutadores no describieron de forma detallada las
modificaciones hechas a los resultados electorales con base en las
reclamaciones presentadas por los testigos y apoderados, por cuanto no se
indicaron de manera precisa los resultados de las modificaciones en la votación.
G. Irregularidades en la designación de jurados de votación por
homogeneidad y sin requisitos requeridos
Afirmó que los jurados que fungieron en las elecciones lo hicieron sin el
cumplimiento de requisitos legales, en contravía de los artículos 41, 47, 101 y
108 del Código Electoral, y la Ley 163 de 1994, toda vez que actuaron personas
que no fueron nombradas para el efecto, por lo que carecían de competencia.
Añadió que estos funcionarios no tenían el grado de escolaridad requerido 6.
Consideró transgredidos los artículos 101 a 110 del Código Electoral, toda vez
que se demostró que muchos de los jurados son empleados del elegido y afines
a su partido, lo cual se refleja en la Resolución 003 del 5 de octubre de 2023,
dictada por el registrador municipal.
1.4. Actuaciones procesales
Por auto de 17 de enero de 2024, el tribunal de primera instancia inadmitió la
demanda para que el actor la subsanara en el sentido de i) aportar la copia del
acto demandado, ii) acreditar el envío simultáneo del libelo al extremo accionado,
e iii) indicar el lugar y dirección física donde el demandado recibe notificaciones.
Previa subsanación mediante proveído del 1° de febrero de 2024 se admitió la
demanda.
1.5. Contestación de la demanda
Consejo Nacional Electoral
A través de apoderada, la entidad manifestó que el demandante no demostró que
personas trashumantes hayan sufragado en el municipio, toda vez que no
describió las circunstancias de tiempo, modo y lugar, no los individualizó por
zona, puesto y mesa, y si bien allegó un listado de cédulas, no se sabe a qué
6 En la nota de pie de página 16 refirió una tabla con la lista de jurados que no cumplen el grado de
escolaridad requerido. No obstante, en la demanda no insertó dicho contenido.
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Demandante: Andrés Eduardo Álvarez Sánchez
Demandado: Jaime Luis Buitrago García
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corresponde o el comparativo donde demuestre lo alegado. Agregó que tampoco
se desvirtuó la presunción de residencia electoral.
Sostuvo que las resoluciones 5489 y 9226 de 2023 fueron objeto de recursos,
resueltos mediante las resoluciones 9366 y 13933 de 2023, por lo que no le
consta que las personas a quienes se revocó la inscripción de su cédula hayan
sufragado.
Indicó que, revisado el escrito de la demanda y sus anexos, no se allegaron
soportes de las reclamaciones referidas por el actor, y que, en todo caso, las que
se presentaron fueron resueltas.
Registraduría Nacional del Estado Civil
A través de apoderado, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, fundada en que los señalamientos de la demanda no comprometen
la actividad de la entidad en el marco de sus competencias.
Agregó que, respecto del censo electoral de Uribia, su conformación se realizó
según los procedimientos previstos en los artículos 48 y 49 de la Ley 1475 de
2011, dando cumplimiento a las decisiones del Consejo Nacional Electoral,
logrando la depuración y actualización mientras se tuvo la posibilidad material de
hacerlo.
Advirtió que el demandante no demostró las presuntas irregularidades endilgadas
a la registraduría en la conformación del censo electoral, y su afectación respecto
del acto de elección.
Mencionó que el Consejo Nacional Electoral inhabilitó un número considerable
de cédulas de ciudadanía para sufragar en el municipio de Uribia, a través de las
resoluciones 9226 del 8 de septiembre y 5489 del 26 de junio de 2023, y mediante
las resoluciones 9366 del 12 de septiembre y 13933 del 22 de octubre, resolvió
los recursos interpuestos, donde repuso parcialmente las decisiones primigenias
y ordenó unas reincorporaciones al censo.
Advirtió que la registraduría logró actualizar el censo conforme la decisión
adoptada en la Resolución 5489 de 2023 y, con todo, se esforzó por depurarlo
hasta el 26 de septiembre. Indicó que la Resolución 9226 de 2023 fue notificada
a la entidad el 3 de octubre, por lo que no fue posible procesar lo resuelto.
Respecto del cargo de suplantación, afirmó que no se demostró la incidencia de
esta anomalía, pues el actor no cumplió esta carga y se limitó a referencias
generales sin descender al caso concreto ni precisar los lineamientos que exige
la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Frente a las irregularidades en torno a los jurados de votación, indicó que la
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Demandante: Andrés Eduardo Álvarez Sánchez
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entidad se limita a su escogencia mediante sorteo a través de un software
diseñado por la entidad, el cual se lleva a cabo en presencia de delegados del
Ministerio Público y representantes de las agrupaciones políticas, actividad que
no incide en los resultados vertidos en los formularios E-14 y E-24.
Del demandado Jaime Luis Buitrago García
Adujo que la Resolución 5489 del 26 de julio de 2023 no quedó en firme, porque
fue revocada por la Resolución 9366 del 12 de septiembre de 2023, que ordenó
reincorporar al censo algunas cédulas.
Indicó que, para formular una censura por trashumancia, es deber del
demandante precisar el nombre del ciudadano revocado y su número de cédula,
y determinar que efectivamente sufragó, con individualización de la zona, el
puesto y la mesa donde lo hizo. Sin embargo, el demandante se limitó a decir
que se revocó la inscripción de unos ciudadanos, sin indicar cuáles y si estos
efectivamente participaron en el certamen electoral. Agregó que tampoco se
demostró que los jurados de votación permitieran el sufragio de dichos
ciudadanos.
Sostuvo que, en iguales condiciones, el demandante no indicó los partidos y
candidatos a los que se les incrementó la votación, en detrimento de cuáles, ni
las mesas en las que tuvo lugar tal circunstancia.
Mencionó que, como ocurre con los demás cargos, la parte actora no identificó
cuántos y quiénes son los jurados supuestamente empleados del elegido, ni
cómo concluyó que son afines a su partido, y tampoco indicó quienes son los que
no tienen el nivel de escolaridad requerido para fungir como tales. Agregó que el
actor no identificó la razón social de las supuestas empresas del electo, el NIT,
Cámara de Comercio, y composición accionaria.
Advirtió que la parte demandante no precisó las mesas donde los jurados
ejercieron sus funciones, y en las que votaron por segunda vez.
Explicó que durante el escrutinio se presentaron diferentes peticiones y
reclamaciones con fundamento en la información proyectada en las pantallas,
que daba cuenta en tiempo real de los datos electorales y el diligenciamiento del
formulario E-24. Sobre este punto, señaló que el actor no refirió las comisiones
que actuaron de forma irregular.
Añadió que, en todo caso, no existió dificultad alguna para acceder a la
información electoral, pues las comisiones, previa solicitud de parte, la
entregaban, además que los formularios E-14 se publicaron en la página web de
la Registraduría Nacional del Estado Civil, de manera que estuvieron disponibles
para consulta.
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Demandante: Andrés Eduardo Álvarez Sánchez
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En cuanto a la suplantación alegada, afirmó que el extremo actor se limitó a
realizar afirmaciones generales, sin identificar las personas, puestos de votación,
ni los elementos mínimos para el estudio de la censura.
Acerca de las reclamaciones a las que se refirió el demandante, advirtió que estas
no hacen parte de la litis porque los actos que las resolvieron no se demandaron
y, con todo, no identificó las fechas ni las autoridades que los expidieron.
Indicó que tampoco se identificaron los supuestos autos de trámite, sus fechas,
la comisión que los profirió, cuáles fueron las reclamaciones que zanjaron y
quiénes las presentaron.
Sostuvo que el actor no aportó las 15 pruebas documentales que relacionó en la
demanda, esto es, resoluciones, formulario E-24, acta general de escrutinio,
reclamaciones, recursos, autos de trámite, cédulas revocadas, matrices de
diferencias injustificadas y jurados de votación sin escolaridad, entre otros.
Advirtió que en el archivo denominado «Electoral 2024-00012», contenido en la
carpeta digital donde reposa la demanda, se evidencian unas imágenes que no
se relacionaron como pruebas, y que no tienen valor de convicción porque no
arrojan certeza de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su registro.
Al referirse a los cargos de la demanda, indicó que las censuras formuladas se
plantearon de manera general y abstracta, sin precisar siquiera los aspectos
fácticos y jurídicos esenciales para su análisis.
Refirió que en las pretensiones busca que se anule un auto de trámite del 6 de
noviembre de 2023, por medio del cual se resolvieron solicitudes y/o
reclamaciones presentadas durante el escrutinio, sin desarrollar el concepto de
la violación en relación con este acto.
Sobre el cargo denominado «datos contrarios a la verdad, expedición irregular,
con desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa y falsa motivación»
(literal A), sostuvo que la parte actora se limitó a realizar manifestaciones
genéricas en contra de los jurados, las comisiones escrutadoras municipales y
distritales, sin especificar las condiciones de tiempo, modo y lugar que permitan
abordar el estudio requerido.
Advirtió que el demandante hizo alusión a una tabla de las reclamaciones que
supuestamente no fueron atendidas, pero no incorporó esos datos. Agregó que,
luego de transcribir fragmentos de sentencias, se limitó a señalar que las
reclamaciones presentadas por los testigos electorales fueron resueltas por autos
de trámite, sin decir cuáles, pasando por alto el deber de determinar y concretar
las censuras.
En cuanto al cargo que se denominó «datos contrarios a la verdad o alterados
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Demandante: Andrés Eduardo Álvarez Sánchez
Demandado: Jaime Luis Buitrago García
Rad: 44001-23-40-000-2024-00012-01
con el propósito de modificar los resultados electorales, infracción de las normas
en que debía fundarse y expedición irregular» (literal B), sostuvo que el actor
reiteró las afirmaciones de la censura anterior y realizó manifestaciones en
relación con la elección del alcalde de Valledupar (Cesar), pasando por alto
reemplazar las palabras que fueron sustituidas por letras x.
Al referirse al alegato del líbelo según el cual las comisiones auxiliares y la
municipal transcribieron la información del formato E-14 al E-24 «sin ser
publicitado», puntualizó que estas censuras se formularon de forma ambigua,
vaga y general, sin describir elementos mínimos que permitan un análisis de
fondo.
Frente al cargo denominado «violación de normas electorales con desviación del
ejercicio propio de las atribuciones de la autoridad electoral» (literal C), señaló
que el actor transcribió apartes de sentencias referidas a la deviación de poder,
y afirmó que los reproches contra la Resolución 003 del 5 de octubre de 2023,
que nombró los jurados de votación, escapan de esta litis, toda vez que este acto
debe enjuiciarse a través del medio de control de nulidad y no en el contencioso
electoral.
Resaltó que la demanda no señaló los jurados de votación que eran funcionarios
de la administración, ni las mesas donde ejercieron sus funciones. Añadió que,
con todo, el hecho de que estos jurados sean servidores públicos no comporta
un vicio en el proceso de votación y escrutinio.
Acerca del cargo que plantea sabotaje contra los sistemas de votación,
información, transmisión o consolidación de los resultados electorales, y violencia
(literal D), explicó que las afirmaciones al respecto no guardan relación con dicha
causal de nulidad, comoquiera que se refirió a una «serie de anomalías», las
cuales no precisó, ni la comisión que incurrió en ellas.
Sostuvo que, del mismo modo, el demandante cuestionó que los pliegos no se
introdujeran en el arca triclave en debida forma, sin respetar el orden de llegada,
pero no indicó las razones de este fundamento.
Aseveró que en el cargo se plantean irregularidades en el corregimiento de
Sabana de Crespo, no obstante, este no pertenece al municipio de Uribia, sino al
de Valledupar y, además, no refirió quién fue la persona que realizó las supuestas
«uniprocedencias» referidas en el planteamiento, ni los documentos dubitados y
el indubitado que le permitió arribar a esa conclusión, ni las tarjetas electorales
que supuestamente marcó esa persona, las mesas o el método científico
empleado para concluir sus aseveraciones.
Acerca del cargo del literal E (datos contrarios a la verdad o alterados con el
propósito de modificar los resultados electorales), que se sustentó con la
afirmación según la cual varios testigos presentaron reclamaciones que no se
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Demandante: Andrés Eduardo Álvarez Sánchez
Demandado: Jaime Luis Buitrago García
Rad: 44001-23-40-000-2024-00012-01
introdujeron en los pliegos, y que las comisiones no resolvieron, advirtió que el
actor incumplió su deber de precisar el cargo con indicación de la zona, puesto y
mesa donde se presentaron, su contenido y la constancia de radicación, como
tampoco identificó la comisión auxiliar a la que hizo alusión.
Adujo que no se debe pasar por alto que el demandante se refirió a dos
reclamaciones, pero no identificó el acto ni la autoridad que las resolvió, y
tampoco señaló si correspondían con las que refiere en esta oportunidad.
Frente al cargo por la incidencia de los votos trashumantes en el resultado
electoral, por haber votado cédulas en custodia (literal F), sostuvo que este se
planteó con absoluta falencia argumentativa, pues al referirse a la Resolución
4866 de 18 de septiembre de 2019, que dejó sin efecto la inscripción de unas
cédulas, pasó por alto que este acto se dictó en el marco de las elecciones
territoriales de ese año, y aplicaba para municipios del departamento de
Antioquia.
Agregó que el demandante puso la letra x en repetidas ocasiones para determinar
el departamento, municipio y número de cédulas revocadas, no refirió las
relacionadas con el municipio de Uribia, y tampoco acreditó que los electores
revocados efectivamente votaron.
Respecto del cargo que controvierte diferencias injustificadas entre formularios
E-14 y E-24 (literal repetido F), mencionó que la parte actora se limitó a transcribir
sentencias, pasando por alto determinar la zona, el puesto, y la mesa donde se
presentaron las discrepancias alegadas, sin análisis comparativo de los
guarismos consignados entre estos formatos.
Sobre el cargo que cuestiona irregularidades en la designación de jurados, por
homogeneidad y sin requisitos (literal G), reiteró que esta censura desborda el
objeto de la litis, comoquiera que esta no es la instancia judicial para controvertir
la legalidad del acto de designación (Resolución 003 del 5 de octubre de 2023).
Señaló que, con todo, el actor no refirió elemento alguno que determine las
razones por las que los jurados designados no cumplían los requisitos legales
para fungir como tales, ni acreditó que, efectivamente, cumplieron sus funciones
y en donde lo hicieron.
Con base en los argumentos anteriores, propuso la excepción de inepta
demanda.
Intervenciones
El señor Carlos Mario Isaza Serrano se opuso a las pretensiones de la demanda
por cuanto el demandante manifestó una serie de apreciaciones subjetivas,
ambiguas, genéricas vagas y sin sustento probatorio, y no desarrolló el concepto
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Demandante: Andrés Eduardo Álvarez Sánchez
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de violación.
La señora María Carolina Henríquez coadyuvó las pretensiones de la demanda
respecto de los cargos de trashumancia electoral, la designación y sufragio de
los jurados de votación, y la ausencia, el día de las elecciones, de algunos de
ellos en las mesas asignadas.
1.6. Otras actuaciones de la primera instancia
A través de providencia del 12 de abril de 2024, la magistrada sustanciadora
declaró no probada a excepción de inepta demanda propuesta por el
demandado, aceptó la «solicitud de coadyuvancia» del señor Carlos Mario Isaza
Serrano en favor del extremo accionado, y rechazó el escrito de contestación
radicado por el referido interviniente.
Por auto del 8 de mayo de 2024, la togada de primera instancia resolvió el recurso
de reposición presentado por dicho tercero contra el auto que rechazó su escrito
de contestación de la demanda, en el sentido de no reponer tal proveído.
Adicionalmente, aceptó la solicitud de coadyuvancia presentada por María
Carolina Henríquez y rechazó los hechos y pruebas adicionales que planteó en
su escrito.
La audiencia inicial tuvo lugar el 21 de mayo de 2024. En esta diligencia se fijó el
litigio en los siguientes términos:
La fijación del litigio se contrae en determinar : i) si se debe declarar la nulidad
parcial del acto electoral formulario E 26 ALC – del día 6 de noviembre de
2023, expedida por la Comisión Escrutadora Municipal de Uribia - La Guajira,
a través de la cual se declaró la elección del señor Jaime Luis Buitrago
García, como Alcalde del Municipio o de Uribia, y la nulidad del auto de
trámite del 6 de noviembre de 2023, por medio del cual se resuelven
solicitudes y/o reclamaciones presentadas durante el escrutinio de la Alcaldía
Municipal de URIBIA-LA GUAJIRA, con ocasión de los comicios celebrados
el 29 de octubre de 2023, por encontrase incursos en las causales de que
tratan los numerales 2º y 3°del artículo 275 del CPACA, y las causales de
desconocimiento del derecho de defensa y/o debido proceso administrativo
electoral, infracción de las normas en que debía fundarse, desviación del
ejercicio propio de sus atribuciones y falsa motivación, dispuestas en artículo
137 del CPACA, iii) si se debe decretar la cancelación de la respectiva
credencial que lo acredita como alcalde electo del Municipio de Uribia, para
el periodo constitucional 2024 -2027, iv) y hay lugar a ordenar la realización
nuevas elecciones para el cargo de alcalde del municipio de Uribia – La
Guajira, para el período constitucional 2024-2027., y v), se deben declarar
probadas las excepciones propuestas por la parte la Registraduría Nacional
del Estado Civil.
En cuanto a las pruebas, dispuso tener como tales las aportadas como anexos
de la demanda y su contestación. Respecto de la solicitud probatoria del libelo,
negó los dictámenes periciales a cargo del CTI de la Fiscalía General de la
Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil, y decretó las consistentes en
oficiar a las autoridades competentes para que aportaran al proceso las
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Demandante: Andrés Eduardo Álvarez Sánchez
Demandado: Jaime Luis Buitrago García
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documentales pedidas7.
La parte demandada interpuso recurso de reposición contra el auto que decretó
la prueba consistente en oficiar a la registraduría para que rindiera un informe
sobre los actos administrativos de revocatoria de inscripción de cédulas
proferidos por el Consejo Nacional Electoral. El despacho sustanciador dispuso
no reponer la decisión.
La audiencia de pruebas se llevó a cabo el 5 de junio de 2024. En esa oportunidad
se incorporó la prueba documental decretada en la audiencia inicial y se dispuso
el traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus
respectivos alegatos y concepto.
1.7. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 16 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de La
Guajira negó las pretensiones, y declaró no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva propuesta por la Registraduría Nacional del
Estado Civil.
Los cargos se resolvieron de la siguiente manera.
Los jurados de votación permitieron que ciudadanos, cuya inscripción en
el censo electoral fue anulada, ejercieran igualmente el voto
Advirtió que en la demanda no se individualizaron los presuntos trashumantes y
tampoco se demostró que no residieran en el municipio de Uribia, como tampoco
se acreditó que hubieran sufragado, dado que no se indicó la zona, puesto y
mesa donde ejercieron su derecho al voto. Adujo que, por lo mismo, no se
acreditó la incidencia de esta votación presuntamente irregular.
Se registró un aumento injustificado en los formularios E24
Indicó que si bien se aportaron los documentos para revisar si se presentó el
incremento en la votación alegado por el actor, lo cierto es que la demanda no
identificó los beneficiarios del aumento en mención, ni los candidatos a quienes
se les redujo su votación por esta causa, como tampoco la modificación aritmética
surtida ni la zona, puesto y mesa que presentó la desproporción.
7 «Copia de Resolución de ingreso del arca triclave, de los comicios electorales del 29 de octubre de 2023,
en el Municipio de URIBIA, LA GUAJIRA. (…) Copia de los listados de empresas y entidades públicas que
nombraron o postularon funcionarios o trabajadores como jurados electorales. (…) Copia de los listados de
cédulas reportadas con altas y bajas, es decir, que cédulas fueron devueltas por trashumancia o retornaron
al censo electoral del Municipio de cara a las lecciones del día 29 de octubre del 2023, en el Municipio de
URIBIA-LA GUAJIRA. (…) Copia de los listados de cédulas en custodia o congeladas hasta el día 29 de
octubre del 2023, en el municipio de URIBIA-LA GUAJIRA. (…) Copia del CENSO ELECTORAL, vigente
para el día 29 de octubre del 2023, en el municipio de URIBIA-LA GUAJIRA. (…) Copia de los formatos E-2
• E-10 - E-11 - E-12 - E-18 - E-19 - E-20 elecciones de URIBIA-LA GUAJIRA. (…) A la Registraduría Nacional
del Estado Civil- Dirección de Censo para que rinda un informe respecto de cuales actos administrativos y
en qué fecha el Consejo Nacional Electoral ordenó a esa Dependencia se revocará la inscripción cédulas
del Municipio de Uribia-La Guajira».
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Al respecto, señaló que el tribunal no puede, de manera oficiosa, hacer una
auditoría al proceso electoral en búsqueda de presuntas irregularidades que se
alegaron de manera genérica e indeterminada.
Los jurados electorales tenían vínculos laborales con el candidato electo,
eran afines a su partido y algunos no cumplían con el nivel de escolaridad
requerido
Advirtió que el demandante no identificó los jurados que, presuntamente,
incurrieron en las irregularidades alegadas, y recalcó la ausencia de pruebas que
demuestren i) la relación laboral, ii) la afinidad política, y iii) el nivel de escolaridad
de los designados.
Resaltó lo dicho por la organización electoral en sus contestaciones, en cuanto
que el proceso de nombramiento de jurados es público, y consiste en un sorteo
aleatorio que puede presenciar cualquier interesado, por lo que ese era el espacio
propicio para formular objeciones.
Los jurados electorales ejercieron su derecho al sufragio en más de una
ocasión
Afirmó que la demanda no especificó las zonas, puestos y mesas donde
presuntamente los jurados ejercieron sus funciones y en las que depositaron su
voto por segunda vez. Agregó que tampoco se aportó el listado de jurados que
incurrieron en la referida falta.
Las comisiones escrutadoras no siguieron el conducto regular de contar
las papeletas «(tarjetones)» en el orden de su recepción
Indicó que si bien «al tenor del artículo 5º (sic) de la ley 1475 de 2011» las
comisiones escrutadoras deben realizar el escrutinio conforme vayan recibiendo
los documentos electorales, también se debe considerar que los testigos están
habilitados para formular reclamaciones escritas, en aras de evitar cualquier
situación anómala. Recalcó que el demandante no aportó copia de alguna de las
reclamaciones presentadas por los testigos ni tampoco mencionó la incidencia
de esta irregularidad en los resultados electorales.
Los jurados permitieron a los testigos electorales acceder a la información
del conteo y las comisiones auxiliares iniciaron el cómputo sin leer la
información en voz alta
Destacó que fue el mismo demandante quien relató la forma como los jurados
permitieron el acceso a la información de los formularios E-14 a los testigos
electorales, esto es, al referirse a las proyecciones de las pantallas ubicadas
entre 6 y 8 metros de distancia, por lo que es válido presumir que, al conocer
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información tan específica, también tuvieron precisión de las mesas donde
ocurrieron las presuntas inconsistencias, empero, dicha información no se incluyó
en la demanda.
Existieron casos de suplantación electoral
Advirtió que la parte actora no cumplió el requisito de determinación del cargo,
comoquiera que i) no relacionó la zona, puesto y mesa donde acaeció la
irregularidad, ii) no individualizó los presuntos suplantados, y iii) no señaló los
suplantadores.
Señaló que la demanda persigue que el juez electoral sea quien se encargue de
determinar la irregularidad alegada, lo cual es contrario al principio de justicia
rogada en materia contencioso-administrativa.
Los autos mediante los cuales se resolvieron las reclamaciones de los
testigos no fueron incluidos en su totalidad en el acta de escrutinio
Aseveró que el actor no aportó las decisiones de las reclamaciones que, en su
sentir, no se incluyeron en el acta de escrutinio, por lo que no es posible
corroborar los autos omitidos.
1.8. recurso de apelación
La parte actora formuló recurso de apelación contra el proveído anterior.
Sostuvo que el material probatorio que justificó los cargos de la demanda se
incorporó al proceso a través de la prueba de oficio que decretó el tribunal. Pese
a ello, la instancia judicial no valoró tales documentos. Agregó que «no es que la
agencia judicial deba fallar de oficio, es que las pruebas de las irregularidades
son tan evidentes y se encuentran en el acervo probatorio y de forma evidente
que con que se tome uno al azar, se resuelve y prueba el problema jurídico».
Advirtió más de 7000 inconsistencias probadas con las documentales aportadas.
A manera de ejemplo, citó el caso de dos ciudadanos cuya inscripción en el censo
fue revocada y, pese a ello, sufragaron y, en general, advirtió que más de cien
votantes estaban incursos en esa situación, por lo que, en su sentir, bastaría con
evidenciar una al azar para que se anule la elección.
Incorporó una tabla donde relacionó la situación de varios ciudadanos incursos
en irregularidades por trashumancia, por cuanto figuran en las resoluciones
mediante las cuales el Consejo Nacional Electoral revocó su inscripción en el
censo y, no obstante, aparecen como votantes en el formulario E-11. También
señaló inconsistencias por falta de firmas de los jurados al final de este
documento, y ausencia de cómputo de los votos.
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Relacionó un listado de jurados de votación que, según dice, no aparecen en la
Resolución 003 del 5 de octubre de 2023, y tampoco en los formularios E-2 y,
pese a ello, suscribieron el formulario E-11, por lo que es evidente su
suplantación.
Añadió que observó una amplia cantidad de jurados que no plasmaron su número
de cédula ni la huella, y escribieron su nombre de manera poco legible en los
formularios E-11.
Luego destacó algunos de tales formatos, frente a los cuales advirtió que los
sufragantes no lo firmaron. Se refirió, en concreto, al corregimiento de Irraipa, del
cual sostiene que ningún elector los firmó, y precisó que en la mesa 3 «se registra
un voto y no se identifica el nombre, se evidencia una firma ilegible».
Destacó que en la misma mesa se presentó suplantación, porque el nombre y
apellido del sufragante no coincide con la identificación cuando se contrasta con
la información del ADRES. Trajo a colación un ejemplo de ello.
Posteriormente incorporó varias tablas en donde enlistó las personas sufragantes
que no firmaron, o no colocaron huella, el formulario E-11 en varias mesas tanto
del corregimiento en mención como también en Bahía Honda, Uru, Alfonzo
López, El Cadón, Punta Espada, Carrizal, y otras donde destacó, además de la
falta de firma, casos de suplantación en el Casco Urbano (Julia Sierra I.E), y en
los corregimientos de Taroa, Castillete, y Guarerpa.
Indicó que anexaba un archivo Excel con el informe de estas irregularidades en
los corregimientos «Taparajín, Taguaira, Casuso, Puesto Estrella, Siapana, y los
demás anteriormente enunciados».
De otro lado, sostuvo que el número de votos por mesa presentó un incremento
inusitado, lo cual es indicador de trashumancia y otras inconsistencias, pues se
evidenciaron mesas que superan los 200 votos, pese a que el potencial, en una
jornada electoral de 480 minutos, arrojaría un total de 160 sufragantes por mesa,
pues el tiempo aproximado que se demora un votante en sufragar es de tres
minutos. Adicionalmente, no es posible que hayan asistido 200 sufragantes por
mesa durante la ola invernal que azotó al municipio en ese entonces, que dificultó
el acceso a la zona rural del ente territorial. Insertó una taba donde relacionó
varias mesas que presentaron una votación superior a los 200 sufragios.
1.9. Actuaciones de segunda instancia
Por auto del 21 de octubre de 2024 se admitió el recurso de apelación.
A través de proveído de 30 de octubre de 2024 el ponente rechazó la solicitud de
pruebas, consistente en aportar unos archivos en formato Excel, formulada con
el recurso de apelación.
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La parte demandante interpuso recurso de reposición contra la decisión anterior,
el cual fue resuelto mediante auto del 25 de noviembre de 2024, en el sentido de
no reponer lo resuelto en la providencia recurrida.
1.9.1. Alegatos de conclusión
Del demandado Jaime Luis Buitrago García
Advirtió que la parte actora, en su recurso, en lugar de formular reparos concretos
contra la sentencia, pretendió incorporar a la litis elementos y aspectos ajenos
por completo al debate de instancia y la actividad decisoria del juez.
Indicó que el demandante, con las imágenes de unas tablas en Excel, y sin
explicación alguna, pretende sustentar el cargo de suplantación, para lo cual
incorporó unas capturas de pantalla aparentemente tomadas de la página del
ADRES, como si se tratara del cargo de trashumancia, que dan cuenta de que
esas personas residen, precisamente, en el municipio de Uribia.
Afirmó que la parte actora, por primera vez en el proceso, incorporó un cargo
donde cuestionó el aumento de la votación pese a que llovió torrencialmente en
el municipio de Uribia, y a partir de esa aseveración, carente de sustento,
consideró que era irregular que el día de las elecciones se presentara ese
comportamiento electoral.
Concluyó que, por lo tanto, la apelación se circunscribió al cargo de la demanda
del literal F «[l]a incidencia de votos trashumantes en el resultado electoral al
contener datos contrarios a la verdad electoral por haber votado cédulas en
custodia», y busca incorporar el que denominó «aumento inusitado en el número
de votos por mesa (…)» por lo que no es posible que la segunda instancia se
ocupe de este último.
Indicó que, por ende, la apelación no presentó reparos contra el fallo de primer
grado, sino que se utilizó para tratar de concretar la censura de la demanda, e
incorporar otro que no se debatió en el proceso.
Al referirse al cargo de suplantación, por ser el único reparo de la alzada que, en
su sentir, fue debatido en la primera instancia, reiteró que esta censura no se
presentó con los elementos exigidos por la jurisprudencia de la Sección Quinta
del Consejo de Estado.
Parte demandante
Reiteró el fundamento de la alzada relacionado con sus reparos por
trashumancia, suplantación, e inconsistencias en el diligenciamiento de los
formularios E-11. incorporó varias imágenes de estos últimos, para destacar
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ciudadanos que votaron a pesar de que su inscripción fue revocada por el
Consejo Nacional Electoral, y otras donde advierte que los votantes no firmaron
este formato.
Insistió en el cargo de la apelación según el cual varios jurados fungieron como
tales pese a que no fueron designados mediante la Resolución 003 del 5 de
octubre de 2023, y tampoco figuran en los formularios E-2. incorporó una tabla
con el listado correspondiente.
Del tercero Impugnador Carlos Mario Isaza Serrano
Su apoderado solicitó que se confirme la sentencia de primera instancia, por
cuanto la apelación reincidió en la ausencia de determinación de los cargos.
1.10. Concepto del ministerio público
El procurador delegado con funciones mixtas solicitó que se confirme la sentencia
de primera instancia, toda vez que el demandante no cumplió los requisitos que
ha señalado la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado para
formular los cargos de suplantación y trashumancia, y que, contrario a lo que
señala el apelante, no basta con acreditar una sola irregularidad, comoquiera que
esa postura es contraria a la que, de manera pacífica, sostiene el referido
colegiado.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
De conformidad con lo establecido en los artículos 150 del CPACA y 13 del
Acuerdo 080 de 2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta
Sección es competente para conocer en segunda instancia del proceso de la
referencia, teniendo en cuenta que se pretende la nulidad del acto que declaró la
elección del señor Jaime Luis Buitrago García como alcalde de Uribia (La
Guajira), cuyo control de legalidad compete a los tribunales administrativos, en
primera instancia, según el literal a) del numeral 7 del artículo 152 de la Ley 1437
de 20118 y corresponde al Consejo de Estado fungir como juez ad quem, en
aplicación del artículo 150 ib.
8 «ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA
INSTANCIA. <Artículo modificado por el artículo 28 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:>
Los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de
las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes
municipales y distritales, de los miembros de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los
miembros de los consejos superiores de las universidades públicas de cualquier orden, y de miembros de
los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales. Igualmente, de la nulidad de las demás
elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de reconsideración;
(…)».
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2.2. Cuestión previa
La parte actora, en su alzada, formuló un cargo donde advierte un incremento
inusual de la votación por mesa (más de doscientos sufragantes), pese a la ola
invernal que azotó al municipio lo cual, en su sentir, es un indicador de
trashumancia. La apelación también plantea inconsistencias en el
diligenciamiento de los formularios E-11, tanto por parte de los jurados como de
los electores, por falta de firmas y huellas, e ilegibilidad de los datos consignados.
La Sala se abstendrá de resolver estos reparos de la alzada toda vez que tales
planteamientos no se formularon en la demanda, por lo que, al no haberse
debatido ante la primera instancia, la parte demandada no tuvo la oportunidad de
defenderse de esos señalamientos y, por lo mismo, no fue materia de
pronunciamiento por parte del a quo.
Se pone de presente al actor que, por virtud del principio de congruencia de que
trata el artículo 281 del Código General del Proceso, «[l]a sentencia deberá estar
en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en
las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley».
2.3. El acto acusado
La parte demandante pretende la nulidad del Formulario E-26 ALC del 6 de
noviembre de 2023, por medio del cual se declaró la elección del señor Jaime
Luis Buitrago García como alcalde del municipio de Uribia (La Guajira), para el
periodo 2024-2027.
También persigue la anulación del «Auto de tramite (sic) de 6 de NOVIEMBRE
de 2023, por medio del cual se resuelven solicitudes y/o reclamaciones
presentadas durante el escrutinio de la Alcaldía Municipal de URIBIA-LA
GUAJIRA, con ocasión de los comicios celebrados el 29 de octubre de 2023».
2.4. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si se debe revocar o confirmar la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
El tribunal de primera instancia despachó de manera desfavorable las censuras
planteadas en la demanda, al considerar que la parte actora no determinó con
precisión los cargos.
La apelación cuestiona la postura del a quo, en tanto el demandante considera
que al proceso se aportó el material probatorio que justificó los cargos de la
demanda, por lo que «no es que la agencia judicial deba fallar de oficio, es que
las pruebas de las irregularidades son tan evidentes y se encuentran en el acervo
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probatorio y de forma evidente que con que se tome uno al azar, se resuelve y
prueba el problema jurídico».
En ese orden, corresponde a la Sala establecer, en primer lugar, si el actor debía
plantear los cargos de la demanda de manera precisa, conforme los requisitos de
formulación previstos por la Sala Electoral del Consejo de Estado, o si podía
realizar afirmaciones genéricas para que, con ocasión del debate probatorio, se
establecieran las inconsistencias alegadas al momento de proferir sentencia.
De ser procedente esto último, la Sala se ocupará de establecer si durante la
actividad de votación que dio lugar a la elección demandada se presentaron los
fenómenos de trashumancia y suplantación.
2.4. Caso concreto.
La alzada se circunscribe a insistir en los reparos por trashumancia electoral y
suplantación de electores y jurados de votación, de manera que será sobre tales
cuestionamientos que se dictará el pronunciamiento de segunda instancia.
Del requisito de determinación de los cargos en el contencioso objetivo de
nulidad electoral
El artículo 139 del CPACA impone al demandante la carga de «precisar en qué
etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que
inciden en el acto de elección».
Como se desprende de lo trascrito, para la debida determinación del cargo, la
parte actora debe ser puntual en el señalamiento de los registros electorales
donde se concretaron las irregularidades que alteraron el resultado de los
comicios, sin que sea de recibo alegar de manera general e indeterminada
anomalías en la votación y los escrutinios.
La jurisprudencia de esta Sala, de antaño, viene señalando que el medio de
control de nulidad electoral no está concebido para que se descubran, en su
curso procesal, las inconsistencias que adolece el proceso de votación o de
escrutinio, sino para comprobar tales irregularidades9:
(…) la Sala reitera que los demandantes no pueden limitarse a plantear
hechos genéricos, abstractos, es decir sin precisión en cuanto a las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, bajo la consideración de que
el juez en el curso del proceso debe establecerlos de manera concreta,
así tenga que realizar una investigación que cubra el proceso electoral
realizado en toda o parte de la respectiva circunscripción electoral. El
proceso electoral no se puede utilizar para descubrir, mediante
investigación, hechos irregulares ocurridos con motivo de determinadas
elecciones o nombramientos, sino para corroborar, comprobar que
9 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 4 de marzo de 2005, expediente 27001-23-31-000-
2003-00759-01(3204), M.P. Darío Quiñonez Pinilla
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Rad: 44001-23-40-000-2024-00012-01
efectivamente los ya descubiertos, concretos y determinados por el
demandante tuvieron ocurrencia. (Negrillas fuera de texto)
De tiempo atrás, esta sección sostiene que la falta de determinación, además de
perjudicar el ejercicio del derecho a la defensa de los demandados electos,
implicaría que el juez deba escudriñar, de manera oficiosa, los registros
afectados, lo cual le está vedado10:
La determinación de cargos, que como se vio es una clara manifestación
del principio de justicia rogada, no se concibió para obstruir el acceso a
la Administración de Justicia, sino para conciliar ese principio
constitucional con el del debido proceso y el derecho a la defensa de la
parte demandada, y con la prohibición al juez de lo contencioso
administrativo de emitir fallos de oficio. Sería absurdo suponer que a los
demandantes les bastaría con apenas señalar que hubo irregularidades
en la votación y los escrutinios, para que el juez se viera impelido a
hacer una búsqueda oficiosa e interminable de inconsistencias en los
documentos electorales, ya que por más esfuerzos que hiciera la parte
demandada, su defensa nunca podría ser idónea debido a que
solamente hasta la sentencia, cuando se asigne el mérito probatorio a cada
medio de prueba, los elegidos por voto popular tendrían certeza de
cuáles son los casos de falsedad. (Negrillas fuera de texto)
De ahí que, en materia electoral, no es admisible la formulación generalizada de
irregularidades en las votaciones o escrutinio, toda vez que la exigencia acerca
de precisar los registros afectados se erige sobre la garantía del derecho de
defensa de los demandados electos y la prohibición del análisis oficioso de los
cargos.
Por consiguiente, la garantía del derecho de defensa y contradicción, en asuntos
objetivos de nulidad electoral, exige la debida determinación de los cargos desde
la presentación de la demanda «porque cuando se traba la relación jurídico-
procesal mediante la notificación personal del auto admisorio de la demanda
al demandado y la entrega del traslado, las irregularidades en la votación y los
escrutinios ya deben estar identificadas, a fin de que la parte demandada
pueda ejercer plenamente su defensa, dado que la incertidumbre que
envuelve una demanda formulada en esos términos, solamente vendría a
despejarse al momento de dictar sentencia, cuando se hace la valoración
del material probatorio»11 (Negrillas fuera de texto).
En ese orden, quien pretenda la nulidad de un acto de elección por
inconsistencias en los procesos de votación o escrutinio, debe tener claridad y
precisión de los hechos irregulares que sustentan las censuras del caso que
planteará ante el juez electoral.
Por ende, no es admisible que la demanda se formule de manera genérica o
10
Consejo de Estado. Sección Quinta. Providencia del 18 de septiembre de 2014. Exp: 11001-03-28-000-
2014-00060-00.
11 Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 19 de septiembre de 2013. Exp:
250002324000201200075-01.
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indeterminada, so pretexto de reservar la precisión de las censuras al resultado
de la actividad probatoria, pues con ello el demandado vendría a tener
conocimiento de los reparos concretos contra su elección, no al momento en que
se le notifica la demanda, sino en la etapa de sentencia, en la que no es posible
estructurar una defensa oportuna por haber precluido la oportunidad para ello.
A partir de los razonamientos anteriores, se justifica la prohibición al juez electoral
de descender, en la sentencia que pone fin al proceso, a la valoración oficiosa de
los medios de convicción aportados durante el curso del debate probatorio, pues
el demandado no conoció con precisión los cargos formulados en su contra.
En síntesis, no es viable que en el recurso de apelación se subsanen los yerros
de especificidad de los cargos, dado que con ello se afecta el derecho de defensa
y contradicción ante las nuevas circunstancias planteadas.
En este asunto, el demandante considera que las irregularidades alegadas se
demostraron con ocasión de las pruebas aportadas al proceso. Sin embargo,
para la Sala no pasa inadvertido que la demanda no se formuló con la debida
determinación de las inconsistencias que, en criterio del actor, son constitutivas
de trashumancia y suplantación de electores y jurados.
Sobre la primera causal de nulidad, «se parte de la presunción contenida en el
artículo 4° de la Ley 163 de 199412, esto es, que la residencia electoral de una
persona corresponde al lugar en el que tiene inscrita su cédula para votar (…)»,
de tal suerte que un ciudadano es trashumante «cuando se demuestra que está
inscrito para votar en un lugar del que: (I) no es morador del respectivo municipio,
(II) no tiene asiento regular en el mismo, (III) no ejerce allí su profesión u oficio y
(IV) tampoco posee negocio o empleo en la entidad territorial», es decir, se logra
desvirtuar la presunción de residencia electoral acreditando « que tales vínculos
existen respecto de otro lugar»13.
Ahora bien, esta Sala ha señalado que «[p]ara que prospere el cargo se debe
acreditar: (i) que personas no residentes en el respectivo municipio se
inscribieron para sufragar en él; (ii) que éstas, efectivamente hayan votado y (iii)
que sus votos tuvieron incidencia en el resultado de la elección»14.
Para formular la censura en cuestión, el demandante partió por señalar que el
Consejo Nacional Electoral dejó sin efecto la inscripción de varias cédulas de
12 “ARTÍCULO 4o. RESIDENCIA ELECTORAL. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la
Constitución Política, la residencia será aquella en donde se encuentre registrado el votante en el censo
electoral. Se entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad del juramento, residir en
el respectivo municipio. Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento breve y
sumario se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el CNE declarará sin efecto la
inscripción. Se exceptúa el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el
cual se seguirán aplicando las disposiciones del Decreto número 2762 de 1991”
13
Consejo de Estado. Sección Quinta. Sentencia del 18 de noviembre de 2021. Exp: 76001-23-33-000-
2019-01203-01.
14 Consejo de Estado. Sección Quinta. Providencia del 30 de septiembre de 2021. Exp: 11001-03-28-000-
2020-00013-00.
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Demandado: Jaime Luis Buitrago García
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ciudadanía en el censo electoral del municipio de Uribia, al acreditar que no
residían en el municipio y, pese a ello, los ciudadanos afectados acudieron a los
comicios.
No obstante, la Sala observa que el planteamiento no cumplió los requisitos que
ha señalado la jurisprudencia para la debida formulación del cargo, toda vez que
el demandante no individualizó los ciudadanos trashumantes, ni precisó las
mesas en las que presuntamente sufragaron, reservando al debate probatorio la
precisión de estas circunstancias.
De ahí que, pese a que el a quo decretó varias de las pruebas solicitadas por la
parte actora en punto a demostrar los hechos, entre ellas los formularios E-10 y
E-11, y además se aportaron las resoluciones del Consejo Nacional Electoral que
dejaron sin efecto la inscripción de varias cédulas de ciudadanía15, lo cierto es
que no resultaba procedente que descendiera a una búsqueda oficiosa de
ciudadanos que no residían en el municipio y que efectivamente sufragaron, toda
vez que ello debió precisarse en la demanda, dado que el juez constata la
concreción de los cargos o los argumentos de la defensa, mas no es quien
determina los supuestos facticos en que se fundamentan las pretensiones.
A su turno, el cargo se suplantación de electores y jurados tampoco se formuló
como corresponde.
En criterio de esta sección, «para que este cargo de nulidad por suplantación
de electores se considere debidamente formulado es necesario no sólo que
el demandante suministre la zona, puesto y mesa donde la irregularidad que
alega tuvo ocurrencia, sino que es menester que individualice a los presuntos
suplantados, identificándolos con su número de cédula de ciudadanía, y
que señale a quiénes figuran como suplantadores mediante la indicación de
sus nombres y apellidos»16 (Negrillas fuera de texto).
Adicionalmente, tratándose de la suplantación de jurados de votación, la Sala
Electoral sostuvo que la intervención de los jurados usurpadores, esto es, los que
no fueron designados por autoridad competente, es la que tiene la virtualidad de
afectar una mesa, cuando «[t]odos o la mayoría de los ciudadanos actuaron como
jurados de votación usurpadores o suplantadores», evento en el cual los actos
en que estos intervengan y los documentos que expidan no se pueden considerar
públicos, por tanto, los registros electorales que contengan dichos documentos
carecen de validez, y que, además del deber de demostrar la inexistencia de su
designación, se debe probar que su intervención afectó la validez de la votación
depositada donde fungió como tal, pues la mera usurpación de las funciones no
conlleva a invalidar los registros de la mesa17.
15 Resoluciones 9226 del 8 de septiembre y 5489 del 26 de junio, 9366 del 12 de septiembre y 13933 del 22
de octubre, todas de 2023.
16
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 30 de septiembre de 2021. Exp: 11001-03-28-000-
2020-00013-00.
17 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 30 de mayo de 2019. Exp: 11001-03-28-000-2018-
00038-00.
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Demandante: Andrés Eduardo Álvarez Sánchez
Demandado: Jaime Luis Buitrago García
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Adicionalmente, «[p]ara acreditar la existencia de jurados de votación
usurpadores o suplantadores, le “corresponde al demandante la carga de la plena
prueba que los jurados cuestionados ejercieron sus funciones sin que existiera
autorización, es decir, que no fueron nombrados con anterioridad a las
elecciones, ni el día de la elección por los funcionarios competentes”», y
«tampoco puede olvidarse que éste debe señalar (i) cuáles fueron los jurados
que supuestamente actuaron ilegalmente y (ii) las mesas en las que los mismos
actuaron (…)»18 (Negrillas y subrayas del texto original).
La Sala observa que la parte actora, en la demanda, señaló que algunas
personas que acudieron a sufragar se sorprendieron al ver que su voto aparecía
realizado, y respecto de los jurados, señaló que actuaron personas que no fueron
nombradas para el efecto, por lo que carecían de competencia.
Sin embargo, no individualizó con precisión los electores suplantadores y
suplantados, como tampoco los jurados usurpadores, ni las mesas en las que
tuvieron lugar los hechos, y tampoco explicó las razones por las que la actividad
de los jurados que al parecer no fueron designados daba lugar a afectar los
registros de las mesas en las que presuntamente se desempeñaron.
Adicionalmente, tampoco resulta admisible pretender que sea el juez, en el caso
de los jurados, quién evalúe todas las resoluciones de nombramiento y las
contraste con los formatos E-2 y E-11 para determinar cuándo y quienes fueron
designados, pues ello modifica su rol como conductor del proceso, además que
tales actos bien pudieron modificarse, o los jurados pudieron ser escogidos en el
puesto de votación a consecuencia de la inasistencia de alguno de los que
inicialmente fueron nombrados (jurados de hecho).
De ahí que esta censura tampoco se haya determinado en debida forma, por lo
que no había lugar a su estudio de fondo en sede judicial.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, al corroborarse que la parte
actora no cumplió los requisitos legales para formular las censuras de la
demanda, no había lugar a que el a quo las analizara de fondo, razón por la que
se confirmará la sentencia de primera instancia.
Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 16 de julio de 2024, por medio de la
cual, el Tribunal Administrativo de La Guajira negó las pretensiones de nulidad
del acto que declaró la elección del señor Jaime Luis Buitrago García como
18 Ibidem.
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Demandante: Andrés Eduardo Álvarez Sánchez
Demandado: Jaime Luis Buitrago García
Rad: 44001-23-40-000-2024-00012-01
alcalde de Uribia (La Guajira), para el periodo 2024-2027.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen para lo de su
competencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número
de radicación en https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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